Libertad con cargos para el empresario vinculado a Rato

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Miguel Ángel Montero Quevedo y la secretaria de Rato, Teresa Arellano, han quedado en libertad con cargos tras declarar por el patrimonio del ex vicepresidente de Aznar. Cuatro directivos de empresas de publicidad también han sido imputados.

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El empresario Miguel Ángel Montero Quevedo, estrechamente vinculado a Rodrigo Rato, ha quedado en libertad  con cargos este viernes tras prestar declaración ante el titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Arnal, que investiga el patrimonio del ex vicepresidente del Gobierno por los indicios de que pudo tener un origen ilícito.

Montero, detenido el pasado miércoles, ha sido conducido a los Juzgados de la Plaza de Castilla después de estar 48 horas en las dependencias de la Guardia Civil en Tres Cantos. No ha sido el único: por la misma situación ha pasado la secretaria de Rato, Teresa Arellano Carpintero, que, además, ha ostentado algunos cargos en sociedades patrimoniales del ex político.  Los dos han quedado en libertad con cargos. Como medida cautelar tendrán que comparecer una vez al mes ante la Justicia.

Fuentes jurídicas han precisado que la causa afecta, por el momento, a nueve imputados. El juez les atribuye los delitos de blanqueo, corrupción entre particulares y delito fiscal.

La investigación que lleva a cabo la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se centra en las empresas familiares de Rodrigo Rato: Arada, Rodanman, Explotaciones Carabaña y Aurosur. Miguel Ángel Montero aparece en todas ellas y desde antiguo: fue consejero de Arada en 1997 y, más recientemente, apoderado de Rodanman y consejero de Carabaña y Aurosur.

Se trata de empresas que están o han estado vinculadas a la ex mujer de Rato, Ángeles Alarcó, a su hija y a otros familares. Arada y Carabaña se dedican a la explotación energética, mientras que Rodanman y Aurosur tienen como objeto social la promoción inmobiliaria. Los investigadores tratan de aclarar los movimientos de dinero que ha habido entre ellas.

Las declaraciones que Montero y Arellana han realizado ante los agentes de la UCO motivaron que el jueves fuera llamado a declarar el propio Rato, que acudió a Tres Cantos en compañía de su abogado. El ex director gerente del Fondo Monetario Internacional contestó a todas las cuestiones, sin acogerse a su derecho a guardar silencio.

Imputados directivos de empresas publicitarias

El caso Rato ha dado un giro inesperado tras el parón sufrido por el problema de la competencia entre la Audiencia Nacional y el titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, aún no resuelto. Éste ha imputado a cuatro directivos de las empresas de publicidad Zenith Media y Publicis por el supuesto pago de comisiones ilegales al ex presidente de Bankia, Rodrigo Rato, a cambio de conseguir contratos con la entidad bancaria.

Según ha sabido EL ESPAÑOL de fuentes de la investigación, el magistrado interrogó el jueves a la directora general de Zenith, Candi Rodríguez, y al consejero delegado de Publicis, Xabier Olazábal, así como a otros dos directivos de ambas sociedades, dentro de las diligencias declaradas secretas relativas al presunto blanqueo de capitales del ex vicepresidente del Gobierno.

El procedimiento está pendiente de una cuestión de competencia después de que Antonio Serrano-Arnal considerase que él no es competente para investigar la fortuna de Rato al entender que debe ser la Audiencia Nacional el órgano judicial encargado. No obstante, el instructor del Juzgado madrileño se sigue ocupando de la causa en tanto la Sala Penal de la Audiencia Nacional resuelve el recurso que el fiscal ha interpuesto contra la negativa del juez central Fernando Andreu a asumir las diligencias.

La semana pasada citó, también como imputado, a Domingo Plazas, abogado encargado de administrar varias sociedades de Rato, y ahora da un salto para averiguar si ambas compañías de publicidad se beneficiaron de contratos por parte de Bankia a cambio de pagar comisiones a una sociedad vinculada al ex director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Según fuentes del caso, el magistrado y la fiscal anticorrupción Elena Lorente han centrado los interrogatorios en el informe elaborado por la Agencia Tributaria, que asegura que Zenith y Publicis multiplicaron sus contratos con la entidad financiera tras la llegada de Rato en 2012 y después de facturar a una empresa pantalla hasta dos millones de euros. Parte de este dinero acabó invertido en un hotel de Berlín propiedad del ex vicepresidente del Gobierno de Aznar.

Comisiones ‘legales’

Fuentes de Publicis y Zenith consultadas por EL ESPAÑOL sostienen que ambas empresas fueron seleccionadas en los concursos para llevar a cabo campañas de Bankia cumpliendo todos los requisitos exigidos. Otras fuentes del caso señalan que los cuatro directivos han negado ante el juez que pagaran comisiones a cambio de un trato de favor del presidente del banco en ese momento.

Según los directivos de las empresas de publicidad imputados, los pagos a Albisa se justifican por el trabajo de intermediación realizado para que Publicis y Zenith entraran en el concurso. Este tipo de comisiones son consideradas completamente legales en el sector de la publicidad ya que se pagan a cambio de ayudar a entrar en un concurso pero no para lograr la adjudicación.

Sin embargo, la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) sospecha que esas comisiones fueron a parar a Rato y se abonaron a cambio de recibir contratos en Bankia. Según los investigadores, el ex vicepresidente del Gobierno utilizó Albisa como sociedad pantalla y ésta habría desviado parte del dinero a Kradonara -propiedad de Rodrigo Rato- a través de facturas por trabajos ficticios.

Kradonara es clave porque a través de ella Rato controlaba el hotel de Berlín del que es copropietario. Precisamente las transferencias detectadas desde Kradonara al hotel alemán fueron la base argumental que utilizó la Fiscalía Anticorrupción para pedir a Serrano-Arnal que se inhibiera a favor de la Audiencia Nacional. Según su criterio, asumido por el juez de Madrid pero no por el juez central, el delito de blanqueo supuestamente cometido en el extranjero por Rato queda más reforzado tras el último informe de la Agencia Tributaria sobre las comisiones abonadas por las dos empresas de publicidad.

Convergència intentó engañar al Tribunal de Cuentas con la ayuda de varias constructoras

Daniel Osacar, ex tesorero de CDC, abandona la sede convergente de la calle Córcega, que ha sido registrada por la Guardia Civil. EFE/Marta Pérez

Fotografía: Marta Pérez / EFE

Convergència Democrátrica de Cataluña (CDC) intentó engañar al Tribunal de Cuentas con la colaboración de varios empresarios afines. Lo hizo solicitando cambios en la documentación que las empresas deben entregar al organismo público para justificar sus donaciones. 

