Tres nacionalismos y una Constitución

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El autor recuerda que, en la Historia de España, cuarenta años de paz y prosperidad son la excepción, y que esa trabajada estabilidad la está poniendo en riesgo el nacionalismo. Al independentismo catalán le vaticina el mismo final que tuvo Tejero.  

Dicen los nacionalistas catalanes que España es un país decadente. Se han dado cuenta un poco tarde: el conde-duque de Olivares admitió oficialmente la decadencia en 1621. Y en el largo camino de los siglos, Jovellanos invocaba a los espíritus ilustrados; se nos suicidó Larra vestido con levita; un joven Ortega viajó a Alemania para convertirse en “importador de idealismo”; y ahora, los nacionalistas catalanes devienen en independentistas.

Siguiendo a los sofistas, podemos decir que hay verdades históricas relativas: Dante condenó al infierno a los asesinos de Julio César, mientras que Shakespeare los defendía porque lucharon por la libertad de la república. Sin embargo, hay verdades irrefutables: nunca existió una Corona catalano-aragonesa, sino la Corona de Aragón; y al morir Carlos II, no hubo una Guerra de Secesión, sino una Guerra de Sucesión. Ambas mentiras se enseñan impunemente en las escuelas catalanas. Con la misma impunidad, en las franquistas se enseñaba que España había sido colocada “providencialmente por Dios en el centro del mundo” y que “lo más probable es que Cristóbal Colón fuera español”.

Por cierto, hace un mes, gracias a una fundación financiada por la Generalitat, nos enteramos de que Artur Mas es descendiente de Colón. ¿Vendrá el parentesco por los naufragios (Colón perdió nueve barcos en sus cuatro viajes)? ¿O por Manuel de Prado y Colón de Carvajal, que ingresó en la cárcel de Sevilla II por apropiarse indebidamente de 12 millones de euros?

Todos los nacionalistas desprecian la Historia, la modelan a su antojo como si fuera barro, la manchan

Todos los nacionalistas que en el mundo han sido desprecian la Historia, la modelan a su antojo como si fuera barro, la manchan: Franco quería eliminar el siglo XIX “por ser el culpable de todas la degeneraciones de nuestro ser”; Jordi Pujol, en un pleno parlamentario de finales de los 70, afirmó: “Hay que cambiar no ya cuarenta años, sino quinientos de la Historia de España”.

En la Italia de Mussolini, multaban a los comercios y empresas que rotulaban en lenguas extranjeras (Restaurant, Brasserie…); en la Cataluña del siglo XXI, se multa por hacerlo en una de las lenguas oficiales. Santiago Espot, el presidente de Catalunya Acció, ha denunciado a miles de trabajadores que rotulaban en español; Blas Piñar, el consejero nacional del Movimiento, denunció la publicación de algunos libros, como las Obras Completas de Neruda.

El despacho de Franco en el Palacio de El Pardo se montó sobre el comedor de Carlos III, pero al dictador y a sus censores no les llegaron ni unas migajas ilustradas. En las catacumbas del Ministerio de Información y Turismo, trabajaban los censores (curas y militares en su mayoría). El lápiz rojo dibujó situaciones absolutamente risibles: hubo quien tachó la palabra “insólito” por el “matiz agresivo” de los esdrújulos; y quien, en un poema de Vázquez Montalbán, cambió “sobaco” por “axila” porque el primero era “un vocablo ordinario”.

Se empieza llamando guarros a los españoles y se acaba creando partidos que no condenan a ETA

El padre del nacionalismo vasco, Sabino Arana, decía que el español apenas se lava una vez en su vida. Se empieza llamando guarros a los españoles y se acaba creando una sociedad en la que uno de cada cinco vascos vota a un partido que no condena a ETA (los etarras deben de acostarse cada noche con unas gotitas de Chanel Nº 5).

