#PigGate, la vendetta del extesorero ‘tory’ contra Cameron

Le ha llevado cinco años, pero Lord Ashcroft ha logrado su venganza por quedar excluido del Gobierno británico. Una biografía no oficial del primer ministro, David Cameron, escrita por el extesorero de su partido Lord Michael Ashcroft ha sacudido Reino Unido este lunes con alegaciones escandalosas sobre la etapa universitaria del líder conservador.

  REUTERS/Toby Melvill6
El primer ministro británico David Cameron. Toby Melville / REUTERS

Una biografía no oficial del primer ministro británico, David Cameron, escrita por el extesorero de su partido Lord Michael Ashcroft ha sacudido Reino Unido este lunes con alegaciones escandalosas sobre la etapa universitaria del líder conservador.

En la noche del domingo, el tabloide Daily Mail publicó extractos del libro de Lord Ashcroft que revelan un supuesto pasado oscuro del premier que incluye consumo de drogas y hasta sexo con un animal muerto. El libro titulado Llámame Dave verá la luz el mes que viene y es obra del que fuera “el más famoso empresario de Reino Unido y mayor donante del Partido Conservador”, tal y como lo definió The Guardian.

El libro acusa a Cameron de haber pertenecido a un club de consumo de drogas en la Universidad de Oxford y haber introducido “una parte privada de su anatomía” en la boca de un cerdo muerto como ritual de iniciación en una sociedad universitaria. Asegura también que el líder tory sabía antes de llegar al poder que Ashcroft tenía su domicilio fiscal en el extranjero y no pagaba impuestos en Reino Unido por sus ganancias exteriores, escándalo que saltó a la luz poco antes de que Cameron saliera elegido en las urnas en 2010.

“Parte de esto, probablemente, es venganza, es personal”, explica Charlie Beckett, director del think tank Polis de la London School of Economics, en entrevista telefónica con EL ESPAÑOL. Pero la biografía, opina Beckett, persigue además un objetivo político.

La polémica ha estallado a dos semanas del congreso de otoño del Partido Conservador y pone de manifiesto una ruptura entre el primer ministro y su extesorero tras la victoria tory en 2010. La ruptura, indica el libro, se produjo cuando Cameron incumplió una promesa de otorgar a Ashcroft un puesto “significativo” en el Gobierno.

Más tarde, el primer ministro cambió de parecer y ofreció a Ashcroft un cargo menor en el Ministerio de Exteriores. “Tras darlo todo durante casi diez años -tanto como tesorero con William Hague como vicepresidente del partido- e invertir unos 8 millones de libras en la formación, entendí esto como una oferta declinable”, escribe Ashcroft en su libro. “Habría sido mejor que Cameron no me ofreciera nada”.

Pero aparte de escarmentar a Cameron, el extesorero busca desplazar la política del primer ministro hacia posiciones más conservadoras, dice Beckett. “Estoy seguro de que Ashcroft espera que esto debilite la reputación de David Cameron entre sus parlamentarios y que tenga que ser un poco más euroescéptico y derechista”, afirma.

Ashcroft ha hecho público en su página web el prefacio de su libro, donde expone sus motivos para escribir la biografía tras explayarse sobre sus problemas personales con Cameron. “A pesar de las decepciones que he descrito, quiero ser claro acerca de mi motivación para escribir este libro, el cual -aunque lamento lo que ocurrió- no tiene que ver con ajustar cuentas”, escribe el extesorero. “Quería contar la historia de Cameron, no la mía (…) Como la existente biografía del primer ministro por Francis Elliott y James Hanning fue escrita principalmente en 2007, parecía el momento oportuno para producir una”.

Ashcroft, una fortuna de 1.500 millones de dólares

Ashcroft es oficialmente caballero británico y miembro de la Cámara de los Lores desde el año 2000 y tiene en su bolsillo casi 1.500 millones de dólares, según Forbes. Construyó su fortuna a base de dirigir y vender empresas, como la compañía de seguridad en el hogar ADT, que vendió a Tyco International por más de 6.700 millones de dólares en 1997. Se describe como un “emprendedor” y un “simpatizante para toda la vida del Partido Conservador”. Ha donado unos 8 millones de libras (unos 11 millones de euros) de su fortuna a la formación.

Su relación con Cameron comenzó en 2005, cuando el primer ministro acudió a verle antes de pasar a dirigir a los tories, dice Ashcroft en el libro. Poco después, tras su elección como líder conservador, Cameron ofreció a Ashcroft ser vicepresidente del partido, cargo que ejerció hasta 2010. Antes había servido como tesorero entre 1998 y 2001. En marzo, renunció a su asiento en la Cámara de los Lores porque “mis otras actividades no me permitían dedicar el tiempo que la pertenencia a los Lores requiere”.

La Oficina del Primer Ministro se ha negado a hacer declaraciones sobre las alegaciones de Ashcroft, informa The Guardian. El diario cita, sin embargo, a fuentes del Partido Conservador que desmienten las alegaciones, especialmente las más controvertidas. En 2010, cuando prendió la polémica sobre las prácticas fiscales de Ashcroft, Cameron afirmó que la situación había llegado a sus oídos apenas unas semanas antes.

El terremoto mediático desencadenado por los extractos de la biografía ha alcanzado también las redes sociales, donde etiquetas como #PigGate (un juego de palabras con “cerdo” y “Watergate”) o #Hameron (Jamón Cameron) dirigen el debate. Muchos comentarios hacen referencia a la serie de televisión Black Mirror, que en un capítulo cuenta precisamente el chantaje a un primer ministro para que tenga relaciones sexuales con un cerdo.

El ataque a la imagen del primer ministro responde a la existencia de una corriente entre los tories que no ve en Cameron a un buen líder conservador, afirma el analista jefe de la London School of Economics. “Es síntoma de un sentimiento dentro del Partido Conservador de que David Cameron no es una persona seria, ideológica o lo suficientemente conservadora”, opina Beckett, que no cree que las alegaciones vayan a tener un gran impacto político en Cameron. “Su dignidad está siendo dañada, pero no pienso que su poder político haya sido minado, porque el contexto de esto es que el ya dicho de que no va a ser primer ministro al final de la legislatura”.

Las sospechas de corrupción acorralan al ‘conseller’ Puig

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Felip Puig con el ex alcalde de Barcelona, Xavier Trias.

Al ‘conseller’ de Convergència le han rodeado varios escándalos pero nunca ha sido imputado. Durante esta campaña ha mantenido un perfil muy bajo. Algunos dicen que porque se avecinan problemas con la Justicia. EL ESPAÑOL desveló este sábado que Puig intercedió por Jordi Pujol Ferrusola con funcionarios de la Generalitat.

También en EL ESPAÑOL: 

Al ‘conseller’ de Convergència le han rodeado varios escándalos pero nunca ha sido imputado. Durante esta campaña ha mantenido un perfil muy bajo. Algunos dicen que porque se avecinan problemas con la Justicia. EL ESPAÑOL desveló este sábado que Puig intercedió por Jordi Pujol Ferrusola con funcionarios de la Generalitat.

Cuentan en Convergència que el partido siempre tuvo dos almas. El sector negocios y el sector política. Cuando las cosas iban bien, el sector negocios se imponía sobre el resto. Cuando el viento soplaba en contra, la parte política tomaba las riendas para atraer a los votantes. Felip Puig (Barcelona, 1958) siempre formó parte del llamado sector negocios, formado por dirigentes de la talla de Lluís Prenafeta, Macià Alavedra y Oriol Pujol. Todos ellos menos Puig están imputados por varios delitos.

La sombra de Puig ha sobrevolado sobre diversos casos de corrupción en Cataluña, pero nunca nadie ha probado que hiciera nada ilegal. Íntimo amigo de Jordi Pujol Ferrusola, con quien compartió colegio desde los seis años, milita en CDC desde que cumplió la mayoría de edad en 1976. Durante estos años ha ocupado todo tipo de cargos de responsabilidad tanto en la Generalitat como en Convergència. Ha sido cuatro veces conseller -Medio Ambiente, Obras Públicas, Interior y Empresa-, secretario general adjunto del partido y portavoz de la Generalitat.

Fue durante su etapa como consejero de Obras Públicas, entre 2001 y 2003 cuando la empresa pública Adigsa presuntamente cobró mordidas que alcanzaron el 20% del importe de las adjudicaciones. El juez, que cerró la instrucción en 2014, imputó a siete personas por malversación, tráfico de influencias, prevaricación y falsedad documental. Entre estos siete imputados se encuentran tres ex cargos de la empresa cercanos a Puig: Josep Antoni Fondevila, Xavier Sala y Jordi Huguet. Durante la investigación, un empresario acusó a Puig y a Oriol Pujol de estar al corriente de las irregularidades de Adigsa. Este empresario, sin embargo, se desdijo y no ratificó ante el juez lo que había afirmado ante la Fiscalía.

Muy unido a los Pujol

La relación de Puig con la familia Pujol va mucho más allá de esa amistad de pupitre entre el ex consejero y el primogénito de Pujol. Ambas familias han mantenido una estrecha amistad que alcanza a otras personas con los mismos apellidos. En Cataluña son conocidos los negocios que hicieron durante años Jordi Pujol Ferrusola y Jordi Puig, hermano del político convergente. Les llamaban los Jordis fueron socios en diversas inversiones y negocios desde mediados de los 90 hasta 2009.

En septiembre del año pasado un juez de Barcelona imputó por blanqueo de capitales a dos hermanos del conseller Puig: Jordi y Oriol. La investigación, sin embargo, circunscribió ese caso a la actividad privada de los hermanos de Puig y no encontró relación con los negocios de Pujol Ferrusola ni con la Generalitat.

El nombre de Puig y el del primogénito volvieron a emerger este sábado cuando EL ESPAÑOL desveló que el conseller había hecho gestiones a favor de Pujol Ferrusola en relación con la concesión de un distintivo de calidad a un hotel en el Pirineo catalán. 

Ni rastro 

A Felip Puig se le ha considerado durante años una de las personas con más influencia dentro de CDC. A través de la colocación de personas afines en diversos ayuntamientos e instituciones territoriales, ha tenido un enorme poder que según cuenta una fuente de CDC brotaba de su control sobre las adjudicaciones municipales en pueblos y ciudades de todo el territorio. Él mismo reconoció durante la comisión de investigación del Parlament sobre fraude fiscal que cuando una empresa acudía a ofrecerle sus servicios enviaba a sus responsables a los ayuntamientos convergentes. “Pero nunca dije a un alcalde que contratara a una empresa en concreto”, se excusó.

En el caso de Torredembarra, por ejemplo, el nombre de Puig aparece en un gran número de documentos del sumario judicial. El conseller empezó a aparecer por el municipio cuando su alcalde, Daniel Masagué, decidió que quería ser diputado en el Parlament. Una persona que trabajaba para el alcalde asegura que éste le dijo que si quería ser diputado debía acercarse a Puig. Hoy Masagué está imputado por varios delitos relacionados con la corrupción en el municipio.

Puig también le pidió a Artur Mas que le diera un cargo a Jaume Vila, el coordinador de urbanismo que envió a Torredembarra en 2010 y que también está imputado por un delito contra la Administración pública.

A muchos les sorprende que uno de los líderes más poderosos del partido haya desaparecido del panorama durante la campaña. Durante esta legislatura, Puig ha sido consejero de Empresa y Ocupación. Ahora no va en las listas del 27-S y ha mantenido un perfil muy bajo en los últimos días. Algunos atribuyen este silencio a una imposición de ERC a la hora de elaborar la lista conjunta. Otros creen que fue él mismo quien dio un paso atrás al ver cada vez más cerca el brazo de la Justicia.

También en EL ESPAÑOL:

El ‘conseller’ Puig hizo gestiones privadas para Pujol Jr. desde la Generalitat en plena investigación

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EL ESPAÑOL ha tenido acceso a un conjunto de correos electrónicos que se intercambiaron el conseller de Empresa y el hijo mayor del ex president en relación con la concesión de un distintivo de calidad a un hotel situado en el Alto Pirineo de Lleida.

Felip Puig con el ex alcalde de Barcelona, Xavier Trias. / FLICKR / CDC

El conseller catalán de Empresa hizo gestiones desde la Generalitat a favor de Jordi Pujol Ferrusola en plena investigación judicial. EL ESPAÑOL ha tenido acceso a un conjunto de correos electrónicos que se intercambiaron Felip Puig y el hijo mayor del ex president en relación con la concesión de un distintivo de calidad a un hotel situado en el Alto Pirineo de Lérida.

