Las 30 Obsesiones de EL ESPAÑOL

rugidoLas Obsesiones de EL ESPAÑOL son algunas dianas a las que el periódico quiere lanzar sus dardos. Hay muchas más en las que tenemos puesta la vista, pero queríamos hacer una selección para que el lector sepa a dónde apuntamos. No son sólo fijaciones de nuestra redacción. Las compartimos con miles, seguramente millones de ciudadanos. En un principio propusimos 25 y las sometimos al parecer de nuestros suscriptores. Entre el 22 de agosto y el 6 de septiembre nos remitieron 947 comentarios que han servido para mejorar el tiro y ampliar el número de blancos, que al final han llegado a 30.

Las Obsesiones de EL ESPAÑOL son algunas dianas a las que el periódico quiere lanzar sus dardos. Hay muchas más en las que tenemos puesta la vista, pero queríamos hacer una selección para que el lector sepa a dónde apuntamos. No son sólo fijaciones de nuestra redacción. Las compartimos con miles, seguramente millones de ciudadanos. En un principio propusimos 25 y las sometimos al parecer de nuestros suscriptores. Entre el 22 de agosto y el 6 de septiembre nos remitieron 947 comentarios que han servido para mejorar el tiro y ampliar el número de blancos, que al final han llegado a 30.

1.- España y las Españas

España es la morada vital de los españoles. Es también la entidad histórica y política que garantiza los derechos y libertades de todos los ciudadanos, la solidaridad entre sus habitantes y el anclaje con la Unión Europea. Tenemos mucho de lo que enorgullecernos y unas cuantas cosas de las que avergonzarnos. Debemos impulsar un patriotismo transversal basado en los valores constitucionales.

El interminable proceso de transferencias del Estado a las comunidades autónomas pone en peligro la eficacia del sistema, socava la igualdad entre españoles y amenaza la propia unidad nacional. Creemos que ha llegado el momento de cerrar el modelo territorial concretando las competencias exclusivas del Estado y las materias en que pueden asumir competencias las comunidades autónomas.

España es una realidad plural. Algunos nacionalismos excluyentes plantean la segregación de sus territorios. Consideramos que es inaceptable la independencia de cualquier comunidad sin que lo decidan el conjunto de los españoles o sus representantes.

Urge desarrollar el artículo 155 de la Constitución para garantizar la lealtad de los gobiernos autonómicos al principio de legalidad, modulando la retirada de competencias y demás respuestas del Estado en función de la gravedad de las conductas. También debería restablecerse la tipificación penal de la convocatoria de consultas ilegales.

Entendemos al mismo tiempo que todo grupo de ciudadanos debe tener la posibilidad de plantear cualquier aspiración por cauces democráticos. Sería conveniente pues que la reforma de la Constitución incluyera también la regulación del derecho de secesión, como por ejemplo ha hecho Canadá con la denominada ‘ley de claridad’. Una norma similar debería implicar a las Cortes Generales en ese eventual proceso estableciendo mayorías cualificadas y otras restricciones para que resultara válido.

2.- Otra ley electoral

Seguimos teniendo la ley electoral improvisada en 1977 cuando ni siquiera se había redactado la Constitución. Es una norma que castiga a las minorías y sobre todo deja el control de diputados y senadores en manos de las cúpulas de sus partidos.

Hay que ir a un sistema que recoja más fielmente las preferencias de los ciudadanos, de forma que exista mayor proporción entre los votos y su traslación a escaños. También debe reforzarse el vínculo entre los diputados y sus electores. El modelo alemán debería ser el ejemplo a seguir: es más proporcional y da opción a elegir de forma directa a una parte de los parlamentarios en circunscripciones uninominales.

3.- Separar al Ejecutivo del Legislativo

No hay democracia auténtica sin una división real de los poderes del Estado. Planteamos avanzar hacia un régimen presidencialista que establezca una separación entre el Gobierno y el Parlamento. Un jefe del Ejecutivo elegido directamente por los ciudadanos tendría un mandato claro para gobernar pero no para legislar a su gusto.

De la misma forma, los parlamentarios tendrían independencia para aprobar leyes y fiscalizar al Gobierno, pero no para determinar su gestión. Es el sistema de equilibrios y contrapesos, habitualmente republicano pero compatible con la Monarquía.

4.- Jueces independientes

Es imprescindible impulsar y proteger la independencia de los jueces frente a las injerencias del poder político. Hay que reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial para restablecer el principio constitucional de que sean los magistrados quienes elijan de forma directa a la mayoría de los miembros del CGPJ. El fiscal general debería ser nombrado por una mayoría cualificada del Parlamento y no por el Gobierno.

Por otra parte, una Justicia lenta, incapaz de juzgar a su debido tiempo, no es tal. Hay que agilizar la Justicia dotándola de medios para que actúe con mayor celeridad y eficacia.

5.- Democratizar los partidos

Los partidos están controlados por sus cúpulas, elegidas a menudo a dedo. Hay que desarrollar el artículo 6 de la Constitución que establece que su “estructura y funcionamiento interno deberán ser democráticos”. Una ley tendría que supeditar las subvenciones que reciben las formaciones políticas a requisitos como la elección de sus líderes mediante el voto de los afiliados, la celebración de primarias para designar los candidatos a cargos públicos relevantes o la limitación de mandatos.

Algunas de estas exigencias habría que extenderlas a los sindicatos y organizaciones empresariales, receptores también de ayudas públicas. Al igual que los partidos, estos colectivos han perdido legitimidad social por su anquilosamiento y por cobijar prácticas irregulares.

6.- Combatir la corrupción

La corrupción encuentra el campo abonado allí donde hay opacidad. La sociedad tiene que poder examinar la gestión de los servidores públicos y debe poder acceder de forma sencilla a cualquier información relevante. Las leyes de transparencia han de hacer justicia a su nombre y transformar los muros de la Administración en paredes de cristal.

Para recuperar la confianza de los ciudadanos en las instituciones debe acometerse una reforma de la Ley de Contratos del Estado que elimine la arbitrariedad en la toma de decisiones. Hay que reforzar las garantías de imparcialidad y correcto funcionamiento de la Administración devolviendo el protagonismo a funcionarios de carrera que han sido sustituidos por personal de confianza y de libre designación.

Ningún dirigente beneficiado por la financiación ilegal de su partido debería poder volver a presentarse a las elecciones. Hay que perseguir así mismo a los corruptores, prohibiendo que las empresas que resulten condenadas con sentencia firme participen en concursos públicos.

El Tribunal de Cuentas, órgano fiscalizador de la gestión económica del Estado, del sector público y de los partidos políticos, tiene que estar formado y dirigido por funcionarios de carrera. Sólo así quedará garantizada su independencia.

Hay que acabar, por otra parte, con el aforamiento de los parlamentarios, de manera que su protección se circunscriba a su actividad estrictamente política.

7.- Adelgazar la Administración

Los gobernantes han creado un aparato elefantiásico pensando más en intereses políticos que en el servicio a los ciudadanos. El resultado es una Administración cara, sobredimensionada e ineficiente.

Se debe reducir de forma drástica la capacidad de los cargos públicos para contratar asesores.

Urge acabar con la duplicación de competencias y suprimir órganos como consejos jurídicos consultivos, tribunales de cuentas o defensores del pueblo autonómicos. Se impone la disminución del número de parlamentarios regionales y la supresión de las diputaciones provinciales.

Hay que plantear en serio la reducción de ayuntamientos, urgiendo a fusionarse a los municipios que no alcancen los 5.000 habitantes.

La Administración tiene que aprovechar las nuevas tecnologías para aligerar su aparato y ahorrar tiempo y dinero al ciudadano. La máxima debería de ser: más internet, menos ventanilla.

8.- Bajar los impuestos

Aunque la presión fiscal en España apenas llegue al 33% y sea una de las más bajas de la OCDE, la dimensión de la economía sumergida y el fraude a altos niveles hacen que el peso de la recaudación se concentre en el IRPF y el IVA. Una carga tributaria superior al 50% de sus ingresos como la que soportan muchos contribuyentes convierte los impuestos en un arma confiscatoria en manos del Estado.

Las autoridades deben aplicar criterios equitativos: ni la cultura se puede gravar con un IVA del 21% ni la prensa electrónica deber padecer una carga fiscal mayor que la prensa tradicional.

