Las dudas se ciernen sobre la oferta del aeropuerto de Ciudad Real

[caption id="attachment_9146" align="alignnone" width="1400"]Piloto durante un vuelo de entrenamiento a bordo de un  F-15D./  DVIDSHUB/Flickr  Piloto durante un vuelo de entrenamiento a bordo de un F-15D./ DVIDSHUB/Flickr[/caption]

Defensa niega haber mantenido contactos con ECA Program, la empresa que ofrece 80 millones por el aeropuerto.

En la imagen, un piloto durante un vuelo de entrenamiento a bordo de un F-15D./ DVIDSHUB/Flickr

Piloto durante un vuelo de entrenamiento a bordo de un  F-15D./  DVIDSHUB/Flickr
Piloto durante un vuelo de entrenamiento a bordo de un F-15D./ DVIDSHUB/Flickr

ECA Program Group es una empresa británica que tenía hasta ahora todas las papeletas para quedarse con el aeropuerto quebrado de Ciudad Real, el Don Quijote. Había hecho todo lo que había que hacer. Cuando el pasado 23 de septiembre se dieron a conocer en el Juzgado de Primera Instancia número 4 de lo Mercantil de Ciudad Real las ofertas para adjudicarse el aeropuerto quebrado, fue la más alta efectuada en plazo que superaba de lejos el mínimo establecido y aseguraba además haber presentado el preceptivo depósito bancario del 5% como fianza. Pero las dudas se ciernen sobre la compañía.

ECA Program presentó una oferta de 80 millones de euros. Muy lejos de los 40 millones de valor de tasación. Aún más lejos de los 28 millones considerados la oferta mínima para cambiar el adjudicatario anterior, y a años luz de los 10.000 euros que ofreció en julio la china Tzannen International, la única adjudicataria hasta ese momento.

¿Qué quiere hacer ECA en las 1.600 hectáreas del aeropuerto de Ciudad Real que un día soñó con ser el primer aeropuerto internacional de gestión privada en España? El presidente ejecutivo de la compañía, Melville ten Cate, facilita su móvil a EL ESPAÑOL en cuanto lo solicitamos por correo en el formulario de la firma. Después de ver su web sobrevolada por aviones de combate sorprende la falta de filtros para llegar a uno de los máximos responsables. Según explica, lo que pretende en Ciudad Real es albergar y realizar las operaciones de mantenimiento de los aviones de combate que utiliza para su sorprendente negocio.

ECA Program juega a ser el enemigo. Sus simuladores y aviones reales, explica Ten Cate, son utilizados para entrenar a pilotos militares en maniobras de neutralización de la aeronave de un ejército adversario. Asegura que ya tienen contratados sus servicios ejércitos de países integrados en la OTAN o aliados como Estados Unidos, Gran Bretaña, Suiza, Polonia, Suecia, Japón y Arabia Saudí. 

Defensa no sabe nada

De momento, con España no tienen acuerdo, reconoce Ten Cate, quien sin embargo asegura haber mantenido contactos con el Ministerio de Defensa para lograr las preceptivas autorizaciones que le permitan tener en tierras manchegas algo mucho más peligroso que molinos capaces de transformarse en gigantes: cazas de combate.

¿Qué dice Defensa? Lo niega. En un correo remitido a EL ESPAÑOL en respuesta a nuestras preguntas, el Ministerio asegura que “no tiene constancia de las autorizaciones citadas ni relación con la gestión del aeropuerto”.

Fuentes del Ejército del aire consultadas se sorprenden incluso de que se cierre un contrato así. Las maniobras de entrenamiento de pilotos militares simulando la localización de naves enemigas son realizadas por miembros de las Fuerzas Armadas españolas que unas veces juegan el papel de militares españoles (ejército azul) y otras el de enemigos (ejército rojo). Se realizan vuelos de localización de naves de combate en busca de una firma rádar (señal de una aeronave que detecta el rádar) que no se identifique como aliada. Y se neutraliza. 

El espacio aéreo que puede utilizarse para este fin está absolutamente delimitado y restringido al uso del Ejército. Los aviones que se utilizan están también fijados, así son los Eurofighter los que utilizan las dependencias de Albacete y Morón, mientras que en Zaragoza, Torrejón de Ardoz y Canarias se hacen pruebas con los F-18.

El presidente ejecutivo de ECA Program no quiso especificar los modelos con los que trabaja, por considerarlo una información delicada, y se limitó a comentar que, aún siendo naves de combate, se les han retirado los sistemas militares y el armamento. Hizo hincapié en que los vuelos de entrenamiento no se realizarían en ningún caso sobre Ciudad Real sino partiendo de Albacete o Morón. 

Un pasado poco exitoso 

El socio español que está representando a ECA Program es Rafael Fernández Frías, cuyo historial empresarial no es muy brillante. Ha sido secretario de dos empresas ya desaparecidas de Albacete y actualmente es gestor de una tercera que lleva su nombre.  Al propio Ten Cate tampoco parecen haberle ido demasiado bien los negocios últimamente.

