El senador imputado de Bildu sobre Hipercor: “La policía se negó a desalojar”

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Al igual que muchos de sus colegas de Bildu, Goioaga nunca ha condenado el terrorismo de ETA. Su discurso apenas se ha movido desde el inicio de la Transición. Esa actitud quedó clara durante un coloquio que se celebró el 10 de febrero en el Teatro del Barrio.

Iñaki Goioaga ejerció durante años como abogado de varios presos de ETA e ingresó en prisión en 2009 acusado de ayudar a fugarse a dos presos de la banda en un plan disparatado que incluía un helicóptero y pretendía llegar a Portugal. Ni siquiera pasó dos años en la cárcel. Salió después de pagar una fianza de 60.000 euros y fue elegido senador por designación autonómica en enero de 2013.

El Supremo anunció este miércoles que abrirá una causa contra Goioaga a petición de la Audiencia Nacional, cuyo juez Eloy Velasco llegó a la conclusión de que aprovechaba su condición de abogado para mantener controlados a los presos de ETA y difundir sus consignas en prisión.

No se trata de una acusación nueva. José Miguel Latasa Getaria –que ayudó a su colega Kubati a asesinar a la ex etarra Yoyes en 1986 y luego fue expulsado de ETA por buscar la reinserción ocho años después– la formuló en esta entrada de su blog Arabatik:

Desde que entré en la cárcel ya me pusieron al día que era él, el abogado de Gestoras que mandaba en el colectivo. Después, con el tiempo, ya fui viéndolo con mis ojos que este elemento era quien movía los hilos entre los presos y ETA. El venía con las órdenes concretas, quien, al menos conmigo, Kubati y alguno más decía cuándo había que hacer huelga de hambre ; plante o las dos cosas y se permitía , incluso en el ínterin, decirnos que tenía esa noche sidrería. Su chulería sobrepasaba los límites de lo normal.

Hoy Goioaga es senador y sólo puede juzgarle el Tribunal Supremo. Así cabe explicar la exposición razonada que el juez Eloy Velasco envió desde la Audiencia Nacional al alto tribunal, que ahora abre una causa que podría desembocar en su imputación por los delitos de pertenencia a organización terrorista, financiación de terrorismo, blanco de capitales y fraude a la Seguridad Social.

Al igual que muchos de sus colegas de Bildu, Goioaga nunca ha condenado el terrorismo de ETA. Su discurso apenas se ha movido desde el inicio de la Transición. Esa actitud quedó clara durante un coloquio que se celebró el 10 de febrero en el Teatro del Barrio y sobre el que escribimos aquí.

Se trataba de glosar la obra Las guerras correctas, que retrata la entrevista que Iñaki Gabilondo le hizo a Felipe González en los tiempos de la ofensiva judicial para esclarecer los crímenes de los GAL. Acompañaban al senador el periodista Pedro J. Ramírez y la jurista Manuela Carmena, que por entonces no había anunciado su candidatura a la alcaldía de Madrid.

La impunidad fue uno de los asuntos clave del coloquio, que se puede ver entero aquí. La impunidad de los GAL y la de muchos crímenes de ETA que quedaron por esclarecer.

Los tres invitados criticaron el enjuague que propició los indultos de Rafael Vera y José Barrionuevo. Pero Goioaga se desmarcó de los demás al hablar del atentado de Hipercor, en el que fueron asesinadas 21 personas el 19 de junio de 1987. “Fue un resultado terrible y no deseado”, dijo el senador de Bildu. “Se fue a hacer un desalojo dos horas antes de que estallaran los coches bomba y el director y el comisario Francisco Álvarez se negaron y dijeron que era una falsa alarma. Se podría haber evitado. Quién colocó el coche bomba está claro. Pero la verdad es amplia y tiene muchos parámetros”.

Las palabras del senador suscitaron estupor entre los presentes. “¡No, si será culpa de las víctimas!”, gritó desde la quinta fila David Moreno, que se definió como una persona que “cree en la democracia” en su presentación. “La verdad no tiene muchos parámetros sino muchas excusas. Excusas para matar a niños y a embarazadas como hizo ETA”.

Sobre el escenario retomó el asunto Pedro J. Ramírez, que matiza las palabras de otro espectador: “Aquel día ETA no envió el coche bomba para matar a la gente de Hipercor. Pero expresó tal desprecio por las personas estaban en Hipercor que arriesgó sus vidas dejándolas al albur de una situación límite que ellos mismos habían creado. Responsabilizar luego al mal funcionamiento de las autoridades es una vileza. La responsabilidad es de ETA y de nadie más”.

“Jamás un Estado se va a juzgar a sí mismo”, dijo Goioaga al hablar de la violencia policial en el País Vasco. “Ahora los condenados por terrorismo no pueden ser maestros. Pero sí pueden el violador, el pederasta, el pedófilo y el de la violencia de género. ¡Eso es no creer en la reinserción!”.

Hubo otro espectador que le reprochó al senador sus palabras sobre el atentado de Barcelona: “Cuando un tipo llega a Hipercor y deja un coche cargado de explosivos, no viene a regalar bombones”. La respuesta fue muy similar:

ETA hizo autocrítica con el tema de Hipercor. Fue la primera vez en que yo vi a dos personas pedir perdón a los familiares. En Hipercor está condenado el Estado y eso fue un error. Cualquier daño es inadmisible. Otra cuestión es qué se produce y habrá que ver las causas. El que efectúa el daño quizá es porque no tenía otras salidas. Yo me alegro de que seas español. El problema es que los planteamientos de españolidad no se imponen y la pregunta es si hay o no la suficiente libertad para que todas las opciones se puedan expresar con claridad. Sentimos la necesidad de una segunda Transición y de la depuración de los cuerpos franquistas. En 1975 me detuvo la Brigada Político-Social y dos años después me detuvieron los mismos policías, que me dijeron que se habían convertido en demócratas. Es fundamental el reconocimiento del daño. Se ha producido ese daño y el problema es que el Estado no reconoce el daño y tampoco la existencia de víctimas. Colocan árboles con el nombre de su familiar fallecido y la Guardia Civil los arranca. En esos parámetros no hay resolución posible de un conflicto que no se reconoce que existe y que ha generado mucho sufrimiento en el Euskal Herria y en el Estado español. 

