El juez exculpa al comisario imputado por revelar información al ‘pequeño Nicolás’

nico2El juez Arturo Zamarriego acaba de sobreseer la imputación al comisario principal de la Policía Nacional Miguel Angel Barrado por haber facilitado información privilegiada a Francisco Nicolás Gómez Iglesias, conocido como el ‘pequeño Nicolás’.

 

COhwmS5WsAAaxR7El juez Arturo Zamarriego acaba de sobreseer la imputación al comisario principal de la Policía Nacional Miguel Angel Barrado por haber facilitado información privilegiada a Francisco Nicolás Gómez Iglesias, conocido como el ‘pequeño Nicolás’. Después de tomarle declaración, el instructor considera que no hay circunstancias objetivas para seguir el proceso contra él.

En un auto al que ha tenido acceso El Español, el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Madrid, señala que de las declaraciones de los testigos ni ninguna otra prueba “permiten colegir que el imputado ejecutara acto de un inequívoco contenido incriminatorio”. La decisión del juez contradice la versión de Asuntos Internos, que apuntó al comisario como la persona que habría ayudado al joven impostor a obtener datos de ciertos vehículos.

El magistrado había imputado a Barrado por un delito de revelación de secretos por haber entregado supuestamente al ‘pequeño Nicolás’ información de matrículas de coches, titularidades y domicilios, a través de la aplicación “Objetos”. Sin embargo, Barrado negó haber facilitado información al joven.

Su versión de los hechos fue que el jefe de la Brigada Central de Crimen Organizado de la UDYCO Central, Eugenio Pereiro, le habría comentado que la Policía Municipal había pedido información sobre si algún agente habría consultado datos de una matrícula sospechosa. Al tratarse de una petición oficial, en el marco de colaboración entre los dos cuerpos policiales, Barrado habría autorizado a un inspector jefe para que entrara con su clave y comprobara lo requerido por la Policía Municipal, una vez que el acceso a la base de datos deja rastro.

Las explicaciones, para Zamarriego, “resultan creíbles y asumibles” y han sido “corroboradas” por varios testigos, entre ellos el propio Pereiro, y, por tanto, la causa contra el funcionario policial debe quedar archivada.

El comisario Barrado, en la actualidad destinado en el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), fue imputado después de que Asuntos Internos remitiera un informe al Juzgado señalándole como la persona que habría facilitado datos de dos matrículas al principal imputado de la causa, –Francisco Nicolás Gómez Iglesias- resultando además que una de ellas pertenecía al Centro Nacional de Inteligencia.

Tras conocer el informe de Asuntos Internos, que investiga las prácticas delictivas o disciplinarias de los agentes de Policía, Barrado remitió una carta a sus mandos superiores acusando al comisario de la unidad que le investigaba, Marcelino Martín Blas, por su “falta de rigor”.

En la causa, conocida como ‘caso Nicolas’, el joven está imputado por los delitos de falsedad documental y estafa por, entre otras cosas, hacerse pasar por asesor del Gobierno, por elaborar informes con el membrete de Presidencia o intentar estafar a empresarios.

José María Ruiz-Mateos: polémica, estafa y 900 empresas

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Un hombre que marcó una época. Una forma de gestionar. Capaz de crear más de 900 empresas y de ingresar en prisión con 84 años, hace solo tres meses, por estafa y fraude a la Hacienda Pública. El empresario José María Ruiz-Mateos falleció este lunes en un hospital del Puerto de Santa María cuando aún tenía citas pendientes con la Justicia. El recuerdo de Rumasa sigue sobrevolando, aunque pasará a la memoria colectiva por sus actuaciones públicas y sus disfraces.

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Un hombre que marcó una época. Una forma de gestionar. Capaz de crear más de 900 empresas y de ingresar en prisión con 84 años, hace solo tres meses, por estafa y fraude a la Hacienda Pública. El empresario José María Ruiz-Mateos falleció este lunes en un hospital del Puerto de Santa María cuando aún tenía citas pendientes con la Justicia. El recuerdo de Rumasa sigue sobrevolando, aunque pasará a la memoria colectiva por sus actuaciones públicas y sus disfraces.

