El lío de Rajoy y el rifirrafe entre ‘Pájaro Naranja’ y ‘Coleta Morada’

GRA547. BARCELONA, 21/09/2015.- El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias durante su intervencion en el mitin celebrado esta tarde en la Plaça dAngel Pestaña en Barcelona junto al cabeza de lista de Catalunya Si Que es Pot, Lluis Rabell e Iñigo Errejón. EFE/Jesús Diges

El presidente del Gobierno se hace un lío con la nacionalidad de un vecino catalán si triunfa el bloque independentista. Cosas de salir del plasma. Mientras, Albert Rivera y Pablo Iglesias endurecen sus acusaciones para robar votos del granero de votos del cinturón rojo donde antes triunfaba el PSC.

Martes de campaña electoral marcada por el suspenso del presidente del Gobierno en Derecho constitucional: ignora completamente que un ciudadano catalán nunca dejará de ser español si no lo desea, como reza en el artículo 11 de la Constitución. También por un cruce de tuits entre Albert Rivera y Pablo Iglesias por los futuros pactos de Gobierno.

Helados se quedaron los simpatizantes del PSC que se acercaron a Sant Boi al mediodía para escuchar a la presidenta de Andalucía, Susana Díaz, que reaparecía tras su baja de maternidad. Durante todo su discurso, ni siquiera se le escapó ninguna de estas cuatro palabras: Miguel Iceta y proyecto federal. La andaluza debió pensar que bastaba con respaldar en Mataró, ya caída la tarde, al candidato del PSC a la Generalitat.

“¿Y la europea tampoco?”

Mariano Rajoy no supo salir de laberinto en el que le metió el periodista Carlos Alsina en una entrevista sin plasma mediante. El presidente se hizo un lío en directo con qué nacionalidad tendría un ciudadano catalán en el hipotético caso de que Cataluña se independizase.

Alsina le recordó que, según la Ley actual, los catalanes seguirán teniendo la nacionalidad española si así lo desean. “Vale… ¿y la europea?”. “Si son españoles, también tendrán la nacionalidad europea”. Un par de frases que sirvieron para que las redes sociales se incendiaran con memes sobre el presidente y le criticaran que no se haya preparado a fondo la entrevista, sobre todo con el tema catalán.

La tercera anécdota de la jornada se vivió también en las redes sociales. las encuestas auguran que Ciudadanos y Podemos se disputarán el segundo puesto detrás el frente independentista. Y no es casualidad que sus líderes nacionales se metan el dedo en el ojo cada vez que tienen oportunidad.

Espero que el candidato separatista de ‘Coleta Morada’ no ‘haga el indio’ y apoye a Inés Arrimadas antes que a Mas…”, escribió el líder de Ciudadanos, que sale a diario a recorrerse Cataluña de cabo a rabo para seguir cosechando votos. Rivera quiso incidir en uno de los puntos clave de su campaña: Catalunya Sí que es Pot, la plataforma respaldada por Podemos, no es una buena opción porque se dice que no es secesionista y su candidato, Lluis Rabell, votó el año pasado a favor de la independencia.

Coleta morada no entender”

Pablo Iglesias respondió la insinuación del de Ciudadanos y utilizó el lenguaje indio con el que Artur Mas atacó a los líderes de PP, PSOE y Podemos a los que envió un “corte de mangas”. “Coleta morada no entender pequeño Pujol votar reforma laboral con gran jefe plasma”. Mientras Ciudadanos y Podemos se clavan puñales por pescar algún voto no independentista del cinturón metropolitano barcelonés, Pedro Sánchez prefiere esquivar a Susana Díaz y pasar el día en Zaragoza y La Rioja, aunque eso suponga perder algún votante más. Cosas del PSC.

Tras el amargo desayuno de Rajoy con Alsina, el presidente hizo de tripas corazón y cogió el AVE por la tarde, se plantó en Tarragona y evitó pronunciarse sobre el resbalón de la mañana. Sabía que lo más importante era acompañar a Xavier García Albiol. Aunque ambos sufrieron los abucheos de los independentistas.

