Nada más (y nada menos) que unas elecciones autonómicas

El 27-S no es un plebiscito por mucho que se empeñen Artur Mas y los independentistas. Sin embargo, cuanto más apoyo logren las fuerzas constitucionales más claramente verá frustrado el secesionismo su proyecto de ruptura.

El 27-S no es un plebiscito por mucho que se empeñen Artur Mas y los independentistas. Sin embargo, cuanto más apoyo logren las fuerzas constitucionales más claramente verá frustrado el secesionismo su proyecto de ruptura.

La cita que este domingo tienen los catalanes con las urnas servirá única y exclusivamente para decidir quién obtendrá el mandato para gobernar en la Generalitat la próxima legislatura. Eso y no otra cosa se decide en unas elecciones autonómicas. Todo lo demás son fantasías. Ahora bien, existe una gran diferencia entre que ganen quienes tratan por todos los medios de saltarse la legalidad a que lo hagan quienes respetan el marco constitucional.

Los partidarios de romper España por las bravas, obviando las leyes, tienen el control de los resortes del poder en Cataluña. Eso les ha permitido movilizar a todos sus simpatizantes, tal y como ha quedado de manifiesto en las últimas celebraciones de la Diada. El dato de que Artur Mas ha convocado tres elecciones en cinco años, además de ser la prueba del fracaso de su proyecto político, habla a las claras del escenario de tensión que ha pretendido y logrado instalar en la sociedad catalana. Ese es el clima que le convenía a su plan rupturista.

Así las cosas, ningún separatista se quedará en casa el domingo. Creen que es la gran oportunidad para lograr su objetivo. Y no es aventurado asegurar que no tendrán otra coyuntura más favorable para tratar de hacer valer su posición.

Hay argumentos de sobra para rebatir a los independentistas. De entrada, es un movimiento que brota de la insolidaridad. Los partidarios de la secesión revisten sus intenciones con conceptos vagos como “dignidad” o “derecho a decidir”, pero de lo que se trata en el fondo es de que la comunidad más próspera de España se quede con todos sus recursos para utilizarlos en su propio beneficio. Por completar la caricatura, lejos de ser una rebelión de opresores contra oprimidos es una insurrección de ricos contra pobres. ¿Solicitarían la independencia si el PIB de Cataluña estuviera a la cola del país, o entonces primarían valores tan elevados como el de la igualdad y la fraternidad?

Hay, sobre todo, razones históricas y sociales que son las que han configurado una situación de hecho. Como dijo Julián Marías, “nada hay más anticatalán que el intento de despojar a Cataluña de sus raíces, de sus hermandades”. Nadie ha impuesto que Cataluña sea España. Todos los españoles, también los catalanes, hemos constituido un Estado de Derecho con unas normas que son garantía de nuestros derechos a la par que establecen nuestras obligaciones.

Sin embargo, todos los motivos que pueden aducirse en pro de la unidad y la convivencia han sido y son despreciados por los independentistas. Incluso los de orden pragmático, como los perjuicios que para la economía tendría una hipotética secesión.

Precisamente la habilidad que han tenido los separatistas ha sido la de que la campaña se haya jugado en su terreno, con unos políticos que, para defender la unidad, han dado pábulo a la idea de que la independencia unilateral de una parte de su territorio es una posibilidad real. Esa torpeza encontró su máxima expresión en el debate que el ministro de Asuntos Exteriores mantuvo, de igual a igual, con uno de los líderes del movimiento secesionista. Los independentistas no podían encontrar mayor reconocimiento a sus aspiraciones por parte del Estado que pretenden destruir.

El Gobierno y el PP han contribuido a la ceremonia de la confusión en la que se crece el soberanismo, ora dando a entender que el Estado desamparará a los catalanes si el batiburrillo por la independencia consuma sus amenazas, ora intentando traspasar al Tribunal Constitucional la responsabilidad de pararle los pies al presidente de la Generalitat.

El primer partido de la oposición, el PSOE, parece no haber aprendido nada del pasado y ha seguido jugando al juego de las equidistancias. Su ingenuidad le ha llevado a tratar de seducir a los separatistas con nuevas concesiones bajo el manto de un confuso federalismo.

A la izquierda del PSOE, ICV y Podemos, unidos en la plataforma Catalunya Sí que es Pot, aún bailan la yenka: lo mismo afirman que no quieren que Cataluña se independice que se adhieren al “derecho a decidir” que lo facilita.

Tampoco los independentistas de Junts pel sí tienen de qué presumir. Han articulado su campaña en torno a mentiras, manipulaciones, ocultaciones y medias verdades. Sus candidatos han mentido sistemáticamente acerca de las consecuencias sociales, económicas, jurídicas y hasta deportivas que tendría una declaración unilateral de independencia. Afirmaciones como que en una Cataluña independiente no habría corrupción y la gente sería más feliz son tan ridículas que se califican por sí solas.

Llegados a este punto, es muy importante que este domingo acudan a votar aquellos catalanes que no tienen intención de dejar de ser españoles; no porque peligre su condición de tales, sino para que quienes pretenden romper la legalidad ni siquiera tengan la oportunidad de intentarlo. Cuanto más apoyo obtengan las fuerzas constitucionales más claramente verán frustradas los independentistas sus vanas intenciones de imponer el trágala a todos los catalanes y al resto de los españoles.

Pero que nadie se lleve a engaño. El 27-S no es un plebiscito. Sólo se han convocado unas elecciones autonómicas. Y la misma ley y el mismo Estado que han permitido que se celebren en tiempo y forma, garantizan que sus resultados -sean cuales sean- sirvan exclusivamente para aquello para lo que están concebidas.

La masa neutra

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Por un lado, dice el autor, están los secesionistas, ‘Junts pel Sí’, que ya se sabe lo que quieren al haber abandonado los convergentes su ambigüedad; haciéndo la goma, ‘Catalunya, Sí que es Pot’ (Podemos e ICV); ya en el pelotón están los unionistas, que no buscan la independencia pero amparan las señas de identidad del catalanismo y, por último, la ‘masa neutra’, casi un 40% del electorado que tradicionalmente se abstiene y que ahora podría inclinar –en un sentido u otro- los resultados de unas elecciones inauditas.

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El catalanismo político se sostiene en dos pilares sobre los que ha ido fraguando la idea de una Cataluña desgajada del resto de España: la defensa de intereses económicos y el arraigo de una cultura.

El proceso ha ido tomando velocidad, a medida que crecía una tensión -contenida pero evidente- desde el pasado ‘adéu, Espanya’, de Joan Maragall, a la provocación: ‘Catalunya no és Espanya’, con escala en la burla y la acusación directa: ‘Espanya ens roba’. El zigzagueo parecía indicar que, aparte de amagar -para negociar mejor- los soberanistas no llegarían más lejos.

Sin embargo, a partir del desenlace de esta ingeniosa comedia que ha relegado a sus protagonistas políticos a papeles de actores de reparto -puestos cuarto y quinto de la candidatura- las opciones -entre ellas las rupturistas- se van decantando, de cara a los comicios del próximo otoño.

Por un lado, los secesionistas, ‘Junts pel Sí’, que ya se sabe lo que quieren al haber abandonado los convergentes su ambigüedad;  haciéndo (en términos ciclistas) la goma, ‘Catalunya, Sí que es Pot’ (Podemos e ICV); ya en el pelotón están los unionistas, que no buscan la independencia pero amparan –con mayor o menor brío- las señas de identidad del catalanismo y, por último, la ‘masa neutra’, casi un 40% del electorado que tradicionalmente se abstiene y que ahora podría inclinar –en un sentido u otro- los resultados de unas elecciones inauditas.

Romper la indiferencia

A principios del siglo pasado, Antonio Maura -en cinco ocasiones jefe del Gobierno durante el reinado de Alfonso XIII, mallorquín, y padre de diez hijos- apostaba por una reforma que atrajera a la “masa neutra”, a saber, los indiferentes en política o que se abstienen de intervenir en ella. Su tesis, típicamente regeneracionista, consistía en que despertar a la multitud inerte debía empezar por el municipio. Sólo evitando la intervención excesiva de la Administración Central se lograría la regeneración del sistema político.

A Maura -que no admitía ‘el reconocimiento de cualquier tipo de personalidad regional que supusiera hacer jirones la Patria’ pero que, a fuer de mantener la cercanía con Cambó, acabó aceptando enmiendas que favorecían una germinal autonomía catalana- se lo llevó por delante la represión de la Semana Trágica, que terminó por colapsar también el propio sistema político de la Restauración. Luego, sí, tuvo una resurrección, pero ya fue otra cosa.