Convergència Democrátrica de Cataluña (CDC) intentó engañar al Tribunal de Cuentas con la colaboración de varios empresarios afines. Lo hizo solicitando cambios en la documentación que las empresas deben entregar al organismo público para justificar sus donaciones.

Las pruebas preliminares se encuentran en los correos decomisados en la sede del partido durante la segunda fase de la Operación Petrum. Los autores de esos correos son el actual tesorero del partido, Andreu Viloca, y su antecesor en el cargo Daniel Osácar, que hacen peticiones a varias adjudicatarias de obra pública en Cataluña para que modifiquen las fechas en las que aprobaron las donaciones a su fundación, CatDem.

Según la legislación española, las donaciones de empresas privadas a partidos políticos deben estar aprobadas formalmente por su consejo de administración. En los correos incautados, los dos tesoreros de Convergència intentan que las empresas adjudicatarias modifiquen la fecha de algunos de estos acuerdos. Con ello, y según la tesis de la Fiscalía Anticorrupción, los tesoreros de Convergència intentan desvincular las donaciones entregadas a su fundación con las concesiones de obra pública y dificultar por tanto la investigación.

En uno de los documentos intervenidos, el ex tesorero Daniel Osácar, que gestionó durante años las finanzas de Convergència y que en apariencia estaba apartado de estas funciones, habla con el empresario Carlos Sumarroca. El máximo responsable de la empresa Teyco le alerta de que han recibido una petición de documentación por parte del Tribunal de Cuentas y le pide instrucciones sobre la forma de proceder. Esta constructora está acusada de pagar comisiones del 3% sobre varias concesiones de obra pública obtenidas en ayuntamientos de Tarragona.

Constructoras de confianza

Entre la documentación que custodia ya el Juzgado de Instrucción número 1 de El Vendrell se encuentran más de 1o.000 correos electrónicos extraídos de la red interna de Convergència (no de su fundación ya que los ordenadores se guardaban en la sede del partido) y varias cajas con documentos físicos que los investigadores consideraron de importancia para la causa.

Sin embargo, tal y como publicó el diario ABC, un documento llamó especialmente la atención de los investigadores: un listado donde figura una veintena de empresas, constructoras y otras adjudicarias de concursos públicos en Cataluña que la Guardia Civil considera de confianza para Convergència.

En este grupo aparecen empresas como Teyco o Copisa, vinculada al caso Palau. También el Grup Soler, donde se concetran las peticiones para que las empresas modifiquen sus datos frente al tribunal de cuentas. El juzgado encargado del caso trabaja con la tesis de que Convergència creó un sistema clientelar para enmascarar las donaciones que funcionaba en dos fases. Por un lado, los empresarios hacían llegar al partido correos electrónicos asépticos sobre sus donaciones y las licitaciones de obra donde pretendían presentarse. Por otro, enviaban documentos manuscritos o concertaban encuentros verbales para amañar las adjudicaciones.

Como ejemplo, en el despacho de Andreu Viloca, los agentes encontraron una tarjeta de visita de una de estas empresas con una leyenda en el dorso escrita a mano: “Te he enviado por correo dos listados. Uno con las licitaciones en las que no ha habido suerte y otro con aquellas en las que ha habido suerte”.

Las lecturas del tesorero del 3%: ‘Jo No Soc Espanyol’ y las conversaciones con Artur Mas

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La imagen fue tomada en el registro de la vivienda de Daniel Osácar y muestra dos de los referentes culturales del hombre que manejó durante años las finanzas de Convergencia Democrática de Cataluña (CDC).

La imagen fue tomada en el registro de la vivienda de Daniel Osácar y muestra dos de los referentes culturales del hombre que manejó durante años las finanzas de Convergencia Democrática de Cataluña (CDC). Sobre la estantería el libro más accesible para Osácar es un ensayo sobre la “identidad catalana” con el título Jo No Soc Espanyol: Yo no soy español.

La obra, escrita por el periodista Víctor Alexandre, es una recopilación de 20 entrevistas basadas en una premisa: “Una forma de reafirmar quiénes somos es afirmar sin complejos quién no somos”. En su página web, Alexandre dice: “Cuando la legalidad no es justa, es de Justicia transgredirla”.

La segunda obra sobre la estantería del tesorero es Artur Mas, el hombre, el político, el pensadoruna conversación del líder de Convergència con la periodista Teresa Pou que publicó en 2013 la editorial Ara Libres. El libro analiza las creencias de Mas, sus “espacios vitales” y por qué ha tomado “la decisión de liderar un país en estos momentos tan excepcionales”.

Diccionario satírico burlesco (XIII)

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Salvador Alsius presentando el Telediario de TV3. 

La antepenúltima entrega del diccionario de Anna Grau comienza con Tarradellas, primer presidente catalán de la Democracia, y se cierra con Udef, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal que ha destapado algunas irregularidades en Cataluña para disgusto de Jordi Pujol.

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Tarradellas

“Ciutadans de Catalunya, ja sóc aquí!”. No es el “Sangre, sudor y lágrimas” de Winston Churchill pero, con sólo esta frase, Josep Tarradellas entró en la gloria. En su persona se restauraba mágicamente la Generalitat como si no hubieran existido la Guerra Civil con todos sus trágicos errores (por los dos lados) ni el franquismo. O como si finalmente se le pudiese dar carpetazo. Atención que la frasecita gana enteros con el tiempo. Tarradellas, cuyo mayor mérito hasta la fecha había sido aguardar pacientemente en Francia a que escampara, pudo salir al balcón de la Generalitat y decir otra cosa. Pudo decir “Catalans, ja sóc aquí!”. Eligió la fórmula “Ciudadanos de Cataluña” porque quería que su llamado implicara y conmoviera a todos y cada uno. Vinieran de donde vinieran, hubieran nacido donde hubieran nacido, hablaran catalán o castellano. La verdadera Casa Gran, la Cataluña de todos. A partir de aquí todo fue retirarse de la política y llevarse fatal con Jordi Pujol. Se despreciaban el uno al otro colosalmente, genéticamente. El tiempo va poniendo en su lugar las luces y las sombras de cada uno.

Toros

Prohibidos en Cataluña por joder. Como suena. Por joder a los españoles y a España. Se puede decir más alto pero no más claro. La idea es que la tauromaquia la inventó Cagancho en Almagro (nada que ver con una tradición milenaria grabada en el fondo de la vasija de gigantescas civilizaciones…) y la perpetuó Franco para dar gusto a los bajos instintos de su pueblo primitivo y cerril. Por supuesto Hemingway y Picasso le veían la gracia al tema porque eran dos psicópatas y Ava Gardner porque era una ninfómana y una borracha. Da igual que el torero del que se enamoró fuera catalán. En la misma situación pre-esquizofrénica parecen encontrarse todos los que, condenando los toros, defienden el interés cultural de los correbous. Todo ello mientras los índices de audiencia de las corridas televisadas se disparan en Cataluña. ¡Freud, vuelve!