“Se decreta la expropiación forzosa, por causa de utilidad pública e interés social, de la totalidad de las acciones representativas del capital (…) de los bancos y otras sociedades que componen el grupo Rumasa, S.A. (…) El Estado, a través de la Dirección General de Patrimonio, tomará posesión inmediata de las sociedades expropiadas”. 24 de febrero de 1983. El Boletín Oficial del Estado recogía el Real-Decreto Ley que le quitaba de las manos a José María Ruiz-Mateos el monstruo con cerca de 400 empresas y 18 entidades financieras, incluido el Banco Atlántico, que conformaban Rumasa, la original.

El entonces hombre más rico de España, que había empezado a construir su imperio exportando vinos a Inglaterra allá por 1961, se quedaba sin el timón y sin un barco que daba empleo a más de 60.000 personas.  

Enfrentamiento con Boyer

El ministro de Economía, Miguel Boyer, que no llevaba ni tres meses en el cargo, decidió cortar por lo sano. El detonante fue la negativa de Rumasa a cumplir con las exigencias de información del Banco de España.

A Boyer no le preocupó el escándalo financiero, con corralito de tres días incluido para los bancos del grupo. Bingo. Rumasa encerraba una contabilidad B, un agujero en su patrimonio superior a 100.000 millones de pesetas de 1983 (600 millones de euros al cambio actual) y una excesiva concentración de riesgos en un esquema de créditos de sus bancos a sus empresas, que recuerda al reciente caso del portugués Espirito Santo.

Mientras la Policía entraba en la sede de Rumasa en el madrileño Paseo de Recoletos, Ruiz-Mateos se ocupaba de poner a buen recaudo parte de la fortuna amasada y huía desde su casa de Somosaguas al extranjero, primero a Londres y días después a Fráncfort, desde donde sería finalmente extraditado. El capital que consiguió salvar lo utilizaría décadas después para fundar su segundo entramado, Nueva Rumasa.

Empezaba la guerra en la calle, los medios y los tribunales. La expropiación de Rumasa encendió la mecha de centenares de procesos judiciales que nunca llegaron a buen puerto. Tampoco prosperaron los recursos ante el Constitucional contra la operación del Gobierno socialista, aunque es verdad que la expropiación se salvó gracias al voto de calidad del entonces presidente del alto tribunal Manuel García Pelayo. También encallaron los intentos de anular las reprivatizaciones de Banco Atlántico, Inmobiliarias Reunidas o Galerías Preciados, entre otras.

Y finalmente, Ruiz-Mateos nunca pareció rendirse en su intento de hacer pagar al Estado por quitarle el imperio de la abeja. El resultado: más de 200 sentencias en su contra, incluida la del 22 de noviembre de 2004 del Tribunal Supremo en la que se establecía que el justiprecio del grupo empresarial Rumasa era cero. Ruiz-Mateos no podía exigir nada porque el valor del grupo de la abeja era un número negativo equivalente a sus deudas.

Todavía en 2011, cuando se venía abajo su segundo entramado empresarial, tres décadas después de la intervención del primero, Ruiz-Mateos intentaba eludir sus responsabilidades de pago de los pagarés de Nueva Rumasa ligándolos a la cantidad que aseguraba iba a recibir del Estado por las empresas expropiadas en los ochenta. El Ministerio de Economía se vio obligado a emitir un comunicado negando la existencia de deuda alguna para advertir a los inversores de que no firmasen la propuesta. En 2013, el Supremo rechazaba la petición de Ruiz-Mateos de que el Estado le indemnizase con 6.133 millones de euros por la expropiación de Galerías Preciados y le obligaba a pagar 4.000 euros en costas.

Años de estridencias

La expropiación de Rumasa no fue solo un asunto empresarial, representó el nacimiento de un personaje histriónico y mediático. El primer y más recordado episodio tuvo lugar seis años después de esa histórica medida. A la salida de los juzgados golpeó a Boyer al grito de “Yo te pego, leche”. Éste se convirtió en un mantra durante todos estos años de estridencias.

Con esa agresión comenzaba un enfrentamiento que el propio empresario se encargó de extender durante años. Polémicos anuncios televisivos de los productos de sus empresas, espectáculos a las puertas de los juzgados vestido de presidiario o de Superman… Se sirvió de todo ello para tratar de llamar la atención pública en un litigio para exigir daños por la expropiación que años después acabó perdiendo.