Pujol Jr. se interesó por el certificado del Hotel Vallferrera, que se había encontrado con dificultades para obtenerlo. Puig atendió de inmediato la petición de Pujol Ferrusola y le envió de vuelta las consultas que había hecho a los funcionarios y a los altos cargos encargados de tramitarlo, desvelándole información confidencial. Estos correos electrónicos obran en estos momentos en poder de la Agencia Tributaria, que ha conseguido recuperarlos después de que Pujol Jr. procediera a borrarlos poco antes de que los inspectores visitaran sus oficinas en Barcelona.

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Hacienda intervino los sistemas informáticos de Pujol Ferrusola en el marco de la investigación que dirige el Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional por blanqueo de capitales y delito fiscal. Unas pesquisas en las que se rastrea el origen de la ingente fortuna del clan familiar y en las que la Fiscalía y la policía ya han concluido que procede de la “corrupción política”.

Pujol Jr. solicitó en 2013 al alto cargo del Gobierno catalán que le consultara el estado de la tramitación de la concesión de una “especialidad gastronómica” al Hotel Vallferrera, ubicado en el pueblo de Àreu. La “especialidad gastronómica” es un distintivo otorgado por la Consejería de Turismo de la Generalitat que premia a los establecimientos hoteleros “de pequeño formato (con un máximo de 60 habitaciones y 120 plazas)” que destaquen por la “gestión familiar y el trato cercano”, un “alojamiento de calidad y confortable”, una “oferta gastronómica de calidad con gran representación de platos de cocina catalana” y la “dinamización territorial a nivel económico y cultural”.

Tras la preceptiva solicitud por parte del establecimiento, la Generalitat envió un técnico al hotel para que evaluara el negocio y acto seguido,una Comisión de Evaluación decidió si este hotel podía incorporarse al selecto club de los recomendados oficialmente por el Gobierno catalán.

Cinco funcionarios

Pasado el mediodía del 1 de julio de 2013, el conseller Puig remitió a Pujol Ferrusola desde su cuenta oficial en la Generalitat un correo electrónico con el resultado de sus pesquisas sobre el asunto. Precedido de un “cordialmente”, el correo se limitaba a rebotar una cadena de comunicaciones previas entre los distintos funcionarios encargados de supervisar la “especialidad gastronómica” del Hotel Vallferrera. En esas fechas, el hijo mayor del clan Pujol estaba ya siendo investigado por presuntos delitos de blanqueo de dinero y fraude fiscal

En el correo enviado por Felip Puig queda patente cómointervinieron en la consulta la responsable de la Sección de Comercio y Turismo de la zona de Lleida, Adela Rubio, el jefe de los Servicios Territoriales de Empresa y Empleo de la misma zona, Octavi Miarnau, la directora general de Turismo, Marian Muro, y el jefe de Gabinete del conseller Puig, Lluis Ridao.

Después de examinar la tramitación del distintivo turístico, la funcionaria Adela Rubio explicó que el hotel leridano “ha pasado por la Comisión de Evaluación de la especialidad gastronómica de los establecimientos hoteleros el pasado 7 de junio”. Según esta empleada de la Generalitat, “se le concedió la misma pero se le detectaron algunas carencias y algunas cuestiones no terminaban de alcanzar la puntuación mínima exigida”. Por ello, “se acordó que se elaboraría un plan de mejora donde se señalarían todas las deficiencias encontradas” y se indicaría cómo “subsanar las mismas”. Para cumplimentar ese “plan de mejora” se le otorgó al hotel “un plazo máximo de seis meses” a cuyo término, si no resolvía los problemas, se le “revocaría la especialidad gastronómica”.

El polvorín de Torredembarra

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Reportaje gráfico: Alberto Gamazo

Este pueblo de 15.000 habitantes es el centro de la trama que apunta a la financiación ilegal de Convergència. Vecinos y concejales describen el mandato del alcalde Daniel Masagué, que según el sumario usó el consistorio para enriquecerse, financiar al partido y lanzar su carrera como diputado al Parlament.

Este pueblo de 15.000 habitantes se ha convertido en la punta del iceberg de una trama que apunta a la financiación ilegal de Convergència. Vecinos y concejales describen el mandato del alcalde Daniel Masagué, que según el sumario usó el consistorio para enriquecerse, financiar al partido y lanzar su carrera como diputado al Parlament.

Una de las primeras cosas que se ven al llegar al centro de Torredembarra es una oficina electoral medio vacía. Dentro sólo se observan un par de sillas destartaladas frente a un escritorio. Encima de la mesa hay una impresora y una pequeña señera, lo único que se mantiene en pie. En la cristalera se puede leer el nombre de Daniel Masagué, el ex alcalde del pueblo imputado por delitos de malversación, cohecho, blanqueo y organización criminal. La estampa describe perfectamente lo que es hoy en día Torredembarra: Masagué ya no está en la alcaldía pero aún se perciben los escombros de su mandato.

La historia de Torredembarra es la de cualquier caso de corrupción y caciquismo en el que las luchas internas lo hacen saltar todo por los aires. Pero va mucho más allá. Lo que en un principio parecía un simple alcalde corrupto fue el origen de una investigación que sigue en pie y que ha supuesto detenciones de ediles y alcaldes, ha salpicado a pesos pesados de Convergència y ha ocasionado registros en varias empresas y en las sedes del partido y de su fundación CatDem, a través de la cual la Justicia cree que se canalizaban las comisiones por adjudicaciones de la obra pública del ayuntamiento y de la Generalitat.

La denuncia de dos ediles y de un empleado dio las primeras pistas para tirar del hilo y constatar que no se trataba de un problema de ámbito municipal.

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La oficina electoral del ex alcalde Masagué. / ALBERTO GAMAZO

Reportaje gráfico: Alberto Gamazo

El sumario muestra un municipio en el que se sobornaba a ediles de todos los colores, en el que circulaban sobres con billetes, se cobraban comisiones, se favorecía a empresas vinculadas con Convergència y se adjudicaban contratos millonarios de manera irregular.

La mayor parte del caso permanece bajo secreto de sumario. Pero las escuchas telefónicas que han trascendido hasta la fecha muestran a un alcalde que durante seis años controló a su antojo un consistorio con un presupuesto que ronda los 20 millones de euros. Las actas de los plenos revelan un ayuntamiento crispado y fraccionado con enfrentamientos constantes, con la sombra de la corrupción planeando sobre las votaciones y con intervenciones de la policía para calmar los ánimos en alguna ocasión.

“Este pueblo es un polvorín”, explica Montserrat Gassull, que durante años fue concejala de ERC y que fue la primera en denunciar las presuntas corruptelas.

A través de su abogado, Masagué ha declinado dar su versión de los hechos para este reportaje.

El origen de las denuncias

El 28 de agosto la precampaña catalana se vio sacudida por una gran operación de la Guardia Civil. Los agentes acudieron a varios ayuntamientos que habían estado en manos de CiU y a la sede del partido y de su fundación. También registraron el domicilio del ex tesorero del partido, Daniel Osácar. La operación era un nuevo capítulo de una investigación que ha llevado a la Guardia Civil a registrar y detener a ediles, alcaldes y empresarios próximos a CiU en un intento de desenmascarar la presunta financiación ilegal del partido y las comisiones del 3% que se cobraban por adjudicar obra pública de la Generalitat.

Las fuerzas soberanistas interpretaron la operación como un episodio más de la guerra sucia del Estado. Pero el origen de la operación se encuentra en una denuncia que interpuso en junio de 2012 Montserrat Gassull, que en aquella época aún era concejal de ERC. Tanto la cúpula de ERC como la de Convergència fueron advertidas por Gassull y por el presidente del comité local de Convergència, Jordi Guasch. “ERC me apoyó en un principio y luego me dejó sola”, explica ahora la concejal.

Gassull (54 años) empezó a reunir documentación en 2011. Al año siguiente presentó seis denuncias de las cuales se archivaron tres. Las denuncias, a las que también se sumó Enric Granjel, edil del PSC, se referían a tres asuntos: el alquiler de un local en condiciones ruinosas por 6.000 euros al mes, el sobrecoste de más de un millón de euros de un aparcamiento adjudicado a la constructora Teyco y el pago de decenas de miles de euros a Efial, una consultora próxima a Convergència que también se ha visto salpicada en otros casos de corrupción municipal.

“Llevaba desde 2011 advirtiendo a los ediles que no votaran ciertas cosas en los plenos y que estaban prevaricando”, recuerda Gassull.

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La concejala Gasull. / ALBERTO GAMAZO

El impulso que necesitaba la investigación no llegaría hasta octubre de 2013. Rachid el-Ghzaoui, que trabajó durante 23 años en la panificadora del alcalde Masagué, estaba enfadado y con ganas de hablar. Masagué le había despedido sin ofrecerle ninguna indemnización después de dos décadas.

Durante ese tiempo, El-Ghzaoui fue el hombre de confianza del alcalde, según explican habitantes del pueblo. “Le había salvado de muchos marrones”, explica un vecino que prefiere no dar su nombre. “No era un simple empleado: le hacía recados y le solucionaba problemas”.

El-Ghzaoui explicó entonces a Gassull que durante años vio circular sobres con decenas de miles de euros en billetes de 500. Acudieron a la Guardia Civil y declararon juntos. La Fiscalía empezó a atar cabos y estrechó el cerco sobre el alcalde. El-Ghzaoui, que ahora reside en Inglaterra con su familia, ha preferido no hacer ningún comentario para este reportaje.

La ‘omertà’ de ERC y CDC

En febrero de 2013 el juez inició la instrucción y preguntó al PSC y a ERC si querían personarse en el proceso. Los socialistas dijeron que sí pero ERC reculó. “Me dijeron que yo ya había hecho lo que tocaba y que dejáramos actuar a la justicia”, recuerda Gassull.

Eduard Rovira (ERC), actual alcalde del municipio, argumenta que su partido no se personó porque ya lo había hecho el PSC y porque en ese momento la formación pasaba por malos momentos de tesorería. Afirma además que Gassull no quiso el respaldo del partido cuando fue a presentar las primeras denuncias.

En paralelo a las denuncias, Gassull, que mantenía un enfrentamiento abierto con Masagué desde años atrás, empezó a emplear su cuenta de Twitter para denunciar las irregularidades en el ayuntamiento. El alcalde la denunció entonces por injurias y fueron llamados a un acto de conciliación en el juzgado de paz. Gassull acudió con una abogada del partido. Pero la conciliación fracasó y la querella por injurias pasó a la jurisdicción civil.

La dirección de ERC dijo entonces a Gassull que aquello era un tema personal y que no la defendería más. “El caso de las injurias era una batalla personal entre dos egos, no tenía nada que ver con el partido ni tenía contenido político”, argumenta ahora Rovira, el alcalde de ERC. “Gassull empleó un tono políticamente incorrecto y muy agresivo. No compartíamos esos mensajes”.

Según Rovira, algunos de los tuits no se referían a casos de corrupción sino a otros aspectos personales del alcalde como por ejemplo sus implantes de pelo. Explica además que el distanciamiento de Gassull de ERC no tiene nada que ver con el escándalo sino con unas primarias en las que intentó sin éxito hacerse con el control de la formación en la localidad. Gassull niega esta versión y asegura que se sintió abandonada por el partido sin motivo aparente.

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Entre 2012 y 2014 Gassull remitió varias cartas al presidente Mas y a la cúpula de ERC para avisar de lo que estaba sucediendo en Torredembarra. Nunca recibió respuesta.

Escribió a Marc Sanglas, secretario de acción municipal de ERC, que admitió después que había recibido la carta. En un acto celebrado en Tarragona interpeló a Oriol Junqueras, a quien conocía desde antes de que fuera el presidente del partido. “En Barcelona sois muy amigos de CiU, pero que sepas que lo que pasa aquí es muy grave”, asegura que le dijo. “Cada municipio debe hacer lo que crea”, le respondió Junqueras, siempre según la versión de Gassull.

Rovira reconoce que en la cúpula de ERC se hablaba del caso pero no asume ningún error. “Una carta de un edil con acusaciones, sin ningún tipo de prueba jurídica, no constituye algo tan relevante”.

