Las 30 Obsesiones de EL ESPAÑOL

rugidoLas Obsesiones de EL ESPAÑOL son algunas dianas a las que el periódico quiere lanzar sus dardos. Hay muchas más en las que tenemos puesta la vista, pero queríamos hacer una selección para que el lector sepa a dónde apuntamos. No son sólo fijaciones de nuestra redacción. Las compartimos con miles, seguramente millones de ciudadanos. En un principio propusimos 25 y las sometimos al parecer de nuestros suscriptores. Entre el 22 de agosto y el 6 de septiembre nos remitieron 947 comentarios que han servido para mejorar el tiro y ampliar el número de blancos, que al final han llegado a 30.

Las Obsesiones de EL ESPAÑOL son algunas dianas a las que el periódico quiere lanzar sus dardos. Hay muchas más en las que tenemos puesta la vista, pero queríamos hacer una selección para que el lector sepa a dónde apuntamos. No son sólo fijaciones de nuestra redacción. Las compartimos con miles, seguramente millones de ciudadanos. En un principio propusimos 25 y las sometimos al parecer de nuestros suscriptores. Entre el 22 de agosto y el 6 de septiembre nos remitieron 947 comentarios que han servido para mejorar el tiro y ampliar el número de blancos, que al final han llegado a 30.

1.- España y las Españas

España es la morada vital de los españoles. Es también la entidad histórica y política que garantiza los derechos y libertades de todos los ciudadanos, la solidaridad entre sus habitantes y el anclaje con la Unión Europea. Tenemos mucho de lo que enorgullecernos y unas cuantas cosas de las que avergonzarnos. Debemos impulsar un patriotismo transversal basado en los valores constitucionales.

El interminable proceso de transferencias del Estado a las comunidades autónomas pone en peligro la eficacia del sistema, socava la igualdad entre españoles y amenaza la propia unidad nacional. Creemos que ha llegado el momento de cerrar el modelo territorial concretando las competencias exclusivas del Estado y las materias en que pueden asumir competencias las comunidades autónomas.

España es una realidad plural. Algunos nacionalismos excluyentes plantean la segregación de sus territorios. Consideramos que es inaceptable la independencia de cualquier comunidad sin que lo decidan el conjunto de los españoles o sus representantes.

Urge desarrollar el artículo 155 de la Constitución para garantizar la lealtad de los gobiernos autonómicos al principio de legalidad, modulando la retirada de competencias y demás respuestas del Estado en función de la gravedad de las conductas. También debería restablecerse la tipificación penal de la convocatoria de consultas ilegales.

Entendemos al mismo tiempo que todo grupo de ciudadanos debe tener la posibilidad de plantear cualquier aspiración por cauces democráticos. Sería conveniente pues que la reforma de la Constitución incluyera también la regulación del derecho de secesión, como por ejemplo ha hecho Canadá con la denominada ‘ley de claridad’. Una norma similar debería implicar a las Cortes Generales en ese eventual proceso estableciendo mayorías cualificadas y otras restricciones para que resultara válido.

2.- Otra ley electoral

Seguimos teniendo la ley electoral improvisada en 1977 cuando ni siquiera se había redactado la Constitución. Es una norma que castiga a las minorías y sobre todo deja el control de diputados y senadores en manos de las cúpulas de sus partidos.

Hay que ir a un sistema que recoja más fielmente las preferencias de los ciudadanos, de forma que exista mayor proporción entre los votos y su traslación a escaños. También debe reforzarse el vínculo entre los diputados y sus electores. El modelo alemán debería ser el ejemplo a seguir: es más proporcional y da opción a elegir de forma directa a una parte de los parlamentarios en circunscripciones uninominales.

3.- Separar al Ejecutivo del Legislativo

No hay democracia auténtica sin una división real de los poderes del Estado. Planteamos avanzar hacia un régimen presidencialista que establezca una separación entre el Gobierno y el Parlamento. Un jefe del Ejecutivo elegido directamente por los ciudadanos tendría un mandato claro para gobernar pero no para legislar a su gusto.

De la misma forma, los parlamentarios tendrían independencia para aprobar leyes y fiscalizar al Gobierno, pero no para determinar su gestión. Es el sistema de equilibrios y contrapesos, habitualmente republicano pero compatible con la Monarquía.

4.- Jueces independientes

Es imprescindible impulsar y proteger la independencia de los jueces frente a las injerencias del poder político. Hay que reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial para restablecer el principio constitucional de que sean los magistrados quienes elijan de forma directa a la mayoría de los miembros del CGPJ. El fiscal general debería ser nombrado por una mayoría cualificada del Parlamento y no por el Gobierno.

Por otra parte, una Justicia lenta, incapaz de juzgar a su debido tiempo, no es tal. Hay que agilizar la Justicia dotándola de medios para que actúe con mayor celeridad y eficacia.

5.- Democratizar los partidos

Los partidos están controlados por sus cúpulas, elegidas a menudo a dedo. Hay que desarrollar el artículo 6 de la Constitución que establece que su “estructura y funcionamiento interno deberán ser democráticos”. Una ley tendría que supeditar las subvenciones que reciben las formaciones políticas a requisitos como la elección de sus líderes mediante el voto de los afiliados, la celebración de primarias para designar los candidatos a cargos públicos relevantes o la limitación de mandatos.

Algunas de estas exigencias habría que extenderlas a los sindicatos y organizaciones empresariales, receptores también de ayudas públicas. Al igual que los partidos, estos colectivos han perdido legitimidad social por su anquilosamiento y por cobijar prácticas irregulares.

6.- Combatir la corrupción

La corrupción encuentra el campo abonado allí donde hay opacidad. La sociedad tiene que poder examinar la gestión de los servidores públicos y debe poder acceder de forma sencilla a cualquier información relevante. Las leyes de transparencia han de hacer justicia a su nombre y transformar los muros de la Administración en paredes de cristal.

Para recuperar la confianza de los ciudadanos en las instituciones debe acometerse una reforma de la Ley de Contratos del Estado que elimine la arbitrariedad en la toma de decisiones. Hay que reforzar las garantías de imparcialidad y correcto funcionamiento de la Administración devolviendo el protagonismo a funcionarios de carrera que han sido sustituidos por personal de confianza y de libre designación.

Ningún dirigente beneficiado por la financiación ilegal de su partido debería poder volver a presentarse a las elecciones. Hay que perseguir así mismo a los corruptores, prohibiendo que las empresas que resulten condenadas con sentencia firme participen en concursos públicos.

El Tribunal de Cuentas, órgano fiscalizador de la gestión económica del Estado, del sector público y de los partidos políticos, tiene que estar formado y dirigido por funcionarios de carrera. Sólo así quedará garantizada su independencia.

Hay que acabar, por otra parte, con el aforamiento de los parlamentarios, de manera que su protección se circunscriba a su actividad estrictamente política.

7.- Adelgazar la Administración

Los gobernantes han creado un aparato elefantiásico pensando más en intereses políticos que en el servicio a los ciudadanos. El resultado es una Administración cara, sobredimensionada e ineficiente.

Se debe reducir de forma drástica la capacidad de los cargos públicos para contratar asesores.

Urge acabar con la duplicación de competencias y suprimir órganos como consejos jurídicos consultivos, tribunales de cuentas o defensores del pueblo autonómicos. Se impone la disminución del número de parlamentarios regionales y la supresión de las diputaciones provinciales.

Hay que plantear en serio la reducción de ayuntamientos, urgiendo a fusionarse a los municipios que no alcancen los 5.000 habitantes.

La Administración tiene que aprovechar las nuevas tecnologías para aligerar su aparato y ahorrar tiempo y dinero al ciudadano. La máxima debería de ser: más internet, menos ventanilla.

8.- Bajar los impuestos

Aunque la presión fiscal en España apenas llegue al 33% y sea una de las más bajas de la OCDE, la dimensión de la economía sumergida y el fraude a altos niveles hacen que el peso de la recaudación se concentre en el IRPF y el IVA. Una carga tributaria superior al 50% de sus ingresos como la que soportan muchos contribuyentes convierte los impuestos en un arma confiscatoria en manos del Estado.

Las autoridades deben aplicar criterios equitativos: ni la cultura se puede gravar con un IVA del 21% ni la prensa electrónica deber padecer una carga fiscal mayor que la prensa tradicional.

Debe suprimirse el Impuesto de Sucesiones y Donaciones. Resulta abusivo someter a tributación un patrimonio por el que ya se han satisfecho cargas impositivas desde su gestación hasta el momento de ser legado.

Hay que combatir de forma más resuelta el fraude a Hacienda y la economía sumergida. Cabe incentivar el pago con tarjeta -fiscalmente incontrovertible- en detrimento de las transacciones en efectivo.

9.- Multas de tráfico proporcionadas

La Administración ha encontrado en las multas de tráfico -tanto en vías urbanas como en carretera- una vía fácil para obtener ingresos. La mayoría de infracciones sancionadas, con cámaras, radares y controles estratégicamente situados, no suponen peligro alguno para el conductor ni para el resto de automovilistas. Lo que se persigue no es la seguridad vial sino, descaradamente, la recaudación.

Las multas tienen que recuperar su verdadero sentido como freno a las conductas imprudentes y guardar, en su cuantía económica, proporción con la falta cometida. Para lograrlo, podría establecerse que las sanciones fueran progresivas, de forma que la primera resultase menos gravosa y su cuantía fuera aumentando en adelante, con lo que se prevendría la reincidencia. Habría que señalizar bien los puntos negros y las zonas particularmente sensibles -como las escolares-, y ahí sí, ser particularmente vigilantes.