Su tormentosa relación con Boyer no fue una excepción. La que mantenía con jueces y fiscales estuvo trufada de duras declaraciones y momentos surrealistas. Como su huida de la Audiencia Nacional en 1998, donde había sido trasladado para prestar declaración, disfrazado con una peluca y una gabardina. Como en 1993, cuando atacó a los magistrados del Tribunal Constitucional, a los que llamó “peleles”. O cuando insultó gravemente en 2012 a una jueza de Palma, quien reclamó su declaración por una presunta estafa en una operación inmobiliaria en Mallorca.

Otra de las caras de ese personaje hay que buscarla en la arena política. Al margen de su enfrentamiento con el exministro, Ruiz-Mateos creó su propia formación. El nombre: el Partido del Trabajo y Empleo-Agrupación Ruiz-Mateos. “Oposición, oposición, oposición… Ahora, con más razón que nunca” era el lema. El resultado: a finales de los 80 logró un escaño en el Parlamento europeo, con el que se aseguró la inmunidad judicial durante aquella legislatura. La aventura concluyó en 1995.

Volver a nacer

Tras la caída en desgracia de Rumasa, Ruiz-Mateos volvió a reconstruir su apuesta empresarial con los mismos mimbres. Y es difícil repetir procesos similares sin obtener los mismos resultados.

A golpe de promesa, más que de talonario, construyó Nueva Rumasa, que en apariencia operaba como un conglomerado de sociedades, bajo una dirección única y una caja común: la láctea Clesa, los licores Garvey, la hotelera Hotasa, las alimentarias Dhul, Elgorriaga, Hibramer, Trapa, Carcesa o Quesería Menorquina eran algunas de las empresas que integraban su reconstruido imperio. Y el Rayo Vallecano, el equipo madrileño, presidido por su mujer, con el que conseguía un altavoz mediático con palco para autoridades.

En esta segunda etapa, Ruiz-Mateos, junto a sus hijos, se colocó el cartel de salvador de empresas en dificultades y grandes corporaciones le creyeron, lo que le permitió hacerse con marcas de tradición y resonancia entre los consumidores. Por ejemplo, la multinacional estadounidense Kraft vendió a Nueva Rumasa la fábrica de El Caserío en Menorca y dos de sus marcas Apis y Fruco; y Parmalat, la láctea italiana que protagonizó la quiebra transalpina más sonada, vendió Clesa a Ruiz-Mateos, incluida su fábrica madrileña a sólo unos metros del madrileño Paseo de la Castellana.

Esta vez, la crisis surgió por las facturas. A principios de 2010, las compañías de los Ruiz-Mateos dejaron de pagar a sus proveedores y las fábricas se quedaron sin materias primas. Algo que, en cierta medida, no dejaba de ser habitual en plena crisis económica. Sin embargo, el principal problema estaba por detrás. No había un soporte, un armazón que aguantara la estructura empresarial de los Ruiz-Mateos. Y, sin andamios, las compañías de la familia jerezana fueron cayendo una tras otra, acogiéndose a sucesivos concursos de acreedores. Juntas sumaban una plantilla de más de 5.000 empresas.

La trampa de los pagarés

A las facturas sin pagar se sumaron sus emisiones. Uno de los grandes planes de la familia Ruiz-Mateos para relanzar sus empresas fue la emisión de letras y pagarés entre 2009 y 2010. En total, la empresa colocó su deuda en 5 fases a través de 13 emisiones con las que captaron más de 350 millones de euros, aunque se llegó a hablar de cifras que alcanzaban los 550 millones de euros por las aportaciones en efectivo y en ‘dinero B’. Nueva Rumasa consiguió captar a miles de inversores con la publicidad en medios de comunicación (que las televisiones, radios y periódicos se quedaron sin cobrar), el entramado del ‘banquito’ de Jerez y el alto interés que ofrecían sus títulos, que oscilaron entre el 8 y el 12% anual.