Otra batalla interna, esta vez en CiU, motivó los avisos a la cúpula convergente en julio de 2013. Jordi Guasch, en aquel momento presidente del comité local de CiU y enfrentado también con Masagué por el control del partido, escribió una carta a Lluís Coromines, secretario general adjunto del partido. Advertía de lo que sucedía, pero tampoco recibió ninguna respuesta.

Desde entonces Guasch (36 años) se ha dado de baja en el partido y se muestra muy decepcionado. Es independentista desde que tiene uso de razón y forma parte de una familia convergente de toda la vida. Su madre ha sido edil del partido, uno de sus primos fundó la sección local de CiU y tiene un primo que también es concejal del partido en un pueblo vecino.

“Yo ya sé que un partido no es una ONG”, dice. “Lo que nunca imaginé es que era la Mafia siciliana”. Tiene muchas ganas de contar cosas pero dice que no hablará hasta que no pasen las elecciones y se levante el secreto de sumario. Como Gassull, lamenta que se les esté usando para hacer daño al proceso de independencia en Cataluña. “El 27-S votaré a la CUP”, explica. “Si lo supiese mi abuela…”.

A todos los consultados les sorprende el apoyo que la cúpula de CiU ha prestado a Masagué desde su detención. Ni siquiera lleva una década en política y no es un peso pesado del partido, pero ha tenido el apoyo incondicional de figuras tan importantes como Felip Puig. “Es un buen amigo al que conozco desde hace años”, dijo Puig de Masagué cuando lo encarcelaron.

Tampoco entienden por qué Masagué tardó casi dos semanas en dimitir a pesar de estar en la cárcel imputado por varios delitos. Todos los concejales con los que he hablado, además, aseguran que el partido le paga la defensa. Un aspecto que una portavoz de Convergència no ha querido confirmar ni desmentir. El abogado de Masagué es Javier Melero, el letrado de confianza del partido.

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Sin estrenos. El teatro Auditori de Torredembarra, en el que se han gastado cuatro millones de euros, permanece abandonado desde 2010 pese a estar casi acabado.

Una carrera fulgurante

Masagué tuvo una carrera meteórica dentro de CiU. Este empresario del sector panadero accedió a la alcaldía del pueblo en 2008, cuando solo llevaba dos o tres años militando en el partido. En poco tiempo, sin embargo, se prodigaba en mariscadas y comidas con la cúpula del partido y alardeaba de sus lazos de amistad con Oriol Pujol y Felip Puig.

Media docena de ediles, vecinos y militantes de distintos partidos rememoran las copiosas comidas de Masagué y Pujol en el restaurante Les Palmeres, que se encuentra en el paseo marítimo del pueblo. Recuerdan cómo el alcalde alardeaba de su amistad con un sector de la cúpula de CDC.

Masagué ya no tiene responsabilidades públicas. Pero en el pueblo se percibe cierto miedo cuando se pregunta por él. La gente que lo trató lo describe como una persona obsesiva y paranoica, mentirosa, de trato difícil, que intentaba controlarlo todo y siempre miraba hacia los lados cuando iba por la calle. “Era muy desconfiado”, describe el actual alcalde del municipio. “Es capaz de hacer cualquier cosa. No tiene ningún límite ético ni moral”, asegura Gassull.

Un miembro de Convergència que lo conoce bien y que sólo accede a hablar si no se publica su nombre recuerda cómo Masagué ponía a los concejales de su partido a espiarse entre ellos. También desvela su fijación por la magia negra y su insistencia en que había espíritus en el Ayuntamiento. “Cuando llegué a la alcaldía me encontré una factura de un santero que vino a limpiar el edificio”, explica Enric Granjel (PSC), su inmediato sucesor en el cargo después de que lo encarcelaran.

Este miembro de Convergència describe el punto de inflexión en la ascendencia de Masagué en el partido. Fue en 2010, cuando al alcalde se le puso entre ceja y ceja ser diputado en el Parlament. Fue entonces cuando empezaron las comidas con Felip Puig y Oriol Pujol y cuando en el municipio desembarcó Jaume Vila Fontcuberta, un ex diputado de CiU que asumió el cargo de coordinador de urbanismo.

“Firmaba todo lo que el alcalde le pedía”, coinciden Gassull, Granjel y Rovira.

En una cena ante cientos de militantes durante la campaña de las municipales de 2011, Masagué explicó que entró en política porque su empresa se le había quedado pequeña. “Masagué tenía mentalidad de empresario, no de político”, prosigue Granjel. “No le gustaba tener que seguir con el protocolo establecido para la contratación pública”.

Los ediles consultados describen cómo trató de articular un ayuntamiento paralelo para poder adjudicar las obras públicas a su antojo. Nombró interventora a Esther Agulló, que hasta entonces era su secretaria personal. Puenteaba los informes adversos del secretario municipal Rafael Orihuel mediante estudios externos, muchos de ellos de la consultora Efial. La dirección nacional de Convergència le mandó al pueblo a Jaume Vila Fontcuberta como responsable de urbanismo. Masagué duplicó la remuneración por asistir a los plenos de 800 a 1.600 euros.

En el sumario aparece una conversación entre Masagué y Toni Martos, responsable de Efial, que ilustra la poca querencia del alcalde por seguir los procedimientos establecidos. “Quedaremos en el pabellón deportivo. Haremos la reunión ahí (…) el tema está en que no pase por el secretario, el tema clave es ése”, le dice Masagué a Martos.

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Un aparcamiento fantasma. Fue adjudicado a la empresa Teyco por 2,5 millones, pero tuvo un sobrecoste del 40%. Se cerró en agosto de 2014 porque no era rentable. Aún no se sabe qué uso se le dará.

La punta del iceberg

Quienes conocen de cerca la investigación aseguran que lo que ha trascendido hasta ahora es sólo la punta del iceberg. La investigación está en manos del Juzgado de Instrucción 1 de El Vendrell y está a punto de terminar. Según una fuente que ha leído el sumario, el caso podría generar un cisma en la política catalana porque el modus operandi se repetía en diversos municipios controlados por Convergència.

Hay varias líneas de investigación en Torredembarra. Están los presuntos pagos al alcalde por parte de Teyco, la empresa familiar del constructor y cofundador de CiU Carles Sumarroca. También los contratos con la empresa Efial a cambio de informes a medida, los sobornos a diversos ediles a cambio de votos favorables y un contrato de entre 15 y 17 millones con la empresa Sorea relacionado con la gestión del agua en el municipio.

“Con el tema de Sorea se ha hecho lo que se ha querido. El 4% o el 5% se ha ido dónde se ha querido y aquí ni Dios respira”, le dice un empresario imputado a la teniente de alcalde Paquita Falguera, de Unió, en una de las grabaciones. Sorea es una filial del grupo Agbar, que ha sido el mayor donante de la fundación de Convergència durante los últimos años, según publicó el pasado martes el diario El País.  

La campaña del 5%

Si la Policía sorprendiese hoy a Jordi Pujol abriendo la caja fuerte del Banco de España, en mitad de la madrugada, con una media calada en la cabeza y distribuyese las imágenes de la captura, el acontecimiento sería recibido con displicencia en buena parte de Cataluña: “Otro ataque más al procés“. Ya lo dijo Unamuno: una fe sólo se sustituye por otra.

Si la Policía sorprendiese hoy a Jordi Pujol abriendo la caja fuerte del Banco de España, en mitad de la madrugada, con una media calada en la cabeza y distribuyese las imágenes de la captura, el acontecimiento sería recibido con displicencia en buena parte de Cataluña: “Otro ataque más al procés“. Ya lo dijo Unamuno: una fe sólo se sustituye por otra.

Pero que la religión independentista haya alterado la sensibilidad moral de una multitud de ciudadanos no impide, a Dios gracias, que haya personas empeñadas en llegar al fondo de las cosas. Y, a veces, hasta lo consiguen.

Esteban Urreiztieta y Daniel Montero vuelven para alumbrar con pericia bajo las aguas pútridas del oasis catalán. Sabíamos que la tarifa de Convergència era del 3%. Ahora descubrimos que la de los Pujol era del 5%. Una anotación manuscrita en un contrato delata el caché de la familia.

Cuando Pujol se comprometía a dar estabilidad a los gobiernos de Madrit a cambio de que Madrit no metiera sus narices en Cataluña sabía muy bien lo que hacía. Así todo quedaba en casa.

Carles Sumarroca, cofundador de Convergència, se acostó un día como amigo personal del president y despertó como contratista principal de la Generalitat. Artur Mas mantuvo la tradición.

Poco a poco, y a medida que crecía la prole, se fueron conformando lazos inextricables entre parentela, allegados y colegas que, al igual que en El Padrino, obligan a tener a mano un dramatis personae para no perderse en el enredo.

Es la constructora de este Sumarroca, en fin, la que paga a Jordi Pujol hijo una comisión dos puntos mayor que la que Convergència cobra por sistema -Maragall dixit por unos trabajos que no aparecen. El partido es el partido, pero la familia, don Vito, es la familia.

Como en las pelis de Wall Street, los pagos se realizan en el extranjero y a una empresa tapadera dedicada supuestamente a múltiples servicios; en el caso que nos ocupa, la misma firma que señaló a la Policía la ex novia del agraciado.

Uno de los tantos pellizcos del vástago de los Pujol-Ferrusola es de 585.000 euros por mediar, ¡oh la la!, para conseguir la reforma de las instalaciones de Radio France, en París, de la que nunca se supo. Cabe la posibilidad de que la generosidad de Sumarroca guardara relación con lo hinchados que estuvieran los precios que cobraba por los servicios que prestaba a la Generalitat, que como todo el mundo sabe, gestiona el dinero de los catalanes: de los independentistas y de los que no lo son.

Mañana, coincidiendo con la Diada, comienza la campaña del 27-S. En los dicursos patrióticos a nadie se le atragantará el 5%. Pero, queridos feligreses, haberlo, haylo.

La Fiscalía pide que PP y FAES den datos sobre su relación con los jueces de Gürtel recusados

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La Fiscalía Anticorrupción cree que la recusación de los magistrados Concepción Espejel y Enrique López (en la imagen) como integrantes del tribunal que juzgará el caso Gürtel debe ser admitida a trámite para practicar diligencias que aclaren la “relación singular” que pueden haber tenido con el PP. Entre ellas, cuántas veces han participado en actos de FAES o del partido y si han cobrado por ello.

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Los magistrados Concepción Espejel y Enrique López.

La recusación de los magistrados Espejel y López por las acusaciones populares que actúan en el caso Gürtel -entre ellas, la ejercida por Ángel Luna, del PSOE valenciano- ha encontrado un aliado en el Ministerio Público. La Fiscalía Anticorrupción ha informado a favor de que la recusación sea admitida a trámite y se abra un incidente en el que, entre otras pruebas, la fundación del PP (FAES) y el propio partido tendrían que dar datos sobre su relación con los recusados.

La Fiscalía ha presentado dos informes, uno relativo a Concepción Espejel y otro referido a Enrique López, en los que, sin llegar a afirmar que exista en ellos una tacha de parcialidad, sí sugiere que hay datos de una relación con el PP que, a su parecer, habría que aclarar antes de que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional decida si se mantienen o no como jueces del caso Gürtel.

Miembros de la Sección Segunda de esa Sala, a Espejel y López les ha correspondido por reparto el enjuiciamiento de la primera parte de caso Gürtel, relativa a la actividad que desarrolló la supuesta trama de corrupción vinculada a cargos públicos del PP entre los años 1999 y 2005.

Para la Fiscalía, el hecho de que el Partido Popular vaya a estar sentado en el banquillo como partícipe a título lucrativo -esto es, por haberse beneficiado de las comisiones ilícitas supuestamente percibidas por los cargos implicados, destinadas en parte a campañas electorales- es un dato relevante a tener en cuenta a la hora de valorar las recusaciones.

El Ministerio Público admite que, de acuerdo con la doctrina del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo del Derecho Humanos, la “afinidad ideológica” de un juez con una determinada formación política no es causa de recusación.

También indica que “ciertamente, no aparecen acreditados hasta donde sería exigible en este trámite el interés personal y directo” de los recusados en la causa.

Pero, pese a ello, sostiene que “no puede afirmarse que resulten de todo punto irracionales las dudas albergadas por los recusantes”, en especial en el caso de López.