Más de 60 tomos, 105 declaraciones y 300 horas de escuchas: guía para no perderse en la trama Púnica

Granados

¿Cómo arranca la investigación? ¿Cuáles son las principales líneas abiertas? ¿Quiénes son los cabecillas? ¿Cómo funcionaban? ¿Hay más imputados de relevancia? ¿Cómo operaban? ¿Qué consecuencias ha tenido el desmantelamiento de esta red? ¿En qué momento está la investigación? Lea esta guía básica para no perderse en la Operación Púnica.

¿Cómo arranca la investigación?

La Operación Púnica nace oficialmente el 24 de diciembre de 2013, cuando la Fiscalía suiza alerta a la española de un posible delito de blanqueo de dinero, cometido presuntamente por el empresario David Marjaliza y el ex consejero de Presidencia y Justicia de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados. Suiza alerta de que ambos fueron poseedores de varias cuentas bancarias en el país helvético y el caso -al ser un presunto delito cometido en suelo extranjero- pasa a la Audiencia Nacional.

La llegada de la documentación suiza supuso la apertura de las Diligencias de Investigación nº2/2014 de la Fiscalía Anticorrupción, que el 1 de febrero de 2014 confía las pesquisas a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Son sus agentes quienes bautizan la investigación como Operación Púnica, en referencia al apellido en latín del principal imputado, Granados. Sin embargo, en la Audiencia Nacional el caso recibe el nombre de Diligencias Previas nº 85/2014 y, tras pasar a reparto, recae el 13 de junio de 2014 en manos del juez Eloy Velasco, que lo declara secreto.

El 27 de octubre de 2014, casi un año después del inicio de las investigaciones,  la Guardia Civil realiza las primeras detenciones. Los agentes arrestan en Madrid, León, Valencia y Murcia a 51 políticos, funcionarios y empresarios por su supuesta implicación en una trama de corrupción a nivel local y regional. Los implicados supuestamente adjudicaban servicios públicos a cambio de comisiones ilegales que después eran blanqueadas a través de un entramado societario. Se calcula que, en solo dos años, la trama se hizo con adjudicaciones valoradas en 260 millones de euros.

A día de hoy,  ya hay un centenar de implicados en la causa, que sigue abierta.

¿Cuáles son las principales líneas de investigación?

Las pesquisas de la Audiencia Nacional se dividen en dos grandes bloques. Por un lado, los agentes investigan el presunto amaño de concursos públicos para beneficiar a empresas privadas. La Guardia Civil estima en 260 millones de euros el posible beneficio para los empresarios implicados. Como principal beneficiada, los informes policiales colocan a la empresa gala Cofely, especializada en programas de eficiencia energética. Según la tesis policial, la multinacional pudo captar hasta 160 millones de euros en contratos amañados, tanto de ayuntamientos como de gobiernos autonómicos y provinciales.

El segundo gran bloque trata de esclarecer si altos responsables de la Comunidad de Madrid utilizaron empresas intermediarias -principalmente la tecnológica Indra- para abonar servicios personales o del Partido Popular de Madrid. Este segundo bloque es mucho menor en cuantía que el primero, y se basa en testimonios como el del empresario Alejandro de Pedro y el ex jefe de Informática de la Comunidad de Madrid, José Martínez Nicolás. Los dos declararon ante el juez que Salvador Victoria, ex consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, ordenó a la multinacional Indra abonar 130.000 euros a tres empresas distintas por servicios que en realidad pertenecían a altos cargos del PP de Madrid.

¿Quiénes son los cabecillas?

Francisco Granados. Quien fuera ‘número dos’ en el Gobierno de la Comunidad de Madrid cuando la dirigía Esperanza Aguirre sigue en prisión incondicional desde el 27 de octubre. Dejó la política ocho meses antes, cuando se supo que disponía de una cuenta en Suiza que ascendía a 1,5 millones de euros. Al ex alcalde de Valdemoro y ex consejero de Presidencia y Justicia del Ejecutivo madrileño se le coloca en el epicentro de la trama como el ‘cerebroque tejió la red corrupta.

David Marjaliza. El empresario es amigo de Francisco Granados desde la infancia y consiguió adjudicaciones millonarias de contratos públicos en varios municipios de la Comunidad de Madrid, sobre todo en Valdemoro, municipio donde Granados fue alcalde. Encabeza un complejo entramado empresarial dedicado a un amplio abanico de sectores de negocio, la mayor parte de ellos vinculados a actuaciones administrativas como promociones urbanísticas, contratos públicos o concesiones administrativas. 

¿Hay otros imputados de relevancia?

Salvador Victoria. Es el cargo público con más responsabilidad implicado en la trama. El ex consejero de Presidencia, Justicia y portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid en la pasada legislatura fue citado por el juez en calidad de imputado para declarar por supuestos delitos de corrupción. El político dimitió tras su implicación y se negó a declarar ante el juez, que le retiró el pasaporte como medida cautelar para que no abandone el país. Se le imputan cuatro delitos: prevaricación, cohecho, fraude y malversación de caudales públicos.

Lucía Figar. La ex consejera de Educación de la Comunidad de Madrid contrató los servicios de EICO para mejorar su imagen en Internet y la Policía cree que se pagó con dinero público. Aunque permanece imputada, el juez no ha acordado ninguna medida cautelar contra ella. Dimitió el mismo día que Salvador Victoria para no perjudicar la investidura de Cristina Cifuentes, que dependía de Ciudadanos para poder ser presidenta de la Comunidad de Madrid.

Alejandro de Pedro. Es el director general de la empresa Estrategia de Identidad y Comunicación Online (EICO), encargada de gestionar perfiles de políticos en Internet y de crear páginas web propagandísticas sobre su gestión. Con sede en Valencia, el implicado, en libertad sin cargos, ha hecho trabajos para Juan Cotino, ex presidente de las Cortes Valencianas; para la Diputación de León y altos cargos de la Comunidad de Madrid, como Figar y Victoria. También parece que tenía una gran influencia en Génova y confesó que hizo trabajos de reputación para Ana Botella por mediación de Eduardo Zaplana.