Según publica Vozpopuli, en un artículo de Alberto Ortín, Ten Cate fue declarado en bancarrota en Londres el pasado 7 de abril, según habría publicado el organismo La Gazette, el equivalente al BOE en España. La declaración de quiebra habría sido instada por la compañía de aviones privados Vistajet. “Es una vieja historia que se refiere a mí personalmente y que nada tiene que ver con la compañía. Además [la quiebra] ha sido levantada”, explica el protagonista a EL ESPAÑOL.

Ten Cate asegura que disponen del dinero para hacer frente a la oferta presentada. ¿Algún tipo de financiación? “Será mediante financiación bancaria”, contesta, después de haber asegurado en un principio que sería en efectivo. Así mismo, pretenden invertir entre cinco y 15 millones de euros más para poner a punto el aeropuerto.

Según Ten Cate, dado el tiempo que lleva sin uso, será necesario reparar las pistas, arreglar las instalaciones, los sistemas electrónico y de control del tráfico aéreo, instalar los sistemas informáticos, de refrigeración y electricidad, para lo que considera que serán necesarios entre seis y 12 meses. 

ECA Program, según su presidente ejecutivo, pretende crear entre 200 y 250 puestos de trabajo de los que asegura que el 98% serán personas de la región. Lejos quedan los 1.500 puestos de trabajo planteados en los planes iniciales del aeropuerto a principios de los años 2000 pero en un país con las cifras de desempleo de España, insiste en lo positivo de su oferta laboral. Necesitan desde personal de seguridad a limpiadores, jardineros, cocineros, bomberos, controladores y personal de tierra, además de personal más especializado como ingenieros para los simuladores. 

Ofrece además unos gastos operativos que estima alcanzarán los 350 millones de euros en un plazo de 10 años. Además del negocio de entrenamiento militar, ECA pretende utilizar el aeropuerto para vuelos regionales de pequeñas aeronaves comerciales (20 a 30 asientos), así como para vuelos privados, asegura.

Historia de un aterrizaje forzoso

La primera vez que se habló de la intención de ubicar un aeropuerto gestionado por empresas privadas en Ciudad Real, el pronóstico de inversión se dio en pesetas. Imaginen si ha llovido. Era allá por 1998 cuando la Cámara de Comercio, la Diputación Provincial y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha creaban una sociedad en cuyo capital iban a dar entrada a socios privados para que aterrizasen el sueño del aeropuerto en la tierra de Don Quijote.

Como primeros socios eligieron a las grandes aliadas de las aspiraciones megalómanas de políticos españoles en las últimas décadas: las cajas de ahorros. En concreto, la que terminaría siendo la primera entidad intervenida en la presente crisis financiera, Caja Castilla-La Mancha; y la sevillana El Monte, que fue integrada en Cajasol, luego en Banca Cívica y, después de mil patadas hacia adelante, entregada a Caixabank en 2012.

El aeropuerto no fue capaz de estar operativo hasta 2008 y menos de dos años después, la sociedad propietaria, CR Aeropuertos, era declarada en concurso de acreedores, con una deuda de 290 millones de euros, a demanda de uno de esos acreedores en los juzgados. La mayor damnificada fue Caja Castilla-La Mancha, a la que se adeudaban 158 millones, aunque también lo sufrieron otras empresas como la constructora Isolux Corsan.

La charada de Gowex, un año después: el día de la infamia para la bolsa de ‘pymes’ española

En color, de izquierda a derecha, los directivos de Gowex:  Javier Solsona, Tania Roel, Francisco Martínez Marugan, Jenaro García, y Florencia Maté.

La ‘charada Pescanova’ fue el título de un informe anónimo que el 1 de julio de 2014 dinamitó la existencia de Gowex y atrapó a más de 5.000 inversores. La empresa de Wifi gratis representaba un caso de éxito empresarial sin parangón en España, pero todo era mentira. Fue una estafa que cotizaba en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB), la bolsa para ‘pymes’ propiedad de la empresa BME.

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Jenaro García, presidente y fundador de Gowex.

Una charada es un pasatiempo. Un juego de palabras que representa una farsa y da pistas para llegar a la conclusión. Pescanova había sido el mayor escándalo contable de la historia en España. La ‘charada Pescanova’ fue el título de un informe anónimo que el 1 de julio de 2014 dinamitó la existencia de Gowex y atrapó a más de 5.000 inversores. La empresa de Wifi gratis representaba un caso de éxito empresarial sin parangón en España, pero todo era mentira. Fue una estafa que cotizaba en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB), la bolsa para ‘pymes’ propiedad de la empresa BME. El inesperado evento atrapó a miles de accionistas y provocó una herida en la credibilidad de supervisores, auditores, analistas y medios. Decenas de pymes españolas que cotizan ahí sufren las consecuencias de aquellos días de infamia.

