Las 30 Obsesiones de EL ESPAÑOL

rugidoLas Obsesiones de EL ESPAÑOL son algunas dianas a las que el periódico quiere lanzar sus dardos. Hay muchas más en las que tenemos puesta la vista, pero queríamos hacer una selección para que el lector sepa a dónde apuntamos. No son sólo fijaciones de nuestra redacción. Las compartimos con miles, seguramente millones de ciudadanos. En un principio propusimos 25 y las sometimos al parecer de nuestros suscriptores. Entre el 22 de agosto y el 6 de septiembre nos remitieron 947 comentarios que han servido para mejorar el tiro y ampliar el número de blancos, que al final han llegado a 30.

Las Obsesiones de EL ESPAÑOL son algunas dianas a las que el periódico quiere lanzar sus dardos. Hay muchas más en las que tenemos puesta la vista, pero queríamos hacer una selección para que el lector sepa a dónde apuntamos. No son sólo fijaciones de nuestra redacción. Las compartimos con miles, seguramente millones de ciudadanos. En un principio propusimos 25 y las sometimos al parecer de nuestros suscriptores. Entre el 22 de agosto y el 6 de septiembre nos remitieron 947 comentarios que han servido para mejorar el tiro y ampliar el número de blancos, que al final han llegado a 30.

1.- España y las Españas

España es la morada vital de los españoles. Es también la entidad histórica y política que garantiza los derechos y libertades de todos los ciudadanos, la solidaridad entre sus habitantes y el anclaje con la Unión Europea. Tenemos mucho de lo que enorgullecernos y unas cuantas cosas de las que avergonzarnos. Debemos impulsar un patriotismo transversal basado en los valores constitucionales.

El interminable proceso de transferencias del Estado a las comunidades autónomas pone en peligro la eficacia del sistema, socava la igualdad entre españoles y amenaza la propia unidad nacional. Creemos que ha llegado el momento de cerrar el modelo territorial concretando las competencias exclusivas del Estado y las materias en que pueden asumir competencias las comunidades autónomas.

España es una realidad plural. Algunos nacionalismos excluyentes plantean la segregación de sus territorios. Consideramos que es inaceptable la independencia de cualquier comunidad sin que lo decidan el conjunto de los españoles o sus representantes.

Urge desarrollar el artículo 155 de la Constitución para garantizar la lealtad de los gobiernos autonómicos al principio de legalidad, modulando la retirada de competencias y demás respuestas del Estado en función de la gravedad de las conductas. También debería restablecerse la tipificación penal de la convocatoria de consultas ilegales.

Entendemos al mismo tiempo que todo grupo de ciudadanos debe tener la posibilidad de plantear cualquier aspiración por cauces democráticos. Sería conveniente pues que la reforma de la Constitución incluyera también la regulación del derecho de secesión, como por ejemplo ha hecho Canadá con la denominada ‘ley de claridad’. Una norma similar debería implicar a las Cortes Generales en ese eventual proceso estableciendo mayorías cualificadas y otras restricciones para que resultara válido.

2.- Otra ley electoral

Seguimos teniendo la ley electoral improvisada en 1977 cuando ni siquiera se había redactado la Constitución. Es una norma que castiga a las minorías y sobre todo deja el control de diputados y senadores en manos de las cúpulas de sus partidos.

Hay que ir a un sistema que recoja más fielmente las preferencias de los ciudadanos, de forma que exista mayor proporción entre los votos y su traslación a escaños. También debe reforzarse el vínculo entre los diputados y sus electores. El modelo alemán debería ser el ejemplo a seguir: es más proporcional y da opción a elegir de forma directa a una parte de los parlamentarios en circunscripciones uninominales.

3.- Separar al Ejecutivo del Legislativo

No hay democracia auténtica sin una división real de los poderes del Estado. Planteamos avanzar hacia un régimen presidencialista que establezca una separación entre el Gobierno y el Parlamento. Un jefe del Ejecutivo elegido directamente por los ciudadanos tendría un mandato claro para gobernar pero no para legislar a su gusto.

De la misma forma, los parlamentarios tendrían independencia para aprobar leyes y fiscalizar al Gobierno, pero no para determinar su gestión. Es el sistema de equilibrios y contrapesos, habitualmente republicano pero compatible con la Monarquía.

4.- Jueces independientes

Es imprescindible impulsar y proteger la independencia de los jueces frente a las injerencias del poder político. Hay que reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial para restablecer el principio constitucional de que sean los magistrados quienes elijan de forma directa a la mayoría de los miembros del CGPJ. El fiscal general debería ser nombrado por una mayoría cualificada del Parlamento y no por el Gobierno.

Por otra parte, una Justicia lenta, incapaz de juzgar a su debido tiempo, no es tal. Hay que agilizar la Justicia dotándola de medios para que actúe con mayor celeridad y eficacia.

5.- Democratizar los partidos

Los partidos están controlados por sus cúpulas, elegidas a menudo a dedo. Hay que desarrollar el artículo 6 de la Constitución que establece que su “estructura y funcionamiento interno deberán ser democráticos”. Una ley tendría que supeditar las subvenciones que reciben las formaciones políticas a requisitos como la elección de sus líderes mediante el voto de los afiliados, la celebración de primarias para designar los candidatos a cargos públicos relevantes o la limitación de mandatos.

Algunas de estas exigencias habría que extenderlas a los sindicatos y organizaciones empresariales, receptores también de ayudas públicas. Al igual que los partidos, estos colectivos han perdido legitimidad social por su anquilosamiento y por cobijar prácticas irregulares.

6.- Combatir la corrupción

La corrupción encuentra el campo abonado allí donde hay opacidad. La sociedad tiene que poder examinar la gestión de los servidores públicos y debe poder acceder de forma sencilla a cualquier información relevante. Las leyes de transparencia han de hacer justicia a su nombre y transformar los muros de la Administración en paredes de cristal.

Para recuperar la confianza de los ciudadanos en las instituciones debe acometerse una reforma de la Ley de Contratos del Estado que elimine la arbitrariedad en la toma de decisiones. Hay que reforzar las garantías de imparcialidad y correcto funcionamiento de la Administración devolviendo el protagonismo a funcionarios de carrera que han sido sustituidos por personal de confianza y de libre designación.

Ningún dirigente beneficiado por la financiación ilegal de su partido debería poder volver a presentarse a las elecciones. Hay que perseguir así mismo a los corruptores, prohibiendo que las empresas que resulten condenadas con sentencia firme participen en concursos públicos.

El Tribunal de Cuentas, órgano fiscalizador de la gestión económica del Estado, del sector público y de los partidos políticos, tiene que estar formado y dirigido por funcionarios de carrera. Sólo así quedará garantizada su independencia.

Hay que acabar, por otra parte, con el aforamiento de los parlamentarios, de manera que su protección se circunscriba a su actividad estrictamente política.

7.- Adelgazar la Administración

Los gobernantes han creado un aparato elefantiásico pensando más en intereses políticos que en el servicio a los ciudadanos. El resultado es una Administración cara, sobredimensionada e ineficiente.

Se debe reducir de forma drástica la capacidad de los cargos públicos para contratar asesores.

Urge acabar con la duplicación de competencias y suprimir órganos como consejos jurídicos consultivos, tribunales de cuentas o defensores del pueblo autonómicos. Se impone la disminución del número de parlamentarios regionales y la supresión de las diputaciones provinciales.

Hay que plantear en serio la reducción de ayuntamientos, urgiendo a fusionarse a los municipios que no alcancen los 5.000 habitantes.

La Administración tiene que aprovechar las nuevas tecnologías para aligerar su aparato y ahorrar tiempo y dinero al ciudadano. La máxima debería de ser: más internet, menos ventanilla.

8.- Bajar los impuestos

Aunque la presión fiscal en España apenas llegue al 33% y sea una de las más bajas de la OCDE, la dimensión de la economía sumergida y el fraude a altos niveles hacen que el peso de la recaudación se concentre en el IRPF y el IVA. Una carga tributaria superior al 50% de sus ingresos como la que soportan muchos contribuyentes convierte los impuestos en un arma confiscatoria en manos del Estado.

Las autoridades deben aplicar criterios equitativos: ni la cultura se puede gravar con un IVA del 21% ni la prensa electrónica deber padecer una carga fiscal mayor que la prensa tradicional.

Debe suprimirse el Impuesto de Sucesiones y Donaciones. Resulta abusivo someter a tributación un patrimonio por el que ya se han satisfecho cargas impositivas desde su gestación hasta el momento de ser legado.

Hay que combatir de forma más resuelta el fraude a Hacienda y la economía sumergida. Cabe incentivar el pago con tarjeta -fiscalmente incontrovertible- en detrimento de las transacciones en efectivo.

9.- Multas de tráfico proporcionadas

La Administración ha encontrado en las multas de tráfico -tanto en vías urbanas como en carretera- una vía fácil para obtener ingresos. La mayoría de infracciones sancionadas, con cámaras, radares y controles estratégicamente situados, no suponen peligro alguno para el conductor ni para el resto de automovilistas. Lo que se persigue no es la seguridad vial sino, descaradamente, la recaudación.

Las multas tienen que recuperar su verdadero sentido como freno a las conductas imprudentes y guardar, en su cuantía económica, proporción con la falta cometida. Para lograrlo, podría establecerse que las sanciones fueran progresivas, de forma que la primera resultase menos gravosa y su cuantía fuera aumentando en adelante, con lo que se prevendría la reincidencia. Habría que señalizar bien los puntos negros y las zonas particularmente sensibles -como las escolares-, y ahí sí, ser particularmente vigilantes.

10.- Mejor enseñanza

Las leyes de educación deberían necesitar de un apoyo amplio del Parlamento para poder ser aprobadas. El listón podría situarse en dos tercios de la Cámara. Esta fórmula permitiría, en la práctica, alcanzar un gran pacto nacional por la educación, lo que evitaría modificaciones en la normativa a cada cambio de Gobierno.

España viene invirtiendo ingentes cantidades de dinero público en la enseñanza sin que ello se traduzca en una mejora de su calidad. Hay que reestructurar el sistema, garantizar la escolaridad temprana (de 0 a 3 años), moldear la secundaria según las aptitudes de los alumnos y romper la endogamia para que las universidades sean viveros de talento y cualificación profesional.

Hay que ir también a una armonización de programas. No es serio que en cada autonomía se estudie la Historia con versiones distintas o incluso opuestas de unos mismos hechos.

ilustracion espanol nueva

Ilustración: Javier Muñoz

11.- Más inglés

Uno de los síntomas del fracaso de nuestro modelo educativo es la baja capacitación en inglés de los españoles. El inglés, como lengua de comunicación internacional, debería ser una prioridad a todos los niveles.

Hay que fomentar la exhibición de películas en versión original subtitulada, tanto en cine como en televisión.

Podría implantarse un sistema de intercambio de maestros con países anglófonos, de manera que los educadores tuvieran una inmersión real. Eso facilitaría también que los niños recibieran clases con profesores nativos.

12.- Libertad en la lengua vehicular

En algunos lugares de España las lenguas han dejado de ser un instrumento de comunicación de las personas y se han convertido en una herramienta política. Para evitar imposiciones y asegurar el bilingüismo donde lo hay -ésa y no otra es la auténtica normalización- debe quedar garantizada la libre elección de lengua vehicular en la enseñanza y en las relaciones de los ciudadanos con la Administración. Es intolerable que haya comunidades en las que la lengua oficial del Estado está marginada en uno y otro ámbito.

13.- Racionalizar los horarios

Hay que legislar para lograr una jornada laboral más apropiada que favorezca el aumento de la productividad y aumente la calidad de vida de las personas.

España tiene unos horarios muy distintos al resto de Europa: se sale tarde del trabajo y se retrasan en exceso la comida y la cena. Eso condiciona la vida familiar. Hay que fomentar la jornada continua, suprimir la parada del desayuno y reducir la hora de la comida para ganar tiempo para el ocio.

Además, nuestra hora oficial no coincide con la hora solar. Utilizamos el horario de Europa central pese a que la mayor parte de España queda al oeste del meridiano de Greenwich. Habría que retomar el huso horario que nos corresponde: el mismo que Portugal y Reino Unido, y el que ya tienen las Islas Canarias.

14.- Reducir el paro juvenil

Un país que quiere mirar el futuro con confianza no puede tener a la mitad de sus jóvenes en paro. Todo Gobierno debe presentar un plan de choque que impulse la contratación de menores de 30 años. Hay que simplificar el mercado laboral con un contrato único que facilite la gestión al empresario y dé mayores garantías y seguridad al trabajador.