Los nacionalistas no respetan ni los cielos: en el vuelo que llevaba a la delegación española a Londres para participar en las Olimpiadas de 1948, el famoso general Moscardó (por entonces presidente del COE) le quitó el micrófono a la azafata: “Ahora que llegamos a esta tierra de cabrones, digamos todos ‘¡Viva Franco! ¡Arriba España!’”. Treinta y dos años después, el primer español que coronaba el Everest, Martín Zabaleta, colocó junto a la ikurriña el anagrama de ETA.

En otras ocasiones, es la Iglesia la que no se hace respetar: el 80% de los sacerdotes vascos se confiesa fuertemente nacionalista; el 10%, abertzale; y sólo el otro 10%, no nacionalista. Y qué decir de la actitud durante el franquismo de la Iglesia católica, cuyas doctrinas permearon la sociedad española hasta la asfixia moral (había un censor, el padre Vázquez, que en su estulticia le tenía manía al personaje de Superman; tuvieron que reunirse con él varios directores generales para que permitiera la publicación de los tebeos).

España es el país más descentralizado de Europa y el tercero del mundo, tras Canadá y Australia. La Constitución del 78 fue enormemente generosa con los nacionalismos, concediendo un trato fiscal privilegiado a vascos, navarros y catalanes (estos últimos lo rechazaron). En aquel contexto en el que salíamos de una dictadura, el privilegio podía tener sentido. Hoy, en la Europa que busca la armonización, no.

Es inaceptable que en el siglo XXI unos ciudadanos tengan ventajas fiscales simplemente por haber nacido en un territorio, apelando además a unos derechos históricos muy discutibles. Los mismos que aceptan esos derechos y privilegios, supongo que estarían dispuestos a aceptar que la Casa de Alba tuviese un trato tributario especial.

En ningún otro país europeo hubieran obtenido los nacionalistas tantas concesiones como en España

En la Historia de España, cuarenta años de paz y prosperidad son la excepción. La nuestra es la historia de los enfrentamientos civiles y los pronunciamientos militares. A todos los que elaboraron aquella Constitución (en un arco parlamentario que iba desde los antiguos franquistas a los comunistas), hemos de estarles eternamente agradecidos. Como dice el epitafio de Suárez, “la concordia fue posible”. El único presidente de la Generalitat que trabajó como el que más por esa concordia fue Tarradellas, en cuyo Gobierno había políticos de UCD y comunistas.

En ningún otro país europeo hubieran obtenido los nacionalistas tantas concesiones (el francés ha enmudecido en el ámbito oficial al occitano, el bretón, el corso y el alsaciano; y los Länder de la muy federal Alemania no tienen Policía propia, ni televisión, ni…). Y en vez de ser reivindicativos dentro de la lealtad institucional, se han dedicado a practicar su deporte favorito: el victimismo.

El sueldo de Artur Mas casi triplica el de Rajoy; y llevaba a sus hijos a una de las escuelas privadas más caras de Cataluña -que tiene un régimen de enseñanza trilingüe-, pero no deja que, en la pública, los otros padres puedan elegir el español como lengua vehicular. A pesar de eso, en un símil obsceno, compara la actual situación catalana con la Sudáfrica del apartheid.

Prefiero una España tranquila a una España unida, pero quien quiera soltar las amarras deberá conseguir las mayorías necesarias. De lo contrario, aunque lleve traje y corbata, será un golpista. Patético destino para quien se sueña el Mesías del independentismo: acabar como Tejero, el último espadón del Ejército español.

Parafraseando a Camus, si me dieran a elegir entre la Comunidad Valenciana o España, me quedaría con mi madre. ¿A qué viene buscar tantas diferencias si todos estamos hechos del mismo material que las estrellas?