Según se acerca el 27S, la temperatura de la campaña sube. Sin embargo, el que parece que todavía no ha reaccionado a la encerrona que le ha hecho la banca esta semana es Artur Mas, que ayer no dio ni un solo titular digno de ser recogido en esta crónica. Quizá esté esperando a que Luis María Linde, que comparece hoy el Senado, explique mejor aquello que soltó el lunes de que con una Cataluña independiente habría un corralito. 

Una proposición inconsistente e incoherente

635769814260555968w El autor rechaza la reforma que acaba de plantear el PP en el Congreso de los Diputados para dotar al Tribunal Constitucional de capacidad sancionadora. Según Gómez de Liaño estamos ante una iniciativa innecesaria y equivocada porque, de ser aprobada tal modificación legislativa, se ahondaría en la politización del Alto Tribunal/ Foto: EFE

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La ejecución de una sentencia es el epílogo del drama, el último acto del rito. ‘Ite missa est. Ite iudicatum est’.

(Piero Calamandrei. ‘Processo e Democrazia’).

El derecho constitucional a la tutela judicial efectiva no se limita a obtener una resolución dictada por un tribunal independiente que dé respuesta a la pretensión planteada, sino que se extiende a la plena eficacia de lo mandado en la sentencia.

Este preámbulo, al igual que la cita del gran jurista florentino, uno de los padres de la Constitución italiana de 1948, y los dos adjetivos aplicados al título del presente artículo, viene a cuento de la iniciativa del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados de reformar la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, que, en palabras de la Exposición de Motivos de la proposición, responde a “la necesidad de adaptarse a las nuevas situaciones que pretenden evitar o soslayar” el cumplimiento de las resoluciones de sus decisiones, lo que “obliga a desarrollar los instrumentos necesarios para que la garantía de efectividad sea real”.

Se trata de un proyecto legislativo que, aparte de algunas voces elogiosas, empezando por las del propio Gobierno, en boca de la señora vicepresidenta, y las de un par de colectivos judiciales, ha merecido críticas tan severas como la de ser un “disparate” -Felipe González dixit-, tratarse de una “chapuza” propia de la “extrema derecha” -comentario de Pedro Sánchez, líder del PSOE-, consistir en una reforma ad hoc con nombres y apellidos, o que la innovación tiene toda la pinta de ser un atajo electoralista del PP que coloca al supremo intérprete de la Constitución en una situación comprometida.

Aunque todo es discutible y más en Derecho, los argumentos utilizados por quienes se oponen a la reforma son bastante certeros y sus discrepancias de criterio están justificadas. Es más. La impresión generalizada, en la que se incluyen expertos y profanos en la materia, es que los populares no pretenden defender exclusivamente una posición jurídica.

Expresiones tan torpes como la de “se ha terminado la broma”, pronunciada por el candidato a la Presidencia de la Generalitat en las elecciones del próximo 27-S, borran cualquier apariencia de juridicidad. Por cierto, una presencia, la del señor García Albiol, en el trámite de registrar la proposición que resultaba fuera de lugar y que recuerda aquello que Cela decía de que en España es difícil que cada cual sepa estar en el sitio exacto que le corresponde en el momento justo.

Se corre el riesgo de convertir el mundo del Derecho en un río revuelto para pescadores oportunistas

Nada hay más estrafalario que un político, sea parlamentario o no, erigido en jurista de prestigio o con hechuras de profeta, supuesto este último que se agudiza cuando el mesías, que encima apunta maneras de leguleyo, resulta un lírico partidario de “leyes de emergencia”, también llamadas “para salir del paso” o para dar gusto a clamores populares. Con actitudes como éstas se corre el riesgo de convertir el mundo del Derecho en un guiñol y también en un río revuelto con licencia para pescadores oportunistas.

¿A estas alturas alguien puede ignorar que la función de los tribunales consiste en juzgar y hacer ejecutar lo juzgado? ¿No dice la Constitución (artículo 118) y otras leyes (artículo 17 Ley Orgánica del Poder Judicial) que es obligado respetar y cumplir las sentencias y demás resoluciones que han ganado firmeza y sean ejecutables? ¿No habíamos quedado en que el incumplimiento de una resolución judicial puede ser constitutivo de los delitos de desobediencia y/o prevaricación (artículos 410 y 404 del Código Penal)?

