Siete nombres para huir de Corea del Norte

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Han pasado 18 años desde que cruzó un río helado para llegar a China. Hyeonseo es su séptimo nombre. Significa “la fortuna de la luz del sol” y se lo puso ella misma al alcanzar la libertad. Ahora ha plasmado su vida en el libro La chica de los siete nombres (Península, 2015). 

Reportaje gráfico: Moeh Atitar

Hyeonseo Lee tiene una sonrisa dulce que ni siquiera desaparece cuando la rodean recuerdos de miseria, muerte y represión. Su pelo negro contrasta con un vestido blanco, que acompaña la luminosidad y la decoración sobria de la biblioteca. Habla en inglés, un idioma que siempre creyó “enemigo” hasta que huyó con 17 años de Corea del Norte.

Al explicar lo que supone para ella la libertad, reflejada en los grandes anuncios, las tiendas y los carteles de la Gran Vía madrileña, alza sus brazos intentando abrazar el espacio y gesticula diciendo: “No sabría explicar esa sensación, la de vivir en libertad por primera vez. No es sólo el aspecto de la calle, puede sentirse en el aire, en la naturaleza, en los olores, en las miradas de la gente”.

Han pasado 18 años desde que cruzó un río helado para llegar a China. Hyeonseo es su séptimo nombre. Se lo puso ella misma cuando alcanzó la libertad: “Lo elegí porque no quería volver a las sombras”. “Hyeon” significa “luz del sol”, y “seo”, “fortuna”.

Después de refugiarse en un sinfín de identidades, sufrir interrogatorios y esquivar la deportación durante años, ha plasmado su vida en el libro La chica de los siete nombres (Península, 2015). Ahora recorre el mundo con el objetivo de lograr apoyo internacional para proteger los derechos humanos en su país, que todavía “ama y echa de menos”. Lo que sigue a continuación es su vida según la cuenta ella misma en las páginas del libro y durante nuestra conversación. foto_nc1

Reportaje gráfico: Moeh Atitar

Un ruido atronador

La historia de Hyeonseo arranca cuando apenas tiene cuatro años. Lleva un vestido azul cielo. Ha salido a jugar al terraplén de hierba que hay detrás de su casa. Se sienta en la vía del tren y juega a recoger piedras, dejándolas en su regazo. El suelo húmedo ensucia sus manos de barro y hierba. De pronto, oye un ruido atronador, huele a quemado y no ve nada, tan sólo oscuridad. A gatas, escapa de los bajos de un vagón. Su madre, corriendo, se abre paso entre la multitud y la coge en brazos. Una mujer se acerca y dice: “Sobrevivir a tal accidente es un buen presagio. Tendrás una larga vida”.

No se equivocó. Unos años más tarde, la casa de los Lee ardió en llamas. A Hyeonseo no le pasó nada. Cuando el incendio calcinaba las paredes y el humo se tornaba cada vez más negro, su padre volvió dentro. Temían lo peor, pero consiguió salir con dos objetos rectangulares bajo el brazo: los retratos de los líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il.

Hyeonseo creció bajo aquellas miradas, acristaladas y colocadas por imperativo legal en cualquier edificio: “Los marcos tenían que ser el objeto más elevado de la estancia y estar perfectamente alineados. Los limpiábamos con un paño especial proporcionado por el Gobierno que no debía usarse para nada más. Un oficial, con guantes blancos, los revisaba una vez al mes. Si no estaban limpios, se recibía un castigo”.

De niña fue feliz, o por lo menos así lo recuerda. “Creía que todo lo que ocurría a mi alrededor era normal. No sabía que más allá de las fronteras existía un universo distinto”. Hyesan, la ciudad donde vivía, está rodeada por las montañas, que brillan en verano, y en invierno se cubren de nieve. El río Yalu, que la recorre, separa al país de China, que empieza en la otra orilla. Tiene once metros de ancho y no es muy profundo. Cuando bajan las temperaturas, el hielo lo convierte en un puente hacia el contrabandismo o la libertad, como en el caso de Hyeonseo, que lo cruzaría poco antes de cumplir los dieciocho. “Parece que en Hyesan acaba todo, que no hay nada más allá. Por eso la llaman el fin del mundo”.

Las ejecuciones públicas

Cuando tenía siete años, vio su primera ejecución. Su madre la mandó a hacer un recado. Hacía calor, la humedad era desagradable y había algo que emanaba un olor fétido. Las moscas estaban por todas partes. Una masa de gente se amontonaba bajo el puente del ferrocarril. Había un hombre colgado del cuello. Una bolsa de tela cubría su rostro y llevaba las manos atadas a la espalda.

Ya en la educación primaria es obligatorio asistir a las ejecuciones públicas. Hyeonseo recuerda una de ellas: “Había tres hombres atados a una estaca. El juez anunció que los criminales habían confesado sus crímenes y luego les preguntó si tenían algo más que decir. Estaban amordazados, con la boca llena de piedras, supongo que para que no maldijeran al régimen con su último aliento. En el momento de los disparos, colocan a los parientes en primera fila”. Ahora, explica, contar al mundo que esto ocurre es una de las partes más importantes de su mensaje.

El colegio en Corea del Norte entraña muchas obligaciones. Una de ellas, las sesiones de autocensura. “Tenían lugar cada sábado. Asistíamos las cuarenta alumnas de la clase y las presidía la maestra. Por turnos, nos levantábamos para acusar a alguien y confesar algo”. Hyeonseo explica que los coreanos del norte son introvertidos, en gran parte, por miedo a que los delaten: “El ciudadano hace el trabajo del policía. Aprendí de mi madre, desde pequeña, a ser muy reservada, a no coger confianza con aquellos que no eran de mi familia”.

Hasta los 14 años, los alumnos son ‘exploradores’ y protagonizan los juegos colectivos, grandes desfiles que hacen de ellos “unos buenos comunistas”. Preguntada por el objetivo de estas actividades, utiliza unas palabras de Kim Jong-il: “Puesto que cada niño sabe que un solo desliz puede estropear una exhibición colectiva, aprende a subordinar su voluntad a la del grupo”. A partir de los 14, los juegos colectivos desaparecen para dejar paso a la liga de las juventudes socialistas, donde se adiestra militarmente a todos y cada uno de los adolescentes.

Las asignaturas, centradas en la vida de los líderes, la ética comunista y el odio hacia los coreanos del sur y los estadounidenses, contribuyen a crear un pensamiento vengativo: “Nos ponían imágenes de tanques del sur cruzando la frontera, masacrando la población civil. Los ojos se me ponían llorosos, bullía pensando en la venganza y en hacer justicia. Era un sentimiento común”.

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El suicidio y las castas

El padre de Hyeonseo siempre había trabajado en el ejército, pero fue destinado a una empresa comercial, lógicamente en manos del Estado, lo que llevó a la familia a orillas del río, a la frontera con China, adonde el señor Lee tendría que viajar con frecuencia. “Estábamos tan cerca de China que nuestro televisor podía sintonizar sus canales”.

Un día, el padre de Hyeonseo fue arrestado en la frontera. Cinco militares entraron en casa por la noche y buscaron objetos de valor y dinero: “Rompieron las paredes, abrieron el suelo y desmontaron el techo”. Lo acusaban de soborno y abuso de poder. Fue ingresado en el hospital porque le habían dado una paliza. Le obligaban a escribir una confesión. Cuando lo hacía, los militares la rompían una y otra vez al no conseguir lo que querían. Unos días después, el hospital certificó su fallecimiento: “Suicidio con sobredosis de tranquilizantes”.

El sistema de castas que estructura Corea del Norte castiga a los familiares de quienes se quitan la vida tachándolos de “hostiles”, lo que les impide estudiar en la universidad o acceder a un buen puesto de trabajo. “Mi madre sobornó al hospital y consiguió que cambiaran el certificado”.

Con 15 años, y a pesar de los canales chinos de televisión, la música extranjera de contrabando y las luces que brillaban en el país del otro lado del río, Hyeonseo conservaba una inocencia peligrosa: “Creía que me podía quedar embarazada con tan sólo besar a un hombre. Mis amigas pensaban lo mismo. Nos enteramos de la realidad viendo una película ilegal”.

La muerte del dictador

El 8 de julio de aquel año, 1994, Hyeonseo fue al colegio, pero las clases se suspendieron. Enviaron a los alumnos a casa y les dijeron que encendieran el televisor, lo que extrañó a muchos ya que no había emisiones diurnas.

“El gran corazón ha dejado de latir”, dijo la locutora. “Kim Il-sung ha muerto”.

Semanas más tarde, muchos fueron castigados por no haber vertido lágrimas suficientes: “No conseguía llorar. Me humedecía los ojos con saliva y los frotaba. Una chica de mi clase fue castigada, pero tuve suerte”.

Al año siguiente, la gran hambruna comenzó a asolar al país. Aparecieron mendigos por todas partes, sobre todo alrededor de los mercadillos. También había niños vagabundos que iban del campo a la ciudad.

Hyeonseo recuerda las aceras vacías y las personas hablando consigo mismas, alucinando por culpa del hambre. Había cuerpos en el río, boca arriba, que los guardias fronterizos recogían para que no los vieran desde la orilla china. Pero no solo faltaban los alimentos. También escaseaban los fertilizantes.