10.- Mejor enseñanza

Las leyes de educación deberían necesitar de un apoyo amplio del Parlamento para poder ser aprobadas. El listón podría situarse en dos tercios de la Cámara. Esta fórmula permitiría, en la práctica, alcanzar un gran pacto nacional por la educación, lo que evitaría modificaciones en la normativa a cada cambio de Gobierno.

España viene invirtiendo ingentes cantidades de dinero público en la enseñanza sin que ello se traduzca en una mejora de su calidad. Hay que reestructurar el sistema, garantizar la escolaridad temprana (de 0 a 3 años), moldear la secundaria según las aptitudes de los alumnos y romper la endogamia para que las universidades sean viveros de talento y cualificación profesional.

Hay que ir también a una armonización de programas. No es serio que en cada autonomía se estudie la Historia con versiones distintas o incluso opuestas de unos mismos hechos.

ilustracion espanol nueva

Ilustración: Javier Muñoz

11.- Más inglés

Uno de los síntomas del fracaso de nuestro modelo educativo es la baja capacitación en inglés de los españoles. El inglés, como lengua de comunicación internacional, debería ser una prioridad a todos los niveles.

Hay que fomentar la exhibición de películas en versión original subtitulada, tanto en cine como en televisión.

Podría implantarse un sistema de intercambio de maestros con países anglófonos, de manera que los educadores tuvieran una inmersión real. Eso facilitaría también que los niños recibieran clases con profesores nativos.

12.- Libertad en la lengua vehicular

En algunos lugares de España las lenguas han dejado de ser un instrumento de comunicación de las personas y se han convertido en una herramienta política. Para evitar imposiciones y asegurar el bilingüismo donde lo hay -ésa y no otra es la auténtica normalización- debe quedar garantizada la libre elección de lengua vehicular en la enseñanza y en las relaciones de los ciudadanos con la Administración. Es intolerable que haya comunidades en las que la lengua oficial del Estado está marginada en uno y otro ámbito.

13.- Racionalizar los horarios

Hay que legislar para lograr una jornada laboral más apropiada que favorezca el aumento de la productividad y aumente la calidad de vida de las personas.

España tiene unos horarios muy distintos al resto de Europa: se sale tarde del trabajo y se retrasan en exceso la comida y la cena. Eso condiciona la vida familiar. Hay que fomentar la jornada continua, suprimir la parada del desayuno y reducir la hora de la comida para ganar tiempo para el ocio.

Además, nuestra hora oficial no coincide con la hora solar. Utilizamos el horario de Europa central pese a que la mayor parte de España queda al oeste del meridiano de Greenwich. Habría que retomar el huso horario que nos corresponde: el mismo que Portugal y Reino Unido, y el que ya tienen las Islas Canarias.

14.- Reducir el paro juvenil

Un país que quiere mirar el futuro con confianza no puede tener a la mitad de sus jóvenes en paro. Todo Gobierno debe presentar un plan de choque que impulse la contratación de menores de 30 años. Hay que simplificar el mercado laboral con un contrato único que facilite la gestión al empresario y dé mayores garantías y seguridad al trabajador.

15.- Apoyar a los emprendedores

Ser emprendedor sigue siendo hoy en España una carrera de obstáculos: lejos de encontrar facilidades, todo son trabas y trámites burocráticos que se eternizan en los despachos. La propia historia de la creación de EL ESPAÑOL da fe de ello. Hay que simplificar de una vez los procesos administrativos para fundar empresas, que son la base de la riqueza de un país.

Cabe fomentar sistemas de financiación alternativos como el crowdfunding.

16.- Igualdad salarial para la mujer

Según un informe de la UE, la brecha salarial entre hombres y mujeres en España es del 19,3%, cuando la media de la zona euro está en el 16,6%. Ello obedece tanto a la discriminación directa -igual trabajo, menor salario- como al tipo de empleos que se conceden a las mujeres. Sin embargo el número de mujeres graduadas en educación superior en España supera ya en casi un 30% al de hombres. Estos datos reflejan una injusticia que la sociedad no debe consentir.

17.- La violencia en el ámbito doméstico

La muerte de mujeres a manos de sus parejas o ex parejas es una tragedia para la que la sociedad sigue sin enconrtrar solución. Pero la violencia de género es, además, el reflejo de un problema mayor: la violencia dentro del hogar, que también se ejerce contra ancianos, menores…

El asunto merece ser abordado con una ley integral que reforme la actual de violencia de género y que acabe con la discriminación por sexo que ésta encarna: a igual conducta debe haber igual sanción. Se necesitan más juzgados, más fiscales y mayor prevención.

18.- Atención a los mayores

Las personas mayores deben ser una prioridad, y no sólo desde el punto de vista asistencial, sino por su aportación valiosa a la sociedad. Hay que atrasar de forma flexible la edad de jubilación, estimulando la participación de los mayores en todo tipo de actividades, ya sea de tipo profesional o de carácter social.

19.- Igualdad sanitaria

Todos los ciudadanos españoles deben tener derecho a las mismas prestaciones sanitarias, independientemente del territorio en el que residan. Además, un paciente nunca tendría que sentirse desprotegido en una región que no sea la suya. Hay que implantar una sola tarjeta sanitaria en todo el país.

20.- Derecho a muerte digna

Los avances médicos posibilitan hoy alargar la vida de enfermos terminales, en ocasiones, con gran padecimiento para los afectados. En estos casos, es fundamental que los cuidados paliativos estén a disposición del paciente, porque permiten conllevar el sufrimiento y, en último término, afrontar la muerte con dignidad.

21.- Más Europa y más América Latina

España tiene que hacer causa común con los países que apuestan por dar un nuevo impulso a la Unión Europea. Sólo unidos, los europeos podrán recuperar su posición estratégica y tener voz y protagonismo en el nuevo orden mundial que se está configurando. Para ello es imprescindible superar el déficit democrático de la UE, reducir su burocracia y establecer una política económica común en la zona euro.

El compromiso con Europa no ha de ser obstáculo para intensificar las relaciones con Latinoamérica, con la que constituimos una comunidad de 400 millones de hablantes con singulares lazos históricos y afectivos. España tiene que hacer valer en Bruselas ese vínculo privilegiado.

22.- Las víctimas del terrorismo

La memoria y el respeto hacia quienes han sufrido la barbarie terrorista no pueden languidecer por el hecho de que hayan cesado el secuestro y el tiro en la nuca. Las monstruosidades que ETA y otros grupos terroristas han cometido en España y el sacrificio de sus víctimas no pueden ser amortizadas por el presentismo.

La pervivencia de la amenaza yihadista y el ascenso de fuerzas políticas que insisten en situar en un mismo plano a asesinos y asesinados, añade motivos para reforzar la protección de las víctimas. Ellas son el mejor estandarte para deslegitimar social y políticamente cualquier proyecto totalitario.

Las autoridades tienen que esforzarse por resolver los crímenes de ETA aún pendientes de esclarecer, de la misma forma que están obligadas a investigar cualquier elemento que contribuya a clarificar en todos sus extremos los atentados del 11-M.

Hay que prohibir que cualquier imputado o condenado por pertenecer a banda armada pueda acceder a un cargo público.

23.- Evitar la muerte de inmigrantes

La tragedia que supone que miles de personas desesperadas mueran cada año intentando alcanzar Europa no puede sernos ajena. España, por su situación geográfica, conoce bien el problema. El asunto hay que abordarlo con realismo: es imposible acoger a todas las personas que están dispuestas a abandonar sus países. Ningún Estado del mundo permite la libre entrada en su territorio porque los efectos serían catastróficos.

Cabe actuar en la prevención, invirtiendo en los países de origen de los inmigrantes, ofreciendo información y cerrando acuerdos con sus autoridades para regular flujos asumibles. También hay que actuar contra las mafias del tráfico de seres humanos. Se trata, pues, de una política que por su alcance y envergadura debe coordinarse dentro de la Unión Europea.

24.- Proteger el bosque, repartir el agua

Conservar la naturaleza y aprovechar bien sus recursos deben ser dos caras de una misma moneda. Recuperar masa forestal ha de ser una prioridad en un país como España, en grave riesgo de desertización. Salvar el bosque es preservar la riqueza de nuestra biodiversidad, la flora y la fauna. De la misma forma, hay que actuar en el mar, restringiendo zonas a la pesca para que nuestras aguas no acaben esquilmadas.

El agua es vital para la economía y la cohesión de un país. En España está mal repartida. Su gestión tiene que ser una competencia nacional. Sólo con visión de Estado, a través de un Plan Hidrológico Nacional, se puede contribuir a una mejor distribución de los recursos hídricos.

25.- El coche eléctrico, energía limpia

El progresivo deterioro del medio ambiente es inquietante en todo el mundo y se ha agravado como consecuencia del calentamiento global. España tiene que ser ejemplar en la reducción de emisiones y en el ahorro energético. El coche eléctrico es una opción realista. Habría que fomentar su uso dando facilidades a la compra y la recarga de baterías. Su implantación es el ejemplo de lo que debería ser la transición hacia un modelo energético sostenible desde el punto de vista económico y medioambiental.

Hay que invertir en la investigación y promoción de renovables para intentar alcanzar un modelo basado en energías limpias, en las que España es rica.

26.- Internet para todos, internet neutral

En la era de la comunicación hay que facilitar la conectividad invirtiendo en infraestructuras. Las autoridades deben hacer un esfuerzo facilitador para que la oferta de conectividad sea adecuada en cobertura y ancho de banda en todos los espacios urbanos, de manera que sea una herramienta verdaderamente útil y al alcance de los ciudadanos.