Aunque a la vista está que todavía quedan indecisos, parece evidente que a la primera pregunta corresponde el no y al resto, un . Rotundamente: nadie puede, legítimamente, negarse a cumplir lo ordenado por un tribunal sin merecer el dedo apuntador del Ministerio Fiscal. Distinto es que el ciudadano medio piense que el poder judicial en España tiene un perfil muy bajo, cosa que atribuye a determinados responsables políticos o parapolíticos que padecen de un infinito complejo de superioridad respecto a los hombres de leyes a los que consideran ruedas del auténtico poder y minúsculos rodamientos fáciles de engrasar.

No cabe duda de que desde hace años vivimos un preocupante proceso de inflación legislativa, o, mejor dicho, de hipertrofia legislativa. Hoy se fabrican leyes por el mero afán de producir y de la cadena de montaje salen productos que no resuelven los problemas de la manera más adecuada. Lo expresaba muy bien el profesor García de Enterría cuando hablaba de una sociedad inundada por una marea incontenible de leyes y reglamentos. O sea, lo que Ortega y Gasset denunciaba cuando hablaba del mal de una “legislación incontinente” y lamentaba que la legislación en los últimos tiempos se hubiera convertido en “una ametralladora que dispara sin cesar”.

Además de inconsistente y de incoherente, la reforma es imprudente. Lo digo por la alta velocidad imprimida a la proposición a través del procedimiento de urgencia, lo que implica, al tratarse de una Ley Orgánica, preterir los informes del Consejo de Estado y del Consejo General del Poder Judicial. Sabido es que la vida de las instituciones se desenvuelve entre aciertos y errores, pero lo que uno no se imagina es que llegada la hora de escribir su historia, algunos amanuenses estén empeñados en hacerlo a golpe de dislate.

Acaso el PP quiera imponer ahora una pureza jurídica extremista para compensar la que no tuvo antes

Ante la iniciativa y los comentarios que ha provocado, es de temer que algo grave pueda estar pasando en el partido del Gobierno. Después de dar vueltas a esta nueva vena legislativa, se me ocurre si acaso el PP no querrá imponer una pureza jurídica extremista para compensar la que no tuvo cuando las circunstancias lo demandaban. Esto que acabo de apuntar precisaría de mayor explicación, pero como la mesura merma las ganas de hacerlo, baste con dejar anotado el supuesto no lejano en que ante la resistencia a acatar una decisión del propio Tribunal Constitucional, poco o casi nada se hizo para corregir el desatino, consecuencia de una estrábica, reactiva e inútil pasión nacionalista que roza el ridículo.

Dicho con los debidos respetos, a mí me parece que bajo esa reciente iniciativa del Grupo Parlamentario Popular, lo que subyace es una sutil y cínica voluntad de que las naturales potestades del Tribunal Constitucional necesiten de la tutela del Gobierno y un descarado propósito de dejar en entredicho, una vez más, la neutralidad del órgano, olvidando que la misión del Alto Tribunal es regular lo que resulta adecuado a la Constitución y lo que se opone a ella. De ahí que no sea extraño que cuando a los ciudadanos se les pregunta por él, la mayoría opine que es un órgano que se mueve empujado por los torpes émbolos de la peor política y un recinto donde se respiran espesos vientos partidistas.

Si se trata de reforzar la autoridad de la cosa juzgada implícita en las decisiones del Tribunal Constitucional, las medidas o remedios a adoptar deben llevarse a cabo por las Cortes Generales con calma, sin sobresaltos, utilizando exclusivamente la razón jurídica en el sentido que Hobbes decía, como perfeccionamiento de la conciencia humana; es decir, con habilidad técnica y sentido común. Y con el mayor acuerdo posible, pues resulta evidente que caben diferentes enfoques técnicos que es necesario reconducir con estrategia de consenso y no con voluntad de enfrentamiento.

“Enséñame un código y te diré quien manda”, suele decirse. Pues no. No es eso.