 

*** José Blasco del Álamo es periodista y escritor

*** Ilustración: Sr. García

Qué es el federalismo y qué habría que hacer para que funcionara en España

catalunya reconocida

Cualquier reforma del Tribunal Constitucional debe ser lo suficiente sólida para que las autonomías crean que es posible ganar disputas sobre competencias incluso cuando el Gobierno central está en manos de partidos que se oponen a la descentralización. 

Ilustración: Javier Muñoz

El 6 de noviembre del 2012 los votantes de Colorado acudieron a las urnas para escoger un nuevo presidente. La votación resultó ser un tanto especial por dos motivos.

El primero tenía que ver con la forma en que los ciudadanos del estado ejercieron su derecho a voto: fue la última vez que tuvieron que ir a un colegio electoral: desde 2014 el voto se hace completamente por correo para intentar aumentar la participación.

El segundo motivo fue que se sometía a voto una enmienda sobre la marihuana. Como es habitual en Estados Unidos, en la papeleta había mucho más que un par de nombres y listas de partidos. Los ciudadanos de Colorado debían escoger también representantes al Congreso, miembros del consejo de educación del estado, regentes de la Universidad de Colorado, representantes y senadores estatales, fiscales de distrito, consejeros de la autoridad regional del transporte, jueces del Supremo y miembros del tribunal de apelaciones y además votar sobre tres enmiendas constitucionales.

Dejando a un lado la imposibilidad de que alguien sea capaz de votar en todas estas elecciones teniendo una idea medio aproximada sobre los candidatos, una de las enmiendas constitucionales (la 64) había recibido especial atención. El texto, según aparecía en las papeletas en castellano, decía lo siguiente:

¿Debe haber una enmienda a la constitución de Colorado con respecto a la marihuana y, en relación con la misma, disponer la regulación de la marihuana; permitir a una persona de veintiún años de edad o mayor a consumir o poseer cantidades limitadas de marihuana; disponer el otorgamiento de licencias de instalaciones de cultivo, instalaciones de fabricación de productos, instalaciones de prueba y tiendas al por menor; permitir a los gobiernos locales que regulen o prohíban dichas instalaciones; exigir a la asamblea general que promulgue un impuesto de consumo a gravarse en la venta al por mayor de la marihuana; exigir que los primeros $40 millones en ingresos recaudados anualmente por dicho impuesto se acrediten al fondo de asistencia de capital de construcción de escuelas públicas; y exigir que la asamblea general promulgue legislación que rige el cultivo, procesamiento y venta de cáñamo industrial?

La redacción no es muy elegante pero lo que se le pregunta a los votantes es si Colorado debe legalizar el uso, la venta, la producción y la distribución de la marihuana. Los primeros 40 millones de dólares en impuestos recaudados cada año con la venta del cannabis y sus derivados se destinarán a la construcción de colegios públicos. Los votantes de Colorado son un tanto hippies. No sólo ayudaron a reelegir a Barack Obama. También se pronunciaron a favor de la enmienda por un margen de 11 puntos.

Junto a Washington, Colorado fue el primer estado en legalizar el cannabis por completo.

Cannabis y federalismo

En términos legales, esta enmienda a la constitución de Colorado abre algunas cuestiones interesantes. La legalización contradice de forma completa, directa y obvia la legislación federal.

El sistema constitucional americano otorga primacía a las leyes del Congreso sobre cualquier legislación estatal. Si una ley federal contradice una norma estatal, la primera tiene precedencia de forma automática. El Gobierno federal, por lo tanto, podría detener a cualquier ciudadano de Colorado que vendiera marihuana vulnerando la legislación federal. Que el pueblo de Colorado hubiera expresado democráticamente su voluntad de poder drogarse no tenía la más mínima importancia: en el momento en que un caso acabara en los tribunales, los jueces invalidarían la enmienda sin dudarlo.

El hecho que el Gobierno federal pudiera demoler la legislación en los tribunales, sin embargo, no quiere decir que quisiera hacerlo. El Gobierno de Obama no se distingue por sentir el mismo fervor fanático contra el cannabis que sentían algunos de sus predecesores. Su departamento de justicia lleva años presionando al Congreso para que relaje la draconiana legislación penal sobre la materia.