15.- Apoyar a los emprendedores

Ser emprendedor sigue siendo hoy en España una carrera de obstáculos: lejos de encontrar facilidades, todo son trabas y trámites burocráticos que se eternizan en los despachos. La propia historia de la creación de EL ESPAÑOL da fe de ello. Hay que simplificar de una vez los procesos administrativos para fundar empresas, que son la base de la riqueza de un país.

Cabe fomentar sistemas de financiación alternativos como el crowdfunding.

16.- Igualdad salarial para la mujer

Según un informe de la UE, la brecha salarial entre hombres y mujeres en España es del 19,3%, cuando la media de la zona euro está en el 16,6%. Ello obedece tanto a la discriminación directa -igual trabajo, menor salario- como al tipo de empleos que se conceden a las mujeres. Sin embargo el número de mujeres graduadas en educación superior en España supera ya en casi un 30% al de hombres. Estos datos reflejan una injusticia que la sociedad no debe consentir.

17.- La violencia en el ámbito doméstico

La muerte de mujeres a manos de sus parejas o ex parejas es una tragedia para la que la sociedad sigue sin enconrtrar solución. Pero la violencia de género es, además, el reflejo de un problema mayor: la violencia dentro del hogar, que también se ejerce contra ancianos, menores…

El asunto merece ser abordado con una ley integral que reforme la actual de violencia de género y que acabe con la discriminación por sexo que ésta encarna: a igual conducta debe haber igual sanción. Se necesitan más juzgados, más fiscales y mayor prevención.

18.- Atención a los mayores

Las personas mayores deben ser una prioridad, y no sólo desde el punto de vista asistencial, sino por su aportación valiosa a la sociedad. Hay que atrasar de forma flexible la edad de jubilación, estimulando la participación de los mayores en todo tipo de actividades, ya sea de tipo profesional o de carácter social.

19.- Igualdad sanitaria

Todos los ciudadanos españoles deben tener derecho a las mismas prestaciones sanitarias, independientemente del territorio en el que residan. Además, un paciente nunca tendría que sentirse desprotegido en una región que no sea la suya. Hay que implantar una sola tarjeta sanitaria en todo el país.

20.- Derecho a muerte digna

Los avances médicos posibilitan hoy alargar la vida de enfermos terminales, en ocasiones, con gran padecimiento para los afectados. En estos casos, es fundamental que los cuidados paliativos estén a disposición del paciente, porque permiten conllevar el sufrimiento y, en último término, afrontar la muerte con dignidad.

21.- Más Europa y más América Latina

España tiene que hacer causa común con los países que apuestan por dar un nuevo impulso a la Unión Europea. Sólo unidos, los europeos podrán recuperar su posición estratégica y tener voz y protagonismo en el nuevo orden mundial que se está configurando. Para ello es imprescindible superar el déficit democrático de la UE, reducir su burocracia y establecer una política económica común en la zona euro.

El compromiso con Europa no ha de ser obstáculo para intensificar las relaciones con Latinoamérica, con la que constituimos una comunidad de 400 millones de hablantes con singulares lazos históricos y afectivos. España tiene que hacer valer en Bruselas ese vínculo privilegiado.

22.- Las víctimas del terrorismo

La memoria y el respeto hacia quienes han sufrido la barbarie terrorista no pueden languidecer por el hecho de que hayan cesado el secuestro y el tiro en la nuca. Las monstruosidades que ETA y otros grupos terroristas han cometido en España y el sacrificio de sus víctimas no pueden ser amortizadas por el presentismo.

La pervivencia de la amenaza yihadista y el ascenso de fuerzas políticas que insisten en situar en un mismo plano a asesinos y asesinados, añade motivos para reforzar la protección de las víctimas. Ellas son el mejor estandarte para deslegitimar social y políticamente cualquier proyecto totalitario.

Las autoridades tienen que esforzarse por resolver los crímenes de ETA aún pendientes de esclarecer, de la misma forma que están obligadas a investigar cualquier elemento que contribuya a clarificar en todos sus extremos los atentados del 11-M.

Hay que prohibir que cualquier imputado o condenado por pertenecer a banda armada pueda acceder a un cargo público.

23.- Evitar la muerte de inmigrantes

La tragedia que supone que miles de personas desesperadas mueran cada año intentando alcanzar Europa no puede sernos ajena. España, por su situación geográfica, conoce bien el problema. El asunto hay que abordarlo con realismo: es imposible acoger a todas las personas que están dispuestas a abandonar sus países. Ningún Estado del mundo permite la libre entrada en su territorio porque los efectos serían catastróficos.

Cabe actuar en la prevención, invirtiendo en los países de origen de los inmigrantes, ofreciendo información y cerrando acuerdos con sus autoridades para regular flujos asumibles. También hay que actuar contra las mafias del tráfico de seres humanos. Se trata, pues, de una política que por su alcance y envergadura debe coordinarse dentro de la Unión Europea.

24.- Proteger el bosque, repartir el agua

Conservar la naturaleza y aprovechar bien sus recursos deben ser dos caras de una misma moneda. Recuperar masa forestal ha de ser una prioridad en un país como España, en grave riesgo de desertización. Salvar el bosque es preservar la riqueza de nuestra biodiversidad, la flora y la fauna. De la misma forma, hay que actuar en el mar, restringiendo zonas a la pesca para que nuestras aguas no acaben esquilmadas.

El agua es vital para la economía y la cohesión de un país. En España está mal repartida. Su gestión tiene que ser una competencia nacional. Sólo con visión de Estado, a través de un Plan Hidrológico Nacional, se puede contribuir a una mejor distribución de los recursos hídricos.

25.- El coche eléctrico, energía limpia

El progresivo deterioro del medio ambiente es inquietante en todo el mundo y se ha agravado como consecuencia del calentamiento global. España tiene que ser ejemplar en la reducción de emisiones y en el ahorro energético. El coche eléctrico es una opción realista. Habría que fomentar su uso dando facilidades a la compra y la recarga de baterías. Su implantación es el ejemplo de lo que debería ser la transición hacia un modelo energético sostenible desde el punto de vista económico y medioambiental.

Hay que invertir en la investigación y promoción de renovables para intentar alcanzar un modelo basado en energías limpias, en las que España es rica.

26.- Internet para todos, internet neutral

En la era de la comunicación hay que facilitar la conectividad invirtiendo en infraestructuras. Las autoridades deben hacer un esfuerzo facilitador para que la oferta de conectividad sea adecuada en cobertura y ancho de banda en todos los espacios urbanos, de manera que sea una herramienta verdaderamente útil y al alcance de los ciudadanos.

Las operadoras de telecomunicaciones deben garantizar la no discriminación en el envío y recepción de datos. Los ciudadanos y las empresas tienen derecho a que el tráfico de datos recibido o generado no sea manipulado, tergiversado, impedido, desviado, priorizado o retrasado en función del tipo de contenido, del protocolo o aplicación utilizado, del origen o destino de la comunicación ni de cualquier otra consideración ajena a la de su propia voluntad. Ese tráfico se tratará como una comunicación privada y únicamente bajo mandato judicial podrá ser intervenido.

27.- Libertad en la televisión

Los políticos tienen que dejar de contemplar la televisión como un instrumento de propaganda a su servicio. En la concesión de franjas del espacio radioeléctrico se debe fomentar el pluralismo. Habría que cerrar todas las televisiones públicas que no aporten provecho y supongan un agujero para el erario.

Hay que propiciar el aumento del ancho de banda para impulsar la distribución de contenidos televisivos a través de internet.

28.- Justicia en el deporte, ojo de halcón incluido

La tecnología se ha introducido en el deporte para hacer justicia en los lances controvertidos que pueden ser decisivos para el resultado de una competición. El baloncesto o el tenis son dos buenos ejemplos. Sin embargo, el fútbol, que moviliza más aficionados y genera un enorme negocio, sigue mostrándose refractario a incorporar los avances tecnológicos. Es un error que hay que corregir, particularmente en un momento en el que las sospechas acerca de la limpieza de la competición pueden dispararse como consecuencia del protagonismo que han adquirido las apuestas deportivas.

El ojo del halcón es así un símbolo del juego limpio y de la necesidad de modernizar el deporte. Hay que combatir el dopaje, el amaño de partidos, las comisiones ilegales y la corrupción en las federaciones y en los comités.

29.- Contra la mala educación

En España se grita en lugares públicos, se insulta en los lances de tráfico, se silban los himnos, se circula con motocicletas ruidosas incluso a horas intempestivas, se aparca por sistema en doble fila, se dejan los excrementos de los perros en la vía pública, se escupe en el empedrado, en los bares se arrojan al suelo las cáscaras de crustáceos, se olvida usar el desodorante aun en plena canícula, se tutea a cualquier desconocido, se injuria y blasfema en los recintos deportivos… Por desgracia en eso aun somos diferentes. La mejora del civismo debe ser un empeño de todos: de la Administración y de los propios ciudadanos.

30.- La Ñ

El español es la lengua que nos abre las puertas de un continente entero y nos proyecta al mundo, donde lo hablan más de 500 millones de personas. La Ñ es un símbolo de su riqueza en la medida en que representa con una sola letra un fonema para el que otros idiomas necesitan dos. A todos los españoles nos interesa que los grandes actores de internet incluyan la Ñ en sus sistemas operativos y que la Unión Europea -en contra de su actitud inicial- proteja e impulse su utilización.

Luces y sombras de la reforma del Tribunal Constitucional

Un Estado de Derecho tiene la obligación de acatar y hacer cumplir las leyes, por encima de las vías de hecho y conforme al espíritu de la Constitución. La reforma que acaba de aprobar el Congreso, a propuesta del Grupo Parlamentario Popular, de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional parece adecuada en el fondo pero completamente inadecuada en cuanto a sus formas, las cuales, en el Derecho, no sólo son necesarias sino fundamentales.

6014724364_d53ca681b5_oEl Partido Popular pretende corregir por la vía legislativa un problema que no sólo es jurídico sino que, sobre todo, es político. La reforma plantea que sea el propio Tribunal Constitucional el encargado de ejecutar sus resoluciones, lo que, de manera preliminar, excede de las competencias constitucionales del referido órgano.

Por un lado, el Gobierno del PP quiere que las sentencias y resoluciones del Tribunal Constitucional tengan título ejecutivo, un aspecto que puede considerarse sobreentendido toda vez que el incumplimiento de las decisiones del TC podría dar lugar a delitos de desobediencia o prevaricación.

La modificación prevé la imposición por parte del Tribunal Constitucional de multas coercitivas y la suspensión de las autoridades o empleados públicos responsables del incumplimiento. Incluso el TC podría imponer “las medidas necesarias para asegurar el debido cumplimiento” de sus resoluciones sin oír a las partes en casos de “especial trascendencia constitucional”. De mantenerse la norma en esos términos tras su tramitación parlamentaria, se vulneraría flagrantemente el derecho a ser oído antes de ser sancionados. La posibilidad de imponer sanciones que no se detallan genera, de hecho, inseguridad jurídica.

Contraria al Derecho europeo

De salir adelante la reforma, no sólo sería aparentemente contraria a la Constitución sino también al Derecho europeo. El artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y los artículos 47 y 48 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea reconocen el derecho de las partes a ser oídas equitativamente.

En Estados Unidos, al igual que en el Reino Unido, la Corte Suprema (órgano supremo en ambos países) no es la encargada de ejecutar sus propias sentencias sino que esa función recae en los tribunales inferiores, así como en el gobierno. De la misma manera, en Francia la obligación de velar por que las resoluciones del Consejo Constitucional se cumplan no es de éste sino del poder ejecutivo.

No parece que la reforma que se plantea en España sea la más adecuada para velar por el buen funcionamiento del ordenamiento jurídico y, además, presenta ciertos tintes totalitarios.
Es correcto que el Estado se proteja de aquellos que lo quieran romper, pero el fin no justifica los medios. El Tribunal Constitucional es el garante de nuestra Constitución, determinando si una norma es conforme o no a ella. Desvirtuar su cometido podría ser un error. El legislador podría buscar otro órgano del Estado ejecutor de sus resoluciones, como podrían ser bien los Tribunales Superiores de Justicia, bien el Tribunal Supremo cuando se trate de aforados.

Juan Gonzalo Ospina es letrado y presidente de los Abogados Jóvenes de Madrid

El único precedente para Cataluña es Kosovo

referédums_1944

Desde la II Guerra Mundial se han celebrado casi 50 referéndums separatistas en el mundo. El planteamiento catalán de convertir las elecciones autonómicas en un voto de facto sobre la independencia sólo tiene un precedente: Kosovo.