La Fiscalía afirma que “ha de tomarse en consideración” que entre 2003 y 2010 “se estableció una relación singular” entre FAES, la fundación del PP, y Enrique López, que, además, accedió a propuesta del Partido Popular a dos cargos que ejerció en el pasado: vocal del Consejo General del Poder Judicial y magistrado del Tribunal Constitucional.

El informe no llegar a sostener que el nombramiento para esos cargos determine una falta de imparcialidad -de hacerlo, abriría una vía de consecuencias imprevisibles, puesto que en la propia Audiencia Nacional hay actualmente varios magistrados que han sido vocales del CGPJ a propuesta del PSOE e IU-, pero sí considera relevante el hecho de que cuatro de los acusados en el proceso Gürtel votaron en 2008 a favor de la candidatura de López al Tribunal Constitucional. Se trata de Carlos Clemente, Alfonso Bosch, Benjamín Martín Vasco y Alberto López Viejo, que eran diputados autómicos del PP.

En realidad, la Asamblea de Madrid propuso una candidatura conjunta pactada por PP y PSOE y en la que figuraron López y Fernando Valdés, por lo que ambos recibieron los votos en bloque de ‘populares’ y socialistas.

La declaración de Cospedal

Para la Fiscalía, sin embargo, hay que determinar “si la participación del PP en la elección del magistrado para alguno de los más altos cargos del Poder Judicial y de su carrera profesional desvirtúa el requisito de independencia” y “ha de decidirse si la familiaridad que pueda existir entre el juzgador y alguna de las partes implicadas debida a una conexión ajena al procedimiento cuestiona la imparcialidad de aquel, haciendo objetivamente justificable el temor a su falta de imparcialidad”.

En este sentido, considera que las recusaciones no deben ser rechazadas de plano sino que debe abrirse un trámite para practicar varias de las pruebas instadas por las acusaciones populares. Entre ellas destaca que se requiera a la Fundación para el Análisis y Estudios Sociales (FAES) y al PP para que certifiquen las actividades en las que haya participado López y cuánto ha cobrado por ello.

La Fiscalía se opone, por estimarlo “inútil e impertinente”, a que Dolores de Cospedal tenga que prestar declaración sobre su relación con Espejel. La secretaria general del PP participó en el acto de imposición de la Gran Cruz de San Raimundo de Peñafort a la magistrada, a la que dedicó elogios y de la que dijo que “para todos es Concha y lo va a ser siempre”.

También rechaza que declare el ex parlamentario del PP Federico Trillo, actual embajador en Londres, que salió en defensa de López cuando su primer intento de acceder al TC fue bloqueado por el Senado. Enrique López acabaría siendo promovido al Constitucional por el Gobierno.

La Fiscalía tampoco considera necesario el interrogatorio de los recusados, que, en cualquier caso, tendrán que informar por escrito sobre si aceptan o no como ciertas las causas de recusación alegadas.

El libro negro del periodismo en Cataluña (I): La corrupción

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Ante casos flagrantes, la prensa catalana no ha clamado; ante casos dudosos, no ha insistido; ante casos ignorados, no ha rebuscado. Esta serie aborda la historia del periodismo en Cataluña desde la llegada al poder de Jordi Pujol a través de 80 entrevistas con directores, redactores, presentadores y jefes de comunicación.

Este sábado, el segundo capítulo: ‘La comunidad’

Ante casos flagrantes, la prensa catalana no ha clamado; ante casos dudosos, no ha insistido; ante casos ignorados, no ha rebuscado. Esta serie aborda la historia del periodismo en Cataluña desde la llegada al poder de Jordi Pujol a través de 80 entrevistas con directores, redactores, presentadores y jefes de comunicación.

El periodista Siscu Baiges estaba un día de principios de los años 90 en los pasillos del Parlament de Catalunya. Se acercaba el entonces consejero de Economía, Macià Alavedra, con su fama de encantador. Al pasar al lado de Baiges, dijo: “A usted, Baiges, ¿qué le pasa, va mal follado? Siempre está metiéndose conmigo”. El periodista recuerda hoy que su respuesta fue bastante digna: “Si pudiera follar mejor, no estaría de más. Pero si sted] dejara de hacer trapicheos, me metería menos con usted”. Este nivel de confianza no es raro entre políticos y periodistas, pero el ataque indicaba algo según Baiges: “Alavedra sabía que yo era un pringado. Me podía pisar como quisiera, era sólo una molestia”.

Los periodistas políticos en Cataluña que “se metían” con altos cargos eran pocos y tenían una vida difícil. Baiges fue uno de los tres autores del libro Banca Catalana. Más que un banco, más que una crisis, publicado en julio de 1985. Los otros dos fueron Enric González y Jaume Reixach. Era una historia seria de Banca Catalana, entonces “la mayor crisis bancaria convencional de la historia financiera europea”, según la contracubierta.

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La editorial Plaza & Janés publicó el libro. Los tres periodistas entregaron el manuscrito en septiembre de 1984, ya revisado por un abogado y con el anticipo pagado. La querella contra Jordi Pujol había salido cuatro meses antes.

El manuscrito tenía actualidad, pero la obra sólo se publicó en julio de 1985. Durante esos meses, la editorial decidió hacer un nuevo repaso jurídico frase a frase. La persona que se encargó fue Mauricio Casals, hoy presidente de La Razón. En una de las reuniones, Jaume Reixach le dijo a Casals que lo había grabado todo: o sacaban el libro o él publicaba las grabaciones. Reixach dice ahora que fue un farol para hacerle claudicar.

Casals fue luego responsable de ABC Cataluña, donde Francisco Marhuenda, hoy director de La Razón, defendió a Pujol en el caso Banca Catalana.

El mismo mes de julio de 1985, Planeta publicó otro libro sobre Banca Catalana: el subtítulo era Toda la verdad. Es legítimo sospechar que los 10 meses de retraso fueron para esperar que las dos obras coincidieran.

El autor de la segunda obra sobre Banca Catalana fue Feliciano Baratech, célebre y oscuro periodista económico de La Vanguardia. El mismo mes de julio La Vanguardia publicó cuatro grandes extractos de la obra de Baratech en días consecutivos. En las tres primeras entregas no salía la palabra “Pujol”. En la entradilla de la primera entrega, Banca Catalana era sólo “un banco que ha movido polémica reciente”. Uno de los dos destacados decía: “En el tema Banca Catalana se han utilizado argumentos falsos”. Era un lavado de imagen extraordinario.

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El libro de los tres periodistas sólo salió citado en La Vanguardia en el ejemplar del 26 de septiembre, entre una larga lista de publicaciones recientes. Las obras que lo rodeaban eran El Código nacionalista vasco durante el franquismo, publicado por Anthropos, y El reto de las metrópolis, del Instituto de Cooperación Iberoamericano. Nadie puede decir que el libro de Baiges, Reixach y González no saliera en La Vanguardia.

La historia del libro no terminó ahí. El País sacó en septiembre una noticia con fragmentos que se habían censurado. Había uno muy sensible: los datos de dos notarios que certificaban la venta de acciones de Jordi Pujol en Banca Catalana por 600 millones de pesetas en 1977. Pujol siempre negó haberse enriquecido con el banco.

Cinco semanas después, Joan Piqué Vidal, abogado de Pujol, convocó una rueda de prensa para aclarar esta información. Andreu Missé, el periodista que escribió la noticia de los fragmentos censurados en El País, no fue convocado. El Periódico titulaba al día siguiente: Pujol regaló las acciones de Banca Catalana a su fundación. En la crónica de El Periódico se lee: “Según se desprende de las palabras de Piqué Vidal, al president de la Generalitat le duele que alguien pueda pensar que se benefició personalmente de la crisis de Banca Catalana”. De pronto los sentimientos del presidente eran noticia.

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En este breve que destacamos se hizo eco ‘La Vanguardia’ de la publicación del libro ‘Banca Catalana. Más que un banco, más que una crisis’

El caso catalán

Esta desigualdad en el trato ha tenido consecuencias para el periodismo catalán en las tres décadas siguientes. Los periódicos, teles y radios catalanas han sido poco incisivos y persistentes con el poder local. Es un fenómeno que también se ha dado en otras comunidades autónomas y en Madrid, pero el caso catalán tiene sus particularidades. No es posible decir que en la prensa catalana se haya censurado información indiscriminadamente pero sí que se ha disimulado: ante casos flagrantes, los medios no han clamado; ante casos dudosos, no han insistido; ante casos ignorados, no han rebuscado.

En más de 35 años de periodismo hay ejemplos buenos y malos. Pero a través de más de 80 entrevistas con directores, redactores, presentadores y jefes de comunicación que han trabajado en Cataluña en distintas etapas se distinguen al menos cuatro causas de la realidad mitigada en que ha vivido la sociedad catalana: las ayudas públicas a la prensa privada (que han sido las más altas y constantes de toda España), la adherencia emocional a la causa catalana (la defensa del país o el silencio ante el “enemigo exterior” ha sido a veces más importante que el oficio), el temor a un poder total (la Generalitat ha tenido un sinfín de maneras de imponerse) y el tamaño del país (los círculos de poder han sido más pequeños e impenetrables).

Estas cuatro causas no son aisladas. Todas han sobrevolado a la vez muchas redacciones barcelonesas. Según el medio, una podía tener más peso que otra. La responsabilidad no es -sería absurdo- de todos los periodistas. Las responsabilidades graves recaen sobre todo en los editores.

Los editores catalanes ven sus medios como negocios, y lo son. Pero a menudo han olvidado el obligado y paralelo servicio público. Cuando un conseller de la Generalitat le llamaba enfadado,  Xavier Vidal-Folch, entonces director de El País en Cataluña, le daba el número de su editor, Jesús de Polanco: “Llámale a él”, decía Vidal-Folch. “Te equivocas de destinatario. Ve a presionar a quien debes presionar”. En otros periódicos catalanes, era distinto: “Sé que compañeros de otros periódicos lo tenían más difícil”, dice Vidal-Folch.

La última llamada insistente que recuerda haber recibido Àlex Sàlmon, director de El Mundo en Cataluña desde 2001, fue de Macià Alavedra, que le telefoneó en 2004. Había puesto en portada una cena que había organizado el conseller con el juez Luis Pascual Estevill, que entonces era juzgado (y luego fue condenado) por prevaricación. Alavedra quería que Sàlmon quitara la noticia de portada.

“Era lo único que le interesaba, salir de portada”, dice Sàlmon. Alavedra dijo, según Sàlmon, que otro director de periódico no creía que ese hecho fuera noticia de portada y le amenazó con llamar a Pedro J. Ramírez, que estaba ese día ilocalizable fuera de España. Pero según Sàlmon hubiera dado igual. “Estábamos fuera del rollo de la presión”, dice.

Había otros que no estaban tan aislados de la presión. Lluís Foix recibió “cientos de llamadas” de Pujol como director adjunto de La Vanguardia entre 1987 y 2000.  ¿Nunca te planteaste decir a Pujol que dejara de llamar?, le pregunté. “No, no era posible”, respondió. La empresa no hubiera apoyado su postura.

Foix lo sabía bien: en 1983 había dejado de ser director por la presión de Convergència. Txema Alegre, redactor jefe en Economía y Política en La Vanguardia durante los 80 y 90, lo explica así: “Cuando el modo de publicar algo no gustaba, los políticos no te lo decían. Iban a la altura y desde allí llegaban los mensajes según cómo los filtrara la dirección. Era un comportamiento mafioso en minúscula”. El cargo de director depende del editor. Si un político presiona a un director y el periodista accede, sólo hay dos motivos: o le conviene –por ideología, amistad, dinero– o le falta el respaldo del editor.

El proceso mental 

Las llamadas de políticos no sólo son una presión posterior o paralela a la publicación. Al cabo de unas cuantas llamadas, el periodista puede empezar a flaquear y autocensurarse. El proceso mental es algo así: a tal político no le gustará esta noticia, su llamada es segura, la propiedad no cerrará filas y es mejor dejarla o disimularla.

Jordi Maluquer fue director de Avui durante el mandato breve del presidente Josep Tarradellas, quien le llamó sólo una vez por una información que no le gustó: “Me dijo: ‘Maluquer, sé que debéis de estar muy nerviosos porque habéis escrito este artículo, que ya he leído. Yo sé por qué hago las cosas y a veces no puedo contarlo todo. Pero escribid lo que queráis’. Pensé que era generoso. Pero claro, ya me hizo notar que me vigilaba”.