Las operadoras de telecomunicaciones deben garantizar la no discriminación en el envío y recepción de datos. Los ciudadanos y las empresas tienen derecho a que el tráfico de datos recibido o generado no sea manipulado, tergiversado, impedido, desviado, priorizado o retrasado en función del tipo de contenido, del protocolo o aplicación utilizado, del origen o destino de la comunicación ni de cualquier otra consideración ajena a la de su propia voluntad. Ese tráfico se tratará como una comunicación privada y únicamente bajo mandato judicial podrá ser intervenido.

27.- Libertad en la televisión

Los políticos tienen que dejar de contemplar la televisión como un instrumento de propaganda a su servicio. En la concesión de franjas del espacio radioeléctrico se debe fomentar el pluralismo. Habría que cerrar todas las televisiones públicas que no aporten provecho y supongan un agujero para el erario.

Hay que propiciar el aumento del ancho de banda para impulsar la distribución de contenidos televisivos a través de internet.

28.- Justicia en el deporte, ojo de halcón incluido

La tecnología se ha introducido en el deporte para hacer justicia en los lances controvertidos que pueden ser decisivos para el resultado de una competición. El baloncesto o el tenis son dos buenos ejemplos. Sin embargo, el fútbol, que moviliza más aficionados y genera un enorme negocio, sigue mostrándose refractario a incorporar los avances tecnológicos. Es un error que hay que corregir, particularmente en un momento en el que las sospechas acerca de la limpieza de la competición pueden dispararse como consecuencia del protagonismo que han adquirido las apuestas deportivas.

El ojo del halcón es así un símbolo del juego limpio y de la necesidad de modernizar el deporte. Hay que combatir el dopaje, el amaño de partidos, las comisiones ilegales y la corrupción en las federaciones y en los comités.

29.- Contra la mala educación

En España se grita en lugares públicos, se insulta en los lances de tráfico, se silban los himnos, se circula con motocicletas ruidosas incluso a horas intempestivas, se aparca por sistema en doble fila, se dejan los excrementos de los perros en la vía pública, se escupe en el empedrado, en los bares se arrojan al suelo las cáscaras de crustáceos, se olvida usar el desodorante aun en plena canícula, se tutea a cualquier desconocido, se injuria y blasfema en los recintos deportivos… Por desgracia en eso aun somos diferentes. La mejora del civismo debe ser un empeño de todos: de la Administración y de los propios ciudadanos.

30.- La Ñ

El español es la lengua que nos abre las puertas de un continente entero y nos proyecta al mundo, donde lo hablan más de 500 millones de personas. La Ñ es un símbolo de su riqueza en la medida en que representa con una sola letra un fonema para el que otros idiomas necesitan dos. A todos los españoles nos interesa que los grandes actores de internet incluyan la Ñ en sus sistemas operativos y que la Unión Europea -en contra de su actitud inicial- proteja e impulse su utilización.

Qué es el federalismo y qué habría que hacer para que funcionara en España

catalunya reconocida

Cualquier reforma del Tribunal Constitucional debe ser lo suficiente sólida para que las autonomías crean que es posible ganar disputas sobre competencias incluso cuando el Gobierno central está en manos de partidos que se oponen a la descentralización. 

Ilustración: Javier Muñoz

El 6 de noviembre del 2012 los votantes de Colorado acudieron a las urnas para escoger un nuevo presidente. La votación resultó ser un tanto especial por dos motivos.

El primero tenía que ver con la forma en que los ciudadanos del estado ejercieron su derecho a voto: fue la última vez que tuvieron que ir a un colegio electoral: desde 2014 el voto se hace completamente por correo para intentar aumentar la participación.

El segundo motivo fue que se sometía a voto una enmienda sobre la marihuana. Como es habitual en Estados Unidos, en la papeleta había mucho más que un par de nombres y listas de partidos. Los ciudadanos de Colorado debían escoger también representantes al Congreso, miembros del consejo de educación del estado, regentes de la Universidad de Colorado, representantes y senadores estatales, fiscales de distrito, consejeros de la autoridad regional del transporte, jueces del Supremo y miembros del tribunal de apelaciones y además votar sobre tres enmiendas constitucionales.

Dejando a un lado la imposibilidad de que alguien sea capaz de votar en todas estas elecciones teniendo una idea medio aproximada sobre los candidatos, una de las enmiendas constitucionales (la 64) había recibido especial atención. El texto, según aparecía en las papeletas en castellano, decía lo siguiente:

¿Debe haber una enmienda a la constitución de Colorado con respecto a la marihuana y, en relación con la misma, disponer la regulación de la marihuana; permitir a una persona de veintiún años de edad o mayor a consumir o poseer cantidades limitadas de marihuana; disponer el otorgamiento de licencias de instalaciones de cultivo, instalaciones de fabricación de productos, instalaciones de prueba y tiendas al por menor; permitir a los gobiernos locales que regulen o prohíban dichas instalaciones; exigir a la asamblea general que promulgue un impuesto de consumo a gravarse en la venta al por mayor de la marihuana; exigir que los primeros $40 millones en ingresos recaudados anualmente por dicho impuesto se acrediten al fondo de asistencia de capital de construcción de escuelas públicas; y exigir que la asamblea general promulgue legislación que rige el cultivo, procesamiento y venta de cáñamo industrial?

La redacción no es muy elegante pero lo que se le pregunta a los votantes es si Colorado debe legalizar el uso, la venta, la producción y la distribución de la marihuana. Los primeros 40 millones de dólares en impuestos recaudados cada año con la venta del cannabis y sus derivados se destinarán a la construcción de colegios públicos. Los votantes de Colorado son un tanto hippies. No sólo ayudaron a reelegir a Barack Obama. También se pronunciaron a favor de la enmienda por un margen de 11 puntos.

Junto a Washington, Colorado fue el primer estado en legalizar el cannabis por completo.

Cannabis y federalismo

En términos legales, esta enmienda a la constitución de Colorado abre algunas cuestiones interesantes. La legalización contradice de forma completa, directa y obvia la legislación federal.

El sistema constitucional americano otorga primacía a las leyes del Congreso sobre cualquier legislación estatal. Si una ley federal contradice una norma estatal, la primera tiene precedencia de forma automática. El Gobierno federal, por lo tanto, podría detener a cualquier ciudadano de Colorado que vendiera marihuana vulnerando la legislación federal. Que el pueblo de Colorado hubiera expresado democráticamente su voluntad de poder drogarse no tenía la más mínima importancia: en el momento en que un caso acabara en los tribunales, los jueces invalidarían la enmienda sin dudarlo.

El hecho que el Gobierno federal pudiera demoler la legislación en los tribunales, sin embargo, no quiere decir que quisiera hacerlo. El Gobierno de Obama no se distingue por sentir el mismo fervor fanático contra el cannabis que sentían algunos de sus predecesores. Su departamento de justicia lleva años presionando al Congreso para que relaje la draconiana legislación penal sobre la materia.

Es un asunto que no importaba demasiado al Gobierno federal. En vez de acudir a los tribunales, las agencias federales recibieron la orden de dejar de perder el tiempo con la marihuana en Colorado y en Washington, y dedicar su vida a cosas más productivas que cabrear a hippies que no molestan a nadie.

Ésa era la teoría. El problema fue que los estados vecinos de Colorado no tenían la misma opinión. Los fiscales generales de Oklahoma y Nebraska, dos lugares con un número de hippies mucho menor, dicen estar hartos de perseguir a tipos en las regiones limítrofes con Colorado que fuman substancias prohibidas compradas al otro lado de la frontera. La legalización de la venta y el comercio de cannabis les perjudican pero el Gobierno federal ha decidido mirar hacia otro lado. Por eso estos dos estados han decidido llevar a su vecino a los tribunales pidiendo que el Gobierno federal derogue la derogación de la enmienda 64.

Puede parecer una disputa un tanto extraña entre dos estados conservadores y uno progresista. Pero no es un problema poco habitual en un Estado federal desarrollado y maduro como Estados Unidos. Aquí hay 50 estados soberanos, un montón de tribus indias, incontables agencias públicas y distintos órganos de la administración local.

Los políticos y los fiscales generales dedican un tiempo descomunal a ponerse pleitos unos a otros. En parte por la desmedida afición de los americanos a resolverlo todo con abogados y en parte por la naturaleza ambigua y el mayor poder judicial que rige en los sistemas anglosajones. Pero sobre todo por la propia naturaleza de la descentralización política en una nación donde existe un sistema federal.

El rompecabezas

En un sistema federal es inevitable que haya políticos distintos rindiendo cuentas a electorados diferentes. Los líderes de cada estado o región van a hacer promesas distintas a sus votantes y tendrán preferencias e ideologías dispares. Todos ellos estarán respaldados por una sólida legitimidad democrática y tendrán todo el derecho del mundo a decir que representan la voluntad de sus votantes. Es de esperar que políticos distintos votados por gente distinta tengan ideas distintas sobre cómo interpretar y aplicar las leyes y que surjan disputas sobre quién puede hacer qué. En un Estado de Derecho, cuando hay un conflicto de legitimidades democráticas, esas disputas acabarán de forma irremediable en los juzgados.

Al pensar en una democracia, nos imaginamos una sociedad que resuelve sus conflictos votando después de un debate público. Los ganadores aplican su criterio, los perdedores admiten que son minoría y la vida sigue. Es un sistema simple y fácil de entender. Casi parece lógico.