Entonces, la promesa de Nueva Rumasa era emplear este dinero para comprar una participación de un 25% o más en una “importante empresa del sector de la alimentación”. Detrás estaba su supuesta intención de adquirir Deoleo, la antigua Sos Cuétara, que vivía su propio escándalo empresarial. Una adquisición que “aportará un mayor liderazgo y complemento de la División Alimentaria”, explicó la compañía a sus inversores, pero la realidad es que la compra nunca llegó a realizarse. Tampoco se pagaron la mayor parte de los intereses prometidos, y seis años después, los inversores siguen esperando la resolución de los tribunales.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) alertó con hasta siete comunicados de los riesgos que estaban asumiendo los inversores. En ellos advirtió que estos pagarés no serían negociables en el mercado secundario, y aconsejó a los ahorradores que se informaran acerca de la “situación jurídica y económico-financiera de la empresa” antes de comprar estos títulos. La participación mínima de los pagarés era de 50.000 euros, un requisito con el que Nueva Rumasa conseguía cumplir el mínimo que exigía la Ley del Mercado de Valores para colocaciones que no tuviesen un folleto registrado y aprobado en el regulador.

“La CNMV advirtió que investigaría si la empresa vendió pagarés por un montante inferior a estos 50.000 euros, pero nunca lo hizo”, explica Joaquín Yvancos, que fuera abogado de la familia Ruiz-Mateos durante tres décadas. El propio Yvancos informa que la empresa sí firmó préstamos por debajo de esta cantidad y que, por tanto, serían ilegales.

“Si no devuelvo el dinero, me pego un tiro”, llegó a exclamar el patriarca de la familia ante los medios de comunicación. Sin embargo, la realidad es que los más de 350 millones de euros que prestaron los inversores a Nueva Rumasa siguen atrapados en una causa que está pendiente de finalizar. De momento, el nuevo titular del juzgado central 5 de instrucción de la Audiencia Nacional, José María de la Mata, ha reactivado la investigación con nuevos interrogatorios a los hijos del empresario. “Esta causa va por la vía de lo penal, por lo que los dirigentes, testaferros y ejecutivos de la compañía se enfrentan a una posible condena de cárcel”, explica Yvancos. El patriarca de la familia y uno de sus hijos, Javier Ruiz-Mateos, ya fueron condenados en febrero a abonar más de 92 millones de euros a algunos acreedores de una emisión de sus pagarés, en un proceso que fue por la vía civil.

Quien se quitó responsabilidad por las emisiones fue el Gobierno de Rodríguez Zapatero. “El Gobierno hizo todo lo que estaba en su mano”, aseguró la entonces ministra de Economía Elena Salgado. “Poco más se puede hacer”, asumió.

Sin capacidad para responder, los Ruiz-Mateos buscaron el respaldo del Banco Santander. La propia familia hizo públicas una serie de misivas con las que justificaba cómo había pedido, sin éxito, el respaldo de Emilio Botín, fallecido hace un año. “Una vez más, mi profunda gratitud en nombre de mi numerosa familia y que Dios siga ayudándote, porque para mí y para muchos, sin duda alguna pasarás a la historia como el mejor banquero del mundo, como lo estás demostrando todos los días”, aseguró en uno de los comunicados que la familia entregó a la prensa como muestra de sus intentos de salvar su conglomerado empresarial.

Un legado judicial y empresarial

Tras la caída de Nueva Rumasa, Ruiz-Mateos inició una nueva carrera en los tribunales, acusado de estafa, fraude a la Hacienda pública e insolvencia punible. El pasado mes de junio, el jerezano volvió a pisar la cárcel. En junio ingresó durante unas horas en la cárcel madrileña de Soto del Real, pero fue trasladado a un hospital por sus problemas de salud, después de que fuese acusado por la Agencia Tributaria de defraudar en el impuesto de sociedades e IVA. Aunque queden sobreseídos los casos penales en los que estaba implicado el empresario, sí seguirán adelante aquellos en los que estén imputados sus hijos, como la presunta estafa en Nueva Rumasa. Sin embargo, según fuentes del caso, la estrategia de la familia desde el primer momento fue hacer único responsable al patriarca.