La redacción de El País en Cataluña vivió enseguida esas llamadas en el momento más difícil para Pujol. En pleno caso Banca Catalana, Pujol se permitía broncas a su director. Así describe Antonio Franco, director de El País Cataluña entre 1982 y 1988, un encuentro con el presidente:

En el peor momento de Banca Catalana, recibí una llamada de Pujol para decirme que no quería hablar con nadie de ‘El País’ pero que quería hablar conmigo personalmente. Yo le dije que ‘personalmente me llamo Antonio Franco’ y que debía ser en una cafetería. Allí me metió un chorreo y me llamó de todo.

Los periódicos catalanes no han actuado nunca sólo al dictado del poder político. El caso contra el periodismo catalán no es simple, pero es innegable. Una palabra llegó a definir este ambiente resignado: “Oasis”. Ahora sabemos que pasaba algo más de lo que parecía. Aunque había gente que sí sabía: políticos, periodistas, empresarios sobre todo. Algunos no quisieron contarlo y otros no pudieron. El oasis no era un lugar de paz inmaculada. Se censuraron artículos, frases y palabras, pero se publicaban piezas más o menos duras, como me han dicho muchos periodistas con quienes he hablado. Eran sin embargo piedras sueltas que caían en un estanque: creaban unas olas que desaparecían enseguida. No había locutores, titulares, analistas que insistieran con otras piedras para averiguar más o enturbiar la paz.

Un off the record es el acuerdo que obliga a un periodista a no identificar a la fuente de una información. Los periodistas suelen evitar los off the record, excepto cuando son ellos quienes hablan. Las más de 80 entrevistas que son la base de esta serie han estado trufadas de off the record, a menudo incluso con la grabadora apagada. He procurado utilizar esas miniconfesiones que no podía revelar para entender mejor el contexto. También ha habido cuatro fuentes que han querido ver antes de publicar sus frases entrecomilladas a cambio de hablar en abierto sin preocuparse. He cedido para no perder las entrevistas. En el texto está siempre la fuente de la información. Si no la hay es porque hay al menos dos fuentes off the record con un testimonio muy parecido. Si no advierto del motivo, no hay nada con una sola fuente off the record.

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Las dos fotografías de Jordi Pujol que acompañan a este artículo las hizo el fotógrafo catalán Manel Armengol en 1977.

Te hago un informe

El padre de Enric González, Francisco González Ledesma, había ganado el premio Planeta en 1984 y les dio dinero a sus tres hijos. Enric, uno de los tres autores del libro sobre Banca Catalana, se fue a dar la vuelta al mundo y al volver se reincorporó a El Periódico: “No se ponía nadie al teléfono, no me aceptaban en ruedas de prensa, me impedían pasar”, dice González. Su director, Enrique Arias Vega, le dijo: “Lo tienes mal. Están enfadados contigo”. Arias Vega sabía qué era lo que hacía enfadar al gobierno. En 1984 censuró una viñeta del dibujante Alfons Rodríguez, que no ha dado ahora permiso para reproducirla aquí ni ha querido dar su versión. En el dibujo que nunca apareció, Pujol canta folclore catalán mientras los fiscales Mena y Villarejo esperan entre telarañas que quiera declarar sobre Banca Catalana.

En sus Memorias líquidas (Jot Down Books, 2013), González explica que hicieron un informe sobre él: “Un antiguo colega del Correo, a quien su espíritu nacionalista le había permitido cobijarse en el gabinete de prensa de la Generalitat, me telefoneó para advertirme de que le habían encargado la confección de un informe sobre mí: ‘¿Quieres que ponga algo en especial?’, me preguntó”.

Había más informes de la Generalitat sobre periodistas. El 22 de febrero de 2006, se supo que “Pujol encargó informes sobre la orientación política de periodistas de TV3”. Ese mismo día, La Vanguardia publicaba un breve sobre el mismo tema con un título más suave: ICV lleva a la fiscalía los sondeos encargados por el Gobierno de CiU. Hay muchas maneras de dar la misma información. Al día siguiente, La Vanguardia daba algún detalle más en una pieza titulada Los bajos fondos del poder y hablaba de “encuestas y estudios encargados por las administraciones convergentes entre 1983 y 2003”. En total eran más de cien.

La Vanguardia no daba ningún detalle del contenido. El País citaba un informe de 1993. Salvador Alsius, célebre presentador de TV3, tenía “unas claras tendencias antinacionalistas y sobre todo anticonvergentes y antipujolistas”, decía el texto. Junto a Alsius, Àngels Barceló era “quintacolumnista, colaboracionista y botifler”.

En otro informe de 1994 había detalles más específicos. Habla al menos de dos radios de pueblos. En Abrera “trabajan unas chicas que hablan en catalán pero que entre ellas se relacionan en castellano” y en Radio Súria “los niños de familias castellanohablantes que pasan por la emisora se expresan en su totalidad en catalán”.

Enric González estuvo una temporada más en El Periódico sin ocuparse de temas catalanes. Poco después, fichó por la sección de Economía del diario El País. Dos años después, le trasladaron a Madrid. A finales de los 90 volvió a Cataluña y se encargó durante un año de la política catalana. Acompañó a Pujol a alguno de sus viajes. González recuerda que un día el presidente le preguntó: “¿Pero es usted catalán o no?”. González es obviamente catalán: “Se refería a si era de los suyos”, aclara. Hoy González es periodista en El Mundo.

Marcados para siempre

Jaume Reixach y Siscu Baiges, los otros autores del libro, tomaron otro camino: “Quedamos marcados para siempre”, dice Baiges. “Yo me he dedicado muchos años a hacer cosas que no tenían nada que ver pero he sido siempre el sociata que hizo el libro de Banca Catalana”. Ambos acabaron en el Diari de Barcelona, un periódico cercano a los socialistas. Xavier Roig, jefe de gabinete del alcalde Pasqual Maragall, aún recuerda cómo el director, Josep Pernau, iba a pedirle ayuda. La ayuda era algo ambiguo: anuncios, suscripciones, colaboración. En el fondo era básicamente dinero. Roig lamenta ahora no haber hecho algo más: “Quizá deberíamos haber buscado más para ayudarles”.

Reixach y Baiges formaban el equipo de investigación del Diari. Encontraban alguna cosa. Baiges fue un día con un colega de redacción a ver al jefe de prensa de Macià Alavedra: “Mientras esperábamos en la entrada abrí una fotocopiadora, había un papel y lo cogí”. Eran deudas de la Caric (Comisión de Ayudas a la Reconversión Industrial de Cataluña) que el departamento había renunciado a recuperar. La Caric era una especie de banco público que prestaba dinero a empresas privadas.

En el papel de Baiges había unas 20 empresas con los avales perdonados: “Una era de Antoni Subirà y otras estaban vinculadas al Grupo Zeta: Gráficas Industriales, Editorial Bruguera”. Subirà era portavoz de CiU en el Parlament y primo segundo del presidente Pujol. El Grupo Zeta era también propietario de El Periódico, que era el segundo diario de Cataluña. Caric había avalado directamente a El Periódico y otros medios.

El caso Caric fue uno de los primeros escándalos del pujolismo, hoy olvidado si no fuera por una frase del fiscal general del Estado Eligio Hernández: a pesar de no ver delito en la concesión de los créditos, sí percibía “aromas de corrupción”.

Baiges recuerda otras dos noticias medio impactantes que publicó en el Diari. A finales de los años 80, las conversaciones de los primeros móviles podían interceptarse con las frecuencias de radioaficionados. Baiges pidió a un amigo que grabara una hora de llamadas para demostrarlo: “Me pasó la cinta y salía [el secretario general de Presidencia Lluís] Prenafeta hablando con su secretaria sobre su agenda”. Lo publicaron y les amenazaron con querellas por pinchar los teléfonos de la Generalitat. Otro día vio una obra pública cuya arquitecta era Marta Pujol Ferrusola, hija del presidente. No era ilegal pero sí era feo.

Los métodos de Baiges eran rudimentarios. Iba de vez en cuando a la portería de una empresa que tenían tres ex políticos o amigos de líderes convergentes. Esperaba a que el portero estuviera despistado y ponía la mano en el buzón. Se llevaba los sobres, tomaba nota de las direcciones y luego volvía a dejarlos. “Era muy ortopédico”, dice.

Este runrún era suficiente para que el consejero Macià Alavedra llamara mal follado a Baiges. Esos insultos eran los suaves. Baiges recuerda llamadas a casa: “Te cortaremos los cojones, hijo de puta”, le dijeron alguna vez. “Era desagradable y luego veías que no servía para nada”, dice. “Más denunciabas y más mayorías absolutas sacaba Pujol”.

Así se le quitaban las ganas pero pronto cambiaron sus responsabilidades en el Diari: dejó la investigación para dedicarse a la información olímpica. Alguien del Ayuntamiento había llamado para cortarles las alas: si no paraban, la Generalitat de Pujol no pondría un dinero para alguna obra olímpica que le había solicitado el alcalde Maragall. Baiges recuerda bien la anécdota, pero Carlos Revés, director del Diari entonces y hoy empleado de Planeta, no.

Después de salir del Diari, Baiges entró a trabajar en Com Ràdio, una emisora impulsada por la Diputación de Barcelona, de tendencia socialista. Allí estuvo cerca de 20 años sobre todo en Tots per tots, un programa dedicado a las ONG y la solidaridad. Ahora, después de dos años en el paro, hace colaboraciones.

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El periodista Jaume Reixach, fundador de ‘El Triangle’. / ALBERTO GAMAZO

El periodismo guerrillero

Jaume Reixach era distinto. “Siempre usé la máxima de ‘si me censuran me voy’”, dice. Tuvo que usarla varias veces, también en el Diari de Barcelona. En enero de 1990 fundó El Triangle, un semanario satírico underground. Su modelo es Le canard enchainé pero nunca ha tenido un éxito de público parecido. El Triangle sí hacía (y hace) algo: publica de todo. “Mi estrategia es de guerrillero de la información y los guerrilleros siempre somos pocos”, cuenta Reixach. Los guerrilleros a veces también disparan a todo lo que se mueve.

He entrevistado a algunos periodistas peculiares en este reportaje. Jaume Reixach es el más raro de todos. Mientras habla, al final de algunas frases suelta carcajadas. Parecen una especie de liberación nerviosa. “Te tratan de loco”, le digo. “Lo respeto. Yo sólo quiero ser feliz con el trabajo que hago”, responde.

Reixach da la impresión de que todo reproche le da igual. Solo ríe y ríe sin motivo. Al final de un email, como despedida, me escribió: “¡Caña!”

La metáfora de guerrillero de Reixach es excelente: lleva décadas en los márgenes sin que nadie pueda derrotarle pero también sin poder vencer.

El periodismo de Reixach pisa todas las líneas rojas: “Aunque pase por ser un tío muy alocado, las cosas que decimos tienen su perímetro de certeza. No contamos lo primero que nos dicen. Hacemos mucha labor de verificación”.

El perímetro es la zona peligrosa. Reixach vive de confidencias. Parece haber acertado a menudo.

Sólo ha perdido dos querellas: una por publicar una conversación privada del conseller Cullell y otra por hacer un chiste. El tono de El Triangle no requiere publicar fuentes. Jaume Boix Angelats y Arcadi Espada, que coincidieron con Rexach en El Diari de Barcelona, recuerdan que las noticias que traía a veces estaban poco confirmadas: faltaba el documento, la declaración definitiva. Esta exigencia agotaba a Reixach y le empujó a la guerrilla. Su trabajo quedó marcado, pero a menudo era muy serio y acertaba.

He leído artículos de los primeros años de El Triangle. Son denuncias a menudo sólidas con toques de humor y opinión. Éste es un ejemplo del artículo Trío de ases publicado el 30 de abril de 1990:

Si tenemos en cuenta que la instalación eléctrica de TV3 ha corrido a cargo de EMTE, una empresa que tiene capital de Terasaki España SA y que coincide con los holdings de Macià Alavedra y Lluís Prenafeta en otras empresas, está todo dicho. Efectivamente, en Terasaki España hay dinero del grupo EMTE, a través de su sociedad instrumental Proelec SA, y también interviene la famosa peletería Típel, de los Prenafeta, donde el aún secretario de Presidencia tiene un mínimo de 13 millones de pesetas, y Contax, la instrumental del grupo vinculado a Macià Alavedra. Los amos de EMTE son Jaume Rosell y Carles Sumarroca, dos pesos pesados del empresariado convergente, amigos de la familia Pujol y, en especial, por el lado de Marta Ferrusola, ya que Núria Claverol, la mujer de Sumarroca, es cofundadora con la “primera dama” de la floristería Hidroplant.