La legalización del matrimonio homosexual en Estados Unidos: un fallo controvertido

 

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La sentencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos que ha legalizado el matrimonio entre personas del mismo sexo plantea una cuestión de fondo: si la Corte ha sobrepasado una línea roja al imponer, por una precaria mayoría, su particular visión sobre el asunto invadiendo el terreno de los legisladores. Los cuatro magistrados disidentes -entre ellos el juez Roberts, presidente del tribunal- creen que el Supremo se ha anticipado a las normas que cada Estado quiera darse.

El Tribunal Supremo de los Estados Unidos legalizó el pasado 26 de junio, por cinco votos contra cuatro, el matrimonio entre personas del mismo sexo en todos los Estados que forman la Unión. La reacción a esta decisión ha sido celebrada de manera unánime por el oficialismo político de ambos lados del Atlántico sin prestar atención quizá a lo que verdaderamente se ventilaba en este asunto. Cada uno de nosotros tenemos una opinión sobre el matrimonio, legítimas todas, pero este hecho no es el que se decidía en el caso presentado ante el más alto tribunal estadounidense. O, al menos, así era en un principio.

Muy pocos parecen haber reparado en lo que sostienen los cuatro magistrados disidentes, entre los que se encuentra el propio presidente del Tribunal, el juez Roberts, y el más antiguo miembro de la Corte, el controvertido a la vez que respetado juez Scalia. La lectura de las primeras páginas del voto particular redactado por Roberts (al que se unen Scalia y el juez Thomas) es una lección magistral sobre las raíces del Estado liberal y el papel que la Constitución de 1787 otorga a los tribunales.

La capacidad de legislar corresponde en exclusiva a los miembros de la comunidad y se articula a través del proceso político de decisión mediante la elección de aquellos ciudadanos que habrán de ejercer la representación ante las cámaras legislativas. Así, la labor de los tribunales no es otra que hacer cumplir las leyes que, fruto del pacto social, se han dado los hombres para poder desarrollarse en libertad y paz. El Tribunal Supremo es el máximo intérprete de la ley y le corresponde interpretar en último término la propia ley de leyes, es decir, la Constitución. Pero, ¿qué ocurre cuando el máximo intérprete se adelanta al proceso de decisión político o invade el terreno que a éste le corresponde? Los magistrados disidentes denuncian que exactamente eso es lo que ha ocurrido en la decisión mayoritaria.

Sin entrar a valorar la conveniencia o no del matrimonio entre personas del mismo sexo, estos jueces afirman que bajo la Constitución es al legislador, en primer lugar, al que corresponde decidir sobre este tipo de cuestiones. Ya sea estatal o federal, el poder legislativo representa el sentir de la mayoría de los votantes y, por lo tanto, es el que tiene la legitimidad democrática para imponer las normas que han de regir a la comunidad. El Poder Judicial habrá de velar por que esas normas se cumplan y que ni los ciudadanos ni las instituciones actúen en contra de ellas. Los tribunales son los guardianes de la libertad individual de los ciudadanos frente a los eventuales quebrantos que puedan producirse, vengan desde intereses particulares o desde las propias instancias del poder.

Anticiparse al legislador

En el asunto del matrimonio entre personas del mismo sexo, los magistrados disidentes sostienen que el tribunal está imponiendo la visión particular de cinco jueces sobre un tema que corresponde únicamente al legislador. Se menciona la situación de Massachusetts, California y otros Estados en los que ese tipo de matrimonios es legal después de que los correspondientes Parlamentos hayan aprobado normas en ese sentido. En estos casos la decisión ha sido impecable y acorde con la legalidad, dicen. Lo que no puede hacer el Supremo es anticiparse a las normas que las comunidades quieren darse.

Como ejemplo de Estado federal por antonomasia, en Estados Unidos cada territorio tiene amplios poderes legislativos. Ello explica que se produzcan diferencias importantes, como el hecho de que en algunos lugares exista la pena de muerte y en otros no, se pueda vender y consumir marihuana o que la regulación sobre la tenencia y uso de armas sea tan distinta en función de dónde nos encontremos.

Todas estas circunstancias reflejan la pluralidad de una nación con sensibilidades muy diversas, que la propia Constitución protege y ampara. Lo que hace el Tribunal Supremo en este caso es invadir una competencia de decisión que corresponde únicamente a los Estados, sostienen los discrepantes. El juez Scalia recuerda en su voto particular los mecanismos existentes para cambiar las normas y anima a los partidarios de una u otra posición a realizar campaña en el sentido que deseen para cambiar la ley, pero considera que en ningún caso puede corresponder a nueve jueces no elegidos democráticamente la función de imponer su visión particular sobre un tema debatido y debatible sobre el cual la Constitución se mantiene silente.

