Ortega y Azaña: las ideas de dos españoles sobre Cataluña en 1932

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El Congreso debatió en mayo de 1932 el proyecto de Estatuto catalán que había presentado la Generalitat de Francesc Macià. El borrador pretendía la instauración de un régimen federal y una amplia concesión de competencias para Cataluña. Entre los diputados que hablaron se encontraban Manuel Azaña y José Ortega y Gasset.

El Congreso de los Diputados debatió en mayo de 1932 el proyecto de Estatuto catalán que había presentado la Generalitat de Francesc Macià. El borrador pretendía la instauración de un régimen federal y una amplia concesión de competencias para Cataluña. Estas intenciones, que no estuvieron presentes en el documento que se aprobó al final, suscitaron un debate afilado y confuso, reflejado en las intervenciones de los portavoces de los distintos grupos parlamentarios, que se prolongaron durante meses. Entre ellos se encontraban Manuel Azaña y José Ortega y Gasset.

Azaña ya era uno de los rostros más distinguidos del parlamento. Presidía el Consejo de Ministros y había encabezado poco antes el segundo Gobierno provisional de la República. Ortega participaba en la discusión desde el escaño que obtuvo por la provincia de León, representando a la Agrupación al Servicio de la República: un partido que él mismo había creado junto a otros intelectuales como Gregorio Marañón y Ramón Pérez de Ayala.

Sus intervenciones no tuvieron lugar el mismo día. Ortega dio su versión de lo que tenía que ser el Estatuto el 13 de mayo y Azaña ofreció la suya 14 días después. Ambos se lanzaron dardos envenenados y sus aportaciones tienen la apariencia de un duelo dialéctico.

Tanto uno como otro apostaban por un objetivo: la aprobación del Estatuto. Pero los caminos que proponían para llegar a él eran casi irreconciliables. Quizá por eso escribiera Azaña en sus diarios unos meses antes: “Por lo visto, entre este hombre y yo [refiriéndose a Ortega], toda cordialidad es imposible”. Los discursos de Ortega y Azaña plantean heridas abiertas y problemas que no se han resuelto 80 años después.

Hacia la concordia

Ortega advertía al principio de su intervención de la novedad y la importancia que suponía el debate de la carta autonómica catalana: “Ningún diputado recordará un discurso en el cual se tratase a fondo y de frente el problema de las aspiraciones de Cataluña”. Azaña también apelaba a la cámara para subrayar lo alarmante de la situación: “A nosotros, señores diputados, nos ha tocado vivir y gobernar en una época en que Cataluña no está en silencio sino descontenta, impaciente y discorde”.

La aprobación del Estatuto, que ambos pretendían, supondría, según el filósofo, tan sólo un acercamiento a la concordia. Sin embargo, Azaña creía en el texto autonómico como un modo de solucionar el problema desde su raíz. Dijo Ortega:

“¿Qué diríamos de quien nos obligase sin remisión a resolver de golpe el problema de la cuadratura del círculo? El problema catalán no se puede resolver, sólo se puede conllevar, y al decir esto, conste que significo con ello, no sólo que los demás españoles tenemos que conllevarnos con los catalanes, sino que los catalanes también tienen que conllevarse con los españoles”.

Catorce días después y probablemente dándose por aludido, Azaña explicó: “Estamos delante de un texto parlamentario que aspira, ni más ni menos que a resolver el problema político que está ante nosotros. Aspira a resolverlo, señores diputados. ¿Por qué no?”.

Ortega se refirió incluso al “destino trágico” del problema catalán:

“Es un problema perpetuo, que ha sido siempre, y seguirá siendo mientras España subsista. Este es el caso doloroso de Cataluña; es algo de lo que nadie es responsable; es el carácter mismo de ese pueblo; es su terrible destino, que arrastra angustioso a lo largo de toda su historia”.

A lo que respondió Azaña:

“Yo no discuto la exactitud de esta descripción o percepción del señor Ortega; no la discuto, pero sí me será permitido decir que la encuentro un poco excesiva y, si no se me toma a mal la palabra, un poco exagerada”.

Más adelante, y de forma reposada, Azaña trataría de desmontar de nuevo la concepción trágica de la que hablaba Ortega:

“A mí se me presenta una fisonomía moral del pueblo catalán un poco diferente de ese concepto trágico de su destino, porque este acérrimo apego que tienen los catalanes a lo que fueron y siguen siendo, esta propensión a lo sentimental, que en vano tratan de enmascarar debajo de una rudeza y aspereza exteriores, ese amor a su tierra natal en la forma concreta que la naturaleza le ha dado, esa ahincada persecución del bienestar y de los frutos del trabajo fecundo, que es, además, felizmente compatible con toda la capacidad del espíritu en su ocupación más noble y elevada, me dan a mí una fisonomía catalana pletórica de vida, de satisfacción de sí misma, de deseos de porvenir, de un concepto sensual de la existencia poco compatible con el concepto de destino trágico”.

Este cruce de declaraciones llevaría a los socialistas republicanos a acusar a Ortega de no comprender los hechos diferenciales del pueblo catalán. La oposición reprocharía a Azaña, en cambio, que era demasiado amable y benevolente con los catalanes cuando éstos exponían sus “diferencias” para conseguir más autonomía.

El particularismo

Ortega y Gasset aprovechó su intervención para bautizar el problema catalán y acuñar el término “nacionalismo particularista” como su causa principal. El filósofo se mostró tajante en cuanto una hipotética solución del nacionalismo, más allá de la efervescencia del problema político catalán:

“La solución del nacionalismo no es cuestión de una ley, ni de dos, ni siquiera de un Estatuto. El nacionalismo requiere un alto tratamiento histórico; los nacionalismos sólo pueden deprimirse cuando se envuelven en un gran movimiento ascensional de todo un país, cuando se crea un gran Estado en el que van bien las cosas, en el que ilusiona embarcarse, porque la fortuna sopla en sus velas. Un Estado en decadencia fomenta los nacionalismos: un Estado en buena ventura los desnutre y reabsorbe”.

Ortega y Azaña, tan discrepantes, coincidieron en la pujanza del problema político catalán, por lo menos desde mucho tiempo atrás hasta ese momento, a pesar de que el filósofo descartara una posible solución y el líder republicano buscara encontrarla en el Estatuto. Dijo Ortega:

“Ese pueblo, que quiere ser precisamente lo que no puede, vive casi siempre preocupado y como obseso por el problema de su soberanía, es decir, de quien le manda o con quien manda él conjuntamente. Por cualquier fecha que cortemos la historia de los catalanes encontraremos a éstos, con gran probabilidad, enzarzados con alguien, y si no consigo mismos”.

A lo que replicó Azaña:

“Hay grandes silencios en la historia de Cataluña; unas veces porque está contenta, y otras porque es débil e impotente; pero en otras ocasiones este silencio se rompe y la inquietud, la discordia, la impaciencia, se robustecen, crecen, se organizan, se articulan, invaden todos los canales de la vida pública de Cataluña, y embarazan la marcha del Estado. Entonces ese problema moral, profundo, histórico, del que hablaba el señor Ortega y Gasset, adquiere la forma, el tamaño, el volumen y la línea de un problema político”.

Por la autonomía

A medida que avanzaban sus discursos, tanto uno como otro, fueron centrándose en aspectos más concretos, empezando por la autonomía y terminando con el posible pacto fiscal, tan discutido hoy. Ambos estaban a favor de dar competencias a las distintas regiones.

JoseOrtegayGasset

Decía Ortega: “Si a estas horas todas las regiones estuvieran implantando su autonomía, habrían aprendido lo que ésta es y no sentirían esa inquietud, ese recelo, al ver que le era concedida en términos estrictos a Cataluña. Habríamos, pues, reducido el enojo apasionado que hoy hay contra ella en el resto del país. La autonomía es el puente tendido entre los dos acantilados”.

Así le respaldó Azaña: “No se juzgarán jamás con acierto los problemas orgánicos de la autonomía si no nos libramos de una preocupación: que las regiones autónomas, después que tengan la autonomía, no son el extranjero; son España, tan España como lo son hoy; quizá más, porque estarán más contentas”.

Al afrontar el tema de la cultura, Ortega advirtió del peligro que supondría dotar a Cataluña de amplias competencias en este ámbito:

“A crear una cultura siempre hay derecho, por más que la faena no sea sólo difícil sino hasta improbable; pero ciertamente que no es lícito coartar los entusiasmos hacia ello de un grupo nacional. Lo que no sería posible es que para crear esa cultura catalana se usase de los medios que el Estado español ha puesto al servicio de la cultura española, la cual es el origen dinámico, histórico, justamente del Estado español”.

Azaña, en cambio, se mostró partidario de ser “generosos” en las transferencias educativas:

“Esta es la parte más interesante de la cuestión para los que tienen el sentimiento autonómico, diferencial o nacionalista, porque es la parte espiritual que más les afecta, y singularmente lo es de un modo histórico, porque el movimiento regionalista, particularista y nacionalista de Cataluña ha nacido en torno a un movimiento literario y una resurrección del idioma, y por lo tanto, es en este punto no sólo donde los catalanes se sienten más poseídos de su sentimiento, sino donde la República, juzgando y legislando prudentemente, debe ser más generosa y comprensiva con el sentimiento catalán”.

Una Hacienda propia

El orden público adquiría en aquellos momentos una especial relevancia por lo convulso de la década de los 30. Los protagonistas de estas intervenciones, enmarcadas en mayo de 1932, presenciarían tan sólo tres meses más tarde el intento de golpe de Estado del general Sanjurjo. En esta materia, filósofo y político volvían a estar de acuerdo. Así lo mostraban estas palabras de Azaña: “Por estas razones, que ya apuntó el señor Ortega y Gasset, que tampoco era partidario de dividir la función del orden público con el Gobierno de Cataluña, se trata de encontrar el órgano de enlace porque no se puede admitir la idea ni la organización de la duplicidad de los servicios paralelos”.