En ese mismo texto, Joan Granados, entonces director de la Corporación Catalana de Radio y Televisión, reconoce que han pagado “dos millones” a Terasaki por “una reposición de material” eléctrico. Es un modo de decir que el material original era también de esa compañía, y no debían ser sólo dos millones.

“Yo soy pionero en ir al registro mercantil y registro de la propiedad. Es un periodismo pesado”, dice Reixach. Carles Sumarroca y las empresas EMTE y Teyco son protagonistas del caso Petrum, que ha sacudido la campaña electoral en 2015. Hace más de 20 años ya estaban en marcha. Alfons Quintà, entonces director de TV3, recuerda cómo Sumarroca le llamó por orden de Prenafeta para tener las condiciones del concurso público para la instalación eléctrica en la sede de los estudios de la tele antes que nadie.

Cobrar por no publicar

En la mejor época de El Triangle, hacia el año 2000, Reixach pagaba 15 sueldos. En febrero de 2002, presentó una querella contra el secretario de Comunicación de la Generalitat y mano derecha de Artur Mas, David Madí, por discriminación en la inserción de publicidad.

Reixach y Madí tuvieron dos reuniones ese año. La querella fue admitida a trámite -luego no fructificó- y Madí tuvo que ir a declarar ante el juez. Allí manifestó dos cosas. La primera, que El Triangle no recibía más publicidad por su escasa “capacidad de influencia en el mercado” y no por ser “incómoda”. La segunda, que había grabado una reunión con Reixach porque “no estaba muy seguro de cuáles serían las intenciones del solicitante de la reunión” debido a “la fama que acompañaba al medio”.

Esa fama, según me han confirmado al menos una docena de periodistas off the record, es que El Triangle cobra por no publicar informaciones. No he sabido encontrar ninguna prueba ni nadie que haya podido dármela o haya querido reconocerlo en abierto. Reixach conoce esa fama y la niega: “Que digan lo que quieran, pero yo no he cobrado nunca ni lo aceptaría por no publicar”.

Los presuntos cobros serían en publicidad o en suscripciones en bloque. La Caixa, Banc Sabadell, Abertis, Gas Natural o FIATC ponen publicidad hoy en El Triangle. “Es porque quieren. Tengo publicidad, pero siempre de buen rollo: si queréis hacer, ponedla; si no, pues no”, dice Reixach.

A partir de un rifirrafe con el ex presidente del Barça, Joan Laporta, Reixach explica algo mejor una de sus maneras de hacer. En 1974, el Barça dio la Medalla de Oro del club a Franco. Reixach le pidió a Laporta que se la retirara y el entonces presidente se lo prometió. Hubo una campaña de recogida de firmas, pero Laporta les dijo que no podría hacerlo. “Tú mismo, tío”, le dijo Reixach a Laporta. Y sigue:

La vida ha querido que empiecen a salir cosas de Laporta que me llegan sin buscar. La vida se me presenta de tal manera que quien me la hace se lo acaba encontrando. Y como éste, todos. Si dices que vas a sacar la medalla y luego resulta que no, pues peor para ti. Yo no haré nada, pero tal vez me empiecen a interesar tu vida y milagros. Yo siempre de buena fe, de buen rollo, siempre amigo, siempre colega. Me pasó lo mismo con Rosell. Mi actitud vital es buen rollo con todos.

Reixach tiene otro argumento para defenderse: no es rico. “Duermo en el despacho, de alquiler. Voy con un cochecito”, dice. Vi su coche y su móvil y no son de un millonario. El dinero quizá no le ha permitido enriquecerse pero sí sobrevivir. Reixach, de 57 años, se defiende así: “No entienden que una persona pueda sacrificar su vida por su trabajo. Los estándares de vida que tienen el resto de compañeros de mi generación, yo no los tengo”. Todo tiene un precio: “Si hubiera seguido en El Correo Catalán siendo un chico obediente, quizá ahora estaría en TV3”, aventura. El Triangle ha pasado también por problemas judiciales con sus trabajadores. En 2014 condenaron a la revista por diez despidos improcedentes.

En la querella que El Triangle puso contra Madí, daba algunas informaciones que habían publicado que podían hacer que la Generalitat fuera reacia a poner publicidad en el semanario: “Los negocios de los hijos de Jordi Pujol y de empresarios afines al President; el caso del conseller Cullell; los sumarios sobre la supuesta financiación irregular de Unió (Trabajo, Turismo); los negocios del Ebro partidarios del Plan Hidrológico; el gasto del Govern en asesores y estudios”. Es una lista aproximada. “Nosotros somos muy gota malaya. Es un periodismo de insistencia”, dice Reixach. No es algo que el resto de medios catalanes pueda repetir. Los casos de favoritismo, nepotismo y trapicheos nunca han sido repetidos y desmenuzados en titulares o portadas.

El grupo japonés Nikkei compró en julio el Financial Times. El Guardian le dedicó un editorial:

El periodismo japonés no es corrupto, pero es respetuoso, como la cultura que lo rodea. Las tradiciones periodísticas anglosajonas no son, en sus mejores momentos, respetuosas con nada. Hay cosas que los periódicos británicos deberían respetar más, como la privacidad, pero también es posible que el respeto oculte una deferencia poco curiosa ante el poder que deja florecer comportamientos escandalosos.

Esas zonas de sombra no dependen sólo del aclamado periodismo de investigación. Dependen de las ganas de publicar. El ejemplo eterno del Watergate elimina todo debate sobre la función de la prensa. Las dos únicas opciones de la prensa no son los dos extremos: derribar al presidente más poderoso o reproducir notas de prensa del ministro. Hay muchas opciones intermedias. En Cataluña, como en Japón, se respeta demasiado. La duda es saber si ha sido sólo por un asunto cultural como en Japón o por algo más. “El mundo necesita periodismo que sea comedido e incisivo a la vez”, dice el Guardian. El periodismo catalán ha sido más bien comedido.

La pintora Malfeito 

Doris Malfeito era pintora y era la mujer del conseller Macià Alavedra. Su mejor época llegó a finales de los 80. Sus cuadros llegaron a venderse por miles de euros.

Durante una de sus exposiciones, el director de El Periódico, Antonio Franco, llamó a su crítico de arte, José María Cadena: “José María, voy a joderte”, le dijo Franco según Cadena. Franco no recuerda con precisión esta anécdota, pero le parece plausible. La memoria histórica de Cadena es célebre en Barcelona. Franco siguió, según Cadena: había una pintora que tenía muchos deseos de que el periodista hiciera una crítica sobre ella y la casa estaba comprometida. Cadena adivinó que era Malfeito: “Me ha llamado dos veces y le he dado largas”, dijo.

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‘Paisaje costero’. Óleo sobre lienzo de la pintora Doris Malfeito.

“Era una pintora mala”, dice ahora Cadena, que se resignó a la voluntad de Franco: “Imagino que si me pides una crítica, será una crítica a favor. Yo te la haré. Pero empieza a buscar otro crítico”. Franco quiso evitarlo pero Cadena lo cortó: “No es por mí. Yo tengo que servir al diario, y me habré desacreditado y ya no seré útil”. Cadena al final evitó escribir. Convenció a Franco para que dijera que estaba fuera y no lo había encontrado. La exposición acababa un par de días después. Es un asunto menor, dice Cadena, “pero la gente se mueve por cosas pequeñas”.

En 1984, Malfeito expuso en París y le dieron un premio. La Vanguardia empezaba con esta ironía gruesa un breve sobre el acto: “Doris Malfeito, pintora de categoría y que se basta y sobra por sí sola para triunfar”. El resto de la nota era un eco social anodino. Estas bromas son más habituales de lo que parece. En alguna noticia sobre mafias, el equipo de investigación de La Vanguardia, Eduardo Martín de Pozuelo y Jordi Bordas, colaban la palabra “convergencia”: “Marbella no es solamente un lugar turístico famoso por las fiestas de la jet set sino que es una de las localidades de convergencia en España de la Mafia, representada en este caso por el “clan de los cataneses”. Si se aísla queda así: “es una de las localidades de convergencia en España de la Mafia”. Y de “cataneses” a “catalanes” hay un paso.

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Así se hizo eco ‘La Vanguardia’ de la exposición de Doris Malfeito en París. 

En una exposición de Malfeito en Barcelona en 1995, en cambio, no había acidez: “Algunos críticos de arte confiesan que todavía añoran los concisos y pregones (sic) retratos infantiles al lápiz o las marinas de Doris Malfeito. Pero, a un tiempo, aseguran que no pueden más que rendirse ante sus nuevos paisajes ampurdaneses”. Cadena no era uno de esos críticos “rendidos”.

Los elogios mundanos de Malfeito quizá no eran tan menores. Malfeito murió en 2014. El obituario de El País -que va sin firma- recuerda cómo sus cuadros tenían “gran demanda” entre empresarios y personalidades. Pone dos ejemplos: el presidente de Cirsa, Manuel Lao, y el empresario americano John Rosillo.

Rosillo era un empresario estadounidense que fue condenado a más de seis años de cárcel por fraude fiscal relacionado con Diagonal Mar, un centro comercial en Barcelona construido en los años 90. No cumplió condena porque logró huir a Panamá.

En noviembre de 1999 un célebre periodista del New Yorker, Jon Lee Anderson, se encontró a Rosillo en Panamá. Anderson hacía un reportaje sobre el futuro de Panamá con la entonces nueva presidenta, Mireya Moscoso. Uno de los miembros del Gobierno de Moscoso era Nicolás Barletta, heredado del presidente anterior, Ernesto Pérez Balladares. A Barletta lo habían acusado de cobrar comisiones de una petrolera americana a cambio de favores en el país. Anderson acompañó un día por Panamá a Barletta, que iba en esa jornada con Rosillo y “un acompañante español”. Los dos estaban, según Anderson, “visiblemente incómodos” por su presencia. El acompañante de Rosillo era Josep Pujol Ferrusola, a quien Barletta daba un “completo trato de VIP, que incluía un helicóptero para ver las propiedades disponibles”.

En diciembre de 1999, El País publicó una nota pequeña de tres párrafos con un título sencillo: Rosillo y un hijo de Pujol planearon invertir en Panamá, según ‘New Yorker’. No dice que Rosillo había sido condenado en Barcelona a seis años de cárcel unos meses antes. En La Vanguardia, la información ocupa un párrafo escondido de las páginas de economía.

En Avui, Alfons Quintà hacía esta mención del reportaje en un artículo de opinión titulado Tristeza, en Venezuela y aquí. En el cuarto párrafo Quintà habla del reportaje de Anderson en “una magnífica revista” norteamericana. Habla de Rosillo -condenado por “un asunto del que la prensa ya informó”- y de que iba acompañado de “un familiar de un político de casa”. No da ningún nombre. He escrito a Anderson, que no recuerda si en aquel momento algún periodista español se puso en contacto con él: “Tengo la  impresión, sin embargo, de que nunca se ahondó mucho más de lo mío, y que todo quedó en lo anecdótico”, dice Anderson, que recuerda también cómo sobre todo Pujol le “rehuía” y “no sabía qué hacer”.

La información en estos tres ejemplos obliga al lector a contextualizar, adivinar, desentrañar. Es una escritura que en el fondo oscurece detalles y ha sido constante en temas espinosos. Me han dicho que es una herencia del franquismo: que se intuya pero que no se entienda. Este tipo de lenguaje cifrado sólo para iniciados ha dejado a los periodistas tranquilos pero a la mayor parte de la sociedad en la ignorancia de los chanchullos políticos.

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Éste es el obituario de Doris Malfeito que publicó ‘El País’ sin firma el 1 de agosto de 2014. 

El Lamborghini de Jordi Jr.

El Mundo, cuya edición catalana llegó en 1995, era más directo. Elianne Ros fue corresponsal en Girona del diario entre 1995 y 1999. Un día de 1997 paró a repostar cerca de Figueres. En otro surtidor se detuvo un Lamborghini. Ros y el propietario del deportivo fueron a pagar juntos. Era Jordi Pujol Ferrusola, a quien Ros había conocido en un congreso de Convergència. Ros recuerda que le dijo: “Hola Jordi, ¡qué coche llevas!”. Se fue sin responder. Ros memorizó la matrícula. Lo publicaron, pero la noticia no tuvo ninguna repercusión.