La justicia de Batman 

A día de hoy, la identidad de Gotham City Research, la firma que elaboró aquel análisis, sigue sin estar clara. El objetivo del informe fue destapar el engaño de la empresa dedicada a la creación de redes wifi gratuitas en las ciudades. La conclusión: la empresa no vale 1.400 millones, sino 0 euros; el 90% de todos sus ingresos (182 millones de euros en 2013) son falsos. Aquel martes 1 de julio, Gowex se derrumbó en bolsa un 50% y fue suspendida de cotización. Gotham -nombre que recibe la ciudad de Batman- fue recompensada con aura de credibilidad pese a seguir en el anonimato.

Era  la vía poco ortodoxa elegida para dar a conocer uno de los más importantes fraudes empresariales en España. En EEUU reciben recompensas por parte del supervisor SEC (la CNMV americana) por sus chivatazos o trabajos para desenmascarar abusos de mercado. El domingo 6 de julio, Jenaro García, presidente y fundador de Gowex, admitió el engaño masivo, urdido a través de una trama de sociedades pantalla para lograr una facturación ficticia y desviar dinero a cuentas en el extranjero. Sus cuentas auditadas, revisadas por analistas y periodistas, eran papel mojado. Las consecuencias aún hoy son visibles y siguen en el aire.

¿Qué queda de Gowex?

Hoy es una compañía fantasma. Su cotización bursátil sigue suspendida por el regulador, apenas tiene actividad empresarial y la mayor parte de los contratos suscritos con ciudades rescindidos (Orense, Burgos…) y la plantilla reducida al mínimo. Pese a haberlo solicitado, el juez no ha aceptado el concurso de acreedores, tal y como se puede comprobar en el registro público concursal de Justicia. La falsedad de las cuentas de los últimos años -con las que tendría que justificar la situación de quiebra- es una de las causas por las que no se aceptó, según explican desde la Asociación Europea de Inversores Profesionales (Asinver).

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Los destinos de la empresa hoy son dirigidos por Javier Solsona, otrora director corporativo y consejero de la compañía. Lo hace bajo mandato del juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz. A preguntas del periodista, el directivo se niega a dar detalles sobre los planes de futuro mientras prepara una comunicación oficial tanto para el magistrado como para el propio regulador del mercado. Sí asegura en una declaración escrita estar “en proceso de conseguir la viabilidad de la empresa para que a posteriori podamos reactivar su cotización en mercados”. El primer paso: el obligado ‘lavado de cara’ de la marca empresarial, con una mancha difícil de borrar. El nombre de WifiActiva es el elegido para intentar su renacimiento. Bajo ese nombre comercial se encuentra una sociedad fundada en 2010 y cuyo administrador único es la propia Gowex. En su página web, en la que se presenta como una compañía que ofrece “soluciones de conectividad gestionada”, cuenta con los mismos datos de contacto que Gowex.

Una larga batalla judicial

Tras el estallido del escándalo, llegó la primera estimación de daños: 5.000 inversores poseían unas acciones sin cotizar y que, en la práctica, valían 0 euros. Muchos de ellos acudieron llamados por una rentabilidad sin parangón (la acción de Gowex llegó a multiplicar por 12 su valor en tan sólo año y medio). La mayoría destinó pequeñas cantidades de dinero. Ésa es la principal causa por la que hoy sólo un reducido grupo esté movilizado para tratar de recuperar su dinero. “Era, en gran parte, gente acostumbrada a operar en bolsa y con un nivel adquisitivo medio-alto; no tiene nada que ver con casos como las preferentes de Bankia”, reconoce Javier Sotos, letrado del bufete de abogados Moreno-Luque, uno de los que se presentó como acusación popular a través de una asociación de afectados.

¿Dónde se encuentra el proceso judicial un año después? En julio de 2014 el procedimiento se inició por vía penal. Hoy sigue en fase de instrucción, tras la imputación de más de una decena de personas, entre las que se encuentra Jenaro García, hoy en libertad tras pagar 600.000 euros de fianza. La acusación popular es representada, tras la petición del juez de unificar a los cinco colectivos presentados, por el Partido Político de los Perjudicados por las Preferentes, dirigido por Joaquín Yvancos, exabogado de José María Ruiz Mateos. En la acusación particular, están personados ocho accionistas e inversores particulares junto al Banco Santander.