Las federaciones, sin embargo, parecen trastocar esta lógica. En lugar de tener un solo Gobierno y una votación, tienen una fragmentación semiarbitraria de legitimidades democráticas. No hay un debate sino varios y no siempre se sale con la suya quien tiene más votos sino un señor con toga que interpreta la constitución. Parece rebuscado, casi injusto.

Si pensamos en un sistema federal, sin embargo, no debemos verlo bajo un prisma estrictamente democrático. La democracia es un método para escoger ganadores. Las federaciones son un método de administrar las diferencias y hacer que los que puedan verse representados quienes serían perdedores en una democracia unitaria.

No tragarse sapos

La democracia es un sistema injusto con las minorías perpetuas. Por mucho que los políticos aspiren al debate inspirado y a decisiones que incluyan a todo el mundo buscando el bien común, la realidad es que el bien común no existe. En un mundo de recursos económicos limitados, cuando toca hacer presupuestos, decidir cuántos hospitales construimos y qué idiomas enseñamos en la escuela, siempre habrá alguien que saldrá perdiendo.

En sociedades tan diversas como las nuestras, es muy probable que haya minorías que siempre lo son. Personas que se quedan sin profesores de catalán o que se resignan a que el Estado pague por cosas inmorales y sucias. El federalismo es en el fondo un sistema para acomodar las preferencias de estos grupos y permitir que en un mismo país puedan convivir visiones distintas sobre qué es el bien sin que nadie tenga que tragarse sapos eternamente.

A menudo lo que deciden los votantes a uno y otro lado de la frontera de dos estados federados será contradictorio. A veces los responsables del Gobierno central decidirán que la parte del bien común que ellos pueden decidir es un poco mayor de lo que era hasta ahora. El resultado será un régimen político feo, bronco, poco elegante y repleto de abogados. Dicho en otras palabras, una federación perfectamente normal.

La realidad es que las federaciones son sistemas políticos realmente feos. Una constitución federal está construida, de origen, anticipando que los habitantes del país no se van a poner de acuerdo en casi nada y que es mejor tenerlos repartidos. Es un sistema que desconfía profundamente de los políticos y que parte de la idea de que los ganadores de las elecciones van a ser injusto con los perdedores. Es un sistema pesimista que cree que a los líderes de un país no se les puede tratar como adultos y que necesitan supervisión judicial para resolver disputas y minimizar la cantidad de votantes de los que pueden abusar. Son supuestos realistas, obviamente, así que las federaciones acostumbran a convertirse en festivales judiciales.

El caso de España

Al hablar de España, el debate sobre el federalismo parte en gran medida de un punto de partida erróneo.

Para empezar, el sistema autonómico es básicamente un sistema federal. Si las autonomías tuvieran mejor representación a nivel nacional y el sistema de financiación fuera menos demente, sería una federación casi completa. El sistema comparte todas las virtudes de una federación y también incorpora su naturaleza alegremente caótica y su aprecio por los tribunales.

Dado que los sistemas políticos no son competiciones estéticas, esto no debería ser un problema. Los votantes verían las bizantinas discusiones legales con el mismo desagrado que los votantes americanos pero no ocurría mucho más. En el caso español, sin embargo, la naturaleza improvisada de nuestra cuasi-federación hace que el tribunal dedicado a resolver disputas tenga carencias importantes.

Los tribunales federales siempre están politizados. Esto sucede porque es casi imposible construir un sistema judicial que no tenga a políticos metiendo la zarpa en algún momento y porque las sentencias que resuelven las disputas entre gobiernos son casi siempre políticas y se acaban adjudicando según lecturas de la constitución más o menos ideológicas.

En el caso español, sin embargo, el problema no es que el Tribunal Constitucional esté politizado sino que está politizado de forma equivocada por los políticos erróneos. Las federaciones administran diferencias pero los magistrados del Constitucional salen de la institución más estrictamente democrática del sistema político español: el Congreso de los Diputados.

El resultado es una institución concebida para controlar a la mayoría y diseñada para resolver disputas entre legitimidades democráticas que sin embargo a menudo tiene opiniones furibundamente democráticas y refleja la opinión del Gobierno de turno.

Cuando el partido con mayoría en el Congreso está cómodo con el sistema autonómico, no es un problema demasiado acuciante. Pero cuando eso no sucede el Constitucional se convierte en una máquina de recordar a las minorías perpetuas (catalanes y vascos) que las instituciones no están ahí para proteger sus diferencias.

La tercera vía

La llamada “oferta federalista” o tercera vía en el fondo tiene que partir de una idea muy simple: proteger la diferencia. Se puede hablar de reformar el sistema de financiación, de dar más voz a las autonomías en el senado o de clarificar la distribución de competencias y todas estas reformas son necesarias. Pero para que la oferta federal sea creíble el punto de partida tiene que ser una reforma del Tribunal Constitucional.

La reforma debe ser lo suficiente sólida para que las autonomías crean que es posible ganar disputas sobre competencias de forma regular incluso cuando el Gobierno central está en manos de partidos que se oponen a la descentralización. El tribunal debe ser capaz de leer la Constitución y aplicarla de forma que las minorías entiendan que sus derechos están protegidos y no dependen de la buena voluntad del Congreso.

Esto se puede hacer despolitizando el Constitucional y haciéndolo profesional o dando una voz mucho mayor a las autonomías en la elección de magistrados.

Dada la naturaleza de sus sentencias, politizar las nominaciones no me parece una mala idea, siempre y cuando el proceso refleje la naturaleza contramayoritaria de la institución y el federalismo. En Estados Unidos las confirmaciones judiciales están bajo el control del Senado, que es una institución radicalmente antidemocrática.En España podríamos reformar el Senado para dar más peso a los gobiernos autonómicos o incluso hacer que las comunidades históricas designen directamente un número determinado de magistrados.

Esta reforma no sólo sería buena para Cataluña sino para el sistema autonómico en su conjunto. Una federación es un sistema político complejo y funciona mejor si las disputas tienen resultados predecibles. Si el Tribunal Constitucional depende menos de las simpatías políticas del Gobierno de turno, veremos menos sentencias como las de las reformas estatutarias de años recientes, cuando artículos idénticos eran tumbados en la reforma catalana pero aprobados sin rechistar en los casos de Valencia o Andalucía. Hacer el sistema más consistente y sensato es siempre una buena idea, por mucho que siga existiendo el inevitable runrún de disputas legales constantes.

Si de algo debemos estar seguros es de que el federalismo no va a eliminar las disputas entre Cataluña y el Gobierno central. Ése no debe ser el objetivo que busque una reforma constitucional. Un Estado moderno (sea una democracia jacobina pura o una federación) es un sistema para resolver desacuerdos, no para acallarlos.

Una federación bien diseñada admite que no tenemos por qué estar siempre de acuerdo y es mejor así. Lo importante, y el punto clave para resolver el encaje de Cataluña dentro del sistema, es que las decisiones en materias que preocupan a la minoría se decidan siguiendo criterios legales, no democráticos.

Tiempo de reinventar España

plan de ruta

Es tiempo de grandeza política capaz de generar nueva esperanza en este proyecto compartido a muchos que ya lo creen inviable pero que estarán encantados de que alguien les demuestre que no es verdad.

Ilustración: Javier Muñoz

Vemos estos días un súbito despertar de algunos proclamando su amor por Cataluña a los pocos días de unas elecciones que pueden derivar en el mayor envite territorial sufrido por España en más de un siglo. Sin cuestionar su buena fe, son discursos que llegan tarde y llegan mal. Son discursos que apenas están ya a tiempo de influir en la decisión de millones de votantes, convencidos de que con su voto inician un viaje hacia un futuro mejor dentro de una quimérica república catalana que les dará y permitirá todo cuanto España les ha prohibido y denegado desde comienzos del siglo XVIII.

Y sin embargo, aunque esos gestos de credibilidad escasa o nula no convenzan a nadie a estas alturas, no es estéril que empiecen a sonar (¡por fin!) las alarmas de emergencia en las sedes de los principales partidos, en las redacciones de los medios nacionales, en la dirección general de las grandes empresas y entre todos aquellos que conforman la dirección política, social y económica del país. Hace años que todos ellos han ignorado, con negligencia culpable en distinto grado, los repetidos avisos de tsunami que les llegaban desde Cataluña. O, cambiando de imagen, a lo sumo la veían como una de esas epidemias lejanas para la que quizá se envía como asistencia algo de dinero pero que no requiere un plan de acción porque esos virus están en otras tierras y no deberían afectar al bienestar de la propia familia.

Han tardado. Pero ya empiezan a ver que eso es un absurdo, una ensoñación tan alejada de la realidad como la quimera de los independentistas. Éstos sueñan con una república catalana sentada en el Consejo europeo, y no la verán jamás. Y tantos en Madrid y en otros puntos de España, aburridos de la cosa catalana que apenas entienden, han creído que por el solo hecho de ignorarla pasará como una calentura social tras un partido de fútbol. Pronto unos y otros se verán enfrentados a una realidad seria, grave, histórica, que exigirá planes y decisiones para los que no han sabido o no han querido prepararse.

Porque claro que no veremos esa república catalana desgajada de España. Eso lo sabemos todos los que tenemos los pies en el suelo, incluidos muchos de los que juegan impunemente con la buena fe y la ilusión de miles de conciudadanos catalanes. Pero eso no significa que “no va a pasar nada”. Nos dirigimos sin frenos hacia una profunda crisis constitucional en España. Hacia un conflicto jurídico y político de grandes dimensiones cuyos efectos no quedarán limitados a Cataluña. Va siendo tiempo de despertar. No existe un problema catalán. Existe un grave e inminente problema español, con causas en Cataluña y en España.

