El polvorín de Torredembarra

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Reportaje gráfico: Alberto Gamazo

Este pueblo de 15.000 habitantes es el centro de la trama que apunta a la financiación ilegal de Convergència. Vecinos y concejales describen el mandato del alcalde Daniel Masagué, que según el sumario usó el consistorio para enriquecerse, financiar al partido y lanzar su carrera como diputado al Parlament.

Este pueblo de 15.000 habitantes se ha convertido en la punta del iceberg de una trama que apunta a la financiación ilegal de Convergència. Vecinos y concejales describen el mandato del alcalde Daniel Masagué, que según el sumario usó el consistorio para enriquecerse, financiar al partido y lanzar su carrera como diputado al Parlament.

Una de las primeras cosas que se ven al llegar al centro de Torredembarra es una oficina electoral medio vacía. Dentro sólo se observan un par de sillas destartaladas frente a un escritorio. Encima de la mesa hay una impresora y una pequeña señera, lo único que se mantiene en pie. En la cristalera se puede leer el nombre de Daniel Masagué, el ex alcalde del pueblo imputado por delitos de malversación, cohecho, blanqueo y organización criminal. La estampa describe perfectamente lo que es hoy en día Torredembarra: Masagué ya no está en la alcaldía pero aún se perciben los escombros de su mandato.

La historia de Torredembarra es la de cualquier caso de corrupción y caciquismo en el que las luchas internas lo hacen saltar todo por los aires. Pero va mucho más allá. Lo que en un principio parecía un simple alcalde corrupto fue el origen de una investigación que sigue en pie y que ha supuesto detenciones de ediles y alcaldes, ha salpicado a pesos pesados de Convergència y ha ocasionado registros en varias empresas y en las sedes del partido y de su fundación CatDem, a través de la cual la Justicia cree que se canalizaban las comisiones por adjudicaciones de la obra pública del ayuntamiento y de la Generalitat.

La denuncia de dos ediles y de un empleado dio las primeras pistas para tirar del hilo y constatar que no se trataba de un problema de ámbito municipal.

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La oficina electoral del ex alcalde Masagué. / ALBERTO GAMAZO

Reportaje gráfico: Alberto Gamazo

El sumario muestra un municipio en el que se sobornaba a ediles de todos los colores, en el que circulaban sobres con billetes, se cobraban comisiones, se favorecía a empresas vinculadas con Convergència y se adjudicaban contratos millonarios de manera irregular.

La mayor parte del caso permanece bajo secreto de sumario. Pero las escuchas telefónicas que han trascendido hasta la fecha muestran a un alcalde que durante seis años controló a su antojo un consistorio con un presupuesto que ronda los 20 millones de euros. Las actas de los plenos revelan un ayuntamiento crispado y fraccionado con enfrentamientos constantes, con la sombra de la corrupción planeando sobre las votaciones y con intervenciones de la policía para calmar los ánimos en alguna ocasión.

“Este pueblo es un polvorín”, explica Montserrat Gassull, que durante años fue concejala de ERC y que fue la primera en denunciar las presuntas corruptelas.

A través de su abogado, Masagué ha declinado dar su versión de los hechos para este reportaje.

El origen de las denuncias

El 28 de agosto la precampaña catalana se vio sacudida por una gran operación de la Guardia Civil. Los agentes acudieron a varios ayuntamientos que habían estado en manos de CiU y a la sede del partido y de su fundación. También registraron el domicilio del ex tesorero del partido, Daniel Osácar. La operación era un nuevo capítulo de una investigación que ha llevado a la Guardia Civil a registrar y detener a ediles, alcaldes y empresarios próximos a CiU en un intento de desenmascarar la presunta financiación ilegal del partido y las comisiones del 3% que se cobraban por adjudicar obra pública de la Generalitat.

Las fuerzas soberanistas interpretaron la operación como un episodio más de la guerra sucia del Estado. Pero el origen de la operación se encuentra en una denuncia que interpuso en junio de 2012 Montserrat Gassull, que en aquella época aún era concejal de ERC. Tanto la cúpula de ERC como la de Convergència fueron advertidas por Gassull y por el presidente del comité local de Convergència, Jordi Guasch. “ERC me apoyó en un principio y luego me dejó sola”, explica ahora la concejal.

