Pujol Jr. y su esposa fabricaron un autoalquiler como el de la Infanta

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El afán del hijo mayor del ex president por evadir impuestos le llevó a usar el mismo artificio contable que usó la Infanta Cristina. Un contrato ficticio confeccionado el 1 de enero de 2003 en el que la arrendadora y la arrendataria son la misma persona: la esposa del primogénito del president, Mercè Gironès.

El caso Urdangarin y el caso Pujol ya tienen un elemento en común. El afán por evadir impuestos de los ex duques de Palma y del matrimonio del hijo mayor del ex president ha desembocado en ambos casos en la fabricación del mismo artificio contable para engañar a Hacienda. Tanto la Infanta Cristina como Mercè Gironès rubricaron de su puño y letra un contrato fraudulento con el que simularon alquilarse a sí mismas sus propias oficinas.

El objetivo perseguido por ambas era el mismo: generar gastos falsos en sus respectivas sociedades instrumentales para tributar menos. Tanto la hija de Don Juan Carlos como la nuera de Jordi Pujol i Soley se encontraron de pronto con el mismo problema fiscal. Una y otra disponían de entidades sin actividad alguna que utilizaban para cobrar comisiones de grandes empresarios.

En el caso de la Infanta, Aizoon percibía pagos millonarios por la prestación de asesorías inexistentes a grandes compañías internacionales. En los balances de la empresa se registraban grandes ingresos y apenas había casi gastos, por lo que el margen de beneficio por el que tributaba era máximo.

Gironès hizo algo muy similar. Su marido utilizaba empresas instrumentales para cobrar comisiones del 5% de grandes contratistas de la Generalitat que se camuflaban bajo el paraguas de hipotéticas asesorías de las que no existe rastro alguno. De nuevo los ingresos eran cuantiosos, los gastos, inexistentes y los impuestos que pagar, muy elevados. Ambos matrimonios recurrieron a diversas fórmulas para incorporar a las sociedades gastos que no habían generado con el objetivo de reducir su base imponible.

EL ESPAÑOL ha tenido acceso al contrato ficticio confeccionado por Jordi Pujol Ferrusola y su mujer el 1 de enero de 2003. Se trata de un supuesto alquiler en el que “de una parte”, en calidad de arrendadora, comparece “la Sra. Mercè Gironès i Riera”; y, de otra, como arrendataria, hace lo propio la misma “Sra. Mercè Gironès i Riera”.

Según este acuerdo mercantil, la mujer de Pujol Jr., que actúa en representación de las dos sociedades instrumentales empleadas por su marido para cobrar comisiones (Iniciatives, Marketing i Inversions, SA, y Project Marketing Cat, SL), deja constancia de que las entidades se alquilan a sí mismas el despacho profesional que habitualmente utilizan: un inmueble situado en el número 5-15 de la barcelonesa calle Ganduxer.

Según dice este documento, “la sociedad Iniciatives”, propiedad de Pujol Ferrusola y de su mujer, “se compromete a prestar servicios de carácter administrativo a favor de la sociedad Project”. Concretamente, de “recepción en sus oficinas de llamadas telefónicas, de correspondencia postal y telegráfica, de correo electrónico y de fax”. Asimismo, los Pujol fingen que sus dos empresas pantalla se intercambian “su disposición en las mismas oficinas de una sala y/o estancia para la celebración de reuniones limitando su utilización a un máximo de diez horas mensuales no acumulables” como si fueran entidades que no estuvieran vinculadas entre sí.

Para intentar otorgarle cierta veracidad, el contrato falso de autoalquiler establece también que tiene la “duración de un año prorrogable automáticamente por periodos de igual duración, salvo denuncia expresa de cualquiera de las partes, que deberá ser comunicada a la otra con al menos 15 días de antelación”. La tarifa que fijan para los servicios asciende a “480 euros” a los que se aplicará “el IVA vigente en cada momento”.

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El documento lo rematan sendas firmas idénticas de Gironés.

