Las normas de conducta de la Redacción de EL ESPAÑOL

"Nacemos al servicio de todas las personas que utilizan nuestro idioma común". Foto: Dani PozoLos periodistas de EL ESPAÑOL están comprometidos a proporcionar a los ciudadanos una información veraz de la más alta calidad. Para alcanzar ese objetivo se han redactado 26 normas de conducta que publicamos hoy con el deseo de que nuestros lectores puedan controlar su cumplimiento. En su elaboración se han tenido en cuenta no sólo las opiniones de la Redacción sino también las sugerencias de los accionistas y suscriptores, a los que agradecemos sus relevantes aportaciones.

Foto: Dani Pozo

Los periodistas de EL ESPAÑOL están comprometidos a proporcionar a los ciudadanos una información veraz de la más alta calidad. Para alcanzar ese objetivo se han redactado 26 normas de conducta que publicamos hoy con el deseo de que nuestros lectores puedan controlar su cumplimiento. En su elaboración se han tenido en cuenta no sólo las opiniones de la Redacción sino también las sugerencias de los accionistas y suscriptores, a los que agradecemos sus relevantes aportaciones

1. El compromiso esencial de los periodistas de EL ESPAÑOL es proporcionar a los ciudadanos una información veraz de la más alta calidad.

Ese compromiso se traduce en la obligación de ser diligentes en la búsqueda de la verdad y en la comprobación de todos los datos de la información; en la obtención de todas las versiones posibles; en el mantenimiento de un punto de vista crítico sobre los hechos y en el rechazo de cualquier presión indebida que pretenda subordinar el trabajo periodístico a intereses particulares.

Relaciones con las fuentes

2. Los periodistas de EL ESPAÑOL tienen el derecho y el deber de no revelar sus fuentes de información. No difundirán informaciones que hayan aceptado recibir bajo el compromiso del ‘off the record’ siempre que se mantengan las circunstancias del acuerdo.

3. Los periodistas de EL ESPAÑOL deben precisar siempre si los datos que publican proceden de su propia observación, de documentos o de terceras personas. En este último caso, si la información proviene de una única persona no deben emplear el plural ‘fuentes’ y concretar, como mínimo, de qué ámbito procede (‘fuente sindical’ o ‘fuentes diplomáticas’ o ‘fuentes próximas a’). Evitarán fórmulas vacías de contenido como ‘fuentes competentes’ o ‘fuentes bien informadas’.

4. Cuanto menos identificada o cuanto más imprecisa sea la fuente que proporciona una información, mayor será la obligación de verificación. Si se publica la información facilitada por un anónimo, deberá constar esa característica de la fuente, indicando cuál es el motivo (temor a represalias, desconocimiento de su identidad por proceder del Buzón de Denuncias de EL ESPAÑOL, compromiso de confidencialidad por razón de la materia o del lugar de trabajo de la fuente, etc).

5. Cuando sea imprescindible cambiar el nombre de alguna persona (agentes de los servicios secretos, menores, víctimas de delitos sexuales o malos tratos) esa modificación será advertida a los lectores.

6. Los periodistas de EL ESPAÑOL procurarán que la relación con sus fuentes no comprometa su integridad e imparcialidad. Como regla general, no aceptarán regalos, viajes o tratos de favor. La aceptación de invitaciones relacionadas con la crítica gastronómica y cultural o con la cobertura de informaciones ha de estar justificada por su interés periodístico y debe ser autorizada por los responsables de la Redacción.

Empleo de citas

7. Cada palabra o expresión entrecomillada por los periodistas de EL ESPAÑOL debe responder con fidelidad a lo transmitido por el emisor. La edición de un testimonio nunca debe alterar el sentido y la intencionalidad del emisor.

8. Los periodistas de EL ESPAÑOL no plagiarán ni reproducirán total o parcialmente textos de otro autor, ni en su literalidad ni en su estructura o argumentación, sin atribuírselos de forma expresa.

9. Cuando incluyan en sus textos informaciones extraídas de otros medios, deberán atribuírselas, incluso si se trata de algún dato aislado. No será preciso hacerlo si EL ESPAÑOL corrobora la noticia con sus propias fuentes. Por razones de equidad y cortesía, la mención al medio y a su autor será imprescindible cuando se trate de una exclusiva, si es posible incluyendo el enlace.

10. Los periodistas de EL ESPAÑOL no publicarán nunca informaciones centradas en rumores no verificados, sin que su atribución a otro medio sirva de excusa para ello.

Obtención y tratamiento de la información

11. Los periodistas de EL ESPAÑOL tienen que buscar y difundir honestamente todos los ángulos posibles de los hechos, situándolos en su contexto adecuado y sin omitir aspectos esenciales que conozcan, en especial si el asunto es controvertido. Esta tarea será inexcusable cuando se trate de investigaciones policiales o judiciales.

12. Ninguna persona, física o jurídica, puede verse sorprendida por la aparición de una noticia originada en la redacción de EL ESPAÑOL en la que resulte cuestionada, descalificada o perjudicada sin haber tenido previamente la posibilidad de dar su versión y que ésta sea difundida, si el afectado lo desea. Cuando no se le haya podido localizar o no haya querido responder, se harán constar estas circunstancias. Si la noticia tiene como base un documento oficial u otra fuente externa se tratará de recoger la versión del afectado lo antes posible sin que ello retrase la publicación.

13. Los periodistas de El ESPAÑOL no utilizarán métodos ilegales para obtener información. Sólo en casos de importancia excepcional, y siempre que no sea posible obtener la información por ninguna otra vía, podrán utilizar personalidades fingidas o realizar grabaciones subrepticias. La regla general es advertir al interlocutor de que sus palabras y/o imagen van a ser grabadas; la alteración de esta norma deberá ser autorizada por los responsables de la Redacción.

14. Si la información tiene una base documental, los periodistas de EL ESPAÑOL deben hacer todo lo posible para garantizar su autenticidad. No harán nunca una selección sesgada o intencionalmente dirigida a favorecer una determinada tesis, a partir de esos documentos.

15. Los periodistas de EL ESPAÑOL respetarán los derechos fundamentales al honor, la intimidad, la propia imagen y la presunción de inocencia. Se atendrán, así, a los límites a las  libertades de expresión e información que establece la Constitución española, incluida la protección de la juventud y la infancia.

16. Las fotografías e imágenes de vídeo que representen la realidad deben ser genuinas y sin distorsiones más allá de un correcto tratamiento técnico para lograr una difusión de calidad y de la capacidad periodística de poner el énfasis en uno u otro aspecto de la información.

17. Los periodistas de EL ESPAÑOL evitarán la difusión de expresiones e imágenes hirientes o despectivas sobre religiones, etnias o grupos sociales determinados, salvo que resulte imprescindible desde el punto de vista del interés informativo.

18. La información y la opinión estarán diferenciadas con nitidez. Las informaciones no contendrán juicios de valor del periodista. La titulación de las noticias no debe ser tendenciosa.

Comprobación de los datos

19. Los periodistas de EL ESPAÑOL comprobarán la veracidad de los datos que incluyan en sus informaciones y cuidarán de su corrección gramatical, con independencia de la existencia de los controles establecidos en la Redacción. A este respecto, al menos una segunda persona supervisará siempre cada historia o información. Las prisas no deben ser excusa para incluir datos no verificados. Si urge entregar una información y hay aspectos no comprobados, deberá advertirse a los responsables de la Redacción.

20. Los datos dudosos o de singular complejidad o trascendencia deben ser verificados por, al menos, dos fuentes independientes entre sí. El hecho de que la información provenga de una fuente oficial, de una institución o esté apoyada en un documento no eximirá al periodista de comprobar los aspectos que puedan resultar más conflictivos.

21. Los periodistas de EL ESPAÑOL deberán asegurarse de que sus informaciones no contengan injurias ni calumnias.

Rectificaciones

22. EL ESPAÑOL corregirá con inmediatez los errores de hecho, sin necesidad de esperar a recibir una queja. La rectificación deberá ser difundida de forma suficientemente visible.

23. Las rectificaciones procedentes de personas o instituciones que hayan sido aludidas serán publicadas en lo referente a los datos fácticos, pero no cuando tengan que ver con juicios de valor, interpretaciones u opiniones.

Conflictos de intereses

24. Los periodistas de EL ESPAÑOL evitarán los conflictos de interés entre sus actuaciones privadas (inversiones bursátiles, militancia activa en partidos, relaciones familiares) y su labor profesional. Cuando exista el menor riesgo de ello advertirán a los responsables de la redacción y serán sustituidos por otro compañero.

25. Los periodistas de EL ESPAÑOL no utilizarán la información que obtengan en el ejercicio de su profesión en beneficio personal o en el de sus familiares.

26. Ningún periodista de EL ESPAÑOL podrá trabajar, de forma remunerada o no, para gabinetes de imagen o de comunicación, empresas de relaciones públicas o agencias de publicidad.

La irregular atención sanitaria al extranjero en situación ilegal

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El ministro de Sanidad busca un acuerdo para devolver a los extranjeros en situación irregular la asistencia sanitaria primaria, tres años después de que el mismo Gobierno -con Ana Mato como titular de la cartera- aprobara el polémico Real Decreto que despojó de este derecho al colectivo. Esta norma no gusta ni a los miembros del propio Partido Popular, como demuestran los anuncios de deserción en varias comunidades autónomas, algunas gobernadas por ‘populares’. 