Es un asunto que no importaba demasiado al Gobierno federal. En vez de acudir a los tribunales, las agencias federales recibieron la orden de dejar de perder el tiempo con la marihuana en Colorado y en Washington, y dedicar su vida a cosas más productivas que cabrear a hippies que no molestan a nadie.

Ésa era la teoría. El problema fue que los estados vecinos de Colorado no tenían la misma opinión. Los fiscales generales de Oklahoma y Nebraska, dos lugares con un número de hippies mucho menor, dicen estar hartos de perseguir a tipos en las regiones limítrofes con Colorado que fuman substancias prohibidas compradas al otro lado de la frontera. La legalización de la venta y el comercio de cannabis les perjudican pero el Gobierno federal ha decidido mirar hacia otro lado. Por eso estos dos estados han decidido llevar a su vecino a los tribunales pidiendo que el Gobierno federal derogue la derogación de la enmienda 64.

Puede parecer una disputa un tanto extraña entre dos estados conservadores y uno progresista. Pero no es un problema poco habitual en un Estado federal desarrollado y maduro como Estados Unidos. Aquí hay 50 estados soberanos, un montón de tribus indias, incontables agencias públicas y distintos órganos de la administración local.

Los políticos y los fiscales generales dedican un tiempo descomunal a ponerse pleitos unos a otros. En parte por la desmedida afición de los americanos a resolverlo todo con abogados y en parte por la naturaleza ambigua y el mayor poder judicial que rige en los sistemas anglosajones. Pero sobre todo por la propia naturaleza de la descentralización política en una nación donde existe un sistema federal.

El rompecabezas

En un sistema federal es inevitable que haya políticos distintos rindiendo cuentas a electorados diferentes. Los líderes de cada estado o región van a hacer promesas distintas a sus votantes y tendrán preferencias e ideologías dispares. Todos ellos estarán respaldados por una sólida legitimidad democrática y tendrán todo el derecho del mundo a decir que representan la voluntad de sus votantes. Es de esperar que políticos distintos votados por gente distinta tengan ideas distintas sobre cómo interpretar y aplicar las leyes y que surjan disputas sobre quién puede hacer qué. En un Estado de Derecho, cuando hay un conflicto de legitimidades democráticas, esas disputas acabarán de forma irremediable en los juzgados.

Al pensar en una democracia, nos imaginamos una sociedad que resuelve sus conflictos votando después de un debate público. Los ganadores aplican su criterio, los perdedores admiten que son minoría y la vida sigue. Es un sistema simple y fácil de entender. Casi parece lógico.

Las federaciones, sin embargo, parecen trastocar esta lógica. En lugar de tener un solo Gobierno y una votación, tienen una fragmentación semiarbitraria de legitimidades democráticas. No hay un debate sino varios y no siempre se sale con la suya quien tiene más votos sino un señor con toga que interpreta la constitución. Parece rebuscado, casi injusto.

Si pensamos en un sistema federal, sin embargo, no debemos verlo bajo un prisma estrictamente democrático. La democracia es un método para escoger ganadores. Las federaciones son un método de administrar las diferencias y hacer que los que puedan verse representados quienes serían perdedores en una democracia unitaria.

No tragarse sapos

La democracia es un sistema injusto con las minorías perpetuas. Por mucho que los políticos aspiren al debate inspirado y a decisiones que incluyan a todo el mundo buscando el bien común, la realidad es que el bien común no existe. En un mundo de recursos económicos limitados, cuando toca hacer presupuestos, decidir cuántos hospitales construimos y qué idiomas enseñamos en la escuela, siempre habrá alguien que saldrá perdiendo.