Esta sentencia, con sus correspondientes votos particulares, será estudiada por las generaciones venideras, ya que modifica y establece un nuevo marco de actuación de los tribunales. Hasta la fecha, el Tribunal Supremo había sido muy cauto en la determinación de las competencias que corresponden a cada uno de los tres poderes, a diferencia de lo que ocurre en muchos países europeos, donde los Tribunales Constitucionales (son lo órganos que más se le parecen) se pronuncian continuamente sobre cuestiones de índole político y ello sobre la base en una interpretación extensiva del ámbito constitucional.

Siguiendo la línea argumental de los jueces disidentes, no estaría de más preguntarnos si no resulta peligroso sobrepasar ciertas líneas rojas, por más que sea por una noble causa. En esto estamos en muchos países europeos y parece que ahora también en Estados Unidos.

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José Manuel Maza Muriel, es abogado y Máster en Derecho y Arbitraje Internacional por la Universidad de Georgetown.

Lo que tienes que saber del sistema D’Hondt

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El autor, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Rey Juan Carlos, explica las claves del método electoral D’Hondt y rechaza la crítica de que no garantiza la proporcionalidad en las circunscripciones más pequeñas. Arnaldo sostiene que es una fórmula válida ante el nuevo escenario político español con el surgimiento de fuerzas emergentes porque, en contra de lo que se afirma, no asegura el bipartidismo.

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El autor, catedrático de Derecho Constitucional de la Rey Juan Carlos, explica las claves del método electoral D’Hondt y rechaza la crítica de que no garantiza la proporcionalidad en las circunscripciones pequeñas. Dice que es una fórmula válida ante el nuevo escenario político español con el surgimiento de fuerzas emergentes porque, en contra de lo que se afirma, no asegura el bipartidismo.


El origen de nuestro actual sistema electoral no se encuentra en la Constitución, sino en el decreto-ley de normas electorales de 1977, que permitió la celebración de las primeras elecciones democráticas del 15 de junio de ese año. Su contenido pasó directamente a la Ley Orgánica del Régimen Electoral General de 1985 porque la Constitución no lo alteró lo más mínimo. Imperó el principio de conservación en torno a una cuestión central del funcionamiento del Estado democrático, sobre la que se daba el más amplio consenso no solamente entre los dos grandes partidos estatales (UCD y PSOE, en aquel momento) sino también entre las dos fuerzas nacionalistas (CiU y PNV).

El contenido del sistema electoral está constituido por los siguientes elementos en relación con el Congreso de los Diputados:

  • La provincia como circunscripción electoral.
  • La distribución de los escaños con un mínimo provincial de dos y el resto -hasta los 350- en función de la población de cada provincia.
  • Las listas cerradas y bloqueadas.
  • La barrera electoral del 3%, de manera que quedan excluidos del reparto de escaños los partidos que no alcanzan ese mínimo porcentaje de votos.
  • La fórmula inventada a finales del siglo XIX por un matemático belga llamado Víctor D’Hondt que se conoce por su nombre.

Todas las leyes autonómicas han copiado estos elementos estructurales con leves matizaciones. En Asturias y Murcia, la provincia se divide en varios distritos. En los archipiélagos, la isla es la circunscripción, pero en el resto se mantiene como tal la provincia.

En algunas comunidades se eleva la barrera electoral -por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, que la establece incluso a nivel regional- y en otras, como Canarias, se establece una doble barrera, insular y autonómica. En algunas comunidades, en fin, se determina el número de diputados y se distribuye de forma fija (Extremadura, Cataluña o País Vasco) y en otras es variable en razón de la población. Pero todas las leyes electorales autonómicas, sin excepción, hacen suya como fórmula repartidora de los escaños el método D’Hondt o de los mayores cocientes.