Desde la II Guerra Mundial se han celebrado casi 50 referéndums separatistas en el mundo. El planteamiento catalán de convertir las elecciones autonómicas en un voto de facto sobre la independencia sólo tiene un precedente: Kosovo.

El 8 de abril de 1933, el estado de Australia Occidental votó mayoritariamente a favor de independizarse del resto del país en un referéndum. Las autoridades locales enviaron el resultado al Gobierno central y el Parlamento británico para iniciar la secesión. Fueron ignorados. La ley australiana no contemplaba la ruptura de una parte de su territorio.

Antes de la II Guerra Mundial (1939-1945), apenas hay constancia de un puñado de ejemplos como el de Australia o Texas, en Estados Unidos, que fracasaron en el intento de conquistar la independencia por las urnas. Después de la guerra y la consolidación de los sistemas democráticos, se han celebrado hasta el momento casi 50 plebiscitos de independencia. El último de ellos en Escocia el año pasado. Son 27 los países que han nacido gracias al voto directo. Algunos de ellos forzaron la declaración unilateral tras la negativa de sus respectivos gobiernos federales a reconocer el resultado de las consultas  El resto no lo logró porque perdieron, no alcanzaron la mayoría cualificada o simplemente se quedaron sin la bendición de la comunidad internacional. 

El planteamiento catalán de convertir unas elecciones autonómicas en un voto de facto sobre la independencia sólo tiene el precedente de Kosovo. La región balcánica utilizó el Parlamento surgido de las urnas para declarar su independencia unilateral en febrero del 2008. Las elecciones se celebraron en noviembre del 2007. La lista del guerrillero Hashim Thaçi ganó con el 35% de las papeletas. España, que sabe lo que tiene en casa, nunca ha reconocido a Kosovo.

Las diferencias entre Kosovo y Cataluña son demasiado evidentes”, dice Matthew Qvortrup Yorgos Konstantinou, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Coventry, en el Reino Unido. “El Parlamento invocó un viejo referéndum de 1991. Fue la única salida que encontró la comunidad internacional a una guerra con centenares de miles de muertos”.

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Problema legal y político

Qvortrup es uno de los mayores expertos del mundo en el estudio de los procesos secesionistas. En su opinión, la fórmula de elecciones plebiscitarias de Artur Mas y Esquerra Republicana plantea un problema legal y otro político. El legal es que la Constitución española no reconoce ese escenario. Y la Unión Europea, con demasiados fuegos que apagar, no se va a revolver contra la legalidad de un estado miembro. El político es que la anunciada victoria del separatismo que proyectan las encuestas, sea o no con mayoría absoluta, no puede ignorarse.

Cuando los estados son incapaces de encontrar una solución equilibrada en lo legal y lo político, el conflicto termina en guerra”, explica. “No estoy diciendo que sea el caso de Cataluña, pero la historia demuestra que siempre ha sido así”.

Qvortrup asegura que la campaña catalana ha sido un espejo de la del referéndum escocés. Los discursos se han centrado en los beneficios económicos, o no, de la independencia y la permanencia en Europa. Pero el profesor defiende que el caso español guarda más similitudes con el canadiense que con el británico. La victoria del nacionalismo de Quebec en unas elecciones que se plantearon casi como un plebiscito en 1976 forzó la reforma de la Constitución de Canadá. Quebec pudo celebrar el referéndum de independencia en 1980. El independentismo perdió y volvió a caer en un segundo referéndum en 1995.

Ganar un referéndum de independencia en circunstancias de estabilidad política como las que vive España es muy complicado”, asegura. “Lo que pasó en Quebec y en Escocia el año pasado demuestra que hacen falta algo más que promesas económicas para ganar el respaldo de la sociedad”.

Qvortrup ha estudiado los patrones del separatismo desde que Islandia se independizara de Dinamarca en 1944. En los países democráticos, los referendos secesionistas han logrado siempre una alta participación (un 79% de media. Cuando ha ganado el , el respaldo ha alcanzado una media del 62% de los votos.

La URSS y Yugoslavia

Durante los últimos  70 años, dos grandes oleadas han alterado las fronteras del mundo. La primera comienza con la descolonización de África después de la guerra. La vía democrática demostró su eficacia en casos como el de Argelia y Francia. El referéndum de autodeterminación argelino fue parte de los acuerdos de Evian en 1962, que acabaron con ocho años de guerra. La segunda oleada se enmarca en la caída soviética primero y el conflicto yugoslavo, después. La negativa de los gobiernos federales a aceptar el resultado de los plebiscitos favoreció el recurso de la ruptura unilateral.

Todas las repúblicas soviéticas y las yugoslavas nacieron con declaraciones unilaterales de independencia más o menos respaldadas en las urnas”, dice. “Pero eran circunstancias diferentes. En el caso yugoslavo, por ejemplo, sangrientas. Y en el ruso, vinculadas a la caída del muro de Berlín y a los acontecimientos que se sucedieron”.

El impacto de la guerra en los Balcanes enfrió el espíritu secesionista. Según Qvortrup, las tensiones independentistas, sobre todo en Occidente, son residuales. Movimientos tradicionales como el de los flamencos belgas han aparcado su reivindicación histórica de un país en el que viven al margen de sus compatriotas francófonos. Pero hay excepciones. El divorcio amistoso de la República Checa y Eslovaquia en 1993 es uno de ellos. También el reciente caso de Crimea, que en realidad votó la anexión a Rusia.

Las posibilidades de éxito del separatismo catalán son escasas a corto plazo, según este profesor. Pero advierte de un hito cercano en el tiempo que podría generar una tercera oleada independentista.

Si el Reino Unido decide abandonar la Unión Europea en el referéndum previsto antes de 2017, estoy convencido de que Escocia volverá a votar con muchas posibilidades de respaldar la escisión”, dice. “Esto podría activar referendos en Cataluña y otras regiones”.

El debate sobre la nacionalidad de españoles en Cataluña, en cinco claves

PLENO COMPARECENCIA MARGALLO

¿Se verán los ciudadanos de una Cataluña independiente privados automáticamente de la nacionalidad española? Resumimos qué dice la Constitución, el Código Civil y los expertos. 

El problema catalán en 21 preguntas

¿Se verán los ciudadanos de una Cataluña independiente privados automáticamente de la nacionalidad española? En declaraciones a los medios, José Manuel García-Margallo ha explicado que “cuando uno se sale de un país es obvio que abandona todos los atributos que le da la pertenencia a ese país”.

Lo dijo este miércoles, horas antes de debatir con Oriol Junqueras, líder de ERC y número cinco de Junts pel Sí, en un insólito encuentro en televisión que destacados dirigentes del Partido Popular han criticado como inoportuno por los mismos motivos: someter a debate las consecuencias internacionales de una efectiva independencia de Cataluña y que el interlocutor del Gobierno sea nada menos que el titular de Exteriores.

Este martes, Mariano Rajoy titubeó sobre el asunto, pero siempre prestándose a hacer hipótesis sobre cómo sería vivir en una Cataluña independiente. En una entrevista en Onda Cero, el periodista Carlos Alsina le trasladó como afirmación retórica que los ciudadanos de una Cataluña independiente conservarían la nacionalidad. “Ah, no lo sé. ¿Por qué no la perderían? ¿Y la europea tampoco?”, replicó el jefe del Ejecutivo.

1.- ¿Dónde se regula la pérdida de nacionalidad?

Para empezar, en la Constitución. La norma básica lo incluye en su título primero, el relativo a los derechos fundamentales. El número 11 especifica que “ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad”.

Pero una cosa es “ser privado”, como dice el artículo, y otra perderla. El mismo artículo de la Carta Magna prevé la adquisición, mantenimiento y pérdida del derecho y remite el desarrollo a otras leyes. La Constitución también prevé la doble nacionalidad con países “iberoamericanos” o que tengan “una particular vinculación con España”, pero siempre por acuerdo y siempre de manera bilateral con cada país concreto.

2.- ¿Cómo se pierde la nacionalidad?

Hay varios supuestos. El Código Civil, en su artículo 24, prevé que la pierdan los españoles que residan “habitualmente en el extranjero, adquieran voluntariamente otra nacionalidad o utilicen exclusivamente la nacionalidad extranjera”. Esa pérdida no es inmediata, sino que se demora tres años y puede evitarse si se pide explícitamente.

Por si fuera poco, esta norma no se aplica a “países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial o Portugal” por los especiales lazos con España.

3.- ¿Y en caso de conflicto?

Los juristas consultados por EL ESPAÑOL coinciden en que la secesión de un territoritorio no está prevista, ni en la Constitución ni en las leyes que desarrollan el artículo 11.

Sin embargo, el Código Civil tiene un apartado significativamente esclarecedor en el artículo que regula la pérdida de la nacionalidad. “No se pierde la nacionalidad española, en virtud de lo dispuesto en este precepto, si España se hallare en guerra”. Es decir, ni aún en caso de conflicto bélico abierto y declarado, por ejemplo una guerra civil, los que se situasen en un hipotético bando catalán perderían la protección de las leyes españolas.

4.- ¿Quiere Junts pel Sí despojar a los catalanes de la nacionalidad española?

No. Es más, esbozan una Cataluña en la que los ciudadanos que así lo deseen mantengan una doble nacionalidad. El propio presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha asegurado estar “convencido de que la mayoría de los catalanes conservarán las dos nacionalidades, la catalana y la española”, según ha declarado a la agencia AFP. Cuando es preguntado por su decisión personal, la respuesta es otra pregunta: “¿Por qué no?”. En realidad, según Mas, la convivencia de las nacionalidades no es un problema ya que el objetivo principal, el de la independencia, habrá sido ya alcanzado.

5.-¿Qué dicen los expertos?

Entre los juristas y magistrados hay opiniones para todos los gustos. Todas comienzan por la advertencia de que el supuesto de independencia no ha sido previsto y, por lo tanto, no hay respuesta jurídica definitiva. Elementos como un posible acuerdo entre el Estado catalán en ciernes y el español o un nulo reconocimiento internacional de una república catalana alterarían el debate que Margallo ve ya zanjado.

No hay ciudadanos sin nacionalidad. Las leyes españolas contemplan la pérdida de nacionalidad en caso de que se adquiera otra, por lo que el reconocimiento de la UE y el resto del mundo la declaración de secesión sería un factor importante.

La nacionalidad no puede otorgarse y retirarse “por decreto”. Es una decisión “personalísima” que no puede hacerse “en masa” y de forma indiscriminada sino caso a caso, según fuentes jurídicas. En muchos países, incluido España, la concesión de nacionalidad a extranjeros comporta exámenes y hasta un acto solemne de aceptación de la Constitución y los símbolos nacionales.

Otros juristas coinciden con Margallo y argumentan que, del mismo modo que los ciudadanos de un nuevo Estado no serían españoles para pagar impuestos, tampoco tendrían por qué serlo a efectos de nacionalidad. Un posible precedente comentado en este debate es el de los ciudadanos del Sahara Occidental, durante años españoles de pleno derecho, que dejaron automáticamente de serlo, aunque se les permitió optar de nuevo a la nacionalidad española.

Foto: EFE/Alberto Martín

El problema catalán en 21 preguntas

Tres nacionalismos y una Constitución

señorg

El autor recuerda que, en la Historia de España, cuarenta años de paz y prosperidad son la excepción, y que esa trabajada estabilidad la está poniendo en riesgo el nacionalismo. Al independentismo catalán le vaticina el mismo final que tuvo Tejero.  

Dicen los nacionalistas catalanes que España es un país decadente. Se han dado cuenta un poco tarde: el conde-duque de Olivares admitió oficialmente la decadencia en 1621. Y en el largo camino de los siglos, Jovellanos invocaba a los espíritus ilustrados; se nos suicidó Larra vestido con levita; un joven Ortega viajó a Alemania para convertirse en “importador de idealismo”; y ahora, los nacionalistas catalanes devienen en independentistas.

Siguiendo a los sofistas, podemos decir que hay verdades históricas relativas: Dante condenó al infierno a los asesinos de Julio César, mientras que Shakespeare los defendía porque lucharon por la libertad de la república. Sin embargo, hay verdades irrefutables: nunca existió una Corona catalano-aragonesa, sino la Corona de Aragón; y al morir Carlos II, no hubo una Guerra de Secesión, sino una Guerra de Sucesión. Ambas mentiras se enseñan impunemente en las escuelas catalanas. Con la misma impunidad, en las franquistas se enseñaba que España había sido colocada “providencialmente por Dios en el centro del mundo” y que “lo más probable es que Cristóbal Colón fuera español”.