Alcaldes. Los servicios de reputación que ofrecía Alejandro de Pedro con dos empresas, Eico y Madiva, supuestamente se pagaban con fondos públicos de los ayuntamientos donde gobernaban los políticos implicados en procedimientos supuestamente corruptos. De momento, hay seis alcaldes de la Comunidad de Madrid implicados en la trama (los de Parla, Valdemoro, Torrejón de Velasco, Casarrubuelos, Collado Villalba y Serranillos del Valle); el secretario del Instituto de Turismo de la región de Murcia; el ex alcalde de Cartagena, José Antonio Alonso, y el presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez Barazón.

Altos directivos. En el listado de imputados en esta trama corrupta figura el nombre del actual consejero delegado de Indra, Javier de Andrés González y un promotor inmobiliario vinculado a Granados y Marjaliza, Ramiro Cid. En la primera fase de la operación fueron detenidos cuatro altos cargos de Cofely: su director general en España, Didier Maurice y el director comercial, Constantino Álvarez de la Cueva, aunque el asunto parece que va más arriba. Su director general de Servicios, Xavier Susan Mir, también está imputado. Al administrador único de otra empresa implicada en la red, Waiter Music, José Luis Huerta Valbuena, se le impuso la mayor de las fianzas para eludir la prisión: 300.000 euros.

¿Cómo trabajaba la Púnica?

En líneas generales, Granados y Marjaliza utilizaban su influencia para conseguir comisiones por diferentes frentes, todos cercanos a la política. La trama facilitaba contratos públicos a empresarios afines a través de tres cauces distintos: reputación online, eficiencia energética y actividades musicales.

La compañía a la que más contratos públicos le llovió gracias a su afinidad con los cabecillas de Púnica fue la francesa Cofely, que se hizo con muchos de los contratos de eficiencia energética que ofertaban municipios de la Comunidad de Madrid. Hay funcionarios de algunas localidades investigadas que han confesado ante el juez Velasco que recibían órdenes de la multinacional energética para confeccionar el pliego de condiciones de la adjudicación pública a imagen y semejanza de sus condiciones. Por eso ninguna otra gran compañía conseguía arrebatarle ni un solo contrato.

El empresario Alejandro de Pedro es el propietario de dos de las empresas investigadas por la trama: Eico y Madiva. Las entidades, que compartían la misma sede en Valencia, trabajaban para mejorar a través de Internet la imagen de los candidatos populares las semanas previas a las elecciones municipales. También se crearon páginas web zombis con noticias positivas de sus clientes para contrarrestar las noticias negativas y perfiles en Twitter falsos para hacer propaganda a sus clientes. Se sabe que el valenciano trabajó para altos cargos de la Comunidad de Madrid, como Salvador Victoria y Lucía Figar, y otros destacados miembros del PP de la Comunidad Valenciana, como Juan Cotino. De Pedro ayudó también a otros candidatos populares de la región a posicionarse en la red de cara a las elecciones municipales y autonómicas. Además, confesó ante el juez que Indra le pagó 10.000 euros en metálico por un trabajo hecho a la Comunidad de Madrid.

En León, el juez Velasco sospecha que el que fuera presidente de la Diputación, Marcos Martínez, intentó amañar contratos vinculados a la estación de esquí de San Isidro a cambio de ganar influencia en Génova. Su intención era hacerse con el control del PP de León. Durante el interrogatorio, el popular reconoce tratos directos con Alejandro de Pedro pero, sin embargo, asegura que fue su predecesora, la fallecida Isabel Carrasco, quien lo introdujo en la Diputación leonesa.

El juez también detuvo en el marco de esta operación a José Antonio Alonso, ex alcalde socialista de Cartagena (Murcia) por participar, junto a De Pedro, en la estrategia de mejorar la reputación de altos cargos públicos.

¿Ha tenido el caso consecuencias políticas?

Tras las detenciones llegaron las dimisiones. Los seis alcaldes de la Comunidad de Madrid detenidos dejaron sus puestos al frente de sus respectivos ayuntamientos: Parla (PSOE), Collado Villalba (PP), Casarrubielos (PP), Valdemoro (PP), Torrejón de Velasco (PP) y Serranillo del Valle (PP).

Las dos personas con más relevancia pública que dimitieron tras el escándalo fueron Salvador Victoria y Lucía Figar, ambos consejeros de la Comunidad de Madrid durante la legislatura pasada. Su imputación saltó en plena negociación de la investidura de Cristina Cifuentes. Ciudadanos pidió sus cabezas a cambio de permitir que el PP se hiciera con la presidencia de la región.

También dimitieron tras su imputación el consejero de Industria y Turismo de Murcia, Juan Carlos Ruiz; el consejero delegado de la Agencia Informática de la Comunidad de Madrid, José Martínez Nicolás, el alcalde de Castellón, Alfonso Bataller y el presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez.

¿En qué momento está la investigación?

David Marjaliza ha pactado con la Fiscalía rebajar su pena si colabora con la Justicia. El empresario habría revelado ante el juez Eloy Velasco el nombre de más municipios que amañaron contratos con la red. El empresario también habría dado el nombre de los políticos que habrían colaborado con la trama y que, hasta ahora, aún están al margen de la Operación. En una de sus declaraciones, Marjaliza involucró a tres aforados de la Comunidad de Madrid: Jaime González Taboada, consejero en el Gobierno de Cristina Cifuentes; Bartolomé González, número 11 en la misma candidatura; y Eva Borox, la número 3 en la lista regional por Ciudadanos.

De momento, las 105 declaraciones que el juez Eloy Velasco ha recopilado en la Audiencia Nacional conforman ya un sumario de 60 tomos y 300 horas de grabaciones. Las indagaciones realizadas han permitido descubrir una trama que, sacando provecho de relaciones personales e influencias políticas, han logrado obtener de manera irregular la adjudicación de contratos públicos, aprovechamientos urbanísticos o gestiones de cualquier tipo que, dependiendo de autoridades públicas, actuaban en beneficio de las personas físicas y jurídicas que forman parte de la trama.

A corto plazo, se espera que el juez levante el secreto de sumario de los pinchazos telefónicos de los principales imputados en la causa y escuchar de su propia voz cómo amañaban las adjudicaciones públicas.