Este rechazo a la duplicidad del orden público en un mismo territorio también fue rechazada por ambos en lo referente a la justicia. Decía Ortega: “Déjese a los catalanes su justicia municipal; déjeseles todo lo contencioso-administrativo sobre los asuntos que queden inscritos en la órbita de actuación que emana de la Generalidad, pero nada más”. Así lo suscribió Azaña: “No tendría sentido atribuir al parlamento la legislación en una materia y atribuir la facultad de sentar jurisprudencia a un tribunal local”.

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En cuanto al sistema económico, Azaña llegó a hablar de una “Hacienda propia para Cataluña” y la calificó de algo “indiscutible”. Ortega, en términos más generales, explicó así la posición de su grupo parlamentario: “Deseamos que se entreguen a Cataluña cuantías suficientes y holgadas para poder regir y poder fomentar la vida de su pueblo dentro de los términos del Estatuto: lo hacemos no sólo con lealtad, sino con entusiasmo; pero lo que no podemos admitir es que esto se haga con detrimento de la economía española”.

Ambos se mostraron tajantes al afirmar que las concesiones a Cataluña tenían que detallarse con cuidado. “La cesión de tributos la admite el Gobierno y está bien seguro de que, al aceptarla, no cede parte ni toda la soberanía nacional”, explicó Azaña. Ortega, por su parte, aseguró: “No es posible entregar ninguna contribución importante, íntegra, porque eso la desconectaría de la economía general del país, y la economía del país, desarticulada, no podría vivir con salud, mucho menos en aumento y plenitud”.

El debate de la soberanía

Manuel Azaña y José Ortega y Gasset terminaron sus discursos exhortando a la cámara a la aprobación del Estatuto. Decía el filósofo [a los diputados catalanes]: “No nos presentéis vuestro afán en términos de soberanía, porque entonces no nos entenderemos. Planteadlo en términos de autonomía. Lo importante es movilizar todos los pueblos españoles en una gran empresa común. Para esto es necesario que nazca en todos nosotros lo que en casi siempre ha faltado aquí, lo que en ningún instante ni en nadie debió faltar: el entusiasmo constructivo”.

Azaña se extendió y utilizó un tono más político. Al fin y al cabo, era presidente y representante del grupo parlamentario más numeroso: “Todos los españoles están convocados a esta obra política. Cada cual desde su sitio”.

Las palabras de Ortega y Gasset resumen una concepción del problema catalán “trágica” pero “realista”.

“La vida es esencialmente eso: lo que hay que conllevar”, dijo el filósofo. “Sin embargo, sobre la gleba dolorosa que suele ser la vida brotan y florecen no pocas alegrías. [El Estatuto] es restar del problema total aquella porción de él que es insoluble, y venir a concordia en lo demás. ¡Creed que es mejor un tipo de solución de esta índole que aquella pretensión utópica de soluciones radicales! [en clara referencia a la posición sostenida por Azaña] La utopía es mortal, porque la vida es hallarse inexorablemente en una circunstancia determinada, en un sitio y en un lugar, y la palabra utopía significa, en cambio, no hallarse en parte alguna, lo que puede servir muy bien para definir la muerte”.

Manuel Azaña, que confiaba en el Estatuto para aplacar el temporal, terminó su discurso vaticinando un futuro difícil para España, a pesar de no contemplar el “destino trágico” de Cataluña del que hablaba Ortega: “Sé que es más difícil gobernar a España ahora que hace 50 años, y más difícil será gobernarla dentro de algunos años. Es más difícil llevar cuatro caballos que uno solo. El país está en pie, cruzado por apetitos de toda especie, por ansias de toda clase”.

El uso que hace el PP de las Cortes y el artículo 155

El autor critica la decisión del PP de apurar la legislatura, hecho que relaciona con el desafío independentista. Su tesis es que los populares estarían garantizándose el control del Parlamento para, llegado el momento, imponer a su particular entender el artículo 155 de la Constitución. Este es el artículo que faculta al Ejecutivo para instar a una comunidad autónoma al “cumplimiento forzoso” de sus obligaciones.

El lunes, día 14, la Mesa del Congreso de los Diputados (es decir, el Partido Popular que en ella tiene mayoría absoluta) tomó una decisión que pocos esperaban: anunció un calendario de plenos que llega hasta el 29 de octubre. Para entender qué tiene de sorprendente y qué intenciones puede esconder, repasemos primero las normas que rigen la convocatoria de elecciones y la disolución de las cámaras parlamentarias.

Los artículos 68 y 69 de la Constitución indican que el mandato de los diputados y senadores termina cuatro años después de su elección o el día de la disolución de la cámara. Esta facultad de disolver, decretada por el Rey, corresponde al presidente del gobierno previa deliberación del Consejo de Ministros, según el artículo 115 de la Carta Magna. El citado artículo 68 (para el Congreso, nada se indica para el Senado) establece que las elecciones tendrán lugar entre los treinta días y sesenta días desde la terminación del mandato, y que el Congreso electo deberá ser convocado dentro de los veinticinco días siguientes a la celebración de las elecciones.

La Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) fija plazos precisos dentro de esas horquillas que admite la Constitución. En concreto, su artículo 42 establece que las elecciones se celebrarán 54 días después de publicada su convocatoria, ya se trate de elecciones por disolución anticipada o por expiración del mandato. Como además, para este último caso, precisa que el decreto de convocatoria deberá publicarse 24 días antes de expirar el mandato de los parlamentarios, son 30 días los que transcurrirían exactamente entre el fin del mandato y las elecciones.

En Grecia o Reino Unido se puede formar un gobierno en uno o dos días tras las elecciones; en España es imposible

Las disposiciones de la LOREG sobre recursos electorales y proclamación de candidatos prentenden ser garantistas pero son innecesariamente lentas puesto que imponen al menos 17 días tras las elecciones hasta la constitución de las nuevas cámaras, a los que se añade unos diez días (Reglamento del Congreso) para elegir un nuevo presidente del gobierno. En total, dos meses con el ejecutivo en funciones y casi tres con las cámaras disueltas si se disolvieron anticipadamente, lo que contrasta con Grecia o Reino Unido (por utilizar ejemplos recientes entre muchos países) donde se puede formar un gobierno en uno o dos días tras las elecciones, y no suele pasar de una semana aunque tengan que negociarse coaliciones.

Tras todo esto, ¿qué tiene de particular la decisión de la Mesa del Congreso? Pues que, hasta ahora, todas las elecciones de la Democracia se han producido tras una disolución anticipada de las cámaras, que implica la interrupción del mandato de los parlamentarios en el momento en que se publica la convocatoria electoral. Sin embargo, si como ya ha anunciado, Mariano Rajoy mantiene que las elecciones serán el 20 de diciembre, esta fecha será la más tardía posible ya que corresponde a justo 30 días después del 20 de noviembre en que se cumplen cuatro años desde las anteriores elecciones y se agota pues el mandato de los parlamentarios. La consecuencia es que, aunque el decreto de convocatoria se publicará necesariamente el 27 de octubre, las Cortes Generales seguirán en pleno funcionamiento hasta el 20 de noviembre.

Ante el órdago independentista catalán, estos 24 días ganados pueden ser decisivos por ejemplo si tuviera que aplicarse el artículo 155 de la Constitución referente a la adopción de medidas en el caso de que una comunidad autónoma no respete sus obligaciones constitucionales. Se trata de una facultad que tiene el Gobierno siempre que obtenga el respaldo de la mayoría absoluta del Senado, pero no de su diputación permanente, ya que no se encuentra recogida entre las que el artículo 78 de la Constitución atribuye a este órgano que permanece cuando se disuelve la cámara.

Si el 27-S gana el independentismo, puede resultar decisivo que las Cortes Generales no se disuelvan hasta el 20-N

Dado que la constitución del parlamento catalán se producirá a mediados de octubre (aún no se ha establecido, pero la fecha límite según su normativa es el 17), si hubiera una mayoría independentista, sus primeras acciones se concretarían probablemente antes de final de ese mes. En ese caso, puede resultar decisivo que las Cortes Generales no se disuelvan hasta el 20 de noviembre (frente por ejemplo el 20 de octubre si las elecciones hubieran de ser el 13 de diciembre).

Artur Mas anuncia sin reparos que se propone engañar al Estado. Estas declaraciones por parte del máximo representante ordinario del Estado en la Comunidad Autónoma deberían movilizar tanto a la fiscalía -que desde el 9-N juega a moverse lo más lento posible sin caerse (aunque ya lo hizo Torres-Dulce)- como al Gobierno. En su lugar, el Partido Popular aporta también desprestigio a la Constitución esquivando el debate político sobre la aplicación del artículo 155 (tan democrático y constitucional como todos los demás), alterando irresponsablemente los equilibrios entre poderes del Estado cambiando deprisa y en el último momento la Ley del Tribunal Constitucional, mientras que apurando el mandato de las Cortes se guarda cartas inéditas desde 1978 que merecerían un esfuerzo de transparencia y pedagogía ante los votantes. Parafraseando el “golpe de estado a cámara lenta” (con el que acertadamente acusa Alfonso Guerra a Artur Mas y sus cómplices), no será un golpe de estado por omisión el que logre frenarlo. Los españoles necesitan y merecen un gobierno que sea capaz de unir y convencer con la mejor política, pero antes que nada que recuerde que su deber de “guardar y hacer guardar la Constitución” exige algo más que registrar recursos ante los tribunales.

Qué es el federalismo y qué habría que hacer para que funcionara en España

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Cualquier reforma del Tribunal Constitucional debe ser lo suficiente sólida para que las autonomías crean que es posible ganar disputas sobre competencias incluso cuando el Gobierno central está en manos de partidos que se oponen a la descentralización. 

Ilustración: Javier Muñoz

El 6 de noviembre del 2012 los votantes de Colorado acudieron a las urnas para escoger un nuevo presidente. La votación resultó ser un tanto especial por dos motivos.

El primero tenía que ver con la forma en que los ciudadanos del estado ejercieron su derecho a voto: fue la última vez que tuvieron que ir a un colegio electoral: desde 2014 el voto se hace completamente por correo para intentar aumentar la participación.