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Imagen: Moeh Atitar

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (MSSSI) busca un acuerdo para devolver a los inmigrantes irregulares la asistencia sanitaria. Lo hace tres años después de que el mismo Gobierno -aunque con Ana Mato a la cabeza- aprobara el polémico Real Decreto que despojó de este derecho al colectivo (RD 16/2012). Se trata de una norma que parece no satisfacer ni a los miembros del propio Partido Popular como demuestran los anuncios de ‘deserción’ desde el inicio, que se han multiplicado desde las elecciones autonómicas. El último, el del gobierno madrileño presidido por Cristina Cifuentes.

El penúltimo intento de enmienda de la situación se produjo esta semana. Sanidad presentó a las comunidades autónomas un acuerdo para armonizar la atención social y sanitaria a los extranjeros en situación irregular. Lo que el secretario de Estado de Sanidad y Consumo, Rubén Moreno, ha propuesto a los representantes de las consejerías es que los extranjeros en situación irregular y sin recursos acrediten una residencia de seis meses en España para poder tener acceso a una atención similar al resto de la población, aunque con una importante diferencia: para acudir al médico, se les dará un documento acreditativo previo a su inclusión en una base de datos “a la que se pueda acceder desde todos los centros sanitarios”.

Así, la situación actual es, como mínimo, indefinida. La pregunta que surge es cómo y por qué se ha llegado hasta aquí.

cobertura-sanitaria1. El Gobierno publica el Real Decreto-Ley 16/2012.

El 20 de abril de 2012, el Consejo de Ministros aprobaba el Real Decreto de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones. Era una propuesta del Ministerio de Sanidad presidido entonces por Ana Mato.

Según explica a El Español la presidenta de Médicos del Mundo España, Sagrario Martín, el propio nombre del decreto incluye la supuesta explicación del mismo. “Las razones que se aducen son económicas y enmarcadas en el contexto de la crisis”, comenta. Según el médico de Atención Primaria y economista de la salud Javier Padilla, hay otra razón: “Si un inmigrante irregular tiene derecho a la asistencia sanitaria en España, esta se traslada a cualquier país europeo al que vaya el inmigrante, que luego le facturaría su atención a España”. “No querían cargar con esto y la excusa fue siempre la del ahorro económico, pero sin datos para apoyar la medida”, comenta Padilla. Las autoridades sanitarias cuantificaron la medida en la “desactivación” de 800.000 tarjetas sanitarias.

A efectos prácticos, los extranjeros en situación irregular no podrían recibir atención sanitaria excepto en Urgencias. La excepción eran los niños y las mujeres embarazadas.

Tanto Padilla como Martín apuntan también a un cambio “menos divulgado y más importante” que supuso la entrada en vigor del decreto. “La atención sanitaria pasó de estar considerada como un derecho a estar vinculada al trabajo”, señala Padilla. O, en otras palabras, pasó de asociarse al pago de impuestos a hacerlo a la cotización laboral. Así, sólo las personas que cotizaban y sus beneficiarios tendrían derecho a una atención sanitaria y los que no lo hacían, no. En el caso de los españoles e inmigrantes ‘legales’, esto se solventaría asignando una partida presupuestaria para su atención médica. Para las personas en situación irregular, no. “Se da la tremenda e injusta paradoja de que los inmigrantes indocumentados pagan impuestos, pero no pueden acceder a la sanidad”, apunta Padilla.

La presidenta de Médicos del Mundo hace un símil con la educación: “Es como si sólo tuvieran derecho a la enseñanza los niños hijos de padres trabajadores; eso es lo que se hizo con la salud con la aprobación de este Real Decreto, impedir que la atención sanitaria sea un derecho universal”.

2. Varias CCAA anuncian que seguirán dando atención sanitaria a los inmigrantes indocumentados.

Lo que sucedió justo después de la aprobación del Real Decreto es definido por Martín como “un absoluto galimatías”. “Prácticamente todas las comunidades autónomas han ido proporcionando vías alternativas de entrada al sistema, aunque algunas han sido más rígidas y otras más díscolas”, subraya. Andalucía y Asturias anunciaron su rebeldía casi de inmediato y, para Padilla, son las que más han seguido tratando a los extranjeros en situación irregular.

Las medidas, efectivamente, fueron muy variadas. En algunas regiones, se les daba atención a los afectados con unos ingresos menores de una cifra determinada, en otras se les facilitaba la asistencia a atención primaria pero no especializada y en algunas el problema se centraba más en el acceso al medicamento. “Las desigualdades eran abismales”, comenta Martín, que cita un informe (PDF) publicado por Médicos del Mundo con datos sobre la situación dos años después.

Padilla apunta a la diferencia entre el derecho y el acceso. “Aunque algunas regiones bordeaban el problema dando tarjetas especiales, este derecho no llegaba a personas sin dominio del lenguaje o domicilio fijo, por citar sólo dos barreras de acceso”. En la misma línea, Martín apunta a la falta de información “incluso dentro de la misma comunidad”. Las consecuencias, según la ONG que preside: diagnóstico de muchas enfermedades cuando estas ya estaban avanzadas. El ejemplo paradigmático es la tuberculosis, que hasta su diagnóstico puede ser fácilmente transmisible, sobre todo si se vive en condiciones de hacinamiento. “La gente pensaba que no tenía derecho y a eso había que añadirle el miedo habitual que acompaña a este colectivo”. Padilla va más allá: “Ha habido gente que ha fallecido, aunque es muy difícil demostrar la relación causal”.

El médico comenta una medida que se puso en marcha de forma paralela: la creación de un registro de médicos objetores de conciencia que se negaban a desatender al colectivo afectado.

3. Navarra interpone un recurso contra el RD 16/2012 ante el Tribunal Constitucional, que lo admite a trámite.

Casi a la vez que algunas regiones anunciaban su rebeldía en la aplicación del Real Decreto, otras lo hacían por la vía legal. La primera fue Navarra, que interpuso un recurso contra la norma en el mes de julio de 2012. Le siguió Andalucía y Cataluña. Para la presidenta de Médicos del Mundo “cualquier forma de intentar frenar el Real Decreto” era un apoyo, aunque esta medida no estaba tan centrada en la práctica. “Era más por un tema de competencias, por saber si la gestión de la norma correspondía al Gobierno o a las comunidades autónomas”.

4. El ministro Alfonso Alonso anuncia que el Gobierno devolverá a los inmigrantes irregulares la atención primaria.

Durante casi tres años se sucedieron las noticias sobre la aplicación de la normativa, así como sobre las alternativas que ideaban las comunidades y las ONG para que nadie quedara sin asistencia sanitaria. En noviembre de 2014 dimitía Ana Mato y Alfonso Alonso era nombrado nuevo ministro de Sanidad. Apenas cuatro meses después de su nombramiento, abordaba el asunto de la atención sanitaria a los extranjeros en situación irregular y anunciaba que podrían acceder a la Atención Primaria. Una bienvenida a los ambulatorios que pilló por sorpresa a muchos.

“Las razones habría que pedírselas a ellos, pero nosotros no vimos ningún hilo conductor. Pudo influir un informe (PDF) del Defensor del Pueblo sobre la situación de las urgencias hospitalarias”, comenta Martín.  Para la presidenta de Médicos del Mundo, el anuncio “que no vino acompañado de nuevos pasos”, estaba acompañado de “conceptos peligrosos”. “Parecía que se devolvía la Atención Primaria para evitar colapsar las Urgencias, como si fuera los inmigrantes los que tuvieran la culpa de este colapso”, añade.

“Las Urgencias son más ineficientes y más intervencionistas, la Atención Primaria es más efectiva”

“Está claro que las Urgencias son más ineficientes y más intervencionistas, y que la Atención Primaria es más coste efectiva. Al final parecía lo que era: que la medida no había servido para ahorrar, porque lo que realmente hubiera ahorrado dinero era lo que no se podía hacer, suprimir la asistencia sanitaria en su totalidad, algo que afortunadamente no permiten los convenios internacionales”, comenta por su parte Padilla.

5. Aragón, Comunidad Valenciana, Baleares y Cantabria anuncian que darán cobertura sanitaria a inmigrantes.

El mayo de 2015 tienen lugar las elecciones autonómicas y municipales. A un cambio del panorama político se sucede un aluvión de anuncios de que se prestará atención sanitaria completa a los extranjeros en situación irregular. No es casual. En marzo de este mismo año todos los partidos de la oposicion, salvo Ciudadanos, habían pactado esto en una declaración institucional promovida por Médicos del Mundo. “Hubo un cambio en la balanza de poder y se apuntaron incluso comunidades en las que gobernaba el PP, aunque en minoría”, comenta Padilla, que cree que la reactivación del asunto tiene también que ver con la cercanía de las elecciones generales. “Es un tema que va a sonar”, apunta el médico.

Para Martín, el anuncio es “muy positivo”, aunque lógico dentro del compromiso adquirido por los partidos dos meses antes. “Se puso en marcha”, resume.

6. La Comunidad de Madrid anuncia que dará cobertura sanitaria a inmigrantes irregulares.

La última suma a esta rebelión masiva la ha protagonizado una figura emblemática del propio Partido Popular. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, que gobierna apoyada por Ciudadanos, anunció el pasado 22 de agosto que daría atención sanitaria a este colectivo. Aunque al principio habló de crear un documento especial para los extranjeros en situación irregular, el diario El País filtró un documento que ordenaba la atención inmediata a cualquier persona “con o sin documentación”.

