El ‘conseller’ Puig hizo gestiones privadas para Pujol Jr. desde la Generalitat en plena investigación

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EL ESPAÑOL ha tenido acceso a un conjunto de correos electrónicos que se intercambiaron el conseller de Empresa y el hijo mayor del ex president en relación con la concesión de un distintivo de calidad a un hotel situado en el Alto Pirineo de Lleida.

Felip Puig con el ex alcalde de Barcelona, Xavier Trias. / FLICKR / CDC

El conseller catalán de Empresa hizo gestiones desde la Generalitat a favor de Jordi Pujol Ferrusola en plena investigación judicial. EL ESPAÑOL ha tenido acceso a un conjunto de correos electrónicos que se intercambiaron Felip Puig y el hijo mayor del ex president en relación con la concesión de un distintivo de calidad a un hotel situado en el Alto Pirineo de Lérida.

Pujol Jr. se interesó por el certificado del Hotel Vallferrera, que se había encontrado con dificultades para obtenerlo. Puig atendió de inmediato la petición de Pujol Ferrusola y le envió de vuelta las consultas que había hecho a los funcionarios y a los altos cargos encargados de tramitarlo, desvelándole información confidencial. Estos correos electrónicos obran en estos momentos en poder de la Agencia Tributaria, que ha conseguido recuperarlos después de que Pujol Jr. procediera a borrarlos poco antes de que los inspectores visitaran sus oficinas en Barcelona.

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Hacienda intervino los sistemas informáticos de Pujol Ferrusola en el marco de la investigación que dirige el Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional por blanqueo de capitales y delito fiscal. Unas pesquisas en las que se rastrea el origen de la ingente fortuna del clan familiar y en las que la Fiscalía y la policía ya han concluido que procede de la “corrupción política”.

Pujol Jr. solicitó en 2013 al alto cargo del Gobierno catalán que le consultara el estado de la tramitación de la concesión de una “especialidad gastronómica” al Hotel Vallferrera, ubicado en el pueblo de Àreu. La “especialidad gastronómica” es un distintivo otorgado por la Consejería de Turismo de la Generalitat que premia a los establecimientos hoteleros “de pequeño formato (con un máximo de 60 habitaciones y 120 plazas)” que destaquen por la “gestión familiar y el trato cercano”, un “alojamiento de calidad y confortable”, una “oferta gastronómica de calidad con gran representación de platos de cocina catalana” y la “dinamización territorial a nivel económico y cultural”.

Tras la preceptiva solicitud por parte del establecimiento, la Generalitat envió un técnico al hotel para que evaluara el negocio y acto seguido,una Comisión de Evaluación decidió si este hotel podía incorporarse al selecto club de los recomendados oficialmente por el Gobierno catalán.

Cinco funcionarios

Pasado el mediodía del 1 de julio de 2013, el conseller Puig remitió a Pujol Ferrusola desde su cuenta oficial en la Generalitat un correo electrónico con el resultado de sus pesquisas sobre el asunto. Precedido de un “cordialmente”, el correo se limitaba a rebotar una cadena de comunicaciones previas entre los distintos funcionarios encargados de supervisar la “especialidad gastronómica” del Hotel Vallferrera. En esas fechas, el hijo mayor del clan Pujol estaba ya siendo investigado por presuntos delitos de blanqueo de dinero y fraude fiscal

En el correo enviado por Felip Puig queda patente cómointervinieron en la consulta la responsable de la Sección de Comercio y Turismo de la zona de Lleida, Adela Rubio, el jefe de los Servicios Territoriales de Empresa y Empleo de la misma zona, Octavi Miarnau, la directora general de Turismo, Marian Muro, y el jefe de Gabinete del conseller Puig, Lluis Ridao.

Después de examinar la tramitación del distintivo turístico, la funcionaria Adela Rubio explicó que el hotel leridano “ha pasado por la Comisión de Evaluación de la especialidad gastronómica de los establecimientos hoteleros el pasado 7 de junio”. Según esta empleada de la Generalitat, “se le concedió la misma pero se le detectaron algunas carencias y algunas cuestiones no terminaban de alcanzar la puntuación mínima exigida”. Por ello, “se acordó que se elaboraría un plan de mejora donde se señalarían todas las deficiencias encontradas” y se indicaría cómo “subsanar las mismas”. Para cumplimentar ese “plan de mejora” se le otorgó al hotel “un plazo máximo de seis meses” a cuyo término, si no resolvía los problemas, se le “revocaría la especialidad gastronómica”.

El Club de Campo que quiere Manuela Carmena

En la carretera de Castilla, muy cerca de la Casa de Campo y del Palacio de la Moncloa, se localiza el Club de Campo, un recinto del tamaño de 180 campos de fútbol, de propiedad municipal reservado para unos pocos. El único movimiento que se ha producido desde el equipo de Manuela Carmena es el nombre de los siete miembros de Ahora Madrid que serán consejeros. Los abonados pueden respirar tranquilos: no se transformará en una granja escuela.. pero se estudia de qué manera los escolares de Madrid puedan hacer deporte en este recinto VIP.

En la carretera de Castilla, muy cerca de la Casa de Campo y del Palacio de la Moncloa, se encuentra el Club de Campo, un recinto del tamaño de 180 campos de fútbol y de propiedad municipal pero reservado para unos pocos. En teoría puede entrar todo el mundo, sea socio o no. Pero las tarifas son tan elevadas para el que no lo es que entran pocas personas no abonadas.