Debe suprimirse el Impuesto de Sucesiones y Donaciones. Resulta abusivo someter a tributación un patrimonio por el que ya se han satisfecho cargas impositivas desde su gestación hasta el momento de ser legado.

Hay que combatir de forma más resuelta el fraude a Hacienda y la economía sumergida. Cabe incentivar el pago con tarjeta -fiscalmente incontrovertible- en detrimento de las transacciones en efectivo.

9.- Multas de tráfico proporcionadas

La Administración ha encontrado en las multas de tráfico -tanto en vías urbanas como en carretera- una vía fácil para obtener ingresos. La mayoría de infracciones sancionadas, con cámaras, radares y controles estratégicamente situados, no suponen peligro alguno para el conductor ni para el resto de automovilistas. Lo que se persigue no es la seguridad vial sino, descaradamente, la recaudación.

Las multas tienen que recuperar su verdadero sentido como freno a las conductas imprudentes y guardar, en su cuantía económica, proporción con la falta cometida. Para lograrlo, podría establecerse que las sanciones fueran progresivas, de forma que la primera resultase menos gravosa y su cuantía fuera aumentando en adelante, con lo que se prevendría la reincidencia. Habría que señalizar bien los puntos negros y las zonas particularmente sensibles -como las escolares-, y ahí sí, ser particularmente vigilantes.

10.- Mejor enseñanza

Las leyes de educación deberían necesitar de un apoyo amplio del Parlamento para poder ser aprobadas. El listón podría situarse en dos tercios de la Cámara. Esta fórmula permitiría, en la práctica, alcanzar un gran pacto nacional por la educación, lo que evitaría modificaciones en la normativa a cada cambio de Gobierno.

España viene invirtiendo ingentes cantidades de dinero público en la enseñanza sin que ello se traduzca en una mejora de su calidad. Hay que reestructurar el sistema, garantizar la escolaridad temprana (de 0 a 3 años), moldear la secundaria según las aptitudes de los alumnos y romper la endogamia para que las universidades sean viveros de talento y cualificación profesional.

Hay que ir también a una armonización de programas. No es serio que en cada autonomía se estudie la Historia con versiones distintas o incluso opuestas de unos mismos hechos.

ilustracion espanol nueva

Ilustración: Javier Muñoz

11.- Más inglés

Uno de los síntomas del fracaso de nuestro modelo educativo es la baja capacitación en inglés de los españoles. El inglés, como lengua de comunicación internacional, debería ser una prioridad a todos los niveles.

Hay que fomentar la exhibición de películas en versión original subtitulada, tanto en cine como en televisión.

Podría implantarse un sistema de intercambio de maestros con países anglófonos, de manera que los educadores tuvieran una inmersión real. Eso facilitaría también que los niños recibieran clases con profesores nativos.

12.- Libertad en la lengua vehicular

En algunos lugares de España las lenguas han dejado de ser un instrumento de comunicación de las personas y se han convertido en una herramienta política. Para evitar imposiciones y asegurar el bilingüismo donde lo hay -ésa y no otra es la auténtica normalización- debe quedar garantizada la libre elección de lengua vehicular en la enseñanza y en las relaciones de los ciudadanos con la Administración. Es intolerable que haya comunidades en las que la lengua oficial del Estado está marginada en uno y otro ámbito.

13.- Racionalizar los horarios

Hay que legislar para lograr una jornada laboral más apropiada que favorezca el aumento de la productividad y aumente la calidad de vida de las personas.

España tiene unos horarios muy distintos al resto de Europa: se sale tarde del trabajo y se retrasan en exceso la comida y la cena. Eso condiciona la vida familiar. Hay que fomentar la jornada continua, suprimir la parada del desayuno y reducir la hora de la comida para ganar tiempo para el ocio.

Además, nuestra hora oficial no coincide con la hora solar. Utilizamos el horario de Europa central pese a que la mayor parte de España queda al oeste del meridiano de Greenwich. Habría que retomar el huso horario que nos corresponde: el mismo que Portugal y Reino Unido, y el que ya tienen las Islas Canarias.

14.- Reducir el paro juvenil

Un país que quiere mirar el futuro con confianza no puede tener a la mitad de sus jóvenes en paro. Todo Gobierno debe presentar un plan de choque que impulse la contratación de menores de 30 años. Hay que simplificar el mercado laboral con un contrato único que facilite la gestión al empresario y dé mayores garantías y seguridad al trabajador.

15.- Apoyar a los emprendedores

Ser emprendedor sigue siendo hoy en España una carrera de obstáculos: lejos de encontrar facilidades, todo son trabas y trámites burocráticos que se eternizan en los despachos. La propia historia de la creación de EL ESPAÑOL da fe de ello. Hay que simplificar de una vez los procesos administrativos para fundar empresas, que son la base de la riqueza de un país.

Cabe fomentar sistemas de financiación alternativos como el crowdfunding.

16.- Igualdad salarial para la mujer

Según un informe de la UE, la brecha salarial entre hombres y mujeres en España es del 19,3%, cuando la media de la zona euro está en el 16,6%. Ello obedece tanto a la discriminación directa -igual trabajo, menor salario- como al tipo de empleos que se conceden a las mujeres. Sin embargo el número de mujeres graduadas en educación superior en España supera ya en casi un 30% al de hombres. Estos datos reflejan una injusticia que la sociedad no debe consentir.

17.- La violencia en el ámbito doméstico

La muerte de mujeres a manos de sus parejas o ex parejas es una tragedia para la que la sociedad sigue sin enconrtrar solución. Pero la violencia de género es, además, el reflejo de un problema mayor: la violencia dentro del hogar, que también se ejerce contra ancianos, menores…

El asunto merece ser abordado con una ley integral que reforme la actual de violencia de género y que acabe con la discriminación por sexo que ésta encarna: a igual conducta debe haber igual sanción. Se necesitan más juzgados, más fiscales y mayor prevención.

18.- Atención a los mayores

Las personas mayores deben ser una prioridad, y no sólo desde el punto de vista asistencial, sino por su aportación valiosa a la sociedad. Hay que atrasar de forma flexible la edad de jubilación, estimulando la participación de los mayores en todo tipo de actividades, ya sea de tipo profesional o de carácter social.

19.- Igualdad sanitaria

Todos los ciudadanos españoles deben tener derecho a las mismas prestaciones sanitarias, independientemente del territorio en el que residan. Además, un paciente nunca tendría que sentirse desprotegido en una región que no sea la suya. Hay que implantar una sola tarjeta sanitaria en todo el país.

20.- Derecho a muerte digna

Los avances médicos posibilitan hoy alargar la vida de enfermos terminales, en ocasiones, con gran padecimiento para los afectados. En estos casos, es fundamental que los cuidados paliativos estén a disposición del paciente, porque permiten conllevar el sufrimiento y, en último término, afrontar la muerte con dignidad.

21.- Más Europa y más América Latina

España tiene que hacer causa común con los países que apuestan por dar un nuevo impulso a la Unión Europea. Sólo unidos, los europeos podrán recuperar su posición estratégica y tener voz y protagonismo en el nuevo orden mundial que se está configurando. Para ello es imprescindible superar el déficit democrático de la UE, reducir su burocracia y establecer una política económica común en la zona euro.

El compromiso con Europa no ha de ser obstáculo para intensificar las relaciones con Latinoamérica, con la que constituimos una comunidad de 400 millones de hablantes con singulares lazos históricos y afectivos. España tiene que hacer valer en Bruselas ese vínculo privilegiado.

22.- Las víctimas del terrorismo

La memoria y el respeto hacia quienes han sufrido la barbarie terrorista no pueden languidecer por el hecho de que hayan cesado el secuestro y el tiro en la nuca. Las monstruosidades que ETA y otros grupos terroristas han cometido en España y el sacrificio de sus víctimas no pueden ser amortizadas por el presentismo.

La pervivencia de la amenaza yihadista y el ascenso de fuerzas políticas que insisten en situar en un mismo plano a asesinos y asesinados, añade motivos para reforzar la protección de las víctimas. Ellas son el mejor estandarte para deslegitimar social y políticamente cualquier proyecto totalitario.

