Fuego cruzado entre políticos y detectives: seis incógnitas de la grabación de La Camarga

ALICIA SANCHEZ CAMACHO ENTRANDO A LA CONFERENCIA PRIMERA PLANA

Dos años y medio después de conocerse la grabación a Alicia Sánchez-Camacho y Victoria Álvarez, todo son incógnitas sobre el escándalo que zarandeó la vida política catalana. Tres detectives han escrito libros para explicar los detalles de un caso con muchos detalles por desentrañar.

Dos años y medio después de conocerse la grabación a Alicia Sánchez-Camacho y Victoria Álvarez, todo son incógnitas sobre el escándalo que zarandeó la vida política catalana. Tres detectives han escrito libros para explicar los detalles de un caso con muchos detalles por desentrañar.

La agencia de detectives Método 3 grabó un almuerzo en el restaurante La Camarga el 7 de julio de 2010. Las comensales eran Alicia Sánchez-Camacho y Victoria Álvarez. La primera era la líder del PP catalán y la segunda, la ex novia de Jordi Pujol Ferrusola, primogénito del president. La grabación no trascendió hasta febrero de 2013, cuando la grabación se publicó en las páginas de El Mundo.

Después de cientos de artículos periodísticos, varias denuncias en los juzgados y una comisión de investigación en el Parlament, aún quedan numerosas incógnitas sobre este escándalo que zarandeó la política catalana. ¿Quién encargó a la empresa de detectives que grabara la conversación? ¿Sabía la líder del PP catalán que había un micrófono oculto? ¿Fue una grabación ilegal? ¿Fue un caso de espionaje político contra el nacionalismo instigado por el Gobierno? ¿Qué puede ocurrir en los próximos meses?

Existen respuestas distintas a estas preguntas. El asunto está presente en tres libros escritos por detectives. El primero y el más famoso es El Método (2013, La Esfera de los Libros), escrito por Francisco Marco, director de Método 3. El segundo es Cortina de humo (2014, Corre la voz), escrito por Julián Peribáñez y Antonio Tamarit, ex empleados de la agencia. El tercero es Detectives.RIP (2015, Seleer), cuyo autor es Juan Carlos Arias.

Cada una de estas obras aporta visiones divergentes y sus autores están inmersos en una pugna en los tribunales. Marco ha conseguido que la Justicia secuestre el libro de Peribáñez y Tamarit, a los que acusa de revelación de secretos. Ahora reclama 80.000 euros a Arias por vulnerar su derecho al honor. A continuación explico las incógnitas más importantes del caso, que planea sobre la campaña catalana y sobre el proceso independentista catalán.

¿Quién encargó la grabación?

Existen al menos dos teorías al respecto. Aunque su libro está secuestrado judicialmente y por ello no se puede revelar su contenido, los investigadores Peribáñez y Tamarit han defendido en entrevistas que el PSC encargó que se grabase a Camacho y Álvarez para obtener información sobre las corruptelas de la familia Pujol y de Convergencia (CDC). La también detective Maite Francés ha ido más allá al señalar públicamente al propio José Zaragoza, ex secretario de organización del PSC, como el hombre que hizo el encargo.

Por supuesto, el ex dirigente socialista ha negado cualquier vinculación con estos hechos. Francisco Marco asegura que la grabación fue encargada por alguien del “entorno más personal” de la propia Alicia Sánchez-Camacho y se acoge a su secreto profesional para no identificar a esa persona. El investigador privado escribió esta versión en su libro y la repitió en abril durante su comparecencia en el Parlament. Marco dijo entonces que se había sentido “calumniado” por las palabras que había pronunciado Sánchez-Camacho unos días antes y anunció acciones legales contra ella.

Una tercera teoría, a la que apunta Arias en Detectives.RIP, es que la grabación sería lo que se conoce en el argot como un “informe de antena”. Es decir, que se habría hecho sin que nadie la encargara para venderla después al mejor postor.

¿Sabía la líder del PP que había un micrófono?

Ella niega este extremo con rotundidad. Los autores de Cortina de humo, ex empleados de Método 3, también han dicho que Sánchez-Camacho no sabía que estaba siendo espiada. Pero otras personas salpicadas por el caso apuntan a la antigua líder del PP catalán como la persona que urdió el espionaje en la sombra.

Marco afirma que ella sí sabía que su conversación con la ex novia de Jordi Pujol Ferrusola se estaba grabando de forma subrepticia. Este extremo apuntaría a una connivencia entre el PP y el PSC (o al menos entre sus líderes) para conseguir que Álvarez diera información sensible y comprometedora sobre los Pujol y sobre CDC.

¿Fue una grabación legal o ilegal?