Un modelo extendido en Europa

El éxito de este método no se acaba ahí, pues es el mismo para el reparto de los escaños del Parlamento Europeo, pero también para las elecciones locales. Concluimos, así, que es una fórmula universalizada para todas las elecciones políticas españolas, incluidas las de territorios históricos y cabildos y consejos insulares. Un aplastante triunfo que se debe, aparte del principio de conservación de lo ya conocido y experimentado, al consenso en torno al mismo (y a la falta de consenso para su modificación), a su neutralidad operativa y a su eficacia para reflejar el pluralismo político y social existente. Ello queda demostrado por el hecho de que ha permitido tanto la alternancia como la formación de gobiernos estables.

Hay muchas fórmulas ideadas, pero la de D’Hondt es la más extendida entre los países europeos (Austria, Bélgica, Francia, Finlandia, Portugal, Suiza, entre otros). ¿En qué consiste? En un reparto de escaños basado en el principio de proporcionalidad. Los puestos no se los llevan los partidos que más votos obtienen (fórmula mayoritaria) sino que se distribuyen en función del número de votos obtenido por cada uno. No existe, obviamente, una exacta o matemática proporción sino una aproximación a la proporción, de forma que el grado de proporcionalidad está en función del método mismo, del número de escaños a repartir, del tamaño de las circunscripciones y del porcentaje de barrera o tope electoral.

Los resultados que ofrece el método D’Hondt son parecidos a los de la llamada fórmula de la media más elevada o de Dietz, pero se consiguen por un procedimiento diferente. En efecto, el número total de los votos obtenidos en cada circunscripción por cada formación política se divide por 1, por 2, por 3, por 4 y así tantas otras divisiones como escaños deben cubrirse (por ejemplo, hasta 36 en las elecciones al Congreso de los Diputados por Madrid, o hasta 129 en las elecciones a la Asamblea madrileña, o hasta 57 en las elecciones al Ayuntamiento de la capital).

De esta forma se obtienen los cocientes correspondientes a cada uno de los partidos políticos y esos cocientes se ordenan de mayor a menor, esto es, en orden decreciente. Los escaños corresponden a los cocientes mayores hasta agotar el último de los escaños a reparto.

En este enlace hay un ejemplo práctico de la aplicación de la fórmula D’Hondt:

http://elecciones.mir.es/generales2008/i_visita8.html

Prima a los grandes partidos

Decía la exposición de motivos del decreto-ley de 1977 que el método D’Hondt “supone un poderoso corrector al excesivo fraccionamiento de la representación parlamentaria” o, lo que es lo mismo, comporta una prima para los partidos grandes, un plus que algunos politólogos han cuantificado en el entorno del 8% al 10%.

Para los críticos, el método D’Hondt produce efectos mayoritarios o de beneficio a los grandes y medianos, en perjuicio de los terceros partidos. Y se ponen ejemplos de desproporción entre votos y número de escaños obtenidos por los partidos minoritarios a nivel nacional. En las últimas elecciones generales, Izquierda Plural obtuvo el 6,92% de los votos y 11 escaños; UPyD, con el 4,7%, 5 escaños. Por contra, CiU, con el 4,17%, alcanzó 16 escaños y PNV, con el 1,33%, logró 5 escaños. En cuanto a las dos formaciones mayoritarias, el PP, con el 44,62%, consiguió 186 escaños y el PSOE, con el 28,73%, 110 diputados.

Las objeciones a la fórmula electoral D’Hondt se ha centrado no en sus deficiencias matemáticas para alcanzar la ansiada proporcionalidad sino en la combinación de la misma con circunscripciones reducidas -que son, al menos, la mitad de las españolas- porque se favorece a los partidos más votados en cada una de ellas. El maestro alemán Dieter Nohlen sentó esta interpretación al principio de los 80 y todos los sociólogos electorales la han repetido desde entonces.

Conforme a esta tesis, en todas las circunscripciones que eligen menos de 6-7 diputados no habría una real proporcionalidad sino una mera línea tendencial hacia ella. Los dos grandes partidos se repartirían los escaños en disputa, con prácticamente nulas posibilidades para los terceros o cuartos partidos.