El Mundo ya reveló en octubre de 2013 un documento prácticamente calcado al descrito que fue diseñado por los ex duques de Palma y en el que figuraba, como arrendadora y arrendataria al mismo tiempo, Cristina de Borbón. En aquel caso, la Infanta simulaba alquilarse a sí misma su palacete de Pedralbes, que presentaba ante Hacienda como sus oficinas profesionales pese a que ni siquiera albergaba un despacho como tal. Aquel contrato, junto con otra serie de pruebas documentales que certificaban la participación directa de la Infanta en una trama de evasión de impuestos, provocó su imputación en el caso Urdangarin por delito fiscal.

El fiscal Horrach pide que la fianza de la infanta Cristina sirva como atenuante si es condenada

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Si la infanta Cristina es condenada, merecerá una rebaja en la posible pena ya que ingresó “de forma voluntaria”  el dinero de la venta de su casa. Una vivienda que el juzgado embargó tras cuatro meses de espera y un ultimátum por parte del Juez Castro. Ahora, la petición no llega de los abogados de la infanta -que impulsaron desde el primer momento una rebaja de 1,5 millones de euros en la fianza- sino del fiscal del caso, Pedro Horrach, que acusa al juez en su escrito de actuar de espaldas a la legalidad.

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La infanta Cristina ha colaborado siempre con la Justicia. Y por eso, los 2,3  millones de euros depositados  voluntariamente en el juzgado como fianza de responsabilidad civil por la venta de su casa, deberían servir como atenuante si la hija menos del rey Juan Carlos, y hermana del actual monarca, es condenada. Si la infanta termina en prisión, al menos, que pase el menor tiempo posible.

La petición, registrada en el juzgado el pasado 11 de junio, no llega de los abogados de la infanta – el bufete catalán Roca Junyent- sino del fiscal del caso, Pedro Horrach. El representante del ministerio público considera en su recurso de apelación, firmado hace ahora un mes, que la infanta Cristina debería tener una condena reducida si -finalmente y tras sentarse en el banquillo- es sentenciada por dos presuntos delitos de fraude fiscal. Sobre la mesa, Cristina de Borbón tiene ahora una petición de ocho años de cárcel.

La postura del fiscal es diametralmente opuesta -una vez más- a la mantenida por el juez instructor del caso, el magistrado José Castro, que el pasado 22 de diciembre dio por buenos los argumentos de la acusación popular -ejercida por el sindicato Manos Limpias- y fijó una responsabilidad civil para la infanta de 2,6 millones de euros. Desde entonces, sus abogados han pedido de forma reiterada una rebaja en la cuantía de la fianza. De 2,6 millones a 449.000 euros. Y cuentan en la batalla con un nuevo aliado: el fiscal del caso, que se adhirió a sus peticiones desde su primer recurso por este tema.

Sin colaboración

El pasado 2 de junio, el juez Castro rechazó de forma oficial reducir la cuantía de la fianza. Y lo hizo, -según su propio escrito- porque  Cristina de Borbón “nunca se ofreció de forma voluntaria a dar su versión sobre los hechos. Incluso ante su inicial convocatoria judicial se negó a hacerlo […] y en su declaración, a la que llegó con gran esfuerzo, no se advirtió el más mínimo reconocimiento de los hechos, ni siquiera a título de error o imprevisión”.  A juicio del instructor, “la intención real de la consignante no era la de reparar ningún daño […] sino de afianzar, no reparar, las responsabilidades que pudieran depararse”.

Frente a estos argumentos, el fiscal Horrach esgrime en su último recurso el artículo 21.5 del Código Penal, que contempla como circunstancia atenuante para reducir una condena “La de haber procedido el culpable a reparar el daño ocasionado a la víctima, o disminuir sus efectos en cualquier momento del procedimiento y con anterioridad a la celebración de juicio oral”. A juicio del fiscal, la normativa aprobada en 1995 no exige “una necesidad de contricción”. En otras palabras: no hace falta que la infanta se arrepienta o se reconozca culpable para recibir beneficios en su condena. Basta con poner el dinero encima de la mesa.