Jordi Pujol Ferrusola, el hijo mayor de Jordi Pujol, había empezado ya a recibir favores: en 1991 Natural Stone, empresa de la que era socio, suministró mármol a FCC para el aeropuerto de Barcelona. En 2001 hubo que cambiarlo todo porque era un mármol demasiado fino para el suelo. Pujol Ferrusola llevaba ya tiempo en los negocios. Formaba parte también de la empresa Hot Line. Una jueza había decretado arresto domiciliario contra él y sus socios si no pagaban 100.000 pesetas por la bancarrota. Lo sacó El Triangle. Sólo lo dio otro medio en España: Diario 16. En Cataluña no lo publicó nadie.

Félix Martínez, en El Mundo, publicó durante los dos últimos mandatos de Pujol bastantes aproximaciones a los trapicheos de la familia. Eran temas propios hechos con cuidado pero sin poder llegar a fondo. “Su participación apenas deja rastro”, dice sobre Jordi Pujol Ferrusola y uno de sus negocios. Fue una constante. Quizá si más periodistas hubieran buscado, la presión habría crecido: “Nunca ha habido un periodismo con vocación de investigación en Cataluña”, dice Martínez. “El Mundo iba contracorriente. En las ruedas de prensa los compañeros nos miraban mal”.  

He preguntado a todos los periodistas que en los 80 y 90 estaban en activo cuándo supieron que la familia Pujol hacía chanchullos. Lluís Foix, director adjunto de La Vanguardia entre 1987 y 2000, ha escrito que a mediados de los 90 se lo dijo incluso al presidente Pujol: “Le comenté que corría por Barcelona que su hijo Jordi cobraba comisiones. Me lo razonó y me dijo que todo el mundo lo hacía, pero que su hijo lo hacía mucho mejor, más rápido y con mejores resultados”. La Vanguardia no publicó nada. Foix ha contado en un artículo de abril de 2015 que “el silencio clamoroso” era extendido.

Otro director de periódico me dijo off the record que llevaría siempre “una aguja clavada en el corazón”. No pudo hacer más por destapar la extorsión del hijo mayor de Jordi Pujol a un alcalde para que permitiera un negocio en su municipio. O un subdirector a quien un dirigente de Convergència le había dicho que había advertido a Pujol que un alcalde había ido a quejarse del comportamiento de su hijo. Pujol le respondió que haría algo. Al cabo de un tiempo, otro alcalde fue al dirigente con el mismo cuento y se lo volvió a decir al president. La tercera vez ya no fue. O una tercera historia: dos consellers de Presidencia a los que Pujol al final de su mandato había ido con el ruego de que le ayudaran a controlar a sus hijos.

¿Había pruebas de estas acciones? No. ¿Había alguien dispuesto a denunciarlas en un tribunal? No. ¿Se podía hacer algo más? Quién sabe. Rafael Jorba, subdirector de La Vanguardia en los 90, cree que ya no es el momento del periodismo: “Soy poco partidario de la comisión parlamentaria y del show al que hemos asistido. Este señor fue presidente durante 23 años: todo lo que en la política y en el periodismo no supimos o pudimos o hicimos suficientemente bien entonces que ahora lo hagan los tribunales”.

En una encuesta casera, he preguntado a una docena de conocidos no periodistas y mayores de 35 años si habían oído hablar del caso Caric o Casinos, quiénes eran Jaume Roma o Carles Sumarroca o qué habían hecho presuntamente Prenafeta o Alavedra antes del caso Pretoria de 2009. Todo eran vaguedades. La reacción es diferente en casos como Barrionuevo y los GAL, Roldán, Filesa, Mariano Rubio, Bankia o los ERE.

Hay periodistas catalanes que creen que sacar noticias que perjudiquen a políticos locales daña a las instituciones. Es dar munición al adversario y desde fuera se aprovecha para limitar las competencias. Hay editores que creen que se gana más dinero si los políticos no se enfadan. El periodismo no sirve para defender una causa o sólo ganar dinero –aunque es clave que lo gane. Tampoco debe encargarse de investigarlo y descubrirlo todo: para eso están la policía y la Justicia. Pero cuando sabe algo que puede implicar ya no delito pero sí chanchullos o trato de favor es saludable airearlo, si puede ser con luces de colores en la portada. Los trapos sucios se lavan mejor en público. Es el mejor modo de que no se vuelvan a ensuciar.

Este sábado, el segundo capítulo: ‘La comunidad’

La comisión de Sumarroca a los Pujol no era del 3% sino del 5%

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– Un documento manuscrito vincula ese porcentaje a los 132.800 euros que los Sumarroca pagaron a Jordi Jr. con la excusa de ayudarles a implantarse en México

– También pagaron 585.000 euros a su empresa en Londres por una supuesta asesoría para hacerse con la reforma de Radio France en París

‘La campaña del 5%’, por Ferrer Molina

  • Un documento manuscrito vincula ese porcentaje a los 132.800 euros que los Sumarroca pagaron a Jordi Jr. con la excusa de ayudarles a implantarse en México
  • También pagaron 585.000 euros a su empresa en Londres por una supuesta asesoría para hacerse con la reforma de Radio France en París

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La familia Sumarroca pagó comisiones del 3% a Convergència Democrática de Cataluña (CDC) pero aumentó su tarifa al 5% con la familia Pujol. EL ESPAÑOL ha tenido acceso al contrato original suscrito el 10 de febrero de 2008 entre los propietarios de la constructora catalana Teyco y Jordi Pujol Ferrusola en cuya parte superior fue incorporado un post-it en el que se anota a mano el porcentaje.

En este contrato firmado entre la saga fundadora de Convergència y Pujol Jr., se establece la obligación de pagar “132.800 euros” a cambio de la prestación de unas supuestas asesorías en México de las que no existe ningún rastro documental. Pero lo más llamativo aparece en el encabezamiento, donde se añadió a posteriori el post-it en el que ambas partes añaden una aclaración.

Este rudimentario anexo establece que los Sumarroca abonarán al hijo del histórico dirigente nacionalista una comisión del “5%” calculada sobre un montante total de “2.655.000 euros”. No se especifica a qué corresponde la cantidad sobre la que se hace el cálculo de la mordida. Pero los investigadores ya han apuntado que todos los cobros de este tipo a Pujol Ferrusola tienen como objeto real las adjudicaciones de obra pública en Cataluña.

El primer pago de comisiones de 132.800 euros fue camuflado detrás de un supuesto contrato de consultoría rubricado entre una de las empresas instrumentales de Pujol Ferrusola (Project Marketing Cat, SL) y la empresa de Servicios e Ingeniería EMTE, que dirige Carles Sumarroca Claverol y que factura anualmente más de 1.300 millones de euros con una plantilla de 8.000 personas. En el documento se incluye además un apartado en el que se dice que el pago se corresponde en gran parte con una serie de gastos de desplazamientos de Pujol Jr. a México.

El contrato al que ha tenido acceso este periódico es el que se quedó el propio Pujol Ferrusola y forma parte de una batería de documentos de este tipo que suman más de ocho millones de euros y que fueron suscritos entre el hijo del histórico dirigente nacionalista y grandes contratistas de la Generalitat catalana.

Comisiones por 585.000 euros

Por otra parte, el Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional considera ya acreditado que la familia Sumarroca abonó una nueva comisión de 585.000 euros a Pujol Ferrusola por “la posibilidad de obtener la reforma de las instalaciones centrales de Radio France en París”. El magistrado José de la Mata ha descubierto que el pago se hizo a través de la tapadera londinense de la familia Pujol, la sociedad Brantridge, gestionada por el testaferro de origen hindú Herbert Rainford, que ya fue empleada por Pujol Jr. para cobrar comisiones de la constructora FCC.

Esta operación fue pactada por contrato el 15 de junio de 2008 y abonada en cinco pagos de 117.000 euros entre el 15 de febrero de 2009 y el 15 de agosto de 2010. El juez señala que “no se precisa cuáles fueron los servicios prestados”. Por lo elevado del importe, podría constituir otra comisión del 5% para la familia.

La Fiscalía Anticorrupción investiga en estos momentos a la familia Sumarroca al menos en dos procedimientos judiciales diferentes por la misma conducta delictiva: el pago de sobornos a los nacionalistas.

El primer procedimiento está en el Juzgado de Instrucción número uno de El Vendrell (Tarragona) tras descubrir el pago de comisiones del 3% -en total 343.798 euros- a cambio de la adjudicación de obras públicas en cinco municipios gobernados por los nacionalistas: Lloret, Sant Celoni, Figueras, Torredembarra y Sant Cugat. Este proceso se ha saldado recientemente con la detención de tres miembros de la familia Sumarroca así como con el registro de la propia sede de CDC.

El segundo procedimiento está en el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, donde se encuentra imputado Jordi Pujol Ferrusola por delito fiscal y blanqueo de capitales tras haber recibido durante los últimos años pagos millonarios de manos de grandes contratistas del Gobierno catalán a cambio de trabajos fantasma como el descrito anteriormente.

Dinero a cambio de adjudicaciones

Al igual que ocurre con buena parte de los acuerdos suscritos entre Pujol Jr. y otros grandes empresarios catalanes, en esta ocasión se acuerda el pago de una cantidad y se establece como contraprestación oficial la realización de hipotéticas consultorías sobre las que no existe ninguna base documental y a las que la Audiencia Nacional tilda ya de trabajos ficticios que encubren el pago de comisiones ilegales.

En el caso concreto de la familia Sumarroca, sus miembros accedieron a firmar con Project Marketing Cat un acuerdo en el que Pujol Ferrusola se presenta como “consultor que se dedica, entre otras cosas, a prestar servicios de asesoramiento en diversos ámbitos de la gestión y, especialmente, en el relativo a la implantación en el extranjero de empresas españolas”. En esta línea el contrato añade que Pujol Jr. “dispone de conocimientos y experiencia específicas en relación a México, país en el que ha mantenido extensas e intensas relaciones comerciales con diversas empresas e instituciones locales” y agrega que “EMTE tiene interés en iniciar contactos y explorar la posibilidad de implantarse en el mercado mexicano para llevar a cabo una parte de sus actividades, especialmente las que realiza la unidad de negocio de Sistemas y Tecnología”.

El contrato llega a desglosar las partidas a las que se habrían dedicado los 132.800 euros: “121.800 euros corresponden a la dedicación de consultor senior de Pujol Ferrusola”, “8.500 euros a gastos de viajes a México”, “1.500 euros a desplazamientos y gastos de manutención en España” y otros “1.000 euros a gastos auxiliares”. En la documentación interna intervenida por Hacienda a Pujol Ferrusola y que obra en poder de la Audiencia Nacional, no existe ningún indicio de que estos servicios profesionales se llegaran a prestar.

La pista del clan Sumarroca

La Audiencia Nacional resolvió ayer mismo desestimar la petición de sobreseimiento de la familia Sumarroca ante el Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional con el siguiente argumento: “Los sucesivos escritos de los imputados, que aportan amplia documentación sobre las actuaciones llevadas a cabo en México de EMTE, de sus directivos y de sus filiales, describen en relación al ‘consultor’ actuaciones como realizar diagnósticos, evaluación de inversores, identificación de clientes, competidores, asesores locales, socios y empleados, definición de estrategias de implantación y despliegue, entre otras, sin que nada de ello ha sido aportado”. Salvo, precisa el juez, “correos electrónicos cuyo objeto era la preparación de un viaje a México”. Por todo ello concluye el instructor que sigue investigando si el contrato entre EMTE y Project Marketing Cat, SL, “fue la cobertura ficticia de los pagos efectivamente realizados”.

Con objeto de esclarecer esta operación, el juez ha emplazado al que fuera responsable de la Expansión Internacional de la familia Sumarroca, Marcelino Oreja Arburúa, para que declare como testigo el próximo 18 de septiembre. También requiere a la familia Sumarroca para que aporte “en el plazo de 10 días” aquellos “documentos e informes a que se refiere el contrato suscrito con la mercantil Project Marketing Cat, SL”.

