Arranca el juicio por la legítima de los hijos de la ‘duquesa roja’

pilarLos hijos de la “duquesa roja” reclaman su legítima en un juicio que según todas las partes será “largo y complejo”. Leoncio, Pilar y Gabriel González de Gregorio y Álvarez de Toledo reclaman sus derechos como herederos del patrimonio de su madre, integrado en la Fundación Casa Medina Sidonia.

 

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Pilar de Medina Sidonia. / Gtres

Este miércoles comienza en el Juzgado  de Instrucción número uno de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) un juicio que según señalan todas las partes implicadas será “largo y complejo”. Leoncio, Pilar y Gabriel González de Gregorio y Álvarez de Toledo reclaman sus derechos como herederos de la legítima del patrimonio de su madre, integrado en la Fundación Casa Medina Sidonia.

“Es una locura lo que se está diciendo de que queremos acabar con todo el patrimonio catalogado como Bien de Interés Cultural. Yo siempre he defendido, que si el juez determina que nos corresponde lo que estamos reclamando de nuestra legítima, el Estado tiene todo el derecho  hacernos una oferta, que por supuesto yo aceptaré dentro de unos parámetros. Pero de ahí a decir que queremos saquear la Fundación Casa Medina Sidonia que creó mi madre, no es cierto”, apunta Pilar Medina Sidonia, una de las hijas de la “duquesa roja”  a EL ESPAÑOL. Cada uno de los hijos acudirá con un abogado diferente pero no sólo porque las relaciones entre ellos no sean buenas: “Cada uno tiene unas reclamaciones y unas posiciones distintas. A Leoncio le corresponde además de la legítima, el tercio de mejora. Por lo que sus intereses son cuantitativamente mayores”, apunta uno de los letrados.

Donación inoficiosa

Este mediático proceso sienta en el banquillo también a la abogada Urquiola de Palacio, designada por la duquesa para la partición de sus bienes, y que en su día determinó que rondarían los 60 millones de euros. “Es inaudito que una de las personas de confianza de mi madre también haya sido demandada, cuando lo único que hizo fue encargarse de repartir de los bienes tal y como ella le encargó por amistad y cariño”, explica uno de los hijos.

Urquiola tuvo que demostrar en su día, que la “duquesa roja” llevó a cabo una donación inoficiosa a la Fundación, que excedió el valor de su tercio de libre disposición donándolo a la Fundación. Para hacer la valoración oficial ello se tomó como referencia el catálogo de bienes de la Fundación Medina Sidonia elaborado en su día por la UNED.

“Tiene lagunas, no aparecen todos los documentos, ni piezas artísticas que sabemos y tenemos comprobado que estuvieron allí. Exigimos transparencia. Le pedimos a Lilian, viuda de la duquesa (contrajo matrimonio “in artículo mortis”, el mismo día del fallecimiento) y presidenta vitalicia de la Fundación que nos dejara que Susana Bardón, experta en catálogos monográficos, hiciera uno más exhaustivo, pero se ha negado en todo momento a colaborar”, apunta una de las partes.

Los bienes adscritos a la Fundación Casa de Medina Sidonia (el Palacio de los Guzmanes, en Sanlúcar de Barrameda, y todas las obras de arte, libros y mobiliario que contiene, así como el Archivo) gozan de la categoría de Bien de Interés Cultural inscrito en el Catálogo General de Patrimonio Histórico de Andalucía, el máximo grado de protección de Patrimonio Histórico. De ahí que haya formado una plataforma ciudadana para que no se divida el legado de Medina Sidonia “es una intoxicación, porque yo tengo un palacio rehabilitado en San Lúcar, siempre he venido a veranear aquí y a mí nadie ha venido a preguntarme que es lo que estoy reclamando,  ni que voy hacer” afirma Pilar.

Ahora el juez tendrá que determinar primero, si se llevó a cabo una donación inoficiosa del tercio de libre disposición. De ser ahí cuantificarla y a partir de ahí determinar con las partes como reciben esa parte de la legítima que les corresponde, y de la cual a fecha de hoy, y siete años después de la muerte de la duquesa, todavía no han dispuesto. A la familia le gustaría que este asunto se resolviera únicamente en los tribunales pero no han podido impedir el revuelo mediático creado en torno a una fortuna de 60 millones de euros.