Esta cuestión está ligada a la anterior y es la clave del caso desde el punto de vista jurídico. Si una de las mujeres espiadas sabía que había un micrófono allí y estaba compinchada con los detectives, la grabación sería legal. Si ambas desconocían lo que estaba ocurriendo, la grabación sería ilegal. En otras palabras, si la versión de Sánchez-Camacho fuera cierta, los detectives de Método 3 podrían haber cometido un delito. Aunque hasta ahora las decisiones judiciales relacionadas con el caso apuntan en sentido contrario: no hubo delito.

¿Instigó el Gobierno la grabación?

Parece evidente que la grabación se hizo con una intención política: recabar el testimonio de la ex novia de Pujol Ferrusola para que aflorasen los trapos sucios de CDC. Desde entonces las denuncias de Victoria Álvarez han sido relevantes en las investigaciones sobre las presuntas corruptelas de la familia Pujol. En este marco es decisivo el papel de Jorge Moragas, jefe de gabinete de Mariano Rajoy, amigo de Victoria Álvarez y compañero de filas de Sánchez-Camacho. Fue Moragas quien presentó a ambas. No se puede afirmar que fuera él quien organizara el almuerzo pero sí que supo de lo que hablaron.

Hace un año se publicaron unas conversaciones por SMS entre Moragas y Álvarez acontecidas en el verano de 2012, dos años después de la grabación. “Si dieses una entrevista y lo contases todo, salvarías a España y yo te haría un monumento. Besote”, escribía el hombre de confianza del presidente. Poco después, ella declaró ante la Policía lo que sabía sobre los Pujol.

¿Por qué las espiadas llegaron a un acuerdo con Método 3?

Cuando se destapó el escándalo de La Camarga, la reacción de Victoria Álvarez y Alicia Sánchez-Camacho fue muy similar: quejarse por haber sido espiadas por los detectives. Ambas, indignadas, defendían una misma versión que parecía sólida. Las dos demandaron a la empresa que las había grabado.

Unos meses después de la grabación, llegó por sorpresa la firma de un acuerdo extrajudicial entre todas las partes. Con la firma del documento, Método 3 obtenía el perdón de las dos espiadas y ellas a cambio recibirían una indemnización: Sánchez-Camacho sacaba 80.000 euros y Álvarez, 50.000. Como consecuencia, un tribunal de la Sección Sexta de la Audiencia de Barcelona decidió archivar en diciembre la causa abierta por el espionaje.

El caso parecía sepultado para siempre porque todos los implicados parecían satisfechos con el pacto de silencio. Sin embargo, con el paso del tiempo empezaron a aparecer informaciones que decían que la ex líder del PP catalán podría estar compinchada con los detectives o con el PSC. Esa versión hizo que se resquebrajara la ligazón entre las dos comensales del almuerzo. Poco a poco empeoraron también las relaciones entre Sánchez-Camacho y Marco, que escenificaron su pelea en abril en el Parlament. Algunas de las fuentes consultadas por EL ESPAÑOL apuntan que es posible que tarde o temprano alguna de las tres partes que suscribieron el acuerdo acaben por dinamitarlo.

¿Qué puede pasar ahora?

Ahora hay varias causas judiciales abiertas relacionadas con la grabación. En lo que respecta a los libros, hay dos vías abiertas. La primera está en un juzgado de Barcelona que mantiene secuestrada la obra Cortina de humo después de la denuncia por revelación de secretos que interpuso Marco. La otra causa se dirime en el juzgado de primera instancia número 31 de Barcelona, donde en los próximos días se celebrará una vista previa por la denuncia interpuesta por Marco contra Juan Carlos Arias por el contenido de un capítulo de su libro Detectives.RIPel dedicado al oscuro episodio de La Camarga.

Marco considera que Arias ha vulnerado su derecho al honor al atribuirle hasta ocho delitos y le reclama 80.000 euros por la vía civil. La editorial Seleer ha decidido retirar la obra de la circulación. Pero aún se puede comprar en Amazon porque su autor vende ejemplares por su cuenta. A preguntas de EL ESPAÑOL, el denunciado se remite al escrito de respuesta presentado por su abogado. En ese escrito se dice que la demanda de Marco “está construida con artificiosidad” porque dichas imputaciones “no existen en el libro”. Arias añade: “Llevo 35 años como detective y he escrito varios libros y miles de artículos, pero nunca he sido detenido ni me han puesto una demanda hasta ahora”.

Francisco Marco interpuso una querella por vía penal contra Sánchez-Camacho por injurias y calumnias. El tribunal respondió que debe agotar antes la vía civil. El detective asegura ahora a este diario que está sopesando si seguir adelante o no con ese empeño. Los demás implicados podrían mover ficha también en los próximos días.

