Las sospechas de corrupción acorralan al ‘conseller’ Puig

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Felip Puig con el ex alcalde de Barcelona, Xavier Trias.

Al ‘conseller’ de Convergència le han rodeado varios escándalos pero nunca ha sido imputado. Durante esta campaña ha mantenido un perfil muy bajo. Algunos dicen que porque se avecinan problemas con la Justicia. EL ESPAÑOL desveló este sábado que Puig intercedió por Jordi Pujol Ferrusola con funcionarios de la Generalitat.

También en EL ESPAÑOL: 

Al ‘conseller’ de Convergència le han rodeado varios escándalos pero nunca ha sido imputado. Durante esta campaña ha mantenido un perfil muy bajo. Algunos dicen que porque se avecinan problemas con la Justicia. EL ESPAÑOL desveló este sábado que Puig intercedió por Jordi Pujol Ferrusola con funcionarios de la Generalitat.

Cuentan en Convergència que el partido siempre tuvo dos almas. El sector negocios y el sector política. Cuando las cosas iban bien, el sector negocios se imponía sobre el resto. Cuando el viento soplaba en contra, la parte política tomaba las riendas para atraer a los votantes. Felip Puig (Barcelona, 1958) siempre formó parte del llamado sector negocios, formado por dirigentes de la talla de Lluís Prenafeta, Macià Alavedra y Oriol Pujol. Todos ellos menos Puig están imputados por varios delitos.

La sombra de Puig ha sobrevolado sobre diversos casos de corrupción en Cataluña, pero nunca nadie ha probado que hiciera nada ilegal. Íntimo amigo de Jordi Pujol Ferrusola, con quien compartió colegio desde los seis años, milita en CDC desde que cumplió la mayoría de edad en 1976. Durante estos años ha ocupado todo tipo de cargos de responsabilidad tanto en la Generalitat como en Convergència. Ha sido cuatro veces conseller -Medio Ambiente, Obras Públicas, Interior y Empresa-, secretario general adjunto del partido y portavoz de la Generalitat.

Fue durante su etapa como consejero de Obras Públicas, entre 2001 y 2003 cuando la empresa pública Adigsa presuntamente cobró mordidas que alcanzaron el 20% del importe de las adjudicaciones. El juez, que cerró la instrucción en 2014, imputó a siete personas por malversación, tráfico de influencias, prevaricación y falsedad documental. Entre estos siete imputados se encuentran tres ex cargos de la empresa cercanos a Puig: Josep Antoni Fondevila, Xavier Sala y Jordi Huguet. Durante la investigación, un empresario acusó a Puig y a Oriol Pujol de estar al corriente de las irregularidades de Adigsa. Este empresario, sin embargo, se desdijo y no ratificó ante el juez lo que había afirmado ante la Fiscalía.

Muy unido a los Pujol

La relación de Puig con la familia Pujol va mucho más allá de esa amistad de pupitre entre el ex consejero y el primogénito de Pujol. Ambas familias han mantenido una estrecha amistad que alcanza a otras personas con los mismos apellidos. En Cataluña son conocidos los negocios que hicieron durante años Jordi Pujol Ferrusola y Jordi Puig, hermano del político convergente. Les llamaban los Jordis fueron socios en diversas inversiones y negocios desde mediados de los 90 hasta 2009.

En septiembre del año pasado un juez de Barcelona imputó por blanqueo de capitales a dos hermanos del conseller Puig: Jordi y Oriol. La investigación, sin embargo, circunscribió ese caso a la actividad privada de los hermanos de Puig y no encontró relación con los negocios de Pujol Ferrusola ni con la Generalitat.

El nombre de Puig y el del primogénito volvieron a emerger este sábado cuando EL ESPAÑOL desveló que el conseller había hecho gestiones a favor de Pujol Ferrusola en relación con la concesión de un distintivo de calidad a un hotel en el Pirineo catalán. 

Ni rastro 

A Felip Puig se le ha considerado durante años una de las personas con más influencia dentro de CDC. A través de la colocación de personas afines en diversos ayuntamientos e instituciones territoriales, ha tenido un enorme poder que según cuenta una fuente de CDC brotaba de su control sobre las adjudicaciones municipales en pueblos y ciudades de todo el territorio. Él mismo reconoció durante la comisión de investigación del Parlament sobre fraude fiscal que cuando una empresa acudía a ofrecerle sus servicios enviaba a sus responsables a los ayuntamientos convergentes. “Pero nunca dije a un alcalde que contratara a una empresa en concreto”, se excusó.