Además, en EL ESPAÑOL:

Swat: la empresa a la que Indra debía pagar 90.000 euros por Púnica está vinculada a Gürtel

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Swat, una compañía que se coordinó con la trama Gürtel para acceder a contratos públicos sin que salieran a concurso, aparece en la Operación Púnica. El ex consejero delegado de ICM, José Martínez Nicolás, declaró ante el juez que Salvador Victoria le presionó para que Indra abonase 90.000 euros a esta empresa por trabajos que en realidad se hicieron a altos cargos del PP de Madrid. 

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Salvador Victoria, ex ‘número dos’ de la Comunidad de Madrid, junto con el ex presidente Ignacio González.

José Martínez Nicolás, consejero delegado de la Agencia de Comunicación de la Comunidad de Madrid (ICM), fue la persona que describió ante el juez Eloy Velasco las presiones que el ex consejero de Presidencia y Justicia, Salvador Victoria, ejercía para que Indra pagase al menos a tres firmas de la trama Púnica. Una de las empresas, la de Alejandro de Pedro, cobró 20.000 euros en b. Pero el caso estalló y todo apunta a que la tecnológica dejó sin abonar los otros dos recibos que le exigía Victoria: 20.000 euros más para Demométrica, contratada previamente por Sanidad para hacer un escuálido informe con 53 clases de alimentos distintos; y 90.000 euros para Swat SL, una consultora que en el pasado estuvo coordinada con Gürtel para acceder a contratos públicos sin que salieran a concurso.

Miguel Ángel de la Fuente, dueño de Demométrica, contó al juez Velasco que su empresa diseña desde 2012 encuestas de intención de voto para el PP de Madrid. Sin embargo, el encargo nunca procedía de Génova. Era Swat, la compañía que saltó a la opinión pública cuando estalló el caso Gürtel, la que contrataba sus servicios. Según la investigación que abrió el magistrado Antonio Pedreira, esta empresa daba instrucciones detalladas al Ayuntamiento de Majadahonda sobre cómo debían fragmentarse contratos para poder repartir adjudicaciones a dedo sin tener que convocar un concurso público.

Ante el interrogatorio del juez Velasco, De la Fuente confesó en sede judicial que mantuvo contacto con altos dirigentes del Partido Popular de Madrid. “Hablábamos con Francisco Granados, que era el secretario general del partido y, después, tuvimos relación con Borja Sarasola”. El ex consejero de Medio Ambiente, que iba en el puesto número 12 en las listas de Cristina Cifuentes a la Comunidad de Madrid, fue llamado a declarar por el juez el 26 de mayo, solo 48 horas después de que se celebrasen las elecciones que dio la victoria a la popular gracias al apoyo de Ciudadanos y su compromiso a que ningún imputado por corrupción ocuparía un escaño en el Parlamento regional.

La citación estaba convocada para el 15 de junio, pero fue desconvocada días después de que Sarasola fuera elegido diputado y, por tanto, pasara a ser aforado. El propio Sarasola renunció a su escaño voluntariamente a principios de julio, por lo que perdía su condición de aforado. Desde entonces, Velasco no ha solicitado todavía su comparecencia.

El juez quiso saber también si Salvador Victoria intermedió en la confección de las encuestas de intención de voto que Swat encargaba a Demométrica. De la Fuente respondió que tuvo una única reunión con el ex ‘número dos’ de la Comunidad de Madrid, a petición del político. “Me llamó al despacho un día. Quería saber cómo iban los resultados de la encuesta, pero me tuve que callar, porque no tenía por qué saberlo”, confesó en su declaración.

La sombra de la corrupción persigue a esta compañía dirigida por Juan Miguel Madoz desde hace quince años. José Luis Peñas, el ex concejal del PP de Majadahonda que denunció la trama de corrupción liderada por Francisco Correa, remitió unos correos electrónicos al entonces instructor del caso, Antonio Pedreira, en los que se demostraba que entre Swat y la trama había una perfecta coordinación, como describió en su día el diario Público. En los emails, fechados en 2001, uno de los directivos de la empresa indicaba las empresas que debían recibir una determinada adjudicación a la jefa de gabinete del alcalde de Majadahonda, Carmen Rodríguez, mujer de Correa.

El ex consejero delegado de la Agencia Informática y de Comunicaciones, José Martínez Nicolás, confesó ante el juez de la Operación Púnica que en septiembre Indra no había pagado ni un solo euro a ninguna de las tres empresas apuntadas por Salvador Victoria. Un mes antes de que estallara el caso en el que ya se ha imputado a un centenar de personas, el ex consejero de Presidencia le convocó en su despacho para recriminarle el impago de Indra. Días después, Alejandro de Pedro le anunció vía WhatsApp que una parte de la deuda había sido saldada.

Las grabaciones de la Púnica: “Salvador Victoria me echó la bronca porque Indra no pagaba”

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El ex jefe de Informática Comunidad de Madrid (ICM), José Martínez Nicolás, fue el primero en tirar de la manta en la Operación Púnica. En su segunda declaración judicial señaló directamente a Salvador Victoria, entonces consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, como la persona que ordenó el pago de 130.000 euros por parte de la multinacional Indra para abonar servicios que realmente pertenecían a altos cargos del PP de Madrid. Escuche algunos fragmentos de su declaración.

En la imagen, Salvador Victoria e Ignacio González.

El ex jefe de Informática Comunidad de Madrid (ICM), José Martínez Nicolás, fue el primero en tirar de la manta en la Operación Púnica. Y relató ante el juez Eloy Velasco con todo lujo de detalles el ‘modus operandi’ que utilizaba la Comunidad de Madrid para pagar a empresarios vinculados con el Partido Popular a través de terceros. En su segunda declaración judicial -ocurrida el pasado 13 de febrero y a cuyo audio ha tenido acceso EL ESPAÑOL- Martínez Nicolás señaló directamente a Salvador Victoria, entonces consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, como la persona que ordenó el pago de 130.000 euros por parte de la multinacional Indra para abonar servicios que realmente pertenecían a altos cargos del PP de Madrid.

 

Según el testimonio del declarante,  Salvador Victoria le ordenó en junio de 2014 que llamase a Indra para que abonase 20.000  euros al empresario Alejandro de Pedro; le diera otros 20.000 a Miguel Ángel de la Fuente y entregase 90.000 más a “un tal Juanjo”, todavía sin identificar.