Las autoridades tienen que esforzarse por resolver los crímenes de ETA aún pendientes de esclarecer, de la misma forma que están obligadas a investigar cualquier elemento que contribuya a clarificar en todos sus extremos los atentados del 11-M.

Hay que prohibir que cualquier imputado o condenado por pertenecer a banda armada pueda acceder a un cargo público.

23.- Evitar la muerte de inmigrantes

La tragedia que supone que miles de personas desesperadas mueran cada año intentando alcanzar Europa no puede sernos ajena. España, por su situación geográfica, conoce bien el problema. El asunto hay que abordarlo con realismo: es imposible acoger a todas las personas que están dispuestas a abandonar sus países. Ningún Estado del mundo permite la libre entrada en su territorio porque los efectos serían catastróficos.

Cabe actuar en la prevención, invirtiendo en los países de origen de los inmigrantes, ofreciendo información y cerrando acuerdos con sus autoridades para regular flujos asumibles. También hay que actuar contra las mafias del tráfico de seres humanos. Se trata, pues, de una política que por su alcance y envergadura debe coordinarse dentro de la Unión Europea.

24.- Proteger el bosque, repartir el agua

Conservar la naturaleza y aprovechar bien sus recursos deben ser dos caras de una misma moneda. Recuperar masa forestal ha de ser una prioridad en un país como España, en grave riesgo de desertización. Salvar el bosque es preservar la riqueza de nuestra biodiversidad, la flora y la fauna. De la misma forma, hay que actuar en el mar, restringiendo zonas a la pesca para que nuestras aguas no acaben esquilmadas.

El agua es vital para la economía y la cohesión de un país. En España está mal repartida. Su gestión tiene que ser una competencia nacional. Sólo con visión de Estado, a través de un Plan Hidrológico Nacional, se puede contribuir a una mejor distribución de los recursos hídricos.

25.- El coche eléctrico, energía limpia

El progresivo deterioro del medio ambiente es inquietante en todo el mundo y se ha agravado como consecuencia del calentamiento global. España tiene que ser ejemplar en la reducción de emisiones y en el ahorro energético. El coche eléctrico es una opción realista. Habría que fomentar su uso dando facilidades a la compra y la recarga de baterías. Su implantación es el ejemplo de lo que debería ser la transición hacia un modelo energético sostenible desde el punto de vista económico y medioambiental.

Hay que invertir en la investigación y promoción de renovables para intentar alcanzar un modelo basado en energías limpias, en las que España es rica.

26.- Internet para todos, internet neutral

En la era de la comunicación hay que facilitar la conectividad invirtiendo en infraestructuras. Las autoridades deben hacer un esfuerzo facilitador para que la oferta de conectividad sea adecuada en cobertura y ancho de banda en todos los espacios urbanos, de manera que sea una herramienta verdaderamente útil y al alcance de los ciudadanos.

Las operadoras de telecomunicaciones deben garantizar la no discriminación en el envío y recepción de datos. Los ciudadanos y las empresas tienen derecho a que el tráfico de datos recibido o generado no sea manipulado, tergiversado, impedido, desviado, priorizado o retrasado en función del tipo de contenido, del protocolo o aplicación utilizado, del origen o destino de la comunicación ni de cualquier otra consideración ajena a la de su propia voluntad. Ese tráfico se tratará como una comunicación privada y únicamente bajo mandato judicial podrá ser intervenido.

27.- Libertad en la televisión

Los políticos tienen que dejar de contemplar la televisión como un instrumento de propaganda a su servicio. En la concesión de franjas del espacio radioeléctrico se debe fomentar el pluralismo. Habría que cerrar todas las televisiones públicas que no aporten provecho y supongan un agujero para el erario.

Hay que propiciar el aumento del ancho de banda para impulsar la distribución de contenidos televisivos a través de internet.

28.- Justicia en el deporte, ojo de halcón incluido

La tecnología se ha introducido en el deporte para hacer justicia en los lances controvertidos que pueden ser decisivos para el resultado de una competición. El baloncesto o el tenis son dos buenos ejemplos. Sin embargo, el fútbol, que moviliza más aficionados y genera un enorme negocio, sigue mostrándose refractario a incorporar los avances tecnológicos. Es un error que hay que corregir, particularmente en un momento en el que las sospechas acerca de la limpieza de la competición pueden dispararse como consecuencia del protagonismo que han adquirido las apuestas deportivas.

El ojo del halcón es así un símbolo del juego limpio y de la necesidad de modernizar el deporte. Hay que combatir el dopaje, el amaño de partidos, las comisiones ilegales y la corrupción en las federaciones y en los comités.

29.- Contra la mala educación

En España se grita en lugares públicos, se insulta en los lances de tráfico, se silban los himnos, se circula con motocicletas ruidosas incluso a horas intempestivas, se aparca por sistema en doble fila, se dejan los excrementos de los perros en la vía pública, se escupe en el empedrado, en los bares se arrojan al suelo las cáscaras de crustáceos, se olvida usar el desodorante aun en plena canícula, se tutea a cualquier desconocido, se injuria y blasfema en los recintos deportivos… Por desgracia en eso aun somos diferentes. La mejora del civismo debe ser un empeño de todos: de la Administración y de los propios ciudadanos.

30.- La Ñ

El español es la lengua que nos abre las puertas de un continente entero y nos proyecta al mundo, donde lo hablan más de 500 millones de personas. La Ñ es un símbolo de su riqueza en la medida en que representa con una sola letra un fonema para el que otros idiomas necesitan dos. A todos los españoles nos interesa que los grandes actores de internet incluyan la Ñ en sus sistemas operativos y que la Unión Europea -en contra de su actitud inicial- proteja e impulse su utilización.

El Banco de España aflora 1.000 millones de deuda oculta en Cataluña

Artur Mas, the acting head of Catalonia's regional government, speaks during a meeting at the regional government headquarters in Barcelona, Spain, September 29, 2015. Catalonia's Supreme Court has indicted Mas for carrying out a non-binding referendum on independence last November, facing preliminary charges for disobedience, abuse of authority, and usurping authority, according to court documents released on Tuesday. REUTERS/Stringer

Las ‘facturas ocultas’ elevan la deuda pública de Cataluña casi un 2%, por encima de 67.800 millones de euros e imposibilitan al Gobierno cumplir el Programa de Estabilidad.

Foto: REUTERS/Stringer

Artur Mas, the acting head of Catalonia's regional government, speaks during a meeting at the regional government headquarters in Barcelona, Spain, September 29, 2015. Catalonia's Supreme Court has indicted Mas for carrying out a non-binding referendum on independence last November, facing preliminary charges for disobedience, abuse of authority, and usurping authority, according to court documents released on Tuesday. REUTERS/Stringer
Arturo Mas, presidente en funciones de la Generalitat./ REUTERS/Stringer

La pesadilla de las deudas sin contabilizar vuelve a revivirse este año. El Banco de España saca a la luz facturas ocultas del último año en Cataluña por valor de 1.042 millones de euros. Este pasivo no contabilizado hasta ahora procede de deudas de asociaciones público-privadas. En concreto, se refieren a dos grandes bloques de deuda: uno con fecha en diciembre de 2014 y un segundo, de junio de este año, que superan los 1.000 millones de euros. Estas facturas contra el erario público afloran justo cuatro días después de la celebración de las elecciones catalanas, por lo que no han influido en el voto de los ciudadanos.

Dos picos que elevan el pasivo de Cataluña hasta los 67.855 millones de euros, un nivel nunca antes visto, y que llevan la ratio de deuda sobre el PIB de la comunidad hasta el 33,9%. En total, un avance de 1,1 puntos del PIB que deja a Cataluña en el tercer puesto de autonomías más endeudadas, por detrás de la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha.

Ratio deuda/PIB de las comunidades autónomas (%)

Fuente: Banco de España. Datos hasta junio.

Cataluña, que ya era una de las comunidades que tenía más problemas por el volumen de su deuda, empeora su situación de un plumazo. La Comunidad tiene ya el 27% del pasivo de todas las autonomías. En el extremo opuesto se sitúa la Comunidad de Madrid, para la que el Banco de España ha revisado a la baja su volumen total de deuda. En concreto, ha ajustado su pasivo en 29 millones el pasivo de la región, hasta dejarlo en 26.312 millones, lo que supone un 13,3% de su PIB.