En sociedades tan diversas como las nuestras, es muy probable que haya minorías que siempre lo son. Personas que se quedan sin profesores de catalán o que se resignan a que el Estado pague por cosas inmorales y sucias. El federalismo es en el fondo un sistema para acomodar las preferencias de estos grupos y permitir que en un mismo país puedan convivir visiones distintas sobre qué es el bien sin que nadie tenga que tragarse sapos eternamente.

A menudo lo que deciden los votantes a uno y otro lado de la frontera de dos estados federados será contradictorio. A veces los responsables del Gobierno central decidirán que la parte del bien común que ellos pueden decidir es un poco mayor de lo que era hasta ahora. El resultado será un régimen político feo, bronco, poco elegante y repleto de abogados. Dicho en otras palabras, una federación perfectamente normal.

La realidad es que las federaciones son sistemas políticos realmente feos. Una constitución federal está construida, de origen, anticipando que los habitantes del país no se van a poner de acuerdo en casi nada y que es mejor tenerlos repartidos. Es un sistema que desconfía profundamente de los políticos y que parte de la idea de que los ganadores de las elecciones van a ser injusto con los perdedores. Es un sistema pesimista que cree que a los líderes de un país no se les puede tratar como adultos y que necesitan supervisión judicial para resolver disputas y minimizar la cantidad de votantes de los que pueden abusar. Son supuestos realistas, obviamente, así que las federaciones acostumbran a convertirse en festivales judiciales.

El caso de España

Al hablar de España, el debate sobre el federalismo parte en gran medida de un punto de partida erróneo.

Para empezar, el sistema autonómico es básicamente un sistema federal. Si las autonomías tuvieran mejor representación a nivel nacional y el sistema de financiación fuera menos demente, sería una federación casi completa. El sistema comparte todas las virtudes de una federación y también incorpora su naturaleza alegremente caótica y su aprecio por los tribunales.

Dado que los sistemas políticos no son competiciones estéticas, esto no debería ser un problema. Los votantes verían las bizantinas discusiones legales con el mismo desagrado que los votantes americanos pero no ocurría mucho más. En el caso español, sin embargo, la naturaleza improvisada de nuestra cuasi-federación hace que el tribunal dedicado a resolver disputas tenga carencias importantes.

Los tribunales federales siempre están politizados. Esto sucede porque es casi imposible construir un sistema judicial que no tenga a políticos metiendo la zarpa en algún momento y porque las sentencias que resuelven las disputas entre gobiernos son casi siempre políticas y se acaban adjudicando según lecturas de la constitución más o menos ideológicas.

En el caso español, sin embargo, el problema no es que el Tribunal Constitucional esté politizado sino que está politizado de forma equivocada por los políticos erróneos. Las federaciones administran diferencias pero los magistrados del Constitucional salen de la institución más estrictamente democrática del sistema político español: el Congreso de los Diputados.

El resultado es una institución concebida para controlar a la mayoría y diseñada para resolver disputas entre legitimidades democráticas que sin embargo a menudo tiene opiniones furibundamente democráticas y refleja la opinión del Gobierno de turno.

Cuando el partido con mayoría en el Congreso está cómodo con el sistema autonómico, no es un problema demasiado acuciante. Pero cuando eso no sucede el Constitucional se convierte en una máquina de recordar a las minorías perpetuas (catalanes y vascos) que las instituciones no están ahí para proteger sus diferencias.

La tercera vía

La llamada “oferta federalista” o tercera vía en el fondo tiene que partir de una idea muy simple: proteger la diferencia. Se puede hablar de reformar el sistema de financiación, de dar más voz a las autonomías en el senado o de clarificar la distribución de competencias y todas estas reformas son necesarias. Pero para que la oferta federal sea creíble el punto de partida tiene que ser una reforma del Tribunal Constitucional.