Podemos ocultó el ‘pucherazo’ en Alicante y expedientó a los consejeros denunciantes

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La dirección de Podemos silenció durante tres meses el posible pucherazo en las primarias municipales de Alicante y lejos de investigar la posible manipulación del censo, abrió expediente a los denunciantes. Según ha podido confirmar EL ESPAÑOL, las primeras pruebas sobre las conversaciones que hablan de alterar el curso de las votaciones -y que ponen en cuestión el método empleado por la formación en toda España- fueron trasladadas de forma verbal a la dirección del partido el pasado mes de marzo. Sin embargo, la investigación oficial se abrió tres meses después, solo cuando las conversaciones saltaron a la prensa. 

Los ‘pisos francos’ de Podemos en Alicante 

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La dirección de Podemos silenció durante tres meses el posible pucherazo en las primarias municipales de Alicante y lejos de investigar la posible manipulación del censo, expedientó a los denunciantes. Según ha podido confirmar EL ESPAÑOL, las primeras pruebas sobre las conversaciones que hablan de alterar el curso de las votaciones -y que ponen en cuestión el método empleado por la formación en toda España- fueron trasladadas de forma verbal a la dirección del partido el pasado mes de marzo. Sin embargo, la investigación oficial sobre el caso se abrió tres meses después, solo cuando las conversaciones sobre el presunto amaño de las elecciones saltaron a la prensa.  

El pasado 21 de marzo, tres meses antes de que estallara el caso, Podemos realizó un encuentro intercomarcal de círculos en las instalaciones de la Universidad de Alicante. Y allí, miembros críticos de la candidatura Sí Se Puede -avalada por Pablo Iglesias- hicieron llegar de forma extraoficial su preocupación por la presunta manipulación del censo. El mensaje fue trasmitido directamente a Antonio Montiel, diputado autonómico y cabeza de lista de Podemos en la Comunidad Valenciana.

Según ha confirmado EL ESPAÑOL, Montiel recibió entonces y en los días posteriores -tanto por vía telefónica como por correo electrónico- explicaciones de cómo miembros de la candidatura oficialista habrían inscrito a familiares y amigos en direcciones ficticias de Alicante para recibir sus votos. Además, los consejeros críticos alertaron a Montiel de que -según su versión- los responsables del Consejo Ciudadano planeaban manipular las actas de sus reuniones e incumplir con ello los estatutos de Podemos.

Denuncias y castigo

La falta de investigación por parte de la dirección del partido -sumada a la confrontación con el resto de los consejeros por la forma de integrarse en la marca Guanyem- supuso la dimisión pública de cuatro miembros del Consejo Ciudadano de Alicante: Pau González, Juan Carlos Reoio, Magdalena Díaz y Jesús Naranjo, que fueron acusados por sus compañeros de filtrar información a la prensa. Los cuatro dejaron públicamente su cargo el pasado 3 de abril y una semana después explicaron sus razones en una asamblea local de Podemos.

Dos semanas más tarde, exactamente el 19 de abril de 2015 y tras la conversación con el líder autonómico de Podemos, el Consejo de Coordinación de la Comunidad Valenciana comunicó de forma oficial la apertura de un expediente sancionador. Pero los afectados no eran quienes intentaron inscribir a sus familiares en Alicante para recibir sus votos, sino quienes denunciaron a sus superiores el amaño.

El documento -enviado por la dirección del partido en la Comunidad Valenciana- abre un expediente sancionador a ocho personas. Ocho militantes de Podemos entre los que se encuentra la cabeza de lista de la candidatura crítica, Nerea Belmonte -actual concejala del ayuntamiento de Alicante- dos de sus compañeros y los cuatro miembros díscolos de la lista avalada por Pablo Iglesias en Alicante. El documento les sanciona entre otras cosas por criticar “abiertamente la gestión” del Consejo Ciudadano y por “realizar acusaciones, justificadas o no” contra ese organismo:

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La siguiente fecha clave es el pasado 17 de junio, cuando los miembros críticos con el Consejo Ciudadano hacen llegar el dossier completo de las conversaciones sobre el posible pucherazo a Llum Quiñonero, cabeza de lista de Podemos para las autonómicas en Alicante. Según ha confirmado EL ESPAÑOL, esta es la primera vez que los miembros de la directiva de Podemos tienen acceso a las conversaciones completas sobre el uso de “pisos francos” para las elecciones. El objetivo de la filtración, según fuentes cercanas a la misma, fue que los mensajes fueran elevados a la dirección del partido y trasladados a la Comisión de Garantías para su estudio, terminado ya el período electoral de las autonómicas. Pero tampoco sucedió.

Cuatro días después y ante el inmovilismo de la dirección del partido, las conversaciones vieron la luz en el diario Información. Acto seguido, los portavoces de Podemos se apresuraron a anunciar la apertura de un expediente sancionador contra 12 integrantes de la lista avalada por Pablo Iglesias para las primarias municipales. Entre ellos está el actual secretario general de Podemos en Alicante, Jesús Bustos y la parlamentaria autonómica Covadonga Peremach.

El anuncio se hizo en la sede de las Cortes Valencianas por boca de Antonio Montiel, que negó entonces conocer el posible amaño, pese a que había sido informado de forma textual tres meses antes. Además, la reunión real de la Comisión de Garantías se realizó casi dos semanas después del anuncio público; exactamente el 9 de julio, tal y como refleja el acta oficial del encuentro:

Rajoy sale del plasma

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Mariano Rajoy se renueva y cambia de estrategia corporativa. El presidente del Gobierno ha aprovechado el parón veraniego para salir a la calle, dejarse fotografiar con todo aquel que se lo pidiera y subir la instantánea a Twitter. La estrategia, según los expertos, podría llegar tarde.

Rajoy se baña en el río Umia. Rajoy manda mensajes por Twitter. Rajoy con ropa deportiva. Rajoy se toma una caña. El presidente del Gobierno ha aprovechado el parón veraniego para aplicarse a sí mismo la nueva estrategia de comunicación que el Partido Popular impuso tras el desastre electoral del 24 de mayo: acercándose al pueblo se gana popularidad.

El presidente del Gobierno ha salido del plasma en agosto para pasear, saludar y dejarse fotografiar con todo hijo de vecino en la recta final de la legislatura. La estrategia, sin embargo, podría ser demasiado artificial y no tener el efecto esperado. El politólogo Pablo Simón cree que la ‘operación cosmética’ a la que Génova ha sometido al presidente llega ya demasiado tarde para conseguir elevar algún punto la popularidad del “presidente peor valorado de la Democracia”. En la misma línea se muestra el consultor de comunicación Emilio Serrano, que ve este cambio en la actitud del presidente un poco forzada. “Puede pecar de que sea demasiado tarde y no sea coherente con la imagen que ha transmitido hasta ahora, que le reste autenticidad al mensaje”.

El asesor político Antoni Gutiérrez-Rubí se muestra más optimista y da un voto de confianza al presidente: “Para cambiar a mejor nunca es tarde”, comenta. Por su parte, el profesor Guillermo López está seguro de que, aunque no sirva para mucho, “puede movilizar a algún votante del PP de toda la vida enfadado con la política mantenida hasta ahora”.

El salto de los partidos emergentes a la vida municipal y autonómica, una conquista conseguida en gran medida por el papel activo de sus protagonistas en los medios de comunicación, fue el detonante para que algunos barones del PP alertaran en Génova de que el Ejecutivo sufría graves problemas de comunicación que había que solventar ya si no querían perder las elecciones generales. Se quejaban amargamente de la estrategia de comunicación del inquilino de La Moncloa, aficionado a atender a la prensa a través de un plasma.

“Con las elecciones a la vuelta, es difícil de creer”

Mariano Rajoy ha entendido que si consigue ser un presidente más cercano y más activo en redes sociales, sin rendir cuentas sobre la corrupción que ha enfangado su partido, podría ganar puntos de popularidad en unos tiempos muy ingratos para ser político. Sin embargo, ¿tiene sentido esta estrategia de esquivar las preguntas sobre corrupción y limitarse a sacar pecho de la recuperación económica y acercarse al pueblo? Para Serrano, “un Gobierno tiene que comunicar lo que hace constantemente, desde el principio hasta el final de la legislatura. Ahora, con las elecciones generales a la vuelta de la esquina, es difícil de creer”.

La única manera de que esta metamorfosis tenga efecto real es “a través del efecto multiplicador que tiene en los medios de comunicación de masas convencional. Que se haga un selfie y lo suba a Twitter es irrelevante, pero si esa fotografía sale en la televisión o en los periódicos puede tener algún efecto”, añade Simón. “Su nivel de popularidad es tan extremadamente bajo que cualquier subida siempre será positiva”, matiza. Por su parte, González-Rubí considera que “esta rectificación ya es una corrección”. Otra cosa es que “ese cambio sea valorado por los electores”. Para López, este cambio radical tiene sentido en clave interna “para que su partido vea que se mueve y que está haciendo algo para cambiar los errores del pasado”.

El jefe del Ejecutivo pinchó su burbuja este martes al mediodía, cuando se hizo un receso en el Parlamento y Rajoy salió para comer en una cervecería cercana, en el madrileño barrio de Las Letras. Lo hizo a pie, en compañía de sus colaboradores más cercanos: la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría; el ministro de Sanidad, Alfonso Alonso; el director de Gabinete del presidente, Jorge Moragas; y el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón. Era otro gesto más de la imagen campechana que quieren vender del presidente.

La anécdota del día la protagonizó al cruzar la carrera de San Jerónimo. Rajoy se encontró con el campeón de biketrial Alan Rovira, un chaval que un 18 de agosto a las tres del mediodía estaba, con bicicleta incluida, en las inmediaciones del Congreso de los Diputados. Apenas fueron “unos segundos”, como el muchacho contó en su cuenta personal de Twitter. Unos segundos que el equipo de Moncloa también inmortalizó y después lo difundió a través de las redes sociales del presidente. El propio Rajoy escribió un mensaje al joven, que decía textualmente: “¡Eres un crack!”. Un mensaje nada común en el time line del presidente.

Rajoy sigue distante con los periodistas

El nuevo Rajoy informal que nació el martes choca frontalmente con el Rajoy serio y distante que se cruzó con los periodistas que cubrían el monográfico sobre Grecia ese mismo día. Hasta en cuatro ocasiones se rodeó al presidente del Gobierno de micrófonos y grabadoras y las cuatro veces contestó lo mismo: nada. Era la primera vez que volvía al Parlamento desde que el último Consejo de Ministros celebrado el 31 de julio nombrase a José Ignacio Wert nuevo embajador jefe de la delegación permanente de España ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en París.

El premio del Gobierno al ministro de Educación peor valorado de la Democracia no es el único asunto que dejó sin responder el presidente en los pasillos del Congreso. En agosto se ha filtrado la reunión que Jorge Fernández Díaz mantuvo con el exvicepresidente Rodrigo Rato en la sede del Ministerio. El propio ministro del Interior rindió cuentas ante la Comisión de Interior del Congreso en una comparecencia que arrojó más sombras que luces. Sin embargo, el presidente contestó con un “buenas tardes” cuando los periodistas le preguntaban sobre el polémico asunto.

La excusa que el equipo de Rajoy puso a las evasivas del presidente era que el Pleno del Congreso se reunía para votar el tercer rescate griego y si se metía en harina en otros temas se quitaba protagonismo al tema europeo. El presidente, advertían, viajaría al día siguiente a Galicia y allí haría unas declaraciones en una visita oficial a las obras del AVE.

Dicho y hecho. El miércoles hubo delante de las cámaras apretón de manos a los trabajadores del ferrocarril, visita guiada por las obras con casco incluido y más instantáneas que se subían a las redes sociales. Se convocó una rueda de prensa posterior en la que el presidente solo contestó a cinco preguntas, ninguna relacionada con la reunión de Rato y Fernández Díaz. De ahí se fue, acompañado de la ministra Ana Pastor y de la diputada Ana Vázquez, a dar un paseo por Celanova, donde siguió haciéndose selfies y estrechaba la mano a los paisanos del pueblo. La cuenta personal de Twitter del presidente seguía subiendo fotos que eran retuietadas por decenas de personas.

En La Moncloa, desde donde se coordina la campaña de las elecciones generales de finales de año, “la única estrategia que tienen para subir algún punto la popularidad de Rajoy son los gestos”, argumenta Simón. Sin embargo, “el efecto es muy limitado” porque “está muy forzado, parece impuesto”, concluye. ¿Conseguirá Mariano Rajoy convencer a su electorado con este nueva imagen?