¿Habrá responsables más allá de Gowex? Ahí es donde tiene depositadas sus esperanzas la Asociación Europea de Inversores Profesionales (Asinver). Prepara una demanda por la que más de 200 pequeños inversores afectados exigirán responsabilidades más allá del consejo de administración de la compañía. Espera presentarla “en las próximas semanas”. Su tres objetivos: el asesor registrado (Ernst & Young) que hizo las veces de ‘Cicerone’ en la salida a bolsa; el regulador (Bolsas y Mercados) que debía velar por el funcionamiento del parqué, y la sociedad de valores (Beka Finance, antigua Bankia Bolsa) encargada de ‘colocar’ las acciones y proveer de liquidez a la tecnológica. ¿Hasta cuándo habrá que esperar? Esa es quizás la pregunta más complicada de responder. Según las estimaciones de Javier Flores, de Asinver, pasarán al menos tres años antes de se conozca quiénes pagarán por este escándalo y si, finalmente, los afectados podrán recuperar algo del dinero que tenían invertido en la empresa.

El auge y caída del MAB

MAB son las siglas que dan nombre al Mercado Alternativo Bursátil. Propiedad de la empresa BME, la sociedad de bolsa españolas, es un parqué que inició su actividad en 2009 con el objetivo de dar cabida a compañías en expansión en busca de financiación alternativa.  Se creó inspirada en sus homólogos Alternext (Francia) o AIM (Reino Unido). Unas barreras de entrada mínimas era el principal reclamo. La primera en aterrizar fue Zinkia, productora audiovisual hoy inmersa en un concurso de acreedores. Después llegaron Imaginarium y la propia Gowex. En total, 26 compañías registradas de sectores tan diversos como la biotecnología, la energía, las telecomunicaciones o el comercio electrónico.

Tras aquella primera semana de julio de 2014 se generó un estado del pánico después de meses de una acentuada euforia. “Hubo una desbandada generalizada de los inversores”, reconoce ahora Juan Sainz de los Terreros, secretario general de Aemab (patronal de las empresas del MAB de reciente creación) y director financiero de Facephi. Muchos particulares salieron. “Y no han vuelto, quizás algunos de ellos no tenían que haber estado nunca”, reconoce Jordi Rovira, de Mabia, una de las firmas de análisis del mercado. Además, numerosos fondos nacionales y extranjeros también dieron el portazo tras cundir la desconfianza. Hoy siguen sin regresar.

“Algunos por estética o por marca han decidido no regresar”, recuerda Rovira. Las compañías de mayor tamaño anunciaron su salto al mercado continuo por el miedo al contagio. Carbures, Ibercom Másmovil, Ebioss y Eurona lo hicieron público el lunes tras la confesión de Jenaro García. Un año después, pese a los intentos, todas continúan cotizando. El balance es incontestable: un desplome de más del 80% en el parqué desde los máximos tocados en los primeros seis meses de 2014, según el índice bursátil (no oficial) de Mabia. Todavía no se ha recuperado del descalabro.

Las dudas se posaron sobre muchas de las compañías. “Se generalizó injustamente”, reconocen desde la Aemab. El caso de Carbures, la que segunda con mayor capitalización en bolsa, es paradigmático. Las dudas contables de la auditora en su balance del primer semestre del pasado año hundieron a la compañía casi un 70% en tan sólo tres meses. La modificación de las cuentas de la firma gaditana, con nuevos criterios con los que rebajaba sus ingresos a la mitad y reconocía pérdidas, calmó los ánimos. Otras, como Facephi, se han tenido que enfrentar a la incertidumbre sobre su modelo de negocio. La puntocom Bodaclick anunció hace justo un año su liquidación. Hubo también numerosas suspensiones de cotización.

Un año después, ¿está preparado el MAB para evitar un nuevo Gowex? No. El secretario general de la patronal del mercado es tajante. “Pero al igual que ocurre en el Nasdaq o en el Ibex”, apostilla. En este tiempo, el Congreso ha aprobado la Ley de Fomento de la Financiación Empresarial. Establece tres grandes medidas con las que se persigue petrecharse ante otros casos. Sin embargo, todo sigue igual en los laxos requisitos económicos que se les exige a las nuevas compañías que coticen. Sólo deben estar en fase de comercialización de sus productos y con unos ingresos “significativos”.

Mirando al futuro

“El MAB está muy tocado, pero ni mucho menos hundido”, reconoce Terreros. Él cree que el escándalo Gowex ha significado un cambio “radical”. Y lo explica: “Ha representado un punto y aparte… Por desgracia, porque ha habido empresas que han sufrido y por suerte porque muchos de los inversores que entraron sin preguntar se han dado cuenta de que no todo es estupendo ni todo son buenas noticias”. Tanto Aemab como la propia sociedad de análisis Mabia se preguntan si lo que se quiere es un mercado de grandes empresas, que no necesiten esa financiación, o de pymes entre las que, por naturaleza, debe haber quiebras y caídas.

En este sentido, la recién creada patronal pone de ejemplo al homólogo británico AIM donde han dejado de cotizar por problemas económicos en los cuatro primeros meses del año casi medio centenar de compañías, pero sigue habiendo un millar que se mantienen. Y aquí Aemab hace hincapié en lo que para ellos es fundamental: “Hay que hacer un esfuerzo brutal en información y en explicar qué es el MAB”. Con ese ingrediente sobre la mesa, ellos se muestran optimistas con el crecimiento futuro.