“Los niños fueron obligados a llevar al colegio sus excrementos para usarlos con este fin”, explica. “Las familias cerraban con llave sus retretes exteriores para que los ladrones no les quitasen lo que pudieran contener”. Hyeonseo empezó a preguntarse: “¿Por qué la gente se muere de hambre? ¿No vivimos en el mejor país del mundo?”.

La muerte por inanición del profesor de acordeón de su hermano o de un ladrón escuálido que no pudo llevarse el televisor de su casa por falta de fuerza son algunos de sus recuerdos de la gran hambruna.

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La huida

Durante el invierno de 1997, poco antes de que Hyeonseo cumpliera los 18 años, una compañera del colegio le propuso cruzar el río hacia China. Las luces de neón del otro lado, los guardias chinos fornidos y uniformados y los niños que no parecían hambrientos picaban su curiosidad. Sabía que si quería cruzar aquél era el momento.

A partir de la mayoría de edad, cometer un delito podía traerle problemas mucho más graves y hubo un detalle que la ayudó: el guardia que cubría el tramo del río más cercano a su casa se enamoró de ella. Llegó incluso a proponerle matrimonio. Su fuerte amistad le animó a cruzar. Sabía que si él la detenía, no correría demasiado peligro.

Ocurrió la segunda semana de diciembre. Era de noche. Hacía frío y sobre el río helado se podía caminar. La nariz quemaba y el vapor del aliento coloreaba la oscuridad. El viento apenas soplaba y el silencio era absoluto. Cuando Hyeonseo llegó al río se encontró con el guardia, al que convenció para cruzar. Así pisó China por primera vez.

“Tenía la idea de visitar a unos parientes. Ni siquiera miré atrás. Pensaba que volvería en unos días”, explica. Ya en casa de sus tíos, a la que llegó acompañada por un contrabandista amigo de su familia, se enamoró de los brillantes colores de la ropa, la música, los anuncios y la libertad. Su estancia se prolongó, celebró allí los 18 años y para cuando se dio cuenta estuvo a punto de casarse con el hijo de unos amigos de sus tíos. “Era un matrimonio de conveniencia”, dijo. “Notaba que todo lo que me pasaba sucedía, sin que yo pudiera elegir. Huí una vez más”.

A partir de ese momento, alternó trabajos en distintos restaurantes. Superó los interrogatorios en comisaría y evitó la deportación. La compra de un documento de identidad en el mercado negro le otorgó la nacionalidad china, lo que le dio tranquilidad y la posibilidad de optar a puestos mejor remunerados.

La libertad no es todo

Mientras tanto, en Corea del Norte, su madre sufría una estrecha vigilancia. Tuvo que fingir la desaparición de su hija, lo que no convencía a las autoridades. A su hermano, después de recibir dinero y objetos de contrabando, le pegaron una paliza, intentando averiguar la procedencia del paquete de su hermana.

La preocupación por la seguridad de su familia y la soledad llevaron a Hyeonseo a la frontera a recoger a su madre y a su hermano, para sacarlos de aquel infierno. Recorrieron China los tres juntos, disfrazados de una guía que acompañaba a dos sordomudos. Ya en la frontera con Laos, donde tenían previsto que la embajada de Corea del Sur les diera asilo político, su familia fue detenida por la policía, que los retuvo tres meses en la cárcel antes de permitirles viajar a Seúl.

– En el libro cuenta que “la libertad no lo es todo”, que incluso estuvo tentada de volver a su país.

– Es cierto. Pagué un precio demasiado alto por la libertad, el de no volver a ver a mi madre, a mi hermano, a mis tíos. Me corroía por dentro. No podía soportarlo. Además, no fui realmente libre hasta que llegué a Corea del Sur. Hasta entonces estuve escondiéndome, pensando en que mi deserción podía suponer los peores peligros para los que todavía estaban allí.

Ese peligro todavía acecha a los familiares de Hyeonseo que viven en Corea del Norte. Por ello, en el libro se refiere a ellos como el tío Cine, la tía Bonita o el tío Rico. Las caras de su madre y hermano, huidos gracias a ella recientemente, aparecen difuminadas por miedo a las represalias.

Hyeonseo ama su país. Desea volver algún día. Ahora lucha por los derechos humanos de quienes no pueden escapar, de aquellos que viven en la sombra, sin saber que “existe un mundo maravilloso, de ciudades preciosas, de sitios por conocer, y de personas tan distintas”.

¿Migrantes o refugiados?

Refugiados sirios y afganos llegan a la isla de Lesbos. / REUTERS / Dimitris Michalakis

La crisis humanitaria que vive Europa ha encendido un debate en torno a los términos ‘migrante’ y ‘refugiado’ para hablar de los miles de personas que arriesgan su vida para alcanzar el viejo continente.

En la imagen, refugiados sirios y afganos llegan a la isla de Lesbos. Dimitris Michalakis/Reuters

Refugiados sirios rezan al llegar a la isla griega de Lesbos. / REUTERS / Dimitris Michalakis
Refugiados sirios rezan al llegar a la isla griega de Lesbos. / REUTERS / Dimitris Michalakis

La crisis humanitaria que vive Europa ha encendido un debate en torno a los términos ‘migrante’ y ‘refugiado’ para hablar de los miles de personas que arriesgan su vida para alcanzar el viejo continente.

“Al nombrarlos como migrantes les estamos negando los derechos que son suyos”, afirma Teresa Vázquez, letrada especialista en derecho de asilo, por correo electrónico desde Líbano.

Algunos medios de comunicación usan ambas palabras indistintamente, otros se decantan por ‘migrante’ como un paraguas más amplio y Al Jazeera, por ejemplo, defiende el uso exclusivo de ‘refugiado’ ya que “migrante es una palabra que priva de voz a gente que sufre”.

¿Qué diferencia a un migrante de un refugiado?

“El refugiado ‘nace’ en la Convención de Ginebra de 1951 y alude a la obligación de los Estados que suscriban dicha declaración de dar protección a las personas que han debido dejar su lugar de origen o residencia por sufrir persecución”, explica Santiago Gómez-Zorrilla, de Accem, la ONG especializada en asilo y migraciones.

Por el contrario, el migrante decide abandonar su país para buscar unas condiciones de vida mejores en el extranjero, coinciden las fuentes no-gubernamentales consultadas por EL ESPAÑOL.

Pero para ser protegido, un refugiado necesita presentar una solicitud formal al país de destino. “Todavía no hay una armonización total tanto de los derechos como de las condiciones de acogida [en la UE]”, dice Rosa Otero, asistente de comunicación en ACNUR. “Se tiene que seguir trabajando en un sistema europeo común de asilo”.

En España las solicitudes son revisadas por la Oficina de Asilo y Refugio (OAR), que también decide si se admiten o no a trámite. El Ministerio del Interior toma la decisión final. Los tipos de protecciones fundamentales son el estatuto de refugiado y la protección subsidiaria para aquellas personas que, sin reunir las condiciones para ser refugiadas, pueden sufrir graves daños si retornan.

Los solicitantes de protección internacional tienen derecho a permanecer en España mientras se resuelve su solicitud y acceso a ciertas prestaciones y beneficios como asistencia jurídica gratuita.

“El sistema de asilo español es bastante bueno”, explica desde Líbano Teresa Vázquez. “El problema reside en que España no tiene un sistema claro para otorgar visados humanitarios en sus embajadas que les permita a los refugiados viajar sin poner en peligro sus vidas… Nuestro Gobierno tiene que volcarse ampliando las cuotas de reasentamiento y otorgando visados humanitarios en las embajadas de los países vecinos a zonas de conflicto”.

15.000 refugiados más para España

En 2014, España recibió alrededor del 1% del total de solicitudes de protección internacional en la UE, según un análisis de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Ese año concedió 384 estatutos de refugiado, 1.199 estatutos de protección subsidiaria y dos protecciones por razones humanitarias, según datos de Interior. El grupo más favorecido fueron los sirios.

La Comisión Europea propondrá el miércoles aumentar a 120.000 la cuota de refugiados que puede asumir la UE. A España le corresponderían casi 15.000 refugiados más, un 12% del total para los países miembros.

El Gobierno español ha asegurado este lunes que no tiene límite para la acogida de refugiados, tras una reunión de la comisión interministerial creada para la crisis humanitaria, informa EFE.

Respecto a la terminología para hablar de los afectados por la crisis humanitaria, Gómez-Zorrilla asegura que el término ‘migrante’ “es incorrecto en el sentido de que ‘refugiado’ es un término que resalta que son personas que se han visto forzadas a salir de su país en contra de su voluntad”.

Por su parte, Otero, de ACNUR, opina que conviene usar ambas terminologías en las informaciones de prensa. “Ahora mismo, lo que nosotros recomendamos es hablar, con la llegada que está habiendo desde el Mediterráneo, de inmigrantes y refugiados”, dice. “Pero es importante no hablar sólo de crisis migratoria porque es más bien una crisis de refugiados”.

El ‘Rudolf Hess’ de Argentina

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La Corte Suprema argentina ha rechazado la excarcelación definitiva del general Luciano Benjamín Menéndez, de 88 años de edad. Durante la dictadura de 1976 a 1983 era el ‘número dos’ entre los jefes de la guerra sucia detrás de Videla y Massera. Menéndez y sus oficiales arrasaron con todo secuestrando, torturando y exterminando a unos 2.500 prisioneros que pasaron por dos campos de la muerte: “La Perla” y “La Ribera”. Ahora lleva camino de convertirse en otro Rudolf Hess.