En el caso de Torredembarra, por ejemplo, el nombre de Puig aparece en un gran número de documentos del sumario judicial. El conseller empezó a aparecer por el municipio cuando su alcalde, Daniel Masagué, decidió que quería ser diputado en el Parlament. Una persona que trabajaba para el alcalde asegura que éste le dijo que si quería ser diputado debía acercarse a Puig. Hoy Masagué está imputado por varios delitos relacionados con la corrupción en el municipio.

Puig también le pidió a Artur Mas que le diera un cargo a Jaume Vila, el coordinador de urbanismo que envió a Torredembarra en 2010 y que también está imputado por un delito contra la Administración pública.

A muchos les sorprende que uno de los líderes más poderosos del partido haya desaparecido del panorama durante la campaña. Durante esta legislatura, Puig ha sido consejero de Empresa y Ocupación. Ahora no va en las listas del 27-S y ha mantenido un perfil muy bajo en los últimos días. Algunos atribuyen este silencio a una imposición de ERC a la hora de elaborar la lista conjunta. Otros creen que fue él mismo quien dio un paso atrás al ver cada vez más cerca el brazo de la Justicia.

También en EL ESPAÑOL:

El polvorín de Torredembarra

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Reportaje gráfico: Alberto Gamazo

Este pueblo de 15.000 habitantes es el centro de la trama que apunta a la financiación ilegal de Convergència. Vecinos y concejales describen el mandato del alcalde Daniel Masagué, que según el sumario usó el consistorio para enriquecerse, financiar al partido y lanzar su carrera como diputado al Parlament.

Este pueblo de 15.000 habitantes se ha convertido en la punta del iceberg de una trama que apunta a la financiación ilegal de Convergència. Vecinos y concejales describen el mandato del alcalde Daniel Masagué, que según el sumario usó el consistorio para enriquecerse, financiar al partido y lanzar su carrera como diputado al Parlament.

Una de las primeras cosas que se ven al llegar al centro de Torredembarra es una oficina electoral medio vacía. Dentro sólo se observan un par de sillas destartaladas frente a un escritorio. Encima de la mesa hay una impresora y una pequeña señera, lo único que se mantiene en pie. En la cristalera se puede leer el nombre de Daniel Masagué, el ex alcalde del pueblo imputado por delitos de malversación, cohecho, blanqueo y organización criminal. La estampa describe perfectamente lo que es hoy en día Torredembarra: Masagué ya no está en la alcaldía pero aún se perciben los escombros de su mandato.

La historia de Torredembarra es la de cualquier caso de corrupción y caciquismo en el que las luchas internas lo hacen saltar todo por los aires. Pero va mucho más allá. Lo que en un principio parecía un simple alcalde corrupto fue el origen de una investigación que sigue en pie y que ha supuesto detenciones de ediles y alcaldes, ha salpicado a pesos pesados de Convergència y ha ocasionado registros en varias empresas y en las sedes del partido y de su fundación CatDem, a través de la cual la Justicia cree que se canalizaban las comisiones por adjudicaciones de la obra pública del ayuntamiento y de la Generalitat.

La denuncia de dos ediles y de un empleado dio las primeras pistas para tirar del hilo y constatar que no se trataba de un problema de ámbito municipal.

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La oficina electoral del ex alcalde Masagué. / ALBERTO GAMAZO

Reportaje gráfico: Alberto Gamazo

El sumario muestra un municipio en el que se sobornaba a ediles de todos los colores, en el que circulaban sobres con billetes, se cobraban comisiones, se favorecía a empresas vinculadas con Convergència y se adjudicaban contratos millonarios de manera irregular.

La mayor parte del caso permanece bajo secreto de sumario. Pero las escuchas telefónicas que han trascendido hasta la fecha muestran a un alcalde que durante seis años controló a su antojo un consistorio con un presupuesto que ronda los 20 millones de euros. Las actas de los plenos revelan un ayuntamiento crispado y fraccionado con enfrentamientos constantes, con la sombra de la corrupción planeando sobre las votaciones y con intervenciones de la policía para calmar los ánimos en alguna ocasión.