El segundo motivo fue que se sometía a voto una enmienda sobre la marihuana. Como es habitual en Estados Unidos, en la papeleta había mucho más que un par de nombres y listas de partidos. Los ciudadanos de Colorado debían escoger también representantes al Congreso, miembros del consejo de educación del estado, regentes de la Universidad de Colorado, representantes y senadores estatales, fiscales de distrito, consejeros de la autoridad regional del transporte, jueces del Supremo y miembros del tribunal de apelaciones y además votar sobre tres enmiendas constitucionales.

Dejando a un lado la imposibilidad de que alguien sea capaz de votar en todas estas elecciones teniendo una idea medio aproximada sobre los candidatos, una de las enmiendas constitucionales (la 64) había recibido especial atención. El texto, según aparecía en las papeletas en castellano, decía lo siguiente:

¿Debe haber una enmienda a la constitución de Colorado con respecto a la marihuana y, en relación con la misma, disponer la regulación de la marihuana; permitir a una persona de veintiún años de edad o mayor a consumir o poseer cantidades limitadas de marihuana; disponer el otorgamiento de licencias de instalaciones de cultivo, instalaciones de fabricación de productos, instalaciones de prueba y tiendas al por menor; permitir a los gobiernos locales que regulen o prohíban dichas instalaciones; exigir a la asamblea general que promulgue un impuesto de consumo a gravarse en la venta al por mayor de la marihuana; exigir que los primeros $40 millones en ingresos recaudados anualmente por dicho impuesto se acrediten al fondo de asistencia de capital de construcción de escuelas públicas; y exigir que la asamblea general promulgue legislación que rige el cultivo, procesamiento y venta de cáñamo industrial?

La redacción no es muy elegante pero lo que se le pregunta a los votantes es si Colorado debe legalizar el uso, la venta, la producción y la distribución de la marihuana. Los primeros 40 millones de dólares en impuestos recaudados cada año con la venta del cannabis y sus derivados se destinarán a la construcción de colegios públicos. Los votantes de Colorado son un tanto hippies. No sólo ayudaron a reelegir a Barack Obama. También se pronunciaron a favor de la enmienda por un margen de 11 puntos.

Junto a Washington, Colorado fue el primer estado en legalizar el cannabis por completo.

Cannabis y federalismo

En términos legales, esta enmienda a la constitución de Colorado abre algunas cuestiones interesantes. La legalización contradice de forma completa, directa y obvia la legislación federal.

El sistema constitucional americano otorga primacía a las leyes del Congreso sobre cualquier legislación estatal. Si una ley federal contradice una norma estatal, la primera tiene precedencia de forma automática. El Gobierno federal, por lo tanto, podría detener a cualquier ciudadano de Colorado que vendiera marihuana vulnerando la legislación federal. Que el pueblo de Colorado hubiera expresado democráticamente su voluntad de poder drogarse no tenía la más mínima importancia: en el momento en que un caso acabara en los tribunales, los jueces invalidarían la enmienda sin dudarlo.

El hecho que el Gobierno federal pudiera demoler la legislación en los tribunales, sin embargo, no quiere decir que quisiera hacerlo. El Gobierno de Obama no se distingue por sentir el mismo fervor fanático contra el cannabis que sentían algunos de sus predecesores. Su departamento de justicia lleva años presionando al Congreso para que relaje la draconiana legislación penal sobre la materia.

Es un asunto que no importaba demasiado al Gobierno federal. En vez de acudir a los tribunales, las agencias federales recibieron la orden de dejar de perder el tiempo con la marihuana en Colorado y en Washington, y dedicar su vida a cosas más productivas que cabrear a hippies que no molestan a nadie.

Ésa era la teoría. El problema fue que los estados vecinos de Colorado no tenían la misma opinión. Los fiscales generales de Oklahoma y Nebraska, dos lugares con un número de hippies mucho menor, dicen estar hartos de perseguir a tipos en las regiones limítrofes con Colorado que fuman substancias prohibidas compradas al otro lado de la frontera. La legalización de la venta y el comercio de cannabis les perjudican pero el Gobierno federal ha decidido mirar hacia otro lado. Por eso estos dos estados han decidido llevar a su vecino a los tribunales pidiendo que el Gobierno federal derogue la derogación de la enmienda 64.

Puede parecer una disputa un tanto extraña entre dos estados conservadores y uno progresista. Pero no es un problema poco habitual en un Estado federal desarrollado y maduro como Estados Unidos. Aquí hay 50 estados soberanos, un montón de tribus indias, incontables agencias públicas y distintos órganos de la administración local.

Los políticos y los fiscales generales dedican un tiempo descomunal a ponerse pleitos unos a otros. En parte por la desmedida afición de los americanos a resolverlo todo con abogados y en parte por la naturaleza ambigua y el mayor poder judicial que rige en los sistemas anglosajones. Pero sobre todo por la propia naturaleza de la descentralización política en una nación donde existe un sistema federal.

El rompecabezas

En un sistema federal es inevitable que haya políticos distintos rindiendo cuentas a electorados diferentes. Los líderes de cada estado o región van a hacer promesas distintas a sus votantes y tendrán preferencias e ideologías dispares. Todos ellos estarán respaldados por una sólida legitimidad democrática y tendrán todo el derecho del mundo a decir que representan la voluntad de sus votantes. Es de esperar que políticos distintos votados por gente distinta tengan ideas distintas sobre cómo interpretar y aplicar las leyes y que surjan disputas sobre quién puede hacer qué. En un Estado de Derecho, cuando hay un conflicto de legitimidades democráticas, esas disputas acabarán de forma irremediable en los juzgados.

Al pensar en una democracia, nos imaginamos una sociedad que resuelve sus conflictos votando después de un debate público. Los ganadores aplican su criterio, los perdedores admiten que son minoría y la vida sigue. Es un sistema simple y fácil de entender. Casi parece lógico.

Las federaciones, sin embargo, parecen trastocar esta lógica. En lugar de tener un solo Gobierno y una votación, tienen una fragmentación semiarbitraria de legitimidades democráticas. No hay un debate sino varios y no siempre se sale con la suya quien tiene más votos sino un señor con toga que interpreta la constitución. Parece rebuscado, casi injusto.

Si pensamos en un sistema federal, sin embargo, no debemos verlo bajo un prisma estrictamente democrático. La democracia es un método para escoger ganadores. Las federaciones son un método de administrar las diferencias y hacer que los que puedan verse representados quienes serían perdedores en una democracia unitaria.

No tragarse sapos

La democracia es un sistema injusto con las minorías perpetuas. Por mucho que los políticos aspiren al debate inspirado y a decisiones que incluyan a todo el mundo buscando el bien común, la realidad es que el bien común no existe. En un mundo de recursos económicos limitados, cuando toca hacer presupuestos, decidir cuántos hospitales construimos y qué idiomas enseñamos en la escuela, siempre habrá alguien que saldrá perdiendo.

En sociedades tan diversas como las nuestras, es muy probable que haya minorías que siempre lo son. Personas que se quedan sin profesores de catalán o que se resignan a que el Estado pague por cosas inmorales y sucias. El federalismo es en el fondo un sistema para acomodar las preferencias de estos grupos y permitir que en un mismo país puedan convivir visiones distintas sobre qué es el bien sin que nadie tenga que tragarse sapos eternamente.

A menudo lo que deciden los votantes a uno y otro lado de la frontera de dos estados federados será contradictorio. A veces los responsables del Gobierno central decidirán que la parte del bien común que ellos pueden decidir es un poco mayor de lo que era hasta ahora. El resultado será un régimen político feo, bronco, poco elegante y repleto de abogados. Dicho en otras palabras, una federación perfectamente normal.

La realidad es que las federaciones son sistemas políticos realmente feos. Una constitución federal está construida, de origen, anticipando que los habitantes del país no se van a poner de acuerdo en casi nada y que es mejor tenerlos repartidos. Es un sistema que desconfía profundamente de los políticos y que parte de la idea de que los ganadores de las elecciones van a ser injusto con los perdedores. Es un sistema pesimista que cree que a los líderes de un país no se les puede tratar como adultos y que necesitan supervisión judicial para resolver disputas y minimizar la cantidad de votantes de los que pueden abusar. Son supuestos realistas, obviamente, así que las federaciones acostumbran a convertirse en festivales judiciales.

El caso de España

Al hablar de España, el debate sobre el federalismo parte en gran medida de un punto de partida erróneo.

Para empezar, el sistema autonómico es básicamente un sistema federal. Si las autonomías tuvieran mejor representación a nivel nacional y el sistema de financiación fuera menos demente, sería una federación casi completa. El sistema comparte todas las virtudes de una federación y también incorpora su naturaleza alegremente caótica y su aprecio por los tribunales.

Dado que los sistemas políticos no son competiciones estéticas, esto no debería ser un problema. Los votantes verían las bizantinas discusiones legales con el mismo desagrado que los votantes americanos pero no ocurría mucho más. En el caso español, sin embargo, la naturaleza improvisada de nuestra cuasi-federación hace que el tribunal dedicado a resolver disputas tenga carencias importantes.

Los tribunales federales siempre están politizados. Esto sucede porque es casi imposible construir un sistema judicial que no tenga a políticos metiendo la zarpa en algún momento y porque las sentencias que resuelven las disputas entre gobiernos son casi siempre políticas y se acaban adjudicando según lecturas de la constitución más o menos ideológicas.

En el caso español, sin embargo, el problema no es que el Tribunal Constitucional esté politizado sino que está politizado de forma equivocada por los políticos erróneos. Las federaciones administran diferencias pero los magistrados del Constitucional salen de la institución más estrictamente democrática del sistema político español: el Congreso de los Diputados.

El resultado es una institución concebida para controlar a la mayoría y diseñada para resolver disputas entre legitimidades democráticas que sin embargo a menudo tiene opiniones furibundamente democráticas y refleja la opinión del Gobierno de turno.

Cuando el partido con mayoría en el Congreso está cómodo con el sistema autonómico, no es un problema demasiado acuciante. Pero cuando eso no sucede el Constitucional se convierte en una máquina de recordar a las minorías perpetuas (catalanes y vascos) que las instituciones no están ahí para proteger sus diferencias.