Reparación voluntaria

Según el escrito del fiscal, uno de los principales requisitos para aplicar atenuante es “que el acto de reparación sea a iniciativa voluntaria del imputado, y sea él quien lo configure, con independencia de que sea un tercero quien, en su caso, le facilite los medios económicos”. Horrach recuerda en su recurso que el 17 de diciembre de 2014, la defensa de la infanta consignó de forma voluntaria en el juzgado 587.413 euros en concepto de responsabilidad civil. Un dinero que debía servir para para saldar su posible responsabilidad lucrativa ante los 168.571 euros que su marido defraudó presuntamente a Hacienda entre 2007 y 2008.

Sin embargo, olvida el fiscal que el caso no terminó ahí. Ni tampoco la posible responsabilidad civil de la infanta. Con la imputación por parte de Manos Limpias de dos presuntos delitos de fraude fiscal, la fianza de la infanta subió a los 2,6 millones de euros. Y cambió también la voluntariedad de la infanta de cara a la Justicia. El juez Castro impuso un plazo de veinte días para que la hija menor del rey emérito saldara la nueva fianza y cuatro meses después, rebasado con creces ese plazo, tuvo que fijar un ultimátum de tres días para que Cristina de Borbón pusiera a disposición sus bienes.

Fue entonces cuando los abogados de la infanta registraron en el juzgado un listado de su patrimonio: los pisos escriturados a nombre de Aizoon, su nómina como directiva de La Caixa y la vivienda vendida hace dos semanas a una sociedad en Liechtenstein.

El escrito del fiscal remarca de nuevo la tesis de que la acusación popular -que en este caso es la única que ha pedido prisión para la infanta- es insuficiente para sentarla en el banquillo. En este caso, el argumento se traslada también a la responsabilidad civil: “El acusador popular carece de legitimación para solicitar la reparación civil que queda reservada para el perjudicado […] Ni el juez ni la Acusación Popular pueden sustituir legalmente la voluntad del prejudicado a estos efectos”. Ahora, la pelota está de nuevo en el tejado de la Audiencia Provincial de Baleares.

El comprador del palacete de la infanta se esconde tras una fundación en Liechtenstein

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La firma recibe el nombre de Matsoto Foundation, y es una de las formas jurídicas más opacas del planeta; una fundación abierta en Vaduz, capital de Liechtenstein. Desde allí se controla una empresa en Luxemburgo, Southbury Holding, que ha puesto 6,9 millones de euros para comprar de la casa de Iñaki y Cristina.

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La firma recibe el nombre de Matsoto Foundation. Y es una de las formas jurídicas más opacas del planeta; una fundación abierta en Vaduz, capital del principado de Liechtenstein. Allí, este tipo de empresas son prácticamente un agujero negro. Matsoto Foundation no presenta cuentas públicas, no declara abiertamente sus socios. Y sobre todo, no tiene obligación legal de anunciar quién está detrás de la compra -por medio de varias empresas pantalla- del palacete que hasta hace escasos días estaba a nombre de Iñaki Urdangarín y la infanta Cristina  en el barrio barcelonés de Pedralbes. Un palacete embargado por la Justicia y por el que la pareja ha recibido 6,9 millones de euros.

El pasado 8 de junio el juez José Castro, encargado de la investigación del Caso Noos, levantó la anotación judicial que pesaba sobre el inmueble. Los ex duques de Palma, ambos imputados, aseguraron al juez que tenían un comprador para la casa. De hecho, el contrato de arras llevaba firmado desde diciembre del año pasado. Según el documento, el comprador anónimo estaba representado por el abogado barcelonés Miquel Terrasa, un viejo conocido de Iñaki Urdangarín. Terrasa ya asesoró al Instituto Noos en su proyecto para hacer  de Valencia la sede de los Juegos Europeos.

Hace tan solo dos días, Urdangarín y la infanta anunciaban al juez Castro que la compra se había materializado: del dinero entregado por el comprador anónimo 4,4 millones han servido para saldar la hipoteca del inmueble. El resto, 2,3 millones según el escrito de sus abogados, ha sido consignado por un notario en la cuenta del juzgado para hacer frente a la fianza civil impuesta a ambos, que supera los 13 millones en el caso de Urdangarín y fue fijada en 2,6 en el caso de la infanta.