Rompe la promesa del Gobierno

Esta desviación de las cuentas de Cataluña, unido a la revisión a la baja del PIB realizada por el INE, hará imposible que España cumpla este año las previsiones de déficit y deuda comprometidas con Europa. Hacienda remitió a Bruselas en abril su Programa de Estabilidad para los años 2015-2018 en el que prometía que el endeudamiento público se quedaría en el 98,9% del PIB y que en ningún caso superaría el 100%.

Estas promesas son ya papel mojado con las nuevas cifras del Banco de España. La actualización de las cuentas financieras ha elevado el endeudamiento público en 1,8 puntos de PIB, hasta el 99,5%. De un plumazo el pasivo de España se ha colocado seis décimas por encima de lo comprometido por el Ejecutivo. En total, en torno a 6.000 millones de euros de desviación sólo hasta el mes de junio que tendrán una solución muy complicada en la segunda mitad del año.

España también tenía muy complicado cumplir el objetivo de déficit para este año marcado por Bruselas, pero con este nuevo pasivo carga sobre sus espaldas, ahora es prácticamente imposible que lo logre. El mandato europeo es cerrar el año con un déficit del 4,2% sobre el PIB y al cierre de julio ya contabiliza un desvío superior al 3%.

Las comunidades autónomas están siendo las más incumplidoras de todas las administraciones públicas. Si antes de esta revisión ya habían superado el límite de déficit para todo el año, ahora el escenario es mucho peor. El Ejecutivo central había marcado un objetivo de desviación máximo del 0,7% sobre el PIB, cifra que ya habían sobrepasado en julio. Con esta actualización del Banco de España, la desviación de las autonomías ya será superior al 0,8% del PIB.

Actualización del PIB

Una buena parte de la revisión al alza de la ratio de endeudamiento se debe a que el Banco de España ha incorporado la revisión a la baja del PIB español realizado por el INE. Esto significa que, como baja el tamaño de la producción española anual, el porcentaje que representa la deuda sobre ésta es mayor.deuda_nueva

El endeudamiento de todas las autonomías ha aumentado tras esta revisión, liderado por el avance de Cataluña, que aumenta 1,1 puntos de PIB. La Comunidad Valenciana ocupa esta dudosa segunda posición, ya que su ratio de endeudamiento aumenta en 0,7 puntos de su PIB y Castilla-La Mancha ocupa el tercer puesto, con un avance de 0,6 puntos.

¿Qué moneda adoptaría una Cataluña independiente? Los tres escenarios monetarios de la secesión

euro

Una de las cuestiones clave para una Cataluña independiente sería elegir cuál sería su moneda para intentar minimizar el impacto negativo de salir de la eurozona. De esta decisión dependerían los ahorros privados, el sistema bancario y los ciclos de crecimiento. Toda la economía dependerá de esta simple elección: ¿qué divisa elegir?

También en EL ESPAÑOL:

Una de las cuestiones clave para una Cataluña independiente sería elegir cuál sería su moneda para intentar minimizar el impacto negativo que tendría salir de la eurozona. Aunque no lo parezca, la teoría monetaria pone a su alcance muchas posibilidades. De esta decisión dependerían los ahorros privados, la capacidad para devolver las deudas, la sostenibilidad del sistema bancario… En definitiva, toda la economía a merced de esta elección; ¿qué divisa elegir?

El euro, sea como sea

La opción preferida de los miembros de la lista soberanista es que Cataluña siga en el euro, pero ¿cómo es posible si sale de la Unión Europea? Hay dos opciones: quedarse en la moneda común con el beneplácito de las instituciones de la eurozona o bien adoptar la divisa de forma unilateral sin el respaldo de los socios. En el euro ya hay ejemplos de los dos grupos.

El primero son los estados que tienen firmado un acuerdo monetario con la eurozona por el que emplean el euro como su moneda oficial. Son cuatro países: Mónaco, San Marino, Ciudad del Vaticano y Andorra, que tienen potestad para emitir un pequeño número de monedas y billetes cada año que son de curso legal en toda la región. Todos ellos han estado vinculados históricamente a las divisas de países que entraron en el euro y no tenían una moneda propia. Mónaco empleaba el franco francés, San Marino y el Vaticano utilizaban la lira italiana y en Andorra circulaban de forma paralela la peseta y el franco.

El acuerdo monetario de cada uno de estos cuatro países con la eurozona no implica que sean estados miembros de pleno derecho del euro. En otras palabras, no tienen ni voz ni voto en los órganos de decisión de la política monetaria del Banco Central Europeo (BCE), pero sí están amparados por las instituciones comunitarias.

Los expertos coinciden que ésta sería la mejor opción para Cataluña al menos durante los primeros meses, ya que serviría para minimizar el impacto negativo que tendría adoptar una nueva divisa. En este escenario, “sería posible que la independencia tuviera un impacto mínimo sobre el marco monetario y también sobre el bancario, que está íntimamente ligado a aquél”, explica Enrique Díaz-Álvarez, experto en divisas de Ebury. Para conseguirlo, el nuevo estado catalán tendría que contar con el beneplácito de la comunidad europea y la española. Pero, ¿quién puede garantizar este respaldo?

La alternativa para los líderes soberanistas si quieren quedarse en el euro sería adoptar la divisa de forma unilateral, sin el apoyo de las instituciones. Si elige este camino, seguiría los pasos de Kosovo y Montenegro, que también emplean la divisa común sin el visto bueno europeo. Ésta es una fórmula que han utilizado muchos países de Latinoamérica durante el siglo XX con el dólar en un proceso que se conoció como dolarización. De esta forma, Cataluña tendría la potestad para quedarse en el euro si así lo decidiese aunque no tendría el respaldo del resto de socios.

En cualquiera de los dos casos, el país perdería un poder cada vez más importante: el control de la política monetaria. El país tendría que renunciar a adoptar las medidas anticíclicas que tienen a su disposición los bancos centrales. De este modo, no podría aplicar estímulos monetarios para combatir las épocas de recesión o los riesgos de deflación ni medidas para frenar un sobrecalentamiento de la economía y la subida de los precios.

 REUTERS/Yves Herman
REUTERS/Yves Herman

La pérdida de la autoridad monetaria podría llevar a una situación paradójica en la que la región se enfrentase a una recesión económica con los tipos de interés altos y al alza. “El problema de no controlar la política monetaria es que genera desequilibrios internos muy extensos”, explica Manuel Hidalgo, profesor de macroeconomía de la Universidad Pablo de Olavide. “Sería un escenario similar al patrón oro de finales del siglo XIX, que generaba ciclos económicos mucho más pronunciados”.

Este escenario “desestabiliza mucho la economía de un país y el riesgo de sufrir continuas recaídas en recesión es muy elevado”, advierte Juan Ignacio Crespo, economista y escritor. Los bancos centrales modernos han conseguido limitar la profundidad de los ciclos económicos y así lo demuestran numerosos estudios, pero un país sin autoridad monetaria puede enfrentarse a una política que va justo en contra de su ciclo económico. A largo plazo, los problemas de este escenario podrían ser recurrentes.mapa

Los inconvenientes de adoptar el euro de forma unilateral van más lejos del sector público y se extienden al sector financiero, ya que las entidades con sede en Cataluña perderían el acceso a la financiación del BCE. Esto significa que no podrían acceder ni a las operaciones ordinarias (MRO, por sus siglas en inglés) ni a las megasubastas trimestrales de liquidez (TLTRO) ni a la liquidez de emergencia del ELA. Este último programa fue el que se hizo muy famoso durante la primavera, ya que sirvió para mantener con vida a la banca griega durante seis meses: desde la victoria de Syriza en las elecciones del 25 de enero hasta que declaró el referéndum. En ese momento, el BCE decidió congelar el ELA y automáticamente Grecia se vio obligada a imponer el corralito.

Las principales entidades con sede en Cataluña ya han advertido de todos los riesgos que se enfrentaría la comunidad autónoma en el caso que declarase unilateralmente la independencia y saliese del euro. No sólo el flujo de crédito estaría en juego sino también los depósitos. ¿Podría evitar Cataluña un control de capitales?