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Una reciente imagen del general argentino Luciano Benjamín Menéndez.

El general argentino Luciano Benjamín Menéndez (88 años) no conoció al jerarca de la Alemania nazi Rudolf Hess, por obvios motivos de lejanías cronológica y geográfica. Sin embargo su vida se asemeja asombrosamente a la del secretario de Adolf Hitler y parece ir destinada hacia un mismo punto final.

Durante la dictadura argentina, de 1976 a 1983, Menéndez comandó el tercer cuerpo de Ejército en la provincia de Córdoba (centro) con jurisdicción en la mitad norte del país. Era el ‘número dos’ entre los jefes de la guerra sucia contra las guerrillas y opositores políticos, detrás de los dictadores Jorge Videla y Emilio Massera.

Córdoba era una fuerte plaza industrial y universitaria, por lo que concentraba al activismo sindical y estudiantil de izquierdas.  Menéndez y sus oficiales arrasaron con todo secuestrando, torturando y exterminando a unos 2.500 prisioneros que pasaron por dos campos de la muerte, “La Perla” y “La Ribera”, dentro de la guarnición.

Allí hasta se ideó el accidente de tráfico que en 1978 provocó la muerte al cantante Jorge Cafrune, muy conocido en España en los ’60 y ’70. El músico desafiaba al régimen interpretando canciones prohibidas y los militares se  lo cobraron con un atentado disfrazado de choque en la carretera, según atestiguó la superviviente Graciela Geuna.

Hijo y nieto de generales, Menéndez profesó una ideología ultra nacionalista. Tanta era su exaltación patriotera que en 1978 estuvo a un tris de meter a Argentina en una guerra contra Chile (dictadura de Augusto Pinochet) por unas diferencias territoriales en el atlántico austral. Hasta arengaba a su tropa a “cruzar los Andes y mear champán en el Pacífico”.

No obstante la recuperación de la democracia en 1983 y su jubilación como militar, no impidió que continuara llamando a los argentinos a combatir por aquel conflicto de fronteras. A la salida de un debate en televisión sobre ese asunto,  el público le gritó “asesino”. Entonces Menéndez desenfundó un puñal de comando y se abalanzó contra la gente. Pero los escoltas lo frenaron y evitaron la carnicería.

A la salida de un debate en televisión el público le gritó “asesino”. Entonces Menéndez desenfundó un puñal de comando y se abalanzó contra la gente. / Enrique Rosito (DyN)

El reportero Enrique Rosito, de la agencia Diarios y Noticias (DyN), captó, el 21 de agosto de 1984, ese instante de ira asesina. La foto se publicó en la prensa internacional y ganó el Premio Rey de España. “Si tuvo una reacción así en democracia, ya retirado del Ejército y de paisano, uno no puede siquiera imaginarse lo que habrá sido cuando dominaba Córdoba y se creía un semidiós”.

Secuestros, torturas y matanzas

Con el devenir democrático, el general entorchado que se pavoneaba en desfiles castrenses, convencido de que libraba la Tercera Guerra Mundial contra el comunismo, ha mutado en un anciano de 88 años, canoso y de ojeras, que hoy por hoy arrastra 12 condenas por secuestros, torturas y matanzas. De las cuales 10 son a cadena perpetua.

Menéndez ostenta el record de castigos en la política de memoria, verdad y justicia que Argentina aplica desde 2003. El país juzga a todos los represores. En total hay unos 600 condenados y 1.100 procesados. El resto de naciones de Latinoamérica, en cambio, los amnistió total o parcialmente.

“Argentina es el primer país que juzga a sus soldados victoriosos que lucharon y vencieron, por orden de sus compatriotas a la subversión marxista, que quiso asaltar el poder”, despotricó en sus alegatos defensivos. Y lamentó que “todo empezó en 1960 cuando Fidel Castro se hizo comunista” y se propuso “someter a Argentina y a los países de Sudamérica en satélites de Rusia”.

Por su avanzada edad y mala salud, el general viene insistiendo ante la justicia que le permita salir definitivamente de la prisión. En Argentina los reos pueden solicitar el pase a la detención domiciliaria a partir de los 70 años. Las recaídas en enfermedades le han facilitado algunas escapadas a clínicas privadas e incluso a su casa, siempre vigilado por guardias. De hecho desde hace unas semanas se encuentra en su vivienda. Pero el miércoles pasado la Corte Suprema argentina le ha negado la excarcelación definitiva.

Así pues, Menéndez volvería a prisión y seguiría los pasos de Rudolf Hess, el secretario de Hitler condenado a cadena perpetua en el juicio de Nüremberg que clamaba por salir de Spandau, penal de la Alemania occidental,  pero fracasó, sobre todo por la oposición de la URSS y el Reino Unido. Murió encerrado allí a los 93 años, en 1987. Menéndez también lo tiene difícil: su ex jefe Videla murió en una celda, a los 87 años, sentado en el retrete.

Atrapados en el puerto de Lesbos

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Ni se hablará de ellos ni se recordarán sus nombres ni se conocerá su historia. Sus caras se perderán entre miles en las fotos de la prensa internacional. O ni siquiera eso. Pero ellos están aquí, con las caras quemadas bajo el sol inclemente de este comienzo de septiembre, en medio del infierno del puerto de Mitilene, en Lesbos.

Reportaje gráfico: Mariangela Paone

MITILENE (LESBOS).– Ni se hablará de ellos ni se recordarán sus nombres ni se conocerá su historia. Sus caras se perderán entre miles en las fotos de la prensa internacional. O ni siquiera eso. Pero ellos están aquí, con las caras quemadas bajo el sol inclemente de este comienzo de septiembre, en medio del infierno del puerto de Mitilene, en Lesbos.

Mientras el mundo entero llora la muerte del pequeño Aylan en la playa turca de Bodrum, en la otra orilla, cientos de niños como Aylan sufren en sus carnes las condiciones de una travesía inhumana que no ha hecho más que empezar. Están atrapados desde hace días, junto a sus padres, en el embudo que es esta isla griega para los miles de refugiados que siguen llegando a sus costas, sin parar, en lanchas cargadas más allá del límite.

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No hay sombra bajo la que resguardarse ni tiendas ni baños ni aseos en el inmenso campo de refugiados que es el muelle de esta ciudad. En los arcenes de la entrada, donde se encuentran los únicos árboles del recinto, las madres acunan a los más pequeños cuyos llantos se pierden en el griterío general. Algunas han caminado durante días para llegar desde la otra punta de la isla con los bebés a cuestas y los niños mayores de la mano. El trayecto se extiende durante 70 kilómetros.

Las marcas del camino están impresas en la piel: muchos niños tienen eritemas y fragmentos de piel enrojecida por todo el cuerpo. Los padres deben sacar una fuerza titánica para tranquilizarles mientras tratan a duras penas de disimular el cansancio y sobre todo el miedo. Como todos los que están aquí, no saben cuándo podrán dejar Lesbos y subirse a uno de los ferries que dos o tres veces a la semana trasladan a los refugiados hasta el puerto ateniense del Pireo sin que baje el número de los que se quedan aquí.

El alcalde de Mitilene, Spyros Galinos, pidió el miércoles la declaración del estado de emergencia porque en la isla puede haber más de 20.000 refugiados y la mitad se encuentra en los alrededores del puerto. Una ciudad dentro de la ciudad. “En los últimos dos meses, el número de migrantes que han pasado por la isla es mucho mayor que el de su población: 85.000 habitantes”, declaró. Los que salen son remplazados por los que llegan, que suelen ser entre 500 y 900 cada día aunque el sábado pasado desembarcaron unas cien lanchas: más de 4.000 personas.

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La única oficina de la policía portuaria que registra a los refugiados sirios y les entrega el salvoconducto que les permite salir de Lesbos está desbordada. El caos reina sobre el procedimiento, el lugar y los tiempos de entrega de los papeles. Hasta ahora los datos se tomaban en dos precarios campos a las afueras de Mitilene: el del pueblo cercano de Moria y el de Kara Tepe, a un par de kilómetros de la ciudad.  Allí mismo volvían los agentes para completar la gestión y entregar el documento. Pero ayer por la mañana Kara Tepe estaba casi vacío porque a los sirios se les había dicho que fueran al puerto para el registro. Una vez aquí se encontraron otra vez en el limbo, en una espera de horas sin respuestas ni certezas.

Muchos se agolpan frente a la oficina donde se hacen los registros, mantenidos a distancia por los militares que llevan las caras cubiertas por mascarillas sanitarias. Otros, sin perder de vista la oficina para captar cualquier cambio o anuncio, miran desde lejos por temor a que estallen desórdenes como sucedió hace unos días cuando la tensión acabó en enfrentamientos entre grupos de refugiados. A los sirios se le da prioridad frente a los afganos y a los iraquíes que forman parte de este inmenso éxodo. Los refugiados tienen miedo también a los militares. Un joven levanta la camiseta y enseña un gran moratón en el brazo.

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Poco después un agente sale de la zona acordonada blandiendo la porra y golpea a uno de los hombres. Los que están alrededor se dispersan. Entre ellos hay mujeres y niños. Pasan unos minutos y vuelven a concentrarse frente a la oficina, la primera y la última estación de un vía crucis que puede durar más de una semana. Muchos deciden no esperar en los campos de las afueras y se quedan en los alrededores, comprando tiendas de campaña de su propio bolsillo por 25 euros en los establecimientos de la ciudad.