Dinero en sobres

Al ex consejero delegado de la Agencia Informática y de Comunicaciones le consta que la tecnológica abonó el dinero que dijo Victoria a De Pedro. Sin embargo, José Martínez no puede confirmar si los otros dos empresarios apuntados en la contabilidad B de la Comunidad de Madrid recibieron el dinero de la tecnológica. “El pálpito que tengo es que a Indra no le gustó esto. Salta la operación y paran. Es una especulación”, reconoció el ingeniero al juez.

Según la versión que mantiene el ex jefe informático de Madrid, en septiembre aún no se había efectuado ningún pago y Salvador Victoria se enfadó. Un mes antes de que estallara el caso en el que ya se ha imputado a un centenar de personas, el ex consejero de Presidencia le convocó en su despacho para recriminarle que Indra todavía no había abonado las facturas a uno de los conseguidores de la trama, Alejandro de Pedro. “Me echó la bronca. Me dijo que Indra aún no había pagado y que Alejandro de Pedro le llamaba todos los días”.

En el transcurso de aquella reunión, Victoria telefoneó al consejero delegado de Indra, Javier de Andrés, “no para presionar, sino para quejarse” del retraso de los pagos. Tras el encuentro, el ex directivo de ICM se puso en contacto con Santiago Roura, director general de Indra, para hacerle llegar el cabreo monumental de la mano derecha de Ignacio González. “Mi jefe está enfadado”, le dijo. Las presiones surgieron efecto. Una semana después, Alejandro de Pedro le comunicó vía mensaje “que ya había cobrado y que había que ir a por lo que falta”.

En busca de “El Molécula”

En la declaración, Martínez reconoce al juez que Roura le pidió “en algún momento” el teléfono del segundo empresario al que había que pagar la factura, Miguel Ángel de la Fuente, consejero delegado de Demométrica. “Yo se lo pedí a Salvador Victoria, le dijo a su secretaria que me lo diera y yo se lo facilité a Roura”. También le pidió el contacto de una tercera persona, “el molécula. Pensé que era Alejandro de Pedro. Y aquí termina la historia”, apunta al magistrado.

El juez Velasco, que intentó averiguar sin éxito a través de la declaración del informático “por qué tenía que pagar Indra” esos servicios, le dijo que fue el propio Santiago Roura quien declaró en sede judicial “haber sufrido presiones por su parte para que hiciera pagos a Alejandro de Pedro” pero que le “era imposible. Él lo quería contratar, pero no pagarle”. Una declaración “falsa”, según Martínez Nicolás, que dijo al magistrado que el trabajador de Indra “está mintiendo”.

Reunión entre Indra e Ignacio González

Martínez Nicolás apuntó también otro matiz: el presidente de Indra, Javier Monzón, se reunió “meses atrás” con Ignacio González, aunque no deja claro si el máximo mandatario de la tecnológica autorizó a la Comunidad de Madrid a que su empresa sirviera para pagar en B la mejora de la imagen del entonces presidente de la Comunidad de Madrid.

El informático describió durante unos minutos al juez la estrecha relación que tradicionalmente mantienen las compañías con las administraciones públicas. “Es bastante normal que las empresas apoyen a la Comunidad de Madrid en eventos y actos”. Según Martínez Nicolás, los únicos intermediarios del Ejecutivo madrileño con Indra y los empresarios involucrados son él mismo y Salvador Victoria, a quien el juez ya ha retirado el pasaporte tras imputarle los delitos de prevaricación, cohecho, fraude y malversación de caudales públicos.

Las extrañas maniobras del consejero de Cristina Cifuentes

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Jaime González Taboada, consejero de la Comunidad de Madrid se presentó “por sorpresa” en un Comité Ejecutivo del PP de Hoyo de Manzanares, convocado para discutir por qué no se concedió un contrato de dudosa legalidad a una empresa vinculada a Púnica. El alcalde le defiende: “Vino como representante legal de Génova”. Sin embargo, cuatro miembros presentes en el Comité alegan que les quiso convencer de que “la eficiencia energética es buena para el pueblo”.

En la imagen, Jaime González Taboada el día de su toma de posesión.

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González Taboada el día de su toma de posesión. Al fondo, la presidenta Cifuentes y la consejera Hidalgo.

La Operación Púnica ha desvelado que tras muchos contratos de gestión de eficiencia energética municipal se escondía una auténtica trama de corrupción perfectamente orquestada entre políticos y empresarios para conseguir adjudicaciones a cambio de comisiones.

En Hoyo de Manzanares, una localidad situada al noroeste de Madrid donde el PP gozaba de mayoría absoluta en la legislatura pasada, se votó en contra de la clasificación que daba como vencedor a Dalkia, una empresa vinculada a Cofely, la compañía señalada como el ‘cerebro’ de la trama. El municipio se libró de aquella adjudicación gracias al voto díscolo de un concejal popular, que se estudió previamente las condiciones presentadas por la empresa y encontró numerosas irregularidades en la forma que querían adjudicar un megacontrato de 4,7 millones de euros para quince años.

Tres semanas después de que se celebrase el Pleno que tumbó las intenciones del Ejecutivo local, el alcalde José Ramón Regueiras convocó un Comité Ejecutivo para analizar el voto en contra del concejal Álvaro González del Castillo. La sorpresa de la tarde fue la aparición en aquella reunión del ahora consejero de la Comunidad de Madrid, Jaime González Taboada, entonces director general de Cooperación con la Administración Local de la región, junto con su mano derecha, David Santos Baeza y una tercera persona.

Cuatro de los diecinueve miembros del Comité Ejecutivo presentes en aquella reunión, José García Blanco (ex alcalde del municipio), Javier de Orduña, Mariluz Martínez y Álvaro González del Castillo, aseguran a EL ESPAÑOL que el actual consejero de Medio Ambiente de Cristina Cifuentes les quería convencer “de que la eficiencia energética es buena para el pueblo”.