La grabación se hizo en julio de 2010 y su contenido llegó a la opinión pública en febrero de 2013. Unos y otros intentaron echar tierra sobre el asunto pero no lograron enterrar la verdad. La pelea continúa en los tribunales. Queda caso Camarga para rato.

El polvorín de Torredembarra

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Reportaje gráfico: Alberto Gamazo

Este pueblo de 15.000 habitantes es el centro de la trama que apunta a la financiación ilegal de Convergència. Vecinos y concejales describen el mandato del alcalde Daniel Masagué, que según el sumario usó el consistorio para enriquecerse, financiar al partido y lanzar su carrera como diputado al Parlament.

Este pueblo de 15.000 habitantes se ha convertido en la punta del iceberg de una trama que apunta a la financiación ilegal de Convergència. Vecinos y concejales describen el mandato del alcalde Daniel Masagué, que según el sumario usó el consistorio para enriquecerse, financiar al partido y lanzar su carrera como diputado al Parlament.

Una de las primeras cosas que se ven al llegar al centro de Torredembarra es una oficina electoral medio vacía. Dentro sólo se observan un par de sillas destartaladas frente a un escritorio. Encima de la mesa hay una impresora y una pequeña señera, lo único que se mantiene en pie. En la cristalera se puede leer el nombre de Daniel Masagué, el ex alcalde del pueblo imputado por delitos de malversación, cohecho, blanqueo y organización criminal. La estampa describe perfectamente lo que es hoy en día Torredembarra: Masagué ya no está en la alcaldía pero aún se perciben los escombros de su mandato.

La historia de Torredembarra es la de cualquier caso de corrupción y caciquismo en el que las luchas internas lo hacen saltar todo por los aires. Pero va mucho más allá. Lo que en un principio parecía un simple alcalde corrupto fue el origen de una investigación que sigue en pie y que ha supuesto detenciones de ediles y alcaldes, ha salpicado a pesos pesados de Convergència y ha ocasionado registros en varias empresas y en las sedes del partido y de su fundación CatDem, a través de la cual la Justicia cree que se canalizaban las comisiones por adjudicaciones de la obra pública del ayuntamiento y de la Generalitat.

La denuncia de dos ediles y de un empleado dio las primeras pistas para tirar del hilo y constatar que no se trataba de un problema de ámbito municipal.

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La oficina electoral del ex alcalde Masagué. / ALBERTO GAMAZO

Reportaje gráfico: Alberto Gamazo

El sumario muestra un municipio en el que se sobornaba a ediles de todos los colores, en el que circulaban sobres con billetes, se cobraban comisiones, se favorecía a empresas vinculadas con Convergència y se adjudicaban contratos millonarios de manera irregular.

La mayor parte del caso permanece bajo secreto de sumario. Pero las escuchas telefónicas que han trascendido hasta la fecha muestran a un alcalde que durante seis años controló a su antojo un consistorio con un presupuesto que ronda los 20 millones de euros. Las actas de los plenos revelan un ayuntamiento crispado y fraccionado con enfrentamientos constantes, con la sombra de la corrupción planeando sobre las votaciones y con intervenciones de la policía para calmar los ánimos en alguna ocasión.

“Este pueblo es un polvorín”, explica Montserrat Gassull, que durante años fue concejala de ERC y que fue la primera en denunciar las presuntas corruptelas.

A través de su abogado, Masagué ha declinado dar su versión de los hechos para este reportaje.

El origen de las denuncias

El 28 de agosto la precampaña catalana se vio sacudida por una gran operación de la Guardia Civil. Los agentes acudieron a varios ayuntamientos que habían estado en manos de CiU y a la sede del partido y de su fundación. También registraron el domicilio del ex tesorero del partido, Daniel Osácar. La operación era un nuevo capítulo de una investigación que ha llevado a la Guardia Civil a registrar y detener a ediles, alcaldes y empresarios próximos a CiU en un intento de desenmascarar la presunta financiación ilegal del partido y las comisiones del 3% que se cobraban por adjudicar obra pública de la Generalitat.

Las fuerzas soberanistas interpretaron la operación como un episodio más de la guerra sucia del Estado. Pero el origen de la operación se encuentra en una denuncia que interpuso en junio de 2012 Montserrat Gassull, que en aquella época aún era concejal de ERC. Tanto la cúpula de ERC como la de Convergència fueron advertidas por Gassull y por el presidente del comité local de Convergència, Jordi Guasch. “ERC me apoyó en un principio y luego me dejó sola”, explica ahora la concejal.

Gassull (54 años) empezó a reunir documentación en 2011. Al año siguiente presentó seis denuncias de las cuales se archivaron tres. Las denuncias, a las que también se sumó Enric Granjel, edil del PSC, se referían a tres asuntos: el alquiler de un local en condiciones ruinosas por 6.000 euros al mes, el sobrecoste de más de un millón de euros de un aparcamiento adjudicado a la constructora Teyco y el pago de decenas de miles de euros a Efial, una consultora próxima a Convergència que también se ha visto salpicada en otros casos de corrupción municipal.