Por cierto, hace un mes, gracias a una fundación financiada por la Generalitat, nos enteramos de que Artur Mas es descendiente de Colón. ¿Vendrá el parentesco por los naufragios (Colón perdió nueve barcos en sus cuatro viajes)? ¿O por Manuel de Prado y Colón de Carvajal, que ingresó en la cárcel de Sevilla II por apropiarse indebidamente de 12 millones de euros?

Todos los nacionalistas desprecian la Historia, la modelan a su antojo como si fuera barro, la manchan

Todos los nacionalistas que en el mundo han sido desprecian la Historia, la modelan a su antojo como si fuera barro, la manchan: Franco quería eliminar el siglo XIX “por ser el culpable de todas la degeneraciones de nuestro ser”; Jordi Pujol, en un pleno parlamentario de finales de los 70, afirmó: “Hay que cambiar no ya cuarenta años, sino quinientos de la Historia de España”.

En la Italia de Mussolini, multaban a los comercios y empresas que rotulaban en lenguas extranjeras (Restaurant, Brasserie…); en la Cataluña del siglo XXI, se multa por hacerlo en una de las lenguas oficiales. Santiago Espot, el presidente de Catalunya Acció, ha denunciado a miles de trabajadores que rotulaban en español; Blas Piñar, el consejero nacional del Movimiento, denunció la publicación de algunos libros, como las Obras Completas de Neruda.

El despacho de Franco en el Palacio de El Pardo se montó sobre el comedor de Carlos III, pero al dictador y a sus censores no les llegaron ni unas migajas ilustradas. En las catacumbas del Ministerio de Información y Turismo, trabajaban los censores (curas y militares en su mayoría). El lápiz rojo dibujó situaciones absolutamente risibles: hubo quien tachó la palabra “insólito” por el “matiz agresivo” de los esdrújulos; y quien, en un poema de Vázquez Montalbán, cambió “sobaco” por “axila” porque el primero era “un vocablo ordinario”.

Se empieza llamando guarros a los españoles y se acaba creando partidos que no condenan a ETA

El padre del nacionalismo vasco, Sabino Arana, decía que el español apenas se lava una vez en su vida. Se empieza llamando guarros a los españoles y se acaba creando una sociedad en la que uno de cada cinco vascos vota a un partido que no condena a ETA (los etarras deben de acostarse cada noche con unas gotitas de Chanel Nº 5).

Los nacionalistas no respetan ni los cielos: en el vuelo que llevaba a la delegación española a Londres para participar en las Olimpiadas de 1948, el famoso general Moscardó (por entonces presidente del COE) le quitó el micrófono a la azafata: “Ahora que llegamos a esta tierra de cabrones, digamos todos ‘¡Viva Franco! ¡Arriba España!’”. Treinta y dos años después, el primer español que coronaba el Everest, Martín Zabaleta, colocó junto a la ikurriña el anagrama de ETA.

En otras ocasiones, es la Iglesia la que no se hace respetar: el 80% de los sacerdotes vascos se confiesa fuertemente nacionalista; el 10%, abertzale; y sólo el otro 10%, no nacionalista. Y qué decir de la actitud durante el franquismo de la Iglesia católica, cuyas doctrinas permearon la sociedad española hasta la asfixia moral (había un censor, el padre Vázquez, que en su estulticia le tenía manía al personaje de Superman; tuvieron que reunirse con él varios directores generales para que permitiera la publicación de los tebeos).

España es el país más descentralizado de Europa y el tercero del mundo, tras Canadá y Australia. La Constitución del 78 fue enormemente generosa con los nacionalismos, concediendo un trato fiscal privilegiado a vascos, navarros y catalanes (estos últimos lo rechazaron). En aquel contexto en el que salíamos de una dictadura, el privilegio podía tener sentido. Hoy, en la Europa que busca la armonización, no.

Es inaceptable que en el siglo XXI unos ciudadanos tengan ventajas fiscales simplemente por haber nacido en un territorio, apelando además a unos derechos históricos muy discutibles. Los mismos que aceptan esos derechos y privilegios, supongo que estarían dispuestos a aceptar que la Casa de Alba tuviese un trato tributario especial.

En ningún otro país europeo hubieran obtenido los nacionalistas tantas concesiones como en España

En la Historia de España, cuarenta años de paz y prosperidad son la excepción. La nuestra es la historia de los enfrentamientos civiles y los pronunciamientos militares. A todos los que elaboraron aquella Constitución (en un arco parlamentario que iba desde los antiguos franquistas a los comunistas), hemos de estarles eternamente agradecidos. Como dice el epitafio de Suárez, “la concordia fue posible”. El único presidente de la Generalitat que trabajó como el que más por esa concordia fue Tarradellas, en cuyo Gobierno había políticos de UCD y comunistas.

En ningún otro país europeo hubieran obtenido los nacionalistas tantas concesiones (el francés ha enmudecido en el ámbito oficial al occitano, el bretón, el corso y el alsaciano; y los Länder de la muy federal Alemania no tienen Policía propia, ni televisión, ni…). Y en vez de ser reivindicativos dentro de la lealtad institucional, se han dedicado a practicar su deporte favorito: el victimismo.

El sueldo de Artur Mas casi triplica el de Rajoy; y llevaba a sus hijos a una de las escuelas privadas más caras de Cataluña -que tiene un régimen de enseñanza trilingüe-, pero no deja que, en la pública, los otros padres puedan elegir el español como lengua vehicular. A pesar de eso, en un símil obsceno, compara la actual situación catalana con la Sudáfrica del apartheid.

Prefiero una España tranquila a una España unida, pero quien quiera soltar las amarras deberá conseguir las mayorías necesarias. De lo contrario, aunque lleve traje y corbata, será un golpista. Patético destino para quien se sueña el Mesías del independentismo: acabar como Tejero, el último espadón del Ejército español.

Parafraseando a Camus, si me dieran a elegir entre la Comunidad Valenciana o España, me quedaría con mi madre. ¿A qué viene buscar tantas diferencias si todos estamos hechos del mismo material que las estrellas?

 

*** José Blasco del Álamo es periodista y escritor

*** Ilustración: Sr. García

El uso que hace el PP de las Cortes y el artículo 155

El autor critica la decisión del PP de apurar la legislatura, hecho que relaciona con el desafío independentista. Su tesis es que los populares estarían garantizándose el control del Parlamento para, llegado el momento, imponer a su particular entender el artículo 155 de la Constitución. Este es el artículo que faculta al Ejecutivo para instar a una comunidad autónoma al “cumplimiento forzoso” de sus obligaciones.

El lunes, día 14, la Mesa del Congreso de los Diputados (es decir, el Partido Popular que en ella tiene mayoría absoluta) tomó una decisión que pocos esperaban: anunció un calendario de plenos que llega hasta el 29 de octubre. Para entender qué tiene de sorprendente y qué intenciones puede esconder, repasemos primero las normas que rigen la convocatoria de elecciones y la disolución de las cámaras parlamentarias.

Los artículos 68 y 69 de la Constitución indican que el mandato de los diputados y senadores termina cuatro años después de su elección o el día de la disolución de la cámara. Esta facultad de disolver, decretada por el Rey, corresponde al presidente del gobierno previa deliberación del Consejo de Ministros, según el artículo 115 de la Carta Magna. El citado artículo 68 (para el Congreso, nada se indica para el Senado) establece que las elecciones tendrán lugar entre los treinta días y sesenta días desde la terminación del mandato, y que el Congreso electo deberá ser convocado dentro de los veinticinco días siguientes a la celebración de las elecciones.

La Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) fija plazos precisos dentro de esas horquillas que admite la Constitución. En concreto, su artículo 42 establece que las elecciones se celebrarán 54 días después de publicada su convocatoria, ya se trate de elecciones por disolución anticipada o por expiración del mandato. Como además, para este último caso, precisa que el decreto de convocatoria deberá publicarse 24 días antes de expirar el mandato de los parlamentarios, son 30 días los que transcurrirían exactamente entre el fin del mandato y las elecciones.

En Grecia o Reino Unido se puede formar un gobierno en uno o dos días tras las elecciones; en España es imposible

Las disposiciones de la LOREG sobre recursos electorales y proclamación de candidatos prentenden ser garantistas pero son innecesariamente lentas puesto que imponen al menos 17 días tras las elecciones hasta la constitución de las nuevas cámaras, a los que se añade unos diez días (Reglamento del Congreso) para elegir un nuevo presidente del gobierno. En total, dos meses con el ejecutivo en funciones y casi tres con las cámaras disueltas si se disolvieron anticipadamente, lo que contrasta con Grecia o Reino Unido (por utilizar ejemplos recientes entre muchos países) donde se puede formar un gobierno en uno o dos días tras las elecciones, y no suele pasar de una semana aunque tengan que negociarse coaliciones.

Tras todo esto, ¿qué tiene de particular la decisión de la Mesa del Congreso? Pues que, hasta ahora, todas las elecciones de la Democracia se han producido tras una disolución anticipada de las cámaras, que implica la interrupción del mandato de los parlamentarios en el momento en que se publica la convocatoria electoral. Sin embargo, si como ya ha anunciado, Mariano Rajoy mantiene que las elecciones serán el 20 de diciembre, esta fecha será la más tardía posible ya que corresponde a justo 30 días después del 20 de noviembre en que se cumplen cuatro años desde las anteriores elecciones y se agota pues el mandato de los parlamentarios. La consecuencia es que, aunque el decreto de convocatoria se publicará necesariamente el 27 de octubre, las Cortes Generales seguirán en pleno funcionamiento hasta el 20 de noviembre.

Ante el órdago independentista catalán, estos 24 días ganados pueden ser decisivos por ejemplo si tuviera que aplicarse el artículo 155 de la Constitución referente a la adopción de medidas en el caso de que una comunidad autónoma no respete sus obligaciones constitucionales. Se trata de una facultad que tiene el Gobierno siempre que obtenga el respaldo de la mayoría absoluta del Senado, pero no de su diputación permanente, ya que no se encuentra recogida entre las que el artículo 78 de la Constitución atribuye a este órgano que permanece cuando se disuelve la cámara.

Si el 27-S gana el independentismo, puede resultar decisivo que las Cortes Generales no se disuelvan hasta el 20-N

Dado que la constitución del parlamento catalán se producirá a mediados de octubre (aún no se ha establecido, pero la fecha límite según su normativa es el 17), si hubiera una mayoría independentista, sus primeras acciones se concretarían probablemente antes de final de ese mes. En ese caso, puede resultar decisivo que las Cortes Generales no se disuelvan hasta el 20 de noviembre (frente por ejemplo el 20 de octubre si las elecciones hubieran de ser el 13 de diciembre).

Artur Mas anuncia sin reparos que se propone engañar al Estado. Estas declaraciones por parte del máximo representante ordinario del Estado en la Comunidad Autónoma deberían movilizar tanto a la fiscalía -que desde el 9-N juega a moverse lo más lento posible sin caerse (aunque ya lo hizo Torres-Dulce)- como al Gobierno. En su lugar, el Partido Popular aporta también desprestigio a la Constitución esquivando el debate político sobre la aplicación del artículo 155 (tan democrático y constitucional como todos los demás), alterando irresponsablemente los equilibrios entre poderes del Estado cambiando deprisa y en el último momento la Ley del Tribunal Constitucional, mientras que apurando el mandato de las Cortes se guarda cartas inéditas desde 1978 que merecerían un esfuerzo de transparencia y pedagogía ante los votantes. Parafraseando el “golpe de estado a cámara lenta” (con el que acertadamente acusa Alfonso Guerra a Artur Mas y sus cómplices), no será un golpe de estado por omisión el que logre frenarlo. Los españoles necesitan y merecen un gobierno que sea capaz de unir y convencer con la mejor política, pero antes que nada que recuerde que su deber de “guardar y hacer guardar la Constitución” exige algo más que registrar recursos ante los tribunales.

Catalonia explained in 21 cards

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On September 27, Catalans will go to the polls to vote in an election that will be decisive for the future of Catalonia. These 21 cards aim to explain the intricacies of the so-called ‘Catalan problem’.

Translation: Julia Tena

Illustration: Javier Muñoz

Video: Catalonia explained to non Catalans

On September 27, Catalans will go to the polls to vote in an election that will be decisive for the future of Catalonia. These 21 cards aim to explain the intricacies of the so-called ‘Catalan problem’.

Translation: Julia Tena

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When did the Catalonian independence process begin?

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Celebración de la Diada de 2014. / JUAN GARCÍA

By Pol Pareja

Although there isn’t a clear moment that marks the beginning of the Catalan independence movement, one of its most significant landmarks was the July 2010 protest over the Constitutional Court’s decision to strike down part of the 2006 autonomy statute, which gave the regional government greater powers and more financial autonomy.