Según el Registro Mercantil español, el nuevo comprador de la vivienda no es una persona física, sino una empresa abierta en Luxemburgo, de nombre Southbury Holdings. La sociedad fue creada en el principado centroeuropeo el 28 de mayo de 2008 por los representantes de un conocido bufete financiero de la zona, International Pyramide Holdings. El director de la compañía es, por ejemplo, uno de los máximos directivos de gigantes como Pepsi en Europa. Según su acta fundacional, las 1.250.000 acciones de Southbury Holdings están en manos de este conglomerado. Pero un año después de su creación, eso cambió. El 18 de febrero de 2009 las acciones de Southbury Holdings pasaron de golpe a la firma Matsoto Foundation.  La sociedad en Liechtenstein se hizo así con el control de la firma en Luxemburgo. Y, por tanto, es ahora la propietaria real del palacete de la infanta.

Coincidencias

Pese al cambio de acciones y su titularidad real en Liechtenstein, Southbury Holdings está administrada desde el momento de su creación por otra empresa del mismo país: una firma llamada Manacor (luxembourg) SA, un nombre mucho más recurrente si tenemos en cuenta que Urdangarín y la infanta Cristina ostentaban hasta hace una semana el título de duques de Palma y que Manacor es uno de los principales municipios de la isla.

La gestión de esta compañía -abierta ya antes de la creación de Southbury Holdings- ha pasado por varias manos desde entonces y en la actualidad está encargada  a cinco financieros locales. Cinco personas que trabajan en el número 46A de la Avenida J.F. Kennedy de Vaduz: Gérald Olivier David Welvaert, Jean-Jacques Josset, Martin Paul Galliver, Fabrice Michel Gilles Mas y Fabrice Stéphane Rota.

El 18 de junio de 2010, Southbury Holdings, compradora oficial del palacete de Pedralbes, celebró una junta extraordinaria de accionistas. La única que tiene anotada. Y allí, un financiero luxemburgués llamado Thomas O’Doherty, con un poder de Matsoto Foundation -la dueña en Liechtenstein-  realizó una serie de modificaciones de los estatutos ante notario. Cambios como una reducción de los gastos fijos anuales estimados de la empresa hasta los 1.000 euros. En resumen, un ahorro de dinero. Un mes después -exactamente el 22 de julio de 2010- el juez Castro abre la pieza separada que ha servido para investigar las presuntas corruptelas de Urdangarín y la infanta Cristina y que ha terminado por sentar a la pareja en el banquillo. 

Un año antes de estos hechos y según reveló ayer el portal Vanitatis, la misma empresa luxemburguesa compró otro piso en Barcelona. Una vivienda de 450 metros cuadrados en el Paseo de la Bonanova de Barcelona. Esta vez, la compra se realizó el 21 de mayo de 2009; dos días después de la primera comunión de Juan Valentín y Pablo Nicolás, los hijos mayores de los ex duques de Palma. 

Los ciudadanos las prefieren rubias (pero honradas)

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Esta semana no sólo pasará a la historia como la de la verdadera coronación de Felipe VI o como la de la llegada de la extrema izquierda a los grandes ayuntamientos, sino también como la del inicio de una nueva manera de hacer política.

Si como escribí la semana pasada “no hay mejor atajo hacia el  prestigio que el repudio explícito de lo intolerable”, el nuevo Rey acaba de dar un buen paso. Ya que no movió ficha tras el ultraje a los símbolos comunes, bien está que lo haga poniendo en su sitio a su hermana. Pero esta semana no sólo pasará a la historia como la de la verdadera coronación de Felipe VI o como la de la llegada de la extrema izquierda a los grandes ayuntamientos, sino también como la del inicio de una nueva manera de hacer política.

Comencemos por lo menos obvio. Cuando en 1996 el Partido Andalucista, con un 6% de los votos y 4 escaños, fue decisivo para la investidura de Chaves como presidente de la Junta, obtuvo a cambio dos consejerías. Cuando en 2012 Izquierda Unida, con el 11% de los votos y 12 escaños, fue decisiva para la investidura de Griñán, obtuvo a cambio 4 consejerías, incluida la vicepresidencia.

Una simple analogía promediada indica que si Ciudadanos fuera un partido como los demás, ahora que con el 9% de los votos y 9 escaños ha resultado decisivo para la investidura de Susana Díaz, habría obtenido tres consejerías. Una cuota de poder muy significativa en una comunidad en la que se acostumbra a no respetar sino al que manda. Una tentación suculenta para un partido que necesita con urgencia arraigo y estructuras de apoyo.