Los planes del político conservador -movilizar la abstención para desterrar la impresión de que el Gobierno se asienta sobre un inmenso desistimiento popular- se quedaron en intento y aún habría que esperar más de setenta años para hacer las reformas -desde el poder- evitando trazados revolucionarios, uno de los méritos de la Transición del 78.

Ahora asistimos a un momento de la historia en el que el ‘català absent’, podría convertirse en actor principal. Y es que, de que mengüe el nivel de abstención –que supera el 38%- en las cuatro provincias catalanas, puede depender el resultado de unas elecciones que se van a terminar desarrollando en clave plebiscitaria, por mucho que se insista en que solo son autonómicas. Esa manía nuestra –tan madrileña- de encubrir la realidad, igual que la de confundir, como sucede en el discurso oficial del momento, la firmeza con lo que en realidad es mera inacción.

La desafección hacia el sistema

A la inhibición estructural hay que sumarle una crecida desafección hacia los hábitos del sistema, que parte del  desprestigio de la clase política, alimentado por ella misma. A ello, se añaden otros factores genuinos: las bases del PSC, fieles en comicios generales y municipales, se han sentido escasamente motivadas cuando se ha tratado de la Generalitat y las europeas; pero también, el abstencionismo -fabricado por los nacionalistas desde 1995- fruto de los sucesivos apoyos de CiU a los gobiernos de González y Aznar y del desencanto progresivo del electorado que secundó, en su momento, el espectacular crecimiento de ERC.

Atraer y convencer a los que nunca votan es, sin ningún género de dudas, el impulso prioritario. No ha lugar el desistimiento cuando se trata de algo tan trascendente como mantener o quebrar la unidad de cinco siglos de la nación española.

A esa masa que odia a los políticos, sin atender a matices, a esa sociedad silente, es a la que apelar ya que hay que convenir, sin optimismos que no vienen a cuento, que aunque se acomoden en el sigilo –al margen de legítimos sentimientos- son mayoría los contrarios al corolario soberanista.

Puede que tengan razón quienes dicen que Barcelona vuelve a ser una ciudad con la moral baja pero también es justo reconocer que la situación no es comparable con aquellos últimos días de julio de 1909, en que se entrecruzó el problema catalanista –sobre todo- con la reivindicación social, en aquella ocasión de tinte anarquista.

Maura, que apenas había tenido que afrontar dificultades importantes en su gestión de gobierno, vio cómo los acontecimientos de ese verano, determinaron, en buena medida, el cambio de rumbo de la política española.

Aunque de esto hace ya un siglo parece como si la historia de España se repitiera en bucle interminable. El futuro próximo depende de una adecuada gestión de los valores -sin fiarlo al miedo- capaz de motivar a una gran parte de esa ‘masa neutra’.

Pero no será fácil. Para Stanley Paine, “la sociedad española está anestesiada por anti-valores que desmovilizan a la gente, con un horizonte vital basado en disfrutar de la mejor forma posible”. Resulta, pues, complicado activar, según el hispanista, a quienes tienen pocas “ambiciones trascendentales”.

Por ello, tesón y talento, sin caer en confrontaciones estériles con quienes niegan -con soltura- que la independencia dejaría a los catalanes fuera de las instituciones europeas, incluido el Banco Central Europeo.

 

Por qué el PP se la juega con Albiol

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El peligro de caer en la irrelevancia en el espectro político catalán ha empujado al Partido Popular a realizar una apuesta arriesgada con un candidato que no deja a nadie indiferente. Xavier García Albiol (Badalona, 1967) será el encargado de combatir el tirón de Ciudadanos en la comunidad y los malos resultados que le auguran las encuestas al partido liderado por Alícia Sánchez Camacho.

Un ‘golfo’ para limpiar Badalona, por Pol Pareja

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El peligro de caer en la irrelevancia en el espectro político catalán ha empujado al Partido Popular de Cataluña a realizar una apuesta arriesgada con un candidato que no deja a nadie indiferente. Xavier García Albiol (Badalona, 1967) será el encargado de combatir el tirón de Ciudadanos en la comunidad y los malos resultados que le auguran las encuestas al partido liderado por Alícia Sánchez Camacho.

En una jugada que se puede interpretar como un “todo o nada”, el PP trata de seducir al electorado catalán más a la derecha y pone en primera línea a un político conocido en todo el territorio que se maneja con soltura tanto en los platós de televisión como en las redes sociales. Resumimos en 4 puntos las claves de la elección del nuevo candidato del Partido Popular para las elecciones del próximo 27 de septiembre en Cataluña.

Candidato nuevo, pero no desconocido.

Con solo dos meses de margen antes de las elecciones, Albiol era la única persona que podía encarnar una candidatura “de renovación” sin que ello supusiera poner al frente a un desconocido o a alguien con poca experiencia en campañas electorales –como por ejemplo Andrea Levy, número dos de la lista y nueva vicesecretaria de Estudios y Programas-. Albiol es un perro viejo de la política –es concejal desde 1991- que por fin cumple su sueño de abandonar el ámbito municipal. El exalcalde de Badalona cumple, además, con los requisitos del nuevo perfil que buscan los populares: lenguaje directo, buena presencia, activo en las redes sociales –él mismo gestionaba buena parte de su cuenta durante la última campaña- y soltura en los platós de televisión.

Único activo del PP en Cataluña.

Xavier García Albiol es prácticamente el único activo político del que dispone el PP en Cataluña. A pesar de que una coalición de izquierdas le arrebató la alcaldía de Badalona (la tercera ciudad de Cataluña) el pasado 24 de mayo, fue de los pocos candidatos populares que aumentó en votos y se ha erigido como el único miembro del PP que despierta simpatías en una comunidad que siempre ha sido difícil para los conservadores. Si bien Alícia Sánchez Camacho obtuvo el récord de 19 diputados en 2012, el escándalo del ‘caso Método 3’ y las grabaciones con la exnovia de Pujol Ferrusola en el restaurante La Camarga la han dejado demasiado tocada para combatir por el voto antisoberanista contra un partido en auge como Ciudadanos.

Polémica xenófoba.

La apuesta de Albiol es arriesgada porque puede generar recelos entre el electorado antisoberanista más moderado, que puede decantarse por Ciudadanos en el centro o el PSC más a la izquierda. Su agresivo discurso antiinmigración –fue juzgado y absuelto de un delito de incitación al odio en 2013 por haber repartido unas octavillas en las que relacionaba inseguridad e inmigración- pudo funcionar en una ciudad con problemas de integración como Badalona, pero está por ver cómo recibe el resto del electorado a un candidato con estos antecedentes.

Fin del verso libre.

Una de las claves del éxito de Albiol en su ciudad ha sido su distanciamiento de los mensajes que provenían tanto del Partido Popular de Cataluña como de Génova. Albiol ya no podrá hacer una campaña personalista en la que esconda las siglas del PP, tal y cómo hizo en las últimas elecciones. La propia Sánchez Camacho ha anunciado que tanto Rajoy como otros miembros del partido se volcarán en la campaña catalana. El exalcalde de Badalona perderá autonomía y libertad a la hora de articular su mensaje y no podrá abusar de esa autenticidad que tantas simpatías ha despertado en un sector del electorado conservador. Albiol tampoco podrá mantener un perfil bajo respecto al proceso soberanista -eje central del debate electoral- como ha hecho durante los últimos años, postura que en su ciudad le granjeó apoyos incluso de algunos votantes independentistas.

El busto retirado

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En el mes de abril de 1904, un entonces joven don Alfonso XIII visitaba por primera vez en su reinado la ciudad de Barcelona. A ella le llevaba su primer ministro, don Antonio Maura, que sufriría -recuerda su bisnieto en este artículo-  a continuación el primero de sus atentados, obra del anarquista Artal…  Han tenido que pasar más de 110 años desde entonces, para que un alcalde de esa ciudad retire el busto de su nieto y diga que considerará la posibilidad de colocar el de su biznieto don Felipe.

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Momento de la retirada del busto de Juan Carlos I

En el mes de abril de 1904, un entonces joven don Alfonso XIII visitaba por primera vez en su reinado la ciudad de Barcelona. A ella le llevaba su primer ministro, don Antonio Maura, que sufriría a continuación el primero de sus atentados, obra del anarquista Artal.

 

Fue recibido don Alfonso en aquella ocasión por la Corporación municipal en pleno. Y aun los historiadores de la época siguen haciéndose eco de las palabras que entonces pronunciara otro joven, un concejal catalanista, cuyo nombre era Francesc Cambó. Una intervención reivindicativa, aunque mesurada, en el más puro estilo del seny catalán; por la que, pese a la inicial abstención de los solidarios respecto del viaje real, confirmaba el éxito final del mismo.