Imprimir una nueva divisa

El segundo escenario para Cataluña es emitir su propia divisa. ¿Tal vez la peseta catalana? El nombre no sería extraño para la región, ya que la moneda nació en La Seca de Barcelona, la casa de la moneda catalana, durante la Guerra de la Independencia en el siglo XIX. Pero el nombre no es lo importante. Lo verdaderamente relevante es cómo conseguiría el banco central del nuevo estado proteger su divisa. En otras palabras: ¿cómo evitar un desplome histórico de la moneda?

Los expertos no quieren poner cifras porque la situación es inédita e imprevisible. “La depreciación sería masiva, no menos de un 40% para empezar”, indica Díaz-Álvarez. Cataluña tendría que convencer a los mercados de que su divisa tiene un valor para evitar una fuga masiva de capitales y la descapitalización de sus bancos. Al mismo tiempo, el banco central necesitaría conseguir capital que respaldase esa divisa que está emitiendo, ya que Cataluña no tiene reservas internacionales y tampoco oro.

La opción que se planteó en Grecia durante la primavera ante la posibilidad de una salida del euro fue que la autoridad monetaria incautase un 30% de los depósitos para generar capital propio. Pocas alternativas tendría el nuevo banco central catalán.

A partir de aquí, los problemas teóricos se adentran en el terreno de la especulación, por lo que es imposible determinar qué podría ocurrir. Lo que sí está claro es que un fuerte descenso de la nueva divisa provocaría un fuerte avance de la inflación ya que todos los productos importados se apreciarían de forma proporcional.

El problema más grave es el petróleo, ya que la materia prima afecta a toda la economía a través de los precios energéticos y del transporte. El banco central se vería obligado a aplicar una política monetaria restrictiva, con unos tipos de interés altos, para atraer capitales y frenar el avance de la inflación. Pero con ello provocaría un deterioro mayor de la actividad económica. Brasil, por ejemplo, se ha visto obligado a subir el precio del dinero hasta el 14,25% los tipos de interés para frenar la inflación y la depreciación de su divisa.

Todos estos problemas parecen menores ante el gran desafío al que se enfrentaría Cataluña: su deuda en euros. El último dato del Banco de España del cierre del segundo trimestre del año sitúa el pasivo de la comunidad en 66.813 millones de euros. De toda esta deuda directa, el 56% está financiada a través del Fondo de Liquidez Autonómica, ya que los tipos que exige el mercado eran insostenibles para la región. A esta cifra habría que añadir la parte de la deuda de la administración central del Estado que le correspondiese a la región, ya fuese por PIB, población o cualquier otro criterio. ¿Cómo conseguiría refinanciar toda esta deuda que, además, está denominada en euros? Una opción es cambiar la divisa y devolver la duda en la nueva divisa. Pero desde el punto de vista legal no es sencillo, ya que necesitaría un acuerdo mayoritario con sus acreedores. ¿Firmarían recibir sus deudas en pesetas catalanas?

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La ‘tercera vía’: una doble divisa

El hipotético Estado catalán independiente podría optar por una vía intermedia: mantener el euro y emitir una moneda paralela. Para lograr un sistema viable, las autoridades tendrían que superar los problemas que enunció en el siglo XVI el comerciante y financiero Sir Thomas Gresham en una ley que lleva su nombre. Según esta máxima, el mercado siempre trata de atesorar la moneda buena y deshacerse de la mala. En otras palabras, “los euros desaparecerían de la circulación y se generaría un gran problema de liquidez”, explica Hidalgo.

Para evitar este escenario, las autoridades tendrían que restringir mucho el uso de euros y obligar a los ciudadanos a emplear la moneda catalana tanto para sus operaciones cotidianas, como para sus ahorros. “Los sistemas en los que se ha implantado este tipo de sistema prohíben las cuentas corrientes denominadas en la moneda fuerte”, explica Javier Santacruz, profesor del IEB. “De este modo, el euro serviría para atender el servicio de la deuda y la inversión extranjera”.

En este escenario de dos monedas paralelas, las autoridades del nuevo estado tendrían que fijar un tipo de cambio fijo (o con cierta fluctuación) entre las dos divisas, pero no podrían permitir la libre circulación de capitales. En otras palabras, para cambiar la divisa catalana por cualquier otra moneda sería necesario pedir autorización al banco central y cumplir los requisitos que éste imponga.deuda_habitante

El problema para todos los estados que vinculan su tipo de cambio a otra divisa es la dificultad para proteger el nivel marcado ante las fuerzas del mercado. Doblegar sus vaivenes no es sencillo y hay ejemplos de grandes bancos centrales que han sucumbido. El caso más famoso fue el ataque de George Soros a la libra, con el que consiguió doblegar al Banco de Inglaterra en septiembre de 1992.

Argentina también tiene un mal recuerdo de sus luchas contra el mercado con la Ley de Convertibilidad del año 1991 por la que establecía un tipo de cambio de uno a uno entre el peso y el dólar. Buenos Aires luchó por defender esta paridad, lo que provocó una gran fuga de pesos a dólares que tuvo que soportar el Banco Central de la República Argentina, lo que provocó que sus reservas se vaciaran. Esta política cambiaria saltó por los aires 11 años después en 2001 y fue una de las causas del corralito argentino.

Hay ejemplos más recientes de la aplicación de un tipo de cambio controlado. Suiza reconoció en enero que era incapaz de mantener un techo de su divisa contra el euro después de pasarse tres años y medio defendiendo el nivel de los 1,20 francos por euro. Los mercados atacaron también a Dinamarca, pero el país los detuvo en colaboración con el BCE ya que es el único país que no está en el euro pero sí dentro del Mecanismo de Tipos de Cambio.

Estos casos vienen a demostrar la dificultad que tiene un país para defender un tipo de cambio fijo contra una moneda fuerte y los desequilibrios que se generan cuando ese tipo de cambio salta por los aires. “La solución puede ser adoptar un tipo de cambio que esté devaluado para así no tener que luchar por defender el nivel de la divisa, aunque esto implicaría una fuerte depreciación de la divisa”, indica Santacruz.

También en EL ESPAÑOL:

El uso que hace el PP de las Cortes y el artículo 155

El autor critica la decisión del PP de apurar la legislatura, hecho que relaciona con el desafío independentista. Su tesis es que los populares estarían garantizándose el control del Parlamento para, llegado el momento, imponer a su particular entender el artículo 155 de la Constitución. Este es el artículo que faculta al Ejecutivo para instar a una comunidad autónoma al “cumplimiento forzoso” de sus obligaciones.

El lunes, día 14, la Mesa del Congreso de los Diputados (es decir, el Partido Popular que en ella tiene mayoría absoluta) tomó una decisión que pocos esperaban: anunció un calendario de plenos que llega hasta el 29 de octubre. Para entender qué tiene de sorprendente y qué intenciones puede esconder, repasemos primero las normas que rigen la convocatoria de elecciones y la disolución de las cámaras parlamentarias.

Los artículos 68 y 69 de la Constitución indican que el mandato de los diputados y senadores termina cuatro años después de su elección o el día de la disolución de la cámara. Esta facultad de disolver, decretada por el Rey, corresponde al presidente del gobierno previa deliberación del Consejo de Ministros, según el artículo 115 de la Carta Magna. El citado artículo 68 (para el Congreso, nada se indica para el Senado) establece que las elecciones tendrán lugar entre los treinta días y sesenta días desde la terminación del mandato, y que el Congreso electo deberá ser convocado dentro de los veinticinco días siguientes a la celebración de las elecciones.

La Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) fija plazos precisos dentro de esas horquillas que admite la Constitución. En concreto, su artículo 42 establece que las elecciones se celebrarán 54 días después de publicada su convocatoria, ya se trate de elecciones por disolución anticipada o por expiración del mandato. Como además, para este último caso, precisa que el decreto de convocatoria deberá publicarse 24 días antes de expirar el mandato de los parlamentarios, son 30 días los que transcurrirían exactamente entre el fin del mandato y las elecciones.