Gowex representó durante algunos años los valores del éxito de un proyecto tecnológico hecho a sí mismo desde España. Su estallido minó la confianza del ecosistema ‘startup’, la importante comunidad que forman inversores y emprendedores centrados en crear empresas innovadoras. Fue temporal y ha quedado casi en el olvido. Las cifras de inversión en el sector ‘startup’ y tecnológico en España dan un voto a la esperanza, pero la opinión pública todavía sigue con la mosca detrás de la oreja. “En el gran público, que juega un papel muy importante, el caso Gowex ha generado una falta de credibilidad muy grave y peligrosa”, apunta Javier Megías, fundador de Startupxplore, una plataforma que pone en contacto a compañías con potenciales inversores. Ante este escenario, defiende la necesidad del sector de guardar distancias con un proyecto como el de Jenaro García y de resaltar los casos de éxito. “Que los hay y muy buenos”. Un año después de aquella ‘charada’ de Gowex, las heridas todavía no han cicatrizado.

Piénselo dos veces si tiene la tentación de defraudar a sus acreedores

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La reforma del Código Penal que entra en vigor este miércoles trae consigo un notable endurecimiento de la respuesta al fraude de acreedores. Cualquiera, abogado o empresario, que se las vea habitualmente con reclamaciones judiciales de créditos impagados se ha topado con una auténtica antología de insolvencias de dudosa legalidad y de actos de burla a los acreedores. El abogado Diego Cabezuela, director de Círculo Legal, explica en este artículo porqué de ahora en adelante esas conductas pueden empezar a salir caras.

A partir del 1 de julio la respuesta penal al fraude de acreedores será más dura. Cualquiera, abogado o empresario, que se las haya visto habitualmente con reclamaciones judiciales de créditos impagados se ha topado con una auténtica antología de insolvencias de dudosa legalidad y de actos de burla a los acreedores. Por ejemplo, bienes aportados a una sociedad controlada por el deudor, ventas ficticias de activos, creación y superposición de sociedades nuevas o depósitos y cuentas corrientes a nombre de familiares.

Desmontar esas maniobras no siempre es fácil. Factores como la lentitud de los Juzgados, las dificultades que entraña la prueba de las formas más sutiles de fraude y la falta de contundencia de la normativa terminan por desalentar al acreedor. Frases habituales como “aquí sólo paga el que quiere” o “ese se ríe de todo” reflejan un sentir común de muchos empresarios que, sencillamente, no confían en el sistema. Prefieren recuperar el IVA y olvidar su crédito antes que adentrarse en acciones legales de las que, en el fondo, no esperan nada.

Es preciso reconocer que el tratamiento penal de la insolvencia punible -esto es, las actuaciones deliberadas de un deudor en contra de sus acreedores- ha ido ganando enteros en las últimas reformas del Código. Los procedimientos penales, especialmente en época de crisis como la actual, son abundantes y, ciertamente, se dictan condenas para las conductas más claras. Pero, en conjunto, la percepción del empresario acreedor sigue siendo de un cierto desamparo y que el sistema invita a la picaresca y tolera la impunidad.

La modificación que está a punto de entrar en vigor llega decidida a transformar este estado de cosas, actuando principalmente en dos frentes. De una parte, trata de dar contundencia al delito clásico de alzamiento de bienes. De otra, y muy especialmente, ataca con dureza las conductas irregulares que acostumbran a rodear las situaciones de concurso y preconcurso de acreedores.

Hacer eficaces los embargos

Todo apunta a que, de ahora en adelante, el fraude de acreedores puede empezar a salir caro.
En cuanto al alzamiento de bienes, se introduce una prometedora medida para la eficacia de los embargos: el reforzamiento de la llamada manifestación de bienes, es decir, la obligación del deudor, frente al que se ha despachado una ejecución, de presentar al Juzgado una relación completa de sus propios bienes para que puedan ser trabados, con independencia de las medidas de averiguación que pueda acordar el tribunal (que obviamente nunca podrá llegar a todos los rincones de su actividad económica).

La obligación de manifestación de bienes, introducida por la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil, ha dado hasta ahora un juego muy escaso. Su incumplimiento por los deudores es sistemático, lo que rara vez ha podido ser corregido con eficacia. La reforma lleva esta obligación al Código Penal y la extiende en su ámbito, incluyendo entre las insolvencias punibles tanto la falta de presentación de la relación de bienes como el hecho de presentarla con inexactitudes o, simplemente, incompleta.

Pero donde se aborda un cambio de primer orden es en el tratamiento del concurso punible. Nos referimos a las conductas de fraude que se producen antes o durante un concurso de acreedores y que se traducen invariablemente en la frustración de los créditos de éstos. El actual artículo 260 del Código Penal ya castiga genéricamente a aquellos que hayan “causado o agravado dolosamente [intencionadamente, de forma deliberada] su insolvencia o su crisis empresarial”. Sin embargo, tan escueto artículo, introducido en 1995, ha dado hasta ahora poco de sí al no aportar criterios claros y exigir la acreditación de una relación directa de causa a efecto entre los hechos y la insolvencia o su agravación.