“Llevaba desde 2011 advirtiendo a los ediles que no votaran ciertas cosas en los plenos y que estaban prevaricando”, recuerda Gassull.

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La concejala Gasull. / ALBERTO GAMAZO

El impulso que necesitaba la investigación no llegaría hasta octubre de 2013. Rachid el-Ghzaoui, que trabajó durante 23 años en la panificadora del alcalde Masagué, estaba enfadado y con ganas de hablar. Masagué le había despedido sin ofrecerle ninguna indemnización después de dos décadas.

Durante ese tiempo, El-Ghzaoui fue el hombre de confianza del alcalde, según explican habitantes del pueblo. “Le había salvado de muchos marrones”, explica un vecino que prefiere no dar su nombre. “No era un simple empleado: le hacía recados y le solucionaba problemas”.

El-Ghzaoui explicó entonces a Gassull que durante años vio circular sobres con decenas de miles de euros en billetes de 500. Acudieron a la Guardia Civil y declararon juntos. La Fiscalía empezó a atar cabos y estrechó el cerco sobre el alcalde. El-Ghzaoui, que ahora reside en Inglaterra con su familia, ha preferido no hacer ningún comentario para este reportaje.

La ‘omertà’ de ERC y CDC

En febrero de 2013 el juez inició la instrucción y preguntó al PSC y a ERC si querían personarse en el proceso. Los socialistas dijeron que sí pero ERC reculó. “Me dijeron que yo ya había hecho lo que tocaba y que dejáramos actuar a la justicia”, recuerda Gassull.

Eduard Rovira (ERC), actual alcalde del municipio, argumenta que su partido no se personó porque ya lo había hecho el PSC y porque en ese momento la formación pasaba por malos momentos de tesorería. Afirma además que Gassull no quiso el respaldo del partido cuando fue a presentar las primeras denuncias.

En paralelo a las denuncias, Gassull, que mantenía un enfrentamiento abierto con Masagué desde años atrás, empezó a emplear su cuenta de Twitter para denunciar las irregularidades en el ayuntamiento. El alcalde la denunció entonces por injurias y fueron llamados a un acto de conciliación en el juzgado de paz. Gassull acudió con una abogada del partido. Pero la conciliación fracasó y la querella por injurias pasó a la jurisdicción civil.

La dirección de ERC dijo entonces a Gassull que aquello era un tema personal y que no la defendería más. “El caso de las injurias era una batalla personal entre dos egos, no tenía nada que ver con el partido ni tenía contenido político”, argumenta ahora Rovira, el alcalde de ERC. “Gassull empleó un tono políticamente incorrecto y muy agresivo. No compartíamos esos mensajes”.

Según Rovira, algunos de los tuits no se referían a casos de corrupción sino a otros aspectos personales del alcalde como por ejemplo sus implantes de pelo. Explica además que el distanciamiento de Gassull de ERC no tiene nada que ver con el escándalo sino con unas primarias en las que intentó sin éxito hacerse con el control de la formación en la localidad. Gassull niega esta versión y asegura que se sintió abandonada por el partido sin motivo aparente.

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ALBERTO GAMAZO

Entre 2012 y 2014 Gassull remitió varias cartas al presidente Mas y a la cúpula de ERC para avisar de lo que estaba sucediendo en Torredembarra. Nunca recibió respuesta.

Escribió a Marc Sanglas, secretario de acción municipal de ERC, que admitió después que había recibido la carta. En un acto celebrado en Tarragona interpeló a Oriol Junqueras, a quien conocía desde antes de que fuera el presidente del partido. “En Barcelona sois muy amigos de CiU, pero que sepas que lo que pasa aquí es muy grave”, asegura que le dijo. “Cada municipio debe hacer lo que crea”, le respondió Junqueras, siempre según la versión de Gassull.

Rovira reconoce que en la cúpula de ERC se hablaba del caso pero no asume ningún error. “Una carta de un edil con acusaciones, sin ningún tipo de prueba jurídica, no constituye algo tan relevante”.

Otra batalla interna, esta vez en CiU, motivó los avisos a la cúpula convergente en julio de 2013. Jordi Guasch, en aquel momento presidente del comité local de CiU y enfrentado también con Masagué por el control del partido, escribió una carta a Lluís Coromines, secretario general adjunto del partido. Advertía de lo que sucedía, pero tampoco recibió ninguna respuesta.

Desde entonces Guasch (36 años) se ha dado de baja en el partido y se muestra muy decepcionado. Es independentista desde que tiene uso de razón y forma parte de una familia convergente de toda la vida. Su madre ha sido edil del partido, uno de sus primos fundó la sección local de CiU y tiene un primo que también es concejal del partido en un pueblo vecino.