 

 

Convergència intentó engañar al Tribunal de Cuentas con la ayuda de varias constructoras

Daniel Osacar, ex tesorero de CDC, abandona la sede convergente de la calle Córcega, que ha sido registrada por la Guardia Civil. EFE/Marta Pérez

Fotografía: Marta Pérez / EFE

Convergència Democrátrica de Cataluña (CDC) intentó engañar al Tribunal de Cuentas con la colaboración de varios empresarios afines. Lo hizo solicitando cambios en la documentación que las empresas deben entregar al organismo público para justificar sus donaciones. 

Convergència Democrátrica de Cataluña (CDC) intentó engañar al Tribunal de Cuentas con la colaboración de varios empresarios afines. Lo hizo solicitando cambios en la documentación que las empresas deben entregar al organismo público para justificar sus donaciones.

Las pruebas preliminares se encuentran en los correos decomisados en la sede del partido durante la segunda fase de la Operación Petrum. Los autores de esos correos son el actual tesorero del partido, Andreu Viloca, y su antecesor en el cargo Daniel Osácar, que hacen peticiones a varias adjudicatarias de obra pública en Cataluña para que modifiquen las fechas en las que aprobaron las donaciones a su fundación, CatDem.

Según la legislación española, las donaciones de empresas privadas a partidos políticos deben estar aprobadas formalmente por su consejo de administración. En los correos incautados, los dos tesoreros de Convergència intentan que las empresas adjudicatarias modifiquen la fecha de algunos de estos acuerdos. Con ello, y según la tesis de la Fiscalía Anticorrupción, los tesoreros de Convergència intentan desvincular las donaciones entregadas a su fundación con las concesiones de obra pública y dificultar por tanto la investigación.

En uno de los documentos intervenidos, el ex tesorero Daniel Osácar, que gestionó durante años las finanzas de Convergència y que en apariencia estaba apartado de estas funciones, habla con el empresario Carlos Sumarroca. El máximo responsable de la empresa Teyco le alerta de que han recibido una petición de documentación por parte del Tribunal de Cuentas y le pide instrucciones sobre la forma de proceder. Esta constructora está acusada de pagar comisiones del 3% sobre varias concesiones de obra pública obtenidas en ayuntamientos de Tarragona.

Constructoras de confianza

Entre la documentación que custodia ya el Juzgado de Instrucción número 1 de El Vendrell se encuentran más de 1o.000 correos electrónicos extraídos de la red interna de Convergència (no de su fundación ya que los ordenadores se guardaban en la sede del partido) y varias cajas con documentos físicos que los investigadores consideraron de importancia para la causa.

Sin embargo, tal y como publicó el diario ABC, un documento llamó especialmente la atención de los investigadores: un listado donde figura una veintena de empresas, constructoras y otras adjudicarias de concursos públicos en Cataluña que la Guardia Civil considera de confianza para Convergència.

En este grupo aparecen empresas como Teyco o Copisa, vinculada al caso Palau. También el Grup Soler, donde se concetran las peticiones para que las empresas modifiquen sus datos frente al tribunal de cuentas. El juzgado encargado del caso trabaja con la tesis de que Convergència creó un sistema clientelar para enmascarar las donaciones que funcionaba en dos fases. Por un lado, los empresarios hacían llegar al partido correos electrónicos asépticos sobre sus donaciones y las licitaciones de obra donde pretendían presentarse. Por otro, enviaban documentos manuscritos o concertaban encuentros verbales para amañar las adjudicaciones.

Como ejemplo, en el despacho de Andreu Viloca, los agentes encontraron una tarjeta de visita de una de estas empresas con una leyenda en el dorso escrita a mano: “Te he enviado por correo dos listados. Uno con las licitaciones en las que no ha habido suerte y otro con aquellas en las que ha habido suerte”.