“Este pueblo es un polvorín”, explica Montserrat Gassull, que durante años fue concejala de ERC y que fue la primera en denunciar las presuntas corruptelas.

A través de su abogado, Masagué ha declinado dar su versión de los hechos para este reportaje.

El origen de las denuncias

El 28 de agosto la precampaña catalana se vio sacudida por una gran operación de la Guardia Civil. Los agentes acudieron a varios ayuntamientos que habían estado en manos de CiU y a la sede del partido y de su fundación. También registraron el domicilio del ex tesorero del partido, Daniel Osácar. La operación era un nuevo capítulo de una investigación que ha llevado a la Guardia Civil a registrar y detener a ediles, alcaldes y empresarios próximos a CiU en un intento de desenmascarar la presunta financiación ilegal del partido y las comisiones del 3% que se cobraban por adjudicar obra pública de la Generalitat.

Las fuerzas soberanistas interpretaron la operación como un episodio más de la guerra sucia del Estado. Pero el origen de la operación se encuentra en una denuncia que interpuso en junio de 2012 Montserrat Gassull, que en aquella época aún era concejal de ERC. Tanto la cúpula de ERC como la de Convergència fueron advertidas por Gassull y por el presidente del comité local de Convergència, Jordi Guasch. “ERC me apoyó en un principio y luego me dejó sola”, explica ahora la concejal.

Gassull (54 años) empezó a reunir documentación en 2011. Al año siguiente presentó seis denuncias de las cuales se archivaron tres. Las denuncias, a las que también se sumó Enric Granjel, edil del PSC, se referían a tres asuntos: el alquiler de un local en condiciones ruinosas por 6.000 euros al mes, el sobrecoste de más de un millón de euros de un aparcamiento adjudicado a la constructora Teyco y el pago de decenas de miles de euros a Efial, una consultora próxima a Convergència que también se ha visto salpicada en otros casos de corrupción municipal.

“Llevaba desde 2011 advirtiendo a los ediles que no votaran ciertas cosas en los plenos y que estaban prevaricando”, recuerda Gassull.

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La concejala Gasull. / ALBERTO GAMAZO

El impulso que necesitaba la investigación no llegaría hasta octubre de 2013. Rachid el-Ghzaoui, que trabajó durante 23 años en la panificadora del alcalde Masagué, estaba enfadado y con ganas de hablar. Masagué le había despedido sin ofrecerle ninguna indemnización después de dos décadas.

Durante ese tiempo, El-Ghzaoui fue el hombre de confianza del alcalde, según explican habitantes del pueblo. “Le había salvado de muchos marrones”, explica un vecino que prefiere no dar su nombre. “No era un simple empleado: le hacía recados y le solucionaba problemas”.

El-Ghzaoui explicó entonces a Gassull que durante años vio circular sobres con decenas de miles de euros en billetes de 500. Acudieron a la Guardia Civil y declararon juntos. La Fiscalía empezó a atar cabos y estrechó el cerco sobre el alcalde. El-Ghzaoui, que ahora reside en Inglaterra con su familia, ha preferido no hacer ningún comentario para este reportaje.

La ‘omertà’ de ERC y CDC

En febrero de 2013 el juez inició la instrucción y preguntó al PSC y a ERC si querían personarse en el proceso. Los socialistas dijeron que sí pero ERC reculó. “Me dijeron que yo ya había hecho lo que tocaba y que dejáramos actuar a la justicia”, recuerda Gassull.

Eduard Rovira (ERC), actual alcalde del municipio, argumenta que su partido no se personó porque ya lo había hecho el PSC y porque en ese momento la formación pasaba por malos momentos de tesorería. Afirma además que Gassull no quiso el respaldo del partido cuando fue a presentar las primeras denuncias.

En paralelo a las denuncias, Gassull, que mantenía un enfrentamiento abierto con Masagué desde años atrás, empezó a emplear su cuenta de Twitter para denunciar las irregularidades en el ayuntamiento. El alcalde la denunció entonces por injurias y fueron llamados a un acto de conciliación en el juzgado de paz. Gassull acudió con una abogada del partido. Pero la conciliación fracasó y la querella por injurias pasó a la jurisdicción civil.