“Yo ya sé que un partido no es una ONG”, dice. “Lo que nunca imaginé es que era la Mafia siciliana”. Tiene muchas ganas de contar cosas pero dice que no hablará hasta que no pasen las elecciones y se levante el secreto de sumario. Como Gassull, lamenta que se les esté usando para hacer daño al proceso de independencia en Cataluña. “El 27-S votaré a la CUP”, explica. “Si lo supiese mi abuela…”.

A todos los consultados les sorprende el apoyo que la cúpula de CiU ha prestado a Masagué desde su detención. Ni siquiera lleva una década en política y no es un peso pesado del partido, pero ha tenido el apoyo incondicional de figuras tan importantes como Felip Puig. “Es un buen amigo al que conozco desde hace años”, dijo Puig de Masagué cuando lo encarcelaron.

Tampoco entienden por qué Masagué tardó casi dos semanas en dimitir a pesar de estar en la cárcel imputado por varios delitos. Todos los concejales con los que he hablado, además, aseguran que el partido le paga la defensa. Un aspecto que una portavoz de Convergència no ha querido confirmar ni desmentir. El abogado de Masagué es Javier Melero, el letrado de confianza del partido.

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Sin estrenos. El teatro Auditori de Torredembarra, en el que se han gastado cuatro millones de euros, permanece abandonado desde 2010 pese a estar casi acabado.

Una carrera fulgurante

Masagué tuvo una carrera meteórica dentro de CiU. Este empresario del sector panadero accedió a la alcaldía del pueblo en 2008, cuando solo llevaba dos o tres años militando en el partido. En poco tiempo, sin embargo, se prodigaba en mariscadas y comidas con la cúpula del partido y alardeaba de sus lazos de amistad con Oriol Pujol y Felip Puig.

Media docena de ediles, vecinos y militantes de distintos partidos rememoran las copiosas comidas de Masagué y Pujol en el restaurante Les Palmeres, que se encuentra en el paseo marítimo del pueblo. Recuerdan cómo el alcalde alardeaba de su amistad con un sector de la cúpula de CDC.

Masagué ya no tiene responsabilidades públicas. Pero en el pueblo se percibe cierto miedo cuando se pregunta por él. La gente que lo trató lo describe como una persona obsesiva y paranoica, mentirosa, de trato difícil, que intentaba controlarlo todo y siempre miraba hacia los lados cuando iba por la calle. “Era muy desconfiado”, describe el actual alcalde del municipio. “Es capaz de hacer cualquier cosa. No tiene ningún límite ético ni moral”, asegura Gassull.

Un miembro de Convergència que lo conoce bien y que sólo accede a hablar si no se publica su nombre recuerda cómo Masagué ponía a los concejales de su partido a espiarse entre ellos. También desvela su fijación por la magia negra y su insistencia en que había espíritus en el Ayuntamiento. “Cuando llegué a la alcaldía me encontré una factura de un santero que vino a limpiar el edificio”, explica Enric Granjel (PSC), su inmediato sucesor en el cargo después de que lo encarcelaran.

Este miembro de Convergència describe el punto de inflexión en la ascendencia de Masagué en el partido. Fue en 2010, cuando al alcalde se le puso entre ceja y ceja ser diputado en el Parlament. Fue entonces cuando empezaron las comidas con Felip Puig y Oriol Pujol y cuando en el municipio desembarcó Jaume Vila Fontcuberta, un ex diputado de CiU que asumió el cargo de coordinador de urbanismo.

“Firmaba todo lo que el alcalde le pedía”, coinciden Gassull, Granjel y Rovira.

En una cena ante cientos de militantes durante la campaña de las municipales de 2011, Masagué explicó que entró en política porque su empresa se le había quedado pequeña. “Masagué tenía mentalidad de empresario, no de político”, prosigue Granjel. “No le gustaba tener que seguir con el protocolo establecido para la contratación pública”.

Los ediles consultados describen cómo trató de articular un ayuntamiento paralelo para poder adjudicar las obras públicas a su antojo. Nombró interventora a Esther Agulló, que hasta entonces era su secretaria personal. Puenteaba los informes adversos del secretario municipal Rafael Orihuel mediante estudios externos, muchos de ellos de la consultora Efial. La dirección nacional de Convergència le mandó al pueblo a Jaume Vila Fontcuberta como responsable de urbanismo. Masagué duplicó la remuneración por asistir a los plenos de 800 a 1.600 euros.

En el sumario aparece una conversación entre Masagué y Toni Martos, responsable de Efial, que ilustra la poca querencia del alcalde por seguir los procedimientos establecidos. “Quedaremos en el pabellón deportivo. Haremos la reunión ahí (…) el tema está en que no pase por el secretario, el tema clave es ése”, le dice Masagué a Martos.