 

Han tenido que pasar más de 110 años desde entonces, para que un alcalde de esa ciudad retire el busto de su nieto y diga que considerará la posibilidad de colocar el de su biznieto  don Felipe.

 

Quien fuera uno de los fundadores de la idea democristiana en España, Ossorio y Gallardo, gobernador civil del Gobierno Largo de Maura (1907-9) en Barcelona, tenía la costumbre de despachar personalmente con su Primer Ministro. En sus cartas le decía que el problema en Cataluña era en un 20% de doctrina y en un 80% de política.

 

100 años después nadie puede poner en duda que haya existido política española en Cataluña; buena y mala, desde luego, pero política al cabo. Todavía en régimen monárquico, un gobierno Dato puso en marcha la Mancomunidad; en la República el primer estatuto de autonomía; la Constitución de 1978, en una nueva restauración monárquica, esta vez parlamentaria y plenamente democrática, el segundo y en el más reciente año 2006, el tercero de los estatutos de su historia.

 

Se ha hecho, sí, política. Quizás haya fallado más la doctrina: defender por ejemplo que España y los españoles no somos unos intrusos en esas tierras; que Cataluña -como todas las regiones de España son producto del mestizaje de los siglos; que el afecto, además de los intereses, cuenta en nuestra relación común; que Cataluña no se entiende sin España, lo mismo que esta sin aquella; que no hay robos ni atropellos, sino solo ciudadanos más ricos que pagan mayores impuestos; que no se produce en este caso ninguno de los supuestos que el Derecho Internacional exige para la autodeterminación,aunque la bauticen con la edulcorada mención de derecho a decidir.

 

Una carencia de doctrina que ha agravado el particular protagonismo que la vigente Ley Electoral ha proporcionado a los partidos nacionalistas, en particular a Convergencia I Unió, que obtenían de forma progresiva compensaciones territoriales a cambio de votos para la mayoría en el Congreso. Ninguno de los dos partidos establecía como línea roja infranqueable la unidad de España y la igualdad de los españoles en cuanto a la prestación de los servicios públicos se refiere, residan en la parte de nuestro territorio que deseen.

 

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Ada Colau, alcaldesa de Barcelona.

Y ahora, don Juan Carlos en efigie abandona el salón de plenos de la Ciudad Condal, en tanto que el President Mas nos anuncia su muy cercano propósito del abandono de España. De esa manera, la imagen de la institución que simboliza como ninguna otra la unidad de nuestro país, anuncia un episodio de difícil solución desde la política, entendida esta como el diálogo y la negociación.

 

Urge entonces aceptar el desafío que los cantos de sirena de la independencia nos anuncian desde aquellas tierras, escoger la firmeza de nuestras convicciones democráticas -la principal, el imperio de la ley-, asumir el próximo proceso electoral en Cataluña como lo que es -unas elecciones autonómicas y no un plebiscito-, explicar a catalanes y resto de los españoles que no vamos a ceder al chantaje y a nuestros socios europeos que una Constitución no es una aproximación al Derecho, sino que es el Derecho mismo. Y, cuando llegue el momento, actuar, sin dudas ni temores.

 

Un largo ciclo parece concluir con esa imagen de unas manos que recogen el busto de don Juan Carlos para alojarlo en una caja de cartón que luego depositarán en alguna dependencia municipal.  ¿La oficina en que se guardan los objetos perdidos, una suerte de baúl de los recuerdos? ¡Quién sabe! En todo caso, habrá que volver a empezar.

La alineación

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Ya tenemos servida una de las alineaciones, con los candidatos que encabezarán la lista llamada a liderar el proceso soberanista de Cataluña y que son –por orden de aparición en escena- Romeva, Forcadell, Casals, Mas y Junqueras. Les ha costado ponerse de acuerdo pero este elenco busca alzarse con la mayoría en unas elecciones convocadas con propósitos plebiscitarios.

mas1Quedan pendientes trámites legislativos -incluida la aprobación de los presupuestos de 2016- pero parece irrebatible que las elecciones generales deberían coincidir, en el tiempo, con las catalanas de manera que no se vuelvan a dejar bazas valiosas en manos de quienes han trazado una agenda antagónica a los intereses de España: la estabilidad institucional, política y económica.

Y es que ya tenemos servida una de las alineaciones, con los candidatos que encabezarán la lista llamada a liderar el proceso soberanista de Cataluña y que son –por orden de aparición en escena- Romeva, Forcadell, Casals, Mas y Junqueras. Les ha costado ponerse de acuerdo pero este elenco busca alzarse con la mayoría en unas elecciones convocadas con propósitos plebiscitarios.

Y aquí comienzan las dudas. ¿Qué significa que las elecciones sean plebiscitarias en lugar de autonómicas, siendo estas las que eligen a quienes van a administrar los impuestos y asignar partidas presupuestarias a sanidad, educación, servicios sociales y demás renglones?

Para los padres intelectuales de la táctica aventurista -números 4 y 5 de la papeleta- pasar desapercibidos en lugares menores no ha sido mayor condena, no se vaya a notar que no han querido tomar decisiones en la legislatura, camuflando la ausencia de gestión al amparo de la independencia.

El tiempo que lleva Cataluña sin gobierno no es, pues, tan decisivo como esta colla castellera, encaramada en lo alto de la lista, que ha galvanizado el galope independentista, a través de la movilización social. Pero cuidado porque, si salen los números, -ya está acordado desde ahora- el presidente de la Generalitat sería el Molt Honorable Senyor Artur Mas. La típica componenda, tan española ella, que, podría estar evidenciando el sacrificio de quienes prefieren cubrirse así las espaldas por si hubiera que asumir las culpas de una derrota.

Y uno no puede evitar preguntarse qué pasaría si la lista alternativa la pudieran protagonizar quienes -sintiéndose catalanistas- no quieren la independencia de Cataluña. Es una lástima que algunos de ellos -Miguel Roca, Josep Piqué…- tengan tareas irremplazables que les impiden formar parte de una alineación -para muchos- ganadora.

Y Duran i Lleida, Carme Chacón…, referencias sólidas para aplacar la pretensión secesionista, por no hablar de Albert Rivera, que ha preferido jugar el partido en Madrid, lo que no deja de ser un error, cuando lo que está en juego es una urgencia. First things first.

Pep Guardiola

Cebar el odio…

El alcalde de Sant Vicenç dels Horts, ya se ha manifestado –sin ingenuidad alguna- dispuesto a ‘colarle goles al Estado’. Cuenta con apoyos inequívocos, entre otros, el de Pep Guardiola, que defiende la separación de España y lo hace apoyándose en el prestigio que le han dado los triunfos de un equipo de época. No va a encontrar enfrente las voces de Pau Gasol o Andrés Iniesta -por citar unionistas- porque la modestia de unos no se compadece con los aspavientos de otros. De ahí la urgencia por reforzar la defensa y contar con un arquero seguro.

Y todo este -ya inmediato- oleaje en el estanque político, nos lleva a plantear cuestiones de otra cuantía. En primer término, la parsimonia del gobierno para derramar, en defensa de la unidad, inteligencia emocional en abundancia, que -dejando los errores a la ansiedad secesionista- compense la deserción del Estado en las últimas cuatro décadas. Poco tiempo le queda para hacerlo.

Y esto ha de ser compatible con el respeto mutuo porque se han cometido cantidades industriales de errores, en ambas direcciones, que han servido para cebar el odio y ensanchar la distancia. Para los que admiran lo catalán -y somos muchos- resultan incomprensibles conductas, valoraciones y actuaciones recientes. Para los catalanes juiciosos, idéntico desconcierto ante la torpeza reiterada por parte de quienes no entienden de emociones ni de tesoros culturales, verbigracia la lengua.

La defensa de la Constitución y el imperio –desacomplejado- de la ley son la mayor garantía. Y esto vale para el conjunto del Estado, incluida la Generalitat y los municipios catalanes, por lo que me ahorro la enumeración. Ni dentro ni fuera de España se entenderían desenlaces que -de acuerdo con los resultados de sondeos que se van conociendo, 50/50- trataran de imponer soluciones extremas.

Y es que para que el partido sea limpio, hay que informar a los electores de las consecuencias de la decisión: ¿quien financiaría  a una Cataluña independiente y a qué precio? ¿Cuanto tiempo vagando sin protección española ni europea?