La dirección de ERC dijo entonces a Gassull que aquello era un tema personal y que no la defendería más. “El caso de las injurias era una batalla personal entre dos egos, no tenía nada que ver con el partido ni tenía contenido político”, argumenta ahora Rovira, el alcalde de ERC. “Gassull empleó un tono políticamente incorrecto y muy agresivo. No compartíamos esos mensajes”.

Según Rovira, algunos de los tuits no se referían a casos de corrupción sino a otros aspectos personales del alcalde como por ejemplo sus implantes de pelo. Explica además que el distanciamiento de Gassull de ERC no tiene nada que ver con el escándalo sino con unas primarias en las que intentó sin éxito hacerse con el control de la formación en la localidad. Gassull niega esta versión y asegura que se sintió abandonada por el partido sin motivo aparente.

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Entre 2012 y 2014 Gassull remitió varias cartas al presidente Mas y a la cúpula de ERC para avisar de lo que estaba sucediendo en Torredembarra. Nunca recibió respuesta.

Escribió a Marc Sanglas, secretario de acción municipal de ERC, que admitió después que había recibido la carta. En un acto celebrado en Tarragona interpeló a Oriol Junqueras, a quien conocía desde antes de que fuera el presidente del partido. “En Barcelona sois muy amigos de CiU, pero que sepas que lo que pasa aquí es muy grave”, asegura que le dijo. “Cada municipio debe hacer lo que crea”, le respondió Junqueras, siempre según la versión de Gassull.

Rovira reconoce que en la cúpula de ERC se hablaba del caso pero no asume ningún error. “Una carta de un edil con acusaciones, sin ningún tipo de prueba jurídica, no constituye algo tan relevante”.

Otra batalla interna, esta vez en CiU, motivó los avisos a la cúpula convergente en julio de 2013. Jordi Guasch, en aquel momento presidente del comité local de CiU y enfrentado también con Masagué por el control del partido, escribió una carta a Lluís Coromines, secretario general adjunto del partido. Advertía de lo que sucedía, pero tampoco recibió ninguna respuesta.

Desde entonces Guasch (36 años) se ha dado de baja en el partido y se muestra muy decepcionado. Es independentista desde que tiene uso de razón y forma parte de una familia convergente de toda la vida. Su madre ha sido edil del partido, uno de sus primos fundó la sección local de CiU y tiene un primo que también es concejal del partido en un pueblo vecino.

“Yo ya sé que un partido no es una ONG”, dice. “Lo que nunca imaginé es que era la Mafia siciliana”. Tiene muchas ganas de contar cosas pero dice que no hablará hasta que no pasen las elecciones y se levante el secreto de sumario. Como Gassull, lamenta que se les esté usando para hacer daño al proceso de independencia en Cataluña. “El 27-S votaré a la CUP”, explica. “Si lo supiese mi abuela…”.

A todos los consultados les sorprende el apoyo que la cúpula de CiU ha prestado a Masagué desde su detención. Ni siquiera lleva una década en política y no es un peso pesado del partido, pero ha tenido el apoyo incondicional de figuras tan importantes como Felip Puig. “Es un buen amigo al que conozco desde hace años”, dijo Puig de Masagué cuando lo encarcelaron.

Tampoco entienden por qué Masagué tardó casi dos semanas en dimitir a pesar de estar en la cárcel imputado por varios delitos. Todos los concejales con los que he hablado, además, aseguran que el partido le paga la defensa. Un aspecto que una portavoz de Convergència no ha querido confirmar ni desmentir. El abogado de Masagué es Javier Melero, el letrado de confianza del partido.

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Sin estrenos. El teatro Auditori de Torredembarra, en el que se han gastado cuatro millones de euros, permanece abandonado desde 2010 pese a estar casi acabado.

Una carrera fulgurante

Masagué tuvo una carrera meteórica dentro de CiU. Este empresario del sector panadero accedió a la alcaldía del pueblo en 2008, cuando solo llevaba dos o tres años militando en el partido. En poco tiempo, sin embargo, se prodigaba en mariscadas y comidas con la cúpula del partido y alardeaba de sus lazos de amistad con Oriol Pujol y Felip Puig.