Gassull (54 años) empezó a reunir documentación en 2011. Al año siguiente presentó seis denuncias de las cuales se archivaron tres. Las denuncias, a las que también se sumó Enric Granjel, edil del PSC, se referían a tres asuntos: el alquiler de un local en condiciones ruinosas por 6.000 euros al mes, el sobrecoste de más de un millón de euros de un aparcamiento adjudicado a la constructora Teyco y el pago de decenas de miles de euros a Efial, una consultora próxima a Convergència que también se ha visto salpicada en otros casos de corrupción municipal.

“Llevaba desde 2011 advirtiendo a los ediles que no votaran ciertas cosas en los plenos y que estaban prevaricando”, recuerda Gassull.

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La concejala Gasull. / ALBERTO GAMAZO

El impulso que necesitaba la investigación no llegaría hasta octubre de 2013. Rachid el-Ghzaoui, que trabajó durante 23 años en la panificadora del alcalde Masagué, estaba enfadado y con ganas de hablar. Masagué le había despedido sin ofrecerle ninguna indemnización después de dos décadas.

Durante ese tiempo, El-Ghzaoui fue el hombre de confianza del alcalde, según explican habitantes del pueblo. “Le había salvado de muchos marrones”, explica un vecino que prefiere no dar su nombre. “No era un simple empleado: le hacía recados y le solucionaba problemas”.

El-Ghzaoui explicó entonces a Gassull que durante años vio circular sobres con decenas de miles de euros en billetes de 500. Acudieron a la Guardia Civil y declararon juntos. La Fiscalía empezó a atar cabos y estrechó el cerco sobre el alcalde. El-Ghzaoui, que ahora reside en Inglaterra con su familia, ha preferido no hacer ningún comentario para este reportaje.

La ‘omertà’ de ERC y CDC

En febrero de 2013 el juez inició la instrucción y preguntó al PSC y a ERC si querían personarse en el proceso. Los socialistas dijeron que sí pero ERC reculó. “Me dijeron que yo ya había hecho lo que tocaba y que dejáramos actuar a la justicia”, recuerda Gassull.

Eduard Rovira (ERC), actual alcalde del municipio, argumenta que su partido no se personó porque ya lo había hecho el PSC y porque en ese momento la formación pasaba por malos momentos de tesorería. Afirma además que Gassull no quiso el respaldo del partido cuando fue a presentar las primeras denuncias.

En paralelo a las denuncias, Gassull, que mantenía un enfrentamiento abierto con Masagué desde años atrás, empezó a emplear su cuenta de Twitter para denunciar las irregularidades en el ayuntamiento. El alcalde la denunció entonces por injurias y fueron llamados a un acto de conciliación en el juzgado de paz. Gassull acudió con una abogada del partido. Pero la conciliación fracasó y la querella por injurias pasó a la jurisdicción civil.

La dirección de ERC dijo entonces a Gassull que aquello era un tema personal y que no la defendería más. “El caso de las injurias era una batalla personal entre dos egos, no tenía nada que ver con el partido ni tenía contenido político”, argumenta ahora Rovira, el alcalde de ERC. “Gassull empleó un tono políticamente incorrecto y muy agresivo. No compartíamos esos mensajes”.

Según Rovira, algunos de los tuits no se referían a casos de corrupción sino a otros aspectos personales del alcalde como por ejemplo sus implantes de pelo. Explica además que el distanciamiento de Gassull de ERC no tiene nada que ver con el escándalo sino con unas primarias en las que intentó sin éxito hacerse con el control de la formación en la localidad. Gassull niega esta versión y asegura que se sintió abandonada por el partido sin motivo aparente.

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Entre 2012 y 2014 Gassull remitió varias cartas al presidente Mas y a la cúpula de ERC para avisar de lo que estaba sucediendo en Torredembarra. Nunca recibió respuesta.

Escribió a Marc Sanglas, secretario de acción municipal de ERC, que admitió después que había recibido la carta. En un acto celebrado en Tarragona interpeló a Oriol Junqueras, a quien conocía desde antes de que fuera el presidente del partido. “En Barcelona sois muy amigos de CiU, pero que sepas que lo que pasa aquí es muy grave”, asegura que le dijo. “Cada municipio debe hacer lo que crea”, le respondió Junqueras, siempre según la versión de Gassull.