Decenas y decenas de carpas azules ocupan el parque aledaño al puerto, al lado de un balneario destinado a las familias de los militares. Es un lugar de vacaciones protegido en medio del descontrol y rodeado de gente que vive en condiciones de insalubridad. “Nadie nos atiende, nadie nos ayuda. Se nos trata peor que a los animales”, dice un hombre sirio que lleva cinco días aquí. Es algo que repiten todos. Muchos se acercan espontáneamente para enseñar a sus hijos enfermos, para pedir si se puede hacer algo con los papeles, para pedir información, para enseñar las marcas de los porrazos recibidos por los militares. “Nos gritan: ¡Marchaos! ¡Marchaos! ¡Quietos! ¡Sentaos!”.

A media tarde en el puerto, se anuncia que las familias serán trasladadas otra vez a Kera Tepe para esperar allí la recogida del salvoconducto que les llevará en un ferry gratuito a Grecia. En Kera Tepe las condiciones son aún peores y la labor de las ONG internacionales es una gota de agua en un mar inmenso.

Al llegar el primer autobús, estalla el caos. Todos se apiñan frente a la puerta delantera intentando entrar sin dejar atrás a la familia y a los amigos. Las puertas se cierran entre los gritos de dos mujeres que se han quedado fuera con sus hijos subidos al autocar. El conductor ya ha arrancado cuando los agentes empiezan a golpear el vehículo para que pare y deje subir a las madres. Decenas de niños asisten mudos a la escena.

La foto de la vergüenza de Europa

ATTENTION EDITORS - VISUAL COVERAGE OF SCENES OF DEATH OR INJURY A Turkish gendarmerie carries a young migrant, who drowned in a failed attempt to sail to the Greek island of Kos, in the coastal town of Bodrum, Turkey, September 2, 2015. At least 11 migrants believed to be Syrians drowned as two boats sank after leaving southwest Turkey for the Greek island of Kos, Turkey's Dogan news agency reported on Wednesday. It said a boat carrying 16 Syrian migrants had sunk after leaving the Akyarlar area of the Bodrum peninsula, and seven people had died. Four people were rescued and the coastguard was continuing its search for five people still missing. Separately, a boat carrying six Syrians sank after leaving Akyarlar on the same route. Three children and one woman drowned and two people survived after reaching the shore in life jackets. REUTERS/Nilufer Demir/DHA ATTENTION EDITORS - NO SALES. NO ARCHIVES. FOR EDITORIAL USE ONLY. NOT FOR SALE FOR MARKETING OR ADVERTISING CAMPAIGNS. TEMPLATE OUT. THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. IT IS DISTRIBUTED, EXACTLY AS RECEIVED BY REUTERS, AS A SERVICE TO CLIENTS. TURKEY OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN TURKEY.

El pequeño de la foto no va a llegar con vida a la reunión del Consejo Europeo prevista para el próximo 14 de septiembre. 12 días más a la espera de decidir en los despachos qué hacer con una crisis humanitaria anunciada y sabida. Las iniciativas ciudadanas y las ONG intentan paliar la falta de acción coordinada de la UE.

En la imagen un agente de la guardia costera turca rescata el cuerpo sin vida de un pequeño en las playas de Bodrum. REUTERS / NILUFER DEMIR

Un pequeño yace inerte en brazos de un agente de la guardia costera turca. Ha fallecido en aguas del Mediterráneo mientras intentaba alcanzar junto a su familia la isla griega de Kos. Es una de las últimas víctimas de la crisis migratoria que sufren miles de sirios, afganos, y otros ciudadanos que tratan de llegar a la Unión Europea huyendo de los conflictos en sus países. Es, también, la foto de la vergüenza del viejo continente.

Las imágenes de este miércoles -en este caso de la agencia Reuters- muestran la crudeza de lo que sucede a las puertas de nuestras casas. “Es una foto chocante, pero más chocante es saber que hay niños que mueren así”, lamenta Eva Cosse, portavoz de Human Rights Watch en Grecia en conversación telefónica con EL ESPAÑOL.

Para aquellos que consiguen llegar, las cosas tampoco son nada fáciles. “Llegan a un país que no puede lidiar con la situación”, afirma Kate O’Sullivan, que trabaja en la isla de Lesbos con Save the Children. “Las ONG están sufriendo para cubrir sus necesidades; es absolutamente abrumador”. Cosse coincide, pero recuerda que era una crisis anunciada: “La crisis humanitaria aguda comenzó hace un año, pero la situación empezó cinco años atrás. Llevamos años pidiendo a la Unión Europea y a Grecia que mejoren su política de asilo, y nada. Ahora las autoridades [griegas] son completamente incapaces de hacer frente a la situación”.

Sólo en junio, 4.270 niños llegaron a las islas griegas. De ellos, 86 viajaban solos. “La reunión del Consejo Europeo es un movimiento positivo”, dice O’Sullivan. “Por supuesto, si trabajas sobre el terreno a diario con niños nada es demasiado pronto”.

Tareas urgentes

La llegada masiva de refugiados, la inestabilidad política del país y sus dificultades económicas han formado un cóctel explosivo que sobrepasa al país heleno. Cosse cree que la solución pasa por que los 28 estados miembros envíen personal sanitario, policial y trabajadores sociales para poder atender a los miles de inmigrantes que llegan a diario. Enumera otras tareas que a su juicio debe llevar a cabo urgentemente la UE:

  • Crear un camino humanitario seguro para llegar a la UE
  • Facilitar visados humanitarios
  • Facilitar la reunificación familiar con refugiados ya asentados
  • Reducir los trámites burocráticos

12 días más. Ese es el margen que se han concedido los gobernantes de la Unión Europea para buscar nuevas soluciones a una crisis migratoria que no deja de crecer hasta la reunión del Consejo Europeo el 14 de septiembre. Mientras tanto, cientos de personas siguen pereciendo de camino a un lugar que -esperan- les permita llevar una vida digna.

Los refugiados siguen llegando por miles y se topan de bruces con alambradas levantadas de la noche a la mañana y jefes de Gobierno que no se ponen de acuerdo en el reparto de una avalancha de personas necesitadas, para las que no estaban preparados.

12 días más, como mínimo, para empezar a hablar. Mientras tanto, miles de refugiados se tendrán que contentar con encontrar ayuda en las iniciativas ciudadanas como una suerte de “Airbnb de los refugiados” en Alemania para darles un techo bajo el que cobijarse, según relata el diario británico The Guardian, o llevándoles comida al campo de refugiados improvisado junto a la estación ferroviaria central de Budapest.

Mientras tanto, miles de de personas que se han salvado tras recorrer miles de kilómetros se exponen a volver a temer de nuevo por su vida cuando un grupo de neonazis venga a dejarles claro que no les quieren en su país, como ya ha sucedido. Y ellos tienen suerte, porque muchos otros ni siquiera han tenido la oportunidad de encontrar esa ayuda desinteresada de personas solidarias, pues pierden la vida en el camino.

Al menos 11 personas han muerto en las últimas horas ahogados intentando alcanzar la isla griega de Kos, según la agencia de noticias turca Dogan. Los dos botes en que viajaban las víctimas -que se cree son sirias- se hundieron tras dejar la costa suroeste de Turquía, recoge Reuters. El niño de la imagen estaba entre ellos.

2.500 migrantes muertos cruzando el mar

Todos ellos seguían una de las rutas habituales de entrada a Europa para afganos y sirios en su mayoría, explican desde Médicos Sin Fronteras, que está atendiendo la llegada de refugiados en las islas helenas de Kos y Lesbos. Sólo en la capital de la isla de Kos, del mismo nombre, MSF estima que se encuentran 6.000 migrantes en busca de asilo.

Ya en los meses de abril y mayo las autoridades alojaron a cientos de personas en un hotel abandonado. En MSF tienen tanto trabajo que ha resultado imposible poder hablar con representantes de la ONG presentes en la isla. No dan abasto, explican desde Madrid.

“Traficantes de botes tan organizados que incluso dan recibos por 5.350 dólares a una familia de nueve [miembros]”, tuitea el director de emergencias de HRW. (Vean la foto de la factura).

En lo que va de año, más de 2.500 migrantes han muerto o desaparecido intentando cruzar el mar, según datos de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (IOM). Los que han conseguido atravesar el Mediterráneo superan ya los 300.000. El año pasado, fueron unos 220.000. Y sin embargo, “volverían a correr el riesgo, porque se trata de vivir o morir”, recuerda Cosse.

Grecia e Italia, respectivamente, son los principales receptores dado que absorben la inmensa mayoría de las llegadas. El resto llegan a España, según la Organización Internacional para las Migraciones. Por datos como estos, Human Rights Watch subraya que es imprescindible crear una política de asilo “armonizada” entre los Estados miembros, lo que está en boca de muchos líderes europeos, pero que no sucederá a corto plazo.

La ruta Libia-Italia también ha recibido un constante flujo de inmigrantes. Este martes, cuatro cuerpos fueron encontrados en las aguas del Mediterráneo central y 781 personas -procedentes sobre todo de Nigeria, Costa de Marfil y Senegal- fueron rescatados, según la ACNUR.