En Grecia o Reino Unido se puede formar un gobierno en uno o dos días tras las elecciones; en España es imposible

Las disposiciones de la LOREG sobre recursos electorales y proclamación de candidatos prentenden ser garantistas pero son innecesariamente lentas puesto que imponen al menos 17 días tras las elecciones hasta la constitución de las nuevas cámaras, a los que se añade unos diez días (Reglamento del Congreso) para elegir un nuevo presidente del gobierno. En total, dos meses con el ejecutivo en funciones y casi tres con las cámaras disueltas si se disolvieron anticipadamente, lo que contrasta con Grecia o Reino Unido (por utilizar ejemplos recientes entre muchos países) donde se puede formar un gobierno en uno o dos días tras las elecciones, y no suele pasar de una semana aunque tengan que negociarse coaliciones.

Tras todo esto, ¿qué tiene de particular la decisión de la Mesa del Congreso? Pues que, hasta ahora, todas las elecciones de la Democracia se han producido tras una disolución anticipada de las cámaras, que implica la interrupción del mandato de los parlamentarios en el momento en que se publica la convocatoria electoral. Sin embargo, si como ya ha anunciado, Mariano Rajoy mantiene que las elecciones serán el 20 de diciembre, esta fecha será la más tardía posible ya que corresponde a justo 30 días después del 20 de noviembre en que se cumplen cuatro años desde las anteriores elecciones y se agota pues el mandato de los parlamentarios. La consecuencia es que, aunque el decreto de convocatoria se publicará necesariamente el 27 de octubre, las Cortes Generales seguirán en pleno funcionamiento hasta el 20 de noviembre.

Ante el órdago independentista catalán, estos 24 días ganados pueden ser decisivos por ejemplo si tuviera que aplicarse el artículo 155 de la Constitución referente a la adopción de medidas en el caso de que una comunidad autónoma no respete sus obligaciones constitucionales. Se trata de una facultad que tiene el Gobierno siempre que obtenga el respaldo de la mayoría absoluta del Senado, pero no de su diputación permanente, ya que no se encuentra recogida entre las que el artículo 78 de la Constitución atribuye a este órgano que permanece cuando se disuelve la cámara.

Si el 27-S gana el independentismo, puede resultar decisivo que las Cortes Generales no se disuelvan hasta el 20-N

Dado que la constitución del parlamento catalán se producirá a mediados de octubre (aún no se ha establecido, pero la fecha límite según su normativa es el 17), si hubiera una mayoría independentista, sus primeras acciones se concretarían probablemente antes de final de ese mes. En ese caso, puede resultar decisivo que las Cortes Generales no se disuelvan hasta el 20 de noviembre (frente por ejemplo el 20 de octubre si las elecciones hubieran de ser el 13 de diciembre).

Artur Mas anuncia sin reparos que se propone engañar al Estado. Estas declaraciones por parte del máximo representante ordinario del Estado en la Comunidad Autónoma deberían movilizar tanto a la fiscalía -que desde el 9-N juega a moverse lo más lento posible sin caerse (aunque ya lo hizo Torres-Dulce)- como al Gobierno. En su lugar, el Partido Popular aporta también desprestigio a la Constitución esquivando el debate político sobre la aplicación del artículo 155 (tan democrático y constitucional como todos los demás), alterando irresponsablemente los equilibrios entre poderes del Estado cambiando deprisa y en el último momento la Ley del Tribunal Constitucional, mientras que apurando el mandato de las Cortes se guarda cartas inéditas desde 1978 que merecerían un esfuerzo de transparencia y pedagogía ante los votantes. Parafraseando el “golpe de estado a cámara lenta” (con el que acertadamente acusa Alfonso Guerra a Artur Mas y sus cómplices), no será un golpe de estado por omisión el que logre frenarlo. Los españoles necesitan y merecen un gobierno que sea capaz de unir y convencer con la mejor política, pero antes que nada que recuerde que su deber de “guardar y hacer guardar la Constitución” exige algo más que registrar recursos ante los tribunales.

Qué es el federalismo y qué habría que hacer para que funcionara en España

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Cualquier reforma del Tribunal Constitucional debe ser lo suficiente sólida para que las autonomías crean que es posible ganar disputas sobre competencias incluso cuando el Gobierno central está en manos de partidos que se oponen a la descentralización. 

Ilustración: Javier Muñoz

El 6 de noviembre del 2012 los votantes de Colorado acudieron a las urnas para escoger un nuevo presidente. La votación resultó ser un tanto especial por dos motivos.

El primero tenía que ver con la forma en que los ciudadanos del estado ejercieron su derecho a voto: fue la última vez que tuvieron que ir a un colegio electoral: desde 2014 el voto se hace completamente por correo para intentar aumentar la participación.

El segundo motivo fue que se sometía a voto una enmienda sobre la marihuana. Como es habitual en Estados Unidos, en la papeleta había mucho más que un par de nombres y listas de partidos. Los ciudadanos de Colorado debían escoger también representantes al Congreso, miembros del consejo de educación del estado, regentes de la Universidad de Colorado, representantes y senadores estatales, fiscales de distrito, consejeros de la autoridad regional del transporte, jueces del Supremo y miembros del tribunal de apelaciones y además votar sobre tres enmiendas constitucionales.

Dejando a un lado la imposibilidad de que alguien sea capaz de votar en todas estas elecciones teniendo una idea medio aproximada sobre los candidatos, una de las enmiendas constitucionales (la 64) había recibido especial atención. El texto, según aparecía en las papeletas en castellano, decía lo siguiente:

¿Debe haber una enmienda a la constitución de Colorado con respecto a la marihuana y, en relación con la misma, disponer la regulación de la marihuana; permitir a una persona de veintiún años de edad o mayor a consumir o poseer cantidades limitadas de marihuana; disponer el otorgamiento de licencias de instalaciones de cultivo, instalaciones de fabricación de productos, instalaciones de prueba y tiendas al por menor; permitir a los gobiernos locales que regulen o prohíban dichas instalaciones; exigir a la asamblea general que promulgue un impuesto de consumo a gravarse en la venta al por mayor de la marihuana; exigir que los primeros $40 millones en ingresos recaudados anualmente por dicho impuesto se acrediten al fondo de asistencia de capital de construcción de escuelas públicas; y exigir que la asamblea general promulgue legislación que rige el cultivo, procesamiento y venta de cáñamo industrial?

La redacción no es muy elegante pero lo que se le pregunta a los votantes es si Colorado debe legalizar el uso, la venta, la producción y la distribución de la marihuana. Los primeros 40 millones de dólares en impuestos recaudados cada año con la venta del cannabis y sus derivados se destinarán a la construcción de colegios públicos. Los votantes de Colorado son un tanto hippies. No sólo ayudaron a reelegir a Barack Obama. También se pronunciaron a favor de la enmienda por un margen de 11 puntos.

Junto a Washington, Colorado fue el primer estado en legalizar el cannabis por completo.

Cannabis y federalismo

En términos legales, esta enmienda a la constitución de Colorado abre algunas cuestiones interesantes. La legalización contradice de forma completa, directa y obvia la legislación federal.

El sistema constitucional americano otorga primacía a las leyes del Congreso sobre cualquier legislación estatal. Si una ley federal contradice una norma estatal, la primera tiene precedencia de forma automática. El Gobierno federal, por lo tanto, podría detener a cualquier ciudadano de Colorado que vendiera marihuana vulnerando la legislación federal. Que el pueblo de Colorado hubiera expresado democráticamente su voluntad de poder drogarse no tenía la más mínima importancia: en el momento en que un caso acabara en los tribunales, los jueces invalidarían la enmienda sin dudarlo.

El hecho que el Gobierno federal pudiera demoler la legislación en los tribunales, sin embargo, no quiere decir que quisiera hacerlo. El Gobierno de Obama no se distingue por sentir el mismo fervor fanático contra el cannabis que sentían algunos de sus predecesores. Su departamento de justicia lleva años presionando al Congreso para que relaje la draconiana legislación penal sobre la materia.

Es un asunto que no importaba demasiado al Gobierno federal. En vez de acudir a los tribunales, las agencias federales recibieron la orden de dejar de perder el tiempo con la marihuana en Colorado y en Washington, y dedicar su vida a cosas más productivas que cabrear a hippies que no molestan a nadie.