Su obsesión por aprobar en un futuro Pleno aquella adjudicación llegó a tal punto que, según las mismas fuentes, el consejero se llevó una carpeta con la documentación sobre la polémica adjudicación “para que los servicios jurídicos del Partido Popular realicen un informe y se demuestre la legalidad” del archivo presentado. González Taboada se comprometió a devolver aquel documento que validara la legalidad del contrato de eficiencia energética en dos semanas. Justo cuando cumplía el plazo, se produjeron las primeras detenciones por la Operación Púnica. “Nunca lo envió”, recalcan.

Taboada se comprometió a diseñar “una encuesta”

El testimonio del alcalde José Ramón Regueiras, presente también en ese Comité Ejecutivo, dista radicalmente de lo que denuncian sus compañeros. Según la versión que narra el primer mandatario municipal a este diario, González Taboada estuvo presente como “representante legal de Génova”, pero “en ningún caso” intermedió en la tensa discusión que el Comité mantuvo por el voto en contra del concejal popular al megacontrato de eficiencia energética que se quería conceder a Dalkia.

Sí reconoce que el actual consejero, a quien el empresario David Marjaliza implicó ante el juez Eloy Velasco en Púnica, se comprometió en el Comité a “encargar una encuesta política y de intención de voto en el municipio”. Otra coincidencia más entre el polémico contrato de Hoyo del Manzanares y la trama de corrupción que ya implica a un centenar de personas.

En una resolución fechada el 23 de abril, el juez Eloy Velasco considera “probado” que para lograr la adjudicación de contratos públicos de eficiencia energética la empresa Cofely se comprometía a realizar “encuestas de opinión para las autoridades municipales” que se  “disfrazaban” como sondeos sobre “gestión energética” para pagar comisiones a sus cargos públicos. González Taboada, sin embargo, nunca regresó a Hoyo del Manzanares para hacer el sondeo que prometió.

El contrato de Dalkia es idéntico al que se adjudicó en 2012 a Cofely en Torrejón de Velasco, cuyo alcalde fue detenido. Por la gestión de los suministros energéticos públicos y el mantenimiento de las instalaciones municipales de alumbrado público, este municipio madrileño pagará casi 5 millones durante 15 años. Ambas compañías, Dalkia y Cofely, son clientes de Mecano Consulting, SL, la empresa que se encargó de clasificar y valorar a las empresas aspirantes al contrato en Hoyo de Manzanares.

Los antecedentes de la Operación Púnica convergen precisamente en esta compañía, especializada también en el abastecimiento de electricidad. Al menos cuatro de los implicados en la trama de corrupción trabajaban para esta firma antes de servir a Cofely. Constantino Álvarez de la Cueva, director comercial de Cofely cuando fue detenido el 27 de octubre, ocupó anteriormente el puesto de director general en Dalkia. Pedro García Pérez, exdirector de Mercado Público de Cofely, llegó a ser apoderado de Dalkia. José Fidel Saura y José Antonio Alonso, también detenidos en la macrooperación, también coincidieron en una etapa anterior en Dalkia, la empresa que no consiguió por los pelos el contrato de Hoyo.

El expediente es “similar” a Púnica

El 27 de octubre, el día que los agentes arrestaron a Francisco Granados y parte de sus colaboradores más próximos, el concejal díscolo de Hoyo de Manzanares envió un correo electrónico al alcalde para pedirle explicaciones sobre cómo había llegado aquel contrato de dudosa credibilidad hasta Hoyo de Manzanares.

“Ante los gravísimos acontecimientos sucedidos hoy (…) y la vista de las grandes similitudes con el que se ha pretendido llevar adelante en Hoyo (cuantía, duración, textos…), quisiera que me informaras cómo ha llegado el señor Javier Rubio de Miguel a nuestro Ayuntamiento”, la persona que diseñó la documentación sobre eficiencia energética “sin ser ingeniero”. En su respuesta, el alcalde reconocía que el expediente “es similar” al que diseñaba la trama que había enviado a la cárcel al ex consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, “pero nada más”, se excusaba en aquel texto.

El concejal que votó en contra de aquel contrato describe a este diario las “enormes coincidencias” que encontró cuando se destapó la trama y el contrato que se quería aprobar en el Pleno en contra de su voluntad. Lo que se presentaba como una forma de ahorrar en los recibos de la luz municipales -que pagan los vecinos- se convertía en el lucro de empresas que conseguían la adjudicación y políticos que en muchos casos deseaban aprovechar su paso por la gestión pública para labrar una fortuna.

González del Castillo cuestionó en público que Dalkia quedó finalmente como la empresa finalista gracias a la “elevada puntuación” que se le dio en el criterio subjetivo. En el objetivo ganó por goleada Gas Natural, que se personó en el Ayuntamiento de Hoyo del Manzanares para revisar los pliegos que daban vencedor a la empresa de la competencia. De hecho, el concejal rebelde se ofreció a González Taboada para exponer en Génova, el cuartel general de los populares, sus razones para votar en contra. “No me llamó nunca”, añade.

Una vez que los pliegos llegaron al Pleno y la adjudicación se tumbó, el entonces director de operaciones de Dalkia, Cristóbal Sánchez, quiso convocar una reunión privada con el edil díscolo para hablar sobre el sentido de su voto. El edil declinó la invitación porque le parecía poco adecuado que una empresa en fase de adjudicación quiera presuntamente influir “presentando su empresa”. La Alcaldía tampoco se pronunció.

Polémica en el Pleno de Hoyo

En el Orden del Día del Pleno del día 25 de septiembre había un punto que correspondía a votar la clasificación de las empresas presentadas para obtener este contrato. Sin embargo, la polémica surge cuando se señala que resulta poco ético que una empresa (Mecano Consulting, SL) de la mejor valoración a Dalkia cuando ha sido su cliente. Se cuestiona que no se haya pedido a un organismo independiente como el Colegio de Ingenieros.

Hay otras incógnitas que quedaron en el aire y que expuso Manuel Morote, de Foro Popular. Se trata de la duda sobre la capacidad técnica de la asesoría fiscal Francisco Javier Rubio, que cobra una factura de 14.000 euros para realizar una auditoría energética, y que posteriormente certifica la colaboración de Mecano Consulting para constatar la supervisión de un ingeniero especializado. Otra pieza que no encaja.