Media docena de ediles, vecinos y militantes de distintos partidos rememoran las copiosas comidas de Masagué y Pujol en el restaurante Les Palmeres, que se encuentra en el paseo marítimo del pueblo. Recuerdan cómo el alcalde alardeaba de su amistad con un sector de la cúpula de CDC.

Masagué ya no tiene responsabilidades públicas. Pero en el pueblo se percibe cierto miedo cuando se pregunta por él. La gente que lo trató lo describe como una persona obsesiva y paranoica, mentirosa, de trato difícil, que intentaba controlarlo todo y siempre miraba hacia los lados cuando iba por la calle. “Era muy desconfiado”, describe el actual alcalde del municipio. “Es capaz de hacer cualquier cosa. No tiene ningún límite ético ni moral”, asegura Gassull.

Un miembro de Convergència que lo conoce bien y que sólo accede a hablar si no se publica su nombre recuerda cómo Masagué ponía a los concejales de su partido a espiarse entre ellos. También desvela su fijación por la magia negra y su insistencia en que había espíritus en el Ayuntamiento. “Cuando llegué a la alcaldía me encontré una factura de un santero que vino a limpiar el edificio”, explica Enric Granjel (PSC), su inmediato sucesor en el cargo después de que lo encarcelaran.

Este miembro de Convergència describe el punto de inflexión en la ascendencia de Masagué en el partido. Fue en 2010, cuando al alcalde se le puso entre ceja y ceja ser diputado en el Parlament. Fue entonces cuando empezaron las comidas con Felip Puig y Oriol Pujol y cuando en el municipio desembarcó Jaume Vila Fontcuberta, un ex diputado de CiU que asumió el cargo de coordinador de urbanismo.

“Firmaba todo lo que el alcalde le pedía”, coinciden Gassull, Granjel y Rovira.

En una cena ante cientos de militantes durante la campaña de las municipales de 2011, Masagué explicó que entró en política porque su empresa se le había quedado pequeña. “Masagué tenía mentalidad de empresario, no de político”, prosigue Granjel. “No le gustaba tener que seguir con el protocolo establecido para la contratación pública”.

Los ediles consultados describen cómo trató de articular un ayuntamiento paralelo para poder adjudicar las obras públicas a su antojo. Nombró interventora a Esther Agulló, que hasta entonces era su secretaria personal. Puenteaba los informes adversos del secretario municipal Rafael Orihuel mediante estudios externos, muchos de ellos de la consultora Efial. La dirección nacional de Convergència le mandó al pueblo a Jaume Vila Fontcuberta como responsable de urbanismo. Masagué duplicó la remuneración por asistir a los plenos de 800 a 1.600 euros.

En el sumario aparece una conversación entre Masagué y Toni Martos, responsable de Efial, que ilustra la poca querencia del alcalde por seguir los procedimientos establecidos. “Quedaremos en el pabellón deportivo. Haremos la reunión ahí (…) el tema está en que no pase por el secretario, el tema clave es ése”, le dice Masagué a Martos.

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Un aparcamiento fantasma. Fue adjudicado a la empresa Teyco por 2,5 millones, pero tuvo un sobrecoste del 40%. Se cerró en agosto de 2014 porque no era rentable. Aún no se sabe qué uso se le dará.

La punta del iceberg

Quienes conocen de cerca la investigación aseguran que lo que ha trascendido hasta ahora es sólo la punta del iceberg. La investigación está en manos del Juzgado de Instrucción 1 de El Vendrell y está a punto de terminar. Según una fuente que ha leído el sumario, el caso podría generar un cisma en la política catalana porque el modus operandi se repetía en diversos municipios controlados por Convergència.

Hay varias líneas de investigación en Torredembarra. Están los presuntos pagos al alcalde por parte de Teyco, la empresa familiar del constructor y cofundador de CiU Carles Sumarroca. También los contratos con la empresa Efial a cambio de informes a medida, los sobornos a diversos ediles a cambio de votos favorables y un contrato de entre 15 y 17 millones con la empresa Sorea relacionado con la gestión del agua en el municipio.