Tres per cent

Hablando de Freud, famosísimo lapsus del entonces president Pasqual Maragall en sede parlamentaria. En pleno rifirrafe con el entonces líder de la oposición Artur Mas, va y le espeta: “Ustedes tienen un problema, el tres per cent“. Al principio nadie entendía nada…o no lo quería entender. Al ponerse Mas colorado y hecho una hidra, ni con la mejor voluntad de papar moscas podía ignorarse que el famoso tres per cent era lo habitual en comisiones para hacer negocios con la Generalitat. Maragall en su día reculó alegando que se había equivocado y, en off the record, que no tenía pruebas. Pues ya eran ganas de no tenerlas. Con el tiempo se ha sabido con doloroso recochineo que si Maragall pecó de algo, fue de optimista: el tres per cent era sólo la punta de un iceberg que podía llegar fácilmente al cinco y al diez. Seguimos para bingo y no paramos.

TV3

Televisión catalana pagada con los impuestos de todos pero puesta exclusivamente al servicio de las ideas y los intereses de algunos. Esto, que en realidad no es nada nuevo en una tele pública y menos autonómica, alcanza cierto paroxismo en Cataluña, donde la reyerta no es meramente partidaria o política sino identitaria. No es una tele de derechas contra los de izquierdas o viceversa. Es un enjuague étnico. Es un simulacro de Cataluñita la Fantástica que se superpone cuidadosamente a la Cataluña real. Y con un poco de suerte la borra del mapa. Ah, TV3 también sirve para pagar a precio de oro producciones externas de gentes MUY adictas a la causa que con el dinero público así acumulado luego financian medios privados de comunicación que siguen engordando y engordando la bola de nieve… siempre la misma, ya es casualidad, y siempre rodando por el mismo lado… Es la forma más sutil y a la vez más definitiva de corrupción: financiar con el dinero de todos el país sólo de algunos. Errequeerrelandia.

Udef

“¿Qué coño es eso de la Udef?”, dijo Jordi Pujol cuando se enteró de que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal estaba investigando las cuentas de su familia. La Udef, creada en pleno gobierno Zapatero -al césar lo que es del césar- es algo así como el FBI en el cogote de los delincuentes de guante blanco. Son los federales con licencia para actuar en todos los ámbitos y territorios. Antes de esta centralización, todas las brigadas de investigación de estos delitos estaban desperdigadas por distintos cuerpos, colaboraban entre sí lo mínimo, se pasaban información la justa, se ponían la zancadilla a tope… y entretanto, maletines y maletones multimillonarios se evaporaban allende nuestras fronteras. Lástima que esto no sea de verdad una peli americana sino la crónica negra de España de toda la vida y que a la hora de la verdad, una investigación económica tenga que pasar ciertas cribas políticas. Tienen razón Pujol y Mas cuando se quejan de que ahora les miran las cuentas con lupa porque han sido malos chicos. La misma que tenían todos los que durante décadas se desgañitaron en vano denunciando que por mor de sus pactos y pactufos se les permitía llevárselo muerto mientras el Estado miraba para otro lado. ¿Qué es peor, lo de ahora o lo de antes?

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Las sospechas de corrupción acorralan al ‘conseller’ Puig

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Felip Puig con el ex alcalde de Barcelona, Xavier Trias.

Al ‘conseller’ de Convergència le han rodeado varios escándalos pero nunca ha sido imputado. Durante esta campaña ha mantenido un perfil muy bajo. Algunos dicen que porque se avecinan problemas con la Justicia. EL ESPAÑOL desveló este sábado que Puig intercedió por Jordi Pujol Ferrusola con funcionarios de la Generalitat.

También en EL ESPAÑOL: 

Al ‘conseller’ de Convergència le han rodeado varios escándalos pero nunca ha sido imputado. Durante esta campaña ha mantenido un perfil muy bajo. Algunos dicen que porque se avecinan problemas con la Justicia. EL ESPAÑOL desveló este sábado que Puig intercedió por Jordi Pujol Ferrusola con funcionarios de la Generalitat.

Cuentan en Convergència que el partido siempre tuvo dos almas. El sector negocios y el sector política. Cuando las cosas iban bien, el sector negocios se imponía sobre el resto. Cuando el viento soplaba en contra, la parte política tomaba las riendas para atraer a los votantes. Felip Puig (Barcelona, 1958) siempre formó parte del llamado sector negocios, formado por dirigentes de la talla de Lluís Prenafeta, Macià Alavedra y Oriol Pujol. Todos ellos menos Puig están imputados por varios delitos.

La sombra de Puig ha sobrevolado sobre diversos casos de corrupción en Cataluña, pero nunca nadie ha probado que hiciera nada ilegal. Íntimo amigo de Jordi Pujol Ferrusola, con quien compartió colegio desde los seis años, milita en CDC desde que cumplió la mayoría de edad en 1976. Durante estos años ha ocupado todo tipo de cargos de responsabilidad tanto en la Generalitat como en Convergència. Ha sido cuatro veces conseller -Medio Ambiente, Obras Públicas, Interior y Empresa-, secretario general adjunto del partido y portavoz de la Generalitat.

Fue durante su etapa como consejero de Obras Públicas, entre 2001 y 2003 cuando la empresa pública Adigsa presuntamente cobró mordidas que alcanzaron el 20% del importe de las adjudicaciones. El juez, que cerró la instrucción en 2014, imputó a siete personas por malversación, tráfico de influencias, prevaricación y falsedad documental. Entre estos siete imputados se encuentran tres ex cargos de la empresa cercanos a Puig: Josep Antoni Fondevila, Xavier Sala y Jordi Huguet. Durante la investigación, un empresario acusó a Puig y a Oriol Pujol de estar al corriente de las irregularidades de Adigsa. Este empresario, sin embargo, se desdijo y no ratificó ante el juez lo que había afirmado ante la Fiscalía.

Muy unido a los Pujol

La relación de Puig con la familia Pujol va mucho más allá de esa amistad de pupitre entre el ex consejero y el primogénito de Pujol. Ambas familias han mantenido una estrecha amistad que alcanza a otras personas con los mismos apellidos. En Cataluña son conocidos los negocios que hicieron durante años Jordi Pujol Ferrusola y Jordi Puig, hermano del político convergente. Les llamaban los Jordis fueron socios en diversas inversiones y negocios desde mediados de los 90 hasta 2009.