7.  Sanidad propone crear un registro de inmigrantes irregulares para conseguir la atención sanitaria.

El pasado 25 de agosto, el MSSSI anunciaba su intención de devolver la atención sanitaria a inmigrantes irregulares, pero con una salvedad: lo harían tras inscribirse en un registro de personas en su situación. “De primeras, nos parece peligroso y disuasorio, además de multiplicar la burocracia con la creación del registro y no la eficiencia”, comenta Martín, que se pregunta por qué no volver a la situación anterior al Real Decreto. “Todos los que tenemos tarjeta sanitaria estamos en un registro, que es de la propia tarjeta, no hay necesidad de crear otro y encima excluyente”, añade.

“¿Quién se va a querer apuntar ahí?”, se pregunta por su parte Padilla, que recalca que esta propuesta no regula la atención sanitaria como derecho.

8. Sanidad propone que los inmigrantes lleven seis meses empadronados para recibir asistencia sanitaria.

La última pieza de este puzle (lejos de ser la última) es la propuesta lanzada esta semana por Sanidad a la Comisión de Prestaciones, Aseguramiento y Financiación. La principal novedad es que propone que los extranjeros acrediten una residencia de seis meses para poder recibir asistencia. Además, tendrán que identificarse, aportar “una justificación de no disponer de recursos suficientes”, una “declaración responsable de no tener cobertura sanitaria por ninguna otra vía” y un “documento de que no procede la exportación del derecho a la asistencia sanitaria”.

Con esta propuesta, Sanidad pretende “que no se genere la obligación para España de atender gratuitamente a personas cuya asistencia ha de ser cubierta por su país de origen” y que “no se pueda exportar el derecho a ser atendido en otro país a cargo del Sistema Nacional de Salud”.

Padilla cree que con esta medida “no se da el paso necesario de volver a considerar la asistencia sanitaria un derecho”, por lo que aboga por la derogación -“quizás no total”- del Real Decreto de la polémica. La presidenta de Médicos del Mundo en España se manifiesta en la misma línea. “El derecho a la salud tiene que ser un derecho humano”, concluye.

¿Castigar o no la prostitución? 4 razones en contra y 4 a favor

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La organización de derechos humanos Amnistía Internacional ha planteado una pregunta casi tan vieja como el oficio más antiguo del mundo. ¿Es la prostitución un crimen que debería ser penalizado?

La organización de derechos humanos Amnistía Internacional ha planteado una pregunta casi tan vieja como el oficio más antiguo del mundo. ¿Es la prostitución un delito que debería ser penalizado?

El comité directivo de Amnistía ha aprobado este martes adoptar la despenalización de la prostitución como su postura oficial. Durante las últimas semanas esta propuesta ha suscitado una batalla de declaraciones por parte de numerosas organizaciones, trabajadores sexuales y hasta celebridades cómo Emma Thompson o Meryl Streep.

Para elaborar este documento, Amnistía ha entrevistado a trabajadores sexuales de cinco países y se ampara en investigaciones de las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud. Su conclusión es que criminalizar el trabajo sexual aumenta la probabilidad de discriminación, acoso y violencia de las personas que se dedican a estas actividades. Por lo tanto, a partir de ahora Amnistía defenderá formalmente descriminalizar la prostitución, siempre que sea entre adultos y consentida.

EL ESPAÑOL ha hablado con organizaciones y plataformas activas en el debate, que defienden desde considerar la prostitución un crimen bajo cualquier circunstancia hasta despenalizar la actividad de todos los participantes de la industria del sexo, incluyendo clientes y proxenetas.

4 argumentos en contra de castigar la prostitución

Descriminalizar la industria del sexo protege a los trabajadores sexuales

Más de 800 personas, entre las que se incluyen numerosos trabajadores sexuales, académicos y miembros de instituciones de derechos humanos han firmado una carta iniciada por el Comité Internacional sobre los derechos de los trabajadores sexuales en Europa (ICRSE) apoyando la iniciativa de Amnistía “de proteger a los trabajadores sexuales de la violencia y discriminación”.

La organización Red Global de proyectos de trabajadores sexuales (NSWP) también ha comenzado una petición en Change.org a favor de la despenalización de la prostitución, firmada por 10.073 personas.

El coordinador del ICRSE y trabajador sexual desde hace diez años Luca Stevenson afirma que descriminalizar el trabajo sexual sería beneficioso para los trabajadores sexuales. “El trabajo sexual no es violento de por naturaleza, pero existe mucha violencia en la industria”, asegura. Para Stevenson, “el gran nivel de violencia y abuso es culpa de la criminalización del negocio del sexo y del estigma que tiene”.

Pye Jackobsson es la presidenta de NSWP, vive en Suecia y es una trabajadora sexual desde hace 27 años. “La única mala experiencia que he tenido en la industria del sexo fue hace muchos años en Grecia (antes de que Grecia legalizase la prostitución)”, afirma. “Me contrataron para un trabajo de diez días en un club, y los dueños me encerraron en un apartamento que había encima del local. Si el trabajo sexual fuese reconocido como cualquier otra profesión habría podido ir a la Policía y hubiese habido una respuesta legal. Como la prostitución era un crimen, no dije nada”.

Criminalizar a los clientes no es suficiente

El conocido como modelo nórdico, aplicado con matices en Suecia, Noruega, Islandia, Canadá e Irlanda del Norte, es considerado por muchos cómo el mejor para regular la prostitución, ya que criminaliza a clientes y terceras personas que participan en la industria del sexo, como burdeles y proxenetas, pero no a los que la ejercen.

Sin embargo coordinador de ICRSE Luca Stevenson afirma que cuando ser cliente es un crimen hay menos demanda, por lo que los trabajadores sexuales tienen que trabajar más horas y en condiciones menos seguras. “Criminalizar la fuente de ingresos hace más probable la violencia”, concluye.

Pye Jackobsson también está en contra del modelo nórdico. “Yo soy de Suecia, y puedo decirte que este modelo no funciona. La Policía vigila los apartamentos de los trabajadores sexuales y muchas veces no hace distinción entre el que compra y el que vende el sexo. Los trabajadores sexuales no confían en los agentes y no acuden a ellos si están en peligro”, asegura.

Un recurso contra el tráfico sexual

Luca Stevenson considera que de todos los países que ha legalizado la prostitución, Nueva Zelanda es el único que realmente ha descriminalizado la industria del sexo. “En Nueva Zelanda no existen pruebas concluyentes de que haya aumentado el tráfico de personas”, declara Luca Stevenson. “En Noruega se ha alcanzado un número récord de víctimas de tráfico en los últimos años, pero en este país los clientes son criminalizados, lo que puede reforzar la explotación de los trabajadores sexuales ya que siguen teniendo que esconderse”.

El coordinador de ICRSE añade que en aquellos países donde la prostitución es legal (Alemania, Países Bajos) es más fácil identificar el número de trabajadores sexuales que están siendo explotadas, lo que puede crear la ilusión de que el tráfico ha aumentado.

La prostitución: un trabajo como cualquier otro

Jacobsson afirma que ella ejerce como trabajadora sexual porque quiere. “Respeto las experiencias de todo el mundo y entiendo que hay trabajadores sexuales que no han tenido buenas experiencias. Sin embargo, hay muchas personas que piensan que la prostitución debería ser un crimen desde un punto de vista ideológico. Yo te estoy hablando de mi vida. Ellos piensan que saben que es lo mejor para nosotros, pero eso es condescendiente y ofensivo”.

Stevenson cree que “el trabajo sexual suele estar relacionado con la pobreza, la desigualdad y la opresión, por lo que minorías, inmigrantes y mujeres forman la mayor parte de los trabajadores sexuales.”. Pero eso no significa que estas personas no tengan capacidad de decisión, añade el coordinador.

4 argumentos a favor de castigar la prostitución

 La industria del sexo es violenta por naturaleza

En las últimas semanas, más de 400 personas de distintas organizaciones feministas y de derechos humanos han firmado una carta de la organización Coalición contra el tráfico de mujeres (CATW en inglés) en la que piden que Amnistía no adopte una política que “se posiciona a favor de los compradores de sexo, proxenetas y otros explotadores en vez de con los explotados”. El texto ha sido apoyado por actrices como Meryl Streep, Emma Thompson y Anne Hathaway.

La institución también ha iniciado una petición de Change.org en contra de la descriminalización del negocio del sexo, que en el momento de publicar este artículo ya tiene 8.769 firmantes.

Taina Bien-Aime, directora ejecutiva de CATW, afirma que el sexo a cambio de dinero siempre es un acto de violencia, aun cuando es consensual.

“La industria del sexo es causa y consecuencia de la desigualdad de género”, afirma Bien-Aime. “No todas las mujeres que participan están siendo explotadas, pero la prostitución siempre es violenta y discriminatoria de por sí. Este negocio significa que un hombre tiene el derecho a comprar un acto sexual, y realizar sus fantasías más oscuras con otro ser humano. Mientras una mujer pueda ser comprada por un servicio sexual nunca habrá verdadera igualdad”.

Asunción Miura, la representante de CATW en España, considera que ejercer la prostitución genera muchos efectos secundarios, como por ejemplo el daño psicológico. “La mujer que participa en este negocio es una víctima”, defiende.

Castigar, pero al cliente

Según la directora de CATW el modelo nórdico es el único posible para regular la prostitución, ya que el que mejor protege las mujeres que venden su cuerpo. “Los resultados en los países donde se ha aplicado este modelo (por ejemplo en Suecia) han sido muy positivos”, afirma.