La tercera vía

La llamada “oferta federalista” o tercera vía en el fondo tiene que partir de una idea muy simple: proteger la diferencia. Se puede hablar de reformar el sistema de financiación, de dar más voz a las autonomías en el senado o de clarificar la distribución de competencias y todas estas reformas son necesarias. Pero para que la oferta federal sea creíble el punto de partida tiene que ser una reforma del Tribunal Constitucional.

La reforma debe ser lo suficiente sólida para que las autonomías crean que es posible ganar disputas sobre competencias de forma regular incluso cuando el Gobierno central está en manos de partidos que se oponen a la descentralización. El tribunal debe ser capaz de leer la Constitución y aplicarla de forma que las minorías entiendan que sus derechos están protegidos y no dependen de la buena voluntad del Congreso.

Esto se puede hacer despolitizando el Constitucional y haciéndolo profesional o dando una voz mucho mayor a las autonomías en la elección de magistrados.

Dada la naturaleza de sus sentencias, politizar las nominaciones no me parece una mala idea, siempre y cuando el proceso refleje la naturaleza contramayoritaria de la institución y el federalismo. En Estados Unidos las confirmaciones judiciales están bajo el control del Senado, que es una institución radicalmente antidemocrática.En España podríamos reformar el Senado para dar más peso a los gobiernos autonómicos o incluso hacer que las comunidades históricas designen directamente un número determinado de magistrados.

Esta reforma no sólo sería buena para Cataluña sino para el sistema autonómico en su conjunto. Una federación es un sistema político complejo y funciona mejor si las disputas tienen resultados predecibles. Si el Tribunal Constitucional depende menos de las simpatías políticas del Gobierno de turno, veremos menos sentencias como las de las reformas estatutarias de años recientes, cuando artículos idénticos eran tumbados en la reforma catalana pero aprobados sin rechistar en los casos de Valencia o Andalucía. Hacer el sistema más consistente y sensato es siempre una buena idea, por mucho que siga existiendo el inevitable runrún de disputas legales constantes.

Si de algo debemos estar seguros es de que el federalismo no va a eliminar las disputas entre Cataluña y el Gobierno central. Ése no debe ser el objetivo que busque una reforma constitucional. Un Estado moderno (sea una democracia jacobina pura o una federación) es un sistema para resolver desacuerdos, no para acallarlos.

Una federación bien diseñada admite que no tenemos por qué estar siempre de acuerdo y es mejor así. Lo importante, y el punto clave para resolver el encaje de Cataluña dentro del sistema, es que las decisiones en materias que preocupan a la minoría se decidan siguiendo criterios legales, no democráticos.

La realidad y los Presupuestos en tiempos de elecciones

MontoroLa tesis del autor es que las cuentas presentadas por el Gobierno para 2016 tienen una intencionalidad política: reforzar la imagen del PP de cara a las elecciones generales. Ese pecado de origen es lo que hace, según Francisco de la Torre, que las cuentas nazcan muertas, porque ni se basan en datos firmes ni responden a las necesidades del país. 

En la imagen el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro./ EFE

Montoro-Rajoy
Mariano Rajoy felicita al ministro Montoro por su defensa de los Presupuestos para 2016./ EFE

“Hay un tiempo para cada cosa bajo el sol: un tiempo para plantar y un tiempo para arrancar lo plantado… un tiempo para demoler y un tiempo para edificar… un tiempo para callar y un tiempo para hablar…”; hay un tiempo para hacer presupuestos y un tiempo para hacer campaña electoral.

Cuando uno observa la presentación de los Presupuestos a principios del mes de agosto, con España entera de vacaciones, lo primero que le viene a la cabeza es la conocida cita del libro del predicador (Eclesiastés 3: 1-8), de que hay un tiempo para cada cosa; o bien, de forma aún más precisa, el refranero español: no por mucho madrugar amanece más temprano.

De hecho, contrastan las prisas de Rajoy para aprobar un presupuesto para 2016, ante una situación que se nos quiere vender como boyante, con la tardanza en aprobar los presupuestos en 2012 con España en situación crítica. En realidad, la causa de este comportamiento extemporáneo es la misma: la cercanía de las elecciones, andaluzas en un caso, generales en otro.

En 2012, la estrategia acabó con una derrota en las elecciones andaluzas -sí, una derrota porque el eterno aspirante Javier Arenas no pudo gobernar- y con un rescate de la economía española, también denominado “préstamo en condiciones favorables”, materializado en el famoso Memorándum of Understanding, documento que ha condicionado la política económica española durante años.

De cara a la política, lo más relevante de estos Presupuestos es que se presentan antes de tiempo y, sobre todo, que pretenden suplantar el papel de las Cortes Generales de 2016, que serán las que representen la soberanía popular y las encargadas de controlar el Gobierno y de aprobar un presupuesto. La Ley de Presupuestos es la única que tiene carácter anual por disponerlo así la Constitución, y precisamente por esa razón, intentar hurtar esta competencia a las futuras Cortes es un comportamiento que respeta muy poco la voluntad de los electores.

Señalaba Maquiavelo en El Príncipe que la única tarea de un político es elegir los tiempos. Obviamente, el adelantamiento de los Presupuestos tiene un objetivo político. Este objetivo no sólo es condicionar la política económica del siguiente gobierno si no lo preside Rajoy, sino también intentar evitar pagar un eventual peaje en un gobierno de coalición, por lo menos en los Presupuestos de 2016. Esto último, hasta puede parecer razonable, vista la experiencia de anteriores gobiernos de coalición del PSOE y del PP. Sin embargo, el socio que exigía este peaje, CiU (ahora más bien Convergència disfrazada en la lista única de Mas), lo que pretende exigir a cambio de apoyar la investidura de Rajoy no es dinero sino la “autodeterminación” de Cataluña.

El programa electoral del PP

En cualquier caso, no hay que tener especiales conocimientos para anticipar que Rajoy, aunque tuviese una mayoría simple -lo que no está nada claro-, tendría bastantes problemas para superar la investidura, y que este trámite presupuestario contra todas las demás fuerzas políticas no le va a ayudar precisamente.

Estos Presupuestos se han convertido en el programa electoral con el que el PP se presentará a las próximas elecciones generales. El origen de este planteamiento está en el programa de 2011. En ese programa, sabiendo la cúpula del PP que iba a gobernar y conociendo la gravedad de la situación de las cuentas públicas, hizo una serie de promesas imposibles, empezando por bajar los impuestos. Esto se empezó a incumplir a la semana de tomar posesión, con la mayor subida de impuestos de la democracia.

Ahora se pretende dar credibilidad a las promesas electorales vistiéndolas de Presupuestos con cuentas. Esto es intentar sustituir la política económica por la contabilidad, aunque como veremos, en muchos aspectos sea una contabilidad de la modalidad “creativa”.

Sorprende que el ministro marcado por la subida masiva de impuestos intente vender ahora su bajada

La primera consecuencia de todo esto, y que ha pasado desapercibida, es que el responsable del programa electoral del PP, y quien lo está defendiendo, está siendo Cristóbal Montoro. Puede resultar sorprendente -o no, que diría un gallego-, que un ministro marcado por la amnistía fiscal y por la subida masiva de impuestos, sea el que planifique y defienda unas cuentas que, de nuevo, vuelvan a intentar vender la bajada de impuestos. En cualquier caso, y pese a las críticas de Pedro Sánchez por que no sea personalmente Rajoy quien los defienda, no deja de ser toda una declaración de intenciones de con quién cuenta Rajoy si vuelve a gobernar.

Uno de los efectos de hacer los Presupuestos antes de tiempo es que se tiene menos información de la necesaria. Naturalmente, ése es un inconveniente si se quiere acertar con las cuentas, aunque a lo mejor no es tan relevante si se van a proponer las mismas medidas pase lo que pase. Esto se observa en primer término en el escenario macroeconómico previsto. Para bien o para mal, este escenario está marcado por la coyuntura internacional, que hasta hace poco era muy favorable.

Según el profesor Fernández-Villaverde -en mi opinión uno de los mejores conocedores de nuestra economía-, los vientos de cola que impulsaban la economía española eran: el bajo precio del petróleo, la devaluación del euro, la política monetaria expansiva del Banco Central Europeo, los bajos tipos de interés y el crecimiento moderado pero firme de la economía mundial.

El proyecto de Presupuestos parte de la base que todo se va a mantener indefinidamente; por ejemplo, que vamos a tener el barril a 60 dólares los próximos cuatro años. Ahora el barril está a 40 dólares, pero nadie sabe qué pasará dentro de cuatro años.

Sin embargo, lo que parece claro es que varios grandes países emergentes, empezando por China (que es la segunda economía mundial por PIB), están en una situación muy complicada. Esto se ha reflejado en la caída de las bolsas. El ministro Guindos ya ha afirmado que este hecho “no afectará a la economía española”. Es discutible, y si no que se lo digan a quienes han invertido en bolsa o a cualquier empresa que pretenda ampliar capital para abordar nuevos proyectos. Sin embargo, lo que no es discutible es que las causas que han provocado la crisis financiera en China claro que afectarán a la economía española, y de rebote a las previsiones presupuestarias: no vivimos en una burbuja.

Las previsiones de ingresos de las cuentas públicas están infladas y no se cumplirán

Aunque estas son unas cuentas netamente políticas, o precisamente por eso, su talón de Aquiles son las previsiones de ingresos, que están infladas y no se cumplirán. Así, nada menos que el gobernador del Banco de España, en su comparecencia ante la Comisión de Presupuestos, veía riesgos en la previsión de ingresos públicos, y también del cumplimiento del objetivo de déficit de 2015. Si esto es así, y bastantes indicadores lo corroboran, entonces el esfuerzo en recorte de gastos que queda pendiente puede ser considerable: prepárense que vienen curvas.