Pero en lugar de coger su trozo de tarta, Ciudadanos ha obligado a la presidenta de la Junta a firmar 70 compromisos que incluyen una importante bajada del tramo autonómico del IRPF y medidas regeneradoras tan significativas como la limitación de su propio cargo a dos mandatos, la eliminación del aforamiento de los diputados, la supresión de los sobresueldos a cargo del partido o la reforma electoral con proporcionalidad y listas abiertas o desbloqueadas.

Algo muy similar está a punto de consumarse en la Comunidad de Madrid donde, a pesar de que Ciudadanos ha obtenido nada menos que el 12% de los votos y 17 escaños, no está pidiendo ni la vicepresidencia como hizo Carod Rovira con el PSC, ni importantes consejerías como hicieron los socialistas en el País Vasco, Navarra o Canarias cuando pactaron con PNV, UPN o Coalición Canaria; o como hicieron el Bloque en Galicia, el PAR en Aragón o todos los miembros de los sedicentes Pactos de Progreso en Baleares.

En lugar de eso, Ciudadanos va a obligar a Cristina Cifuentes a promover las primarias, establecer la incompatibilidad entre el cargo de alcalde y el de diputado autonómico y eliminar -albricias- el Consejo Consultivo, que servía de abrevadero de viejas glorias. Todo ello dentro de un pacto anticorrupción que, como en el caso andaluz, sustancia la responsabilidad civil de los partidos respecto a las coimas de sus cargos orgánicos, obliga a expulsar de las instituciones a los imputados y acentúa las medidas de control y transparencia.

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Ilustración: Javier Muñoz

La práctica simultaneidad de ambos acuerdos, fruto del buen manejo de los tiempos por parte de Rivera y su equipo, ha puesto de relieve la mimética coincidencia de las críticas desde la derecha, a cuenta de Andalucía, y desde la izquierda, a cuenta de Madrid. En ambos casos se denuncia que Ciudadanos está permitiendo que sigan en el poder dos organizaciones con tanta corrupción a sus espaldas como el PSOE andaluz y el PP madrileño.

Aunque todo quiera presentarse del color del cristal con que se mira, ningún observador ecuánime dejará de reconocer que tanto monta, monta tanto la Gürtel como los ERE, la Púnica como la Edu. Pero también que, haciendo de la necesidad virtud, Susana Díaz y Cristina Cifuentes están incluyendo la lucha contra la corrupción entre sus prioridades y les va lo suficiente en juego -sus prometedoras carreras- como para no fallar en eso.

Tienen razón quienes dicen que en las exigencias de Ciudadanos faltan cosas esenciales. Por ejemplo el cierre, o al menos la drástica despolitización, de Canal Sur y Telemadrid. Por ejemplo la reducción del número de diputados autonómicos que ya es alto en Andalucia -109- y adquiere ribetes de escándalo -129- en una autonomía uniprovincial como Madrid.

También es cierto que el merecido escarnio de Chaves y Griñán por su responsabilidad como gobernantes en el monumental fraude de los ERE ha quedado condicionado a lo que diga el Supremo. O que Cifuentes ni controla el PP de Madrid ni puede responder siquiera por los integrantes de su lista, redomados golferas incluidos. Gran parte de la opinión no sabe al final a qué atenerse en relación a tantos sospechosos habituales.

Por una vez ha sido la Corona la que ha aportado claridad y concreción. Al despojar a su hermana -y de rebote al truhán de su cuñado- de su título nobiliario, Felipe VI acaba de enviar un nítido mensaje a los partidos manchados por la corrupción: cuando se vulnera la ejemplaridad exigible a quien ocupa una posición institucional, no hay que esperar a que los tribunales dicten sentencia para depurar responsabilidades políticas.

La infanta Cristina podrá ser absuelta por la Audiencia de Palma o eventualmente por el Supremo y seguirá siendo tan indigna como hoy de presentarse como duquesa de Palma. Sea o no delictiva su conducta, es intolerable que la hija -ahora hermana- de un Rey figure en los órganos gestores de una sociedad montada para dar sablazos a las arcas públicas.