Tres palizas distintas y un solo odio verdadero

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Agresiones físicas al grito de ‘fascista’, ‘maricones’ o ‘puto sin techo’ a una dirigente de Vox, una pareja homosexual y un indigente, respectivamente, en menos de 24 horas con “el odio al diferente” como eje común. Esta brutalidad hace saltar las alarmas entre asociaciones y colectivos que reclaman “aunar fuerzas” para luchar contra los delitos de odio: “El problema es mayor de lo que estamos viendo, esto sólo es la punta de un iceberg que va a demandar medidas integrales”.

En la imagen, Inma Sequí, la dirigente de Vox brutalmente agredida.

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Inma Sequí, la dirigente de Vox brutalmente agredida.

Por “fascista”.

Una patada por la espalda al grito de “fascista de los cojones” sirvió para tirarla al suelo. Una vez noqueada, mientras que uno de los tres agresores le propinaba una ristra de puñetazos en el pómulo y en la boca, el otro le agarraba del cuello y un tercero la desafió con un “a ver si ahora eres tan valiente”.

La agredida es Inma Sequí, dirigente de Vox en Cuenca, y como resultado de la paliza que recibió el martes, contusiones abdominales, medio pómulo roto, un esguince de muñeca y el labio destrozado: “Pero sin puntos”, parece excusarse la dirigente política a EL ESPAÑOL.

Por “maricones de mierda”.

Horas antes de la agresión a Sequí, en la Feria de Almería, una pareja de homosexuales sufrió “una agresión brutal” -según señala el colectivo Colegas Almería- a la salida de una caseta.

En esta ocasión, los agresores utilizaron el “maricón de mierda” para acompañar los puñetazos y patadas que hicieron que uno de los agredidos acabará con “la mandíbula rota, uno de los brazos fracturados, además de dientes rotos y contusiones”, según recoge el parte médico.

Por “puto sintecho”.

“Me hicieron una encerrona, me vi rodeado, me pegaron y me quedé ciego después de escuchar ‘Mátalo, dale en la cabeza al puto sintecho”, relata Marcos, un indigente de 36 años que pasa las noches a la intemperie en Granada.

Los causantes en este caso eran dos jóvenes de 20 y 23 años que ya han sido detenidos y otros cuatro menores que también ha sido identificados.

Tres palizas, tres agredidos, tres motivos

Tres palizas, tres agredidos y tres motivos en distintos puntos de la geografía que según explican las víctimas -o los colectivos que dicen representarlos- tienen su germen “en el discurso del odio al diferente”. Y en apenas 24 horas.

Lo analiza para EL ESPAÑOL la presidenta de la Comisión de delitos de odio del colegio de abogados de Málaga, Charo Alises: “No se ataca sólo a una persona, sino que el ataque va dirigido a una comunidad que piensa igual que el vejado. Es un mensaje para intentar callar a todo el colectivo”.

“Callar”. Algo que no han conseguido con Sequí, quien, sin que le tiemble la voz a pesar de sus 18 años, dice en declaraciones telefónicas no tener ningún miedo porque va a seguir “luchando por las ideas en las que cree”, las del argumentario del partido creado por Santiago Abascal.

“Siempre he debatido, siempre he defendido mis ideas y lo voy a seguir haciendo. No me van a amedrentar”, argumenta después de la paliza que considera “premeditada” y que iba dirigida, a su juicio, a todos sus compañeros. “Aunque prefiero que me haya pasado a mí que a ellos”, asegura al mismo tiempo que aprovecha -ha seguido la actualidad entre entrevistas-  para condenar las otras dos agresiones en Almería y Granada.

1.285 delitos de odio en 2014

Los tres incidentes, que se han producido con un lapso de 24 horas, se enmarcan en las categorías que el Ministerio del Interior está recopilando desde hace dos años como “delitos de odio contra la ideología, orientación sexual y situación de pobreza”, respectivamente; en 2014 fueron 1285, entre los que también se incluyen aquellos que tienen cuestión de raza, religión o discapacidad.

Por ello, los colectivos y observatorios consultados, piden al unísono “aunar fuerzas” para luchar contra los delitos de odio “en un momento en el que la confrontación política y social está a la orden del día”. Son palabras de la abogada especialista en vulnerabilidad y derechos humanos Violeta Assiego, quien añade que en estos momentos “en los que el nivel de violencia es especialmente llamativo, hay una ausencia de valores que en otros tiempos estaban presentes como son el diálogo y la integración”.

Para la letrada, estos tres casos, no tienen tanto que ver con un tema de “tomarse la justicia por tu mano”, sino con “la intolerancia”, con el mandar mensajes que creen distinguir “lo bueno de lo malo” a través de una brutal violencia.

Un hecho que, a su juicio, debe hacer saltar las alarmas “ya que no tenemos constancia de lo que realmente está sucediendo porque sólo denuncian aquellas personas que se sienten amparadas por la sociedad”.

Los argumentos de Assiego están respaldados en un informe de la Agencia Europea de Derechos Fundamentales en el que se señala que entre un 10 y un 40 por ciento de las víctimas de delitos motivados por sentimiento de odio no denuncian su caso por “miedo” o porque “creen que nada va a cambiar”.

En el caso de agresiones contra el colectivo LGTB (Lesbianas, gais, transexuales y bisexuales) el handicap radica en “la visibilidad”, ya que el hecho de denunciarlas supone “poner sobre la mesa tu orientación sexual”, por lo que muchas agresiones “caen en saco roto” -explican desde los colectivos-: “Los datos de Interior sólo hacen un recuento de las denuncias, no de la realidad”, se quejan.

Rubén López, portavoz de Arcopoli, advierte que “tener que identificarse” a la hora de interponer una denuncia por homofobia supone para la víctima conectar con su pasado. “En muchas ocasiones, marcado por el maricón o bollera del colegio. Es desvelar tu intimidad más íntima”.

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Marcos, el sintecho agredido en Granada.

Más allá van desde el Observatorio de delitos de odio contra personas sin hogar ‘Hatento’. Según su coordinadora técnica, Maribel Ramos, los ataques a los sintecho no se dirigen hacia una vulnerabilidad “que forma parte de la identidad de una persona”, como puede ser el caso de los homosexuales o el pertenecer a una raza concreta. “No tener hogar puede ser algo transitorio, no algo que te acompaña toda la vida”, aclara.

De este modo, Assiego manifiesta que “el problema es mucho mayor de lo que estamos viendo. A medida que se denuncia se irá viendo la realidad, la punta de un iceberg que va a demandar medidas integrales”.

De momento, con la reforma del Código penal que entró en vigor el pasado 1 de julio, a estas agresiones les sería aplicado el artículo 510 -sustancialmente modificado-, que endurece las penas de prisión de uno a cuatro años y multa de seis a doce meses a quienes fomenten, promuevan o inciten al odio contra una persona o grupo por motivos ideológicos, de orientación sexual o discapacidad.

La norma no recoge ninguna referencia a la situación de pobreza o exclusión social, como sí hace Interior en sus estadísticas, por lo que asociaciones como Hatento reclaman un cambio “urgente” que permita incluir este agravante.

Ángela González, 12 años pidiendo justicia… sin suerte

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En enero de 2014 la ONU condenó al Gobierno español por primera vez por un asunto de violencia de género. El organismo considera que se cometió un error fatal al permitir que la ex pareja de Ángela González (en la foto), un maltratador condenado y con orden de alejamiento, tuviese el derecho de visitas sin supervisión con su hija Andrea. Durante una de estas visitas, Andrea, de siete años, fue asesinada por su padre.  Este lunes Women’s Link ha recibido de Justicia la desestimación de un recurso de revisión en el que argumenta que no otorgarán a Ángela ninguna indemnización ni reparación económica. 

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Imagen de Ángela González.

El sistema de justicia español le falló a Ángela. Así lo afirma el grupo internacional de derechos humanos Women’s Link Worldwide, que llevó su caso a las Naciones Unidas. Esta organización (y el Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer de las Naciones Unidas) consideran que el Estado español cometió un error fatal al permitir que la ex pareja de Ángela González, un maltratador condenado y con orden de alejamiento, tuviese el derecho de visitas sin supervisión con su hija Andrea. Durante una de estas visitas, Andrea, de siete años, fue asesinada por su padre, quien luego se suicidó.

Ángela estuvo litigando durante ocho años para conseguir que el Gobierno admitiese su parte de responsabilidad en el crimen. Sin embargo, ningún tribunal español quiso reconocer que el asesinato de Andrea había sido evitable. En 2011, Ángela contactó con Women’s Link Worldwide y la organización de derechos humanos denunció a España ante las Naciones Unidas. En una decisión sin precedentes, el Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer condenó al Gobierno español por primera vez por un asunto de violencia de género en agosto de 2014. El comité también solicitó que España implementase acciones proactivas que evitasen que el caso de Ángela pudiese suceder otra vez.

Sin embargo, lo que parecía una victoria tras once años de largas litigaciones ha resultado ser otra desilusión para el equipo de Ángela González. Gema Fernández, la abogada de Women’s Link Worldwide que llevó el caso de Ángela a los tribunales internacionales, afirma en una entrevista para EL ESPAÑOL que en el informe que España ha enviado al comité de la ONU en enero de este año no se cumplen ninguna de las recomendaciones solicitadas por el organismo internacional. Women’s Link ha mandado su propio informe al comité de las Naciones Unidas en las que denuncia esta falta del cumplimiento por parte del Estado español.