Previsiones casi imposibles

Un par de ejemplos de que las previsiones son de casi imposible cumplimiento: según los últimos datos disponibles de la Agencia Tributaria, la recaudación del IRPF, en términos homogéneos, estaba creciendo un 0,2%. Después de eso, Rajoy adelantó la rebaja del IRPF de 2016 a julio de este 2015. Por muy bien que vaya la economía, no es posible que la recaudación del IRPF, basada en un 85% en pensiones y salarios, crezca en 2016 un 5%, bajando a la vez los impuestos y sin ninguna medida para ensanchar bases y luchar contra el fraude.

El otro ejemplo obvio es la recaudación de cotizaciones. En el último año cerrado, 2014, se recaudaron cuotas de seguridad social por importe de 97.736 millones de euros. En los seis primeros meses, últimos datos disponibles, la recaudación de la seguridad social ha crecido a un ritmo del 1,32%. A este ritmo cerraríamos 2015 con una recaudación de unos 104.000 millones, y 2016 de unos 105.500 millones. En el presupuesto de 2016 se prevé una recaudación de 117.242 millones de euros. Esto supondría incrementar la recaudación un 10% anual acumulativo. En los siete primeros meses de 2015, este incremento ha sido del 1,23%..

En fin, hemos puesto dos ejemplos -aunque de los dos recursos más importantes del Estado: IRPF y cotizaciones-, pero en general, los Presupuestos no mejoran sustancialmente el programa del PP de 2011: ahora hay números, pero no son creíbles. Son unos Presupuestos en tiempo de elecciones.

“Hay un tiempo de nacer y un tiempo de morir”, y estos Presupuestos nacen muertos porque nacen prematuros, y no sólo no responden a las necesidades fundamentales de la economía española, sino que ni siquiera son viables, y cualquier próximo gobierno tendrá que enmendarlos sustancialmente, ya que si no, lo hará la realidad.

*** Francisco de la Torre Díaz es inspector de Hacienda del Estado, autor de ‘¿Hacienda somos todos?’ (Debate) y responsable del programa fiscal de Ciudadanos.

Fe de errores (8-9-2015): En el artículo original se utilizó la cifra prevista de recaudación por cuotas de la Seguridad Social de 2014 (102.840 millones de euros) en lugar de la recaudación efectiva a cierre de año (97.736 millones), lo que afectaba a las estimaciones de años posteriores, ya corregidas.

 

Sr. Sánchez, cinco dudas sobre si Europa quiere más Europa

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El Partido Socialista aprovechó este martes el debate sobre Grecia para presentar una propuesta de resolución ante la Mesa del Congreso que pretende un cambio de calado en la estructura de la Unión Europea y se resume en una frase: “Más Europa pero también otra Europa”. Bajemos a la tierra, ¿son factibles estas propuestas?

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El Pisuerga pasó ayer por el Congreso de los Diputados en el pleno dedicado a debatir el tercer rescate a Grecia, un acuerdo que implica avalar a escote otros más de 86.000 millones de euros en préstamos a la nación helena (10.000 millones por parte de España) que irán a recapitalizar su banca y cubrir las necesidades de financiación del Gobierno de Alexis Tsipras. El Partido Socialista aprovechó el encuentro para presentar una propuesta de resolución ante la Mesa del Congreso, tal y como había avanzado El País, que pretende un cambio de calado en la estructura de la Unión Europea y se resume en una frase: “Más Europa pero también otra Europa”. La formación que lidera Pedro Sánchez se quiere así colocar en línea con el movimiento liderado por François Hollande desde Francia y Matteo Renzi desde Italia en busca de recuperar el espacio perdido por la socialdemocracia durante la crisis con un cambio de política a nivel europeo.

Bajando a los puntos concretos de la propuesta de los socialistas españoles, ¿son factibles? ¿Quiere Europa una mayor unión? Hace tiempo que todos parecen de acuerdo en que el proyecto común no tiene mucho más tiempo ni hueco para más parches para solucionar los problemas con los que nació su estructura pero aquí van cinco puntos que los socialistas deberían tener en cuenta para hacer una proposición realista que no suene a grandes titulares de etapa electoral.

1. Igualar los impuestos a las empresas: la bicha

Dice el documento socialista:

La fragmentación tributaria en la Unión Europea constituye una fuente permanente de fraude y elusión fiscal (…) y provocan la percepción ciudadana de que el esfuerzo fiscal y tributario en los diferentes Estados no es homogéneo (…). Es necesario avanzar hacia la armonización del tipo mínimo del impuesto de sociedades.

Armonizar el Impuesto de Sociedades en Europa, es decir, poner un impuesto mínimo igual en todos los países que se cobre a las empresas por su beneficio, es el ejemplo de libro a la hora de hablar de intereses divergentes de los miembros de la Unión Europea. Es la línea roja que se atrevió a trazar Irlanda, con amenaza incluida de salirse del euro, cuando negociaba las condiciones de su rescate. Aceptaba básicamente todo menos que le tocasen su flamante impuesto del 12,5% que atrae a tanta multinacional (en España está actualmente al 28%). Como además tenía el respaldo del Reino Unido, el impuesto irlandés no se tocó.

Si un país con la espada de Damocles de un rescate puede plantear semejante pulso y ganarlo, quién puede albergar esperanzas de una armonización máxime cuando los impuestos directos (y el de sociedades está entre ellos) exigen unanimidad de los Estados para su modificación. Ese sueño tiene además una larga historia.

Como recuerda Francisco de la Torre, inspector de Hacienda y responsable del programa fiscal de Ciudadanos, “Europa no ha sido capaz en casi 15 años de ponerse de acuerdo ni siquiera en una propuesta de base imponible armonizada común”. Es decir, no ha logrado aprobar ni qué se considera beneficio empresarial tributable y cómo se define el reparto de impuestos entre países cuando una misma empresa opera en varios Estados miembros (propuesta de Directiva de armonización de la base consolidada común, o BICCIS, a cuya aprobación también hace referencia el documento socialista).

Como explicó De la Torre ante el Comité Económico y Social Europeo en 2014, al que acudió en calidad de experto, “lo que hay que hacer son planteamientos de mínimos, como establecer normas comunes contra los paraísos fiscales, es decir, lograr que al menos el dinero se quede en Europa”.

Y hay que reconocer que se está avanzando en frenar la competencia desleal entre Estados pero por otra vía que no es la armonización y gracias a un motivo claro: la presión, tanto de la opinión pública como de EEUU. Para empezar, la Comisión Europea la preside hoy Jean Claude Juncker, primer ministro de Luxemburgo cuando se firmaron buena parte de los acuerdos secretos con multinacionales para minimizar su factura fiscal destapados por el Consorcio Internacional de Investigación Periodística (ICIJ) y contados en España por El Confidencial. Para seguir, Estados Unidos se ha cansado de que sus multinacionales usen a países europeos (como Holanda o Irlanda) para crear puentes a paraísos fiscales gracias a los que no pagan impuestos prácticamente en ningún sitio. El caso Apple fue un antes y un después.

De ahí vienen un buen número de investigaciones abiertas pero también los acuerdos de intercambio de información entre países (a nivel europeo y también mundial) que pretenden dar herramientas a las agencias tributarias para investigar si las empresas pagan por lo que ganan en cada país o si los Estados cierran acuerdos secretos con multinacionales que supongan competencia desleal con otras arcas públicas comunitarias. España tiene ya lista, a falta de aprobación en Consejo de Ministros, la normativa para que las multinacionales con sede en este país informen de sus datos país por país a partir de 2016.

2. Para las cajas alemanas no hay MUS

Dice el documento socialista:

La unión bancaria es un elemento fundamental de la unión monetaria para reforzar el sistema financiero, garantizar que contribuya al crecimiento de la economía real y hacer frente a futuras crisis financieras. (…) Se asienta sobre tres pilares: regulación europea, supervisión y resolución únicos para la zona euro.

Uno de los grandes orgullos que exhiben los gobiernos derivado de la crisis financiera y dirigido a estrechar lazos en la Unión Monetaria es el Mecanismo Único de Supervisión del Banco Central Europeo (BCE), el MUS, al que también alude el documento de los socialistas españoles recordando que “ya está en funcionamiento”. Ni mención hacen al alcance limitado del mecanismo.

Este policía común de la banca, que es el reconocimiento explícito de que los supervisores nacionales no son lo bastante independientes, existe para supervisar directamente a las entidades financieras, los riesgos que asumen, la calidad de sus órganos de gobierno y los procesos de toma de decisiones. Pero no mira a todas las entidades y no es casualidad. Como no lo es que fuesen Alemania y Austria quienes pusieran más empeño en defender que el BCE no iba a ser capaz de abarcar con la suficiente diligencia la supervisión de las miles de entidades financieras que operan en Europa (como si las cajas de ahorros no tuvieran capacidad de liarla parda).

Son precisamente el equivalente alemán de las cajas de ahorros españolas, las sparkassen, las que quedaron fuera del umbral fijado para pasar a control directo del BCE. Dicho umbral implica, a saber: tener bajo gestión activos con un valor superior a 30.000 millones de euros, representar el equivalente al 20% del PIB del país o haber recibido ayuda del Mecanismo Europeo de Estabilidad, es decir, haber sido rescatado.

El resultado de ese umbral es que, aunque Alemania por tamaño es el país que más entidades pasan a estar supervisadas por el MUS (21), ha logrado que el 48% de su sistema financiero quede fuera de la supervisión directa.

No son pocas las voces que han señalado los desequilibrios que este juego de tamaños puede generar a medio plazo.

3. Deuda común cuando más pesa la deuda

Dice el documento socialista:

Proponemos la creación de un Tesoro Europeo para la zona euro (…) con capacidad para emitir eurobonos y mutualizar parcialmente la deuda pública de los Estados miembros.