La moraleja de esta lección de Felipe VI en el único plano que maneja -el simbólico representativo- es que la imputación no es en sí misma una línea roja que deba generar automatismos. Cristina llevaba imputada desde enero del año pasado y camino del banquillo desde noviembre. Al parecer la gota que desbordó el vaso de la “jartera” del Rey –Ana Romero dixit– fue la desafiante irrupción de Cristina el pasado lunes en el funeral por Kardam de Bulgaria sin tan siquiera haber pedido la venia.

No es lo mismo estar imputado por denunciar indicios de corrupción en la Audiencia de Albacete, como le ocurre a Jesús Cacho, que estar imputado por utilizar una fundación de niños discapacitados para llevárselo crudo, como le ocurre a Urdangarín. No es lo mismo Lucía Figar, que pasaba por ahí -esto lo sabe todo Madrid-, que el turbio Salvador Victoria, mano derecha del turbio Ignacio González.

Hay una regla mucho más diáfana que es la que acaba de aplicar el Rey al quitarle los galones a su hermana: lo que es impresentable es impresentable. Por ejemplo, seguir en el Congreso o el Senado después de que bajo tu mando se hayan desviado millones y millones a falsos prejubilados afines a tu partido. Por ejemplo, seguir en la presidencia del Gobierno después de haber enviado un mensaje de apoyo al tesorero de tu partido dos días después de que se conociera la existencia de su botín en Suiza.

A ver si Rajoy vuelve a decir en público a) que está “convencido de la inocencia de la Infanta”, b) que “le irá bien” y c) que “no debe renunciar” a sus derechos dinásticos. Si a Cristina le quedara un ápice de dignidad, es lo que inmediatamente haría. Sobre todo después de que su hermano la haya tratado peor que a una criada a la que se sorprende robando, impidiéndole incluso salvar la cara mediante la artimaña de una renuncia fechada el 1 de junio y recibida el 11 por la noche. Ni que la hubiera enviado por comisión rogatoria.

El aún líder del PP debe estar eufórico al contemplar como Pedro Sánchez alimenta su estrategia del miedo –“In fear we trust”– al echarse en brazos de los radicales a costa de todos los alcaldables del PP. Ya sabemos que a Rajoy sólo le importa él. Por eso debería seguir de cerca los acontecimientos en la Familia Real, pues si se ha mirado tantas veces en el espejo de la indulgencia de Juan Carlos I también debería hacerlo ahora en el de la severidad, implantado por Felipe VI. Tal vez tenga que escribir pronto una carta como la de la Infanta.

Es cierto que Albert Rivera no dispone de facultades ni para despojar a Chaves del ducado del Clan de la Tortilla ni para investir caballeros a algunos de los roedores que han arrastrado la calabaza de Cifuentes hacia la Puerta del Sol. De ahí que los reproches a Ciudadanos pierdan autoridad si no van acompañados del reconocimiento de que es la primera vez que un partido no pide nada para sí en forma de poltronas o forraje de esas “manadas” que, como decía Galdós, “pastan en el presupuesto”, sino que todas sus demandas están yendo encaminadas a devolver a los españoles margen de control sobre sus destinos.

Miento: hay un precedente, todo lo acotado que se quiera pero un precedente a fin de cuentas, en el apoyo altruista que el PP de Basagoiti prestó a Patxi López durante su primero desperdiciada y finalmente ensuciada legislatura en Ajuria Enea. Y no debe ser casualidad que ese mismo compromiso con la Nación, ese mismo idealismo en defensa de los valores constitucionales, ese mismo sentido de la responsabilidad al dar estabilidad a las instituciones esté impregnando ahora las decisiones de Ciudadanos.

¿O alguien duda de que la claridad de ideas tanto de Susana Díaz como de Cristina Cifuentes respecto a la cuestión nacional ha sido clave al moldear los pactos? Los Ciudadanos las prefieren rubias como las antiguas pesetas, con la condición de que su españolidad sea propia del siglo XXI. Lo mismo nos pasa a los ciudadanos con las infantas y princesas -ninguna como Grace Kelly-, siempre y cuando no hagan de la complicidad en el bandidaje su santo y seña.