La última polémica en Hoyo de Manzanares se produjo cuando el Comité Electoral Local eligió a Fernando Salgado Otero como candidato del PP a las elecciones del 24 de mayo y el Comité Electoral Regional impuso que siguiera Ramón Regueiras. Una decisión que provocó que miembros del Comité Ejecutivo y afiliados dimitiesen en algunos casos y se diesen de baja en otros.

Los diputados involucrados por Marjaliza en Púnica se desvinculan de sus acusaciones

Los tres diputados de la Asamblea de Madrid, Jaime González Taboada, Bartolomé González y Eva Borox, presuntamente implicados en la Operación Púnica se desvinculan radicalmente de las acusaciones que ha vertido sobre ellos el empresario David Marjaliza, uno de los cerebros de la trama junto con el político del partido Popular Francisco Granados.

Los tres diputados de la Asamblea de Madrid presuntamente implicados en la Operación Púnica se desvinculan radicalmente de las acusaciones que ha vertido sobre ellos el empresario David Marjaliza, uno de los cerebros de la trama junto con el político Francisco Granados. Los dos cargos electos del equipo de Cristina Cifuentes, el consejero Jaime González Taboada y el diputado Bartolomé González, niegan cualquier colaboración con el empresario acusado. La ‘número tres’ de Ciudadanos en Madrid, Eva Borox, que fue concejal del PSOE en Valdemoro, también niega cualquier colaboración con una trama que estalló, precisamente, en este municipio madrileño.

El consejero de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio se desvincula tanto de los hechos que hasta niega conocer a Marjaliza. “No conozco de nada a este señor”, ha reconocido en un acto público. Tanto Taboada como González están estudiando poner una demanda al empresario de Valdemoro por sus declaraciones. El ex alcalde de Alcalá de Henares, hoy diputado electo, asevera que “nunca” ha firmado un contrato con “ninguna de las empresas implicadas en la trama” y también se plantea demandar a Marjaliza por implicarlo en una trama de corrupción que salpica ya a casi un centenar de implicados.

Pese a que los diputados presuntamente implicados intentan calmar las aguas, parte de la bancada azul y naranja de la Asamblea de Madrid se muestran “conmocionados” con la noticia. Fuentes internas del PP madrileño reconocen en privado a EL ESPAÑOL que “el gran lastre de este partido es la corrupción que, por mucho que se niegue, se entiende que se ha institucionalizado. No vale con desmentirlo. Hay que tomar medidas radicales”. El portavoz adjunto de Ciudadanos en Madrid, Pedro Núñez Morgades, tampoco niega su “preocupación” por las duras acusaciones que Marjaliza volcó ante el juez contra su compañera de partido. Si se confirma su testimonio, se compromete a pedir el acta de la diputada Eva Borox.

La afectada iba a hacer unas declaraciones a lo largo de la mañana de este viernes desde Valdemoro, donde reside, pero finalmente su marido Raúl del Olmo, también implicado en las acusaciones del empresario, la ha excusado afirmando que “está muy afectada por la noticia”. Compañeros de filas de Borox reconocen, en privado, que se ha limitado a negar los hechos pero sin dar demasiadas explicaciones.

José Manuel López, portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, declaró a primera hora de esta mañana a este diario que, “si se confirma esta declaración, estamos ante una situación muy comprometida, tanto para el PP como para Ciudadanos”. Para el representante de Pablo Iglesias en la Comunidad, “Marjaliza es el Bárcenas de la Púnica”. Además, critica que Cifuentes diga que “el PP que ella gobierna es el nuevo PP, cuando la realidad que vemos es que la trama Púnica afecta a muchos municipios y va a acabar salpicando a su propio Gobierno”.

Las acusaciones de Marjaliza

Según adelantó este viernes EL ESPAÑOL, Marjaliza implica a González Taboada en un “reparto” de las obras de infraestructura financiadas por la empresa pública madrileña Arpegio dentro del Plan Regional de Inversiones y Servicios de Madrid (Prisma). Este proyecto, dotado con cientos de millones para la realización de infraestructuras en municipios madrileños, era planificado por Taboada como director general de Cooperación con la Administración Local. Granados, consejero de Presidencia desde 2004, ostentaba la presidencia de Arpegio.

El diputado Bartolomé González, ex alcalde de Alcalá de Henares, ha sido mencionado por Marjaliza en sus declaraciones judiciales en relación a la supuesta actividad ilegal de la mercantil Cofely España de pago de comisiones a alcaldes y concejales a cambio de la adjudicación de contratos de eficiencia energética.

En su larga comparecencia ante Eloy Velasco, el empresario implicó a la ex concejal del PSOE de Valdemoro y actual diputada autonómica por Ciudadanos Eva Borox y a su marido, Raúl del Olmo, también integrado en el partido de Albert Rivera.
El empresario manifestó que entregó a Borox 30.000 euros como parte de una estrategia clientelista, para tenerla a favor de Francisco Granados. También dijo que compró al marido de Borox un décimo de la Lotería propiedad de Olmo y que había resultado premiado con 100.000 euros. Marjaliza afirmó que le dio por él 120.000 euros que quería ‘blanquear’.

Marjaliza involucra en Púnica a dos aforados de las filas de Cifuentes y uno de Ciudadanos

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Cristina Cifuentes (PP) tendrá que afrontar los efectos de la operación Púnica entre sus filas. David Marjaliza, pieza central en el entramado de corrupción que investiga la Audiencia Nacional, ha involucrado a Jaime González Taboada, Bartolomé González y Eva Borox. El primero es consejero de Administración Local, el segundo es diputado popular y la tercera es parlamentaria de Ciudadanos, el partido que aupó a Cifuentes al poder.

En la imagen, González Taboada, el día de su toma de posesión. Cifuentes, al fondo.

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González Taboada el día de su toma de posesión. Cifuentes, al fondo.

David Marjaliza, que permanece en prisión desde que salió a la luz la operación Púnica el pasado octubre, ha relatado al juez instructor Eloy Velasco el modo de actuar y las personas supuestamente implicadas en una red de corrupción extendida por numerosos municipios madrileños y en la propia Comunidad, dedicada a lucrarse con actuaciones urbanísticas y contratos públicos amañados.