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Un aparcamiento fantasma. Fue adjudicado a la empresa Teyco por 2,5 millones, pero tuvo un sobrecoste del 40%. Se cerró en agosto de 2014 porque no era rentable. Aún no se sabe qué uso se le dará.

La punta del iceberg

Quienes conocen de cerca la investigación aseguran que lo que ha trascendido hasta ahora es sólo la punta del iceberg. La investigación está en manos del Juzgado de Instrucción 1 de El Vendrell y está a punto de terminar. Según una fuente que ha leído el sumario, el caso podría generar un cisma en la política catalana porque el modus operandi se repetía en diversos municipios controlados por Convergència.

Hay varias líneas de investigación en Torredembarra. Están los presuntos pagos al alcalde por parte de Teyco, la empresa familiar del constructor y cofundador de CiU Carles Sumarroca. También los contratos con la empresa Efial a cambio de informes a medida, los sobornos a diversos ediles a cambio de votos favorables y un contrato de entre 15 y 17 millones con la empresa Sorea relacionado con la gestión del agua en el municipio.

“Con el tema de Sorea se ha hecho lo que se ha querido. El 4% o el 5% se ha ido dónde se ha querido y aquí ni Dios respira”, le dice un empresario imputado a la teniente de alcalde Paquita Falguera, de Unió, en una de las grabaciones. Sorea es una filial del grupo Agbar, que ha sido el mayor donante de la fundación de Convergència durante los últimos años, según publicó el pasado martes el diario El País.  

Podemos ocultó el ‘pucherazo’ en Alicante y expedientó a los consejeros denunciantes

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La dirección de Podemos silenció durante tres meses el posible pucherazo en las primarias municipales de Alicante y lejos de investigar la posible manipulación del censo, abrió expediente a los denunciantes. Según ha podido confirmar EL ESPAÑOL, las primeras pruebas sobre las conversaciones que hablan de alterar el curso de las votaciones -y que ponen en cuestión el método empleado por la formación en toda España- fueron trasladadas de forma verbal a la dirección del partido el pasado mes de marzo. Sin embargo, la investigación oficial se abrió tres meses después, solo cuando las conversaciones saltaron a la prensa. 

Los ‘pisos francos’ de Podemos en Alicante 

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La dirección de Podemos silenció durante tres meses el posible pucherazo en las primarias municipales de Alicante y lejos de investigar la posible manipulación del censo, expedientó a los denunciantes. Según ha podido confirmar EL ESPAÑOL, las primeras pruebas sobre las conversaciones que hablan de alterar el curso de las votaciones -y que ponen en cuestión el método empleado por la formación en toda España- fueron trasladadas de forma verbal a la dirección del partido el pasado mes de marzo. Sin embargo, la investigación oficial sobre el caso se abrió tres meses después, solo cuando las conversaciones sobre el presunto amaño de las elecciones saltaron a la prensa.  

El pasado 21 de marzo, tres meses antes de que estallara el caso, Podemos realizó un encuentro intercomarcal de círculos en las instalaciones de la Universidad de Alicante. Y allí, miembros críticos de la candidatura Sí Se Puede -avalada por Pablo Iglesias- hicieron llegar de forma extraoficial su preocupación por la presunta manipulación del censo. El mensaje fue trasmitido directamente a Antonio Montiel, diputado autonómico y cabeza de lista de Podemos en la Comunidad Valenciana.

Según ha confirmado EL ESPAÑOL, Montiel recibió entonces y en los días posteriores -tanto por vía telefónica como por correo electrónico- explicaciones de cómo miembros de la candidatura oficialista habrían inscrito a familiares y amigos en direcciones ficticias de Alicante para recibir sus votos. Además, los consejeros críticos alertaron a Montiel de que -según su versión- los responsables del Consejo Ciudadano planeaban manipular las actas de sus reuniones e incumplir con ello los estatutos de Podemos.

Denuncias y castigo

La falta de investigación por parte de la dirección del partido -sumada a la confrontación con el resto de los consejeros por la forma de integrarse en la marca Guanyem- supuso la dimisión pública de cuatro miembros del Consejo Ciudadano de Alicante: Pau González, Juan Carlos Reoio, Magdalena Díaz y Jesús Naranjo, que fueron acusados por sus compañeros de filtrar información a la prensa. Los cuatro dejaron públicamente su cargo el pasado 3 de abril y una semana después explicaron sus razones en una asamblea local de Podemos.