Taina Bien-Aime añade que “los seres humanos que se compran y venden en el comercio sexual, que son en su mayoría mujeres, no deben ser criminalizados”. Sin embargo, CATW está a favor de castigar a clientes, burdeles y proxenetas. “La responsabilidad penal la tienen los explotadores, no los explotados”, asegura.

Luchando contra la prostitución se lucha contra la trata

Asunción Miura declara que “hay trata porque hay prostitución”. “La trata es la globalización de la prostitución”, dice. “Tienen las mismas raíces, y las razones por las que existen los dos fenómenos son los mismos”.

“Amnistía dice que la prostitución y el tráfico sexual son fenómenos distintos, pero están unidos intrínsecamente”, explica la directora ejecutiva de CATW. “Es imposible evitar el tráfico sexual sin abordar el mercado del sexo comercial”.

Taina Bien-Aime asegura que la legalización de la prostitución tiene efectos catastróficos. “El crecimiento legal de burdeles en Alemania ha provocado un aumento en el tráfico sexual. También en los Países Bajos”, afirma.

Una realidad basada en eufemismos

La directora de CATW se niega a usar el término “trabajador sexual” para referirse a las personas que ejercen la prostitución. “Nosotros preferimos llamarlas ‘mujeres en prostitución’”, explica. “El término ‘trabajador sexual’ es un invento de la industria del sexo para ocultar el daño que hace e intentar compararlo con cualquier otro trabajo normal”.

Bein-Aime se basa en datos de SPACE International, una organización que representa a “supervivientes de la industria del sexo”, para afirmar que la mayor parte de mujeres en prostitución son objeto de violencia física y mental.

Asunción Miura afirma que “nadie ejerce la prostitución porque quiere”.

“La prostitución no es una opción si no hay ninguna otra opción”, dice Ben-Aime. “El consentimiento no legitima la industria del sexo”.

 

Foto: Flickr/Surlzar

Adam Goodes, el fútbol y el racismo en Australia

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Adam Goodes, el número 37 de los Sydney Swans, jugador aborigen de fútbol australiano, ha pasado de tener a todo su país dividido en un debate sobre el racismo a unirlo en una campaña sin precedentes para que vuelva a los campos de juego. Goodes, dos veces campeón de Liga y dos veces mejor jugador del campeonato, además de Australiano del Año 2014, amenazó con dejarlo, harto de los insultos racistas que le gritan partido tras partido. 

En solo una semana Adam Goodes, jugador de fútbol australiano, el número 37 de los Sydney Swans, ha pasado de tener a todo su país dividido en un debate sobre el racismo a unirlo en una campaña sin precedentes para que vuelva a los campos de juego. El deporte, tan propio del país oceánico, ha actuado una vez más como reflejo de una sociedad a la que incomoda sobremanera todo lo relacionado con el racismo. Hace unos días el que fue nombrado ‘Australiano del Año 2014’, de raza aborigen, se planteaba retirarse debido a la actitud abiertamente racista de determinados seguidores rivales; incluso se negó a jugar un partido con su club.

Ahora, y tras recibir numerosas muestras de ánimo por parte de aficionados, prensa, otros indígenas, celebridades del país y australianos en general, Goodes ha regresado y está dispuesto a volver a jugar. Lo sucedido, un capítulo más en la historia del futbolista, pone de manifiesto la controversia que existe en el país ante una pregunta que no para de provocar escalofríos: ¿es Australia un país racista?

Tras los abucheos recibidos en el anterior encuentro frente a los West Coast Eagles, el deportista aborigen, todo un emblema para los suyos, se negó a jugar el pasado fin de semana con permiso de su equipo, los Sydney Swans. Una situación que Goodes lleva viviendo cada semana durante meses, y que ha trascendido las fronteras de su país por los insultos racistas a todo un defensor de los derechos de los indígenas.

Llevan pitándole años pero los abucheos se han visto incrementados desde que este año festejase un lance del juego con una danza de la guerra. La estrella australiana ha sido dos veces ganador de la liga y nombrado en otras dos ocasiones mejor jugador del torneo, pero no se ha librado nunca ni de las críticas ni de la polémica.

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Adam Goodes, en un partido reciente.

Un pasado que no gusta recordar

Algunos de sus compatriotas le acusan de ir de víctima y de que los pitos son por su actitud, no por su raza. A sus 35 años, es conocido por sus posturas y celebraciones extravagantes, siempre haciendo gala de sus orígenes, presumiendo de ello. Por eso y por sus acciones fuera del campo, combatiendo la discriminación, es considerado un quijote de la lucha contra el racismo. Esto es algo que no gusta a los australianos, que no desean que les recuerden los errores cometidos en el pasado contra los nativos.

Durante más de 200 años, hasta mediados del siglo pasado, a los originarios del país se les negaron los derechos básicos. Un trato que llegaba después de que los colonizadores ingleses casi les exterminaran, y muchos niños fuesen apartados de sus familias. Una situación dolorosa que tiene todavía eco en la Australia actual, generando resentimientos, y que Goodes recuerda a su manera, realizando bailes propios de los aborígenes o imitando el ataque con una lanza a los espectadores. De hecho el ‘arma’ imaginaria que ‘utilizó’ se puso a la venta en eBay por 20.000 dólares australianos (unos 13.500 euros).

Pero el futbolista lleva años tomando partido y dando la cara para mostrar su posición en este tema. El que seguramente sea el momento más famoso en esta historia contra el racismo se vivió en 2013, y tiene como coprotagonista a una niña de 13 años. Durante un partido de la Liga de Fútbol Australiana (AFL), mientras Goodes corría por la línea contigua a los aficionados, oyó una voz que le llamó “simio”. La ofensa venía de una niña a la que el australiano no dudó en señalar, provocando que los encargados de seguridad la echasen de la grada. La actuación del futbolista fue aplaudida y también criticada, por enseñar una lección y por humillar a una niña. “El racismo tiene una cara y anoche esa cara fue la de una niña de 13 años” comentó Goodes al día siguiente. Afirmó que ella no era culpable, que era la que más apoyo necesitaba, al mismo tiempo que responsabilizaba al entorno por permitir que algo así ocurriese.

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Goodes, Australiano del Año 2014.

Desde entonces se creó un debate que ahora se ha vuelto a intensificar. Por un lado quienes aseguran que pitar a Goodes muestra una actitud racista y quienes defienden que se le pita como a cualquier otro deportista, y que lo contrario sería discriminación positiva. Sostienen además que su actitud, acusando a su país de racista en declaraciones tras ser nombrado Australiano del Año, es merecedora de los abucheos: “El Día de Australia es como el ‘Día de la Invasión’”. Él mismo quiere ser reconocido por su lucha y asegura que si sólo se le recuerda por su fútbol “habrá fallado en la vida”. Señalan además sus detractores el comportamiento provocador ante aficionados rivales, llegando a pautas violentas como la famosa lanza imaginaria.

Se trata de un tema que no asusta a los políticos del país y el líder de la oposición, Bill Shorten, se ha atrevido a dar su opinión: “No hay duda de que la reacción que ha recibido se debe a su raza, y más gente se ha unido a los abucheos contra él porque es lo que otros hacen”. Hace falta sensibilidad, dijo, para que los abucheos e insultos no se conviertan en una moda. A una parte de la población australiana le ha causado un profundo malestar que Goodes recibiese premios precisamente por criticar a su país, y cree que las condecoraciones solo dan más importancia a un problema que ellos no consideran tal.

De Doug Nicholls a Cathy Freeman

No es el primer caso de discriminación en el fútbol australiano. Hace casi un siglo Doug Nicholls, que practicó además otros deportes, tuvo que abandonar el Carlton sin llegar a debutar porque a sus compañeros de equipo no les gustaba su olor. Se marchó al Northcote donde años más tarde sería campeón de la Liga. Ya en los años 70 se convirtió en el primer caballero aborigen y gobernador de Australia Meridional. Pasó a convertirse en un símbolo de integración, como también fue el caso de Cathy Freeman, campeona olímpica en 400 metros lisos en Sydney 2000. Fue la encargada de prender la antorcha en aquella edición de los Juegos Olímpicos y a pesar de tener sangre siria, escocesa y china, siempre se ha sentido orgullosa de su origen nativo.

Pero Goodes no está siendo tan respetado como Freman. El locutor australiano Alan Jones le acusaba de “hacerse la víctima” y de que los abucheos no tienen nada que ver con el racismo. Le llamó “estúpido” y criticó su puesta en escena previa a los lanzamientos. Muchos de los que abuchean al jugador indígena comparten su opinión, pero en el fútbol australiano otros actúan de esa manera, y no son pitados. Incluso otros como Hayden Bellantine, que también genera ira entre los aficionados, no son pitados de la misma manera. Del mismo modo también hay otros jugadores indígenas en la misma liga y no se les abuchea por ello. La conclusión es que Goodes, que aúna ambos elementos, forma un cóctel que estimula los insultos racistas por parte de la grada.

Tampoco agrada a sus críticos su forma de acusar de racistas a los australianos. Aunque una gran mayoría le aplaude precisamente por ello, ya que consideran que es necesario que alguien saque el problema a relucir y actúe de embajador para los indígenas, que se sienten discriminados. Fruto de ello ha sido la campaña que ha servido para que Goodes vuelva a jugar o que incluso dos periódicos líderes como The Age y The Sydney Morning Herald hayan regalado a sus lectores un póster suyo para apoyarle. Muchos aficionados se sumaron a la iniciativa colgando en redes sociales fotos con el dorsal 37, el del jugador australiano, pintado en brazos, espalda o carteles.