“El Gobierno se niega a reconocer a Ángela como una víctima de violación de derechos humanos y no admite su responsabilidad por el grave daño que le ocasionó”, declara la abogada de Ángela. “Tampoco admite que exista un problema estructural en cómo el ordenamiento jurídico español trata el tema de la violencia de género”.

La abogada afirma que en cuestiones de violencia de género España tiene mucho que mejorar. Según el boletín estadístico anual del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad sobre violencia de género, 53 mujeres murieron asesinadas a manos de sus parejas o exparejas en 2014. De estas 53 mujeres, 17 (el 32%) habían presentado una denuncia por delitos de violencia de género, pero sólo cuatro estaban siendo protegidas cuando fueron asesinadas.

mayoria de las victimas

El Consejo General de Poder Judicial (CGPJ) define “orden de protección” cómo una resolución judicial que, en los casos en que existan indicios fundados de la comisión de delitos o faltas de violencia doméstica y exista una situación objetiva de riesgo para la víctima, ordena la protección de la víctima mediante la adopción de medidas cautelares civiles y/o penales, además de activar las medidas de asistencia y protección social necesarias. Según datos del CPGJ, las órdenes de protección sobre el total de solicitadas han pasado del 72.7% en el primer trimestre de 2009 al 57% en el mismo periodo del año 2015, lo que supone una reducción de 15 puntos.

ordenes de proteccion

La abogada de Women’s Link afirma que un grave fallo estructural en el sistema español es el régimen de visitas cómo en el que Andrea fue asesinada por su padre. Esta medida deriva de una orden de protección u otras medidas cautelares de seguridad y protección. Los datos del CGPJ muestran que el régimen de visitas a hijos de acusados por violencia de género se suspendió tan solo en el 3% de los casos en casi todos los años entre 2007 y 2015 (con la excepción de 2008).

suspension visitas

“En España tenemos el concepto estereotipado de que la violencia es un asunto privado”, dice Gema Fernández. “Todavía conservamos el mito de que una persona puede ser un maltratador y un buen padre, y consideramos que el derecho de un padre a estar con su hijo (o hija) es sacrosanto. Además, no se toman suficientemente en cuenta las opiniones de los hijos. Estos estereotipos influyen en la decisión de los jueces a la hora de suspender el régimen de visitas a los maltratadores y por eso se suspenden tan poco”.

En sus recomendaciones, la ONU pidió que el Estado español tomase medidas adecuadas para que los antecedentes de violencia fueran tenidos en cuenta en el momento de otorgar derechos de custodia y de visitas. Sin embargo, el Gobierno ha hecho todo lo contrario, afirma Women’s Link. En su comunicado a las Naciones Unidas, esta organización afirma que las medidas adoptadas por el Estado no son suficientes para proteger a las mujeres y a sus hijos.

“No hay ninguna legislación en este momento que cambie este régimen de visitas. De hecho, algunas de las leyes que el Gobierno quiere desarrollar se posicionan totalmente en contra de los consejos del Comité”, dice Fernández. La abogada se refiere al Anteproyecto de Ley de corresponsabilidad parental, un proyecto que según denuncia Women’s Link está en contra de las solicitudes que hizo la ONU “al permitir que se autoricen visitas a maltratadores condenados por violencia de género cuando la autoridad judicial lo considere conveniente para el niño o la niña”.

El Comité de Naciones Unidas también solicitó que el Estado español proporcione formación obligatoria al poder judicial y al personal administrativo para luchar contra los estereotipos de género. Women’s Link afirma en su informe “que el Estado no aporta información sobre cómo va a proporcionar formación obligatoria a jueces y juezas y al personal administrativo”, y que en la formación proporcionada por el estado en su nota no aborda los estereotipos de género. La organización de derechos humanos añade que ahora mismo la formación a jueces y a personal administrativo no es obligatoria ni continua, no se encuentra sujeta a evaluación, cuenta con muy pocas horas lectivas y se brinda a un número muy reducido del personal de la judicatura.

Estado Al Comité CEDAW-Caso Ángela González

En un escrito publicado este marzo, Ángela González escribe: “Los asesinatos por violencia de género siguen siendo invisibles, se olvidan rápido”. Su abogada de Women’s Link afirma que el Estado no informó ni a Ángela ni a Women’s Link sobre las medidas que dice haber adoptado para cumplir las solicitudes de la ONU.

Este lunes 27 de julio Women’s Link recibió del Ministerio de Justicia la desestimación de un recurso extraordinario de revisión interpuesto por las abogadas de Women’s Link. El Ministerio argumenta que no otorgarán ninguna indemnización ni reparación económica a Ángela ya que los Dictámenes de los Comités de Naciones Unidas no son vinculantes para el Estado español.

“Para Ángela no sólo está en juego la indemnización que el estado se niega a darle”, dice su abogada. “También quiere que cambie la legislación vigente sobre las visitas a sus hijos por parte de maltratadores. Esto va más allá de la reparación que pide al Estado. Es muy importante para Ángela que lo que ella ha sufrido no lo vuelva a sufrir nadie más”.

Ángela y Women’s Link han interpuesto nuevos procedimientos para reclamar la reparación e indemnización que recomienda el Comité de la ONU. “Estamos reclamando la responsabilidad patrimonial al Estado”, dice la abogada de Ángela. “Pediremos al Comité que haga un seguimiento hasta que el Estado cumpla”.

“Llevo 12 años pidiendo justicia”, escribió Ángela tras conocer la respuesta de España a las Naciones Unidas. “Yo también tengo dignidad, sólo espero que me la devuelvan”.

La insufrible lentitud de la justicia

La demora con la que se resuelven muchos casos en los tribunales demuestra que urge hacer cambios para que la Justicia haga honor a su nombre. Una democracia debe ser capaz de juzgar a su debido tiempo y, de hecho, sentencias del Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos recuerdan que es un deber de los estados.

“La tardanza de la justicia es uno de esos males de los que el hombre sólo puede librarse mediante el suicidio”.

(W. Shakespeare. Hamlet)

Este comentario viene a cuento de la carta que me envía un español, de origen sirio y médico de profesión, que durante nueve años y pico ha sufrido la insoportable lentitud de la justicia. Detenido y acusado a finales de marzo del año 2006 por la acusación, junto a otras personas, de un delito de depósito de arma de guerra y que desde el primer día negó, ahora, finalmente, tras un largo calvario judicial, el tribunal le ha absuelto con todos los pronunciamientos favorables.

De sus palabras destaco éstas: “Señor abogado: ¿Quién me repara tanto dolor, tanta angustia, tanto sufrimiento? ¡La injusticia de tan extensa espera me ha consumido el valor, agotado la confianza en la Justicia, destrozado el corazón! ¡Estos años han tenido para mí más horas de desesperación que minutos de esperanza!”.

El mismo día que recibo este gemido, leo que más de 8.000 juristas, entre ellos jueces, fiscales y sobre todo abogados, bajo el lema de “Justicia tardía no es Justicia”, han inundado Twitter con mensajes e imágenes en las que se denuncia esa lentitud de la justicia y hablan de juicios y vistas para 2017, 2018, 2019 e incluso 2020.

En mi primer artículo publicado el 17/01/2015 en este blog que muy pronto se convertirá en diario y que titulé La lucha de los españoles y de EL ESPAÑOL por la Justicia, al hacer recuento de las batallas a emprender escribí que era necesario poner fin a la exasperante lentitud de las ruedas de nuestra administración de Justicia, que una justicia a destiempo es una denegación de Justicia, que el reloj de la Justicia no puede seguir siendo un reloj lánguido y que de no rejuvenecer, dentro de muy poco, será incapaz de arrastrar su maquinaria.

Cualquier democracia debería perder el nombre si no es capaz de juzgar a su debido tiempo. Las insoportables demoras de la justicia convierten al Estado de Derecho en algo meramente retórico, sin que valgan excusas de sobrecargas de trabajo o falta de medios materiales y personales. Como el Tribunal Constitucional ha declarado en la reciente sentencia 87/2015, de 11 de mayo, “por más que los retrasos experimentados en el procedimiento hubiesen sido consecuencia de deficiencias estructurales u organizativas de los órganos judiciales o del abrumador trabajo que sobre ellos pesa, esta hipotética situación orgánica (…) de ningún modo altera el carácter injustificado del retraso. (…) El elevado número de asuntos de que conozca el órgano jurisdiccional ante el que se tramita el pleito no legitima el retraso en resolver, ni todo ello limita el derecho fundamental de los ciudadanos para reaccionar frente a tal retraso, puesto que no es posible restringir el alcance y contenido de ese derecho dado el lugar que la recta y eficaz Administración de Justicia ocupa en una sociedad democrática (…)”.

Éste es también el criterio reiterado del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y así en la sentencia Lenaerts contra Bélgica, de 11 de marzo de 2004, la Corte de Estrasburgo razona que el artículo 6.1 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales “obliga a los Estados contratantes a organizar su sistema judicial de tal forma que sus tribunales puedan cumplir cada una de sus exigencias, en particular la del derecho a obtener una decisión definitiva dentro de un plazo razonable”.

O sea, que no es posible aceptar que se vive en democracia con una administración de la Justicia donde la respuesta judicial al reconocimiento de un derecho o la determinación de quien es inocente o culpable, duerma años y años en los estantes judiciales, con métodos arcaicos, tortuosidades y dilaciones inhumanas. Con horror hemos de contemplar los daños que causan las excesivas e indebidas dilaciones y procedimientos hay que duran tanto como las cuatro etapas del hombre; es decir, toda una vida.