Así que, a sacudirse la galbana y facilitar -cuanto antes- la segunda de las alineaciones que se esperan. Todo es cuestión de madrugar, que ya se sabe que “la Casa Gran” no da tregua. Ahí va una pista: Durán, Rivera, Chacón, Espada… Hagan juego y comparen.

 

 

Los ciudadanos las prefieren rubias (pero honradas)

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Esta semana no sólo pasará a la historia como la de la verdadera coronación de Felipe VI o como la de la llegada de la extrema izquierda a los grandes ayuntamientos, sino también como la del inicio de una nueva manera de hacer política.

Si como escribí la semana pasada “no hay mejor atajo hacia el  prestigio que el repudio explícito de lo intolerable”, el nuevo Rey acaba de dar un buen paso. Ya que no movió ficha tras el ultraje a los símbolos comunes, bien está que lo haga poniendo en su sitio a su hermana. Pero esta semana no sólo pasará a la historia como la de la verdadera coronación de Felipe VI o como la de la llegada de la extrema izquierda a los grandes ayuntamientos, sino también como la del inicio de una nueva manera de hacer política.

Comencemos por lo menos obvio. Cuando en 1996 el Partido Andalucista, con un 6% de los votos y 4 escaños, fue decisivo para la investidura de Chaves como presidente de la Junta, obtuvo a cambio dos consejerías. Cuando en 2012 Izquierda Unida, con el 11% de los votos y 12 escaños, fue decisiva para la investidura de Griñán, obtuvo a cambio 4 consejerías, incluida la vicepresidencia.

Una simple analogía promediada indica que si Ciudadanos fuera un partido como los demás, ahora que con el 9% de los votos y 9 escaños ha resultado decisivo para la investidura de Susana Díaz, habría obtenido tres consejerías. Una cuota de poder muy significativa en una comunidad en la que se acostumbra a no respetar sino al que manda. Una tentación suculenta para un partido que necesita con urgencia arraigo y estructuras de apoyo.

Pero en lugar de coger su trozo de tarta, Ciudadanos ha obligado a la presidenta de la Junta a firmar 70 compromisos que incluyen una importante bajada del tramo autonómico del IRPF y medidas regeneradoras tan significativas como la limitación de su propio cargo a dos mandatos, la eliminación del aforamiento de los diputados, la supresión de los sobresueldos a cargo del partido o la reforma electoral con proporcionalidad y listas abiertas o desbloqueadas.

Algo muy similar está a punto de consumarse en la Comunidad de Madrid donde, a pesar de que Ciudadanos ha obtenido nada menos que el 12% de los votos y 17 escaños, no está pidiendo ni la vicepresidencia como hizo Carod Rovira con el PSC, ni importantes consejerías como hicieron los socialistas en el País Vasco, Navarra o Canarias cuando pactaron con PNV, UPN o Coalición Canaria; o como hicieron el Bloque en Galicia, el PAR en Aragón o todos los miembros de los sedicentes Pactos de Progreso en Baleares.

En lugar de eso, Ciudadanos va a obligar a Cristina Cifuentes a promover las primarias, establecer la incompatibilidad entre el cargo de alcalde y el de diputado autonómico y eliminar -albricias- el Consejo Consultivo, que servía de abrevadero de viejas glorias. Todo ello dentro de un pacto anticorrupción que, como en el caso andaluz, sustancia la responsabilidad civil de los partidos respecto a las coimas de sus cargos orgánicos, obliga a expulsar de las instituciones a los imputados y acentúa las medidas de control y transparencia.

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Ilustración: Javier Muñoz

La práctica simultaneidad de ambos acuerdos, fruto del buen manejo de los tiempos por parte de Rivera y su equipo, ha puesto de relieve la mimética coincidencia de las críticas desde la derecha, a cuenta de Andalucía, y desde la izquierda, a cuenta de Madrid. En ambos casos se denuncia que Ciudadanos está permitiendo que sigan en el poder dos organizaciones con tanta corrupción a sus espaldas como el PSOE andaluz y el PP madrileño.

Aunque todo quiera presentarse del color del cristal con que se mira, ningún observador ecuánime dejará de reconocer que tanto monta, monta tanto la Gürtel como los ERE, la Púnica como la Edu. Pero también que, haciendo de la necesidad virtud, Susana Díaz y Cristina Cifuentes están incluyendo la lucha contra la corrupción entre sus prioridades y les va lo suficiente en juego -sus prometedoras carreras- como para no fallar en eso.

Tienen razón quienes dicen que en las exigencias de Ciudadanos faltan cosas esenciales. Por ejemplo el cierre, o al menos la drástica despolitización, de Canal Sur y Telemadrid. Por ejemplo la reducción del número de diputados autonómicos que ya es alto en Andalucia -109- y adquiere ribetes de escándalo -129- en una autonomía uniprovincial como Madrid.

También es cierto que el merecido escarnio de Chaves y Griñán por su responsabilidad como gobernantes en el monumental fraude de los ERE ha quedado condicionado a lo que diga el Supremo. O que Cifuentes ni controla el PP de Madrid ni puede responder siquiera por los integrantes de su lista, redomados golferas incluidos. Gran parte de la opinión no sabe al final a qué atenerse en relación a tantos sospechosos habituales.

Por una vez ha sido la Corona la que ha aportado claridad y concreción. Al despojar a su hermana -y de rebote al truhán de su cuñado- de su título nobiliario, Felipe VI acaba de enviar un nítido mensaje a los partidos manchados por la corrupción: cuando se vulnera la ejemplaridad exigible a quien ocupa una posición institucional, no hay que esperar a que los tribunales dicten sentencia para depurar responsabilidades políticas.

La infanta Cristina podrá ser absuelta por la Audiencia de Palma o eventualmente por el Supremo y seguirá siendo tan indigna como hoy de presentarse como duquesa de Palma. Sea o no delictiva su conducta, es intolerable que la hija -ahora hermana- de un Rey figure en los órganos gestores de una sociedad montada para dar sablazos a las arcas públicas.

La moraleja de esta lección de Felipe VI en el único plano que maneja -el simbólico representativo- es que la imputación no es en sí misma una línea roja que deba generar automatismos. Cristina llevaba imputada desde enero del año pasado y camino del banquillo desde noviembre. Al parecer la gota que desbordó el vaso de la “jartera” del Rey –Ana Romero dixit– fue la desafiante irrupción de Cristina el pasado lunes en el funeral por Kardam de Bulgaria sin tan siquiera haber pedido la venia.

No es lo mismo estar imputado por denunciar indicios de corrupción en la Audiencia de Albacete, como le ocurre a Jesús Cacho, que estar imputado por utilizar una fundación de niños discapacitados para llevárselo crudo, como le ocurre a Urdangarín. No es lo mismo Lucía Figar, que pasaba por ahí -esto lo sabe todo Madrid-, que el turbio Salvador Victoria, mano derecha del turbio Ignacio González.

Hay una regla mucho más diáfana que es la que acaba de aplicar el Rey al quitarle los galones a su hermana: lo que es impresentable es impresentable. Por ejemplo, seguir en el Congreso o el Senado después de que bajo tu mando se hayan desviado millones y millones a falsos prejubilados afines a tu partido. Por ejemplo, seguir en la presidencia del Gobierno después de haber enviado un mensaje de apoyo al tesorero de tu partido dos días después de que se conociera la existencia de su botín en Suiza.

A ver si Rajoy vuelve a decir en público a) que está “convencido de la inocencia de la Infanta”, b) que “le irá bien” y c) que “no debe renunciar” a sus derechos dinásticos. Si a Cristina le quedara un ápice de dignidad, es lo que inmediatamente haría. Sobre todo después de que su hermano la haya tratado peor que a una criada a la que se sorprende robando, impidiéndole incluso salvar la cara mediante la artimaña de una renuncia fechada el 1 de junio y recibida el 11 por la noche. Ni que la hubiera enviado por comisión rogatoria.

El aún líder del PP debe estar eufórico al contemplar como Pedro Sánchez alimenta su estrategia del miedo –“In fear we trust”– al echarse en brazos de los radicales a costa de todos los alcaldables del PP. Ya sabemos que a Rajoy sólo le importa él. Por eso debería seguir de cerca los acontecimientos en la Familia Real, pues si se ha mirado tantas veces en el espejo de la indulgencia de Juan Carlos I también debería hacerlo ahora en el de la severidad, implantado por Felipe VI. Tal vez tenga que escribir pronto una carta como la de la Infanta.