El de los eurobonos es otro de los temas recurrentes que ha mantenido dividida a Europa y en el que, hasta la fecha, ha resultado vencedora la posición en contra, con Alemania en cabeza. El economista jefe del Nomura, Richard Koo, entre otros, ha pasado años alertando a Europa de lo que estaba ocurriendo por el hecho de tener bonos de diferentes países emitidos en la misma moneda. Su explicación es sencilla: cuando un gran fondo de inversión reduce o aumenta su exposición a deuda pública en dólares lo único que puede hacer es vender o comprar títulos del Tesoro de EEUU. Sin embargo, reducir o aumentar su exposición a deuda pública denominada en euros puede hacerse vendiendo todos los bonos de un país y refugiándose en los de otro sin salir de la moneda única. Ese arbitraje, que ya fue dañino al comienzo de la crisis, es incluso más lógico ahora que la recesión y las medidas adoptadas han disparado los niveles de deuda sobre PIB de numerosos países. Alemania se negó incluso a la propuesta del prestigioso think tank Bruegel, con sede en Bruselas, de crear eurobonos (o bonos con respaldo europeo) que cubriesen solo hasta el equivalente al 60% del PIB de cada país cuando muchos países (incluida España entonces) no alcanzaban ese nivel y mucho menos el actual.

La propuesta de mínimos planteada desde diferentes círculos económicos en este punto se refiere a emitir deuda común para fines concretos, como los planes de inversión destinados a estimular la economía.

4. Salario Mínimo común… ¿sólo?

Dice el documento socialista:

El mercado de trabajo, al menos en la zona euro, debe estar más integrado (…). Ello implica construcción de un mercado de trabajo integrado en la zona euro que incluya la portabilidad de las contribuciones a la Seguridad Social, el desarrollo de políticas activas de empleo de dimensión europea y el establecimiento de un salario mínimo para la zona euro en base al salario mediano de cada Estado.

Para José García-Montalvo, catedrático de Economía de la Universidad Pompeu Fabra, no tiene sentido ponerse a plantear medidas comunes en el mercado laboral cuando los europeos no consideran que Europa sea un mercado laboral único. “En los países del sur se sigue tomando como un drama salir a trabajar a otro país y países del norte, como Alemania, legislan para que quien va a buscar trabajo se tenga que volver a su país de origen si en un plazo determinado no lo encuentra”.

Pero además son los propios sindicatos los que durante la crisis han pedido que no se ponga el foco de forma aislada en los costes laborales sin atender al resto de factores que influyen en la economía, ¿no sería esta una medida en la misma dirección y sentido inverso?

El ejemplo más claro de lo que ocurre cuando te centras aisladamente en todo lo que afecte al coste laboral es el sector del automóvil español, que en la última década ha tenido que ir renunciando a un número cada vez mayor de sus conquistas en materia laboral para lograr atraer producción a sus fábricas. La lucha por el coste laboral, además de la calidad de las líneas de producción, se ha encontrado un obstáculo constante en el precio de la electricidad en España o la mala conexión para el transporte de mercancías (en el país con más kilómetros de AVE por habitante). En un mundo en que las fábricas de una misma compañía compiten por hacerse con producción, modificar un parámetro sin atender al resto puede ser más perjudicial que beneficioso.

5. Es la política, estúpidos

El documento del PSOE repasa toda una serie de argumentos que han creado grietas entre las dos ideologías predominantes en Europa, como “la reforma del BCE para incorporar objetivos de crecimiento económico y creación de empleo, en pie de igualdad con los de inflación”; “armonizar la edad de jubilación en la zona euro” o establecer “un seguro de desempleo europeo”. Sin embargo, ¿no sería necesario avanzar ideologicamente en la visión de Europa para ver si hay recorrido hacia una mayor unión económica?

Javier Flores, jefe de Estudios de Asinver, señala que el problema que hay que solventar en Europa no es económico sino político y tiene su origen, de nuevo, en la propia creación de la Unión. “Francia la apoyó para recuperar la grandeur, para colocarse en el centro de una moneda capaz de ser reserva nacional y defender los ideales que históricamente había abanderado. Alemania pretendía participar en la creación de un área de comercio e influencia. Cuando la economía acompañaba no hubo conflicto entre ambas ideas. Ahora ambos deben darse cuenta de que no hay ideales que defender sin una economía fuerte ni Europa sin defensa de unos derechos comunes”. Y eso no se consigue “llevando a la opinión pública visiones nacionalistas”, como que el norte es una panda de usureros y el sur un montón de vagos, y utilizándola en los procesos electorales. “Hay una labor enorme que hacer desde la educación para hacer que Europa se una”.

Una reunión sin nada que ocultar

Nada que ocultar

UN AGOSTO EN LA AVENIDA DE BURGOS (II)

Queridos accionistas y suscriptores.

El hombre propone y los dioses del Olimpo disponen. Estaba yo tan dispuesto a dedicar esta segunda crónica agosteña a mis partidas de ping pong con la reina del HTML y la emperatriz del Javascript, mientras la madeja tecnológica se va trenzando espasmódicamente alrededor, cuando don Rodrigo Rato Figaredo Rodríguez de San Pedro Sela y Duquesne mandó llamar a su mecánico. Los de su estirpe no tienen conductor, menos aún chófer, sino mecánico y usan el plural con relamida condescendencia: “Saque el coche, que nos vamos al Ministerio del Interior”.

UN AGOSTO EN LA AVENIDA DE BURGOS (II)

Queridos accionistas y suscriptores:

El hombre propone y los dioses del Olimpo disponen. Estaba yo tan dispuesto a dedicar esta segunda crónica agosteña a mis partidas de ping pong con la reina del HTML y la emperatriz del Javascript, mientras la madeja tecnológica se va trenzando espasmódicamente alrededor, cuando don Rodrigo Rato Figaredo Rodríguez de San Pedro Sela y Duquesne mandó llamar a su mecánico. Los de su estirpe no tienen conductor, menos aún chófer, sino mecánico y usan el plural con relamida condescendencia: “Saque el coche, que nos vamos al Ministerio del Interior”.

El auriga sabía de sobra que todos los apellidos del prócer cabían holgadamente en el asiento trasero, pero no pudo evitar dirigirle una mirada de espanto. ¿Al ministerio del Interior? ¿Habría decidido don Rodrigo confesar nuevos delitos y entregarse? Su jefe se sintió obligado a tranquilizarle: “No, no se preocupe… Le contaré al ministro todo lo que me está pasando. Le daré mi versión”.

Y allí que se fueron, arrojando al llegar a Castellana 5 la colilla que prendió el gran incendio del verano. Aunque el fuego tardó, por razones que explicaré al final, más horas de lo normal en propagarse, ya que entrada la semana todo el bosque político era pasto de unas llamas que avanzaban imparablemente hacia el reducto vacacional del Jefe del Gobierno.

Tan grave era la conflagración que estuve a punto de pedir a Javier Muñoz y al Arponero Ingenuo que interrumpieran sus vacaciones y acudieran en mi ayuda para adentrarnos entre las lianas de fuego y las columnatas de humo, antes de que no quedara ni una yesca que llevarse al folio. Pero hétenos aquí que irrumpió don Tomás Serrano -apunten este nombre pues les hará sonreír muchas veces desde ahora- enviándonos el magnífico dibujo que acompaña a este texto, con tres palabras como título: “Nada que ocultar”. Y la magia de la imagen sirvió para activar un recuerdo de cuando el Arponero aún no había nacido, que cobra ahora extraordinaria importancia.

Partamos de la base de que yo creo a pies juntillas que Rato y Fernández no cerraron ningún trato inconfesable en su conversación del ministerio. Como bien refleja el dibujo, lo vergonzoso en sí, lo que obliga al pudor a meterse debajo de la mesa, fue el propio encuentro en el despacho oficial. A partir de que el ujier abrió la puerta del Excelentísimo al imputado acogotado, lo que se tratara allí ya sólo era un elemento ornamental. Un a más a más. Porque el medio era el mensaje y la noticia el encuentro en sí.

Por Rodrigo Rato como si había que hablar de las indubitadas apariciones de la Virgen de Fátima durante la vigilia de adviento en algunos cuarteles remotos de la Guardia Civil. Lo que le importaba era que la reunión se celebrara. Y que trascendiera. Que se supiera, que lo supieran los policías, los jueces, los fiscales, la prensa marianista –o sea toda la empapelada-, la opinión pública en suma: que él no es un apestado, que para la cúpula del PP sigue siendo “uno de los nuestros”, alguien a quien hay que proteger y defender en memoria de los servicios prestados, como hizo Rafael Hernando al decir que él también lo hubiera recibido. ¡Criatura! No nos cabe la menor duda de que lo hubiera hecho.

Lo sustancial no era el contenido del encuentro sino su apariencia. Por eso Rato sólo precisó que, claro, cómo no, había ido a hablar de lo suyo, “de todo lo que me está pasando”; cuando Fernández Díaz, en un alarde de majadería política con pocos precedentes, dijo en su nota de prensa que había puesto como “condición previa” que no se tratara de la “situación procesal” del visitante.

Hacía tiempo que nadie nos tomaba tan abiertamente por imbéciles. ¿Se imaginan el pitorreo si “el Pollo del Pinar” -Eligio Hernández en este mundo- se hubiera parapetado en esa misma “condición previa” cuando recibió a Amedo durante uno de sus permisos carcelarios en la sede de la Fiscalía General del Estado? O si Bermejo hubiera alegado que aceptó compartir caza y mantel con Garzón con la “condición previa” de no hablar de la Gürtel. O, por quitarle hierro, si Florentino Pérez se reuniera con su ten million dollar baby con la “condición previa” de no hablar de su renovación. O si dos apasionados amantes superaran todas las dificultades para verse con la “condición previa” de no tocarse.

Con comparecencias así de cínicas se destruye todo atisbo de fe en un sistema basado en la rendición de cuentas.

Por supuesto que hablaron de lo suyo, “de todo –todito todo- lo que me está pasando”, ¿cómo no iban a hacerlo? Pero los apaños ignominiosos, los tratos de favor inconfesables, se cocinan siempre a través de intermediarios de poco lustre. Cada cosa a su tiempo. Lo que Rato buscaba ahora era una especie de desagravio oficioso por el episodio de la mano en la nuca y el trato mediático anejo. Conoce lo suficientemente bien el percal como para saber que en la España del revoltijo de poderes sólo podrá afrontar acusaciones como las de blanqueo si previamente es blanqueado por los suyos. A partir de ahí, será cosa de los Enrique López, Concepción Espejel y demás jueces de partido.