Mis admirados Lista, Miñano y Hermosilla, aquellos antiguos afrancesados que en la España del Trienio, frente a las demasías antitéticas de “El Zurriago” y “El Restaurador”, editaron un semanario culto, brillante y bien escrito como “El Censor”, estarían orgullosos al ver hoy materializada una de sus grandes obsesiones. Me refiero a la vertebración de un centro político, diferenciado tanto del inmovilismo absolutista como del radicalismo revolucionario.

El instrumento para ello debía ser el ingeniosamente llamado “partido regulador”. Véase el artículo publicado el sábado 6 de abril de 1822 bajo el título “Del partido regulador en las asambleas legislativas”. Ante la polarización en dos partidos antagónicos del propio parlamento británico, “El Censor” preguntaba y respondía: “¿Cuál será el partido regulador? El que desprendido de todo interés privado, sin otro objeto que el bien y sin otra regla que la ley, se interpone entre ambos, templa su ardor y corrige sus extravíos, reuniéndose alternativamente al que en cada cuestión determinada tiene la razón de su parte”.

El paralelismo se termina de entender varios párrafos después: “Llamamos tener razón el sostener una providencia que aunque acaso no sea la que conviene, presenta menos inconvenientes que la contraria, y en este caso están todos los debates parlamentarios”. Incluidos los de investidura. ¿Hubiera sido mejor contribuir a que Susana Díaz se arrojara en brazos de Podemos o tuviera que repetir las elecciones, por si no hubiera ya bastantes en el horizonte? ¿Sería mejor ejercer de Bertrand du Guesclin en la Comunidad de Madrid, poniendo encima a quien quedó debajo cuando en el Ayuntamiento los socialistas han terminado apuntalando a una opción trufada de personajes tan infames -Carmena debería pedir su dimisión hoy mismo- como el tal Zapata, capaz de burlarse del Holocausto y la mutilación de Irene Villa, o el tal Soto, que incita a “torturar y matar” a Gallardón?

La ventaja de que Ciudadanos sólo haya llegado a pactos de investidura es que va a poder ejercer de “partido regulador” votando con las respectivas oposiciones cada vez que entienda que Díaz o Cifuentes se apartan de lo pactado o del interés general. Su papel está en el centro, no en hacer de marca blanca del PP. Pero eso no les condena a ejercer sólo de bisagra pues la mayoría sociológica tiende a la moderación y la limpieza. ¿O acaso no vamos a ver cómo se amplía el apoyo a la Monarquía tras actuar Felipe VI como “partido regulador” de su propia familia?

Gaudere cum gaudentibus. Alegraos con los que -como yo- se alegran.

Un gesto histórico para un comienzo de partida

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Felipe VI quiere comenzar su particular partida como rey limpio de polvo y paja. Por eso, una semana antes de celebrar su primer año al frente del trono, se ha remontado 106 años en la historia para emular a su bisabuelo Alfonso XIII cuando éste retiró la dignidad real a su primo el Infante Alfonso de Orleans por casarse sin su venia.

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Felipe VI quiere comenzar su particular partida como rey limpio de polvo y paja.  Por eso, una semana antes de celebrar su primer año al frente del trono, se ha remontado 106 años en la historia para emular a su bisabuelo Alfonso XIII cuando éste retiró la dignidad real a su primo el Infante Alfonso de Orleans por casarse sin su venia.

La partida de su padre, Juan Carlos I, duró 38 años y medio y terminó de manera complicada. Entre el anuncio del prematuro adiós del rey emérito el 2 de junio de 2014 y este histórico 11 de junio ha transcurrido poco más de un año. Ha sido una especie de interregno en el que el Don Felipe príncipe se ha posicionado como monarca con pequeños grandes gestos, como la prohibición de recibir prebendas o la imposibilidad de trabajar en o para una empresa privada si eres miembro de la Familia Real (seis personas en este momento, dos de ellas menores de edad).