Claro está, en esta valoración no se tienen en cuenta variables como la tendencia a la concentración del voto (frente a la dispersión) o el recurso al voto útil (frente al voto ideológico) o la propia implantación de los formaciones grandes en todo el territorio (frente a la falta de homogeneidad de otros). Los efectos del sistema electoral y, en concreto, el de la potenciación del bipartidismo no derivan sin más de la fórmula D’Hondt, sino de un conjunto de factores psicológicos condicionantes del comportamiento electoral y de otros que podemos calificar de estructurales, consecuencia de la propia organización de los partidos.

Por otro lado, el Tribunal Constitucional ha sancionado la constitucionalidad de las impurezas de nuestro sistema electoral al señalar que no se pretende “establecer un sistema puro de proporcionalidad sino una orientación o criterio tendencial, porque siempre su puesta en marcha quedará modulada o corregida por múltiples factores del sistema”, como acabamos de argumentar con otras palabras. En definitiva, la relativa desproporcionalidad es perfectamente legítima desde el punto de vista constitucional, que sólo vedaría “diferencias excesivas no razonablemente justificadas” porque serían discriminatorias. Recordemos las palabras del profesor Montero: “Todos los sistemas electorales dan lugar a efectos desproporcionales, la cuestión es de grado”.

Bipartidismo

La gran pregunta que se nos abre ante el nuevo escenario político español es si el aserto de que la fórmula D’Hondt no produce efectos proporcionales salvo en la mitad de las circunscripciones -las que eligen más de 6 ó 7 escaños- es sostenible. A los dos partidos mayoritarios de centro-derecha y de centro-izquierda se suman otras dos formaciones de ámbito también nacional, además de los distintos grupos nacionalistas que concentran su representación en sus territorios.

Pues bien, desde el punto y hora en que pueden darse porcentajes de voto similares -entre el 20% y el 30%- para, cuando menos, tres partidos, puede producirse el efecto de que los tres tengan representación en una circunscripción que solamente reparta tres, cuatro o cinco escaños. O dicho de otra manera, la fórmula D’Hondt no es garante del bipartidismo.

Es cierto que los partidos con menos de un 15% de los votos van a tener mucho más difícil el acceso al “botín” denominado escaño en esas circunscripciones de pequeño tamaño, salvo que todas las formaciones concurrentes tengan entre el 25% y el 15%, en cuyo caso sí accederían. En conclusión, podemos ver perfectamente que los terceros y cuartos partidos entren en distritos de pequeño y mediano tamaño, lo que demuestra que la fórmula D’Hondt no produce por sí efectos mayoritarios sino que ello está en función del grado de concentración o dispersión del voto.

El tribunal de la plebe

Se lo dije hará un par de semanas al director de EL ESPAÑOL mientras paseábamos por el campo: “Pedro, España entera se ha convertido en un inmenso tribunal de la plebe”. Sí; España es un gran estrado en donde, unos ejerciendo de jueces de horca, otros de fiscales de corral y el resto de abogados del diablo, se juzga a todos y los mandamos a la guillotina. Esto es lo que ha sucedido hace 24 horas con Rodrigo Rato en una actuación esperpéntica que recuerda a los jacobinos comités de salud pública.

Rato

“Primero la condena y después el juicio. La Reina la ordena callar y la respondona niña replica: “¡Pues no callo!”. “¡Que le corten la cabeza!”, grita la Reina” (Lewis Carroll. Alicia en el país de las maravillas)

Se lo dije hará un par de semanas al director de EL ESPAÑOL mientras paseábamos por el campo: “Pedro, España entera se ha convertido en un inmenso tribunal de la plebe”. Sí; España es un gran estrado en donde, unos ejerciendo de jueces de horca, otros de fiscales de corral y el resto de abogados del diablo, se juzga a todos y los mandamos a la guillotina. Esto es lo que ha sucedido hace 24 horas con Rodrigo Rato en una actuación esperpéntica que recuerda a los jacobinos comités de salud pública.

Este fenómeno que desde hace tiempo sucede en nuestro país tiene su origen en hechos indiciariamente constitutivos de delito que no sólo hay que lamentar por sí mismos, sino que es necesario perseguir hasta lograr, si hubiere motivos, la condena de sus responsables. Pero a partir de ahí, en la actividad procesal y extraprocesal se producen comportamientos que tendrían que provocar en el ciudadano medio estupor y rechazo, a partes iguales.