En septiembre del año pasado un juez de Barcelona imputó por blanqueo de capitales a dos hermanos del conseller Puig: Jordi y Oriol. La investigación, sin embargo, circunscribió ese caso a la actividad privada de los hermanos de Puig y no encontró relación con los negocios de Pujol Ferrusola ni con la Generalitat.

El nombre de Puig y el del primogénito volvieron a emerger este sábado cuando EL ESPAÑOL desveló que el conseller había hecho gestiones a favor de Pujol Ferrusola en relación con la concesión de un distintivo de calidad a un hotel en el Pirineo catalán. 

Ni rastro 

A Felip Puig se le ha considerado durante años una de las personas con más influencia dentro de CDC. A través de la colocación de personas afines en diversos ayuntamientos e instituciones territoriales, ha tenido un enorme poder que según cuenta una fuente de CDC brotaba de su control sobre las adjudicaciones municipales en pueblos y ciudades de todo el territorio. Él mismo reconoció durante la comisión de investigación del Parlament sobre fraude fiscal que cuando una empresa acudía a ofrecerle sus servicios enviaba a sus responsables a los ayuntamientos convergentes. “Pero nunca dije a un alcalde que contratara a una empresa en concreto”, se excusó.

En el caso de Torredembarra, por ejemplo, el nombre de Puig aparece en un gran número de documentos del sumario judicial. El conseller empezó a aparecer por el municipio cuando su alcalde, Daniel Masagué, decidió que quería ser diputado en el Parlament. Una persona que trabajaba para el alcalde asegura que éste le dijo que si quería ser diputado debía acercarse a Puig. Hoy Masagué está imputado por varios delitos relacionados con la corrupción en el municipio.

Puig también le pidió a Artur Mas que le diera un cargo a Jaume Vila, el coordinador de urbanismo que envió a Torredembarra en 2010 y que también está imputado por un delito contra la Administración pública.

A muchos les sorprende que uno de los líderes más poderosos del partido haya desaparecido del panorama durante la campaña. Durante esta legislatura, Puig ha sido consejero de Empresa y Ocupación. Ahora no va en las listas del 27-S y ha mantenido un perfil muy bajo en los últimos días. Algunos atribuyen este silencio a una imposición de ERC a la hora de elaborar la lista conjunta. Otros creen que fue él mismo quien dio un paso atrás al ver cada vez más cerca el brazo de la Justicia.

También en EL ESPAÑOL:

Pujol Jr. y su esposa fabricaron un autoalquiler como el de la Infanta

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El afán del hijo mayor del ex president por evadir impuestos le llevó a usar el mismo artificio contable que usó la Infanta Cristina. Un contrato ficticio confeccionado el 1 de enero de 2003 en el que la arrendadora y la arrendataria son la misma persona: la esposa del primogénito del president, Mercè Gironès.

El caso Urdangarin y el caso Pujol ya tienen un elemento en común. El afán por evadir impuestos de los ex duques de Palma y del matrimonio del hijo mayor del ex president ha desembocado en ambos casos en la fabricación del mismo artificio contable para engañar a Hacienda. Tanto la Infanta Cristina como Mercè Gironès rubricaron de su puño y letra un contrato fraudulento con el que simularon alquilarse a sí mismas sus propias oficinas.

El objetivo perseguido por ambas era el mismo: generar gastos falsos en sus respectivas sociedades instrumentales para tributar menos. Tanto la hija de Don Juan Carlos como la nuera de Jordi Pujol i Soley se encontraron de pronto con el mismo problema fiscal. Una y otra disponían de entidades sin actividad alguna que utilizaban para cobrar comisiones de grandes empresarios.

En el caso de la Infanta, Aizoon percibía pagos millonarios por la prestación de asesorías inexistentes a grandes compañías internacionales. En los balances de la empresa se registraban grandes ingresos y apenas había casi gastos, por lo que el margen de beneficio por el que tributaba era máximo.

Gironès hizo algo muy similar. Su marido utilizaba empresas instrumentales para cobrar comisiones del 5% de grandes contratistas de la Generalitat que se camuflaban bajo el paraguas de hipotéticas asesorías de las que no existe rastro alguno. De nuevo los ingresos eran cuantiosos, los gastos, inexistentes y los impuestos que pagar, muy elevados. Ambos matrimonios recurrieron a diversas fórmulas para incorporar a las sociedades gastos que no habían generado con el objetivo de reducir su base imponible.

EL ESPAÑOL ha tenido acceso al contrato ficticio confeccionado por Jordi Pujol Ferrusola y su mujer el 1 de enero de 2003. Se trata de un supuesto alquiler en el que “de una parte”, en calidad de arrendadora, comparece “la Sra. Mercè Gironès i Riera”; y, de otra, como arrendataria, hace lo propio la misma “Sra. Mercè Gironès i Riera”.

Según este acuerdo mercantil, la mujer de Pujol Jr., que actúa en representación de las dos sociedades instrumentales empleadas por su marido para cobrar comisiones (Iniciatives, Marketing i Inversions, SA, y Project Marketing Cat, SL), deja constancia de que las entidades se alquilan a sí mismas el despacho profesional que habitualmente utilizan: un inmueble situado en el número 5-15 de la barcelonesa calle Ganduxer.

Según dice este documento, “la sociedad Iniciatives”, propiedad de Pujol Ferrusola y de su mujer, “se compromete a prestar servicios de carácter administrativo a favor de la sociedad Project”. Concretamente, de “recepción en sus oficinas de llamadas telefónicas, de correspondencia postal y telegráfica, de correo electrónico y de fax”. Asimismo, los Pujol fingen que sus dos empresas pantalla se intercambian “su disposición en las mismas oficinas de una sala y/o estancia para la celebración de reuniones limitando su utilización a un máximo de diez horas mensuales no acumulables” como si fueran entidades que no estuvieran vinculadas entre sí.

Para intentar otorgarle cierta veracidad, el contrato falso de autoalquiler establece también que tiene la “duración de un año prorrogable automáticamente por periodos de igual duración, salvo denuncia expresa de cualquiera de las partes, que deberá ser comunicada a la otra con al menos 15 días de antelación”. La tarifa que fijan para los servicios asciende a “480 euros” a los que se aplicará “el IVA vigente en cada momento”.

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El documento lo rematan sendas firmas idénticas de Gironés.