Rovira reconoce que en la cúpula de ERC se hablaba del caso pero no asume ningún error. “Una carta de un edil con acusaciones, sin ningún tipo de prueba jurídica, no constituye algo tan relevante”.

Otra batalla interna, esta vez en CiU, motivó los avisos a la cúpula convergente en julio de 2013. Jordi Guasch, en aquel momento presidente del comité local de CiU y enfrentado también con Masagué por el control del partido, escribió una carta a Lluís Coromines, secretario general adjunto del partido. Advertía de lo que sucedía, pero tampoco recibió ninguna respuesta.

Desde entonces Guasch (36 años) se ha dado de baja en el partido y se muestra muy decepcionado. Es independentista desde que tiene uso de razón y forma parte de una familia convergente de toda la vida. Su madre ha sido edil del partido, uno de sus primos fundó la sección local de CiU y tiene un primo que también es concejal del partido en un pueblo vecino.

“Yo ya sé que un partido no es una ONG”, dice. “Lo que nunca imaginé es que era la Mafia siciliana”. Tiene muchas ganas de contar cosas pero dice que no hablará hasta que no pasen las elecciones y se levante el secreto de sumario. Como Gassull, lamenta que se les esté usando para hacer daño al proceso de independencia en Cataluña. “El 27-S votaré a la CUP”, explica. “Si lo supiese mi abuela…”.

A todos los consultados les sorprende el apoyo que la cúpula de CiU ha prestado a Masagué desde su detención. Ni siquiera lleva una década en política y no es un peso pesado del partido, pero ha tenido el apoyo incondicional de figuras tan importantes como Felip Puig. “Es un buen amigo al que conozco desde hace años”, dijo Puig de Masagué cuando lo encarcelaron.

Tampoco entienden por qué Masagué tardó casi dos semanas en dimitir a pesar de estar en la cárcel imputado por varios delitos. Todos los concejales con los que he hablado, además, aseguran que el partido le paga la defensa. Un aspecto que una portavoz de Convergència no ha querido confirmar ni desmentir. El abogado de Masagué es Javier Melero, el letrado de confianza del partido.

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Sin estrenos. El teatro Auditori de Torredembarra, en el que se han gastado cuatro millones de euros, permanece abandonado desde 2010 pese a estar casi acabado.

Una carrera fulgurante

Masagué tuvo una carrera meteórica dentro de CiU. Este empresario del sector panadero accedió a la alcaldía del pueblo en 2008, cuando solo llevaba dos o tres años militando en el partido. En poco tiempo, sin embargo, se prodigaba en mariscadas y comidas con la cúpula del partido y alardeaba de sus lazos de amistad con Oriol Pujol y Felip Puig.

Media docena de ediles, vecinos y militantes de distintos partidos rememoran las copiosas comidas de Masagué y Pujol en el restaurante Les Palmeres, que se encuentra en el paseo marítimo del pueblo. Recuerdan cómo el alcalde alardeaba de su amistad con un sector de la cúpula de CDC.

Masagué ya no tiene responsabilidades públicas. Pero en el pueblo se percibe cierto miedo cuando se pregunta por él. La gente que lo trató lo describe como una persona obsesiva y paranoica, mentirosa, de trato difícil, que intentaba controlarlo todo y siempre miraba hacia los lados cuando iba por la calle. “Era muy desconfiado”, describe el actual alcalde del municipio. “Es capaz de hacer cualquier cosa. No tiene ningún límite ético ni moral”, asegura Gassull.

Un miembro de Convergència que lo conoce bien y que sólo accede a hablar si no se publica su nombre recuerda cómo Masagué ponía a los concejales de su partido a espiarse entre ellos. También desvela su fijación por la magia negra y su insistencia en que había espíritus en el Ayuntamiento. “Cuando llegué a la alcaldía me encontré una factura de un santero que vino a limpiar el edificio”, explica Enric Granjel (PSC), su inmediato sucesor en el cargo después de que lo encarcelaran.

Este miembro de Convergència describe el punto de inflexión en la ascendencia de Masagué en el partido. Fue en 2010, cuando al alcalde se le puso entre ceja y ceja ser diputado en el Parlament. Fue entonces cuando empezaron las comidas con Felip Puig y Oriol Pujol y cuando en el municipio desembarcó Jaume Vila Fontcuberta, un ex diputado de CiU que asumió el cargo de coordinador de urbanismo.