Los 28.000 abonados del Club tienen el miedo en el cuerpo desde que el 24 de mayo Manuela Carmena ganó las elecciones y se filtró que convertiría el recinto en una granja escuela. Los interesados pueden respirar tranquilos: por ahora lo único que se plantea el equipo de Ahora Madrid es aprovechar las instalaciones de lunes a viernes para que alumnos de colegios municipales puedan utilizarlas para hacer deporte. Sin embargo, no hay todavía ninguna decisión cerrada. “Ya iremos viendo de qué forma vamos convirtiendo en realidad esa idea”, confirman fuentes municipales a EL ESPAÑOL.

La iniciativa puede sonar a nueva, pero no lo es. El equipo directivo que todavía dirige el Club cedió las instalaciones el año pasado a cuatro cursos de Educación Infantil y a otros cuatro de Educación Primaria del Colegio Loreto; a dos clases de Primaria del Colegio Obispo Moscoso; a otros tres de Infantil y a cinco de Primaria del Colegio Mater Inmaculata.

El acuerdo, y aquí está la diferencia, es el precio. Hasta ahora, los centros educativos pagaban por reservar el espacio acordado: zona infantil, patinaje y gymkanas. Un lugar que sólo se podía alquilar “entre semana y previa reserva”, según han confirmado a EL ESPAÑOL fuentes internas del Club. Para el curso 2015-2016, el colegio Sagrado Corazón ha reservado espacio para tres cursos. El programa electoral de Ahora Madrid recogía en un apartado lo que haría con las instalaciones si la formación liderada por Manuela Carmena ganaba las elecciones: “Los espacios del Club serán accesibles al disfrute de todos”.

El Club, que depende del área municipal de Cultura y Deportes del Ayuntamiento de Madrid (propietario del 51% del recinto) no tiene ánimo de lucro, se mantiene con ingresos propios y funciona como una institución privada en suelo público. El otro 49% restante, el minoritario, se reparte entre Patrimonio del Estado (24,5%) y la Real Sociedad Hípica (24,5%).

De momento, el único movimiento que se ha producido desde que el equipo de Manuela Carmena tomara las riendas del Palacio de Cibeles es el decreto del 17 de julio en el que la alcaldesa nombra al representante del Ayuntamiento en el Club y propone a siete miembros de Ahora Madrid para ocupar los puestos de consejeros en la Junta Extraordinaria que previsiblemente se celebrará la semana que viene.

Los nuevos consejeros de Ahora Madrid

Al presidente, José Manuel Berzal, que ocupa desde junio un escaño en la Asamblea de Madrid, lo sustituirá como “representante” y no como presidenta la concejal de Cultura, Celia Mayer. Le acompañarán en el consejo de representación del recinto VIP Inés Sabanés, José Enrique Martín Arahuetes, Francisco Javier Odriozola, Carlos Sánchez Mato, Marta Fernández-Pirla y José Antonio Haro Lozano. Sustituirán al mencionado Berzal, a Patricia Lázaro, Isabel Martínez-Cubells, Luis Miguel Boto, Alberto Merchante, Santiago Ruedas y Jaime Morate. Todos del PP.

La futura representante del Ayuntamiento en el Club y el coordinador general del Consistorio, Luis Cueto, ya se han reunido con el gerente del Club, Alfonso Segovia, para conocer de primera mano cómo funciona el recinto. La primera imposición del nuevo equipo de Gobierno fue eliminar por completo las polémicas tarjetas VIP, pases preferentes que se daban de forma discrecional a políticos, empresarios, deportistas o periodistas, casi todos afines al PP. El revuelo que provocó el escándalo, que salió a la luz gracias a la investigación que UPyD hizo en el Ayuntamiento de Madrid, se zanjó con “la eliminación total” de estos pases VIP, según han confirmado a este diario fuentes del recinto deportivo.

Una concesión por 13 años

Los terrenos de la Casa de Campo sobre los que se ubica el Club los cedió inicialmente el Ayuntamiento de Madrid en los años 60 durante 13 años que se prorrogaron hasta 1984. Entonces era punto de encuentro de la alta sociedad madrileña: 7.000 de sus 20.000 socios eran militares.

Fue el alcalde socialista Tierno Galván quien decidió crear una sociedad anónima, participada con el 49% por la Real Sociedad Hípica Española Club de Campo. Posteriormente, la Dirección General del Patrimonio del Estado compró la mitad de las acciones de la Real Sociedad Hípica. La idea que tenía en la cabeza Tierno Galván era convertirlo en una instalación pública, algo parecido a lo que quiere hacer ahora Carmena. Sin embargo, las elecciones de 1989 las ganó el PP y su sucesor, José María Álvarez del Manzano, prorrogó el estatus de club privado hasta 2026. Alberto Ruiz Gallardón lo volvió a ampliar antes de que acabara el plazo hasta 2034.

 

Mientras Manuela Carmena decide cómo ‘democratizar’ el Club para que todos los madrileños puedan utilizarlo, los 28.000 abonados, que desembolsan una cuota anual de 730 euros, quieren saber cuanto antes las decisiones que tomará la nueva directiva… y saber si deben pagar (o no) la cuota anual.