El Mundo ya reveló en octubre de 2013 un documento prácticamente calcado al descrito que fue diseñado por los ex duques de Palma y en el que figuraba, como arrendadora y arrendataria al mismo tiempo, Cristina de Borbón. En aquel caso, la Infanta simulaba alquilarse a sí misma su palacete de Pedralbes, que presentaba ante Hacienda como sus oficinas profesionales pese a que ni siquiera albergaba un despacho como tal. Aquel contrato, junto con otra serie de pruebas documentales que certificaban la participación directa de la Infanta en una trama de evasión de impuestos, provocó su imputación en el caso Urdangarin por delito fiscal.

Josep Pujol ha manejado 2,7 millones de euros en bancos andorranos

– Josep Pujol Ferrusola ha mantenido al menos 2,7 millones de euros de origen desconocido en entidades bancarias andorranas.

– El tercero de los siete hijos del ex president ocultó alrededor de 700.000 euros en la Banca Privada de Andorra hasta abril de 2014.

– Dispone en estos momentos de dos millones más en fondos de inversión en el Banco Alcalá, propiedad de la entidad Crédit Andorrà desde el año 2011.

También en EL ESPAÑOL:

Josep Pujol Ferrusola ha mantenido al menos 2,7 millones de euros de origen desconocido en entidades bancarias andorranas. El tercero de los siete hijos del ex president ocultó alrededor de 700.000 euros en la Banca Privada de Andorra hasta abril de 2014, cuando comenzó a repatriarlos a una cuenta personal en Caixabank declarando que se trataba de “ahorros”. Además, dispone en estos momentos de dos millones más en fondos de inversión en el Banco Alcalá, propiedad de la entidad Crédit Andorrà desde el año 2011.

Según ha podido saber EL ESPAÑOL a través de fuentes financieras, Pujol Ferrusola hizo dos trasvases a España desde la Banca Privada de Andorra que destinó a una imposición a plazo y a fondos de inversión. Este dinero procede de la fortuna familiar custodiada en esta entidad y cuya magnitud real está siendo investigada en estos momentos por el Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional y por el Juzgado de Instrucción número 31 de Barcelona.

Pese al argumento utilizado públicamente por el patriarca de los Pujol, que sostiene que los fondos proceden de una herencia que le legó su padre, la Fiscalía Anticorrupción apunta que el origen real del dinero es la corrupción política y añade que el ex presidente catalán ha empleado a sus propios hijos para cobrar comisiones y blanquear los fondos de origen ilícito.

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También en EL ESPAÑOL:

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Tal y como aseguran a este periódico estas fuentes financieras, entre el dinero manejado por este hijo del histórico dirigente nacionalista, destacan también varios fondos de inversión por importe de unos dos millones de euros que se encuentran en el Banco Alcalá y sobre los que ha solicitado recientemente el cambio del comercializador.

No sólo él sino sus propias empresas han registrado también movimientos bancarios con Andorra durante los últimos años. Así, su sociedad MT Tahat recibió desde allí en 2013 al menos una transferencia ordenada por su propietario que acabó en una cuenta a nombre de esta entidad en Caixabank.

En marzo de este año, la mujer de Josep Pujol, Laura Vila, llegó a hacer una transferencia de 200.000 euros que le fue devuelta. La transferencia la hizo a través de la Banca Privada de Andorra.  Entre abril de 2014 y abril de 2015, Vila recibió en España otros 45.000 euros que ella misma había enviado desde Andorra.

Josep Pujol posee además una cartera de valores a su nombre en el Banco de Madrid por valor de 70.000 euros y otra de 30.000 euros a nombre de su hija Laura. Ambas datan de 2006. El ingreso de estos fondos es anterior a la entrada de la Banca Privada de Andorra en Banco de Madrid.

Hasta la fecha sigue siendo un misterio la cifra exacta a la que se eleva el patrimonio oculto del clan catalán y el montante total que llegó a esconder en diferentes bancos andorranos. Tampoco se conocía hasta ahora la cantidad exacta de dinero manejada por Josep Pujol, de quien sólo había trascendido que regularizó dos millones de euros en paraísos fiscales con la aministía fiscal que puso en marcha por el ministro Cristóbal Montoro.

En su comparecencia ante la Comisión Parlamentaria que investigaba el ‘caso Pujol’, Josep negó tajantemente que su dinero hubiera sido obtenido de manera irregular y se jactó de ser “bastante rico desde los 30 años”. Es más, presumió de que su primer sueldo “fue más alto que el de su padre”.

También en EL ESPAÑOL:

¿Quién es el misterioso ‘Sr. Marway’ al que Oleguer pagó 6,2 millones?

 ¿Por qué exigió Oleguer Pujol el pago de una comisión de 6,2 millones a una sociedad instrumental holandesa denominada Marway concebida para ocultar la identidad real de su propietario? ¿Se trata de un pago a un intermediario por conseguir el negocio inmobiliario o los fondos persiguen otro destino con tintes políticos?

La investigación judicial en torno a las multimillonarias operaciones inmobiliarias lideradas por Oleguer Pujol se concentra ahora, más de un año después del inicio de las pesquisas, en un fleco aparentemente menor y casi insignificante si se compara con las grandes magnitudes investigadas. En el marco de una de las mayores compraventas llevadas a cabo durante la historia reciente de España, el foco de Hacienda y Anticorrupción se fija sorprendentemente en un pago de comisiones aislado de 6,2 millones enclavado en la mastodóntica adquisición de 1.152 oficinas del Banco Santander por nada menos que 2.040 millones de euros.

A falta de despejar la gran incógnita sobre la que pivotan las indagaciones judiciales (cuánto dinero de origen ilícito pudo llegar a introducir el hijo pequeño del ex presidente autonómico catalán en sus compraventas), se interpone un nuevo interrogante. ¿Por qué exigió Oleguer el pago de esa comisión a una sociedad instrumental holandesa denominada Marway concebida para ocultar la identidad real de su propietario? ¿Se trata realmente de un pago a un intermediario por conseguir el negocio inmobiliario o los fondos persiguen otro destino con tintes políticos? Y, sobre todo, ¿quién se oculta detrás de la misteriosa Marway?

Tras disponer de indicios de que el entramado de Oleguer se puede deshilachar definitivamente por esta pequeña parte del todo, la Agencia Tributaria ha solicitado al Juzgado de Instrucción número uno de la Audiencia Nacional que envíe cuanto antes una comisión rogatoria a Holanda para determinar “los beneficiarios y destino” del pago.

Tal y como desveló este miércoles EL ESPAÑOL, la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) ha presentado un escrito en el que explica que esta compra millonaria, realizada el 23 de noviembre de 2007 por la sociedad Samos Servicios y Gestiones SLU, se saldó con el pago de al menos 6,2 millones de euros a la sociedad holandesa Marway BV, “domiciliada en Laan Van Meerdervoort 1224 2555 CD’S Gravenhage”. Agrega que figuran como administradores oficiales tres ciudadanos holandeses y que la compañía “durante los ejercicios 2008, 2009 y 2010 sólo ha tenido un empleado”. Es decir, es muy probable que la empresa sea una mera tapadera.