“Firmaba todo lo que el alcalde le pedía”, coinciden Gassull, Granjel y Rovira.

En una cena ante cientos de militantes durante la campaña de las municipales de 2011, Masagué explicó que entró en política porque su empresa se le había quedado pequeña. “Masagué tenía mentalidad de empresario, no de político”, prosigue Granjel. “No le gustaba tener que seguir con el protocolo establecido para la contratación pública”.

Los ediles consultados describen cómo trató de articular un ayuntamiento paralelo para poder adjudicar las obras públicas a su antojo. Nombró interventora a Esther Agulló, que hasta entonces era su secretaria personal. Puenteaba los informes adversos del secretario municipal Rafael Orihuel mediante estudios externos, muchos de ellos de la consultora Efial. La dirección nacional de Convergència le mandó al pueblo a Jaume Vila Fontcuberta como responsable de urbanismo. Masagué duplicó la remuneración por asistir a los plenos de 800 a 1.600 euros.

En el sumario aparece una conversación entre Masagué y Toni Martos, responsable de Efial, que ilustra la poca querencia del alcalde por seguir los procedimientos establecidos. “Quedaremos en el pabellón deportivo. Haremos la reunión ahí (…) el tema está en que no pase por el secretario, el tema clave es ése”, le dice Masagué a Martos.

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Un aparcamiento fantasma. Fue adjudicado a la empresa Teyco por 2,5 millones, pero tuvo un sobrecoste del 40%. Se cerró en agosto de 2014 porque no era rentable. Aún no se sabe qué uso se le dará.

La punta del iceberg

Quienes conocen de cerca la investigación aseguran que lo que ha trascendido hasta ahora es sólo la punta del iceberg. La investigación está en manos del Juzgado de Instrucción 1 de El Vendrell y está a punto de terminar. Según una fuente que ha leído el sumario, el caso podría generar un cisma en la política catalana porque el modus operandi se repetía en diversos municipios controlados por Convergència.

Hay varias líneas de investigación en Torredembarra. Están los presuntos pagos al alcalde por parte de Teyco, la empresa familiar del constructor y cofundador de CiU Carles Sumarroca. También los contratos con la empresa Efial a cambio de informes a medida, los sobornos a diversos ediles a cambio de votos favorables y un contrato de entre 15 y 17 millones con la empresa Sorea relacionado con la gestión del agua en el municipio.

“Con el tema de Sorea se ha hecho lo que se ha querido. El 4% o el 5% se ha ido dónde se ha querido y aquí ni Dios respira”, le dice un empresario imputado a la teniente de alcalde Paquita Falguera, de Unió, en una de las grabaciones. Sorea es una filial del grupo Agbar, que ha sido el mayor donante de la fundación de Convergència durante los últimos años, según publicó el pasado martes el diario El País.  

Más de 60 tomos, 105 declaraciones y 300 horas de escuchas: guía para no perderse en la trama Púnica

Granados

¿Cómo arranca la investigación? ¿Cuáles son las principales líneas abiertas? ¿Quiénes son los cabecillas? ¿Cómo funcionaban? ¿Hay más imputados de relevancia? ¿Cómo operaban? ¿Qué consecuencias ha tenido el desmantelamiento de esta red? ¿En qué momento está la investigación? Lea esta guía básica para no perderse en la Operación Púnica.

¿Cómo arranca la investigación?

La Operación Púnica nace oficialmente el 24 de diciembre de 2013, cuando la Fiscalía suiza alerta a la española de un posible delito de blanqueo de dinero, cometido presuntamente por el empresario David Marjaliza y el ex consejero de Presidencia y Justicia de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados. Suiza alerta de que ambos fueron poseedores de varias cuentas bancarias en el país helvético y el caso -al ser un presunto delito cometido en suelo extranjero- pasa a la Audiencia Nacional.