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According to official figures, more than a million people participated in the protest under the slogan Som una Nació. Nosaltres decidim: We are a nation. We decide. The leader of the march was socialist José Montilla, then president of the Generalitat.

Another important milestone took place a year before. On September 2009, Catalonia’s first “independence consultation” vote took place in the town of Areyns de Munt (a town of 8.600 citizens). From September 2009 until April 2011, hundreds of Catalan towns (including Barcelona) organised similar consultations. In total, 833.599 Catalans participated in these referendums.

Some people believe that the Catalan independence movement was born after a protest on September 11, 2012. Under the slogan Catalunya, nou Estat d’Europa (Catalonia, new state of Europe), hundreds of thousands of Catalans went out in the streets to celebrate la Diada (Catalonia’s National Day) and ask for independence. This march took place nine days before Mariano Rajoy’s government rejected the application of a fiscal system in Catalonia that would have granted the region more autonomy; similar to the current fiscal system used in the Basque country and the government of Navarre.

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Who has supported the Catalan independence movement in the past?

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Retrato de Francesc Macià elaborado en Camagüey (Cuba).

By Pol Pareja

 

In 1918, Federació Nacionalista Catalana de Francesc Macià was the first party that overtly supported independence to win a seat in the Catalan parliament. The party won two seats in each of the elections between 1919 and 1923.

During this time, the Catalan nationalist vote was absorbed by a party that didn’t support independence: La Lliga Regionalista de Francesc Cambó. This faction won 14 seats in 1919 and 1920 and 20 seats in 1923.

During The Second Spanish Republic, Esquerra Republicana (ERC) was the hegemonic party in Catalonia. It easily won five elections between 1931 and 1936. Two of Catalonia’s presidents during this time, both from Esquerra Republicana, supported independence.

The first one was Francesc Macià. In April 1931, he proclaimed a “Catalan Republic within the Iberian Federation”, but was forced to settle for partial autonomy within the new Spanish Republic.

https://www.youtube.com/watch?v=sUu_7zqjBV8

 

Macià was succeeded by Lluís Companys. In October 1934, Companys took advantage of the tension derived from the worker’s revolution in Asturias to proclaim a “Catalan State within the Spanish Federal Republic”. The Government declared a state of war, Companys was imprisoned and the autonomic Government was suspended. However, Companys was re-elected as president of Catalonia in 1936 after the victory of the Frente Popular, a left-wing coalition that included Esquerra Republicana.

After Spain’s transition to democracy, support for independence has been mixed. Esquerra Republicana has oscillated between the five seats that it won in 1984 and the 23 that it obtained in 2003. In the 2012 elections, Esquerra Republicana and two other parties that support independence, CiU and CUP, obtained a total of 74 seats (68 seats are required for an absolute majority).

Parliament seats

Since June 2005, Spain’s Centre for Sociological Research (CIS) has polled Catalans several times on the issue of independence in Catalonia. In June 2005, 13.6% of those surveyed said they wanted “an independent state”. In March 2015, the last available survey, this number had increased to 39.1%. The most supportive moment for independence came in February 2013: 48.5% of those surveyed were in favour of an independent state.
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Why does a part of Catalonia want to be independent?

By Pol Pareja

Although there are many reasons why Catalans want to be independent, we can broadly categorize them into two main arguments.

The pragmatic argument is that Catalonia will be better off, both politically and economically, if it separates from Spain. The more sentimental reason people use to support independence is the belief that Catalonia is a nation that should be able to govern itself.


catalan government budget

One of the main economic arguments concerns Catalonia’s fiscal deficit, or the difference between the money it pays to Madrid and the money it gets back. In June 2015 the Catalan government said this deficit was 15 .000 million euros, while the central government said it was 8.455 million euros. Some people believe that without this deficit the government of Catalonia could have avoided some of the cuts it has had to implement over the last few years. They also believe that Catalonia has been discriminated against for political reasons when it comes to state funding (an example they use is the late arrival of the high speed train AVE to Barcelona).

Catalonia's expenditure

 

Other people argue that Catalonia should be independent because The Spanish Constitution of 1978 can’t allow more autonomy to Catalonia. According to the latest polls, 63% of Catalans believe that they have “an insufficient level of autonomy”. The Constitutional Court’s decision to strike down part of the 2006 autonomy statute has also been used as an example of why autonomy is no longer the answer.

relationship spain catalonia

 

Catalan nationalists also defend independence as the best (or only way) to preserve the Catalan language in education. The deep political and institutional crisis that has engulfed Spain over the past years has also been used as a reason to “leave Spain” and “start all over again” in a “new country”.
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What is the right to decide?

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Diada de 2014. / JUAN GARCÍA

By Pol Pareja

The “right to decide” is the expression that nationalists use to ask for a referendum over Catalonia’s independence. According to the polls, 74% of Catalans were in favour of holding a referendum in 2012.

The Spanish Constitution authorizes only the state to hold a referendum. In January 2014, the Spanish parliament rejected a proposal by Catalonia’s regional assembly to hold a referendum on independence. The parties that voted against the proposal were PP, PSOE, UPyD, UPN and Foro Asturias. The parties that voted in favour were CiU, PNV, ERC, ICV and Grupo Mixto.

The most prevalent criticism against holding a referendum is that “the right to decide” or the right to self-determination is not mentioned within the Spanish Constitution. However, nationalists claim that a referendum is supported by the vast majority of Catalans, and therefore it must be addressed in political terms. They also argue that the right to self-determination has been recognized as a human right by the UN.

The referendum of Scotland in 2014 and Quebec’s consultations in 1980 and 1995 are also used by nationalists as a reason to hold a referendum in Catalonia. This option was also not contemplated in the constitutions of these countries, but it was made possible after many political deals and, in the case of the United Kingdom, because there isn’t a written Constitution that can limit the actions of Parliament.

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After the referendum of 1995, in which the people of Quebec voted against sovereignty by a small margin, the Canadian Parliament passed the Clarity Act. This law allows any region of the country to separate if a clear majority of people are in favour of it. The document also states that a territorial division should be made between regions that want to stay in Canada and regions that want to be independent.

In the case of a referendum, the Canadian House of Commons has the last word in two key aspects: First, whether the question of the consultation is sufficiently clear, and second, whether a clear majority has been reached.
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What is “the third way”?

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By Albert Olaya

The “third way” is a series of political initiatives that grant more autonomy to Catalonia. This course of action was particularly popular after regional head Artur Mas was re-elected in 2012 and promised to hold a referendum on secession from Spain in 2014.

PSC and Unió Democrática came up with a number of proposals in line with this “third way”. PSC proposed to reform the Spanish Constitution and asked the state to agree on a sovereignty consultation and to grant more autonomy to Catalonia in areas such as health, language and education. Unió Democrática also asked the state to hold a referendum and to recognize Catalonia’s special status in the Spanish Constitution.

Catalan pro-independence forces have always been critical of this “third way”. They believe that a constitutional reform and an agreement with the State on a referendum is impossible, since both PP and PSOE would have to support it, as well as three fifths of the Senate and the House of Commons.  

So far the “third way” has had significant support in Catalonia. According to a 2013 El País poll, 40% of Catalans would be in favour of this option if a referendum took place. Although this alternative has been pushed aside in the forthcoming election, PSC is still in favour of this “third way”. A new proposal by the Socialists’ Party of Catalonia, backed by PSOE, asks for the recognition of Catalonia’s special status in the Spanish Constitution, giving up a sovereignty consultation.
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The election of September 27 is the third Catalan election in only five years. Why?

By Pol Pareja

Catalans have been called to the polls three times since the election of November 28, 2010. In the 2010 election CiU won 62 seats and put an end to seven years of tripartite formed by PSC , ERC and ICV . In their electoral program, CiU did not yet defend the independence of Catalonia. They asked for their own tax system and the “right to decide on the measures of self-government that the people of Catalonia demand and need.”

On September 2012, some 1.5m people participated in Catalonia’s annual independence rally in Barcelona. On September 20, Prime Minister Mariano Rajoy rebuffed Artur Mas’ request for greater fiscal independence, and Mas called early regional elections for November 25, 2012.

In this election CiU presented an electoral program arguing that Catalonia should have its own state, and promised to make a consultation “in accordance with the law” on whether Catalans wanted to separate from Spain. The early elections, however, did not benefit CiU, which went from 62 to 50 seats when their aim was to achieve an absolute majority. ERC absorbed the independents’ vote and went from 10 to 21 members of parliament. CiU has ruled in a minority ever since through a “stability pact “with ERC, which promised to support Mas as long as a consultation on independence took place in 2014.

After Congress’ refusal to allow a legal referendum in Catalonia, Mas decided to convene another election for September 27 2015, and described as a “plebiscitarian election”. The pro-independence movement (with the exception of the anti-capitalist CUP) has coalesced into a single list of candidates that includes candidates from CDC and ERC, as well as civil organizations that support independence, former members of other parties, and people that until now had not been involved in politics.
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Why have several historical Catalan parties broken up?

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By Íñigo Zulet

The sovereignty debate has caused friction in some of Catalonia’s oldest parties. The hardest hit have been CiU and PSC.

CiU

CiU was a federation created in 1978 and dissolved in June 2015, formed by the Democratic Convergence of Catalonia (CDC) and the Democratic Union of Catalonia (UDC). The different approach taken by the two parties regarding independence has ended up dissolving this coalition.

The crisis began in the sixteenth CDC conference, held in March 2012, when the party decided to include the achievement of a “home state” as a political objective. At first, UDC gave in to this demand and included the concept of “home state” in their 2012 electoral program. However, after the 2012 election UDC became increasingly uncomfortable with its partners’ discourse. In June 2015 UDC held an internal consultation, and the party base voted against adopting CDC’s political objectives and called instead for an agreed referendum with the state  on independence. In the end, the three counsellors that UDC had in Mas’ executive left and the federation broke down.

 

PSC

After the Constitutional Court in Madrid stroke down part of the 2006 autonomy statute in 2010, some critical voices within the PSC began to ask for independence. In 2012, as the debate over the right to choose intensified, tension within the party escalated. The first member to leave -in October 2012- was Ernest Maragall. Maragall then founded a new party, Nova Esquerra Catalana, a left wing project that clearly favoured independence.

The breakdown of PSC took place on January 16, 2014. That day, three of its members (Marina Geli, Nuria Ventura and Joan Ignasi Elena) broke party discipline and voted in favour of asking Congress to transfer powers to the Catalan Government in order to hold a referendum on independence. Six months later, Joan Ignasi Elena created a party called Avancem, a socialist party that favours independence. Another former member of PSC, Toni Montín, started the association Socialisme, Catalunya i Llibertat, (Socialism, Catalonia and Freedom), a platform that now supports the Junts pel Sí coalition.
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Why hasn’t there been a referendum yet?

By David López Frías

 

According to Article 149 of the Spanish Constitution, only the state can authorize a referendum.

The Constitution allows three types of referendum: consultative (article 92), in case of constitutional reform (articles 167 and 168), and to revise the autonomy statute (articles 151 and 152). A referendum over the independence of Catalonia would fall into the first category. However, the article specifies that “political decisions of special importance may be referred to a consultative referendum of all citizens”.

Therefore the Constitution does not contemplate the possibility of holding a consultation where only a limited number of people can participate.

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What is a “plebiscitarian election”?

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By David López Frías

A plebiscite is a referendum: the voter answers yes or no to a specific question. In an election, voters are required to vote for parties, candidates or programs. The second difference between an election and a plebiscite lies in the result: In referendums what counts are the votes, while in elections you count seats.

Artur Mas’ first proposal was to call for a referendum on Catalan independence. This referendum was allowed under a law that had been approved by the Catalan government called the “Consultation Act”. However Spain’s Constitutional Court ruled in February that both the law and the referendum were unconstitutional.

The Catalan president then decided to hold regional elections as if they were a plebiscite: depending on the party that voters give their vote to, they’ll be demonstrating their support or their rejection to Catalonia’s separation from Spain.

Spanish’s Election Law (LOREG) does not contemplate the possibility of a “plebiscitarian election”, since this concept does not exist in the Spanish legal system. Therefore the plebiscitarian aspect of this election is only interpretative.


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What can the Spanish state do to avoid Catalonia’s independence?

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By Íñigo Zulet

Once all diplomatic means are exhausted, the Spanish state has several ways to stop Catalonia from becoming independent. In an extreme scenario, the state could apply article 155 of the Spanish Constitution. This article allows the central Government to take over the regional Government’s capabilities, and could be applied if Catalonia does not fulfil ” its obligations under the Constitution” or acts in a manner that severely threatens “Spain’s general interests”.