Pero dejemos las causas ahora. Determinarlas será tarea de historiadores en unos años. Agravios, recelos, errores, mentiras, intereses torticeros, también algunas decisiones de buena fe tomadas sin reflexión, todo condimentado por la crisis económica. Lo importante ahora no es eso. O mejor dicho: lo importante ahora es no perder ni un minuto en eso. Lo importante es no creer ingenuamente que mirar al pasado y culpar de todo lo que ocurre a Artur Mas, a TV3, a Rajoy, a Zapatero, al Constitucional, a quien cada uno quiera, va a cambiar el presente. El presente y el inmediato futuro son lo que son, cualquiera que sea la forma como hemos llegado hasta aquí. Quien crea que con un par de reales decretos pondrá las cosas “en su sitio” se equivoca. Quien crea que con un par de querellas bien argumentadas pondrá orden se equivoca. Por mucho fundamento que tengan los decretos y mucha razón legal esas querellas. No hay juez ni tribunal en España que pueda resolver por sí solo la que se viene encima.

Los jueces tendrán su papel y algunos deberán tener el coraje de contribuir a moderar los impulsos de los más iluminados y, con la aplicación de la ley, sentar a la mesa negociadora a los que recuperen la prudencia que tuvieron en el pasado. Sin embargo, reducir a al imperio de la ley la solución a la crisis es política y socialmente suicida.

La apuesta frontal de ruptura tiene unas determinadas mayorías cuya dimensión conoceremos pronto. Pero hay en esa tierra catalana (que muchos no independentistas también reconocemos como nación) un malestar mucho más extenso que lleva a una inmensa mayoría social a una cierta complicidad colectiva con el independentismo. Y esa inmensa, incontrolable, mayoría -que va mucho más allá de quienes desean la ruptura inmediata- rechazará de frente cualquier “agresión” española… así como casi cualquier decisión que pueda ser presentada como tal por los voceros de la Cataluña “oprimida”, por válida y justa que pueda ser. A su vez lo que se avecina no son actos burdos contra el estado de grosera estética batasuna (si me permiten la imagen, ya que algunos creen que ése es el precedente). No. Nos acercamos a escenarios de desobediencia civil planificada por profesionales de la comunicación social, de prevaricación colectiva bien planificada, quién sabe si a alguna versión adaptada de “marcha verde” (léase en sentido no necesariamente literal). Todo ello entre globos y sonrisas, apelaciones a la dignidad y la democracia, entre niños y familias, y hablando en inglés ante las cámaras del mundo. Ante eso, descartados los tanques en la avenida Diagonal, ¿cuál es el plan? ¿Mano dura a golpe de querella? ¿Redactadas por docenas contra otros tantos cargos electos? ¿En serio?

Soy el primero en apoyar la defensa de la ley y el Estado de Derecho.  Y también por ese lado habrá que estar preparado, no lo niego. Pero no bastará. Es tiempo de que España se atreva a actualizar su software y a renovar también parte de su hardware. Tiempo de grandeza política capaz de generar nueva esperanza en este proyecto compartido a muchos que ya lo creen inviable pero que estarán encantados de que alguien les demuestre que no es verdad. Tiempo de separar al independentismo radical (incapaz de aceptar cualquier propuesta) de esos millones de catalanes que sí pueden volver a creer en un proyecto común renovado y respetuoso.  Tiempo de explicar con coraje al resto de España que el cambio no es cesión a un chantaje sino generosidad e inteligencia política. Tiempo de reinventar nuestro país para que vuelva a ser atractivo para quienes integran las diversas identidades colectivas que lo componen.

Ignasi Guardans fue eurodiputado y diputado al Congreso por Barcelona. Es abogado y nieto de Francesc Cambó.

Empresarios catalanes buscan apoyos en Madrid contra el independentismo

Societat

Félix Revuelta, presidente de Naturhouse, y Josep Ramon Bosch, directivo de una multinacional química suiza, animan a otros empresarios catalanes a que alcen la voz en contra de la independencia. Los dos catalanes confían en que su ruego se oiga y poder dar la vuelta a las encuestas que vaticinan que el 27S ganarán los partidos a favor de la secesión. “Cataluña adolece de un importante déficit democrático”, alertan en un informe.

El presidente y accionista mayoritario del grupo empresarial Naturhouse, Félix Revuelta, y Josep Ramon Bosch, directivo de una multinacional química suiza, buscan desesperadamente el apoyo de empresarios catalanes de altura y confían en despertar a los catalanes que, por miedo, no quieren salir a votar el 27-S. “El empresariado catalán calla porque tiene miedo a perder subvenciones, ya que el sector público en Cataluña es muy importante”, criticó Revuelta poco después de pedir al Gobierno un poco más de cariño para que se quiera a Cataluña “como al resto de España”.

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De izda. a dcha.: Rafael Arenas, Isabel Fernandez, Josep Ramon Bosch, Jose Domingo y Francesc Moreno. EFE/Juanjo Martín.

Revuelta y Bosch han presentado este jueves en Madrid, a través de la asociación Societat Civil Catalana a la que ambos pertenecen, un informe de más de cien páginas que deja en evidencia la “falta de calidad democrática” de los comicios del 27-S. El empresario de Naturhouse puso su propio ejemplo para alertar de los problemas que traerá una hipotética independencia. “Yo no me quiero ir de Cataluña, pero tengo el 80% del negocio fuera de la región. ¿Qué hago? ¿Pago aranceles en cada uno de los países con los que trabajo? No podría, me tendría que marchar obligatoriamente”.

A dos semanas de las elecciones, Bosch y Revuelta confían en tener tiempo suficiente para poder dar la vuelta a la última encuesta del CIS, que augura que Junts pel Sí logrará la mayoría absoluta con el apoyo de la CUP si los catalanes votasen hoy. “Hay una lectura optimista y otra pesimista de este resultado. La mala es que, si se confirman estos resultados, el proceso independentista va a continuar. La buena noticia es que nos moviliza, nos despierta, a los que no pensamos como ellos”, matizó Bosch.

Estos catalanes que pregonan su amor por España saben cómo conseguir movilizar a ese porcentaje de catalanes que, por miedo, se resisten a salir a votar el 27-S. “Unió Democrática puede ser el gran escondido de las elecciones. Si conseguimos que vote el catalán al que le tiemblan las piernas cuando piensa en la que nos espera con una Cataluña independiente, no damos nada por perdido”, confía Bosch. Dicen que la máquina de márketing que protege a los independentistas es un elefante comparada con la suya, una simple hormiguita. “Necesitamos que Rafa Nadal venga a Barcelona y diga que ama Cataluña” igual que los independentistas utilizan a la actriz y humorista Karmele Marchante, a la que en Madrid se le da un gran crédito pero que en Cataluña vocea que los madrileños son unos ladrones.

Los empresarios confían en que este mensaje cale en lugares del cinturón rojo como Santa Coloma de Gramanet y Hospitalet donde hasta ahora se concentraba el voto socialista. También esperan que el PP de Xavier García Albiol ilusione también a votantes del PP que no creían en Alicia Sánchez Camacho. Pese a este cambio de estrategia del PP, el presidente de Naturhouse ha afeado al Gobierno y a Mariano Rajoy el trato que recibe la región. “Siento mucho decirlo, pero el presidente sólo viene a Cataluña a ver al PP”, concluyó.

¿El Senado a Barcelona?

Los miembros de Societat Civil Catalana ya tienen pensada la fórmula para reconciliar al Ejecutivo con los catalanes. “Se podría descentralizar algún órgano y trasladarlo a Cataluña. Se habló del Senado, no estaría mal”, dejan caer.

En el informe, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, se expone una serie de indicadores que dejan en evidencia que la independencia no sólo son bondades como dicen los independentistas. Según el documento, la independencia provocaría un efecto muy destructivo para Cataluña y para el resto de España de dimensiones todavía incalculables.

Una representación de la Junta Directiva de la entidad ha presentado el informe y ha destacado que “la Generalitat y otras instituciones y autoridades públicas catalanas han dejado de actuar en su condición de autoridades e instituciones españolas, pasando a hacerlo como la protoadministración de un estado catalán, desvinculada del ordenamiento español”. 

Déficit democrático

El informe denuncia el déficit democrático que se produce cuando la Generalitat crea organismos paralelos a los legales, con y sin resonancia mediática. La consulta del 9N supuso un fraude y una desobediencia a la ley. El documento recuerdo también el uso de organismos internacionales para fines partidistas, el adoctrinamiento ideológico en las escuelas, la discriminación lingüística en las aulas o la demonización de personas o entidades que discrepan de la línea oficial que marca el movimiento secesionista.

“Está claro que una comunidad autónoma no puede actuar con el fin de perjudicar los intereses generales del Estado”, dice el informe. “La consecución de la secesión de una parte del territorio nacional no puede ser considerada, ni siquiera en la más flexible de las interpretaciones, como compatible con dicho interés general”.

Como conclusión, los miembros de la Societat Civil Catalana han tratado de exponer y documentar de manera ordenada algunas razones por las que creen que Cataluña “adolece actualmente de un importante déficit democrático”. El informe se centra en las cuestiones que mejor conocen por haberlas vivido de cerca. “Habremos de profundizar en lo que ocurre hoy y en las raíces históricas” de esta situación.