En cuanto al presente y futuro de las empresas, algunas no han logrado sobrevivir a la caída de Nueva Rumasa, como Clesa, cuya fábrica reconvertirá Metrovacesa en pisos y hoteles. Otras han cambiado de manos. Cacaolat ha logrado renacer de la mano de la cervecera Damm y Cobega, la embotelladora (integrada en Coca-Cola Iberian Partners) de la familia catalana Daurella. Tranchettes, que pertenecía a Quesería Menorquina, ha acabado en el Grupo Bel, dueño de marcas como Babybel o La vaca que ríe. Pese a todo lo ocurrido, los Ruiz-Mateos, según publicó El Economista, no han cesado su actividad empresarial, esta vez, a través de franquicias ligadas al mundo de la restauración.

 

La charada de Gowex, un año después: el día de la infamia para la bolsa de ‘pymes’ española

En color, de izquierda a derecha, los directivos de Gowex:  Javier Solsona, Tania Roel, Francisco Martínez Marugan, Jenaro García, y Florencia Maté.

La ‘charada Pescanova’ fue el título de un informe anónimo que el 1 de julio de 2014 dinamitó la existencia de Gowex y atrapó a más de 5.000 inversores. La empresa de Wifi gratis representaba un caso de éxito empresarial sin parangón en España, pero todo era mentira. Fue una estafa que cotizaba en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB), la bolsa para ‘pymes’ propiedad de la empresa BME.

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Jenaro García, presidente y fundador de Gowex.

Una charada es un pasatiempo. Un juego de palabras que representa una farsa y da pistas para llegar a la conclusión. Pescanova había sido el mayor escándalo contable de la historia en España. La ‘charada Pescanova’ fue el título de un informe anónimo que el 1 de julio de 2014 dinamitó la existencia de Gowex y atrapó a más de 5.000 inversores. La empresa de Wifi gratis representaba un caso de éxito empresarial sin parangón en España, pero todo era mentira. Fue una estafa que cotizaba en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB), la bolsa para ‘pymes’ propiedad de la empresa BME. El inesperado evento atrapó a miles de accionistas y provocó una herida en la credibilidad de supervisores, auditores, analistas y medios. Decenas de pymes españolas que cotizan ahí sufren las consecuencias de aquellos días de infamia.

La justicia de Batman 

A día de hoy, la identidad de Gotham City Research, la firma que elaboró aquel análisis, sigue sin estar clara. El objetivo del informe fue destapar el engaño de la empresa dedicada a la creación de redes wifi gratuitas en las ciudades. La conclusión: la empresa no vale 1.400 millones, sino 0 euros; el 90% de todos sus ingresos (182 millones de euros en 2013) son falsos. Aquel martes 1 de julio, Gowex se derrumbó en bolsa un 50% y fue suspendida de cotización. Gotham -nombre que recibe la ciudad de Batman- fue recompensada con aura de credibilidad pese a seguir en el anonimato.

Era  la vía poco ortodoxa elegida para dar a conocer uno de los más importantes fraudes empresariales en España. En EEUU reciben recompensas por parte del supervisor SEC (la CNMV americana) por sus chivatazos o trabajos para desenmascarar abusos de mercado. El domingo 6 de julio, Jenaro García, presidente y fundador de Gowex, admitió el engaño masivo, urdido a través de una trama de sociedades pantalla para lograr una facturación ficticia y desviar dinero a cuentas en el extranjero. Sus cuentas auditadas, revisadas por analistas y periodistas, eran papel mojado. Las consecuencias aún hoy son visibles y siguen en el aire.

¿Qué queda de Gowex?

Hoy es una compañía fantasma. Su cotización bursátil sigue suspendida por el regulador, apenas tiene actividad empresarial y la mayor parte de los contratos suscritos con ciudades rescindidos (Orense, Burgos…) y la plantilla reducida al mínimo. Pese a haberlo solicitado, el juez no ha aceptado el concurso de acreedores, tal y como se puede comprobar en el registro público concursal de Justicia. La falsedad de las cuentas de los últimos años -con las que tendría que justificar la situación de quiebra- es una de las causas por las que no se aceptó, según explican desde la Asociación Europea de Inversores Profesionales (Asinver).