Ésa era la teoría. El problema fue que los estados vecinos de Colorado no tenían la misma opinión. Los fiscales generales de Oklahoma y Nebraska, dos lugares con un número de hippies mucho menor, dicen estar hartos de perseguir a tipos en las regiones limítrofes con Colorado que fuman substancias prohibidas compradas al otro lado de la frontera. La legalización de la venta y el comercio de cannabis les perjudican pero el Gobierno federal ha decidido mirar hacia otro lado. Por eso estos dos estados han decidido llevar a su vecino a los tribunales pidiendo que el Gobierno federal derogue la derogación de la enmienda 64.

Puede parecer una disputa un tanto extraña entre dos estados conservadores y uno progresista. Pero no es un problema poco habitual en un Estado federal desarrollado y maduro como Estados Unidos. Aquí hay 50 estados soberanos, un montón de tribus indias, incontables agencias públicas y distintos órganos de la administración local.

Los políticos y los fiscales generales dedican un tiempo descomunal a ponerse pleitos unos a otros. En parte por la desmedida afición de los americanos a resolverlo todo con abogados y en parte por la naturaleza ambigua y el mayor poder judicial que rige en los sistemas anglosajones. Pero sobre todo por la propia naturaleza de la descentralización política en una nación donde existe un sistema federal.

El rompecabezas

En un sistema federal es inevitable que haya políticos distintos rindiendo cuentas a electorados diferentes. Los líderes de cada estado o región van a hacer promesas distintas a sus votantes y tendrán preferencias e ideologías dispares. Todos ellos estarán respaldados por una sólida legitimidad democrática y tendrán todo el derecho del mundo a decir que representan la voluntad de sus votantes. Es de esperar que políticos distintos votados por gente distinta tengan ideas distintas sobre cómo interpretar y aplicar las leyes y que surjan disputas sobre quién puede hacer qué. En un Estado de Derecho, cuando hay un conflicto de legitimidades democráticas, esas disputas acabarán de forma irremediable en los juzgados.

Al pensar en una democracia, nos imaginamos una sociedad que resuelve sus conflictos votando después de un debate público. Los ganadores aplican su criterio, los perdedores admiten que son minoría y la vida sigue. Es un sistema simple y fácil de entender. Casi parece lógico.

Las federaciones, sin embargo, parecen trastocar esta lógica. En lugar de tener un solo Gobierno y una votación, tienen una fragmentación semiarbitraria de legitimidades democráticas. No hay un debate sino varios y no siempre se sale con la suya quien tiene más votos sino un señor con toga que interpreta la constitución. Parece rebuscado, casi injusto.

Si pensamos en un sistema federal, sin embargo, no debemos verlo bajo un prisma estrictamente democrático. La democracia es un método para escoger ganadores. Las federaciones son un método de administrar las diferencias y hacer que los que puedan verse representados quienes serían perdedores en una democracia unitaria.

No tragarse sapos

La democracia es un sistema injusto con las minorías perpetuas. Por mucho que los políticos aspiren al debate inspirado y a decisiones que incluyan a todo el mundo buscando el bien común, la realidad es que el bien común no existe. En un mundo de recursos económicos limitados, cuando toca hacer presupuestos, decidir cuántos hospitales construimos y qué idiomas enseñamos en la escuela, siempre habrá alguien que saldrá perdiendo.

En sociedades tan diversas como las nuestras, es muy probable que haya minorías que siempre lo son. Personas que se quedan sin profesores de catalán o que se resignan a que el Estado pague por cosas inmorales y sucias. El federalismo es en el fondo un sistema para acomodar las preferencias de estos grupos y permitir que en un mismo país puedan convivir visiones distintas sobre qué es el bien sin que nadie tenga que tragarse sapos eternamente.

A menudo lo que deciden los votantes a uno y otro lado de la frontera de dos estados federados será contradictorio. A veces los responsables del Gobierno central decidirán que la parte del bien común que ellos pueden decidir es un poco mayor de lo que era hasta ahora. El resultado será un régimen político feo, bronco, poco elegante y repleto de abogados. Dicho en otras palabras, una federación perfectamente normal.

La realidad es que las federaciones son sistemas políticos realmente feos. Una constitución federal está construida, de origen, anticipando que los habitantes del país no se van a poner de acuerdo en casi nada y que es mejor tenerlos repartidos. Es un sistema que desconfía profundamente de los políticos y que parte de la idea de que los ganadores de las elecciones van a ser injusto con los perdedores. Es un sistema pesimista que cree que a los líderes de un país no se les puede tratar como adultos y que necesitan supervisión judicial para resolver disputas y minimizar la cantidad de votantes de los que pueden abusar. Son supuestos realistas, obviamente, así que las federaciones acostumbran a convertirse en festivales judiciales.

El caso de España

Al hablar de España, el debate sobre el federalismo parte en gran medida de un punto de partida erróneo.

Para empezar, el sistema autonómico es básicamente un sistema federal. Si las autonomías tuvieran mejor representación a nivel nacional y el sistema de financiación fuera menos demente, sería una federación casi completa. El sistema comparte todas las virtudes de una federación y también incorpora su naturaleza alegremente caótica y su aprecio por los tribunales.

Dado que los sistemas políticos no son competiciones estéticas, esto no debería ser un problema. Los votantes verían las bizantinas discusiones legales con el mismo desagrado que los votantes americanos pero no ocurría mucho más. En el caso español, sin embargo, la naturaleza improvisada de nuestra cuasi-federación hace que el tribunal dedicado a resolver disputas tenga carencias importantes.

Los tribunales federales siempre están politizados. Esto sucede porque es casi imposible construir un sistema judicial que no tenga a políticos metiendo la zarpa en algún momento y porque las sentencias que resuelven las disputas entre gobiernos son casi siempre políticas y se acaban adjudicando según lecturas de la constitución más o menos ideológicas.

En el caso español, sin embargo, el problema no es que el Tribunal Constitucional esté politizado sino que está politizado de forma equivocada por los políticos erróneos. Las federaciones administran diferencias pero los magistrados del Constitucional salen de la institución más estrictamente democrática del sistema político español: el Congreso de los Diputados.

El resultado es una institución concebida para controlar a la mayoría y diseñada para resolver disputas entre legitimidades democráticas que sin embargo a menudo tiene opiniones furibundamente democráticas y refleja la opinión del Gobierno de turno.

Cuando el partido con mayoría en el Congreso está cómodo con el sistema autonómico, no es un problema demasiado acuciante. Pero cuando eso no sucede el Constitucional se convierte en una máquina de recordar a las minorías perpetuas (catalanes y vascos) que las instituciones no están ahí para proteger sus diferencias.

La tercera vía

La llamada “oferta federalista” o tercera vía en el fondo tiene que partir de una idea muy simple: proteger la diferencia. Se puede hablar de reformar el sistema de financiación, de dar más voz a las autonomías en el senado o de clarificar la distribución de competencias y todas estas reformas son necesarias. Pero para que la oferta federal sea creíble el punto de partida tiene que ser una reforma del Tribunal Constitucional.

La reforma debe ser lo suficiente sólida para que las autonomías crean que es posible ganar disputas sobre competencias de forma regular incluso cuando el Gobierno central está en manos de partidos que se oponen a la descentralización. El tribunal debe ser capaz de leer la Constitución y aplicarla de forma que las minorías entiendan que sus derechos están protegidos y no dependen de la buena voluntad del Congreso.

Esto se puede hacer despolitizando el Constitucional y haciéndolo profesional o dando una voz mucho mayor a las autonomías en la elección de magistrados.

Dada la naturaleza de sus sentencias, politizar las nominaciones no me parece una mala idea, siempre y cuando el proceso refleje la naturaleza contramayoritaria de la institución y el federalismo. En Estados Unidos las confirmaciones judiciales están bajo el control del Senado, que es una institución radicalmente antidemocrática.En España podríamos reformar el Senado para dar más peso a los gobiernos autonómicos o incluso hacer que las comunidades históricas designen directamente un número determinado de magistrados.

Esta reforma no sólo sería buena para Cataluña sino para el sistema autonómico en su conjunto. Una federación es un sistema político complejo y funciona mejor si las disputas tienen resultados predecibles. Si el Tribunal Constitucional depende menos de las simpatías políticas del Gobierno de turno, veremos menos sentencias como las de las reformas estatutarias de años recientes, cuando artículos idénticos eran tumbados en la reforma catalana pero aprobados sin rechistar en los casos de Valencia o Andalucía. Hacer el sistema más consistente y sensato es siempre una buena idea, por mucho que siga existiendo el inevitable runrún de disputas legales constantes.