Es cierto que Albert Rivera no dispone de facultades ni para despojar a Chaves del ducado del Clan de la Tortilla ni para investir caballeros a algunos de los roedores que han arrastrado la calabaza de Cifuentes hacia la Puerta del Sol. De ahí que los reproches a Ciudadanos pierdan autoridad si no van acompañados del reconocimiento de que es la primera vez que un partido no pide nada para sí en forma de poltronas o forraje de esas “manadas” que, como decía Galdós, “pastan en el presupuesto”, sino que todas sus demandas están yendo encaminadas a devolver a los españoles margen de control sobre sus destinos.

Miento: hay un precedente, todo lo acotado que se quiera pero un precedente a fin de cuentas, en el apoyo altruista que el PP de Basagoiti prestó a Patxi López durante su primero desperdiciada y finalmente ensuciada legislatura en Ajuria Enea. Y no debe ser casualidad que ese mismo compromiso con la Nación, ese mismo idealismo en defensa de los valores constitucionales, ese mismo sentido de la responsabilidad al dar estabilidad a las instituciones esté impregnando ahora las decisiones de Ciudadanos.

¿O alguien duda de que la claridad de ideas tanto de Susana Díaz como de Cristina Cifuentes respecto a la cuestión nacional ha sido clave al moldear los pactos? Los Ciudadanos las prefieren rubias como las antiguas pesetas, con la condición de que su españolidad sea propia del siglo XXI. Lo mismo nos pasa a los ciudadanos con las infantas y princesas -ninguna como Grace Kelly-, siempre y cuando no hagan de la complicidad en el bandidaje su santo y seña.

Mis admirados Lista, Miñano y Hermosilla, aquellos antiguos afrancesados que en la España del Trienio, frente a las demasías antitéticas de “El Zurriago” y “El Restaurador”, editaron un semanario culto, brillante y bien escrito como “El Censor”, estarían orgullosos al ver hoy materializada una de sus grandes obsesiones. Me refiero a la vertebración de un centro político, diferenciado tanto del inmovilismo absolutista como del radicalismo revolucionario.

El instrumento para ello debía ser el ingeniosamente llamado “partido regulador”. Véase el artículo publicado el sábado 6 de abril de 1822 bajo el título “Del partido regulador en las asambleas legislativas”. Ante la polarización en dos partidos antagónicos del propio parlamento británico, “El Censor” preguntaba y respondía: “¿Cuál será el partido regulador? El que desprendido de todo interés privado, sin otro objeto que el bien y sin otra regla que la ley, se interpone entre ambos, templa su ardor y corrige sus extravíos, reuniéndose alternativamente al que en cada cuestión determinada tiene la razón de su parte”.

El paralelismo se termina de entender varios párrafos después: “Llamamos tener razón el sostener una providencia que aunque acaso no sea la que conviene, presenta menos inconvenientes que la contraria, y en este caso están todos los debates parlamentarios”. Incluidos los de investidura. ¿Hubiera sido mejor contribuir a que Susana Díaz se arrojara en brazos de Podemos o tuviera que repetir las elecciones, por si no hubiera ya bastantes en el horizonte? ¿Sería mejor ejercer de Bertrand du Guesclin en la Comunidad de Madrid, poniendo encima a quien quedó debajo cuando en el Ayuntamiento los socialistas han terminado apuntalando a una opción trufada de personajes tan infames -Carmena debería pedir su dimisión hoy mismo- como el tal Zapata, capaz de burlarse del Holocausto y la mutilación de Irene Villa, o el tal Soto, que incita a “torturar y matar” a Gallardón?

La ventaja de que Ciudadanos sólo haya llegado a pactos de investidura es que va a poder ejercer de “partido regulador” votando con las respectivas oposiciones cada vez que entienda que Díaz o Cifuentes se apartan de lo pactado o del interés general. Su papel está en el centro, no en hacer de marca blanca del PP. Pero eso no les condena a ejercer sólo de bisagra pues la mayoría sociológica tiende a la moderación y la limpieza. ¿O acaso no vamos a ver cómo se amplía el apoyo a la Monarquía tras actuar Felipe VI como “partido regulador” de su propia familia?

Gaudere cum gaudentibus. Alegraos con los que -como yo- se alegran.

Un pacto de izquierdas para enterrar dos décadas del PP

Puig, Oltra y Montiel

Podemos, Compromís y PSPV-PSOE presentaron este jueves un acuerdo sobre las políticas que regirán la Generalitat Valenciana los próximos cuatro años. Eligieron para la firma el Jardín Botánico de Valencia, un escenario bucólico donde se rubricó el fin de dos décadas de dominio absoluto del PP.

Fotos: Juan Navarro

Como un estudiante delante de un examen, los tres partidos que están intentando formar el nuevo gobierno valenciano han dejado la parte más difícil para el final. Las tres formaciones llevaban dos semanas sin ponerse de acuerdo sobre quién será el presidente. La pelea era entre el PSOE (23 diputados), que esgrimía su condición de lista más votada y Compromís (19 escaños), que exhibía su crecimiento electoral frente al derrumbe de su hipotético socio. Ante el enroque, la solución ha sido dejar de hablar de esta cuestión en público y centrarse en un primer paso: un pacto con los objetivos generales de sus futuras políticas.

Podemos, Compromís y PSPV-PSOE presentaron el jueves el acuerdo programático. Eligieron para la firma el Jardín Botánico de Valencia, un escenario bucólico. Invitaron a organizaciones de la sociedad civil. Glosaron las medidas contenidas en el documento común, que recoge la intención de evitar que haya familias desahuciadas “sin alternativa de vivienda”, devolver la asistencia sanitaria a los inmigrantes, crear una Agencia Tributaria propia y revertir la privatización de la gestión sanitaria, entre otros compromisos. El acuerdo entre los tres no es definitivo, pero sus respectivos líderes -Antonio Montiel, Mónica Oltra y Ximo Puig, en la foto- mostraron su buena voluntad: Puig eludió la pregunta de si sigue empeñado en liderar el gobierno y Oltra pospuso a “mañana” la cuestión.

La presentación del bautizado como “Acord del Botànic” llegó pocas horas después de la primera sesión parlamentaria tras las elecciones del pasado 24 de mayo, que sirvió para tomar juramento o promesa a los diputados y elegir los miembros de la Mesa, el órgano de gobierno de Las Cortes. Entre la alegría de unos y el derrumbe moral de otros, el pleno fue el símbolo del brusco cambio que la Comunidad ha vivido en sólo una legislatura.

El PP, de la euforia al hundimiento

Después de 20 años de gobierno, casi todos con mayorías absolutas, el PP fue ayer el reflejo más elocuente del cambio. El partido ha pasado de los 55 escaños a 31. Sus diputados tienen que compartir su antaño exclusiva bancada de la derecha del hemiciclo con los 13 recién llegados de Ciudadanos. Rita Barberá, alcaldesa en funciones de Valencia y una suerte de matriarca para los conservadores valencianos, mantuvo un paso lento y abatido en el trayecto desde su escaño a la urna que presidía la sala. Era el símbolo del desánimo de toda la bancada, que asimila con dificultades el cambio de rol que les han deparado las elecciones.

Hace cuatro años, el partido estaba ya bajo la sospecha de varios casos judiciales de corrupción. Pero tenía el poder en la Generalitat, las tres diputaciones provinciales, los ayuntamientos de las tres capitales y la mayoría de municipios. La cúpula optó entonces por obviar el problema y defender la presunción de inocencia de los afectados. La consecuencia es que en la sesión de constitución de Las Cortes tras las elecciones de 2011 el grupo parlamentario popular tenía nueve imputados. Entre ellos, el propio presidente del partido y de la comunidad, Francisco Camps.

La situación provocó entonces mucha tensión dentro y fuera del edificio. En las afueras de Las Cortes Valencianas hubo multitudinarias protestas ciudadanas que obligaron al blindaje policial de la institución. Dentro, Juan Cotino, recién nombrado presidente de la Mesa, decidió hacer gala de su pertenencia al Opus Dei y colocó un crucifijo a la vista de todos. El gesto provocó la ira del resto de partidos.

Algunos de los componentes de Compromis haciendose un selfie
Algunos de los componentes de Compromis haciendose un selfie (foto: Juan Navarro)

Una larga lista de escándalos

Cuatro años después, las consecuencias judiciales de la corrupción en el PP han coincidido en el tiempo con la victoria de sus rivales políticos. El jueves, al mismo tiempo que las nuevas Cortes se constituían, comenzaba en el Tribunal Superior de Justicia autonómico uno de los juicios por el caso Gürtel, en el que dos exconsejeras de Camps se sientan en el banquillo. También ese día el alcalde de Castellón, Alfonso Bataller, lloró ante los periodistas al anunciar su dimisión, debido a su presunta implicación en la operación Púnica. En la jornada anterior, se conoció que Rafael Blasco, hombre fuerte del PP durante lustros, ingresará en prisión en breve, condenado por malversar dinero destinado a la cooperación internacional.