La reforma debe ser lo suficiente sólida para que las autonomías crean que es posible ganar disputas sobre competencias de forma regular incluso cuando el Gobierno central está en manos de partidos que se oponen a la descentralización. El tribunal debe ser capaz de leer la Constitución y aplicarla de forma que las minorías entiendan que sus derechos están protegidos y no dependen de la buena voluntad del Congreso.

Esto se puede hacer despolitizando el Constitucional y haciéndolo profesional o dando una voz mucho mayor a las autonomías en la elección de magistrados.

Dada la naturaleza de sus sentencias, politizar las nominaciones no me parece una mala idea, siempre y cuando el proceso refleje la naturaleza contramayoritaria de la institución y el federalismo. En Estados Unidos las confirmaciones judiciales están bajo el control del Senado, que es una institución radicalmente antidemocrática.En España podríamos reformar el Senado para dar más peso a los gobiernos autonómicos o incluso hacer que las comunidades históricas designen directamente un número determinado de magistrados.

Esta reforma no sólo sería buena para Cataluña sino para el sistema autonómico en su conjunto. Una federación es un sistema político complejo y funciona mejor si las disputas tienen resultados predecibles. Si el Tribunal Constitucional depende menos de las simpatías políticas del Gobierno de turno, veremos menos sentencias como las de las reformas estatutarias de años recientes, cuando artículos idénticos eran tumbados en la reforma catalana pero aprobados sin rechistar en los casos de Valencia o Andalucía. Hacer el sistema más consistente y sensato es siempre una buena idea, por mucho que siga existiendo el inevitable runrún de disputas legales constantes.

Si de algo debemos estar seguros es de que el federalismo no va a eliminar las disputas entre Cataluña y el Gobierno central. Ése no debe ser el objetivo que busque una reforma constitucional. Un Estado moderno (sea una democracia jacobina pura o una federación) es un sistema para resolver desacuerdos, no para acallarlos.

Una federación bien diseñada admite que no tenemos por qué estar siempre de acuerdo y es mejor así. Lo importante, y el punto clave para resolver el encaje de Cataluña dentro del sistema, es que las decisiones en materias que preocupan a la minoría se decidan siguiendo criterios legales, no democráticos.

Empresarios catalanes buscan apoyos en Madrid contra el independentismo

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Félix Revuelta, presidente de Naturhouse, y Josep Ramon Bosch, directivo de una multinacional química suiza, animan a otros empresarios catalanes a que alcen la voz en contra de la independencia. Los dos catalanes confían en que su ruego se oiga y poder dar la vuelta a las encuestas que vaticinan que el 27S ganarán los partidos a favor de la secesión. “Cataluña adolece de un importante déficit democrático”, alertan en un informe.

El presidente y accionista mayoritario del grupo empresarial Naturhouse, Félix Revuelta, y Josep Ramon Bosch, directivo de una multinacional química suiza, buscan desesperadamente el apoyo de empresarios catalanes de altura y confían en despertar a los catalanes que, por miedo, no quieren salir a votar el 27-S. “El empresariado catalán calla porque tiene miedo a perder subvenciones, ya que el sector público en Cataluña es muy importante”, criticó Revuelta poco después de pedir al Gobierno un poco más de cariño para que se quiera a Cataluña “como al resto de España”.

Societat
De izda. a dcha.: Rafael Arenas, Isabel Fernandez, Josep Ramon Bosch, Jose Domingo y Francesc Moreno. EFE/Juanjo Martín.

Revuelta y Bosch han presentado este jueves en Madrid, a través de la asociación Societat Civil Catalana a la que ambos pertenecen, un informe de más de cien páginas que deja en evidencia la “falta de calidad democrática” de los comicios del 27-S. El empresario de Naturhouse puso su propio ejemplo para alertar de los problemas que traerá una hipotética independencia. “Yo no me quiero ir de Cataluña, pero tengo el 80% del negocio fuera de la región. ¿Qué hago? ¿Pago aranceles en cada uno de los países con los que trabajo? No podría, me tendría que marchar obligatoriamente”.