Tal y como detalla la ONIF en relación a Marway, “se desconoce quiénes son sus socios, por lo que se han remitido varios requerimientos de información al Registro Mercantil de los Países Bajos”. No obstante, subraya que existe constancia de un apoderamiento otorgado por Oleguer Pujol a los tres administradores holandeses, por lo que se sospecha que dichos fondos se encuentran bajo su control.

Hacienda ha propuesto al juez Santiago Pedraz que solicite a las autoridades holandesas todos los movimientos de una cuenta de esta sociedad instrumental en el ING Bank de Amsterdam y que “identifique a las personas físicas y jurídicas que figuran como titulares o autorizados” de esa cuenta. El fisco se interesa por los movimientos que superen los 20.000 euros y quiere conocer el ordenante, el beneficiario y las cuentas bancarias de origen y el destino de los fondos.

Por último, exige los “movimientos de las cuentas bancarias” abiertas por Marway, BV en cualquier entidad de crédito establecida en Holanda desde su apertura y pide que identifique a las personas físicas y jurídicas que figuran como titulares o autorizados” de esas cuentas.

Esta nueva diligencia marca una línea divisoria entre las figuras de Oleguer Pujol y su ya ex socio Luis Iglesias, de quien los investigadores sospechan que permaneció ajeno a las irregularidades que éste cometió.

El polvorín de Torredembarra

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Reportaje gráfico: Alberto Gamazo

Este pueblo de 15.000 habitantes es el centro de la trama que apunta a la financiación ilegal de Convergència. Vecinos y concejales describen el mandato del alcalde Daniel Masagué, que según el sumario usó el consistorio para enriquecerse, financiar al partido y lanzar su carrera como diputado al Parlament.

Este pueblo de 15.000 habitantes se ha convertido en la punta del iceberg de una trama que apunta a la financiación ilegal de Convergència. Vecinos y concejales describen el mandato del alcalde Daniel Masagué, que según el sumario usó el consistorio para enriquecerse, financiar al partido y lanzar su carrera como diputado al Parlament.

Una de las primeras cosas que se ven al llegar al centro de Torredembarra es una oficina electoral medio vacía. Dentro sólo se observan un par de sillas destartaladas frente a un escritorio. Encima de la mesa hay una impresora y una pequeña señera, lo único que se mantiene en pie. En la cristalera se puede leer el nombre de Daniel Masagué, el ex alcalde del pueblo imputado por delitos de malversación, cohecho, blanqueo y organización criminal. La estampa describe perfectamente lo que es hoy en día Torredembarra: Masagué ya no está en la alcaldía pero aún se perciben los escombros de su mandato.

La historia de Torredembarra es la de cualquier caso de corrupción y caciquismo en el que las luchas internas lo hacen saltar todo por los aires. Pero va mucho más allá. Lo que en un principio parecía un simple alcalde corrupto fue el origen de una investigación que sigue en pie y que ha supuesto detenciones de ediles y alcaldes, ha salpicado a pesos pesados de Convergència y ha ocasionado registros en varias empresas y en las sedes del partido y de su fundación CatDem, a través de la cual la Justicia cree que se canalizaban las comisiones por adjudicaciones de la obra pública del ayuntamiento y de la Generalitat.

La denuncia de dos ediles y de un empleado dio las primeras pistas para tirar del hilo y constatar que no se trataba de un problema de ámbito municipal.

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La oficina electoral del ex alcalde Masagué. / ALBERTO GAMAZO

Reportaje gráfico: Alberto Gamazo

El sumario muestra un municipio en el que se sobornaba a ediles de todos los colores, en el que circulaban sobres con billetes, se cobraban comisiones, se favorecía a empresas vinculadas con Convergència y se adjudicaban contratos millonarios de manera irregular.

La mayor parte del caso permanece bajo secreto de sumario. Pero las escuchas telefónicas que han trascendido hasta la fecha muestran a un alcalde que durante seis años controló a su antojo un consistorio con un presupuesto que ronda los 20 millones de euros. Las actas de los plenos revelan un ayuntamiento crispado y fraccionado con enfrentamientos constantes, con la sombra de la corrupción planeando sobre las votaciones y con intervenciones de la policía para calmar los ánimos en alguna ocasión.

“Este pueblo es un polvorín”, explica Montserrat Gassull, que durante años fue concejala de ERC y que fue la primera en denunciar las presuntas corruptelas.

A través de su abogado, Masagué ha declinado dar su versión de los hechos para este reportaje.

El origen de las denuncias

El 28 de agosto la precampaña catalana se vio sacudida por una gran operación de la Guardia Civil. Los agentes acudieron a varios ayuntamientos que habían estado en manos de CiU y a la sede del partido y de su fundación. También registraron el domicilio del ex tesorero del partido, Daniel Osácar. La operación era un nuevo capítulo de una investigación que ha llevado a la Guardia Civil a registrar y detener a ediles, alcaldes y empresarios próximos a CiU en un intento de desenmascarar la presunta financiación ilegal del partido y las comisiones del 3% que se cobraban por adjudicar obra pública de la Generalitat.

Las fuerzas soberanistas interpretaron la operación como un episodio más de la guerra sucia del Estado. Pero el origen de la operación se encuentra en una denuncia que interpuso en junio de 2012 Montserrat Gassull, que en aquella época aún era concejal de ERC. Tanto la cúpula de ERC como la de Convergència fueron advertidas por Gassull y por el presidente del comité local de Convergència, Jordi Guasch. “ERC me apoyó en un principio y luego me dejó sola”, explica ahora la concejal.

Gassull (54 años) empezó a reunir documentación en 2011. Al año siguiente presentó seis denuncias de las cuales se archivaron tres. Las denuncias, a las que también se sumó Enric Granjel, edil del PSC, se referían a tres asuntos: el alquiler de un local en condiciones ruinosas por 6.000 euros al mes, el sobrecoste de más de un millón de euros de un aparcamiento adjudicado a la constructora Teyco y el pago de decenas de miles de euros a Efial, una consultora próxima a Convergència que también se ha visto salpicada en otros casos de corrupción municipal.

“Llevaba desde 2011 advirtiendo a los ediles que no votaran ciertas cosas en los plenos y que estaban prevaricando”, recuerda Gassull.