Son escándalos que se suman a una lista ya muy larga de presuntos robos de dinero público por parte de políticos conservadores. Con el eco de las noticias resonando en sus móviles, los diputados del PP vieron ayer cómo el reparto de los puestos en los órganos de gobierno de Las Cortes preludiaba su pérdida de poder en las principales instituciones valencianas. La Mesa, dominada antes por los conservadores, tendrá ahora un miembro de cada formación política. El nuevo presidente será el socialista Francesc Colomer. Fue durante años el portavoz de la oposición en la Diputación de Castellón. Tenía enfrente a Carlos Fabra, entonces jefe del PP provincial y hoy en la cárcel. Fabra lo humilló en infinidad de ocasiones entre las risas de sus compañeros de partido y llegó a mascullar “hijo de puta” al término de un pleno.

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Últimos compases del baile de la “yenka”

El contraste a la actitud del PP estuvo en las bancadas del resto de partidos. Los miembros de los partidos emergentes, Podemos y Ciudadanos, estrenaron las rutinas parlamentarias entre preguntas por su funcionamiento. Se pudo escuchar cómo una diputada explicaba a otro la manera de conectar el micro: “Le das al botón y la luz se pone rojita”. A sus líderes hubo que explicarles dónde comparecer ante la prensa y en qué orden. En los dos escaños partidos llamados a formar gobierno, PSOE y Compromís, abundaban las sonrisas, los abrazos y los apretones de manos.

Parecía que el acuerdo estaba próximo, pero hubo todavía un último desencuentro. La noche anterior se había alcanzado un pacto entre los tres partidos de izquierda -Compromís, Podemos y PSOE- para la distribución de la Mesa de Les Corts. Pero el PSOE apoyó finalmente a Ciudadanos para el puesto que, según Podemos, estaba acordado que ocupara un miembro del partido de Pablo Iglesias. El resultado final de esta decisión es anecdótico: Podemos quedó igualmente representado en la Mesa, aunque en un rango inferior a Ciudadanos.

Pero el gesto tuvo un alto valor simbólico. Antonio Montiel, líder de Podemos en la Comunidad Valenciana afirmó que lo sucedido no les impediría seguir negociando con el PSOE un nuevo gobierno en la Generalitat. Pero sí se quejó de que era un “comportamiento extraño” y que arruinaba la “visualización del bloque del cambio”. “Que deje de bailar la yenka”, dijo, en referencia al famoso baile que incluye pasos sucesivos y cambiantes a la izquierda y la derecha.

Puig abraza a Oltra (Foto: Juan Navarro)
Puig abraza a Oltra (Foto: Juan Navarro)

Puig explicó su decisión en su intención de evitar “bloques cerrados” y en el hecho de que Podemos tiene menos votos que Ciudadanos (pese a que ambos partidos tienen los mismos escaños). Pero el gesto no deja de ser el último coqueteo de los socialistas con el partido de Albert Rivera. Si ambos partidos unen sus fuerzas, sus escaños forman una mayoría simple. Es decir, podrían gobernar si contaran con la abstención del PP. El PSOE usa esta posibilidad para ejercer presión sobre Compromís, que en las dos últimas semanas se ha resistido a aceptar a Puig como presidente, y que no ha dejado de apostar en público por Mónica Oltra para ese puesto.

La opción de una alianza entre PSOE y Ciudadanos parecía sólo un amago con el que los socialistas buscaban reforzar su postura en la negociación. Pero el pasado martes, llegaron a suspender las negociaciones con Compromís. Gestos como ese, o el guiño a Ciudadanos de ayer, podrían responder a las presiones que el PSOE valenciano está recibiendo del partido a nivel estatal. Según ha podido saber EL ESPAÑOL, Pedro Sánchez, secretario general del PSOE, prefiere a Ciudadanos como socio de gobierno en Valencia.

Sánchez estaría dispuesto, incluso, a impedir que Compromís gobierne en la ciudad de Valencia pese a ser la segunda fuerza más votada, y permitir en su lugar que gobierne Ciudadanos, aunque para ello necesiten la complicidad del PP mediante la abstención. El acuerdo programático del jueves acaba, en principio, con todas estas especulaciones. Siempre que Mónica Oltra y Ximo Puig sean capaces de ponerse de acuerdo en los próximos días sobre la presidencia de la Generalitat.

El nuevo poderío

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El autor critica la falta de contenido del mensaje de los indignados, un movimiento que apelaría más a las tripas que a la razón. Según señala, ha encontrado eco en una ciudadanía necesitada de emociones fuertes y que afronta los problemas del país con actitud pueril. 

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Durante el partido en que la Juventus eliminó al Real Madrid, en la grada del Bernabéu prendió el “Sí se puede”. No fue mayoritario y apenas duró un suspiro, pero lo cierto es que los seguidores del club más laureado del mundo incurrieron en la extravagancia de hacerse pasar por famélica legión. Ni siquiera la posibilidad de que ese grito acabara pendiendo de la undécima hizo desistir al público de dárselas de maldito, que es como se designa, en el Upper Castellana, a los pupas con glamour.

La ola podemista del 24-M tiene que ver con ese frenesí, con la indisimulada inclinación de la ciudadanía a disolverse en masa para, al grito fuenteovejúnico de “Sí se puede”, protagonizar un relato heroico. La otra gran consigna de aquel germen, por cierto, “Lo llaman democracia y no lo es”, parece arrumbada ante la evidencia, ya paladeada por sus promotores, de que debajo de la palabra está la cosa.

“Sí se puede” es el clamor espectral que azota la piel del mundo. Traducción castiza del “Yes we can“, heredero posmoderno del “No pasarán” y hermano bastardo del “Hemos pasao”, el mantra podemita opera a semejanza de un fractal de bondades a cien. Es acercarse al animalillo, toquetearlo curiosamente y desatarse una tormenta de gemidos infalibles, ya se trate de “¡El pueblo unido, jamás será vencido!”, “¡Este partido lo vamos a ganar!” o “¡Viva México, cabrones!”. Todo el andamiaje del nuevo poderío, en fin, descansa sobre una pulsión de hooligan. Sin esa efervescencia, sin el afán de convertir el espacio público en un remedo de Evasión o victoria no habría populismo, que lo es, sobre todo, por imperativo folklórico, pues, como el nacionalismo (un subproducto del populismo), sólo pervive en un medio social en que los sentimientos hayan reemplazado a la razón.

Acaso el lector avisado reponga que no, que “Sí se puede”, lejos de ser la vacuidad que pretendo, hunde sus raíces en el lema de la United Farm Workers of America. No obstante, la única conexión que se me ocurre entre aquella Unión de Campesinos y nuestros desheredados es que, según consta en la Wikipedia, su líder, César Chávez, era vegano. Por lo demás, las condiciones de trabajo de los vendimiadores californianos poco tienen que ver con las de los quincemesinos, que en tanto pueblo viven en estado de perpetua necesidad. Sobre todo, ay, de emociones fuertes.

Así las cosas, lo que se puede no está del todo claro e incluso puede que no se pueda. Como afirma instructivamente Carlos Herrera, el asalto del cielo podría consistir en llenar la ciudad de conserjes y ascensoristas, por aquello de impulsar el empleo de carácter asistencial. Mas ningún decreto, por prodigioso que resulte, va a ser tan molón como el perpetuo atronar del “Sí se puede”. Es rumboso, susceptible de dejar al alcance de los niños y, como en tiempos de la mili obligatoria, sólo compromete a sus objetores.

(Coda: “El problema, el verdadero problema de las drogas en nuestro siglo de pretensiones humanas exageradas y decepcionantes es, sencillamente, que están demasiado ricas”. Sabino Méndez, Corre Rocker).

La deuda les pasa factura a los alcaldes

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Parla, Jerez, Reus, Jaén y León son las cinco ciudades de más de 100.000 habitantes donde más ha subido la deuda por habitante desde 2011. En todas ha perdido concejales el partido del alcalde y en todas se puede producir todavía un cambio de gobierno.

Parla, Jerez, Reus, Jaén y León son las cinco ciudades de más de 100.000 habitantes donde más ha subido la deuda por habitante desde 2011. En todas ha perdido concejales el partido del alcalde y en todas se puede producir todavía un cambio de gobierno.