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Los destinos de la empresa hoy son dirigidos por Javier Solsona, otrora director corporativo y consejero de la compañía. Lo hace bajo mandato del juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz. A preguntas del periodista, el directivo se niega a dar detalles sobre los planes de futuro mientras prepara una comunicación oficial tanto para el magistrado como para el propio regulador del mercado. Sí asegura en una declaración escrita estar “en proceso de conseguir la viabilidad de la empresa para que a posteriori podamos reactivar su cotización en mercados”. El primer paso: el obligado ‘lavado de cara’ de la marca empresarial, con una mancha difícil de borrar. El nombre de WifiActiva es el elegido para intentar su renacimiento. Bajo ese nombre comercial se encuentra una sociedad fundada en 2010 y cuyo administrador único es la propia Gowex. En su página web, en la que se presenta como una compañía que ofrece “soluciones de conectividad gestionada”, cuenta con los mismos datos de contacto que Gowex.

Una larga batalla judicial

Tras el estallido del escándalo, llegó la primera estimación de daños: 5.000 inversores poseían unas acciones sin cotizar y que, en la práctica, valían 0 euros. Muchos de ellos acudieron llamados por una rentabilidad sin parangón (la acción de Gowex llegó a multiplicar por 12 su valor en tan sólo año y medio). La mayoría destinó pequeñas cantidades de dinero. Ésa es la principal causa por la que hoy sólo un reducido grupo esté movilizado para tratar de recuperar su dinero. “Era, en gran parte, gente acostumbrada a operar en bolsa y con un nivel adquisitivo medio-alto; no tiene nada que ver con casos como las preferentes de Bankia”, reconoce Javier Sotos, letrado del bufete de abogados Moreno-Luque, uno de los que se presentó como acusación popular a través de una asociación de afectados.

¿Dónde se encuentra el proceso judicial un año después? En julio de 2014 el procedimiento se inició por vía penal. Hoy sigue en fase de instrucción, tras la imputación de más de una decena de personas, entre las que se encuentra Jenaro García, hoy en libertad tras pagar 600.000 euros de fianza. La acusación popular es representada, tras la petición del juez de unificar a los cinco colectivos presentados, por el Partido Político de los Perjudicados por las Preferentes, dirigido por Joaquín Yvancos, exabogado de José María Ruiz Mateos. En la acusación particular, están personados ocho accionistas e inversores particulares junto al Banco Santander.

¿Habrá responsables más allá de Gowex? Ahí es donde tiene depositadas sus esperanzas la Asociación Europea de Inversores Profesionales (Asinver). Prepara una demanda por la que más de 200 pequeños inversores afectados exigirán responsabilidades más allá del consejo de administración de la compañía. Espera presentarla “en las próximas semanas”. Su tres objetivos: el asesor registrado (Ernst & Young) que hizo las veces de ‘Cicerone’ en la salida a bolsa; el regulador (Bolsas y Mercados) que debía velar por el funcionamiento del parqué, y la sociedad de valores (Beka Finance, antigua Bankia Bolsa) encargada de ‘colocar’ las acciones y proveer de liquidez a la tecnológica. ¿Hasta cuándo habrá que esperar? Esa es quizás la pregunta más complicada de responder. Según las estimaciones de Javier Flores, de Asinver, pasarán al menos tres años antes de se conozca quiénes pagarán por este escándalo y si, finalmente, los afectados podrán recuperar algo del dinero que tenían invertido en la empresa.

El auge y caída del MAB

MAB son las siglas que dan nombre al Mercado Alternativo Bursátil. Propiedad de la empresa BME, la sociedad de bolsa españolas, es un parqué que inició su actividad en 2009 con el objetivo de dar cabida a compañías en expansión en busca de financiación alternativa.  Se creó inspirada en sus homólogos Alternext (Francia) o AIM (Reino Unido). Unas barreras de entrada mínimas era el principal reclamo. La primera en aterrizar fue Zinkia, productora audiovisual hoy inmersa en un concurso de acreedores. Después llegaron Imaginarium y la propia Gowex. En total, 26 compañías registradas de sectores tan diversos como la biotecnología, la energía, las telecomunicaciones o el comercio electrónico.

Tras aquella primera semana de julio de 2014 se generó un estado del pánico después de meses de una acentuada euforia. “Hubo una desbandada generalizada de los inversores”, reconoce ahora Juan Sainz de los Terreros, secretario general de Aemab (patronal de las empresas del MAB de reciente creación) y director financiero de Facephi. Muchos particulares salieron. “Y no han vuelto, quizás algunos de ellos no tenían que haber estado nunca”, reconoce Jordi Rovira, de Mabia, una de las firmas de análisis del mercado. Además, numerosos fondos nacionales y extranjeros también dieron el portazo tras cundir la desconfianza. Hoy siguen sin regresar.