The article states that the Government should first approach the Catalan president. Only if the President does not change his attitude can the Senate, if the proposal obtains an absolute majority, adopt the necessary means to force him to fulfil his obligations.

The state also has the option to declare a state of emergency, as contemplated under Article 116 of the Constitution and regulated by Organic Law 4/1981, which was passed after the coup d’etat of February 23, 1981. The law establishes that a state of emergency should only be applied when “the situation cannot be settled by any other means”.

Before reaching this scenario, the Government can resort to judicial or constitutional means, for example by challenging the election or by applying the Penal Code, which in its Title XXI regulates crimes against the Constitution, including rebellion.

The legislative branch can also reform the Constitutional Court. In fact, despite opposition from all other parties, the Popular Party Parliamentary Group has introduced a bill to reform the Constitutional Court in order to allow this body to fine and even suspend ruling officials who do not comply with its judgments and resolutions. This reform is being processed and is expected to pass Congress on September 29.
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What is the Catalan National Assembly?

By Albert Olaya

 

In 2009, a group of politicians led by Catalan architect Pere Pugès decided to create a citizen-based independence movement. The challenge was to unite the different factions that favoured independence but were historically divided by ideological and economic differences. After years of debate, the Catalan National Assembly (ANC) was finally born in April 2011.

On March 2012, the ANC held its constituent assembly at a rally at the Palau Sant Jordi in Barcelona. The Articles of Association were approved and their main political objective was established: to hold a referendum on independence by 2014. The entity then had about 300 regional assemblies and was supported by a number of well-known Catalan personalities.

In April 2012, the ANC appointed linguist and activist Carme Forcadell as president of the association. Under her leadership, this entity organised some of the largest demonstrations in the history of Catalonia, such as the “Catalunya nou Estat d’Europa” rally of 2012 and the “Concert for Freedom” at Camp Nou in June 2013.

The ANC has 34,000 affiliated supporters, more than 40,000 supporters who do not pay fees but cooperate with the entity voluntarily, and about 600 regional assemblies in Catalonia. It plays a key role as spokesman for the Catalan pro-independence movement.  Convergència and Esquerra Republicana don’t usually act without its approval.

Forcadell resigned as president on May 2015 and is now the number two candidate in the Junts pel Sí ticket for September 27.
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What is the Advisory Council for the National Transition (CATN)?

By Albert Olaya

The Advisory Council for the National Transition is a body that the Catalan government created in 2013 in order to advise the government on the best ways to achieve independence. It is presided by Carles Viver Pi-Sunyer, who used to be a justice at Spain’s Constitutional Court. The council has another 13 members, including well-known personalities such as Economic professor Germà Bel and journalist Pilar Rahola.

In 2014, CATN published a book outlining the steps the Government of Catalonia should follow to seize independence. This book explains how to hold a referendum on independence, how to internationalize the conflict, and which state structures should be created in order to prepare Catalonia for secession.

In order to coordinate and implement CATN‘s proposals before September 27, the Government created The Commissioner for National Transition on February 2015. The person in charge of this entity is also Carles Viver Pi-Sunyer. This second organ is suspended until the end of the year, since the Constitutional Court is currently processing the state’s claim that this council creates a conflict of jurisdiction.
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Who will be president after September 27?

12.Probable-presidente-
Artur Mas, Raül Romeva y Oriol Junqueras en un acto de Junts pel Sí. / JUNTS PEL SÍ

By Íñigo Zulet

All polls published so far predict that the Junts pel Sí (JxSí) coalition will win the election on September 27. Most polls, with the exception of El Punt Avui, predict that the pro-independence movement will win but won’t achieve an absolute majority.

 

average votes

These figures suggest two possible scenarios: The first possibility, although it is also the least likely, is that Artur Mas’ coalition will get an absolute majority of 68 MPs or more. In this context, Mas would repeat mandate without needing to reach any political deals. The second most likely scenario is that the Junts pel Sí coalition will need an agreement with the pro-independence CUP to govern, although this party has already stated that it will not support Mas’ candidacy.

Although it is likely that Mas will be the next president, electoral prospects are not the only thing that matters. Candidates are also important: Parties such as CUP or Sí que es Pot could reach an agreement with Junts pel Sí if Mas backed down and the leader of the electoral list, Raül Romeva, became the candidate for President of Catalonia.
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What will the pro-independence movement do next?

plan de ruta

By Albert Olaya

Junts pel Sí will launch the process of independence if it obtains an absolute majority in the Catalan parliament. There are two possible scenarios: Either the party obtains 68 MPs or more or it can reach an agreement with pro-independence CUP.

The first step on the route to independence would be to approve a statement in Parliament informing Spanish and international institutions that the independence process has begun. Junts pel Sí is planning to start negotiating the terms of independence with the Spanish government after the election. If the state refuses to negotiate, the independence coalition will declare unilateral independence. Catalan institutions would no longer recognize Spanish law, and the outcome would be unpredictable.

If the state recognizes the referendum, Catalonia would remain a part of Spain until the new government’s state structures are established and Catalonia has sufficient international support. This process could last several months. During that time, the Catalonian government would continue operating as always, and Catalan society would be asked to propose the basis for a new Constitution through a process of citizen participation, although the details of this process have not yet been explained.

Once the new state structures are ready, Parliament will proclaim Catalonia’s independence. When will this happen? According to Europa Press, Convergència Democrática and Esquerra Republicana have privately agreed that the process should take six to eight months, but neither party has made this public. Immediately after proclaiming independence, the Catalan Parliament would approve the “Legal transitory law” in order to avoid any legal loopholes, and the “Law of the constitutional process” in order to begin the process of drafting the new constitution.

After these two laws are approved, the Catalan government would call for a parliamentary election, which should take place 18 months after September 27. It is impossible to know which parties would stand in these elections, but if there were another pro-independence majority, Catalans would be asked to approve and ratify Catalonia’s new constitution.
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Can an independent Catalonia remain in the European Union?

By Juan Sanhermelando

No. An independent Catalonia would automatically be left out of the European Union and would have to request new membership in order to be readmitted. Catalonia’s admission into the European Union would have to be unanimously supported by all member states, which means that any of them, including Spain, could veto the procedure.

The European Union has been clear on this point: “If part of the territory of a Member State ceases to be part of that State to become a new independent state, the treaties would no longer apply in that territory. In other words, a new independent state would, by the fact of its independence, become a third country with respect to the EU, and the Treaties would no longer apply on its territory.”

This is the EU’s position, according to a statement by former president of the European Council Hermann Van Rompuy in 2013. Former president of the European Commission José Manuel Durão Barroso also expressed this same view to member of the European Parliament Ramon Tremosa.

The European Union treaties also state that the EU must “respect the essential functions of the States, as well as ensuring their territorial integrity.” That is the reason why Angela Merkel stated that respect for “territorial integrity” and “compliance with national and international law” were crucial when she was asked about Catalonia’s independence on September 1.

The former European Union’s legal services director goes even further and claims that a unilateral declaration of independence from Catalonia could never be recognized by any member state of the European Union.

However, pro-independence leaders such as Artur Mas have said that existing legislation does not cover Catalonia’s situation and therefore remain confident that European leaders will be “pragmatic” and allow Catalonia to remain in the European Union.
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Would an independent Catalonia keep the Euro as its currency?

euro

By David López Frías

The Euro is the currency used by 19 member states of the European Union.

There are two types of countries that do not belong to the European Union but still use the Euro as their official currency. The first group is composed by four micro nations: Andorra, Monaco, San Marino and The Vatican. The second group are the former Yugoslavian republics of Kosovo and Montenegro.

These four micro nations have a “monetary agreement” with the European Union. In 1999, Kosovo and Montenegro adopted a foreign currency, as ordered by the United Nations. This body’s aim was to keep these two countries away from Serbian economic influence.  In the beginning, they used the German mark, and after its disappearance they adopted the Euro. Nowadays both Kosovo and Montenegro use the Euro as their official currency, but they do not belong to the European Union and have to buy this currency through the mediation of commercial banks.

Each country has the power to unilaterally choose the official currency of its own territory. If Catalonia becomes independent, it could keep using the Euro, but it would use it as a foreign currency, and Catalonia wouldn’t have a say in European economic institutions.

Furthermore, Catalonia would be detached from the European Central Bank, and its financial institutions would not longer be part of the banking union.
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What does Catalonia need to be recognized as a member of the United Nations?

catalunya reconocida

By David López Frías

Catalonia would need the recommendation of nine of the 15 members of the Security Council in order to become a member of the United Nations. Any of the five permanent members (United States, Russia, France, China and the United Kingdom) could put an end to this process.

If Catalonia secures the support of the Security Council, the next step would be to ask for the General Assembly’s approval. In order to become a member, Catalonia would need the support of two thirds of this body. If the process fails, Catalonia can still request to become an observer state. This is the status Palestine has at the moment, and it would give Catalonia the right to participate in the General Assembly meetings -although Catalonia would not be able to vote or become a member of the Security Council.

Spain’s Foreign Ministry has produced a report ruling out this possibility. According to the document, “no constitution in the world considers the possibility of secession” and recalls that self-determination only applies to “people under colonial domination, annexation by conquest, foreign domination or occupation, or people oppressed by massive and flagrant human rights violations”.

Kosovo has been recognized as a state by more than a hundred countries. However, it has not secured the support of the two thirds of the General Assembly required to become a member of the United Nations. Some countries still maintain a hostile stance towards this new state due to its unilateral declaration of independence.

On the other side, South Sudan’s secession was agreed to by Sudan. Six months after its declaration of independence in July 2011, South Sudan gained international recognition and became a full member of the United Nations.
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If Catalonia became independent, what would the consequences for Spain be?

espana sin 2

By Rubén J. Lapetra

Markets do not like surprises. An independent Catalonia would generate an increased financial risk for Spain, since the state is the main creditor to Catalonia’s debt and its local entities through the Regional Liquidity Fund (€64.000 million in total).  

Indirect debt (the debt that corresponds to Catalonia for participating in the current administrative framework and its GDP economic weight), would add another €180,000 million.

Most investors agree: secession would increase investment risks. Prime risk would soar substantially as investors’ demands increase in a country that is about to change its laws and redefine its borders.

Without Catalonia, Spain would lose 20 percent of its economic power and also 16 percent of its current population –a crucial factor when it comes to member state representation in the EU. Secession, however, would have a lesser impact on Spain than on Catalonia because Spain is already part of all international institutions.  
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Where will Barça and Espanyol play if Catalonia achieves independence?

fc barcelona liga

By David López Frías

La Liga (LFP) is an association integrated by the 42 clubs that participate in the two Spanish professional divisions: 20 teams in First Division and 22 in Second Division. For the 2015-16 season, Catalonia will have five clubs: FC Barcelona, Espanyol, Girona, Llagostera and Gimnàstic de Tarragona.

Only LFP could expel one of its members. However, and even though the LFP has its own jurisdiction, the LFP is part of the Spanish Football Federation (RFEF), an independent institution whose responsibilities involve “controlling the official competitions statewide”.

The LFP cannot make unilateral decisions about which teams can partake in the Spanish league. The RFEF does not have the ability to expel the Catalan teams from the LFP, but it could ban them from competing in the Spanish tournament. Both institutions depend on the Consejo Superior de Deportes (CSD), the institution that would have the final decision on which clubs could participate in the Spanish leagues.

The LFP has talked about the risks Catalonia’s independence would cause. The LFP’s president, Javier Tebas, mentioned in a Spanish radio show “ that the problem is a legal issue” and that the Catalan teams wouldn’t be able to play in La Liga “because the Sports Act includes an additional provision which states that the only non-Spanish state that can participate in La Liga is Andorra”.

Thus, the Spanish Parliament would have to amend the law in order to allow the Catalan teams to continue playing football in the Spanish league. Otherwise, they would have to create their own league.

There is another option for these football clubs: another country could allow them to play in their league. There was speculation a few years ago about Catalan clubs joining the French league. UEFA, however, could hamper this scenario since they can ban clubs from participating in any European club competitions if the team switches federations or plays in a different country outside its own.

Barça and Espanyol are part of the RFEF, so if they switched to a different federation they would not be able to participate in the Champions League or the Europa League. According to Article 51 of the UEFA statutes, Catalonia would need UEFA’s authorization in order to play in these competitions, as well as Spain’s approval.

RFEF does not usually allow this change. There are very few exceptions: Andorra, (which is part of the Spanish league since before the Andorran Football Federation was founded), Swansea or Cardiff (which chose not to join the league of Wales when it was created in 1992) and Monaco (which does not have its own federation and is therefore part of France’s).