El Gobierno de Mariano Rajoy aprobó en 2012 el Plan de Pago a Proveedores (PPP), un mecanismo dotado con 10.000 millones de euros para que autonomías y ayuntamientos pudieran hacer frente a las facturas que no habían pagado a autónomos, pequeñas empresas y grandes concesionarias de los servicios básicos como el agua, la electricidad o las basuras.

Miles de ayuntamientos se vieron obligados entonces a reconocer las facturas que no habían pagado y a presentar un plan de ajuste si querían recibir estos fondos. Así fue como esas cifras pasaron a engordar las cifras de deuda de los municipios. Sus principales acreedores eran los grandes bancos y el Instituto de Crédito Oficial (ICO). A continuación examino los resultados del 24M en Parla, Jaén, León, Reus y Jerez de la Frontera: las cinco ciudades de más de 100.000 habitantes donde más ha subido la deuda por habitante desde 2011. En todos se puede producir todavía un cambio de gobierno.

1. Parla: la sombra de la corrupción

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¿Por qué creció la deuda? 

La deuda por habitante aumentó un 662% entre 2011 y 2013. En mayo de 2014, el concejal de Hacienda, Fernando Jiménez, dijo que no tenía una explicación concreta a lo ocurrido con la deuda. Añadió que Parla era uno de los municipios menos endeudados en términos bancarios aunque omitió recordar el volumen de facturas impagadas en el cajón. 

En febrero de este año, la alcaldesa socialista, Beatriz Arceredillo, reconoció que el ayuntamiento tenía una deuda de 550 millones de euros y admitió que en 2014 no pagó la Seguridad Social de sus trabajadores. En esta cifra no está incluida la deuda del polémico tranvía de Parla, que ronda los 180 millones de euros. Debido a esto, el ayuntamiento tiene retenidos los ingresos por el Estado. Arceredillo relevó en noviembre al anterior alcalde, José María Fraile, detenido en la operación Púnica.

El portavoz popular Miguel Ángel López dijo en 2014 que el ayuntamiento arrastraba una gran deuda con sus proveedores desde la época del anterior alcalde, Tomás Gómez, que fue destituido como secretario general de los socialistas madrileños en febrero de 2015 después de las investigaciones emprendidas por la fiscalía por el sobrecoste del tranvía de Parla, considerado como un monumento del despilfarro municipal. Estos sobrecostes se están investigando ahora en los tribunales.

Resultados del 24M

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El PSOE, en el poder desde 1979, se ha desmoronado en estas elecciones al conseguir tan sólo cinco concejales, seis menos que en 2011. El PP ha ganado las elecciones con apenas siete ediles mientras dos partidos nuevos (Mover Parla y Cambiemos Parla) han irrumpido en el escenario político con seis concejales cada uno.

Mover Parla es un movimiento vecinal liderado por la actual alcaldesa y ex socialista Beatriz Arceredillo. Cambiemos Parla es una unión de varios movimientos vecinales y políticos entre los que se incluye Podemos Parla. 

Aunque todavía no hay ningún pacto definido, hay rumores que apuntan que Ana Ferreira de Cambiemos Parla podría ser la nueva alcaldesa con el apoyo del PSOE (cinco concejales) e Izquierda Unida (tres concejales). A pesar de que Mover Parla fue el segundo partido más votado (con seis concejales y 19.4% del voto), la cabeza de este partido es la alcaldesa en funciones y ex socialista Beatriz Arceredillo, lo que podría dificultar un acuerdo entre Mover Parla y los concejales del PSOE. 

En una conversación telefónica, Ana Ferreira, candidata de Cambiemos Parla, aclara que todavía no se ha tomado ninguna decisión: “El domingo pasado tuvimos una asamblea de consulta con los ciudadanos donde se decidió un programa de mínimos y unas condiciones que se deberán tomar en cuenta a la hora de pactar con otros partidos. Estas condiciones incluyen la auditoría de la deuda y el asunto de los desahucios”.

2. Jerez de la Frontera: una alcaldesa investigada

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¿Por qué creció la deuda?

La deuda por habitante de Jerez aumentó un 433% desde 2011. “En 2012 el ayuntamiento destinó la totalidad de los préstamos del ICO al pago de facturas de concesionarias y proveedores”, afirma el concejal de Economía saliente, Enrique Espinosa de la Calle, durante una conversación telefónica. “En total eran 15.000 facturas y algunas tenían una antigüedad de 12 años”.

Según Espinosa de la Calle, el ayuntamiento ha tenido que pagar lo que no se había pagado antes.

Mientras la deuda crecía exponencialmente, dos ex alcaldes de Jerez han tenido que enfrentarse a los tribunales. La socialista Pilar Sánchez volvió a los juzgados en abril para declarar como imputada por el caso Mercajerez, que investiga un fraude de 142.000 euros en el desarrollo de dos cursos de formación de la Junta de Andalucía que se impartieron en 2011. Se trata de la cuarta causa judicial abierta contra Sánchez.

El otro ex alcalde con problemas judiciales es el andalucista Pedro Pacheco, condenado en 2014 a cuatro años y medio de cárcel por la contratación ilegal de dos asesores municipales cuando era delegado de Urbanismo en 2005. Pacheco sigue en prisión.

Resultados del 24M

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La candidata popular María José García Pelayo ganó las elecciones con 15 concejales en 2011. Ahora perdió cuatro ediles y la mayoría absoluta. El PSOE ha conseguido siete escaños, Ganemos Jerez cinco, Ciudadanos Jerez dos y IU-CA otros dos, por lo que una coalición de izquierda podría privar al PP de la alcaldía. La actual alcaldesa, García Pelayo, está siendo investigada por la Audiencia Nacional debido a una adjudicación que pudo amañar en su municipio a favor de la red Gürtel.

Una portavoz de Ganemos Jerez, una agrupación de distintos movimientos sociales entre los que se incluye Podemos, me explica que abordaron la posibilidad de pactar en una asamblea que se celebró el jueves pasado y que la opinión mayoritaria era apoyar como alcaldesa a la socialista Mamen Sánchez y mantenerse luego en la oposición. Santiago Sánchez, candidato a la alcaldía por Ganemos Jerez, afirma que “aunque esta es la posibilidad con más fuerza”, el partido no se ha pronunciado oficialmente sobre el tema porque prefiere esperar a reunirse con el resto de partidos. 

3. Jaén: en manos de Ciudadanos

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¿Por qué creció la deuda? 

La deuda por habitante aumentó un 271% desde el 2011. El concejal de Hacienda, Miguel Contreras, reconoció en 2013 que la deuda del Ayuntamiento ascendía a 430 millones de euros. Una cifra que supone más del doble del presupuesto municipal. Casi la mitad de ese dinero se debía a las entidades bancarias a través del plan de pago a proveedores.

Fuentes del PSOE de Jaén aseguran que el PP ha estado gastando ingresos ficticios. “En 2014 el PP dijo que los ingresos patrimoniales rozarían los 4,9 millones de euros pero en realidad fueron 743.581 euros. Tampoco han estimado correctamente los impuestos directos. En 2014 dijeron que se recaudarían 36 millones y sin embargo sólo se recaudaron 29 según los datos de 2014″.

Resultados del 24M

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Las elecciones de 2011 las ganó el PP con 16 concejales. Al igual que en Jerez, el partido ha perdido ahora la mayoría absoluta. El PP ha conseguido 12 ediles, el PSOE nueve, Ciudadanos tres y Jaén en Común (una agrupación formada por miembros de Podemos, IU y Equo) otros tres. 

El actual alcalde y candidato del PP, José Enrique Fernández de Moya, tendrá que pactar con alguno de los otros partidos o gobernar en minoría. En un comunicado a la prensa, Ciudadanos ha hecho entrega de un listado de condiciones que serían esenciales para apoyar la investidura del Partido Popular. El miércoles 3 de junio Ciudadanos también se reunió con el partido socialista, a quien también presentó su lista de condiciones. En cualquier caso, Ciudadanos ha reiterado su promesa de no entrar en el Gobierno municipal.  

4. Reus: el ‘caso Innova’

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¿Por qué creció la deuda? 

Entre 2011 y 2013, la deuda por habitante subió un 109,28%. En noviembre de 2013 la Generalitat pagó a Reus los 64 millones de euros que le debía. Con ellos el ayuntamiento pagó a su vez a medio millar de pequeñas y medianas empresas y a autónomos a los que debía dinero. Reus es el epicentro del caso Innova, el escándalo sobre la corrupción en la Sanidad catalana que incluye facturas falsas, sobornos, blanqueos de dinero y adjudicaciones a dedo.  