Aprovechando el Garma Festival, una convención anual para tratar las dificultades de los indígenas, miembros del clan Gumatj se pintaron el mismo dorsal en el cuerpo. También celebridades australianas como Cate Blanchett o Hugo Weaving dejaron unas palabras en forma de vídeo para agradecer a Goodes que diese voz a los indígenas. Su compañero de equipo Lewis Jetta, durante el encuentro en que el aborigen estuvo ausente, imitó su celebración de la danza de la guerra y la lanza invisible. Muestras muy simbólicas que han llevado a Goodes a volver a los campos, y que le animarán en su lucha contra un problema que no parece tener una cura rápida y al que Daniel Hick, en el Garma Festival, se refirió de forma clara: “El racismo siempre tiene el mismo efecto, duele”.

@diegonzalez86

‘Derecho al olvido’: no todos podrán salir de Google

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Recientemente, Protección de Datos ha negado el amparo a dos investigados por pertenecer a Gürtel y a ETA, que no podrán salir de Google. El ‘derecho al olvido’, en plena construcción, no es absoluto y debe ponderarse con otros derechos en conflicto, como la libertad de información y expresión. Así lo ha entendido la Audiencia Nacional. 

En octubre de 2014, la Justicia española confirmó, por primera vez, que Google estaba obligado a ocultar informaciones de carácter personal. Fueron muchos los han alertado del peligro que suponía “atacar al mensajero” y compararon las imposiciones a Google con el alzheimer digital, vaticinando que se acabarían destruyendo las hemerotecas.

Avancé entonces que la Justicia estudiaría cada caso concreto, que a veces se obligaría a Google a ocultar los contenidos y que, en ocasiones, se haría lo propio con los medios de comunicación. Y puse ejemplos específicos: la Audiencia Nacional había ordenado a Google excluir una noticia de hace 25 años, pero no se le había obligado a El País a tocar ni una sola coma de la misma noticia.

El derecho al olvido (en plena construcción), no es absoluto y debe ponderarse con otros derechos en conflicto (como la libertad de información y expresión).  Así lo ha entendido recientemente la Audiencia Nacional, que ha confirmado una resolución (PDF) de la Agencia Española de Protección de Datos en la que se le deniega a una persona desaparecer de Google cuando se le vincula con la trama Gürtel.

Según la Audiencia Nacional, no procede reconocer a este ciudadano el ‘derecho al olvido’ porque los hechos que recoge Google continúan teniendo una notable relevancia pública. Se trata de una persona de relevancia pública que sigue imputado que, además, no ha presentado ninguna prueba que acredite que lo que se publica sea falso.

Concluye la Audiencia de forma tajante: “La injerencia en los derechos fundamentales del interesado se encuentra justificada por el interés preponderante de los internautas en tener acceso a la información en una búsqueda que verse sobre el nombre del actor, teniendo la ciudadanía un interés real de conocer dicha información”.

Otro ejemplo

Si hace falta un ejemplo más respecto a las limitaciones del derecho al olvido, conviene dar a conocer otra resolución (PDF) también de la Agencia Española de Protección de Datos, en la que se le deniega a una persona la retirada de informaciones en Google que le vinculaban con ETA.

Dice el texto de la AEPD: “Los datos del reclamante constan en las informaciones publicadas relativas a las detenciones del reclamante y otras personas por casos de kale borroka y delitos de integración en la organización terrorista ETA en febrero de 2012″ y que la detención del reclamante “tuvo lugar como consecuencia de la participación del interesado en campañas de amenazas contra ediles donostiarras del Partido Socialista de EuskadiEuskadiko Ezkerra y del Partido Popular Vasco”.

Pues bien, a pesar de que el reclamante aportó un auto de sobreseimiento libre, Google justificó que la información era de relevancia pública y que se estaba estudiando en otro sumario judicial la pertenencia del reclamante a ETA, por lo que la información no era inexacta.

La AEPD, tras analizar las alegaciones del reclamante y de Google, no ha admitido la retirada de contenidos y ha afirmado que “debe considerarse la trascendencia en el número de personas afectadas, así como la relevancia pública y el interés público que han alcanzado los hechos en cuyo contexto se incluyen sus datos”.

No es descartable que con el paso del tiempo, o con la aportación de nuevas pruebas acerca de su inocencia, estas personas puedan ejercer el derecho al olvido, pero hoy no.

(Foto: Mokra / Freeimages)


Luis Gervas de la Pisa es abogado de Salirdeinternet.com y es el responsable del Código del Derecho al Olvido, publicado por el Boletín Oficial del Estado.


También en EL ESPAÑOL:

 

Supremacistas blancos en Estados Unidos… y en España

daily stormer

Las autoridades federales y locales de EEUU han descubierto que Dylann Roof, acusado de matar a nueve personas en una histórica iglesia afroamericana en Charleston, había estado en contacto con grupos de supremacistas blancos en la Red, algunos con sección en España. 

Las autoridades federales y locales de Estados Unidos han descubierto que Dylann Roof, el chico blanco de 21 años acusado de asesinar a nueve afroamericanos en una iglesia de Carolina del Sur el pasado mes de Junio, había estado en contacto con grupos de supremacistas blancos en la Red, algunos con sección en España.

En el manifiesto online, supuestamente escrito por Roof, el joven afirma que el primer sitio web que fomentó su ideología supremacista fue el del Council of Conservative Citizens, el grupo nacionalista blanco más grande de EEUU. “Había páginas y páginas sobre ataques brutales de negros contra blancos… en ese momento me di cuenta de que algo estaba muy mal”, escribe el asesino de Charleston.  

Según un análisis del Southern Poverty Law Center, una organización no gubernamental de defensa de derechos civiles, Roof también podría haber sido un participante regular del foro neonazi Daily Stormer, ya que ciertas páginas del manifiesto de Roof son muy similares a unos comentarios publicados por uno de los usuarios en este grupo.

Por último, el propio Roof también ha sido relacionado con la página de supremacistas blancos más importante de Estados Unidos, Stormfront (que también cuenta con una sección en España). Aunque la conexión entre el asesino de Charleston y el foro online sigue sin estar clara, Don Black, el fundador de Stormfront y un ex líder del Ku Klux Klan en Alabama, comenzó a solicitar donaciones hace unos días para un fondo de defensa legal después de recibir una visita del FBI.

“La libertad de expresión de nuestros comentaristas está siendo atacada”, dijo recientemente en su programa de radio, aunque no especificó cuáles son los problemas legales a los que pueden enfrentarse. En el sitio web de Stormfront varios usuarios se han quejado en las últimas semanas de que la matanza de Charleston “les va a dar mala reputación” y que su comunidad online quiere la armonía racial, “solo que segregada”.

Éstas son las tres páginas de supremacía blanca relacionadas con el asesino de Charleston. En una conversación con el Southern Povery Law Center, la organización ha confirmado que estos tres grupos son algunos de los movimientos de supremacía blanca más influyentes de Estados Unidos.

Stormfront

Según la citada organización, Stormfront fue el primer gran foro de incitación al odio en Internet con cierta repercusión. El New York Times calcula que la website recibe unos 40.000 visitantes al día y es, por tanto, el espacio online de supremacistas blancos más popular del mundo. En mayo de 2015 contaba con más de 300.000 miembros registrados (aunque muchos menos siguen activos). Menos de la mitad de los visitantes viven en los Estados Unidos.

En un estudio del Southern Poverty Law Center, la organización de derechos civiles afirmó que una gran cantidad de usuarios de Stormfront han sido responsables de muchos de los crímenes de odio más letales desde que el sitio fue inaugurado en 1995. Sólo en los últimos cinco años varios de los usuarios de Stormfront han asesinado a casi un centenar de personas. El asesino más conocido es probablemente Anders Breivik, el terrorista de extrema derecha que mató a 77 personas en Noruega en julio de 2011. En el momento del crimen, Breivik llevaba tres años registrado de Stormfront.

Anders Breivik. Copyright: Flickr/Policía de Oslo

Los usuarios de ese foro dedican gran parte de su tiempo a lamentar la supuesta extinción de la raza blanca (o “genocidio blanco”, como lo llaman ellos) y a escribir larguísimos posts en los que declaran la superioridad de los blancos sobre negros y judíos. Una usuaria con el nombre de Bellatrix escribía en mayo de este año sobre la necesidad de informar a los jóvenes blancos del peligro de la mezcla de razas:

“Cuando hables con alguien sobre chicos o chicas, todo lo que tienes que hacer es plantar la semilla de ‘extinción blanca’ en su mente, y luego seguir con el tema de una manera amistosa”, aconseja esta usuaria.

En un extenso post titulado Entendiendo la mente del Negro, Parte III, el usuario Lord Jim afirma: “El negro es, y siempre será un gorrón y un ladrón. El negro es esa cosa que se esconde en la oscuridad y que intenta hacer lo menos posible. Aborrece cualquier tipo de trabajo productivo y busca la recompensa más fácil por el mínimo esfuerzo. El negro es una abominación del hombre y de la naturaleza y la antítesis de la civilización. En resumen, la mejor palabra para bestia es negro”.

Stormfront también cuenta con una sección para mujeres, donde se pueden encontrar fórums titulados Ladies, if it came down to it would you fight (Señoras, ¿si fuese necesario lucharíais?), How do you feel about non-white children (¿Cómo te sientes hacia los niños no blancos?) o Would you be willing to date a man that has been with a non-white woman (¿Estarías dispuesta a ir a una cita con un hombre que ha estado con una mujer no blanca?).