UEFA has not yet allowed football associations to integrate in order to unify leagues. This body stopped initiatives such as the integration of Scottish teams (Celtic and Rangers) in the English Premier League, the creation of an Atlantic championship with Dutch clubs, Belgian, Scottish and Scandinavians, or the reinstatement of the Soviet tournament with teams from Russia, Belarus and the Ukraine.
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Can Catalans retain their Spanish nationality in an independent Catalonia?

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By Íñigo Zulet

Most pro-independence forces such as CDC, ERC or ANC are in favour of dual nationality. The Constitution also states that “a Spanish person cannot be deprived of his or her nationality”. Therefore, it is likely that Catalans would retain their Spanish nationality in an independent Catalonia.

However, this does not necessarily mean that Catalans would have dual nationality. The Spanish Civil code establishes that in case of dual nationality the Spanish nationality should always prevail if law or international treaties do not recognize the second one.  In other words, if the state did not recognize Catalonia’s independence, Catalans could not use their Catalan nationality in Spain, or in any other countries that did not recognize the Catalan state. Catalans could only use their Spanish nationality when travelling to other countries.

If Catalonia became independent, there would be a number of choices: A dual nationality model (Catalan and Spanish), the subordination of one of the nationalities, or the free choice of each Catalan between the two of them.
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Would an independent Catalonia allow a consultation in the Val d’Aran?

By Íñigo Zulet

The Val d’Aran is a valley in the Pyrenees Mountains, in the northwestern part of the province of Lleida, Catalonia. It is part of Catalonia through a special self-government regime. The Catalonian independence movement has opened a debate among the Aranese about their future and their relationship with Catalonia and Spain. The Aranese people have stated that they want to hold their own referendum.

Catalonia’s president Artur Mas has already said that he will not forbid a consultation in the Val d’Aran. ERC has also stated that they are in favour of recognizing the right to self-determination of this territory.

The Val d’Aran has had a distinctive identity throughout history for a number of reasons. First, it is linguistically different from the rest of Spain: Catalan, Spanish and Aranese coexist as the main languages of the valley. The territory’s autonomy dates back to the Middle Ages, when in 1313 King James II of Aragon granted the valley with its own institutions and a number of special privileges. This special scheme was abolished in the early 19th century due to the centralizing policy of the State. In 1990, the autonomy of the Val d’Aran was restored and its historical rights were re-established.
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Cómo evitar una guerra civil en Cataluña

lesquella2Sólo poniendo en evidencia la esterilidad de todas las trampas éticas, estéticas y dialécticas de esta coalición de salteadores de caminos que pretende apropiarse de lo que nos pertenece a todos los españoles y esclavizar a los discrepantes que queden bajo su yugo, podrá abortarse la guerra civil larvada que se vive en Cataluña.

Ilustración: Javier Muñoz

Me fustiga FJL para que abandone el historicismo porque, por poner el último ejemplo, sólo una porción minúscula de mis lectores había oído hablar del ¡Cu-Cut! antes del pasado fin de semana y lo que les interesa a todos, según él, es que vaya al grano en relación a lo que sucede hoy en Cataluña. Pero como me crezco en el castigo y tengo alma de reincidente esta semana desembocaré nada menos que en L’Esquella de la Torratxa -el cencerro de la torreta-, gran rival del ¡Cu-Cut! en la batalla de la prensa humorística barcelonesa de hace un siglo.

Y es que no encuentro mejor manera de explicar mi receta para invertir el curso autodestructivo y tal vez trágico que ha tomado el contencioso catalán que remitirme a lo que ocurría en 1915. Porque nos sobra Dato y nos falta Cambó. Eso significa que si todo diálogo de envergadura requiere de interlocutores adecuados, ahora mismo brillan por su ausencia en ambos bandos. En un caso por incapacidad del incumbente, en el otro por la cobardía política del llamado de rebote a desempeñar ese papel.

Las grandes crisis miden a los gobernantes y la utilidad de la Historia reside en que siempre se repite. El asesinato de Canalejas y el distanciamiento entre Alfonso XIII y Maura habían colocado al timorato administrador de fincas urbanas Eduardo Dato al frente del Gobierno cuando estalló la Primera Guerra Mundial. La recién estrenada Mancomunidad de Cataluña reclamaba el establecimiento de las llamadas zonas francas que permitieran capitalizar la neutralidad española estimulando el comercio a través del puerto de Barcelona. Toda España se vería beneficiada pero la oposición de las Cámaras de Comercio y otros estamentos proteccionistas en Castilla o Aragón coadyuvaron al estado natural de Dato: la parálisis por el análisis. La radicalización en Cataluña estaba servida.

“El separatismo grave, el separatismo actual de los catalanes -clamó Cambó, líder de la Lliga- es aquel sentimiento de distanciación, de alejamiento, que de manera suave y persistente va penetrando en nuestros corazones, al ver como casi todos los españoles no catalanes se avienen tranquilamente a estar representados y regidos por un Poder público superpuesto a la vida nacional y que es una síntesis de todas las ineptitudes y de todas las inconsciencias”.

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Ilustración: Javier Muñoz

Eran los mismos registros que había entonado Ortega el año anterior en el Teatro de la Comedia, al denunciar la “vieja política” de los partidos turnantes. “La persistencia en la dirección del Estado de la política que hoy representa el señor Dato -se quejaba Cambó- ha venido a destruir nuestro optimismo, a desvirtuar la acción pacificadora de nuestras campañas, a dar razón a los mayores radicalismos del nacionalismo catalán”.

Para el jefe de la Lliga aquel gobierno, “envanecido con una prosperidad creada a pesar de él”, representaba “un gran cero, un vacío, una inacción”. Hasta el extremo de que su falta de iniciativa transmitía el mensaje letal de que “aquí en España no hay nada que hacer”. ¡Qué estremecedoramente cercano suena todo ello!

Contra ese derrotismo se rebeló Cambó en el célebre “banquete del Tibidabo” -14 de julio de 1915- desde una perspectiva inequívoca: “El dia que nosaltres, els catalans, sentint que una reforma és convenient per al nostre país, no lluitéssim per conseguir-la, seriem uns traidors a Espanya, perquè amb la nostra apatía deixaríem de treballar per a qu’es produís un bé a un troç d’Espanya”. Gritos de “Molt bé!”, “Molt bé!” brotaron de una audiencia constituida por las fuerzas vivas de Cataluña.

Era la misma perspectiva que al año siguiente se plasmaría en el histórico manifiesto Per Catalunya i l’Espanya Gran redactado por Prat de la Riba. Pero antes de que concluyera 1915 a Cambó le tocaría presenciar el gesto melodramático de su gran rival Francesc Maciá al renunciar a su acta de diputado en las Cortes, como protesta a la pasividad de Dato, no en relación a las zonas francas… sino al urgente rearme naval que propugnaba el entonces portavoz de Solidaritat Catalana. Así consta en las memorias del líder de la Lliga: “Maciá es posà en un estat de frenètica excitació i presentà la renuncia de l’acta, dient que no volia ésser diputat d’un Parlament que no es preocupava prou de la defensa i fortalesa militar d’Espanya. Aquest home seria el cap dels separatistes catalans!”.

Con estos antecedentes se comprenderá mi satisfacción tras ver publicado esta semana en nuestro blog un brillante artículo de Ignasi Guardans, nieto de Cambó, con cuyo diagnóstico esencial coincido al cien por cien: “No existe un problema catalán. Existe un grave e inminente problema español, con causas en Cataluña y en España”. Por eso, como él titula, es “tiempo de reinventar España”. Unos ponen el acento en el modelo territorial, otros lo ponemos en las reglas del juego democrático. Se trataría en todo caso de reformar la Constitución -o si se quiere de perfeccionarla o enmendarla- para relanzar la afección de los ciudadanos hacia el sistema político, tal y como ocurrió durante los años de la Santa Transición.

En ese contexto reconstituyente debería fraguarse un nuevo consenso que incluyera al nacionalismo moderado. Pero, como digo, para esa negociación no sirve el estólido Rajoy que mandaba SMS de apoyo a Bárcenas y hace falta alguien que en la Cataluña actual recoja el testigo de Cambó, Prat de la Riba o Tarradellas. Ese debería ser el papel de Duran i Lleida si Unió lograra entrar en el Parlament y terminara sirviendo de refugio a la frustración que se avecina en gran parte del electorado de Convergencia. De ahí que cueste entender lo tarde que ha reaccionado y el propio hecho de que no lidere personalmente la candidatura.

En ese contexto reconstituyente debería fraguarse un nuevo consenso que incluyera al nacionalismo moderado. Para eso no sirve el estólido Rajoy y falta alguien como Cambó.

Es muy elocuente en todo caso que Miquel Roca, antagonista crónico de Unió en el seno de CiU, acabe de significarse por su apoyo público al cabeza de lista Ramón Espadaler. Es fácil entender que alguien como Roca -que en definitiva protagonizó el último intento baldío de modernizar España desde Cataluña- sienta desmoronarse todos sus esquemas cuando ve a quien le sucedió como heredero de Pujol, incrustado entre el ecocomunista Romeva y el republicano Junqueras, dependiendo de los anarquistas de las CUP y bajo la sombra de los trostkistas que trufan la lista de la sucursal catalana de Podemos.

En términos de la iconografía que hace un siglo reflejaba L’Esquella de la Torratxa es como si el archiburgués señor Esteve de la célebre novela de Rusiñol -representado por el gran dibujante Picarol con sombrero de copa y gafas negras- se aliara con los sindicalistas de la “Rosa de fuego” para reproducir el Corpus de los Segadors. Sólo el soberanismo identitario es capaz de fraguar esta especie de Soviet de Capitalistas y Proletarios que tanto escandaliza a los pocos intelectuales genuinos que quedan alrededor: ¡opresores y oprimidos del mundo uníos bajo el manto estelado de la patria catalana!

Esta vez no tiene por qué correr necesariamente la sangre por la Barceloneta; pero dado que tanto Mas como Romeva ya han anunciado que les bastará contar con la mayoría de los escaños en el Parlament para iniciar un proceso unilateral de independencia, es decir para despojar a los no independentistas de sus derechos como españoles, es obvio que están creando las bases de una guerra civil en Cataluña. Porque es previsible que no todas sus víctimas se rindan.

En estos momentos se trata sólo -¿sólo?- de lo que en certera expresión del profesor Martín Alonso –El Catalanismo del éxito al éxtasis, Editorial El Viejo Topo- es “una guerra civil intramental entre el cerebro lógico y el étnico”. O sea entre la razón y la tribu. Por eso nadie puede permanecer neutral, vayamos o no a mayores, pues bastaría que un sólo compatriota lo reclamara para que toda la fuerza del poder legítimo tuviera la obligación de desplegarse para protegerle.

Según Guardans no veremos “actos burdos contra el Estado de grosera estética batasuna” sino “escenarios de desobediencia civil planificada… entre globos y sonrisas, apelaciones a la dignidad y la democracia, entre niños y familias, hablando en inglés ante las cámaras del mundo”. Pero bajo esas formas edulcoradas en la superficie, la brecha del desgarro social seguirá abriéndose en el interior de la vida cotidiana de Cataluña, tal y como pronosticó Aznar y acaba de denunciar González.

Baste como botón de muestra el mensaje que ha recibido estos días uno de nuestros suscriptores, a través de su círculo profesional, cuando TV3 se ha visto obligada a ofrecer espacios “compensatorios” a los partidos constitucionales, tras su grosero alarde propagandístico de la Diada:  “Segons han dit a TV3, el proper diumenge de 4 a 7 de la tarde, faran el programa que els obliga la Junta Electoral Central amb representants dels partits unionistes. Seria bo que els partidaris del SI no sintonitzem TV3, la nostra, en aquesta franja horària i que, un cop acabada la vomitada dels enemics de Catalunya, tornem a sintonitzar TV3, facin el que facin. Pasa-ho als teus contactes!!!!!!”.

Es lo que propugna la sedicente Assemblea Nacional de Catalunya. Los halcones del “No” a la legalidad constitucional, travestidos en palomas del “Sí” a un orden imaginario, llaman  “unionistas” a los partidarios de dejar las cosas como están desde hace medio milenio; consideran, por costumbre, que la televisión que pagan todos los catalanes con ayuda de Montoro es suya; y se destapan al tildar de “vomitona de los enemigos de Cataluña” los argumentos de sus antagonistas. Este es el odio cainita que urge parar primero en las urnas y después, si es preciso, con todas las armas del derecho.