Las 25 obsesiones de EL ESPAÑOL

ilustracion espanol nueva

Dice el Diccionario que una obsesión es “una idea que con tenaz persistencia asalta la mente”. Si esa idea es maligna -apoderarse de algo, dañar a alguien- o peligrosa -los deportes de alto riesgo- la obsesión desemboca a menudo en el delito o la desgracia. Pero si esa idea genera belleza, bienestar, justicia o libertad la obsesión se convierte en la mejor palanca de la creación artística, el progreso científico o el avance de la civilización porque la obsesión alimenta la fe, mantiene viva la esperanza e incita a la acción…

UN AGOSTO EN LA AVENIDA DE BURGOS (III)

Queridos accionistas y suscriptores:

Dice el Diccionario que una obsesión es “una idea que con tenaz persistencia asalta la mente”. Si esa idea es maligna -apoderarse de algo, dañar a alguien- o peligrosa -los deportes de alto riesgo- la obsesión desemboca a menudo en el delito o la desgracia. Pero si esa idea genera belleza, bienestar, justicia o libertad la obsesión se convierte en la mejor palanca de la creación artística, el progreso científico o el avance de la civilización porque la obsesión alimenta la fe, mantiene viva la esperanza e incita a la acción.

En el debate intelectual toda obsesión aporta el idealismo inconformista de quien aspira a perfeccionar las cosas. Frente a impulsos tan legítimos como egoístas, es un sentimiento generoso y altruista. El gran artista gráfico Alfred Stieglitz distinguía entre su “pasión” por la fotografía y su “obsesión” por la búsqueda de la verdad. Algo así como la famosa dicotomía de Isaiah Berlín entre el zorro que sabe muchas cosas y el erizo que sabe una gran cosa.

Nosotros, los fundadores de EL ESPAÑOL, no aspiramos a alcanzar ninguna certeza absoluta pero además de unos principios liberales, una conciencia cívica y un sentido solidario, fáciles de proclamar y compartir por la mayoría de nuestros conciudadanos -empezando por el resto de los medios de comunicación-, creemos tener una serie de ideas concretas que servirían para mejorar la calidad de nuestra democracia. Un agenda de propuestas capaces de impulsar en ámbitos diversos el progreso espiritual y material de los españoles.

Y si queremos transformarlas en obsesiones es porque la mayoría de ellas afectan a intereses creados, poderes constituidos e incluso a genes tan nefastos y arraigados en España como el inmovilismo y la pereza, que no bastaría con enunciarlas una o dos veces al año. Con eso no lograríamos nada. A lo sumo a escuchar la reverberación de una voz en el vacío.

No, es preciso “machacar y machacar”, como proponía Ramón Pérez de Ayala en su memorable artículo “Sobre la tontería”, publicado exactamente hace cien años en el número 35 de nuestra mater et magistra, la revista “España”. “Machacando se forja la reja del arado y se llega a la impalpable hoja o panal de oro. Machacando se consiguen los empeños, se ganan las batallas”.

Nosotros, los fundadores de EL ESPAÑOL, no aspiramos a alcanzar ninguna certeza absoluta pero […] creemos tener una serie de ideas concretas que servirían para mejorar la calidad de nuestra democracia.

El que sería considerado -junto a Ortega y Marañón- como uno de los tres “padres intelectuales” de la Segunda República pedía beligerancia constante frente al “monstruo enervante, fiero, espantoso, abrumador de la tontería… que en España tiene su madriguera”. ¿Cómo no sentir la actualidad de su diagnóstico cuando explicaba que el problema de nuestro país -y no digamos de nuestra clase política- es que “todos los tontos juntos parecen un sólo tonto” porque “cuando tropezamos con un nuevo tonto nos parece que es el mismo tonto con que antes habíamos tropezado innumerables veces”?

Ilustración: Javier Muñoz
Ilustración: Javier Muñoz

Basta recalar en los aborregados predios del Congreso y el Senado, no digamos de los parlamentos autonómicos, y escuchar a sus ortopédicos portavoces o a ministros, subsecretarios, consejeros, consellers o conselleiros para tener esa sensación tan coral como unívoca. Parafraseando a Espríu “diversas son las hablas, diversas las palabras”, pero “han convenido todas” en una misma lengua de madera: la de la cupulocracia. Se manda desde arriba, se obedece desde abajo, a costa del secuestro de nuestros derechos de participación política.

Por eso hay que “machacar y machacar”, por eso llamamos a nuestras prioridades “obsesiones”; porque ellos tienen las televisiones públicas y privadas, la prensa empapelada y todos los resortes del poder económico a su servicio. Nosotros, sólo la fuerza contagiosa de un movimiento ciudadano. Esta melodía regeneracionista -ni revolución ni inmovilismo, reformas radicales- debe sonar dos o tres veces por mes, dos o tres veces por semana, dos o tres veces por hora, dos o tres veces por minuto hasta ir calando como un chirimiri pertinaz y oxigenante en los huesos de la España que necesita el cambio.

Desde que el 1 de enero anuncié la fundación de EL ESPAÑOL vengo diciendo que lo haremos juntos. Ha llegado el momento de pasar a la acción. Aquí están nuestras 25 obsesiones a modo de ponencia. Si sois accionistas o suscriptores tenéis dos semanas para valorarlas, comentarlas, enmendarlas o completarlas. Puesto que seremos vuestra voz, esperamos vuestra ayuda para moldearla y modularla.

 

1.- España y las Españas

España es la morada vital de los españoles. Es también la entidad histórica y política que garantiza los derechos y libertades de todos los ciudadanos, la solidaridad entre sus habitantes y el anclaje con la Unión Europea. Tenemos mucho de lo que enorgullecernos y unas cuantas cosas de las que avergonzarnos. Debemos impulsar un patriotismo transversal basado en los valores constitucionales.

El interminable proceso de transferencias del Estado a las comunidades autónomas pone en peligro la eficacia del sistema, socava la igualdad entre españoles y amenaza la propia unidad nacional. Creemos que ha llegado el momento de cerrar el modelo territorial blindando en la Constitución las competencias exclusivas del Estado y fijando el techo de las competencias autonómicas.

España es una realidad plural. Algunos nacionalismos excluyentes plantean la segregación de sus territorios. Consideramos que es inaceptable la independencia de cualquier comunidad sin que lo decida el conjunto de los españoles o sus representantes.

Urge desarrollar el artículo 155 de la Constitución para garantizar la lealtad de los gobiernos autonómicos al principio de legalidad, modulando la retirada de competencias y demás respuestas del Estado en función de la gravedad de las conductas. También debería restablecerse la tipificación penal de la convocatoria de consultas ilegales.

Entendemos al mismo tiempo que todo grupo de ciudadanos debe tener la posibilidad de plantear cualquier aspiración por cauces democráticos. Sería conveniente pues que la reforma de la Constitución incluyera también la regulación del derecho de secesión, como por ejemplo ha hecho Canadá con la denominada ‘ley de claridad’. Una norma similar debería implicar a las Cortes Generales en ese eventual proceso estableciendo mayorías cualificadas y otras restricciones para que resultara válido.

2.- Otra ley electoral

Seguimos teniendo la ley electoral improvisada en 1977 cuando ni siquiera se había redactado la Constitución. Es una norma que castiga a las minorías y sobre todo deja el control de diputados y senadores en manos de las cúpulas de sus partidos. Hay que ir a un sistema que recoja más fielmente las preferencias de los ciudadanos, de forma que exista mayor proporción entre los votos y los escaños. También debe reforzarse el vínculo entre los diputados y sus electores. El modelo alemán debería ser el ejemplo a seguir: es más proporcional y da opción a elegir de forma directa a una parte de los parlamentarios en circunscripciones uninominales.

3.- Separar al Ejecutivo del Legislativo

No hay democracia auténtica sin una división real de los poderes del Estado. Planteamos avanzar hacia un régimen presidencialista que establezca una separación entre el Gobierno y el Parlamento. Un jefe del Ejecutivo elegido directamente por los ciudadanos tendría un mandato claro para gobernar pero no para legislar a su gusto. De la misma forma, los parlamentarios tendrían independencia para aprobar leyes y fiscalizar al Gobierno, pero no para determinar su gestión. Es el sistema de equilibrios y contrapesos, habitualmente republicano pero compatible con la Monarquía.

4.- Jueces independientes

Es imprescindible impulsar y proteger la independencia de los jueces frente a las injerencias del poder político. Hay que reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial para restablecer el principio constitucional de que sean los magistrados quienes elijan de forma directa a la mayoría de los miembros del CGPJ. Por otra parte, el fiscal general debería ser nombrado por una mayoría cualificada del Parlamento y no por el Gobierno

5.- Democratizar los partidos

Los partidos están controlados por sus cúpulas, elegidas a menudo a dedo. Hay que desarrollar el artículo 6 de la Constitución que establece que su “estructura y funcionamiento interno deberán ser democráticos”. Una ley tendría que supeditar las subvenciones que reciben las formaciones políticas a requisitos como la elección de sus líderes mediante el voto de los afiliados, la celebración de primarias para designar los candidatos a cargos públicos relevantes o la limitación de mandatos.

6.- Combatir la corrupción

La corrupción encuentra el campo abonado allí donde hay opacidad. La sociedad tiene que poder examinar la gestión de los servidores públicos y debe poder acceder de forma sencilla a cualquier información relevante. Las leyes de transparencia han de hacer justicia a su nombre y transformar los muros de la Administración en paredes de cristal.