No menos dificultades entraña la apreciación del carácter doloso de actos o decisiones empresariales que a veces han sido tomadas en situaciones económicas límite y donde la separación, por ejemplo, entre lo malintencionado, lo temerario y lo meramente arriesgado puede presentar muchos matices.

El procedimiento concursal mercantil ya incluye la denominada calificación del concurso, donde encuentran una cierta sanción comportamientos irregulares que no alcanzan necesariamente la categoría de delictivos, de forma que, si el concurso se considera culpable, los administradores de las empresas deudoras puedan ser condenados personalmente al pago de las deudas sociales. Pero se trata de una simple responsabilidad civil e incluso su efectividad, al fin y al cabo, queda supeditada a la propia solvencia personal de los responsables.

Desde el punto de vista de la protección del acreedor, el actual sistema constituye en su conjunto una herramienta mercantil/penal de baja intensidad para hacer frente a las situaciones de abuso –algunas de ellas, de inusitada gravedad- que aparecen, un día sí y otro también, en torno a las crisis empresariales.

Desde luego, en muchos casos, especialmente en épocas como la actual, de precariedad económica, la insolvencia sobreviene por mero infortunio comercial y sin culpa de nadie. Pero, en general, el escenario legal presenta pocos riesgos para los que buscan el fraude de los acreedores. Éstos reciben poca o nula información, pierden sus créditos siempre o casi siempre y rara vez alguien responde. Es un estado de cosas que demandaba más transparencia y severidad.

Atención a esta lista

La reforma recupera el sistema de lista de los llamados actos de bancarrota, como en las quiebras del antiguo Código de Comercio. Destierra la fórmula inoperante de “causar o agravar” la insolvencia y penaliza una relación de comportamientos concretos mucho más fáciles de reconocer y que, en la práctica, son los que conducen a la frustración de los acreedores o los que les impiden conocer lo ocurrido con los activos de las empresas deudoras. Por ejemplo, ocultar los bienes que deberían incluirse en la masa del concurso, disponer o transferir injustificadamente los bienes, realizar ventas a pérdida de bienes o servicios, simular créditos ficticios, incumplir gravemente los deberes contables, no formular correctamente las cuentas e imposibilitar el conocimiento de la situación económica real, ocultar o destruir la documentación mercantil, que debe ser conservada.

La concurrencia de estos hechos con una situación de concurso -o simplemente de crisis empresarial que suponga el cese generalizado en los pagos- determinará por sí misma la existencia del delito. Una especie de código de conducta implícito para situaciones de crisis, en las que este listado de actos –indicativos todos de mala fe o de desidia– habrán de ser evitados por las empresas deudoras. Precisamente una pieza esencial de este nuevo marco es que se incurrirá también en delito, cuando los hechos sean cometidos por imprudencia y aunque no se acredite el dolo o intencionalidad. Y es que parece lógico extremar los deberes de cuidado cuando se otea en el horizonte un panorama económico grave y que habrá de dañar inexorablemente los derechos de los acreedores.

Otro interesante aspecto de la nueva norma es que se aplicará no únicamente cuando haya existido declaración de concurso sino también a las situaciones en que sólo se haya cesado con carácter general en los pagos. Esto incluye tanto las típicas desapariciones de empresas por las vías de hecho como a las empresas en preconcurso. En este último supuesto se concede un plazo de tres meses al deudor que se encuentra en insolvencia inminente para que alcance acuerdos con sus acreedores que le permitan la continuidad de su empresa. Es lógico que en esta situación se otorgue a los acreedores la misma protección penal porque, cuando el preconcurso alcanza éxito, éste se traduce en quitas, aplazamientos u operaciones de refinanciación. En definitiva, en sacrificios forzosos para ellos.

Algunas voces críticas encuentran una contradicción entre el esfuerzo legislativo realizado en los últimos años para potenciar el preconcurso como mecanismo de salvamento de empresas en dificultades y el hecho de someterlo ahora a un escrutinio penal tan exigente. Pero es que el preconcurso no puede ser un refugio que otorgue impunidad a empresas que hayan llegado a él maltratando los intereses de sus acreedores. Ni la conservación de estas empresas puede hacerse al precio de mirar para otro lado. Empresas que tengan en su haber irregularidades de este calado o que carezcan de un control contable serio no merecen ser conservadas.

