La policía sospecha que otras firmas de inversión callaron por miedo a represalias de la CNMV

elvira1

La Policía Nacional busca posibles víctimas de la trama de corrupción que investiga en el seno de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que preside la ‘popular’ Elvira Rodríguez (en la imagen). Y lo hace con la sospecha de que algunos empresarios se plegaron a las presiones de los ahora investigados por miedo al desprestigio profesional.

elvira1

La Policía Nacional busca posibles víctimas de la trama que investiga en el seno de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Y lo hace con la sospecha de que algunos empresarios se plegaron a las presiones de la trama por miedo al desprestigio profesional.

En esta línea, el informe remitido por los agentes a la Fiscalía de la Audiencia Nacional explica que “el daño reputacional que puede inflingir la CNMV es tan grave o más que las propias sanciones, ya que el mercado financiero se basa en la confianza y la reputación”. A juicio de los investigadores, “la CNMV, al difundir meramente que una entidad está siendo inspeccionada por prácticas irregulares, condena de facto a la entidad y a sus responsables en el mercado nacional e internacional”.

La propuesta de investigación presentada por la Unida de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) a la Fiscalía de la Audiencia Nacional se centra, tal y como confirmó ayer la propia CNMV en un comunicado, en dos expedientes concretos de dos gestoras financieras, llamadas Vetusta Wealth Managers y Dracon Partners.

Según confirma el regulador, ambas firmas sufrieron sendas investigaciones por parte de la CNMV, pero con seis años de diferencia. Pese al salto temporal y, según ha confirmado EL ESPAÑOL, los agentes de la UDEF han encontrado los mismos patrones en sus procedimientos sancionadores, coincidencias que les hacen pensar que los expedientes de ambas se fraguaron de forma similar y contraviniendo la normativa.

Como ejemplo, los propietarios de las dos gestoras fueron acusados de actuar como testaferros de terceras personas. En el caso de Vetusta, el presunto propietario era un notario de Dublín. En el de Dracon Partners, un empresario español sancionado con anterioridad por el regulador. Ninguna de las dos acusaciones se confirmó, pero ambas fueron filtradas a la prensa y con ello, los responsables de las entidades quedaron marcados para operar en cualquier mercado financiero, tal  y como refleja el informe de la UDEF.

Pacto y sanción

En un primer momento fueron los gestores de Dracon Partners quienes denunciaron presiones de la CNMV a la Policía Nacional. Los responsables de esta Empresa de Asesoramiento Financiero (EAFI) aseguraron ya en 2012 -tres años antes de ser sancionados en firme- que varios funcionarios de la CNMV les presionaban para que entregaran su licencia financiera de forma voluntaria. Según su denuncia, ampliada en varias ocasiones desde entonces, Dracon tenía que dejar de operar en España. Si aquello no sucedía, sus gestores sufrirían las consecuencias de un procedimiento sancionador, que ha culminado de forma definitiva en 2015.

El pasado 25 de marzo, el Boletín Oficial del Estado publicó la sanción impuesta a Dracon Partners: 1,25 millones de euros para la empresa y otros 625.000 euros para su administradora. El argumento de la CNMV fue que la sociedad y sus gestores cometieron “infracciones muy graves” por incumplir la ley en la relación con sus clientes y por delegar en terceros su servicio de captación. Los investigadores han solicitado ahora este expediente a la CNMV ante la sospecha de que se sustanció utilizando argumentos falsos.

Pese a las denuncias aportadas por Dracon Partners desde 2012, la investigación policial entró en una nueva fase en febrero de este año cuando los gestores de Vetusta hicieron llegar también la suya a la Policía Nacional. En resumen, los administradores de la gestora denuncian una situación muy similar a la vivida por Dracon, pero con seis años de distancia y una diferencia sustancial: en lugar de litigar, los responsables de Vetusta entregaron la licencia de forma voluntaria a la CNMV. Por su parte, el organismo regulador archivó el expediente y dejó sin efecto las sanciones, tal y como refleja el siguiente documento:

Hace dos semanas, la Policía Nacional solicitó a instancias de la Fiscalía de la Audiencia Nacional los dos expedientes. Su objetivo es analizarlos en busca de irregularidades. Además, los agentes investigan el patrimonio de varios funcionarios bajo sospecha y recaban testimonios de terceros, testigos que fueron durante años empleados de la CNMV. Su intención es confirmar si las actuaciones sancionadoras son irregulares, si se hicieron por mala praxis de los funcionarios o si vinieron motivadas por presuntos pagos o sobornos de terceros. Ahora, se esfuerzan también por localizar a más víctimas y por esclarecer si alguna de ellas, por miedo, guarda silencio.