La llegada de la documentación suiza supuso la apertura de las Diligencias de Investigación nº2/2014 de la Fiscalía Anticorrupción, que el 1 de febrero de 2014 confía las pesquisas a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Son sus agentes quienes bautizan la investigación como Operación Púnica, en referencia al apellido en latín del principal imputado, Granados. Sin embargo, en la Audiencia Nacional el caso recibe el nombre de Diligencias Previas nº 85/2014 y, tras pasar a reparto, recae el 13 de junio de 2014 en manos del juez Eloy Velasco, que lo declara secreto.

El 27 de octubre de 2014, casi un año después del inicio de las investigaciones,  la Guardia Civil realiza las primeras detenciones. Los agentes arrestan en Madrid, León, Valencia y Murcia a 51 políticos, funcionarios y empresarios por su supuesta implicación en una trama de corrupción a nivel local y regional. Los implicados supuestamente adjudicaban servicios públicos a cambio de comisiones ilegales que después eran blanqueadas a través de un entramado societario. Se calcula que, en solo dos años, la trama se hizo con adjudicaciones valoradas en 260 millones de euros.

A día de hoy,  ya hay un centenar de implicados en la causa, que sigue abierta.

¿Cuáles son las principales líneas de investigación?

Las pesquisas de la Audiencia Nacional se dividen en dos grandes bloques. Por un lado, los agentes investigan el presunto amaño de concursos públicos para beneficiar a empresas privadas. La Guardia Civil estima en 260 millones de euros el posible beneficio para los empresarios implicados. Como principal beneficiada, los informes policiales colocan a la empresa gala Cofely, especializada en programas de eficiencia energética. Según la tesis policial, la multinacional pudo captar hasta 160 millones de euros en contratos amañados, tanto de ayuntamientos como de gobiernos autonómicos y provinciales.

El segundo gran bloque trata de esclarecer si altos responsables de la Comunidad de Madrid utilizaron empresas intermediarias -principalmente la tecnológica Indra- para abonar servicios personales o del Partido Popular de Madrid. Este segundo bloque es mucho menor en cuantía que el primero, y se basa en testimonios como el del empresario Alejandro de Pedro y el ex jefe de Informática de la Comunidad de Madrid, José Martínez Nicolás. Los dos declararon ante el juez que Salvador Victoria, ex consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, ordenó a la multinacional Indra abonar 130.000 euros a tres empresas distintas por servicios que en realidad pertenecían a altos cargos del PP de Madrid.

¿Quiénes son los cabecillas?

Francisco Granados. Quien fuera ‘número dos’ en el Gobierno de la Comunidad de Madrid cuando la dirigía Esperanza Aguirre sigue en prisión incondicional desde el 27 de octubre. Dejó la política ocho meses antes, cuando se supo que disponía de una cuenta en Suiza que ascendía a 1,5 millones de euros. Al ex alcalde de Valdemoro y ex consejero de Presidencia y Justicia del Ejecutivo madrileño se le coloca en el epicentro de la trama como el ‘cerebroque tejió la red corrupta.

David Marjaliza. El empresario es amigo de Francisco Granados desde la infancia y consiguió adjudicaciones millonarias de contratos públicos en varios municipios de la Comunidad de Madrid, sobre todo en Valdemoro, municipio donde Granados fue alcalde. Encabeza un complejo entramado empresarial dedicado a un amplio abanico de sectores de negocio, la mayor parte de ellos vinculados a actuaciones administrativas como promociones urbanísticas, contratos públicos o concesiones administrativas. 

¿Hay otros imputados de relevancia?

Salvador Victoria. Es el cargo público con más responsabilidad implicado en la trama. El ex consejero de Presidencia, Justicia y portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid en la pasada legislatura fue citado por el juez en calidad de imputado para declarar por supuestos delitos de corrupción. El político dimitió tras su implicación y se negó a declarar ante el juez, que le retiró el pasaporte como medida cautelar para que no abandone el país. Se le imputan cuatro delitos: prevaricación, cohecho, fraude y malversación de caudales públicos.

Lucía Figar. La ex consejera de Educación de la Comunidad de Madrid contrató los servicios de EICO para mejorar su imagen en Internet y la Policía cree que se pagó con dinero público. Aunque permanece imputada, el juez no ha acordado ninguna medida cautelar contra ella. Dimitió el mismo día que Salvador Victoria para no perjudicar la investidura de Cristina Cifuentes, que dependía de Ciudadanos para poder ser presidenta de la Comunidad de Madrid.