La coartada recalentada por Fernández Díaz en el microondas de su comparecencia agosteña no pudo ser más ridícula. Dijo que Rato había recibido “400 tuits” intimidatorios –sin precisar si fueron de uno o de 400 tuiteros-, que estaba preocupado por el “eventual” riesgo de que le retiraran la escolta y que él consideró que era su deber “explicarle cómo funciona el sistema” de protección policial. Pamplinas. Ni Rato tiene cuenta de Twitter, ni se había tomado decisión alguna sobre su escolta, ni sería en todo caso el ministro el encargado de darle detalles técnicos.
Ahora nos cuentan que en realidad fue la pareja de Rato quien recibió un tuit de un tarado diciendo que iba a “desmembrar” al ex vicepresidente al modo de “la matanza de Texas”; pero, a juzgar por las fotos difundidas de ambos, no parece que estén pasando el verano bajo la sombra de la “motosierra”. Aunque en materia de seguridad personal toda precaución es poca, el “principio de proporcionalidad”, varias veces invocado por el ministro, no aparece aquí por ningún lado. Demasiado despacho para tan poco motivo. Además, ¿por qué ninguno de los dos interlocutores mencionó las amenazas en sus primeras versiones? Con comparecencias así de cínicas se destruye todo atisbo de fe en un sistema basado en la rendición de cuentas.

La pregunta clave no es si el presidente lo sabía. Salvando las distancias, es tan imposible que Rajoy ignorara que su ministro del Interior iba a recibir a Rato como que González ignorara que el suyo andaba secuestrando viajantes de comercio por error. La pregunta clave es por qué autorizó y tal vez propició el encuentro precisamente con Fernández Díaz. Y aquí entra en funcionamiento la hemeroteca de la memoria.

Nada que ocultar
Ilustración: Tomás Serrano

Cuando en julio de 2013 publiqué mis “Cuatro horas con Bárcenas” actué por mi cuenta y riesgo. Yo era, como siempre, un electrón libre. Ni la conversación había sido grabada, ni había convenido con el ex tesorero su publicación. Pero tampoco me había pedido que no lo hiciera. En las normas deontológicas de EL ESPAÑOL constará que un periodista sólo debe respetar el “off the record” tras haberlo convenido con la fuente de forma expresa. In dubio pro lector. Esa ha sido y será mi pauta. Pero no las tuve todas conmigo hasta que Bárcenas no avaló mi relato ante el juez Ruz.

El punto de no retorno para todos -menos para los lacayos del grupo parlamentario del PP que lamieron la mano del amo- fue la publicación de los SMS intercambiados durante años con Rajoy hasta desembocar en el “Luis, sé fuerte”, dos días después de que se divulgara el descubrimiento de su dineral en Suiza. Aunque el impacto mediático de aquella portada fue fulminante -sobre todo para mí- su intrahistoria no deja de tener su guasa pues Bárcenas se comunicaba como podía con su entorno desde la cárcel y eran otras personas las que localizaban los SMS en los distintos terminales móviles que había venido utilizando. Pues bien, en medio de aquel barullo hubo otros mensajes que no aparecieron: los de Fernández Díaz. Aparecieron los de Rajoy, aparecieron los de Mauricio Casals, Príncipe de las Tinieblas, pero no los del ministro del Interior.

¿Se refería a ellos Bárcenas cuando comentó durante su merendola con Raúl del Pozo que “hay en marcha un libro –sin duda el de Marisa Gallero para La Esfera- con dos SMS más que sale en septiembre”? Lo que es obvio es que esta “liaison dangereuse” debe vincularse al dispositivo montado desde Interior para controlar a la familia Bárcenas y apoderarse de sus documentos. En ese contexto fui víctima de los seguimientos que denuncié hace dos veranos en el programa de Jesús Cintora. También tienen mucho que ver las gestiones encaminadas a que la UDEF aclarara que “Luis el cabrón” no era Bárcenas sino otro, copatrocinadas por María Pico, jefa de gabinete de Soraya.

Como bien han apuntado varios amigos tuiteros, Fernández Díaz emerge así como el “señor Lobo” que “soluciona problemas” en la “Pulp Fiction” de chamarilería montada en la calle Génova. O, mejor todavía –apunto de mi cosecha-, como el fiel y doliente mastín Doug Stamper que va borrando las huellas de los desmanes de su jefe en House of Cards. Tras abandonar el pecado, como Stamper el alcohol, Fernández Díaz siempre acompañó a Rajoy de departamento en departamento en plan criado para todo. Que haga ahora el trabajo sucio en su condición de Ministro del Interior, no deja de ser un pleonasmo gravemente embarazoso para nuestra democracia.

El problema es que, abandonado a su suerte, Rato se convertiría a cuatro meses de las elecciones generales en la peor bomba de relojería imaginable. Le bastaría corroborar que tanto Mariano como él cobraban sobresueldos prohibidos por la ley cuando eran ministros, o que la cúpula del partido conocía el flujo de maletines que llegaba al despacho de Lapuerta, para que las limitadas posibilidades de seguir en el poder de este PP saltaran por los aires. De ahí que el despacho del ministro se metamorfoseara el 29 de julio en la ‘requetemanoseada’ consulta del “¿verdad que no vamos a hacernos daño, doctor?”.

Fernández Díaz emerge así como el “señor Lobo” que “soluciona problemas” en la “Pulp Fiction” de chamarilería montada en la calle Génova.

Y a modo de postdata aquí va la pregunta que se hacen con perplejidad algunos de los más conspicuos corresponsales extranjeros en España: ¿cómo es posible que tanto el periódico que tuvo la exclusiva del verano como el periódico que consiguió las declaraciones de Rato que desmentían la nota oficial del Ministerio enterraran esas impactantes noticias –devastadoras para el actual Gobierno- en sendas páginas pares, sin hacer mención alguna en sus portadas? En ninguno de los dos casos merecieron un lugar en el escaparate que con tanto cuidado se reparte. Ver para creer. ¿Tanto ha calado ya el responsable autocontrol –así se le llama ahora- en aquella “fábrica de Minerva” y en aquella “sabia Atenas”? ¿Tanto hay que mirar al poder por el rabillo del ojo, no vayamos a tener mañana un lío, que la última vez Soraya se puso como una fiera? Es para quedarse atónito. “Fabio, si tú no lloras, pon atenta la vista en luengas calles destruidas”.

Pero esto no pasará en EL ESPAÑOL y espero incluso que no pase con EL ESPAÑOL. Por algo decía Falstaff que, además de por su propio “ingenio”, había que valorarle por el que inducía en los demás. Ya veréis como antes de que nazcamos empezará a notarse. ¡Qué difícil lo van a tener quienes han medrado entregando lectores al poder, ahora que va a volver a ponerse de moda proporcionar poder a los lectores!

Cierre en falso a la sombra de Rajoy

Ni una sola explicación verosímil, ni una pizca de autocrítica y ni un solo argumento de fuste para justificar por qué el máximo responsable político de los cuerpos de seguridad había despachado en privado en el Ministerio con un ‘pluriimputado’ por administración desleal, falsedad documental, fraude tributario y blanqueo de capitales, entre otros.

La comparecencia de Jorge Fernández Díaz en el Congreso de los Diputados para rendir cuentas de su reunión con Rodrigo Rato en el Ministerio del Interior resultó previsiblemente decepcionante. 

Ni una sola explicación verosímil, ni una pizca de autocrítica y ni un solo argumento de fuste para justificar por qué el máximo responsable político de los cuerpos de seguridad había despachado en privado en el Ministerio con un ‘pluriimputado’ por administración desleal, falsedad documental, fraude tributario y blanqueo de capitales, entre otros.

El ministro adujo que aceptó entrevistarse con Rodrigo Rato porque ha sido víctima de graves amenazas en Twitter y en otros ámbitos y circunstancias que no detallaba por seguridad; que había decidido recibirle personalmente porque se trata del exvicepresidente del Gobierno y exdirector del FMI y que en los 60 minutos que duró la reunión en ningún momento hablaron de su situación procesal ni de las pesquisas de que está siendo objeto.

Tales explicaciones resultan tan inconsistentes que sólo contribuyen a extender aún más las sombras que se ciernen sobre el Gobierno y sobre el PP en lo que refiere a su compromiso real con la regeneración política y de lucha contra la corrupción. Puede que Rodrigo Rato tema ir sin escolta porque le pitan los preferentistas en la puerta del Juzgado, pero es evidente que este problema de seguridad no precisa de una intervención directa del ministro. Por otro lado, basta recordar el mando de Fernández Díaz sobre la Guardia Civil (a cargo de la investigación) para concluir que su reunión con Rato fue una grave irresponsabilidad.

Ni rastro de arrepentimiento

Lejos de mostrarse siquiera algo arrepentido, Fernández Díaz se permitió el lujo de reñir a la oposición por haberle obligado a comparecer en medio de sus vacaciones y por pedirle la dimisión  y, lo que es peor, preguntado al respecto, dejó en el aire la posibilidad de volver a recibir a Rato en el Ministerio si se lo vuelve a pedir.

El precedente de tanta prepotencia hay que atribuírselo al propio Rajoy, que puso a ras de suelo la asunción de responsabilidades políticas cuando, tras conocerse sus mensajes de apoyo a Bárcenas (“Luis, sé fuerte”), optó por continuar impasible sin dar explicaciones ni pedir perdón a la opinión pública. El presidente del Gobierno no esperó siquiera a que acabara la comparecencia para dar por buenas las explicaciones del ministro. A este cierre en falso de Jorge Fernández Díaz se sumó el portavoz del PP en la Comisión parlamentaria de Interior, Francisco Márquez, que se limitó a seguir al dedillo el guión prefijado.