Para recuperar la confianza de los ciudadanos en las instituciones también debe acometerse una reforma de la Ley de Contratos del Estado que elimine la arbitrariedad en la toma de decisiones. Hay que reforzar las garantías de imparcialidad y correcto funcionamiento de la Administración devolviendo el protagonismo a funcionarios de carrera que han sido sustituidos por personal de confianza y de libre designación. Hay que perseguir también a los corruptores: las empresas condenadas con sentencia firme no deberían volver a participar en concursos públicos. Ningún dirigente beneficiado por la financiación ilegal de su partido debería poder volver a presentarse a las elecciones.

7.- Adelgazar la Administración

Los gobernantes han creado un aparato elefantiásico pensando más en intereses políticos que en el servicio a los ciudadanos. El resultado es una Administración cara, sobredimensionada e ineficiente. Urge acabar con la duplicación de competencias y suprimir órganos como consejos jurídicos consultivos, tribunales de cuentas o defensores del pueblo autonómicos. Se impone la reducción de parlamentarios regionales y la supresión de las diputaciones provinciales.

8.- Bajar los impuestos

Aunque la presión fiscal en España apenas llegue al 33% y sea una de las más bajas de la OCDE, la dimensión de la economía sumergida y el fraude a altos niveles hacen que el peso de la recaudación se concentre en el IRPF y el IVA. Una carga tributaria superior al 50% de sus ingresos como la que soportan muchos contribuyentes, convierte los impuestos en un arma confiscatoria en manos del Estado. Por otra parte, las autoridades deben aplicar criterios equitativos: ni la cultura se puede gravar con un IVA del 21% ni la prensa electrónica deber soportar una carga fiscal mayor que la prensa tradicional. También hay que combatir más resueltamente el fraude a Hacienda.

9.- Menos multas de tráfico

La Administración ha encontrado en las multas de tráfico -tanto en vías urbanas como en carretera- una vía fácil para obtener ingresos. La mayoría de infracciones sancionadas, con cámaras, radares y controles estratégicamente situados, no suponen peligro alguno para el conductor ni para el resto de automovilistas. Lo que se persigue no es la seguridad vial sino, descaradamente, la recaudación. Las multas tienen que recuperar su verdadero sentido como freno a las conductas imprudentes y guardar, en su cuantía económica, proporción con la falta cometida.

10.- Mejor enseñanza con más inglés

España viene invirtiendo ingentes cantidades de dinero público en la enseñanza sin que ello se traduzca en una mejora de su calidad. Hay que reestructurar el sistema, garantizando la escolaridad temprana, de 0 a 3 años, moldeando la secundaria según las aptitudes de los alumnos y rompiendo la endogamia de las universidades para que sean viveros de talento y cualificación profesional. Hay que ir también a una armonización de programas. No es serio que en cada autonomía se estudie la Historia con versiones distintas o incluso opuestas de unos mismos hechos. Uno de los síntomas del fracaso de nuestro modelo educativo es la baja capacitación en inglés de los españoles. El inglés, como lengua de comunicación internacional, debería ser una prioridad a todos los niveles.

11.- Libertad en la lengua vehicular

En algunos lugares de España las lenguas han dejado de ser un instrumento de comunicación de las personas y se han convertido en una herramienta política. Para evitar imposiciones y asegurar el bilingüismo donde lo hay -ésa y no otra es la auténtica normalización- debe quedar garantizada la libre elección de lengua vehicular en la enseñanza y en las relaciones de los ciudadanos con la Administración. Es intolerable que haya comunidades en las que la lengua oficial del Estado sea excluida de facto de uno y otro ámbito.

12.- Reducir el paro juvenil

Un país que quiere mirar el futuro con confianza no puede tener a la mitad de sus jóvenes en paro. Todo Gobierno debe presentar un plan de choque contra esta lacra. Hay que dar facilidades para la contratación de menores de 30 años y se tiene que simplificar el mercado laboral con un contrato único que facilite la gestión al empresario y dé mayores garantías y seguridad al trabajador.

13.- Igualdad salarial para la mujer

Según un informe de la UE la brecha salarial entre hombres y mujeres en España es del 19,3%, cuando la media de la zona euro está en el 16,6%. Ello obedece tanto a la discriminación directa -igual trabajo, menor salario- como al tipo de empleos que se conceden a las mujeres. Sin embargo el número de mujeres graduadas en educación superior en España supera ya en casi un 30% al de hombres. Estos datos reflejan una injusticia que la sociedad no debe consentir.

14.- Apoyar a los emprendedores

Ser emprendedor sigue siendo hoy en España una carrera de obstáculos: lejos de encontrar facilidades todo son trabas y trámites burocráticos que se eternizan en los despachos. La propia historia de la creación de EL ESPAÑOL da fe de ello. Hay que simplificar de una vez los procesos administrativos para fundar empresas, que son la base de la riqueza de un país.

15.- Igualdad sanitaria con muerte digna

Todos los ciudadanos españoles deben tener derecho a las mismas prestaciones, independientemente del territorio en el que residan. Además, un paciente nunca tendría que sentirse intruso en una región que no sea la suya. Hay que implantar una sola tarjeta sanitaria en todo el país.

Los avances médicos permiten hoy mantener con vida a enfermos terminales que se hallan en una situación irreversible. Por encima del deber médico de luchar por la vida creemos que está el derecho del paciente a morir dignamente sin que se empleen con él medios desproporcionados que alarguen su agonía. En España debe abrirse, como ocurre ya en otros países, el debate de la despenalización del suicidio asistido en determinados supuestos.

16.- Más Europa

España tiene que sumarse a quienes apuestan por dar un nuevo impulso a la Unión Europea. Sólo unidos, los europeos podrán recuperar su posición estratégica y tener voz y protagonismo en el nuevo orden mundial que se está configurando. Para ello es imprescindible superar el déficit democrático de la UE, reducir su burocracia y establecer una política económica común en la zona euro.

17.- Las víctimas del terrorismo

La memoria y el respeto hacia quienes han sufrido esa barbarie no puede languidecer por el hecho de que hayan cesado el secuestro y el tiro en la nuca. Las monstruosidades que ETA y otros grupos terroristas han cometido en España y el sacrificio de sus víctimas no pueden ser amortizadas por el presentismo. La pervivencia de la amenaza yihadista y el ascenso de fuerzas políticas que insisten en situar en un mismo plano a asesinos y asesinados, añade motivos para reforzar la protección de las víctimas. Ellas son el mejor estandarte para deslegitimar social y políticamente cualquier proyecto totalitario. Las autoridades tienen que esforzarse por resolver los crímenes de ETA aún pendientes de esclarecer, de la misma forma que están obligadas a investigar cualquier elemento que contribuya a clarificar en todos sus extremos los atentados del 11-M.

18.- Evitar la muerte de inmigrantes

La tragedia que supone que miles de jóvenes desesperados mueran cada año intentando alcanzar el Primer Mundo no puede sernos ajena. España, por su situación geográfica, conoce bien el problema. Es un asunto que hay que abordar con realismo: es imposible acoger a todas las personas que están dispuestas a abandonar sus países. Ningún Estado del mundo permite la entrada libre de inmigrantes en su territorio porque sus efectos serían catastróficos. Cabe actuar en la prevención, invirtiendo en los países de origen de los inmigrantes, ofreciendo información y cerrando acuerdos con sus autoridades para regular flujos asumibles. También hay que actuar contra las mafias del tráfico de seres humanos. Se trata, pues, de una política que por su alcance y envergadura debe coordinarse dentro de la Unión Europea.

19.- Proteger el bosque, repartir el agua

Conservar la naturaleza y aprovechar bien sus recursos deben ser dos caras de una misma moneda. Recuperar masa forestal debe ser una prioridad en un país como España, en grave riesgo de desertización. Salvar el bosque es preservar la riqueza de nuestra biodiversidad, la flora y la fauna. De la misma forma, hay que actuar en el mar, restringiendo zonas a la pesca, para que nuestras aguas no acaben esquilmadas.

El agua es vital para la economía y la cohesión de un país. En España está mal repartida. Su gestión tiene que ser una competencia nacional. Sólo con visión de Estado, a través de un Plan Hidrológico Nacional, se puede contribuir a una mejor distribución de los recursos hídricos.

20.- El coche eléctrico

El progresivo deterioro del medio ambiente es inquietante en todo el mundo y se ha agravado como consecuencia del calentamiento global. España tiene que ser ejemplar en la reducción de emisiones y en el ahorro energético. El coche eléctrico es una opción realista. Habría que fomentar su implantación dando facilidades para su compra y para la recarga de baterías.

21.- Internet para todos, internet neutral

En la era de la comunicación hay que facilitar la conectividad invirtiendo en infraestructuras. Las autoridades deben hacer un esfuerzo facilitador para que la oferta de conectividad sea adecuada en cobertura y ancho de banda en todos los espacios urbanos, de manera que sea una herramienta verdaderamente útil y al alcance de los ciudadanos.

Las operadoras de telecomunicaciones deben garantizar la no discriminación en el envío y recepción de datos. Los ciudadanos y las empresas tienen derecho a que el tráfico de datos recibido o generado no sea manipulado, tergiversado, impedido, desviado, priorizado o retrasado en función del tipo de contenido, del protocolo o aplicación utilizado, del origen o destino de la comunicación ni de cualquier otra consideración ajena a la de su propia voluntad. Ese tráfico se tratará como una comunicación privada y únicamente bajo mandato judicial podrá ser intervenido.

22.- Libertad en la televisión

Los políticos deben dejar de contemplar la televisión como un instrumento de propaganda a su servicio. Hay que cerrar todas las televisiones públicas que supongan un agujero para el erario. También hay que fomentar el pluralismo en vez del duopolio en la concesión de franjas del espacio radioeléctrico y, sobre todo, propiciar el aumento del ancho de banda que impulse la distribución de contenidos televisivos a través de internet.