Un último punto sugerente: el nuevo tratamiento del favorecimiento de acreedores. Son muchas las causas penales por insolvencia punible en las que el deudor alega haber aplicado ya todos sus activos a satisfacer otras deudas. Algo así como pagar las deudas preferidas y desentenderse de las demás. A veces las deudas escogidas son legítimas y, por lo tanto, no hay nada que objetar a esos pagos. Pero en otros casos no lo son tanto: deudas o supuestas deudas con familiares o con sociedades del entorno del deudor, préstamos de dudosa autenticidad que se han pagado o garantizado espontáneamente y con una diligencia encomiable, mientras los auténticos acreedores o el resto de ellos pugnaban inútilmente en los Juzgados por encontrar algo con que hacer efectivos sus créditos.

La reforma trata de cegar también esta vía de escape y castiga a los que, hallándose en situación de insolvencia actual o inminente, favorezcan a algún acreedor pagando un crédito que no sea exigible o le dote de una garantía a la que no tenga derecho, sin que exista al menos una justificación económica o empresarial.

El escepticismo de los acreedores frente a lo que les cabe esperar del Derecho puede empezar a ser historia a partir del 1 de julio.

Foto: (Kārlis Dambrāns / Flickr)

Así fue el decretazo del sábado: bonificaciones tras un ERE y la gymkana de la dación en pago

El BOE recogía este sábado un real decreto que incluye reformas importantes como la supresión de las tasas judiciales para ciudadanos, la modificación de las bonificaciones de cotización para contratos indefinidos o la que permite a  ciudadanos entrar en concurso de acreedores e incluso liquidar la deuda hipotecaria con la dación en pago de la vivienda. Lo analizamos.

El BOE recogía este sábado este real decreto que el Gobierno ha aprobado unilateralmente (sin pasar por el Congreso) y que incluye reformas importantes como la supresión de las tasas judiciales para los ciudadanos, la modificación de las bonificaciones de cotización para contratos indefinidos o la que permite a los ciudadanos entrar en concurso de acreedores e incluso liquidar la deuda hipotecaria con la dación en pago de la vivienda.

Es un clásico: sábado y decretazo. Así ocurrió el 5 de julio de 2014 con un Real-Decreto de 172 páginas que lo mismo regulaba los registros civiles, los depósitos bancarios o las exposiciones de Picasso. O con el decretazo de los recortes de 2012, también en sábado y también en julio y que está recurrido ante el Constitucional.

Empresas bonificadas tras un ERE

Una de las medidas más importantes que incluye la norma pasa por modificar la actual tarifa plana de 100 euros de Seguridad Social para empresas que contraten a indefinidos por otra ayuda a la contratación: la exención de la cotización de los primeros 500 euros del salario. Eso sí, esa exención se aplica sólo a lo que paga la empresa. El trabajador seguirá pagando por todo lo que ingrese. Lo que no se explicó en el debate del estado de la nación ni en el Consejo de Ministros del viernes, en los que se anunció como una medida para “favorecer a los colectivos más vulnerables”, es que las condiciones para acceder a esas bonificaciones también se han modificado. A la baja.

Hasta ahora, las empresas que hubieran echado a trabajadores en los seis meses anteriores al contrato vía despidos objetivos, improcedentes o colectivos (ERE) no podían acceder a estas ayudas. Las nuevas bonificaciones, en cambio, mantienen el veto para despidos improcedentes pero sólo para aquellos ERE “no ajustados a derecho”. El matiz es importante. Esto es, podrán acogerse a estas ayudas todas las empresas que ejecuten un ERE legal en los seis meses anteriores a la celebración del nuevo contrato, lo que permite cambiar trabajadores antiguos por nuevos acompañados de bonificaciones.

La exclusión de los despidos colectivos como causa de extinción de las subvenciones también afecta a los vetos para los nuevos contratados. Hasta ahora, si un trabajador había sido despedido de la empresa vía ERE no podía volver a ser contratado para recibir estas ayudas. Pero la nueva norma permite que un trabajador que formara parte de un despido colectivo vuelva a ser contratado ahora sí con las nuevas condiciones, más favorables para la empresa.

La bonificación anterior también establecía un requisito de mantenimiento del empleo: tanto el número de trabajadores totales como el número de indefinidos debía mantenerse durante 36 meses para conservar la ayuda. La nueva norma añade, además, otra condición: que para calcular si se mantiene o no el empleo no se contarán los despedidos por un ERE, las dimisiones o las bajas por muerte o invalidez. Aunque la plantilla mengüe considerablemente, se entenderá que sigue cumpliendo las condiciones iniciales. Así, por ejemplo, si una empresa tiene 100 trabajadores y contrata a otros diez con estas nuevas bonificaciones, puede despedir vía ERE a los 100 primeros sin perder un euro de la ayuda.

Las bonificaciones se aplicarán durante los 24 primeros meses de contrato, prorrogables en parte en algunos supuestos, y se podrán aplicar a los indefinidos que empiecen a trabajar entre este domingo -fecha de entrada en vigor del Decreto-Ley- y el 31 de agosto de 2016.