Los diputados de la oposición fueron lógicamente contundentes. Una de las andanadas más relevantes fue la del portavoz de Izquierda Plural, Ricardo Sixto, cuando aventuró que si el ministro había recibido de a Rodrigo Rato en privado es porque ambos presumían que el ex vicepresidente tiene el teléfono pinchado. La acusación velada de que el titular de Interior estaba protegiendo a Rato de una supuesta intervención telefónica -no acreditada en los procedimientos judiciales- es gravísima, aunque Fernández Díaz prefirió no darse por aludido. Para su defensa contaba el ministro, de partida, con la experiencia y complicidad de Rajoy y con la precipitación con que el PSOE denunció el asunto la víspera ante la Fiscalía.

Además, en EL ESPAÑOL:

 

Las 19 incógnitas que la comparecencia de Fernández Díaz no despejó

Fernández Díaz

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, se sometió al escutrinio de la Cámara Baja en una comparecencia para rendir cuentas sobre la reunión que mantuvo con el ex vicepresidente Rodrigo Rato el 29 de julio en su despacho oficial. “Era mi deber atenderlo. Se reunió conmigo por su seguridad personal”, repitió durante su larga comparecencia sin ningún arrepentimiento. Dio algunas respuestas, pero son más las incógnitas. 

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, se sometió al escutrinio de la Cámara Baja en una comparecencia para rendir cuentas sobre la reunión que mantuvo con el ex vicepresidente Rodrigo Rato el 29 de julio en su despacho oficial. “Era mi deber atenderlo. Se reunió conmigo por su seguridad personal”, repitió durante su larga comparecencia sin ningún arrepentimiento.

EL ESPAÑOL diseñó este jueves una lista con las preguntas que el máximo mandatario del departamento de Interior debía responder para esclarecer el encuentro y sus implicaciones. Sin embargo, cuatro horas de comparecencia no bastaron para despejar todas las dudas que despertó una reunión que -de creer a Fernández Díaz- el propio presidente del Gobierno descubrió a través de la prensa.

El ministro se limitó a reconocer que Rodrigo Rato se puso en contacto con él entre el 9 y el 20 de julio, que a la reunión en la sede del Ministerio él mismo llegó tarde y que su jefe de gabinete participó, pero sólo al principio. Fue Rato quien solicitó el encuentro, según la versión del ministro, porque “estaba preocupado por la posibilidad de que le retirasen la seguridad” y por las amenazas en forma de tuit que recibieron él y su entorno. Finalmente, el titular de Interior se escudó en que Rato está en peligro para no dar más explicaciones a la ciudadanía.

Balance comparecencia

A continuación figuran las cuestiones que el ministro dejó sin responder. De las 35 planteadas inicialmente, más de la mitad quedaron sin aclarar: 19 en total.

  1. ¿Hay constancia de la llegada de Rato al Ministerio en el registro de entrada?
  2. ¿Alguien del PP sabía que iba a producirse ese encuentro? ¿Quién o quiénes?
  3. ¿Contó el ministro cómo fue la reunión a alguien? ¿A quién?
  4. ¿Ha recibido el ministro en su despacho a otros amigos para abordar sus problemas?
  5. ¿Pidió Rato al ministro que hiciera llegar a la AET o a Cristóbal Montoro su versión sobre el origen de su patrimonio?
  6. ¿Qué consecuencias tuvo el encuentro?
  7. ¿Por qué aseguró el Ministerio en su comunicado que Jorge Fernández Díaz no tiene ninguna relación con la investigación cuando es la Guardia Civil, bajo su mando, la que actúa como policía judicial?
  8. ¿Le comentó Rato si él o su familia habían interpuesto alguna denuncia por las amenazas a su familiar?
  9. ¿Por qué Interior tardó casi tres días en tratar de explicar los hechos si todo estaba tan claro, según la versión del ministro?
  10. ¿Se ha planteado el ministro llevar a cabo alguna actuación judicial contra Rato por asegurar que sí hablaron de su caso?
  11. ¿Tiene Fernández Díaz relación con Luis Bárcenas en la actualidad?
  12. ¿Mandó el ministro del Interior mensajes de apoyo a Luis Bárcenas, tal como ha asegurado el extesorero del PP?
  13. ¿Quién ordenó el dispositivo de vigilancia a Luis Bárcenas y sus familiares antes de que el extesorero entrara en prisión?
  14. ¿Hizo alguna gestión el ministro del Interior para identificar a los autores y responsables de este operativo de vigilancia a Bárcenas?
  15. Si la dimisión del exministro Bermejo estaba motivada por irse de cacería con un imputado, ¿debería el ministro presentar su renuncia?
  16. ¿Ha recibido instrucciones del presidente del Gobierno para contactar en su nombre con imputados por corrupción?
  17. ¿Ha participado en alguna reunión con el presidente del Gobierno para decidir la estrategia del PP sobre los casos de corrupción?
  18. ¿Se han tratado casos de corrupción como Gürtel, Púnica o el caso Bankia en reuniones del Gobierno?
  19. ¿Ha consultado con Soraya Sáenz de Santamaría o su jefa de gabinete la estrategia del Gobierno en relación a casos de corrupción que afectan al PP?

Con información de Antonio Delgado, Patricia López, Pablo Romero y Joaquín Vera.

Además, en EL ESPAÑOL:

Fernández Díaz alega que Rato está en peligro para no dar explicaciones

La oposición ha pedido la dimisión del ministro del Interior durante su comparecencia en el Congreso para explicar su cita con Rodrigo Rato, imputado por el ‘caso Bankia’, en sede ministerial. El presidente de Gobierno, Mariano Rajoy, ha apoyado a Fernández Díaz: “A la oposición lo que le interesa es pescar en río revuelto”. Así se lo hemos contado.

La oposición ha pedido la dimisión del ministro del Interior durante su comparecencia en el Congreso para explicar su cita con Rodrigo Rato, imputado por el ‘caso Bankia’, en sede ministerial. El presidente de Gobierno, Mariano Rajoy, ha apoyado a Fernández Díaz: “A la oposición lo que le interesa es pescar en río revuelto”. Así se lo hemos contado.

Ley de Seguridad Nacional: la democracia en rebajas

pareja

Los firmantes de este artículo critican que el Proyecto de Ley de Seguridad Nacional mantenga una redacción ambigua sobre si, de agravarse el conflicto catalán, el Presidente del Gobierno podría, sin control parlamentario, declararlo como una “situación de interés para la Seguridad Nacional” que supondría “la obligación de las autoridades competentes de aportar los medios humanos y materiales necesarios que se encuentren bajo su dependencia”.

* Firman también esta tribuna: Emilia Sánchez, Inmaculada Ranera, Nacho Corredor, Helena Ancos, Gina Giró, Carlota Reboll y Nagore de los Ríos

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.

Quienes firmamos esta tribuna no estamos de acuerdo acerca de si Cataluña debe ser independiente, ni tampoco en si corresponde sólo a los catalanes decidirlo. Sin embargo, sí estamos de acuerdo en que la democracia es el valor supremo para resolver las disensiones políticas, y en que incluso quienes persiguen fines antagónicos deben intentar buscar los procedimientos más garantistas para debatir y decidir, pese a que a veces no sea fácil determinar qué es “lo más democrático”.

En consecuencia, en lo que sí estamos todos de acuerdo es en rechazar que el Proyecto de Ley de Seguridad Nacional –que ahora se debate en el Congreso de los Diputados– mantenga una redacción ambigua sobre si, de agravarse el conflicto catalán, el Presidente del Gobierno podría, sin control parlamentario, declararlo como una “situación de interés para la Seguridad Nacional” que supondría “la obligación de las autoridades competentes de aportar los medios humanos y materiales necesarios que se encuentren bajo su dependencia”.

También estamos de acuerdo en denunciar que este Proyecto de Ley –que sin duda es útil en otras disposiciones para enfrentarse a la amenaza terrorista– pretende, con eufemismos (como “situación” en vez de “estado”) y otros atajos jurídicos, dejar en manos del Gobierno medidas para las que la Constitución exige autorización parlamentaria: a través de los estados de alarma, excepción o sitio, si de manera general se altera la “normalidad”; o específicamente a través del procedimiento del artículo 155 de la Constitución Española para intervenir el funcionamiento de una Comunidad Autónoma en caso de incumplimiento de sus obligaciones legales o actuación contra el interés general de España.

Sí estamos de acuerdo en no desear que se lleguen a aplicar esos supuestos: unos porque esperamos que no sea necesario porque el independentismo se repliegue tras un fracaso el 27-S, otros porque deseamos que triunfe y no se obstruyan sus reivindicaciones, y otros porque en caso de vencer el independentismo esperamos que se abra un proceso de negociación política que facilite la convivencia entre las partes. No estamos, pues, de acuerdo en si se debería recurrir al artículo 155 en caso de agravarse el conflicto.

Sí estamos de acuerdo, no obstante, en que este artículo supone unas mayores garantías democráticas de contraste (antes de actuar el Gobierno debe haber un requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma), y de debate y control por el cuerpo político (se exige la aprobación previa por mayoría absoluta del Senado), frente a la decisión unilateral gubernativa que sería posible de aprobarse el Proyecto de Ley en trámite.

Desgraciadamente, este miércoles por la mañana la Comisión Constitucional (ni siquiera han considerado adecuado que se votara por el Pleno) ha dado el visto bueno al Proyecto de Ley de Seguridad Nacional con votos favorables del PP, PSOE y UPyD. Sus defensores indican que no tiene “nada que ver” con el conflicto catalán, pero lo que cuentan no son las declaraciones, sino el texto de una ley deliberadamente ambiguo, que azuza la desconfianza en esta cuestión a la vez que debilita los procedimientos democráticos para resolverla. Pasa ahora al Senado donde, pese a la costumbre de que los proyectos gubernamentales se tramiten en un paseo triunfal, esperemos que se devuelva el Proyecto de Ley para defender una de las pocas competencias propias de la Cámara Alta: pronunciarse en los supuestos de conflicto con las Comunidades Autónomas que recoge el artículo 155 de la Constitución.

* Firman también esta tribuna otros miembros del Foro Más Democracia: Emilia Sánchez, Inmaculada Ranera, Nacho Corredor, Helena Ancos, Gina Giró, Carlota Reboll y Nagore de los Ríos