23.- El ojo de halcón en el fútbol

La tecnología se ha introducido en el deporte para hacer justicia en los lances controvertidos que pueden ser decisivos para el resultado de un encuentro. El baloncesto o el tenis son dos buenos ejemplos. Sin embargo, el fútbol, el deporte que más aficionados moviliza y mayor negocio genera, sigue mostrándose reacio a incorporar los avances tecnológicos. Es un error que hay que corregir, particularmente en un momento en el que las sospechas acerca de la limpieza de la competición pueden dispararse como consecuencia del protagonismo que han adquirido las apuestas deportivas.

24.- Contra la mala educación

En España se grita en lugares públicos, se insulta en los lances de tráfico, se silban los himnos, se circula con motocicletas ruidosas a horas intempestivas, se aparca por sistema en doble fila, se dejan los excrementos de los perros en las calles, parques y jardines, se escupe en el empedrado, se arrojan cáscaras de crustáceos al suelo de los bares, se olvida usar el desodorante incluso en plena canícula, se tutea a cualquier desconocido, se injuria y blasfema en los recintos deportivos. Por desgracia en eso aun somos diferentes. Por eso, la mejora del civismo debe ser un empeño de todos: de la Administración y de los propios ciudadanos.

25.- La Ñ

El español es la lengua que nos abre las puertas de un continente entero y nos proyecta al mundo, donde lo hablan más de 500 millones de personas. La ñ es un símbolo de su riqueza en la medida en que representa con una sola letra un fonema para el que otros idiomas necesitan dos. A todos los españoles nos interesa que los grandes actores de internet incluyan la ñ en sus sistemas operativos y que la Unión Europea -en contra de su actitud inicial- proteja e impulse su utilización.

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Liberticidio progresista

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Si el festival de música Rototom quería ponerse en el mapa, pardiez que lo ha conseguido de pleno. Toda la prensa internacional recoge las coacciones de la organización al estadounidense Matisyahu, forzándole primero a hacer una declaración política a favor del estado palestino y anulando después el concierto en respuesta a su negativa a pasar por el aro…

Si el festival de música Rototom quería ponerse en el mapa, pardiez que lo ha conseguido de pleno. Toda la prensa internacional recoge las coacciones de la organización al estadounidense Matisyahu, forzándole primero a hacer una declaración política a favor del estado palestino y anulando después el concierto en respuesta a su negativa a pasar por el aro.

Las disculpas del festival, cuatro días después de airearse la polémica, llegan demasiado tarde, cuando el incendio ha chamuscado hasta la última letra de su logotipo y el prestigio de la calidad democrática española.

La razón de cómo un acto cultural aparentemente inofensivo, celebrado en plena canícula en un rincón pacífico de la costa de Castellón se convierte en paradigma mundial de censura y persecución ideológica, hay que buscarla en la creciente presencia de un discurso de izquierda radical que presume de libertad, pero que no duda en cercenarla cuando no se ejerce en la dirección que ella desea.

Quienes ahora censuran a Matisyahu recogieron firmas para que no se suspendiera un concierto de Soziedad Alkoholika en Madrid y consiguieron que un terrorista de ETA diera una charla en la Universidad Jaime I de Castellón apelando a la libertad de expresión. Los mismos que reventaron una conferencia de Rubalcaba en la Universidad de Granada o impidieron hablar a Rosa Díez en la Autónoma de Barcelona.

 

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El Rototom justifica su actitud inquisitorial hacia Matisyahu por las presiones y amenazas que recibió de BDS, un grupúsculo nacionalista que trata de ganar simpatías enarbolando la bandera palestina. Pero pese a ser una organización anecdótica, se le teme, por la sencilla razón de que sus planteamientos de democracia popular y progresismo mal entendido coinciden con los de partidos que empiezan a tener poder.

Por algo la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Valencia se ha adherido a la iniciativa de boicot a Israel que recientemente le presentó el BDS. ¿Dará marcha atrás después de ver el talante de los promotores de la campaña y comprobar cómo se enfanga el nombre de la institución?

También es significativa la respuesta de los partidos de izquierda. Podemos e IU insisten en que lo correcto es vetar al artista estadounidense, dándose así el retruécano de que aquellos que se divierten pintando a Merkel con bigotito y la presentan como a una nazi son los que persiguen a los judíos para que no se suban a un escenario.

Pero es que el PSOE y Compromís, que gobiernan en la Generalitat valenciana, han mostrado una tibieza rayana en la complicidad. El presidente, Ximo Puig, no ha dicho aún esta boca es mía. Impensable si la censura hubiera tenido distinto signo. Otro tanto cabe decir del conseller de Cultura, el lenguaraz Vicent Marzà, de Compromís, que anda desaparecido desde que se filtraron sus vivas a la independencia de Cataluña.

Sólo tras el ridículo internacional, Compromís ha tratado de borrar su papel de Torquemada, pero en un primer momento secundó el liberticidio, tal y como dejó claro su delegado en Castellón, Ignasi Garcia.

Con razón, a estos nuevos apóstoles de la democracia se les atraganta la Constitución, ésa que en su artículo 16 garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y que recuerda que nadie puede ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias.

Ley de Seguridad Nacional: la democracia en rebajas

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Los firmantes de este artículo critican que el Proyecto de Ley de Seguridad Nacional mantenga una redacción ambigua sobre si, de agravarse el conflicto catalán, el Presidente del Gobierno podría, sin control parlamentario, declararlo como una “situación de interés para la Seguridad Nacional” que supondría “la obligación de las autoridades competentes de aportar los medios humanos y materiales necesarios que se encuentren bajo su dependencia”.

* Firman también esta tribuna: Emilia Sánchez, Inmaculada Ranera, Nacho Corredor, Helena Ancos, Gina Giró, Carlota Reboll y Nagore de los Ríos

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.

Quienes firmamos esta tribuna no estamos de acuerdo acerca de si Cataluña debe ser independiente, ni tampoco en si corresponde sólo a los catalanes decidirlo. Sin embargo, sí estamos de acuerdo en que la democracia es el valor supremo para resolver las disensiones políticas, y en que incluso quienes persiguen fines antagónicos deben intentar buscar los procedimientos más garantistas para debatir y decidir, pese a que a veces no sea fácil determinar qué es “lo más democrático”.

En consecuencia, en lo que sí estamos todos de acuerdo es en rechazar que el Proyecto de Ley de Seguridad Nacional –que ahora se debate en el Congreso de los Diputados– mantenga una redacción ambigua sobre si, de agravarse el conflicto catalán, el Presidente del Gobierno podría, sin control parlamentario, declararlo como una “situación de interés para la Seguridad Nacional” que supondría “la obligación de las autoridades competentes de aportar los medios humanos y materiales necesarios que se encuentren bajo su dependencia”.

También estamos de acuerdo en denunciar que este Proyecto de Ley –que sin duda es útil en otras disposiciones para enfrentarse a la amenaza terrorista– pretende, con eufemismos (como “situación” en vez de “estado”) y otros atajos jurídicos, dejar en manos del Gobierno medidas para las que la Constitución exige autorización parlamentaria: a través de los estados de alarma, excepción o sitio, si de manera general se altera la “normalidad”; o específicamente a través del procedimiento del artículo 155 de la Constitución Española para intervenir el funcionamiento de una Comunidad Autónoma en caso de incumplimiento de sus obligaciones legales o actuación contra el interés general de España.

Sí estamos de acuerdo en no desear que se lleguen a aplicar esos supuestos: unos porque esperamos que no sea necesario porque el independentismo se repliegue tras un fracaso el 27-S, otros porque deseamos que triunfe y no se obstruyan sus reivindicaciones, y otros porque en caso de vencer el independentismo esperamos que se abra un proceso de negociación política que facilite la convivencia entre las partes. No estamos, pues, de acuerdo en si se debería recurrir al artículo 155 en caso de agravarse el conflicto.

Sí estamos de acuerdo, no obstante, en que este artículo supone unas mayores garantías democráticas de contraste (antes de actuar el Gobierno debe haber un requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma), y de debate y control por el cuerpo político (se exige la aprobación previa por mayoría absoluta del Senado), frente a la decisión unilateral gubernativa que sería posible de aprobarse el Proyecto de Ley en trámite.

Desgraciadamente, este miércoles por la mañana la Comisión Constitucional (ni siquiera han considerado adecuado que se votara por el Pleno) ha dado el visto bueno al Proyecto de Ley de Seguridad Nacional con votos favorables del PP, PSOE y UPyD. Sus defensores indican que no tiene “nada que ver” con el conflicto catalán, pero lo que cuentan no son las declaraciones, sino el texto de una ley deliberadamente ambiguo, que azuza la desconfianza en esta cuestión a la vez que debilita los procedimientos democráticos para resolverla. Pasa ahora al Senado donde, pese a la costumbre de que los proyectos gubernamentales se tramiten en un paseo triunfal, esperemos que se devuelva el Proyecto de Ley para defender una de las pocas competencias propias de la Cámara Alta: pronunciarse en los supuestos de conflicto con las Comunidades Autónomas que recoge el artículo 155 de la Constitución.

* Firman también esta tribuna otros miembros del Foro Más Democracia: Emilia Sánchez, Inmaculada Ranera, Nacho Corredor, Helena Ancos, Gina Giró, Carlota Reboll y Nagore de los Ríos