Alejandro de Pedro. Es el director general de la empresa Estrategia de Identidad y Comunicación Online (EICO), encargada de gestionar perfiles de políticos en Internet y de crear páginas web propagandísticas sobre su gestión. Con sede en Valencia, el implicado, en libertad sin cargos, ha hecho trabajos para Juan Cotino, ex presidente de las Cortes Valencianas; para la Diputación de León y altos cargos de la Comunidad de Madrid, como Figar y Victoria. También parece que tenía una gran influencia en Génova y confesó que hizo trabajos de reputación para Ana Botella por mediación de Eduardo Zaplana.

Alcaldes. Los servicios de reputación que ofrecía Alejandro de Pedro con dos empresas, Eico y Madiva, supuestamente se pagaban con fondos públicos de los ayuntamientos donde gobernaban los políticos implicados en procedimientos supuestamente corruptos. De momento, hay seis alcaldes de la Comunidad de Madrid implicados en la trama (los de Parla, Valdemoro, Torrejón de Velasco, Casarrubuelos, Collado Villalba y Serranillos del Valle); el secretario del Instituto de Turismo de la región de Murcia; el ex alcalde de Cartagena, José Antonio Alonso, y el presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez Barazón.

Altos directivos. En el listado de imputados en esta trama corrupta figura el nombre del actual consejero delegado de Indra, Javier de Andrés González y un promotor inmobiliario vinculado a Granados y Marjaliza, Ramiro Cid. En la primera fase de la operación fueron detenidos cuatro altos cargos de Cofely: su director general en España, Didier Maurice y el director comercial, Constantino Álvarez de la Cueva, aunque el asunto parece que va más arriba. Su director general de Servicios, Xavier Susan Mir, también está imputado. Al administrador único de otra empresa implicada en la red, Waiter Music, José Luis Huerta Valbuena, se le impuso la mayor de las fianzas para eludir la prisión: 300.000 euros.

¿Cómo trabajaba la Púnica?

En líneas generales, Granados y Marjaliza utilizaban su influencia para conseguir comisiones por diferentes frentes, todos cercanos a la política. La trama facilitaba contratos públicos a empresarios afines a través de tres cauces distintos: reputación online, eficiencia energética y actividades musicales.

La compañía a la que más contratos públicos le llovió gracias a su afinidad con los cabecillas de Púnica fue la francesa Cofely, que se hizo con muchos de los contratos de eficiencia energética que ofertaban municipios de la Comunidad de Madrid. Hay funcionarios de algunas localidades investigadas que han confesado ante el juez Velasco que recibían órdenes de la multinacional energética para confeccionar el pliego de condiciones de la adjudicación pública a imagen y semejanza de sus condiciones. Por eso ninguna otra gran compañía conseguía arrebatarle ni un solo contrato.

El empresario Alejandro de Pedro es el propietario de dos de las empresas investigadas por la trama: Eico y Madiva. Las entidades, que compartían la misma sede en Valencia, trabajaban para mejorar a través de Internet la imagen de los candidatos populares las semanas previas a las elecciones municipales. También se crearon páginas web zombis con noticias positivas de sus clientes para contrarrestar las noticias negativas y perfiles en Twitter falsos para hacer propaganda a sus clientes. Se sabe que el valenciano trabajó para altos cargos de la Comunidad de Madrid, como Salvador Victoria y Lucía Figar, y otros destacados miembros del PP de la Comunidad Valenciana, como Juan Cotino. De Pedro ayudó también a otros candidatos populares de la región a posicionarse en la red de cara a las elecciones municipales y autonómicas. Además, confesó ante el juez que Indra le pagó 10.000 euros en metálico por un trabajo hecho a la Comunidad de Madrid.

En León, el juez Velasco sospecha que el que fuera presidente de la Diputación, Marcos Martínez, intentó amañar contratos vinculados a la estación de esquí de San Isidro a cambio de ganar influencia en Génova. Su intención era hacerse con el control del PP de León. Durante el interrogatorio, el popular reconoce tratos directos con Alejandro de Pedro pero, sin embargo, asegura que fue su predecesora, la fallecida Isabel Carrasco, quien lo introdujo en la Diputación leonesa.