Sólo poniendo en evidencia la esterilidad de todas las trampas éticas, estéticas y dialécticas de esta coalición de salteadores de caminos que pretende apropiarse de lo que nos pertenece a todos los españoles y esclavizar a los discrepantes que queden bajo su yugo, podrá abortarse la guerra civil larvada que se vive en Cataluña. La Unión Europea y la banca -Fainé ha dado al fin el meritorio paso adelante que la ocasión requería- han aportado luz al que quiera ver. El problema es que, como escribió Orwell,  “si uno alberga una lealtad o un odio nacionalista, ciertos hechos, aunque de algún modo se sepa que son verdaderos, resultan inadmisibles”.

Sólo poniendo en evidencia la esterilidad de todas las trampas de esta coalición de salteadores de caminos, podrá abortarse la guerra civil larvada que se vive en Cataluña

A Mas y sus compañeros de viaje esto no puede salirles gratis. Pero aunque su castigo democrático es condición necesaria, no es condición suficiente. Cuando Ramonet, el hijo idealista del prosaico señor Esteve, le dice que quiere dedicarse a las artes plásticas, el personaje de Rusiñol pronuncia una frase doblemente lapidaria: “Seràs esculptor però jo pagaré el marbre”. Ahí está compendiada toda Cataluña, vista por sí misma.

También la idea distorsionada que muchos catalanes siguen teniendo de su relación con el resto de España. Pero aunque sea imprescindible seguir discutiendo cómo se paga el mármol -o sea revisar el modelo de financiación autonómica-, más importante aún es tener éxito con la escultura.

Eso es lo que nos ha enseñado esta semana un talentoso y esforzado grupo de españoles, liderados por un catalán inconmensurable llamado Pau Gasol: el camino del triunfo compartido. Cuando la Espanya Gran renazca de las cenizas de su actual mediocridad, Cataluña dejará de ser un problema. Porque lo que la gloria -y la prosperidad y el prestigio y el peso en el mundo- ha unido no lo van a separar ni Mas, ni Junqueras, ni Romeva.

Lee la serie ‘El libro negro del periodismo en Cataluña’ 

 1. ‘La corrupción‘ / 2. ‘La comunidad‘ / 3. ‘La prensa amiga’ / 4. ‘El pozo’ / 5. ‘La tele de la mitad’ / 6. La opinión dependiente’

También en EL ESPAÑOL:

Todo lo que debes saber sobre la batalla que se libra en el TC sobre Cataluña

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Cataluña es la comunidad autónoma que más recursos ha interpuesto contra leyes estatales en la legislatura que está a punto de concluir. El proceso soberanista, con el intento de crear estructuras de estado propias y con la permanente reclamación de competencias, está en el núcleo de la batalla que se libra en el Tribunal Constitucional, convertido en el principal valladar del secesionismo.

No hay otra comunidad autónoma que protagonice tantos procesos ante el Tribunal Constitucional como Cataluña. La aspiración a ampliar su capacidad de autogobierno primero y el plan soberanista planteado por Artur Mas y sus socios después han desembocado en la existencia de 64 procesos constitucionales desde que Mariano Rajoy alcanzara la presidencia del Gobierno. Esa cifra incluye recursos de inconstitucionalidad promovidos por Cataluña contra leyes del Estado, recursos del Gobierno central contra normas autonómicas y conflictos de competencia.

En lo que va de año, el Tribunal Constitucional ha abierto 14 procesos que implican a Cataluña y al Gobierno de Rajoy. Entre ellos se encuentran cuatro asuntos clave en los que, según el Ejecutivo central, la Generalitat quiere fijar las bases jurídicas para asumir las funciones del Estado en el caso de un proceso unilateral de secesión del territorio de Cataluña.

Rápidas suspensiones cautelares

Esos cuatro procesos han sido promovidos por el Gobierno y admitidos a trámite con celeridad por el Tribunal Constitucional, lo que ha conllevado la suspensión automática de las normas catalanas cuestionadas.

El TC tardó apenas 11 días en admitir el conflicto de competencias planteado por el Gobierno contra el decreto catalán 16/2015, de 24 de febrero, que creó el Comisionado para la Transición Nacional. La función de este órgano es el “impulso, la coordinación y la implementación de las medidas necesarias para la culminación del proceso de Transición Nacional y el seguimiento de las estructuras de estado”. El conflicto de competencias fue interpuesto el 26 de junio y admitido a trámite por el Constitucional 11 días después.

El 15 de junio el Gobierno presentó sendos recursos de inconstitucionalidad contra las leyes catalanas 2/2015 y 3/2015. Ambos fueron admitidos a trámite en sólo 10 días. Esos recursos impugnan aspectos determinantes del proceso soberanista: la elaboración de un plan director con la finalidad de hacer posible la “Administración Tributaria de Cataluña”; el inventario del patrimonio de las administraciones públicas de Cataluña; el catálogo de infraestructuras estratégicas que garanticen el funcionamiento y suministro de agua, energía, transporte, telecomunicaciones y servicios de información; la Agencia Catalana de la Protección Social y el plan director para los sectores de la energía, las telecomunicaciones y los sistemas de información y del transporte ferroviario. Según las cuentas pactadas entre Convergència y Esquerra Republicana de Catalunya, 11,5 millones de euros presupuestados para 2015 tienen como destino la creación de estos planes y estructuras.

En una nueva vuelta de tuerca, el Parlament aprobó el 12 de junio la Ley 9/2015, que permite la integración en la Agencia Tributaria de Cataluña (creada en 2007 durante la primera legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero) de funcionarios de otras Administraciones Públicas pero siempre que tengan destino definitivo en Cataluña. Es decir, excluyendo a los del resto de España. La ley fue recurrida de inmediato por Rajoy y ha dado lugar a un proceso abierto por el TC el pasado día 10.

Unos meses antes, el 6 de marzo, el Gobierno central decidió llevar al Constitucional la Ley de Cataluña 16/2014, de 4 de diciembre, de acción exterior y de relaciones con la Unión Europea. Esta norma considera a la Generalitat como un actor internacional al margen del Estado español, otra de las obsesiones de los nacionalistas. El tribunal admitió a trámite el recurso el 14 de abril y dejó en suspenso la ley hasta que dicte sentencia.

El 25 de febrero, el Pleno del TC declaró inconstitucionales tanto la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014 como la ley autonómica que le sirvió de cobertura. Fue un fallo unánime que acogió, en lo sustancial, los argumentos de la Abogacía del Estado sobre lo que Cataluña llamó consulta no referendaria y que era, en realidad, un referéndum para debatir la secesión de Cataluña al margen de las vías que la Constitución establece para su reforma, según sentenció el Constitucional.

El conflicto educativo

Varios de los procesos iniciados en 2014 inciden en otro asunto especialmente relevante para los dirigentes de la Generalitat: el catalán y la educación. La Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, conocida como Ley Wert, fijó el mínimo de horas que un alumno debe estudiar en castellano. Tanto el Parlament como el Govern la impugnaron ante el TC al considerar que atenta contra el modelo educativo catalán y la inmersión lingüística.

A lo largo del año pasado, el Parlamento y el Gobierno de Cataluña recurrieron otras normas estatales por no respetar las competencias autonómicas, como la ley de sostenibilidad de la Administración Local, la de garantía de la unidad de mercado y los planes de racionalización energéticos.

Desglosando el número de procesos de inconstitucionalidad, Cataluña fue la comunidad autónoma más afectada en 2014. Sobre ella hubo 19 procesos, un 34% del total que admitió el TC (56). Le siguieron Andalucía, con 10 asuntos y Canarias con 5.

2014

En 2013, una iniciativa con la que el Parlament inauguró el año, la Declaración de soberanía y del derecho a decidir del pueblo de Cataluña, dio lugar a un proceso constitucional que el TC zanjó en marzo de 2014. También por unanimidad, el Constitucional dejó claro que “en el marco de la Constitución una comunidad autónoma no puede unilateralmente convocar un referéndum de autodeterminación para decidir sobre su integración en España”.

Además, 2013 supuso el punto de partida para otros procesos referidos al ámbito educativo. En febrero de ese año, el TC admitió tres recursos de Cataluña contra normas estatales que establecieron las enseñanzas comunes de la educación infantil, las bases de la formación profesional y el gasto público en educación.

En 2013 fue, de nuevo, Cataluña la comunidad autónoma que se vio implicada en más procesos constitucionales, con 22. Después, Canarias (10), País Vasco (9), Navarra (8) y Andalucía (6).

2013

Cuando Artur Mas planteó en septiembre de 2012 a Mariano Rajoy un nuevo pacto fiscal que planteaba equiparar el escenario fiscal catalán al del País Vasco, el presidente del Gobierno lo rechazó por inconstitucional. Tras aquel (des)encuentro en La Moncloa, el líder catalán dejó entrever el inicio del conflicto en los tribunales que estaría por venir a lo largo de la legislatura: según su criterio, Cataluña tenía un futuro “luminoso y brillante” frente al “gris” que ofrecía el presidente del Gobierno central y para ello tendrían que reclamar nuevas competencias ante el Constitucional.

Sin embargo, fueron el presidente del Gobierno, el Grupo Parlamentario Popular y el Defensor del Pueblo los primeros en cuestionar la corrección constitucional de algunas normas procedentes de Cataluña. En concreto, las leyes en materia audiovisual, de urbanismo y de horarios comerciales.

2012

En 2012, coincidiendo con el primer año de legislatura de Mariano Rajoy, Cataluña ya encabezó la relación de comunidades autónomas litigantes con nueve asuntos. Impugnó las medidas de racionalización del gasto en Educación y Sanidad, así como el decreto-ley de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria, que, entre otras medidas, eliminó la paga extraordinaria de Navidad de los empleados públicos.

Margallo en estado puro

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Habló José Manuel García-Margallo este jueves en Barcelona de “encajar el hecho catalán en términos constitucionales en la realidad hispánica” y de modificar un sistema de financiación cuyo modelo es “injusto”. En Madrid cayeron chuzos de punta. 

Habló José Manuel García-Margallo este jueves en Barcelona de “encajar el hecho catalán en términos constitucionales en la realidad hispánica” y de modificar un sistema de financiación cuyo modelo es “injusto”. En Madrid cayeron chuzos de punta. En principio, nada nuevo. Desde hace ya casi cuatro años, Margallo es ministro de Asuntos Exteriores a tiempo parcial y nuestro-hombre-en-Cataluña a tiempo completo.

Esta querencia por la cuestión catalana se justifica por una vieja pasión que arrastra desde 1973 (el sistema de financiación en España) y una igualmente antigua e intensa amistad personal, la que mantiene desde la década de los 80 del siglo pasado con Mariano Rajoy. También se debe a una particular forma de ser y de hablar que ha generado un nuevo término en español: “Margallada”.

Llámese pensamiento libre o verso suelto. A raíz de este último ejemplo de un Margallo en estado puro, los extremos del PP ironizaron sobre su pertenencia a Junts pel Sí y sobre su “rescate a los separatistas”. Lo normal. Lo que nunca había ocurrido es el correctivo público al que lo sometió Pablo Casado, el portavoz popular recién salido del horno: “Se trata de una opinión personal”. ¿Globo sonda o boca grande? Lo segundo con poco margen de duda, según conocedores de la política con mayúscula, ésos que sienten poca simpatía por el hecho cierto de que Margallo haya pasado media vida estudiando y escribiendo sobre la materia.

Hace justo un mes que John Müller escribió en El Mundo sobre el proyecto de reforma constitucional que Margallo ha elaborado para Rajoy y que éste guarda en La Moncloa desde el pasado otoño. Según Müller, que ya hablaba de las cosas de Margallo cuando pocos conocían en España a ese oscuro europarlamentario que acabó convertido en ministro, se trata de una “apuesta por un modelo federal sin tapujos” que incluye la reforma fiscal y el respeto al principio de ordinalidad tan caro para el Gobierno catalán. También en el verano concedió entrevistas Margallo a El País y a ABC para ventilar las bondades de su documento. La última, el pasado domingo en Expansión. Ahora le toca el turno a las televisiones: El Cascabel y La Sexta. Habrá más, mucho más, de aquí a diciembre. ¿O no?

“Una cosa es la academia y otra la política”, arguyen los que quisieran haber visto a Margallo más volcado en la condena del líder opositor venezolano Leopoldo López y menos pendiente de la reacción de su propio partido a sus palabras en Barcelona. “Han cambiado las circunstancias”, explican otros en referencia no sólo al comienzo de la campaña catalana sino a un hecho indiscutible que Margallo parece olvidar: que quizá debería tener en cuenta lo que Xavier García Albiol y Jorge Moragas tienen que decir al respecto. El próximo 23 de septiembre, Margallo vuelve a Barcelona. ¿Modulará sus enormes conocimientos sobre la cuestión catalana? Todo parece depender de una conversación que sólo él puede tener.