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La concejala Gasull. / ALBERTO GAMAZO

El impulso que necesitaba la investigación no llegaría hasta octubre de 2013. Rachid el-Ghzaoui, que trabajó durante 23 años en la panificadora del alcalde Masagué, estaba enfadado y con ganas de hablar. Masagué le había despedido sin ofrecerle ninguna indemnización después de dos décadas.

Durante ese tiempo, El-Ghzaoui fue el hombre de confianza del alcalde, según explican habitantes del pueblo. “Le había salvado de muchos marrones”, explica un vecino que prefiere no dar su nombre. “No era un simple empleado: le hacía recados y le solucionaba problemas”.

El-Ghzaoui explicó entonces a Gassull que durante años vio circular sobres con decenas de miles de euros en billetes de 500. Acudieron a la Guardia Civil y declararon juntos. La Fiscalía empezó a atar cabos y estrechó el cerco sobre el alcalde. El-Ghzaoui, que ahora reside en Inglaterra con su familia, ha preferido no hacer ningún comentario para este reportaje.

La ‘omertà’ de ERC y CDC

En febrero de 2013 el juez inició la instrucción y preguntó al PSC y a ERC si querían personarse en el proceso. Los socialistas dijeron que sí pero ERC reculó. “Me dijeron que yo ya había hecho lo que tocaba y que dejáramos actuar a la justicia”, recuerda Gassull.

Eduard Rovira (ERC), actual alcalde del municipio, argumenta que su partido no se personó porque ya lo había hecho el PSC y porque en ese momento la formación pasaba por malos momentos de tesorería. Afirma además que Gassull no quiso el respaldo del partido cuando fue a presentar las primeras denuncias.

En paralelo a las denuncias, Gassull, que mantenía un enfrentamiento abierto con Masagué desde años atrás, empezó a emplear su cuenta de Twitter para denunciar las irregularidades en el ayuntamiento. El alcalde la denunció entonces por injurias y fueron llamados a un acto de conciliación en el juzgado de paz. Gassull acudió con una abogada del partido. Pero la conciliación fracasó y la querella por injurias pasó a la jurisdicción civil.

La dirección de ERC dijo entonces a Gassull que aquello era un tema personal y que no la defendería más. “El caso de las injurias era una batalla personal entre dos egos, no tenía nada que ver con el partido ni tenía contenido político”, argumenta ahora Rovira, el alcalde de ERC. “Gassull empleó un tono políticamente incorrecto y muy agresivo. No compartíamos esos mensajes”.

Según Rovira, algunos de los tuits no se referían a casos de corrupción sino a otros aspectos personales del alcalde como por ejemplo sus implantes de pelo. Explica además que el distanciamiento de Gassull de ERC no tiene nada que ver con el escándalo sino con unas primarias en las que intentó sin éxito hacerse con el control de la formación en la localidad. Gassull niega esta versión y asegura que se sintió abandonada por el partido sin motivo aparente.

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ALBERTO GAMAZO

Entre 2012 y 2014 Gassull remitió varias cartas al presidente Mas y a la cúpula de ERC para avisar de lo que estaba sucediendo en Torredembarra. Nunca recibió respuesta.

Escribió a Marc Sanglas, secretario de acción municipal de ERC, que admitió después que había recibido la carta. En un acto celebrado en Tarragona interpeló a Oriol Junqueras, a quien conocía desde antes de que fuera el presidente del partido. “En Barcelona sois muy amigos de CiU, pero que sepas que lo que pasa aquí es muy grave”, asegura que le dijo. “Cada municipio debe hacer lo que crea”, le respondió Junqueras, siempre según la versión de Gassull.

Rovira reconoce que en la cúpula de ERC se hablaba del caso pero no asume ningún error. “Una carta de un edil con acusaciones, sin ningún tipo de prueba jurídica, no constituye algo tan relevante”.

Otra batalla interna, esta vez en CiU, motivó los avisos a la cúpula convergente en julio de 2013. Jordi Guasch, en aquel momento presidente del comité local de CiU y enfrentado también con Masagué por el control del partido, escribió una carta a Lluís Coromines, secretario general adjunto del partido. Advertía de lo que sucedía, pero tampoco recibió ninguna respuesta.

Desde entonces Guasch (36 años) se ha dado de baja en el partido y se muestra muy decepcionado. Es independentista desde que tiene uso de razón y forma parte de una familia convergente de toda la vida. Su madre ha sido edil del partido, uno de sus primos fundó la sección local de CiU y tiene un primo que también es concejal del partido en un pueblo vecino.

“Yo ya sé que un partido no es una ONG”, dice. “Lo que nunca imaginé es que era la Mafia siciliana”. Tiene muchas ganas de contar cosas pero dice que no hablará hasta que no pasen las elecciones y se levante el secreto de sumario. Como Gassull, lamenta que se les esté usando para hacer daño al proceso de independencia en Cataluña. “El 27-S votaré a la CUP”, explica. “Si lo supiese mi abuela…”.

A todos los consultados les sorprende el apoyo que la cúpula de CiU ha prestado a Masagué desde su detención. Ni siquiera lleva una década en política y no es un peso pesado del partido, pero ha tenido el apoyo incondicional de figuras tan importantes como Felip Puig. “Es un buen amigo al que conozco desde hace años”, dijo Puig de Masagué cuando lo encarcelaron.

Tampoco entienden por qué Masagué tardó casi dos semanas en dimitir a pesar de estar en la cárcel imputado por varios delitos. Todos los concejales con los que he hablado, además, aseguran que el partido le paga la defensa. Un aspecto que una portavoz de Convergència no ha querido confirmar ni desmentir. El abogado de Masagué es Javier Melero, el letrado de confianza del partido.

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Sin estrenos. El teatro Auditori de Torredembarra, en el que se han gastado cuatro millones de euros, permanece abandonado desde 2010 pese a estar casi acabado.

Una carrera fulgurante

Masagué tuvo una carrera meteórica dentro de CiU. Este empresario del sector panadero accedió a la alcaldía del pueblo en 2008, cuando solo llevaba dos o tres años militando en el partido. En poco tiempo, sin embargo, se prodigaba en mariscadas y comidas con la cúpula del partido y alardeaba de sus lazos de amistad con Oriol Pujol y Felip Puig.

Media docena de ediles, vecinos y militantes de distintos partidos rememoran las copiosas comidas de Masagué y Pujol en el restaurante Les Palmeres, que se encuentra en el paseo marítimo del pueblo. Recuerdan cómo el alcalde alardeaba de su amistad con un sector de la cúpula de CDC.