A dos semanas de las elecciones, Bosch y Revuelta confían en tener tiempo suficiente para poder dar la vuelta a la última encuesta del CIS, que augura que Junts pel Sí logrará la mayoría absoluta con el apoyo de la CUP si los catalanes votasen hoy. “Hay una lectura optimista y otra pesimista de este resultado. La mala es que, si se confirman estos resultados, el proceso independentista va a continuar. La buena noticia es que nos moviliza, nos despierta, a los que no pensamos como ellos”, matizó Bosch.

Estos catalanes que pregonan su amor por España saben cómo conseguir movilizar a ese porcentaje de catalanes que, por miedo, se resisten a salir a votar el 27-S. “Unió Democrática puede ser el gran escondido de las elecciones. Si conseguimos que vote el catalán al que le tiemblan las piernas cuando piensa en la que nos espera con una Cataluña independiente, no damos nada por perdido”, confía Bosch. Dicen que la máquina de márketing que protege a los independentistas es un elefante comparada con la suya, una simple hormiguita. “Necesitamos que Rafa Nadal venga a Barcelona y diga que ama Cataluña” igual que los independentistas utilizan a la actriz y humorista Karmele Marchante, a la que en Madrid se le da un gran crédito pero que en Cataluña vocea que los madrileños son unos ladrones.

Los empresarios confían en que este mensaje cale en lugares del cinturón rojo como Santa Coloma de Gramanet y Hospitalet donde hasta ahora se concentraba el voto socialista. También esperan que el PP de Xavier García Albiol ilusione también a votantes del PP que no creían en Alicia Sánchez Camacho. Pese a este cambio de estrategia del PP, el presidente de Naturhouse ha afeado al Gobierno y a Mariano Rajoy el trato que recibe la región. “Siento mucho decirlo, pero el presidente sólo viene a Cataluña a ver al PP”, concluyó.

¿El Senado a Barcelona?

Los miembros de Societat Civil Catalana ya tienen pensada la fórmula para reconciliar al Ejecutivo con los catalanes. “Se podría descentralizar algún órgano y trasladarlo a Cataluña. Se habló del Senado, no estaría mal”, dejan caer.

En el informe, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, se expone una serie de indicadores que dejan en evidencia que la independencia no sólo son bondades como dicen los independentistas. Según el documento, la independencia provocaría un efecto muy destructivo para Cataluña y para el resto de España de dimensiones todavía incalculables.

Una representación de la Junta Directiva de la entidad ha presentado el informe y ha destacado que “la Generalitat y otras instituciones y autoridades públicas catalanas han dejado de actuar en su condición de autoridades e instituciones españolas, pasando a hacerlo como la protoadministración de un estado catalán, desvinculada del ordenamiento español”. 

Déficit democrático

El informe denuncia el déficit democrático que se produce cuando la Generalitat crea organismos paralelos a los legales, con y sin resonancia mediática. La consulta del 9N supuso un fraude y una desobediencia a la ley. El documento recuerdo también el uso de organismos internacionales para fines partidistas, el adoctrinamiento ideológico en las escuelas, la discriminación lingüística en las aulas o la demonización de personas o entidades que discrepan de la línea oficial que marca el movimiento secesionista.

“Está claro que una comunidad autónoma no puede actuar con el fin de perjudicar los intereses generales del Estado”, dice el informe. “La consecución de la secesión de una parte del territorio nacional no puede ser considerada, ni siquiera en la más flexible de las interpretaciones, como compatible con dicho interés general”.

Como conclusión, los miembros de la Societat Civil Catalana han tratado de exponer y documentar de manera ordenada algunas razones por las que creen que Cataluña “adolece actualmente de un importante déficit democrático”. El informe se centra en las cuestiones que mejor conocen por haberlas vivido de cerca. “Habremos de profundizar en lo que ocurre hoy y en las raíces históricas” de esta situación.