Ahora empieza la acción. Felipe VI ha dado un puñetazo encima de la mesa que ha sorprendido a los españoles. ¿Por qué el 11 de junio de 2015? ¿Por qué casi cuatro años después de ese 11-11-11 en el que Iñaki Urdangarin fue llamado a capítulo a La Zarzuela? No lo sabemos a ciencia cierta, pero lo intuimos. Una persona que sabe mucho de la Casa Real y que, además, despacha un gran sentido del humor lo resume en andaluz: “Por jartera”.

Harto de ver a su hermana regodearse en el pozo de la arrogancia y la soberbia, de ese lugar húmedo y oscuro del que la infanta Cristina parece incapaz de salir desde que el caso Noos salió a la palestra en 2011.

Cansado de esperar ese gesto que nunca llegó, a pesar de que se lo han pedido por activa y por pasiva, la primera vez, en diciembre de 2011 a través de Fernando Almansa, ex jefe de la Casa, según lo desvelado por los periodistas Eduardo Inda y Esteban Urreiztieta.

Felipe VI “ha forzado un poco la interpretación legislativa para tomar una medida política necesaria”

Felipe VI “ha forzado un poco la interpretación legislativa para tomar una medida política necesaria”, según fuentes conocedores del casuismo existente en torno al régimen de atribución de derechos. En España, al igual que en el Reino Unido, se ha optado por la existencia de una clara regla en torno a la Corona: “poquitas leyes e interpretaciones adecuadas”.

Por ello, la revocación del título de duquesa de Palma a la infanta Cristina se ajusta al régimen general de los títulos a pesar de que éste figura como vitalicio en el real decreto de concesión de 1997, cuando contrajo matrimonio con Iñaki Urdangarin. Sobre todo en lo que a títulos concesionarios se refiere, el rey tiene la potestad de darlos y de quitarlos. No es así en el caso de los sucesorios, como el de un conocido duque sevillano que hace años se vio involucrado en un caso de pederastia. Nunca se planteó la posibilidad de revocarle el título.

No obstante, y para aquéllos que se pregunten sobre la legalidad de la revocación, ahí está la famosa carta de la infanta Cristina en la que ella misma renuncia al ducado. Una falta de elegancia más que ha servido para rubricar la decisión tomada por el rey.

El siguiente escalón, el de los derechos sucesorios, es más difícil de sortear. La Constitución española sólo reconoce la posibilidad de retirada en caso de matrimonio en contra de la voluntad del rey y de las Cortes. La Zarzuela ha estudiado a fondo el asunto: se trata de un acto personalísimo que sólo puede tomar, en este caso, la propia infanta Cristina.

Como a ella le gusta repetir, Cristina de Borbón y Grecia será infanta hasta que muera porque es hija de rey

Finalmente está su condición de infanta. Como a ella le gusta repetir hasta la saciedad, Cristina de Borbón y Grecia será infanta hasta que muera porque es hija de rey. Si se fuerza la legislación, Felipe VI podría empeñarse en quitarle el tratamiento de alteza real atribuido a los que tienen la condición de infante. Don Carlos, primo de Juan Carlos I, fue creado infante por el rey emérito aunque no es hijo de rey.

Hasta aquí, la arquitectura legal que construyó Sabino Fernández Campo para la organización de la Casa del Rey y para honores y tratamiento. En tiempos más recientes ha sido José Manuel Romero, conde de Fontao, el encargado de ir interpretando la ausencia de normas, como en su día la decisión de que la infanta Elena pudiera contraer matrimonio con Jaime de Marichalar sin el permiso expreso de las Cortes españolas.

Cristina de Borbón puede atrincherarse en el bastión de los derechos sucesorios y en su condición étnica de infanta. También puede seguir sonriendo, como lo hizo en su última aparición pública en el funeral de Kardam de Bulgaria. Puede intentar parar el tiempo en Suiza y refugiarse en una condición real sobre el papel que los españoles no le reconocen.

La vida, en España, sigue. Lo que queda, lo importante de la medida de higiene política que ha tomado Felipe VI en la persona de su hermana Cristina, es que marca el inicio de un juego nuevo y de una monarquía que aspira, ahora sí, a ser renovada.


Ana Romero es autora del bestseller Final de Partida, el libro que narra las circunstancias que provocaron la abdicación de Juan Carlos I (Esfera de los Libros, 2015)