Esta preocupación por “la extinción blanca” también puede encontrarse en la website Stormfront España.  El esquema siguiente fue publicado en un foro titulado Genocidio blanco por el usuario Perrin.  

genocido blanco

Los negros no son los únicos a los que los usuarios de Stormfront culpan de la extinción de la raza blanca. En este foro titulado La aniquilación de la raza blanca: ¿propósito judío?, el usuario Navas de Tolosa escribe en un texto de casi 6.000 palabras: “El poder del judío para controlar al blanco mediante los medios es absolutamente enorme […] Mire la película de Disney ‘Pocahontas’ por ejemplo, que glorifica la unión interracial de un blanco y un indio. La película también menosprecia a la raza blanca como moralmente inferior”.

“Aunque parezca extraño, la razón principal por la que los judíos usan su poder para mezclar a la raza blanca es porque se sienten amenazados por el blanco, inteligente y culturalmente brillante”, afirma este mismo usuario.

El Español ha intentado ponerse en contacto con los moderadores de Stormfront España sin éxito.

Council of Conservative Citizens

La mención de Dylann Roof al Council of Conservative Citizens como influencia para su manifiesto ha sido objeto de gran controversia, ya que el presidente de esta organización ha donado miles de dólares a candidatos republicanos en los últimos años. Se trata del grupo nacionalista blanco más grande de Estados Unidos y en sus mejores momentos llegó a contar con 15.000 miembros.

Este grupo deja claro en su declaración de principios que se opone “a todos los esfuerzos de mezclar las razas” y que “Estados Unidos es un país cristiano y europeo”. La página web de la organización recopila casos de violencia de negros contra blancos y advierte: “Los taxistas y los repartidores de pizza están probablemente en mucho más peligro de ser asesinados mientras hacen su trabajo que los oficiales de policía. La mayor parte de estos asesinatos son por parte de negros a blancos y de negros a asiáticos”.

El sitio web también cuenta con numerosos vídeos que intentan demostrar esta epidemia de violencia contra los blancos. En este vídeo, la controvertida columnista y tertuliana Ann Coulter afirma que los inmigrantes ilegales son más peligrosos para Estados Unidos que ISIS, ya que “si no quieres ser asesinado por ISIS solamente hace falta que no vayas a Siria, mientras que si no quieres ser asesinado por un mejicano ya no sé qué decirte”.

El Council of Conservative Citizens ha condenado el ataque de Charleston ya que ellos “no apoyan la violencia”. Sin embargo mantienen que algunas de las ideas del manifiesto de Roof “son hechos correctos” y se han negado a disculparse por el contenido de su sitio.

Daily Stormer

El Daily Stormer es una mezcla de tablón de anuncios y comentarios sarcásticos neonazis cuyo fundador, Andrew Anglin, propuso el mes pasado construir una ciudad constituida  enteramente por blancos. A pesar de no tener la popularidad o los números de Stormfront o The Council of Conservative Citizens, este foro ha saltado a la fama tras las revelaciones del Southern Poverty Law Center de que Roof podría haber sido un participante regular en las discusiones de este grupo.

En un apartado titulado La guerra racial, los usuarios del foro suben vídeos sobre ataques por parte de ciudadanos negros, habitualmente acompañados por apelativos denigrantes.

(Troglodita negro enloquecido con enorme machete ataca a una mujer asiática, monstruo mestizo acusado de matar a su novia blanca en pedacitos).

El foro también cuenta con un apartado llamado El problema judío donde se recopilan artículos de la misma índole contra la comunidad judía.

El fundador de Daily Stormer ha declarado en un post que si Dylann Roof era participante del foro “hacía mucho que no comentaba” y que en Daily Stormer, al igual que en Stormfront y en el Council of Conservative Citizens no se permite incitar a la violencia. Solo a la segregación.

La legalización del matrimonio homosexual en Estados Unidos: un fallo controvertido

 

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La sentencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos que ha legalizado el matrimonio entre personas del mismo sexo plantea una cuestión de fondo: si la Corte ha sobrepasado una línea roja al imponer, por una precaria mayoría, su particular visión sobre el asunto invadiendo el terreno de los legisladores. Los cuatro magistrados disidentes -entre ellos el juez Roberts, presidente del tribunal- creen que el Supremo se ha anticipado a las normas que cada Estado quiera darse.

El Tribunal Supremo de los Estados Unidos legalizó el pasado 26 de junio, por cinco votos contra cuatro, el matrimonio entre personas del mismo sexo en todos los Estados que forman la Unión. La reacción a esta decisión ha sido celebrada de manera unánime por el oficialismo político de ambos lados del Atlántico sin prestar atención quizá a lo que verdaderamente se ventilaba en este asunto. Cada uno de nosotros tenemos una opinión sobre el matrimonio, legítimas todas, pero este hecho no es el que se decidía en el caso presentado ante el más alto tribunal estadounidense. O, al menos, así era en un principio.

Muy pocos parecen haber reparado en lo que sostienen los cuatro magistrados disidentes, entre los que se encuentra el propio presidente del Tribunal, el juez Roberts, y el más antiguo miembro de la Corte, el controvertido a la vez que respetado juez Scalia. La lectura de las primeras páginas del voto particular redactado por Roberts (al que se unen Scalia y el juez Thomas) es una lección magistral sobre las raíces del Estado liberal y el papel que la Constitución de 1787 otorga a los tribunales.

La capacidad de legislar corresponde en exclusiva a los miembros de la comunidad y se articula a través del proceso político de decisión mediante la elección de aquellos ciudadanos que habrán de ejercer la representación ante las cámaras legislativas. Así, la labor de los tribunales no es otra que hacer cumplir las leyes que, fruto del pacto social, se han dado los hombres para poder desarrollarse en libertad y paz. El Tribunal Supremo es el máximo intérprete de la ley y le corresponde interpretar en último término la propia ley de leyes, es decir, la Constitución. Pero, ¿qué ocurre cuando el máximo intérprete se adelanta al proceso de decisión político o invade el terreno que a éste le corresponde? Los magistrados disidentes denuncian que exactamente eso es lo que ha ocurrido en la decisión mayoritaria.

Sin entrar a valorar la conveniencia o no del matrimonio entre personas del mismo sexo, estos jueces afirman que bajo la Constitución es al legislador, en primer lugar, al que corresponde decidir sobre este tipo de cuestiones. Ya sea estatal o federal, el poder legislativo representa el sentir de la mayoría de los votantes y, por lo tanto, es el que tiene la legitimidad democrática para imponer las normas que han de regir a la comunidad. El Poder Judicial habrá de velar por que esas normas se cumplan y que ni los ciudadanos ni las instituciones actúen en contra de ellas. Los tribunales son los guardianes de la libertad individual de los ciudadanos frente a los eventuales quebrantos que puedan producirse, vengan desde intereses particulares o desde las propias instancias del poder.

Anticiparse al legislador

En el asunto del matrimonio entre personas del mismo sexo, los magistrados disidentes sostienen que el tribunal está imponiendo la visión particular de cinco jueces sobre un tema que corresponde únicamente al legislador. Se menciona la situación de Massachusetts, California y otros Estados en los que ese tipo de matrimonios es legal después de que los correspondientes Parlamentos hayan aprobado normas en ese sentido. En estos casos la decisión ha sido impecable y acorde con la legalidad, dicen. Lo que no puede hacer el Supremo es anticiparse a las normas que las comunidades quieren darse.

Como ejemplo de Estado federal por antonomasia, en Estados Unidos cada territorio tiene amplios poderes legislativos. Ello explica que se produzcan diferencias importantes, como el hecho de que en algunos lugares exista la pena de muerte y en otros no, se pueda vender y consumir marihuana o que la regulación sobre la tenencia y uso de armas sea tan distinta en función de dónde nos encontremos.

Todas estas circunstancias reflejan la pluralidad de una nación con sensibilidades muy diversas, que la propia Constitución protege y ampara. Lo que hace el Tribunal Supremo en este caso es invadir una competencia de decisión que corresponde únicamente a los Estados, sostienen los discrepantes. El juez Scalia recuerda en su voto particular los mecanismos existentes para cambiar las normas y anima a los partidarios de una u otra posición a realizar campaña en el sentido que deseen para cambiar la ley, pero considera que en ningún caso puede corresponder a nueve jueces no elegidos democráticamente la función de imponer su visión particular sobre un tema debatido y debatible sobre el cual la Constitución se mantiene silente.

Esta sentencia, con sus correspondientes votos particulares, será estudiada por las generaciones venideras, ya que modifica y establece un nuevo marco de actuación de los tribunales. Hasta la fecha, el Tribunal Supremo había sido muy cauto en la determinación de las competencias que corresponden a cada uno de los tres poderes, a diferencia de lo que ocurre en muchos países europeos, donde los Tribunales Constitucionales (son lo órganos que más se le parecen) se pronuncian continuamente sobre cuestiones de índole político y ello sobre la base en una interpretación extensiva del ámbito constitucional.

Siguiendo la línea argumental de los jueces disidentes, no estaría de más preguntarnos si no resulta peligroso sobrepasar ciertas líneas rojas, por más que sea por una noble causa. En esto estamos en muchos países europeos y parece que ahora también en Estados Unidos.

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José Manuel Maza Muriel, es abogado y Máster en Derecho y Arbitraje Internacional por la Universidad de Georgetown.