Masagué ya no tiene responsabilidades públicas. Pero en el pueblo se percibe cierto miedo cuando se pregunta por él. La gente que lo trató lo describe como una persona obsesiva y paranoica, mentirosa, de trato difícil, que intentaba controlarlo todo y siempre miraba hacia los lados cuando iba por la calle. “Era muy desconfiado”, describe el actual alcalde del municipio. “Es capaz de hacer cualquier cosa. No tiene ningún límite ético ni moral”, asegura Gassull.

Un miembro de Convergència que lo conoce bien y que sólo accede a hablar si no se publica su nombre recuerda cómo Masagué ponía a los concejales de su partido a espiarse entre ellos. También desvela su fijación por la magia negra y su insistencia en que había espíritus en el Ayuntamiento. “Cuando llegué a la alcaldía me encontré una factura de un santero que vino a limpiar el edificio”, explica Enric Granjel (PSC), su inmediato sucesor en el cargo después de que lo encarcelaran.

Este miembro de Convergència describe el punto de inflexión en la ascendencia de Masagué en el partido. Fue en 2010, cuando al alcalde se le puso entre ceja y ceja ser diputado en el Parlament. Fue entonces cuando empezaron las comidas con Felip Puig y Oriol Pujol y cuando en el municipio desembarcó Jaume Vila Fontcuberta, un ex diputado de CiU que asumió el cargo de coordinador de urbanismo.

“Firmaba todo lo que el alcalde le pedía”, coinciden Gassull, Granjel y Rovira.

En una cena ante cientos de militantes durante la campaña de las municipales de 2011, Masagué explicó que entró en política porque su empresa se le había quedado pequeña. “Masagué tenía mentalidad de empresario, no de político”, prosigue Granjel. “No le gustaba tener que seguir con el protocolo establecido para la contratación pública”.

Los ediles consultados describen cómo trató de articular un ayuntamiento paralelo para poder adjudicar las obras públicas a su antojo. Nombró interventora a Esther Agulló, que hasta entonces era su secretaria personal. Puenteaba los informes adversos del secretario municipal Rafael Orihuel mediante estudios externos, muchos de ellos de la consultora Efial. La dirección nacional de Convergència le mandó al pueblo a Jaume Vila Fontcuberta como responsable de urbanismo. Masagué duplicó la remuneración por asistir a los plenos de 800 a 1.600 euros.

En el sumario aparece una conversación entre Masagué y Toni Martos, responsable de Efial, que ilustra la poca querencia del alcalde por seguir los procedimientos establecidos. “Quedaremos en el pabellón deportivo. Haremos la reunión ahí (…) el tema está en que no pase por el secretario, el tema clave es ése”, le dice Masagué a Martos.

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Un aparcamiento fantasma. Fue adjudicado a la empresa Teyco por 2,5 millones, pero tuvo un sobrecoste del 40%. Se cerró en agosto de 2014 porque no era rentable. Aún no se sabe qué uso se le dará.

La punta del iceberg

Quienes conocen de cerca la investigación aseguran que lo que ha trascendido hasta ahora es sólo la punta del iceberg. La investigación está en manos del Juzgado de Instrucción 1 de El Vendrell y está a punto de terminar. Según una fuente que ha leído el sumario, el caso podría generar un cisma en la política catalana porque el modus operandi se repetía en diversos municipios controlados por Convergència.

Hay varias líneas de investigación en Torredembarra. Están los presuntos pagos al alcalde por parte de Teyco, la empresa familiar del constructor y cofundador de CiU Carles Sumarroca. También los contratos con la empresa Efial a cambio de informes a medida, los sobornos a diversos ediles a cambio de votos favorables y un contrato de entre 15 y 17 millones con la empresa Sorea relacionado con la gestión del agua en el municipio.

“Con el tema de Sorea se ha hecho lo que se ha querido. El 4% o el 5% se ha ido dónde se ha querido y aquí ni Dios respira”, le dice un empresario imputado a la teniente de alcalde Paquita Falguera, de Unió, en una de las grabaciones. Sorea es una filial del grupo Agbar, que ha sido el mayor donante de la fundación de Convergència durante los últimos años, según publicó el pasado martes el diario El País.  

Hacienda busca en Holanda 6,2 millones en comisiones de Oleguer Pujol

La Agencia Tributaria ha solicitado al Juzgado de Instrucción número uno de la Audiencia Nacional que libre una comisión rogatoria a Holanda para determinar “los beneficiarios y destino” de al menos 6,2 millones de euros pagados en comisiones por Oleguer Pujol en una de sus millonarias operaciones inmobiliarias.

La Agencia Tributaria ha solicitado al Juzgado de Instrucción número uno de la Audiencia Nacional que libre una comisión rogatoria a Holanda para determinar “los beneficiarios y destino” de al menos 6,2 millones de euros pagados en comisiones por Oleguer Pujol en una de sus millonarias operaciones inmobiliarias.

Este pago se enmarca en la adquisición de las 1.152 oficinas del Banco Santander por 2.040 millones de euros que investigar la Audiencia Nacional por blanqueo y delito fiscal. Por ahora se desconoce el destino de estos fondos, que fueron desviados por orden del hijo menor del ex president. Anticorrupción sospecha que Pujol Ferrusola pudo introducir fondos procedentes de la corrupción política en esta y alguna otra operación.

La Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) recuerda en un escrito al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL que esta compra millonaria, materializada el 23 de noviembre de 2007 por la sociedad Samos Servicios y Gestiones SLU, se saldó con el pago de al menos 6,2 millones de euros a la sociedad holandesa Marway BV, “domiciliada en Laan Van Meerdervoort 1224 2555 CD’S Gravenhage”. Tres ciudadanos holandeses figuran como administradores oficiales de esta entidad, que “sólo ha tenido un empleado” durante los ejercicios 2008, 2009 y 2010.

Según la ONIF, se desconoce quiénes son los socios de esa empresa “por lo que se han remitido varios requerimientos de información al Registro Mercantil de los Países Bajos”. No obstante, subraya que existe constancia de un apoderamiento otorgado por Oleguer Pujol a los referidos administradores holandeses por lo que se sospecha que dichos fondos se encuentran bajo su control.

Hacienda propone al juez Santiago Pedraz que solicite a las autoridades holandesas todos los movimientos de una cuenta de esta sociedad instrumental en el ING Bank de Amsterdam y que “identifique a las personas físicas y jurídicas que figuran como titulares o autorizados de la mismas”. Solicita todos los movimientos de más de 20.000 euros junto con la identificación del “ordenante y beneficiario” y“las cuentas bancarias de origen y el destino de los fondos”. Por último exige los movimientos de las cuentas bancarias abiertas por Marway, BV “en cualquier entidad de crédito establecida en Holanda desde su apertura y que identifique a las personas físicas y jurídicas que figuran como titulares o autorizados de las mismas”.