Resultados del 24M

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En 2011, CIU ganó las elecciones con 10 concejales. En los comicios de mayo sacó siete. La CUP, el partido del concejal que denunció el caso Innova, se ha situado como segunda fuerza política y ha sido la gran sorpresa con seis ediles (en 2011 consiguió uno). Ciudadanos obtuvo cuatro concejales, el PSC otros cuatro y Esquerra Republicana de Catalunya, el PP y Ara Reus dos. 

El ahora alcalde Carles Pellicer (CiU) lo tendrá difícil para formar gobierno. El líder de Ciudadanos ha aclarado que está abierto a pactos puntuales pero que descarta formar parte de cualquier pacto de gobierno. El PSC aclaró en una rueda de prensa que no hará un Gobierno de coalición con CIU y que apoyaría la investidura del concejal de la CUP David Vidal si éste se postula como alcalde. Mientras tanto, ERC ha declarado este martes que sólo respaldará un futuro Gobierno soberanista con CiU y la CUP pero no ha desvelado a quién apoyarían sus concejales en la investidura. 

5. León: un PP sin mayoría

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¿Por qué creció la deuda? 

La deuda por habitante subió un 168,17% entre 2011 y 2013. El Ayuntamiento de León niega que haya aumentado la deuda y afirma que bajó de 440 millones en 2011 a 300 millones en 2013. Fuentes del PSOE leonés afirman que gran parte de la deuda del ayuntamiento son cantidades que el consistorio no había reconocido y que afloraron en 2012 con el plan de pago a proveedores, que fue financiado por el ICO, hoy por hoy el mayor acreedor municipal.

La distorsión en las cifras financieras de León se debe a que existían facturas sin pagar desde mediados de los años 90, según dice el grupo municipal del PSOE. En concreto, la administración local debía 150 millones a 10 grandes proveedores como ACS en servicios básicos como el agua o la basura.  

Resultados del 24M

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Las elecciones de 2011 las ganó el PP con 15 concejales. Esta vez el candidato popular Antonio Silván se ha quedado con 10 escaños y ha perdido la mayoría absoluta. El PSOE obtuvo ocho y Ciudadanos cuatro. Las coaliciones de izquierdas de León Despierta y León en Común han sacado dos concejales cada una  y los leonesistas de la UPL uno.

Ciudadanos decidirá quién forma gobierno. Si sumara sus cuatro ediles a los 10 del PP, ambos superarían la suma de los ediles del PSOE, León Despierta, León en Común y la UPL.

Gemma Villarroel, campeona de squash y candidata a alcaldesa por Ciudadanos en León, me explica su posición: “Nosotros tenemos unas líneas rojas a la hora de hablar con cualquier partido”. Estas líneas rojas incluyen no dialogar con ningún partido que tenga imputados en sus listas y la firma del pacto anticorrupción que Ciudadanos ha propuesto en toda España.

Villarroel ha detallado una condición antes de cerrar cualquier acuerdo: que el PP deberá traer la documentación que demuestre que se ha revocado la imputación del popular Javier García Prieto,imputado por su gestión como consejero al frente de Caja España. Ciudadanos León se reunirá durante esta semana con el PP y con el PSOE. 

Ciudadanos condiciona su apoyo a Cifuentes a que haga un “filtrado” de su lista

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Ciudadanos está dispuesto a vender cara la llave del gobierno de la Comunidad de Madrid. El cabeza de lista en las autonómicas, Ignacio Aguado, exige a Cristina Cifuentes la firma de un pacto anticorrupción no negociable y que se fuerce la dimisión de diputados salpicados por la corrupción en previsión de que puedan ser imputados próximamente. El partido de Albert Rivera quiere que ambas decisiones se tomen antes del día 9 de junio, fecha de la constitución de la Asamblea de Madrid y de toma de posesión de las actas de diputado.

Ciudadanos está dispuesto a vender cara la llave del gobierno de la Comunidad de Madrid. El cabeza de lista en las autonómicas, Ignacio Aguado, exige a Cristina Cifuentes la firma de un pacto anticorrupción no negociable y que fuerce la dimisión de diputados salpicados por la corrupción en previsión de que puedan ser imputados. El partido de Albert Rivera quiere que ambas decisiones se tomen antes del día 9 de junio, fecha de la constitución de la Asamblea de Madrid y de toma de posesión de las actas de diputado.

Tras mantener una primera reunión con Cifuentes, que sólo podrá ser presidenta con el apoyo de Ciudadanos, Aguado reclamó ante los medios de comunicación que tome “medidas” sobre el caso de Álvaro Ballarín, el número siete de la lista. “Me huele mal”, dijo Aguado sobre Ballarín, concejal en Madrid imputado por prevaricación y falsedad documental desde enero, pero que dejó de estarlo la semana pasada tras la misteriosa retirada de una demanda de la que la propia Cifuentes no tenía conocimiento.

En conversación con EL ESPAÑOL, Aguado fue más allá y advirtió de que podría haber más manzanas podridas en la lista del PP. La candidatura fue en su día motivo de enfrentamiento entre Cifuentes y la presidenta del partido en Madrid, Esperanza Aguirre, que tuvo mucho peso en su confección.

“No solo me preocupa Ballarín sino la presencia de más gente, la apertura de ‘Púnica dos’ en junio y que haya más personas que se puedan ver afectadas”, dijo. La Operación Púnica, trama de adjudicaciones públicas a cambio de comisiones, probablemente reabra su vía judicial en unas semanas.

En el caso de Ballarín, la Fiscalía tiene que decidir si actúa de oficio en los próximos días. Aunque no lo haga, el diputado electo debería dar un paso atrás, según Ciudadanos. En cuanto a la Operación Púnica, la imputación de diputados electos podría ser cuestión de semanas. Entre los que podrían verse afectados están Juan Soler (número 10), que adjudicó contratos a una empresa investigada que le pagó un viaje a París. Otros, como Bartolomé González (11), Isabel Mariño (8) o Borja Sarasola (12), están en el punto de mira de la oposición por distintos casos, aunque no están ni imputados ni están siendo investigados.

“Me gustaría que antes de que se recogieran las actas [de diputados], Cristina hiciera un ejercicio para ver su lista y conocerla. Tiene que hacer un ejercicio de filtrado y tomar medidas” exige Aguado.

Cifuentes, contra la “sospecha permanente”

Cifuentes se distanció de la exigencia de Aguado asegurando que sería “muy negativo” obligar a dimitir a cargos que no están imputados. “Si algún diputado resulta imputado por un asunto que tenga que ver con la corrupción, se le pedirá la renuncia”, prometió ante la prensa. Pero exigirlo sólo por una “presunción” crearía una “sospecha permanente” que no está dispuesta a amparar.

Aguado presentará este martes un documento sobre la regeneración democrática que no está abierto a negociación. Ciudadanos sólo continuará hablando con el PP si se compromete por escrito a que los diputados tengan dedicación exclusiva (un cargo, un sueldo). La medida podría ocasionar una revuelta en las filas populares, donde hay electos que pretenden compatibilizar su puesto con una alcaldía o actividades privadas.

Entre las demás medidas del documento están la elección de candidatos por primarias o la despolitización del Consejo consultivo, que cuenta con Alberto Ruiz Gallardón y Joaquín Leguina en nómina, así como la profesionalización de las direcciones de la Cámara de Cuentas o Telemadrid.

Con 48 diputados, Cifuentes necesita los 17 de Ciudadanos para alcanzar los 65 en los que está fijada la mayoría absoluta. La suma de PSOE (37) y Podemos (17) deja a un pacto de izquierdas a uno de esa mayoría, por lo que escaños como el de Ballarín son clave para el PP de todos modos. Pero el diputado electo, que en estos momentos no está imputado, no está dispuesto a renunciar a su acta y no está claro que llegase hacerlo aunque fuese señalado de nuevo por la Justicia. Por eso Aguado pide ahora un gesto de autoridad de Cifuentes que demuestre que su compromiso con la regeneración va en serio.

El PSOE: “Hay partido”

Fuentes del PSM, la federación madrileña del PSOE, creen aún posible la posibilidad de atraer a Ciudadanos a un pacto con Ángel Gabilondo, un candidato con una imagen y una lista electoral a priori más limpias que las del PP. “Es difícil, pero hay partido”, aseguran.

Aguado espera que tanto PP como PSOE firmen su documento anticorrupción, algo que les permitiría hablar de otros asuntos como los servicios públicos, la innovación o el empleo. “Si conseguimos en una semana que ambos partidos firmen, habremos logrado más que el PP en 30 años”, dice. Al mismo tiempo, desencadenar cambios importantes como partido bisagra permitiría a Ciudadanos superar el estigma de pactar con el PP y consolidarse como alternativa de gobierno.