Dos semanas más tarde, exactamente el 19 de abril de 2015 y tras la conversación con el líder autonómico de Podemos, el Consejo de Coordinación de la Comunidad Valenciana comunicó de forma oficial la apertura de un expediente sancionador. Pero los afectados no eran quienes intentaron inscribir a sus familiares en Alicante para recibir sus votos, sino quienes denunciaron a sus superiores el amaño.

El documento -enviado por la dirección del partido en la Comunidad Valenciana- abre un expediente sancionador a ocho personas. Ocho militantes de Podemos entre los que se encuentra la cabeza de lista de la candidatura crítica, Nerea Belmonte -actual concejala del ayuntamiento de Alicante- dos de sus compañeros y los cuatro miembros díscolos de la lista avalada por Pablo Iglesias en Alicante. El documento les sanciona entre otras cosas por criticar “abiertamente la gestión” del Consejo Ciudadano y por “realizar acusaciones, justificadas o no” contra ese organismo:

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La siguiente fecha clave es el pasado 17 de junio, cuando los miembros críticos con el Consejo Ciudadano hacen llegar el dossier completo de las conversaciones sobre el posible pucherazo a Llum Quiñonero, cabeza de lista de Podemos para las autonómicas en Alicante. Según ha confirmado EL ESPAÑOL, esta es la primera vez que los miembros de la directiva de Podemos tienen acceso a las conversaciones completas sobre el uso de “pisos francos” para las elecciones. El objetivo de la filtración, según fuentes cercanas a la misma, fue que los mensajes fueran elevados a la dirección del partido y trasladados a la Comisión de Garantías para su estudio, terminado ya el período electoral de las autonómicas. Pero tampoco sucedió.

Cuatro días después y ante el inmovilismo de la dirección del partido, las conversaciones vieron la luz en el diario Información. Acto seguido, los portavoces de Podemos se apresuraron a anunciar la apertura de un expediente sancionador contra 12 integrantes de la lista avalada por Pablo Iglesias para las primarias municipales. Entre ellos está el actual secretario general de Podemos en Alicante, Jesús Bustos y la parlamentaria autonómica Covadonga Peremach.

El anuncio se hizo en la sede de las Cortes Valencianas por boca de Antonio Montiel, que negó entonces conocer el posible amaño, pese a que había sido informado de forma textual tres meses antes. Además, la reunión real de la Comisión de Garantías se realizó casi dos semanas después del anuncio público; exactamente el 9 de julio, tal y como refleja el acta oficial del encuentro:

Tres palizas distintas y un solo odio verdadero

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Agresiones físicas al grito de ‘fascista’, ‘maricones’ o ‘puto sin techo’ a una dirigente de Vox, una pareja homosexual y un indigente, respectivamente, en menos de 24 horas con “el odio al diferente” como eje común. Esta brutalidad hace saltar las alarmas entre asociaciones y colectivos que reclaman “aunar fuerzas” para luchar contra los delitos de odio: “El problema es mayor de lo que estamos viendo, esto sólo es la punta de un iceberg que va a demandar medidas integrales”.

En la imagen, Inma Sequí, la dirigente de Vox brutalmente agredida.

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Inma Sequí, la dirigente de Vox brutalmente agredida.

Por “fascista”.

Una patada por la espalda al grito de “fascista de los cojones” sirvió para tirarla al suelo. Una vez noqueada, mientras que uno de los tres agresores le propinaba una ristra de puñetazos en el pómulo y en la boca, el otro le agarraba del cuello y un tercero la desafió con un “a ver si ahora eres tan valiente”.

La agredida es Inma Sequí, dirigente de Vox en Cuenca, y como resultado de la paliza que recibió el martes, contusiones abdominales, medio pómulo roto, un esguince de muñeca y el labio destrozado: “Pero sin puntos”, parece excusarse la dirigente política a EL ESPAÑOL.

Por “maricones de mierda”.

Horas antes de la agresión a Sequí, en la Feria de Almería, una pareja de homosexuales sufrió “una agresión brutal” -según señala el colectivo Colegas Almería- a la salida de una caseta.

En esta ocasión, los agresores utilizaron el “maricón de mierda” para acompañar los puñetazos y patadas que hicieron que uno de los agredidos acabará con “la mandíbula rota, uno de los brazos fracturados, además de dientes rotos y contusiones”, según recoge el parte médico.

Por “puto sintecho”.

“Me hicieron una encerrona, me vi rodeado, me pegaron y me quedé ciego después de escuchar ‘Mátalo, dale en la cabeza al puto sintecho”, relata Marcos, un indigente de 36 años que pasa las noches a la intemperie en Granada.

Los causantes en este caso eran dos jóvenes de 20 y 23 años que ya han sido detenidos y otros cuatro menores que también ha sido identificados.

Tres palizas, tres agredidos, tres motivos

Tres palizas, tres agredidos y tres motivos en distintos puntos de la geografía que según explican las víctimas -o los colectivos que dicen representarlos- tienen su germen “en el discurso del odio al diferente”. Y en apenas 24 horas.