Es un hecho probado que en este tipo de asuntos con “tirón popular”, la gente, la mayoría de las veces excitada, que no alarmada, se lanza, sin más, a pronunciar sus personales veredictos. Son jurados vociferantes que tienen como único razonamiento un extenso argumentario de fobias o filias, según los casos. La atracción por esos procesos ha creado una justicia de patio de vecindad, donde en lugar de cotillear de la inquilina del segundo piso lo hacemos de personajes entrando en un vehículo policial con la ayuda de un agente que le pone la mano en el cogote como en tiempos de la guillotina hacía el frío verdugo.

No discuto que el pueblo es la fuente de la justicia y ahí está el artículo 117 de la Constitución, pero mantengo que ese manantial se ha contaminado por el desorden, la bulla y el griterío, una situación de la cual es culpable, en gran medida, la clase política que a menudo utiliza los procedimientos penales con temeraria imprudencia y, alguna vez que otra, con descarada desvergüenza; una clase política que lanza al adversario sobre el que recaen sospechas de ilícitos comportamientos contra el palenque de la opinión pública, a sabiendas de que va a ser despellejado y de que aun cuando resulte absuelto, lo más seguro es que se despedirá de este mundo con la marca de un proscrito. Cuando sobre alguien recae la mera sospecha de haber cometido un delito, es dado ad bestias. La fiera, la indomable fiera, es la chusma, a la que se echa el individuo para ser descuartizado.

Sobra pasión y falta serenidad

Nuestro nobel de literatura Camilo J. Cela nos advertía a menudo que en España sobra pasión y falta serenidad. Un tribunal de la plebe es incompatible con la mesura. También con las formas. La solemnidad en los juicios de la turba es una liturgia en bermudas y de chancletas. La abundante cosecha de imputados y enjuiciados agarrotados puede servir de adorno para las plazas públicas o de decorado de algún programa de televisión donde las conductas prójimas se juzgan por zafios jueces de palo, pero jamás un referente de la Justicia que, en cualquier supuesto, debe ser neutral, sosegada y fría.

Siempre me produjeron náuseas las hordas justicieras. En España, país cainita y de odios enquistados, produce pánico el empleo de la quijada de burro por escuadrones de leguleyos tecnificados, verdugos de chalecos decorados con anagramas rimbombantes y zurupetos de luces de neón. La Justicia es un sentimiento puro que algunos degradan con sus obsesiones justicieras y sus gustos patibularios. La Justicia es una noción limpia y algunos la están vistiendo con ropa sucia y calzado viejo. Y a todo esto, los altos responsables blandiendo en una mano la espada flamígera y en la otra una balanza con platillos amañados.

Nadie debe ser considerado culpable mientras no sea condenado por sentencia definitiva y firme. Sin embargo, y a las pruebas me remito, este derecho constitucional sólo sirve para alimentar la ingenuidad de quienes todavía creen en él. Son muchos quienes piensan que la Justicia está no solamente para castigar a los hombres porque sean culpables sino también para saber si lo son o no. La tortura ha sido abolida, al menos en el papel, pero el tipo de prácticas como las que ayer sufrió Rodrigo Rato es un tormento. Lo mismo que en tiempos pretéritos al sospechoso sin más se le arrojaba a las fieras, hoy cuando sobre alguien recae la sospecha de haber cometido un delito, es dado a la chusma. Él imputado, su familia, su casa y su trabajo son desnudados y pateados a presencia de la plebe. El individuo, de esta manera, es despezado.

En el asunto del señor Rato, como en todos los que presentan indicios de responsabilidad penal, estamos obligados a la claridad, aunque también es necesario que esa claridad deseada no se empañe con la eclosión de determinadas malas prácticas. Es evidente que para algunos cada vez está más confusa la linde que separa lo válido de lo que no vale. No se trata de pedir la impunidad para quien fue vicepresidente del Gobierno. No. El nuevo leviatán está perfectamente legitimado para perseguir el delito, pero sólo a condición de que no haga suyo el lema del viejo Leviatán de que todo está permitido.

Foto: Rato y otros dirigentes del PP, en una imagen de 2011 (Flicrk PP)