La gimkana de la dación en pago

Tanto en el debate del estado de la nación como en el Consejo de Ministros se anunciaron nuevas medidas para acceder a la dación en pago. Una de ellas es vía concurso de acreedores. Como suele ocurrir, la clave está en la letra pequeña de la norma. Para poder acceder a ella es necesario que el solicitante sea considerado un deudor de buena fe. ¿Y eso qué significa? Tiene que cumplir los siguientes requisitos:

  • Que en el concurso no haya sido declarado culpable, esto es, que el juez considere que la insolvencia no se ha provocado mediante voluntad deliberada o engaño del deudor. Hasta aquí, la definición encaja con lo que consideraríamos “de buena fe”. Pero hay más requisitos.
  • Que el deudor no haya sido condenado en sentencia firme por delitos contra el patrimonio, contra el orden socioeconómico, falsedad documental, contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social o contra los derechos de los trabajadores en los 10 años anteriores a la declaración de concurso.
  • Que haya celebrado o intentado celebrar un acuerdo extrajudicial de pagos, para intentar establecer un sistema de pagos o posibles quitas directamente con sus acreedores. Es importante subrayar que, para acceder a estos acuerdos extrajudiciales, es obligatorio que el deudor disponga de dinero suficiente para satisfacer los gastos del mismo.
  • Y una serie de requisitos extra, que se aplican sólo a quienes quieran optar a la dación en pago y no al resto de deudores: comparecer siempre que sea requerido; no haber obtenido concurso de acreedores en los últimos 10 años; aceptar que se haga pública la resolución durante cinco años y someterse a un plan de pagos de cinco años para pagar las deudas que no se perdonan. Es decir, las deudas de derecho público como pagos a la Seguridad Social y de alimentos. Solo así podrá entregar la vivienda a cambio de liquidar la deuda. 

Otro de los requisitos pasa por no haber rechazado un puesto de trabajo acorde a sus capacidades en los últimos cuatro años. Pero esta cláusula queda en suspenso durante un año y hasta el 1 de marzo de 2015 no será necesario cumplirla para acceder a la liquidación de la hipoteca. Cuando arranque la campaña electoral, aún no será necesario cumplirla. Empezará a contar, eso sí, con el próximo Gobierno ya formado.

El decreto-ley incluye otras medidas vinculadas a las ejecuciones hipotecarias. Para empezar, amplía otros dos años la prohibición de ejecutar desahucios aprobada en 2013  y añade entre los colectivos que pueden acogerse a ella a los mayores de 60 años.

Este paquete de condiciones son similares a las necesarias para acceder al Código de Buenas Prácticas, una lista de medidas a las que se pueden o no adherir las entidades bancarias (es voluntaria), que permite reestructurar la deuda en mejores condiciones o, incluso, optar a la dación en pago (sí, esta es la tercera vía ya que regula el Decreto-Ley). Eso sí, la nueva norma elimina la obligación de publicar en el BOE la lista de las entidades que se sumen. Los bancos y cajas tienen un mes para comunicar si quieren estar en este nuevo código o quedarse en el anterior.

En rueda de prensa de Consejo de Ministros, se anunció que el precio máximo de compra de la vivienda para acceder a las ventajas del Código de Buenas Prácticas se ha elevado para que más personas se puedan ver beneficiadas. Esta afirmación es cierta en lo que se refiere al umbral para optar por la dación en pago, que pasa de 200.000 a 250.000. Pero es falsa con respecto a los umbrales generales para que el Código se pueda aplicar: hasta ahora, en las ciudades más grandes, el tope era de 400.000 euros (250.000 para una familia de una o dos personas más 50.000 por cada persona extra hasta un máximo de tres). Ahora, el tope es de 300.000 euros.

Tasas, cheque familia y autónomos

Muchos detalles en un solo decreto. Pero es que aún hay más. La norma incluye a las familias monoparentales con dos hijos al cargo en la deducción de 1.200 euros del IRPF, el llamado cheque familia. Eso sí, sólo podrán acogerse aquellos que no tengan derecho a percibir anualidades por alimentos.

El decreto-ley también elimina las tasas judiciales para personas físicas, pero las mantiene para empresas pequeñas. Antes de que entrara en vigor la reforma de Alberto Ruiz-Gallardón, las empresas con ingresos de menos de ocho millones de euros estaban exentas.

Además, incluye la anunciada rebaja de la cuota de autónomos para el cuidado de dependientes o menores de siete años. Eso sí, para acceder a esta ayuda el trabajador debe contratar por primera vez a un asalariado, y en un tiempo comparable al que deja de trabajar.

El preámbulo de este decreto-ley, que se congratula de las mejoras en la economía española, también aclara: “Es preciso que el legislador huya siempre de toda tentación demagógica que a la larga pueda volverse en contra de aquéllos a quienes pretende beneficiar”.

Este artículo fue publicado en el blog ‘El BOE nuestro de cada día’ que puedes seguir aquí.