“Algunos por estética o por marca han decidido no regresar”, recuerda Rovira. Las compañías de mayor tamaño anunciaron su salto al mercado continuo por el miedo al contagio. Carbures, Ibercom Másmovil, Ebioss y Eurona lo hicieron público el lunes tras la confesión de Jenaro García. Un año después, pese a los intentos, todas continúan cotizando. El balance es incontestable: un desplome de más del 80% en el parqué desde los máximos tocados en los primeros seis meses de 2014, según el índice bursátil (no oficial) de Mabia. Todavía no se ha recuperado del descalabro.

Las dudas se posaron sobre muchas de las compañías. “Se generalizó injustamente”, reconocen desde la Aemab. El caso de Carbures, la que segunda con mayor capitalización en bolsa, es paradigmático. Las dudas contables de la auditora en su balance del primer semestre del pasado año hundieron a la compañía casi un 70% en tan sólo tres meses. La modificación de las cuentas de la firma gaditana, con nuevos criterios con los que rebajaba sus ingresos a la mitad y reconocía pérdidas, calmó los ánimos. Otras, como Facephi, se han tenido que enfrentar a la incertidumbre sobre su modelo de negocio. La puntocom Bodaclick anunció hace justo un año su liquidación. Hubo también numerosas suspensiones de cotización.

Un año después, ¿está preparado el MAB para evitar un nuevo Gowex? No. El secretario general de la patronal del mercado es tajante. “Pero al igual que ocurre en el Nasdaq o en el Ibex”, apostilla. En este tiempo, el Congreso ha aprobado la Ley de Fomento de la Financiación Empresarial. Establece tres grandes medidas con las que se persigue petrecharse ante otros casos. Sin embargo, todo sigue igual en los laxos requisitos económicos que se les exige a las nuevas compañías que coticen. Sólo deben estar en fase de comercialización de sus productos y con unos ingresos “significativos”.

Mirando al futuro

“El MAB está muy tocado, pero ni mucho menos hundido”, reconoce Terreros. Él cree que el escándalo Gowex ha significado un cambio “radical”. Y lo explica: “Ha representado un punto y aparte… Por desgracia, porque ha habido empresas que han sufrido y por suerte porque muchos de los inversores que entraron sin preguntar se han dado cuenta de que no todo es estupendo ni todo son buenas noticias”. Tanto Aemab como la propia sociedad de análisis Mabia se preguntan si lo que se quiere es un mercado de grandes empresas, que no necesiten esa financiación, o de pymes entre las que, por naturaleza, debe haber quiebras y caídas.

En este sentido, la recién creada patronal pone de ejemplo al homólogo británico AIM donde han dejado de cotizar por problemas económicos en los cuatro primeros meses del año casi medio centenar de compañías, pero sigue habiendo un millar que se mantienen. Y aquí Aemab hace hincapié en lo que para ellos es fundamental: “Hay que hacer un esfuerzo brutal en información y en explicar qué es el MAB”. Con ese ingrediente sobre la mesa, ellos se muestran optimistas con el crecimiento futuro.

Gowex representó durante algunos años los valores del éxito de un proyecto tecnológico hecho a sí mismo desde España. Su estallido minó la confianza del ecosistema ‘startup’, la importante comunidad que forman inversores y emprendedores centrados en crear empresas innovadoras. Fue temporal y ha quedado casi en el olvido. Las cifras de inversión en el sector ‘startup’ y tecnológico en España dan un voto a la esperanza, pero la opinión pública todavía sigue con la mosca detrás de la oreja. “En el gran público, que juega un papel muy importante, el caso Gowex ha generado una falta de credibilidad muy grave y peligrosa”, apunta Javier Megías, fundador de Startupxplore, una plataforma que pone en contacto a compañías con potenciales inversores. Ante este escenario, defiende la necesidad del sector de guardar distancias con un proyecto como el de Jenaro García y de resaltar los casos de éxito. “Que los hay y muy buenos”. Un año después de aquella ‘charada’ de Gowex, las heridas todavía no han cicatrizado.