Lo analiza para EL ESPAÑOL la presidenta de la Comisión de delitos de odio del colegio de abogados de Málaga, Charo Alises: “No se ataca sólo a una persona, sino que el ataque va dirigido a una comunidad que piensa igual que el vejado. Es un mensaje para intentar callar a todo el colectivo”.

“Callar”. Algo que no han conseguido con Sequí, quien, sin que le tiemble la voz a pesar de sus 18 años, dice en declaraciones telefónicas no tener ningún miedo porque va a seguir “luchando por las ideas en las que cree”, las del argumentario del partido creado por Santiago Abascal.

“Siempre he debatido, siempre he defendido mis ideas y lo voy a seguir haciendo. No me van a amedrentar”, argumenta después de la paliza que considera “premeditada” y que iba dirigida, a su juicio, a todos sus compañeros. “Aunque prefiero que me haya pasado a mí que a ellos”, asegura al mismo tiempo que aprovecha -ha seguido la actualidad entre entrevistas-  para condenar las otras dos agresiones en Almería y Granada.

1.285 delitos de odio en 2014

Los tres incidentes, que se han producido con un lapso de 24 horas, se enmarcan en las categorías que el Ministerio del Interior está recopilando desde hace dos años como “delitos de odio contra la ideología, orientación sexual y situación de pobreza”, respectivamente; en 2014 fueron 1285, entre los que también se incluyen aquellos que tienen cuestión de raza, religión o discapacidad.

Por ello, los colectivos y observatorios consultados, piden al unísono “aunar fuerzas” para luchar contra los delitos de odio “en un momento en el que la confrontación política y social está a la orden del día”. Son palabras de la abogada especialista en vulnerabilidad y derechos humanos Violeta Assiego, quien añade que en estos momentos “en los que el nivel de violencia es especialmente llamativo, hay una ausencia de valores que en otros tiempos estaban presentes como son el diálogo y la integración”.

Para la letrada, estos tres casos, no tienen tanto que ver con un tema de “tomarse la justicia por tu mano”, sino con “la intolerancia”, con el mandar mensajes que creen distinguir “lo bueno de lo malo” a través de una brutal violencia.

Un hecho que, a su juicio, debe hacer saltar las alarmas “ya que no tenemos constancia de lo que realmente está sucediendo porque sólo denuncian aquellas personas que se sienten amparadas por la sociedad”.

Los argumentos de Assiego están respaldados en un informe de la Agencia Europea de Derechos Fundamentales en el que se señala que entre un 10 y un 40 por ciento de las víctimas de delitos motivados por sentimiento de odio no denuncian su caso por “miedo” o porque “creen que nada va a cambiar”.

En el caso de agresiones contra el colectivo LGTB (Lesbianas, gais, transexuales y bisexuales) el handicap radica en “la visibilidad”, ya que el hecho de denunciarlas supone “poner sobre la mesa tu orientación sexual”, por lo que muchas agresiones “caen en saco roto” -explican desde los colectivos-: “Los datos de Interior sólo hacen un recuento de las denuncias, no de la realidad”, se quejan.

Rubén López, portavoz de Arcopoli, advierte que “tener que identificarse” a la hora de interponer una denuncia por homofobia supone para la víctima conectar con su pasado. “En muchas ocasiones, marcado por el maricón o bollera del colegio. Es desvelar tu intimidad más íntima”.

agresion Granada Marcos
Marcos, el sintecho agredido en Granada.

Más allá van desde el Observatorio de delitos de odio contra personas sin hogar ‘Hatento’. Según su coordinadora técnica, Maribel Ramos, los ataques a los sintecho no se dirigen hacia una vulnerabilidad “que forma parte de la identidad de una persona”, como puede ser el caso de los homosexuales o el pertenecer a una raza concreta. “No tener hogar puede ser algo transitorio, no algo que te acompaña toda la vida”, aclara.

De este modo, Assiego manifiesta que “el problema es mucho mayor de lo que estamos viendo. A medida que se denuncia se irá viendo la realidad, la punta de un iceberg que va a demandar medidas integrales”.

De momento, con la reforma del Código penal que entró en vigor el pasado 1 de julio, a estas agresiones les sería aplicado el artículo 510 -sustancialmente modificado-, que endurece las penas de prisión de uno a cuatro años y multa de seis a doce meses a quienes fomenten, promuevan o inciten al odio contra una persona o grupo por motivos ideológicos, de orientación sexual o discapacidad.

La norma no recoge ninguna referencia a la situación de pobreza o exclusión social, como sí hace Interior en sus estadísticas, por lo que asociaciones como Hatento reclaman un cambio “urgente” que permita incluir este agravante.