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Granados y Marjaliza / Foto: Interviú

La decisión de confesar los hechos y colaborar con la Justicia tomada por Marjaliza ha supuesto una ampliación de la ‘nómina’ de políticos del Gobierno regional involucrados en la trama. A los nombres de los ex consejeros de Esperanza Aguirre Francisco Granados -también en prisión desde hace casi nueve meses- , Salvador Victoria y Lucía Figar se une ahora el de Jaime González Taboada, ex director general de Cooperación con la Administración Local, número 3 de la lista de Cifuentes en las elecciones del pasado junio y nombrado por la nueva presidenta de Madrid consejero de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio.

Junto a González Taboada, Marjaliza ha mencionado a dos actuales diputados autonómicos: Bartolomé González, número 11 de la candidatura del PP, y Eva Borox, número 3 de la lista de Ciudadanos, la formación que prestó sus 17 escaños a Cifuentes para lograr el Gobierno regional.

Aforados

Los tres nuevos afectados por la operación Púnica tienen fuero ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, único competente para imputarles. Fuentes de la investigación señalan que las manifestaciones de Marjaliza se están comprobando porque “no podemos enviar las actuaciones al TSJM con la sola declaración de un coimputado”.

Cristina Cifuentes afirmó el 10 de junio que “hay un compromiso de todos los diputados del PP” de dejar el acta si son imputados por corrupción. “No va a haber diputados imputados pertenecientes al Grupo Popular”, aseveró. De confirmarse, la implicación de González Taboada en la operación Púnica puede tener, por tanto, consecuencias en la composición del Gobierno regional y del grupo del PP en la Asamblea. Pero si Jaime González Taboada o Bartolomé González decidieran conservar el acta y pasar el grupo mixto, Cifuentes perdería la mayoría absoluta, que tiene por un solo escaño.

La confesión de Marjaliza puede ser una bomba política de efecto retardado. Los investigadores aseguran que el empresario, muy afectado por su situación de encarcelamiento, “no se dedicó a especular” ante el juez de la Audiencia Nacional sino que realizó una declaración “muy trabajada, muy reflexionada”. A cambio ha pactado con la Fiscalía Anticorrupción una sustancial rebaja de la pena que fuentes jurídicas sitúan en torno a los 5 años de prisión. Una disminución muy cualificada si se tiene en cuenta el catálogo de imputaciones provisionales que pesan sobre él: delitos fiscales, blanqueo de capitales, falsedad documental, tráfico de influencias, organización criminal, cohecho, malversación, prevaricación, fraude.

Las fuentes citadas indicaron que Marjaliza ha implicado a González Taboada en un “reparto” de las obras de infraestructura financiadas por la empresa pública madrileña Arpegio dentro del Plan Regional de Inversiones y Servicios de Madrid (Prisma). Este proyecto, dotado con cientos de millones para la realización de infraestructuras en municipios madrileños, era planificado por Taboada como director general de Cooperación con la Administración Local. Granados, consejero de Presidencia desde 2004, ostentaba la presidencia de Arpegio.

Según David Marjaliza, las obras programadas se repartían en tres lotes y sus adjudicaciones eran amañadas para obtener comisiones ilícitas. Un lote iba para determinados funcionarios, otro para Taboada y el tercero para él y Granados. El ‘modus operandi’ consistía en la apertura irregular de las plicas para conocer el orden de valoración de las empresas que acudían a la licitación. La empresa que, tras ser contactada, aceptaba pagar comisiones era situada en primer lugar aunque su oferta no fuera la más ventajosa para la Administración y a ella se adjudicaba la obra en cuestión.

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Bartolomé González y Esperanza Aguirre.

Confesión de la secretaria

El diputado Bartolomé González, ex alcalde de Alcalá de Henares, ha sido mencionado por Marjaliza en sus declaraciones judiciales en relación a la supuesta actividad ilegal de la mercantil Cofely España de pago de comisiones a alcaldes y concejales a cambio de la adjudicación de contratos de eficiencia energética.

A través de David Marjaliza, que actuaba de intermediario entre Cofely y los Ayuntamientos, la primera ofrecía a los municipios un plan de ahorro de energía eléctrica. Los regidores que accedían eran retribuidos con un soborno que el propio Marjaliza adelantaba en ocasiones utilizando el dinero B que generaban sus empresas de construcción. Esas cantidades le eran devueltas posteriormente ‘inflando’ facturas que emitían sociedades conchabadas con Marjaliza con las que Cofely subcontrataba la obra civil del plan de eficiencia energética.

Según manifesto Marjaliza al juez Velasco, Bartolomé González recibió -supuestamente- 60.000 euros de Cofely por adjudicarle un contrato de esas características. El dinero se habría pagado en metálico por Ana María Ramírez, secretaria y mano derecha de Marjaliza. Esta imputada acaba de salir de la cárcel después de que Velasco haya modificado su situación de prisión incondicional por prisión bajo fianza de 40.000 euros.

Previamente, Ramírez había prestado declaración judicial confirmando las manifestaciones de Marjaliza. La secretaria admitió que un documento que le fue intervenido en un registro, en el que aparecen unas iniciales y unas cantidades, refleja los nombres de los Ayuntamientos sobornados y las comisiones pagadas.

Según fuentes de la investigación, la excarcelación de Ramírez forma parte del pacto con la Fiscalía Anticorrupción. La secretaria ha seguido los pasos de su ex jefe.

En su larga comparecencia ante Eloy Velasco, Marjaliza también implicó a la ex concejal del PSOE de Valdemoro y actual diputada autonómica por Ciudadanos Eva Borox y a su marido, Raúl del Olmo, también integrado en el partido de Albert Rivera.

El empresario manifestó que entregó a Borox 30.000 euros como parte de una estrategia clientelista, para tenerla a favor de Francisco Granados.

También dijo que compró al marido de Borox un décimo de la Lotería propiedad de Olmo y que había resultado premiado con 100.000 euros. Marjaliza afirmó que le dio por él 120.000 euros que quería ‘blanquear’.

Cuando estalló la operación Púnica en octubre de 2014, la web de Ciudadanos Valdemoro se hizo eco de unas declaraciones de Eva Borox en las que mostraba su “indignación y repulsa por la trama de corrupción política del Ayuntamiento” y celebraba que “haya salido a la luz una trama que llevamos muchos años sufriendo y denunciando”.

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