Zerolo: del armario a la historia

Zerolo y Valenciano

Los que lo conocieron destacan su pasión (a veces explosiva), su suave manera de hablar (con acento canario) y la multitud de causas en las que se embarcó. Pero su imagen estará ligada a la defensa de los derechos LGTB y a la ley de matrimonio igualitario. Hablamos con tres de los miembros del PSOE que más lo conocieron. 

Zerolo y Valenciano

“Era una de las nuestras”. Elena Valenciano recuerda bien cómo conoció a Pedro Zerolo. A finales de los años 90, Zerolo luchaba como activista por la igualdad y desde cualquier frente. Por eso trabajó codo a codo con los movimientos feministas contra la violencia de género o para ensanchar derechos como el aborto o el divorcio. Por aquel entonces, él presidía la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (FELGTB) y no estaba en el PSOE sino sencillamente “en la calle, donde no dejó de estar ni antes, ni durante su etapa política, ni cuando no estuvo en primera línea”, recuerda la eurodiputada.

La noticia del fallecimiento de Zerolo sorprende a Valenciano en Estrasburgo, donde asiste al pleno del Parlamento Europeo junto a otros eurodiputados que lo conocieron bien. José Blanco, número dos del PSOE durante doce años, coincidió con él durante la celebración de las marchas del Orgullo Gay en 2002. “Me sorprendía lo importante que era su figura entonces y le ofrecí integrarse en el partido”. Desde 2003 fue concejal en el Ayuntamiento de Madrid, pasó a integrarse en la Ejecutiva del PSOE y fraguó uno de los símbolos sociales de la primera legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero: la ley de matrimonio entre personas del mismo sexo, en 2005.

Los que trataron con él destacan su pasión (a veces explosiva), su suave manera de hablar (con acento canario) y la multitud de causas en las que se involucró. A partir de ahora, su imagen y su recuerdo probablemente quedarán ligados a la defensa de los derechos LGTB y a la ley de matrimonio igualitario. “Cuando la aprobamos en el Congreso, nos hicimos una foto y Zerolo me dio un beso en la mejilla”, explica Juan Fernando López Aguilar, entonces ministro de Justicia. “Hay quien me dijo que aquella no era una buena imagen. Cada día que pasa estoy más orgulloso de ella”, destaca el diputado, camino del aeropuerto para volver a Madrid.

Zerolo no fue el primero que propuso dar un salto de gigante en el reconocimiento de los derechos de los homosexuales. Pero sin su impulso no hubiera habido ley, coinciden los tres eurodiputados. “Al principio, en el PSOE había bromitas sobre Zerolo. A una parte de nuestro partido, como había pasado con el feminismo, le costaba aceptarlo”, reconoce Valenciano. “Pero a él no le importaba y tenía muy claro que su lucha era su vida”, dice.

A una bienvenida desigual siguió el respeto, la admiración y finalmente una calidez casi mística dentro del PSOE. Zerolo asumió la presidencia de los socialistas madrileños en febrero y se mantuvo activo hasta el final (su último tuit, contra la violencia de género, es de la semana pasada). Pero todos en el PSOE sabían que se iba poco a poco, consumido por una enfermedad letal. En cada acto del partido y en cada homenaje, Zerolo era venerado con aplausos, abrazos y besos de hombres y mujeres admirados por su resistencia.

Zerolo

Según sus compañeros, a Zerolo le dieron dos meses de vida y aguantó casi dos años, en parte gracias a su marido, Jesús, con el que protagonizó una de las primeras bodas homosexuales en España.

Blanco, que acudió a la boda oficiada por Trinidad Jiménez, recuerda “impactado” a “muchísimas personas llorando”. “Me recuerda a lo que años después vi en Washington con tantos negros llorando al ver a Barack Obama llegar a la presidencia”. Era 2005 y el matrimonio homosexual sólo existía en Países Bajos y Bélgica. Se trataba de una ley que se adelantaba al estado de ánimo del país y de la que ahora hacen uso políticos de partidos que se opusieron, como el alcalde de Vitoria, Javier Maroto.

López Aguilar vio a Zerolo hace unos días y dudó sobre viajar a Estrasburgo para el pleno de la Eurocámara. Finalmente lo hizo porque pensaba que el desenlace no sería inminente. De camino al aeropuerto para llegar a Madrid y despedirse de su amigo, recuerda su “lucha hasta el final, sin nunca rendirse ni marchitarse. Hasta el último momento, aún muy debilitado, quería hablar de política, de todo y de todos, menos de sí mismo”. “Vas a ser consejero con Gabilondo”, le dijo López Aguilar para animarlo. Y él respondía con una sonrisa “y su optimismo vital”, siempre al lado de su marido.

Zerolo no creía en Dios. Era “laico, republicano y había salido fuera de todos los armarios”, recuerda López Aguilar. Ahora, según sus amigos, entra en la historia de las luchas por la igualdad.

El ‘derecho al olvido’ afectará a los medios de comunicación

Con el objetivo de mantener un sano debate en el que se aporten todas las opiniones posibles, argumento a continuación cuál es la incidencia que, bajo mi punto de vista, tiene el llamado derecho al olvido.

También en EL ESPAÑOL:

Esta semana he leído con interés dos artículos de EL ESPAÑOL en relación con el llamado ‘derecho al olvido’. En uno de los artículos se dice que éste derecho sólo afecta a buscadores (como Google) . En otro de los artículos se dice que este derecho debe limitarse, pues representa un serio peligro para la libertad de información.

Creo que conviene matizar las expresiones señaladas y, con el objetivo de mantener un sano debate en el que se aporten todas las opiniones posibles, argumento a continuación cuál es la incidencia que, bajo mi punto de vista, tiene el llamado derecho al olvido.

En favor del artículo de EL ESPAÑOL, es cierto que hay una corriente que opina que el derecho al olvido únicamente se aplica a los buscadores como Google. Lo dijo el director de la AEPD cuando señalaba que “el Derecho al Olvido permite bloquear la difusión de la información por los buscadores, pero sin alterar nunca el original. Si la noticia no es relevante, debe seguir siendo accesible en la hemeroteca pero no en un buscador”.

Recientemente la Audiencia Nacional ha dado la razón a una persona frente a Google, para que al buscar su nombre no se captasen desde Google las noticias de varios medios de comunicación que estaba publicando un delito cometido en el año 2002. Sin embargo, cuando esta persona quiso obligar a que los periódicos digitales eliminasen su nombre y apellidos, la Audiencia Nacional ha negado esta posibilidad en otra Sentencia. Afirmó la Audiencia Nacional que ello “supondría cercenar la información”, “lo cual no se justifica por la relevancia de la información”.  El mismo criterio ha tenido la Audiencia Nacional para no tocar una sola coma de la hemeroteca de El País, respecto a una noticia de hace 25 años.

¿Cuál es la lectura que debe hacerse? que si la información no fuese relevante, se hubiese eliminado del medio de comunicación. Es decir, que se hubiese aplicado el derecho al olvido a la web de origen, además de al buscador. Mi opinión no es una hipótesis al azar: ya hay sentencias que han reconocido expresamente el derecho al olvido frente a los medios de comunicación directamente, obligándoles a retirar datos o a desindexar informaciones, por aplicación del derecho al honor y de la protección de datos.

El ‘derecho al olvido’ puede afectar a los medios de comunicación (además de a Google), cuando existan motivos justificados.

Para explicar hasta donde llega el derecho al olvido (y sus virtudes), siempre explico el mismo caso. En una ocasión, un menor de edad y su familia fueron grabados para un programa de televisión. A raíz de la emisión del programa este se difundió en numerosas redes sociales y en YouTube, recibiendo el menor numerosos descalificativos en la red. Pues bien, no sólo se consiguió que la grabación se retirase de la web del programa, sino que la Agencia Española de Protección de Datos declaró que: “Procedía la exclusión de los datos personales de la reclamante y los de su hijo menor de edad, de los índices elaborados por Google, así como la eliminación de las imágenes que aparecen en los vídeos incluidos en YouTube”.

Cuando uno de los artículos publicado en EL ESPAÑOL se alertaba sobre los peligros del derecho al olvido, afirmando que se estaban borrando “enlaces a sentencias del Tribunal Constitucional o enlaces a indultos en casos de agresiones sexuales a menores o tráfico de drogas”,  da la impresión de que Google “borra completamente” esos enlaces, cuando no es cierto. Google borra esos enlaces para búsquedas concretas (un nombre y apellidos, por ejemplo), y esos mismos enlaces se mostrarán al hacer otras búsquedas en Google, y en otros buscadores (si son neutrales, claro).

Es lógico que el derecho al olvido esté limitado. Y ya lo está. Bien en la normativa nacional, bien jurisprudencialmente (recordamos que el derecho al olvido es término comprensivo de otros derechos vigentes), bien por la regulación europea en desarrollo.

Como colofón final, indicar que casi todos los derechos están en constante evolución y que el llamado ‘derecho al olvido’ no es una excepción ni está libre de crítica.  Es un derecho necesario y es un derecho que necesariamente debe limitarse. Ni todos los ciudadanos tienen derecho al olvido, ni el “derecho al olvido ha venido a alterar las reglas que imperan hasta ahora y que, en casos justificados, parecen lógicas y coherentes.


 

Luis Gervas de la Pisa es abogado de Salirdeinternet.com y es el responsable del Código del Derecho al Olvido, publicado por el Boletín Oficial del Estado.


 

También en EL ESPAÑOL:

Soledad Cazorla, fiscal de vocación

El magistrado del Tribunal Supremo Cándido Conde-Pumpido Tourón, ex Fiscal General del Estado, escribe sobre la Fiscal de Sala de Violencia contra la Mujer Soledad Cazorla Prieto, figura clave en la lucha contra la violencia de género y fallecida de forma repentina el 4 de mayo en Madrid a los 60 años de edad.