En Bleak House o Casa desolada, Charles Dickens escribe del famoso caso Jarndyce/Jarndyce como “este pleito de espantapájaros se ha ido complicando tanto con el tiempo que ya nadie recuerda de qué se trata (…); durante la causa han nacido innumerables niños; innumerables jóvenes se han casado; innumerables ancianos han muerto. Docenas de personas se han encontrado delirantemente convertidas en partes (…), sin saber cómo ni por qué; familias enteras han heredado odios legendarios junto con el pleito. El pequeño demandante, o demandado, al que prometieron un caballito de madera cuando se fallara el pleito, ha crecido, ha poseído un caballo de verdad y se ha ido al trote al otro mundo. Las jovencitas pupilas del tribunal han ido marchitándose al hacerse madres y abuelas; se ha ido sucediendo una larga procesión de cancilleres que han ido desapareciendo a su vez; la legión de certificados para el pleito se ha transformado en meros certificados de defunción; quizá ya no queden en el mundo más de tres Jarndyce desde que el viejo Tom Jarndyce, desesperado, se voló la tapa de los sesos en un café de Chancery Lane (…)”.

No sé si algún día el hombre al que me he referido y que justifica estas líneas será indemnizado por el Estado ante un patente “funcionamiento anormal de la Administración de Justicia” y en aplicación de los artículos 292 y siguientes de la Ley Orgánica del Poder Judicial. De tener éxito en la pretensión, se me ocurre que con el dinero que reciba podría comprarse un reloj suizo, con todos los adelantos y hasta con números fluorescentes para la noche. Un reloj con mucha vida que le haga superar el amargo, bárbaro y desalmado tiempo de esos casi diez años de espera judicial. Camilo José Cela hubiera escrito unas páginas memorables –algo hizo con mano maestra en El asesinato del perdedor– dedicadas a las víctimas de la desidia de la Justicia, esa institución por la que Cronos, el anciano dios del tiempo, llora de impotencia y rabia al verla con tanta galbana.

Nadie callará ahora a Nadejda

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Hace más de 13 años que Nadejda Atayeva huyó con su padre y su hermano de Uzbekistán tras sufrir el acoso del régimen. Ahora preside la Asociación para los Derechos Humanos en Asia Central y lucha por proteger a los presos de conciencia de la antigua república soviética. 

Fotos: Samuel de Román

Nadejda Atayeva tiene 57 años y nació en Gulistan, una capital de provincia de Uzbekistán. Hace 13 años, la activista huyó del país con su padre y su hermano. “Mi padre era el encargado de organizar el trigo para la población de Uzbekistán”, explica la defensora de derechos humanos. “Cuando el trigo empezó a escasear, las autoridades le obligaron a firmar un documento donde se declaraba culpable por esta escasez. Afortunadamente, unos amigos avisaron a mi padre antes de que le arrestasen y pudimos salir a tiempo del país”.

La activista y su familia llegaron a Francia en 2002, donde se les concedió asilo político. En 2005, Nadejda fundó la Asociación para los Derechos Humanos en Asia Central, una organización con base en Francia dedicada a documentar las violaciones de derechos humanos en las antiguas repúblicas soviéticas y a proteger los derechos de sus ciudadanos. Actualmente vive en Francia y está de visita en España para colaborar con la campaña de “Stop Tortura” de Amnistía Internacional.

“Hay más de 12.000 presos de conciencia en Uzbekistán”, afirma la defensora de derechos humanos en una entrevista con EL ESPAÑOL. “Muchos de ellos son torturados, algunos asesinados. Cada uno de ellos tiene su historia, y todos sus nombres importan”.

Sin embargo, Nadejda Atayeva no siempre fue opositora al régimen. “Nací en una familia acomodada. Mi padre trabajaba para el gobierno. Por la ventana de mi cuarto veía a los trabajadores recogiendo algodón día y noche, niños incluidos. Me parecía normal. En la televisión oíamos que teníamos que trabajar duro por la patria y yo me lo creía”.

Nadejda se licenció en Periodismo y durante años trabajó para distintos medios del país. Es una etapa de su vida que la activista recuerda con amargura.

“Realmente no era periodista, porque lo que yo estaba haciendo era propaganda. Cuando escribía sobre los trabajadores, hablaba del orgullo que eran para el país en vez de escribir sobre la esclavitud de los campos. Debería haber escrito que los niños tienen que estudiar, no llevar 40 kilos de algodón en la espalda. Pero no me daba cuenta”.

Cuando lo recuerda, los ojos se le llenan de lágrimas. “Ahora tengo una niña pequeña. Quiero que los niños sueñen con poder ir al espacio, no con tener un trozo de pan. Miro hacia atrás y no siento mucho orgullo por mi época cómo periodista”.

El perverso control del algodón

La defensora de derechos humanos explica que la producción de algodón es un trabajo obligatorio para toda la población. “Todos los agricultores que quieren trabajar tienen que alquilar la tierra al gobierno”, explica. “El requerimiento para poder alquilar un trozo de tierra es producir algodón. Todos los agostos (antes de que empiece la cosecha) los funcionarios del gobierno llaman a las puertas de cada casa y obligan a todos los miembros de la familia a trabajar en los campos. Esto incluye a jubilados y embarazadas. Para no trabajar en los campos necesitas pagar por un certificado”.

“Todo el sistema financiero de Uzbekistán se basa en el algodón. Los empresarios también están obligados a trabajar en este sector. Gracias a ello las autoridades tienen el control absoluto de todos los ciudadanos.”

Hasta hace tres años, niños y niñas en edad de ir al colegio también estaban obligados a recoger algodón en los campos. Gracias a la asociación fundada por Nadejda el gobierno de Uzbekistán ha suspendido esta obligación.

“Para nosotros es un logro increíble”, afirma Nadejda. “Es verdad que en pueblos pequeños, donde las autoridades se sienten más seguras, los niños todavía tienen que ir a los campos. Pero la gran diferencia es que ahora el gobierno tiene miedo de que la comunidad internacional se entere”.

La Asociación para los Derechos Humanos en Asia Central también ha conseguido otra importante victoria. “El gobierno de Uzbekistán ha adoptado finalmente un programa de abolición del trabajo forzado” dice la activista. “Otra cosa es que se aplique. Pero es un primer paso”.

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Nadejda Atayeva, durante un momento de la entrevista (Fotos: Samuel de Román)

Huida de Uzbekistán

Nadejda fundó su asociación en Francia, pero su compromiso con los derechos humanos no comenzó en Europa. “Yo ya era activista en Uzbekistán, lo que pasa es que no me consideraba opositora al régimen”, explica. “Cuando veía un problema intentaba solucionarlo. No quería luchar contra el gobierno, solo hacer reformas”.

“Cuando tenía 20 años, conseguí trabajo escribiendo para un periódico de una fábrica de tractores en Tashkent, la capital de Uzbekistan. Las condiciones laborales de esta fábrica eran horribles. De vez en cuando, la maquinaria cortaba los dedos a algún trabajador, pero en vez de cambiar el sistema la dirección de la fábrica simplemente le daba una pequeña compensación”.

Fue en esta fábrica donde Nadejda comenzó su trabajo de activista. “Había algunos disidentes entre los trabajadores”, explica. “Yo me hice muy amiga de uno de ellos. Comenzamos a hablar, y decidimos hacer algo por los derechos de la gente que trabajaba en la fábrica. Con mi máquina de imprimir, empezamos a hacer folletos. Esta información tuvo una gran popularidad, así que organizamos una conferencia de sindicatos, en la que se revisó el acuerdo de la empresa con los trabajadores. Al final conseguimos que quitasen al director general. Fue una gran victoria”.

Por desgracia, esta victoria fue lo que puso a Nadejda en el punto de mira del KGB, el Comité de Seguridad del Estado de la Unión Soviética.

“Jamás me imaginé que el KGB me incluiría en la lista de personas sospechosas por mi trabajo en la fábrica”, dice Nadejda. “Esta no fue la única vez que me sentí intimidada por los servicios de seguridad. En 1990, cuando trabajaba en el periódico “Taskentskaya pravda” (“La verdad de Tashkent”) y a la vez escribía para agencias de noticias occidentales, el Servicio de Seguridad Nacional comenzó a interrogar a mis colegas periodistas y a mis vecinos sobre con quien mantenía contacto. Decidí vivir fuera temporalmente, y pasé un año en Moscú y Ekaterinburgo.”

Sin embargo, Nadejda no es el único miembro de su familia que ha sido acosado por el gobierno.

“En el año 2000, mi padre se dio cuenta de que las estadísticas que afirmaban que Uzbekistán producía 40.000 toneladas de trigo eran mentira y que a menos que el gobierno tomase acción urgente no habría suficiente pan para toda la población”.

Nadejda explica cómo su padre se presentó ante el mismísimo presidente de Uzbekistán, Islom Karimov, para transmitirle sus preocupaciones.

“Karimov aseguró a mi padre que el gobierno importaría todo el trigo necesario para que no le faltase el pan a ningún ciudadano de Uzbekistán”, afirma”. “Esta reunión tuvo lugar el 4 de marzo. El 9 de marzo, las autoridades responsabilizaron a mi padre por la escasez de trigo y le obligaron a firmar un documento donde se declaraba culpable”. Antes de que fuese arrestado, Nadejda, su padre y su hermano abandonaron el país.