El juez también detuvo en el marco de esta operación a José Antonio Alonso, ex alcalde socialista de Cartagena (Murcia) por participar, junto a De Pedro, en la estrategia de mejorar la reputación de altos cargos públicos.

¿Ha tenido el caso consecuencias políticas?

Tras las detenciones llegaron las dimisiones. Los seis alcaldes de la Comunidad de Madrid detenidos dejaron sus puestos al frente de sus respectivos ayuntamientos: Parla (PSOE), Collado Villalba (PP), Casarrubielos (PP), Valdemoro (PP), Torrejón de Velasco (PP) y Serranillo del Valle (PP).

Las dos personas con más relevancia pública que dimitieron tras el escándalo fueron Salvador Victoria y Lucía Figar, ambos consejeros de la Comunidad de Madrid durante la legislatura pasada. Su imputación saltó en plena negociación de la investidura de Cristina Cifuentes. Ciudadanos pidió sus cabezas a cambio de permitir que el PP se hiciera con la presidencia de la región.

También dimitieron tras su imputación el consejero de Industria y Turismo de Murcia, Juan Carlos Ruiz; el consejero delegado de la Agencia Informática de la Comunidad de Madrid, José Martínez Nicolás, el alcalde de Castellón, Alfonso Bataller y el presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez.

¿En qué momento está la investigación?

David Marjaliza ha pactado con la Fiscalía rebajar su pena si colabora con la Justicia. El empresario habría revelado ante el juez Eloy Velasco el nombre de más municipios que amañaron contratos con la red. El empresario también habría dado el nombre de los políticos que habrían colaborado con la trama y que, hasta ahora, aún están al margen de la Operación. En una de sus declaraciones, Marjaliza involucró a tres aforados de la Comunidad de Madrid: Jaime González Taboada, consejero en el Gobierno de Cristina Cifuentes; Bartolomé González, número 11 en la misma candidatura; y Eva Borox, la número 3 en la lista regional por Ciudadanos.

De momento, las 105 declaraciones que el juez Eloy Velasco ha recopilado en la Audiencia Nacional conforman ya un sumario de 60 tomos y 300 horas de grabaciones. Las indagaciones realizadas han permitido descubrir una trama que, sacando provecho de relaciones personales e influencias políticas, han logrado obtener de manera irregular la adjudicación de contratos públicos, aprovechamientos urbanísticos o gestiones de cualquier tipo que, dependiendo de autoridades públicas, actuaban en beneficio de las personas físicas y jurídicas que forman parte de la trama.

A corto plazo, se espera que el juez levante el secreto de sumario de los pinchazos telefónicos de los principales imputados en la causa y escuchar de su propia voz cómo amañaban las adjudicaciones públicas.

Además, en EL ESPAÑOL:

La UCO investiga a un alto cargo de Madrid por filtrar información a la Púnica a cambio de trabajo

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Francisco de la Orden Gómez, ex subdirector de Infraestructuras Judiciales, filtraba a David Marjaliza las adjudicaciones públicas que la Comunidad de Madrid iba a sacar a concurso para que se presentarse Cofely, la multinacional energética acusada también de pertenecer a la trama. A cambio de esta información privilegiada, el funcionario de la Comunidad de Madrid pedía a los cabecillas de la Púnica que le garantizasen un puesto de trabajo por si el PP perdía las elecciones el 24 de mayo. 

La Guardia Civil investiga a un funcionario de la Comunidad de Madrid por filtrar información privilegiada a la trama Púnica y centra sus miras en la consejería de Justicia y Presidencia, controlada por Francisco Granados durante dos legislaturas (2004 – 2011). Según  la tesis de los investigadores, fue la ‘mano derecha’ de Esperanza Aguirre, en prisión preventiva desde el 27 de octubre, quien benefició a las empresas de su socio y testaferro, David Marjaliza, también encarcelado. Granados abandonó la política cuando se descubrió que había tenido una cuenta en Suiza, pero mantuvo intacta la relación con determinados funcionarios de la administración autonómica para que empresas de su entorno más íntimo siguieran beneficiándose de contratos públicos. Solo en los últimos dos años, el Ejecutivo madrileño que entonces presidía Ignacio González adjudicó a la empresa energética Cofely, en el epicentro de la trama, contratos valorados en 3,4 millones de euros.