“Con el tema de Sorea se ha hecho lo que se ha querido. El 4% o el 5% se ha ido dónde se ha querido y aquí ni Dios respira”, le dice un empresario imputado a la teniente de alcalde Paquita Falguera, de Unió, en una de las grabaciones. Sorea es una filial del grupo Agbar, que ha sido el mayor donante de la fundación de Convergència durante los últimos años, según publicó el pasado martes el diario El País.  

Anticorrupción descubre al ex tesorero de CiU destruyendo pruebas con una trituradora

Daniel Osacar, ex tesorero de CDC, abandona la sede convergente de la calle Córcega, que ha sido registrada por la Guardia Civil. EFE/Marta Pérez Daniel Osácar, ex tesorero de CDC, abandona la sede de la calle Córcega registrada por la Guardia Civil. EFE/Marta Pérez

La Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil sorprendieron este viernes al ex tesorero de Convergéncia Democrática de Cataluña (CDC) destruyendo pruebas. Los investigadores descubrieron en el despacho de Daniel Osácar una trituradora repleta de documentos vinculados con Teyco, la empresa de la familia Sumarroca que pagó comisiones del 3% a la formación nacionalista.

Daniel Osácar, ex tesorero de CDC, abandona la sede convergente de la calle Córcega, que ha sido registrada por la Guardia Civil. EFE/Marta Pérez

La Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil sorprendieron este viernes al ex tesorero de Convergéncia Democrática de Cataluña (CDC) destruyendo pruebas. Los investigadores descubrieron en el despacho de Daniel Osácar una trituradora repleta de documentos vinculados con Teyco, la empresa de la familia Sumarroca que pagó comisiones del 3% a la formación nacionalista.

Los fiscales Fernando Bermejo y José Grinda, que dirigieron la entrada y registro en los inmuebles de Osácar y en la propia sede de CDC ya han ordenado que la documentación que estaba siendo triturada sea recompuesta lo antes posible.

Anticorrupción tiene acreditado que la familia Sumarroca ha venido abonando a CiU un 3% de comisiones de cada obra adjudicada a sus empresas por los ayuntamientos gobernados por los nacionalistas.

Los investigadores han llegado a esta conclusión tras analizar la documentación intervenida el pasado mes de julio en el registro del domicilio y las oficinas de Jordi Sumarroca Claverol, consejero delegado de Teyco e hijo del fundador de CDC, Carles Sumarroca Coixet.

El Ministerio Público puso en marcha este viernes una nueva operación en el marco del denominado ‘caso Torredembarra’, en el que se investiga el pago de al menos 1,43 millones en comisiones al ex alcalde de CiU Daniel Massagué. Esta nueva fase de la investigación se centra en la canalización de dichos fondos hacia el partido y los investigadores, según ha podido saber EL ESPAÑOL, tienen ya acreditado que el enlace ha sido la Fundación Catalanista y Demócrata (Catdem), que está siendo registrada en estos momentos. Asimismo están siendo registrados cuatro ayuntamientos: Sant Celoni, Sant Cugat, Figueres y Lloret de Mar.

Según sostienen fuentes de la investigación, la plataforma empleada para introducir las comisiones en el partido ha venido siendo la fundación de Convergència, que está siendo registrada este viernes. Asimismo, está prevista la entrada y registro en el domicilio de Daniel Osàcar, ex tesorero de CiU.

La familia Sumarroca empleó un entramado de siete sociedades para sobornar al ex primer edil de Torredembarra. Tras detectar dicho entramado, los fiscales que coordinan la operación, Bermejo y Grinda, pusieron en marcha la ‘Operación Petrum’ el pasado 23 de julio. Esta se saldó con la detención de Jordi Sumarroca y con la práctica de ocho registros en los domicilios de los implicados y en la sede de la empresa constructora.

El pago de comisiones se realizó, en una primera fase, a través de dos empresas de Massagué -la panadería Maes Flequers i Pastissers y la inmobiliaria Daloi-. Estos pagos fueron materializados entre diciembre de 2011 y agosto de 2013 a través de una serie de filiales de Teyco: Teycotel BCN, Teycotel Cap Roig, Teycotel Gestió d’Hotels y Castellbell Residencial. Estas operaciones no están respaldadas por ningún soporte documental, lo que ha llevado a los fiscales Anticorrupción a concluir que se trata de comisiones ilegales.