El magistrado del Tribunal Supremo Cándido Conde-Pumpido Tourón, ex Fiscal General del Estado, escribe sobre la Fiscal de Sala de Violencia contra la Mujer Soledad Cazorla Prieto, figura clave en la lucha contra la violencia de género y fallecida de forma repentina el 4 de mayo en Madrid a los 60 años de edad.

Un escalofrío colectivo recorrió el Tribunal Supremo la mañana del lunes. Soledad Cazorla había fallecido. Fiscal de carrera, fiscal de vocación, fiscal de cuerpo entero. La conocí, en los albores de la democracia, cuando acudía ilusionada a casa de mi padre, entonces Fiscal del Tribunal Supremo, a ‘dar los temas’ como opositora. Era una joven brillante, sonriente, llena de vida, con ansias de justicia y ganas de transformar el mundo. Destacaba entre sus compañeros de preparación -Jacobo López Barja, Joaquín Sánchez Covisa o Alfonso Guevara, hoy excelentes profesionales- por su energía y por la claridad de sus ideas.

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Cándido Conde-Pumpido y Soledad Cazorla. Foto: Fiscal.es

En esos años de formación se empapó de doctrina sobre un Ministerio Fiscal enérgicamente activo y concebido como la columna vertebral del Estado de Derecho. Al mismo tiempo, adquirió esa inclinación irresistible por ser útil que siempre la ha caracterizado. Eligió, por ello, ser fiscal, e inició su vida profesional en Gerona. Después vino la Fiscalía de Valladolid, ciudad en la que compartió piso y destino con la actual Fiscal General, Consuelo Madrigal, y donde acumuló experiencia y profundizó en su compromiso con la dimensión social del Ministerio Público.

Ya en Madrid coordinó una de las secciones de la Fiscalía provincial con compañeros muy conocidos, como Antonio del Moral, Salvador Viada o Fernando Prieto, que aprendieron a ser fiscales bajo su dirección. Y adquirió un enorme prestigio entre los magistrados, que sonreían y agradecían su fortuna cuando veían incorporarse a sus juicios, o a sus guardias, a esta fiscal joven, hermosa y competente, con sentido del humor, una fuerza arrolladora y una personalidad desbordante.

Dedicó una temporada a conocer bien el Ministerio Público, desde la Inspección de la Fiscalía General. Y viajó con Fausto Cartagena visitando fiscalías por las tierras de España, para impulsar y potenciar el modelo del fiscal al servicio de los ciudadanos, que debe defender sus derechos e intereses legítimos. Una época en la que sus compañeros la recuerdan como una persona muy cercana, como sucede con todos los que, en realidad, están muy por encima.

La etapa que Soledad recordaba siempre como la más fructífera era la que había pasado con ese gran Fiscal General que fue Carlos Granados, en su reducido y selecto equipo de la Secretaría Técnica. Afrontaron juntos con celeridad y eficacia los “incendios” que cada día asolan la Justicia española, y que exigen una reacción inmediata de la Fiscalía General. Situados en la vanguardia del Estado de Derecho, se enfrentaron a situaciones directamente atentatorias a su esencia. De esa época procede, por ejemplo, la creación de la Fiscalía Anticorrupción.

Su coraje personal, especialmente en esa etapa difícil de la secretaría técnica, su coherencia, dignidad  y profesionalidad, fueron escribiendo un libro extenso, fructífero, en el que se narra la aventura de una vida profesional fecunda.

La reencontré en la Sala Segunda del Tribunal Supremo, en los últimos años de la década de los noventa. Madura en lo profesional, sólida en lo personal, sus dictámenes dejaban traslucir la profundidad de una jurista curtida, que no solo sabía derecho sino que, sobre todo, sabía para qué sirve el derecho.

Por ello no tuve ninguna duda cuando, ya como Fiscal General del Estado, tuve que elegir a una Fiscal para dirigir la nueva Fiscalía de Violencia contra la Mujer.

Conseguir la creación de esta primera Fiscalía especializada no fue una tarea fácil. Algún día habrá que escribir esa historia. Pero elegir a su titular sí lo fue. Y aunque siempre estuve seguro de que Soledad Cazorla constituía la decisión acertada, ella superó todas las expectativas.

En el mundo hay dos clases de personas, las que hablan y las que hacen. Soledad era de las últimas.

En el mundo hay dos clases de personas, las que hablan y las que hacen. Soledad era de las últimas y, por ello, durante diez años ha construido una estructura sólida, consistente y eficiente para enfrentarse a la violencia de género, con el instrumento del Derecho Penal. Sin buscar protagonismo, sin declaraciones ni comunicados, sin ruedas de prensa ni presentaciones, la Fiscalía de Violencia contra la Mujer, dirigida desde su creación hace más de 10 años por Soledad Cazorla, ha coordinado la labor de los Fiscales especializados, presentes en todas y cada una de las Fiscalías de España, y ha unificado sus criterios. Ha impulsado, en cada procedimiento y ante cada juez, la tutela de los derechos de las mujeres frente al maltrato.

Soledad se enamoró enseguida de su nueva función. Y aunque siempre añoró regresar a la Fiscalía del Tribunal Supremo, por su vocación de universalidad y su negativa a una especialización excesiva, supo enraizarse en la labor de tutela de los derechos de la mujer frente al maltrato hasta convertirse en una verdadera institución.  Una institución, reconocida y respetada por los jueces, por los fiscales, por los poderes públicos, por las víctimas, por las asociaciones de mujeres y por la sociedad civil.  Porque en este empeño de hacer efectiva la Ley integral contra la violencia de género en el ámbito jurisdiccional, Soledad Cazorla representaba la fortaleza, la continuidad y la autoridad. No observaba, sino que mandaba.

Recuerdo su interés por que la Memoria de la Fiscalía recogiese anualmente una relación pormenorizada de los asesinatos de las mujeres víctimas de la violencia de género. Su empeño en que, desde la Fiscalía, se analizasen exhaustivamente las cifras para desautorizar con datos el bulo de la generalización de denuncias falsas. Su esfuerzo por desterrar el miedo a denunciar. Y su insistencia en que realizásemos jornadas de formación para los fiscales especialistas, dirigidas a hacerles entender que, en la mayoría de las ocasiones, la aparente falta de cooperación de las víctimas solo podía explicarse por el miedo. Todo eso se fue haciendo porque Soledad era una mujer con la fuerza suficiente para conseguir lo que se proponía.

La repercusión pública de su labor como Fiscal de Sala Coordinadora contra Violencia sobre la Mujer no debe hacer olvidar el papel, más discreto pero muy relevante, desempeñado por Soledad como defensora de la igualdad de la mujer en la carrera fiscal. Fue la tercera mujer que alcanzó en la historia del Ministerio Público la categoría de Fiscal de Sala, tras Pilar Fernández Valcárcel y Elvira Tejada. Y estaba empeñada en una intensa pelea para que otras fiscales ascendiesen a esta máxima categoría, al incorporarse a la Junta de Fiscales de Sala donde la mujer está infrarrepresentada.

Nunca podré olvidar la imagen de Soledad irrumpiendo en mi despacho de Fortuny, como una auténtica fuerza de la naturaleza, y exclamando: “¡Ahora toca Consuelo!”, cuando conseguíamos, por ejemplo, una nueva Fiscalía especializada en materia de menores.

Todos destacan, en este dramático momento, la labor realizada por Soledad Cazorla en la Fiscalía de Sala contra la Violencia sobre la Mujer, sosteniendo y apoyando la Ley de Medidas Integrales contra la violencia de género, que concebía como un instrumento necesario para salvar vidas, y defendiendo los derechos de las mujeres frente al maltrato.

Yo, que la conocía bien y escribo bajo la conmoción que nos ha producido su pérdida, no puedo concebir a Soledad sin sus hombres.

Su marido, Joaquín Tagar; periodista comprometido, experto, curtido en mil batallas, que le proporcionaba una especial y muy intensa vinculación con el mundo de la información, la sociedad y la política, y que aportaba a Soledad esa pátina que la caracterizaba como mujer situada muy por encima del ambiente, a veces excesivamente autorreferencial, del mundillo judicial.

Su hermano, Luis Cazorla; abogado, académico, catedrático, Letrado en Cortes, admirable hombre orquesta del derecho, empeñado en mantener viva la historia de la ciudad del Lucus, Larache, donde ambos nacieron, y la memoria de sus raíces familiares en la vieja Novelda.

Sus hijos, Joaquín, y los gemelos, Santiago y Eduardo; todos varones, que constituían su principal orgullo. Creo que era la fortaleza que proporcionaba a Soledad sentirse rodeada y apoyada  por hombres dignos la que contribuía a aportarle la valentía y la decisión, junto a su honestidad y su inquebrantable vocación de búsqueda de la justicia, para luchar infatigablemente contra esa intolerable consecuencia del machismo que es la violencia de género.

Soledad se ha ido bruscamente, de forma inesperada. Se ha ido  y deja una estela de compromiso con los derechos de la mujer, que no es más que una consecuencia de su sentido elemental de la Justicia. Porque, pese a haber dedicado toda su vida profesional al Ministerio Fiscal, ese oficio sólo ha sido para ella el cauce de su vocación por la Justicia con mayúsculas, la que se hace realidad a través de la igualdad, de la tenacidad y de la solidaridad.