En 2002, el gobierno francés les concedió asilo político. En julio de 2013, el tribunal municipal de Tashkent condenó a Nadejda en ausencia a seis años de prisión. Su padre y su hermano también fueron condenados.

Un papel, tres nombres

Nadejda termina la entrevista escribiendo tres nombres en un papel.  Estos nombres son Azan Poirmonov, Muhammad Bejkanou y Murat Djuraev. “Azan Poirmonov es un agricultor que se convirtió en activista de derechos humanos para luchar contra la injusticia de los campos de algodón”, declara Nadejda. “Ahora está en Karakalpakstan, un campo de concentración moderno donde los prisioneros son torturados con regularidad”.

“Muhammad Bekjanou era redactor jefe del periódico ERK. Es uno de los periodistas que más tiempo llevan encarcelados del mundo. Murad Dzhuraev era miembro del parlamento uzbeko. Lleva 21 años en prisión por decir que los niños tienen que estudiar en la escuela en vez de trabajar en los campos de algodón. Ambos han sido torturados”.

“Cuando estaba en Uzbekistán no me daba cuenta. Ahora no me voy a callar”, declara la activista de derechos humanos.

Juegos Europeos de Baku: Dinara Yunus quiere volver a ver (con vida) a sus padres

Leyla y Arif Yunus

Hace más de 10 meses que Dinara no ve a sus padres. “Quiero darles un abrazo, pero ya no sé si será posible. Estoy perdiendo la esperanza”, dice con voz temblorosa. Desde este viernes, en Baku se celebran los primeros Juegos Europeos, en los que participan alrededor de 6.000 atletas de 50 países. Son la cara amable de un régimen que persigue a los defensores de los derechos humanos como Leyla y Arif Yunus.

Hace más de 10 meses que Dinara no ve a sus padres. “Quiero darles un abrazo, pero ya no sé si será posible. Estoy perdiendo la esperanza”, dice con voz temblorosa. En la sede del Parlamento Europeo, en Estrasburgo, denuncia que en Azerbaiyán “los más destacados defensores de los derechos humanos están entre rejas”. Entre ellos sus padres, Leyla y Arif Yunus, reconocidos internacionalmente por su activismo durante décadas y detenidos el 30 de julio y el 5 de agosto, respectivamente.

“Mi madre tiene diabetes y se está quedando ciega. También tiene problemas de riñón y no le están dando las medicinas que necesitan. De mi padre no sé nada, directamente. Ni si está vivo o muerto”.

Desde este viernes, en Baku se celebran los primeros Juegos Europeos, organizados por el Comité Olímpico Europeo. En esta olimpiada regional participan hasta el 28 de junio alrededor de 6.000 atletas de 50 países. Los 214 españoles fueron recibidos por el rey Felipe VI antes de partir hacia Baku.

Ilham Aliyev, presidente de Azerbaiyán desde 2003, pretende que sea una gran fiesta que proyecte la imagen de un país moderno y abierto al mundo. Pero una larga lista de organizaciones, como Amnistía Internacional, Human Rights Watch, e instituciones como el Consejo de Europa o la ONU han criticado la falta de libertades en el país y el acoso a los defensores de los derechos humanos.

Esta semana, destacadas eurodiputadas han exigido a los Gobiernos que no envíen altos cargos a presenciar la competición y pidan la libertad de los presos de conciencia.

Leyla Yunus es una de las activistas más destacadas. Comprometida con la lucha por la democracia desde los últimos años de la Unión Soviética, es la fundadora y directora del Instituto por la Paz y la Democracia. Su carrera incluye campañas contra desalojos forzosos de decenas de miles de familias de Baku, el tráfico de mujeres que salpicó a la Policía del país o la defensa de los activistas, periodistas, blogueros que han sido encarcelados en los últimos años.

“Antes de ser detenida, pidió el boicot de los Juegos Europeos por la situación de los presos y los derechos humanos”, recuerda su hija en una entrevista con EL ESPAÑOL.

“No es una casualidad que después de que ella pidiera un boicot de los Juegos apareciera en la calle un coche sospechoso, enfrente de casa, y poco menos que la secuestraran después”, denuncia. Paradójicamente, la competición puede salvarle la vida. “Creo que los estos Juegos son la última oportunidad para que mis padres vean la libertad. Estos eventos atraen mucha atención pública y por eso reclamamos la liberación de mis padres por motivos humanitarios. Todos somos humanos. Es el momento de demostrarlo”, pide.

Dinara Yunus (Youtube: Amnistía Internacional)
Dinara Yunus (Youtube: Amnistía Internacional)

Hace seis años, ella misma se vio obligada a exiliarse por las amenazas contra su vida que recibieron sus padres. Ahora vive como refugiada en los Países Bajos y desde allí lucha por la liberación de sus padres.

Pocos se atreven a afear al Gobierno azerí el tratamiento a los disidentes. El país goza de grandes recursos petroleros gracias a yacimientos como los que posee en el Mar Caspio y su presidente trabaja activamente por forjar alianzas con Europa.El año pasado, en su visita al país, el ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo, constató las “perspectivas espléndidas” que brinda la economía azerí a España, por ejemplo en el sector del transporte. Aliyev preside además el Comité Olímpico azerí y entiende la utilidad diplomática del deporte, algo que ha demostrado siendo el patrocinador oficial de, entre otros, el Atlético de Madrid.

Las dos caras de Azerbaiyán

Es lo que The New York Times llama las dos caras de Aliyev, el doctor Jekyll que profesa un Islam moderado, habla idiomas y quiere hacer negocios con Occidente (desde vender petróleo a celebrar Eurovisión), y mister Hyde, un líder “enormemente corrupto”, a la cabeza de “un régimen autoritario que tiene una de las peores notas en derechos humanos”, según un editorial reciente.

“La sociedad civil está siendo erradicada en Azerbaiyán. Todas las ONG que han trabajado por los derechos humanos, alrededor de 20, han sido cerradas. Algunos de sus líderes han sido arrestados, otros han huído del país y otros permanecemos paralizados, sufriendo sanciones y con nuestras cuentas sancionadas”, asegura en un informe especial de Amnistía Internacional Asabali Mustafayev, director de la ONG Centro de recursos sobre la Democracia y los Derechos Humanos, una de las veteranas en el país.

La lista de presos políticos difiere según la organización a la que se pregunte, pero todas incluyen al menos dos decenas de prominentes activistas. Entre ellos están abogados, observadores electorales, periodistas, bloggers y miembros de movimientos políticos opositores a un régimen que celebra elecciones sin aval internacional.

Sobre Leyla Yunus pesan media docena de cargos, entre los que se encuentran traición, espionaje para Armenia y hasta evasión de impuestos. La imagen que tiene de ella el Gobierno dista mucho de los reconocimientos logrados fuera. El año pasado fue finalista del premio Sajarov de derechos humanos que concede el Parlamento Europeo.

“La nominación no consiguió que cambiaran las cosas”, lamenta su hija. “Sólo su salud, que va a peor mientras sufre malos tratos en prisión”, asegura. La detención provisional puede durar un año y medio y Dinara Yunus cree que las autoridades azeríes agotarán los plazos, por lo que podría no comparecer ante un juez en diciembre. “Pero la justicia no es imparcial, los juicios no son públicos y con el process de apelaciones podría pasar otro año más sin sentencia. Podría ser demasiado tarde”, lamenta.

Los deportistas españoles y dirigentes del COE, con el rey Felipe (Foto: COE)

En el hemiciclo, Yunus tiene aliadas que la defienden. Entre ellas la vicepresienta Ulrike Lunacek, para quien “el régimen trata de salir muy bien en la foto mientras encarcela a todo defensor de los derechos humanos”. “Tenemos que dejar de ser cómplices con las violaciones de derechos humanos en países como Azerbaiyán”, pidió esta semana junto a Elena Valenciano, presidenta de la subcomisión de Derechos Humanos, y la italiana Silvia Costa, presidenta de la comisión parlamentaria encargada del Deporte.

Ninguna de las eurodiputadas cree que los atletas deban boicotear los juegos, otorgados a Baku en 2012 por su oferta económica, sino que apuestan porque los Gobiernos dejen de reirle las gracias al régimen, aunque produzca 1,4 millones de barriles de petróleo al día.

“La Unión Europea tiene que tener en cuenta los derechos humanos a la hora de elegir dónde celebra sus juegos. No puede pasar por encima de sus principios y valores: no todo vale”, asegura Valenciano, que ha presentado preguntas formales a los Gobiernos y la jefa de la diplomacia comunitaria.

Desde la cárcel, Leyla Yunus ha escrito una carta abierta a su marido, confinado en otra prisión de máxima seguridad, en la que asume que el la “pantomima de juicio” a la que los someterán acabará en una sentencia de “entre 10 y 15 años”.

Su hija no cree que puedan resistir tanto en prisión. Por eso alza la voz ahora que Azerbaiyán es noticia, con el estadio con capacidad para 68.000 espectadores que estrena con estos juegos y la presencia de miles de atletas de todo el continente. “Porque después se acabará la competición, llegarán las vacaciones, los medios tendrán otras noticias… y nadie escuchará la voz de mis padres”.