El sumario de la Operación Púnica recoge una llamada entre el empresario Marjaliza y  Francisco de la Orden Gómez, ex subdirector de Infraestructuras Judiciales, dependiente directamente de la Consejería de Presidencia de la Comunidad de Madrid.  En la conversación, realizada el 5 de agosto de 2014, el funcionario muestra su temor ante un previsible cambio político en el Ejecutivo de la Comunidad de Madrid y deja entrever que, de confirmarse la salida del PP de la institución, las empresas de la trama se quedarían sin negocio. La conversación que ambos mantuvieron es la siguiente:

F. O. G.: Va a haber un derribo por liquidación.

D. M. V.: Claro, todo el mundo piensa que se va a perder y que va a haber lío.

F. O. G.: Claro, y entonces todo el mundo va a barrer. Por eso te decía que sería interesante en algún sitio donde efectivamente pudiéramos estar.

D. M. V.: Vale, vuelvo a decírselo. Yo le veré mañana o pasado. Antes de que se vaya que él también… (se corta la llamada).

Los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil recogen que, “a juicio policial y considerando el conjunto de las llamadas se deduce que, ante la proximidad de las elecciones autonómicas, existen previsiones de descalabro electoral de tal modo que habría cargos públicos buscando rentabilizar  el tiempo que le quedaría en la administración o tratando de buscar alguna alternativa profesional anterior”.

Reunión en San Bernardo

Los agentes de la UCO monitorizaron durante semanas las llamadas entre Marjaliza y este funcionario de la Comunidad de Madrid. “Necesito hacerte una pregunta in person y prefiero mirarte a los ojos”, le dijo Marjaliza el 12 de agosto. Una semana después, Francisco de la Orden vuelve a llamar al empresario de Valdemoro y le muestra la página 80 de un Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. “La página hace mención a un contrato de instalación de luminarias y equipos de ahorro de energía en municipios de menos de mil habitantes, por valor de 1.328.209 euros, que se enmarca en el sector de negocio de Cofely”, detalla la Guardia Civil en sus informes.

Dos días después de este cruce de llamadas, empresario y funcionario quedan en la madrileña Glorieta de San Bernardo. Fue visto y no visto. Cinco minutos que quedaron grabados por un equipo de vigilancia de la UCO, como atestiguan estas dos imágenes:

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Una semana después, el 3 de septiembre de 2014, Marjaliza recibe otra llamada del trabajador público. En ella, el socio de Francisco Granados confirma que Cofely se va a presentar a un concurso recomendado por el funcionario. “Vale, vale, dime quién es porque nuestro amigo ya está avisado” confirma el empleado de la Comunidad de Madrid, que también le adelanta que la administración va a sacar otros cuatro millones de euros en contratos más pequeños. “Se van a sacar a gestión directa. Lo que pasa es que son cuantías más pequeñas, de 700, 800 […] Hay unos tres o cuatro preparados ahí. Ahí sí que el que hablamos el otro día no tiene nada que ver”, detalla.

Enchufe

Poco después y, según recogen los informes policiales, el empresario hace una petición directa a Marjaliza: “Y escucha, ya por último una cosa. Yo te hago de vez en cuando esta pregunta, pero es que te la tengo que hacer porque es que si no tengo que buscar cualquier otra solución porque no puedo seguir donde estoy […] Entonces David, la pregunta que te hago es muy clara y muy directa y no quiero ponerte a ti en ningún compromiso ni a nadie. Yo lo único que quiero saber es si el que vas a poner todavía puede mover algún hilo para que a mí me puedan mover de ahí”. La respuesta de Marjaliza fue fría: “Yo, en mi opinión como persona física, yo creo que no.  Ahora, otra cosa es que hable con él y me diga que en algún lado específico sí.  Pero yo creo que ahora mismo está todo demasiado denostado y demasiado tirado como para empezar a pedir favores”.

A juicio de los investigadores, “a través de esta llamada se constata que el funcionario, de un lado facilita cierta información sobre contratación pública y del otro, le pide un favor de tal modo que cada conducta se puede interpretar como contrapunto de la otra. Aluden a una tercera persona que supuestamente podría influir en dichos contratos y a un amigo en común”.  Un interrogante que sigue abierto y que todavía investiga la Audiencia Nacional.