Tras la detención del consejero delegado de Teyco, la empresa hizo un comunicado en el que reconoció la existencia de pagos al alcalde aunque negó tajantemente que encubrieran comisiones ilegales. “Todas las relaciones comerciales con el exalcalde se realizaron en el ámbito profesional privado, de forma transparente, legal y documentada y sin ninguna vinculación con Massagué como alcalde”. Según este mismo comunicado, “Teyco y Massagué acordaron gestionar conjuntamente restaurantes situados en hoteles y el dinero iba destinado a su equipamiento”. “El negocio no salió adelante y ahora es Massagué el que nos debe dinero”, explicaron desde Teyco.

Los Sumarroca ofrecieron 1,5 millones de euros de fianza para evitar la prisión

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Un millón y medio de euros como gesto para evitar la cárcel. Esa fue la oferta que los abogados de la familia Sumarroca pusieron sobre la mesa tras la detención, el pasado 24 de julio, de tres miembros del clan familiar en el marco de la Operación Petrum. No funcionó. El juez consideró que existía riesgo de fuga sobre Jordi Sumarroca (en la foto), hijo del fundador de Convergencia Democrática de Cataluña (CDC) y decidió ingresarle en prisión preventiva sin fianza.

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Jordi Sumarroca Claverol.

Un millón y medio de euros a cambio de no ir a prisión. Esa fue la oferta que los abogados de la familia Sumarroca pusieron sobre la mesa tras la detención, el pasado 24 de julio, de tres miembros del clan familiar en el marco de la Operación Petrum. Jordi Sumarroca Claverol, consejero delegado de Teyco, su prima Susana y el padre de esta, Joaquim Sumarroca, fueron detenidos por la Guardia Civil  y acusados de pagar fuertes comisiones al ex alcalde de Torredembarra (Tarragona). Unas mordidas entregadas según la investigación de la Guardia Civil a cambio de contratos de obra pública.

Según la tesis de la Fiscalía Anticorrupción, el clan de los Sumarroca -fundadores junto a la familia Pujol de Convergencia Democrática de Cataluña (CDC),- abonó en dos años 1,43 millones de euros al entonces primer edil de Torredembarra, Daniel Masagué, ahora detenido. Por eso, los abogados de la familia se ofrecieron a depositar una cuantía similar -millón y medio de euros- a cambio de que los tres acusados no pisaran la cárcel. No funcionó.

El juzgado de instrucción número 1 de El Vendrell, encargado del caso, decretó la prisión provisional para Jordi Sumarroca Claverol, hijo del fundador de CDC y máximo responsable de Teyco, la mercantil investigada. Tras más de un año de pesquisas y con una imputación formal sobre sus espaldas, Jordi Sumarroca está acusado de presuntos delitos contra la administración pública, blanqueo de dinero y organización criminal.

Prisión por riesgo de fuga

Tras la segunda fase de la operación, sucedida la pasada semana, la Guardia Civil se centra en confirmar el flujo de dinero entre las empresas de la familia Sumarroca  y dos sociedades del ex alcalde de CiU: una panadería llamada Maes Flequers i Pastissers y una inmobiliaria llamada Daloi. Un dinero que cambió de manos entre diciembre de 2011 y agosto de 2013. A la prisión preventiva decretada para el hijo de Carles Sumarroca se une la retirada de pasaporte para sus dos familiares, Susana y Joaquim Sumarroca, decretada por el juzgado encargado de la instrucción.

En el caso de Jordi Sumarroca, pese a su disposición a ingresar 1,5 millones de euros de fianza, el juez atendió la petición de prisión provisional solicitada por la fiscalía ante un posible riesgo de fuga.

Los tres miembros de la familia Sumarroca detenidos el pasado viernes han pasado a engordar la lista de imputados de la causa, que cuenta ya con el ex alcalde de Torredembarra y otros seis ediles de distinto signo político.

No es la primera vez que la Guardia Civil registra las oficinas de Teyco. El pasado verano, agentes de instituto armado realizaron ya un primer registro en las instalaciones de la empresa mercantil que el clan tiene en Barcelona. Ahora, los registros se han centrado también en la vivienda barcelonesa de Jordi Sumarroca, donde la Guardia Civil se incautó de distinta documentación y realizó una copia de todos los dispositivos informáticos.