Si de algo debemos estar seguros es de que el federalismo no va a eliminar las disputas entre Cataluña y el Gobierno central. Ése no debe ser el objetivo que busque una reforma constitucional. Un Estado moderno (sea una democracia jacobina pura o una federación) es un sistema para resolver desacuerdos, no para acallarlos.

Una federación bien diseñada admite que no tenemos por qué estar siempre de acuerdo y es mejor así. Lo importante, y el punto clave para resolver el encaje de Cataluña dentro del sistema, es que las decisiones en materias que preocupan a la minoría se decidan siguiendo criterios legales, no democráticos.

El libro negro del periodismo en Cataluña (IV): El pozo

CC RAULITO 39 / FLICKR

Fotografía: CC RAULITO 39 / FLICKR

Ha habido momentos en Cataluña en que medios de éxito han buscado el calor del dinero público para ganar más. Ha ocurrido en otras regiones pero en menor medida. Las subvenciones fijas hacen que la prensa se acomode: es más fácil convencer o engañar o chantajear a un político que satisfacer a miles de lectores.

Este viernes, el quinto capítulo: ‘Una tele para la mitad’ 

Lee aquí los tres primeros:

 1. ‘La corrupción‘ / 2. ‘La comunidad‘ / 3. ‘La prensa amiga’

Ha habido momentos en Cataluña en que medios de éxito han buscado el calor del dinero público para ganar más. Ha ocurrido en otras regiones pero en menor medida. Las subvenciones fijas hacen que la prensa se acomode: es más fácil convencer o engañar o chantajear a un político que satisfacer a miles de lectores.

Las subvenciones públicas a medios privados son el gran enigma del periodismo catalán. Desde la Transición ha habido al menos cinco tipos de trasvase de dinero público a medios privados.

El primero se justifica con la lengua: las ayudas por publicar en catalán. A veces salen listas de los medios que más y menos reciben pero son clasificaciones poco útiles: el dinero se reparte según la difusión.

Cuantos más ejemplares o visitas, más dinero. Para medios pequeños pueden ser sustanciales, pero para los grandes son la guinda del pastel. No hay factores políticos más allá de la creencia de que el catalán merece ayuda porque compite en inferioridad.

Eduard Voltas, secretario de Cultura en el Gobierno de José Montilla y cofundador del grupo Cultura03, las justifica así: “Por trabajar con una lengua minoritaria tienes menos potencial de mercado. En un mercado publicitario como el español, muy centralizado, compites por tanto con una mano atada a la espalda. Tiene sentido que la Administración compense”.

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Lee aquí los tres primeros capítulos de la serie:

 1. ‘La corrupción‘ / 2. ‘La comunidad‘ / 3. ‘La prensa amiga’

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El segundo tipo de ayudas son las subvenciones por proyectos, que no se dan desde 2012. La Generalitat ha presumido de ese recorte. Pero hasta entonces eran a dedo: los medios presentaban propuestas y el Gobierno decidía quién salía ganando. Josep Martí Blanch, actual secretario de Comunicación, fue quien decidió prescindir de ellas por dos motivos, El primero, porque el presupuesto de la Secretaría de Comunicación “cayó más de un 70% respecto a 2010”. El segundo es más importante: “Hice una cata histórica del resultado de estas subvenciones y vi que no habían servido para hacer lo que se tenía que hacer para la reconversión de la industria periodística, que eran la transformación digital, hacer investigación y desarrollo”. El sector usaba este dinero para sobrevivir; no era un incentivo para innovar.

Martí decidió eliminar esas ayudas: “Todos los sectores económicos, cuando se toma una decisión que lesiona sus intereses, no están contentos”. La Vanguardia, por ejemplo, relevó al director José Antich, acusado de soberanista y convergente en 2013. El conde de Godó, según Antich, le destituyó porque “se habían logrado unos objetivos que estaban en función de una determinada línea informativa”. A partir de entonces, por lo tanto, podía haber más beneficios en otra “línea informativa”: “[La Vanguardia] podía obviamente cambiar la línea informativa, que era más fácil con un director nuevo”, dice Antich.

El tercer tipo de ayudas no son subvenciones sino publicidad institucional. Hay publicidad que es servicio, hay publicidad encubierta y hay publicidad en el límite. Este capítulo puede incluir, según las descripciones difusas del Diari Oficial, “inserción de anuncios de publicidad institucional de varias campañas publicitarias en diferentes medios impresos de todo el territorio de Cataluña”.

En alguna ocasión se cita el medio que recibe el dinero: “Inserción de monográficos en el diario Ara, en papel y digital” o “Inserción de secciones en formato papel y online sobre la realidad y la identidad de cada una de las comarcas catalanas en el El Periódico de Catalunya”. Son modos peculiares de describir un “anuncio”.

Al contrario que los proyectos, el capítulo de publicidad crece desde 2012: en 2011 fueron 10 millones y ahora vuelven ser unos 18. Martí Blanch dice que no lo hacen para sustituir el dinero de los desaparecidos proyectos. “Es la voluntad de ir normalizando la inversión publicitaria. Yo con 10 millones voy muy justo. Al contrario que otras administraciones, tengo toda la campaña de turismo de Cataluña en el mismo presupuesto”, dice Martí.  

El cuarto trasvase son las suscripciones o las compras de ejemplares en bloque: en universidades, en el zoo, en trenes, en ambulatorios, en autobuses hay a menudo montañas de periódicos gratis. Las suscripciones son un gran pozo porque no están centralizadas en el Departamento de Presidencia. Durante el tripartito de José Montilla, se quiso ordenar el gasto de cada Departamento. Pero se decidió que los gastos en suscripciones eran facultad de cada conseller. Hay otras administraciones públicas y empresas privadas que usan este tipo de suscripciones.

Con el mandato de Martí esta tradición también ha desaparecido. El secretario de Comunicación de la Generalitat aún no ha contestado a una petición de transparencia de EL ESPAÑOL para que revele los datos, pero admitió la eliminación: “Cuando llegué, el Departamento de Gobernación por ejemplo sí tenía [suscripciones en bloque]”. Gobernación estaba en 2011 en manos de Joana Ortega, de Unió, y había estado en manos de Esquerra durante el tripartito.

En Renfe, Ferrocarrils de la Generalitat, hospitales, universidades, la Fira o el zoo sigue habiendo montones de periódicos: “Yo no sé si Renfe paga porque no forma parte de mis competencias, pero en el caso de Ferrocarrils de la Generalitat nadie paga. Sólo hay una autorización para que los dejen. Si en algún centro hospitalario o universidad públicos pasa lo mismo, pues es igual. No sé si todos los montones de Vanguardias que hay en Cataluña están ahí gratis, pero los que están bajo mi responsabilidad, sí”, dice Martí.

La Vanguardia es el periódico español que más diferencia tiene entre venta de ejemplares y difusión: más del triple. La Vanguardia ha presumido siempre de tener más suscriptores que nadie. ¿Pero más del triple que ventas comunes? Tanto si hace pasar la difusión gratuita por suscripción como si alguien la paga la Generalitat en 2015 no es quien la sufraga, aunque sí lo fuera en el pasado.

Ante la imposibilidad de averiguar nada a través del Grupo Godó, opté por vías vinculadas a empresas de distribución de prensa. No puedo ser más concreto para evitar perjudicar a estas fuentes. La falta de concreción de los datos sigue siendo notable, pero he podido averiguar que las suscripciones en bloque apenas se usan en verano y que en el caso de La Vanguardia la cifra puede rondar los 17.000 o los 20.000 ejemplares por edición. En esta información de 2004, se habla de 16.000 suscripciones, pero entonces La Vanguardia tenía sólo edición en castellano.

El quinto modo de ayudas a la prensa es el innombrable: contratos sin transparencia, ayudas que llegan desde la Diputación, desde grandes ayuntamientos o desde el puerto o empresas públicas con una relación etérea con la Generalitat.

“El Gobierno tiene muchas formas legales de dar dinero a las empresas de comunicación”, dice Jordi Mercader, jefe de gabinete de Pasqual Maragall y director de la Oficina de Difusión al principio del tripartito. Cuando Mercader llegó a la Generalitat, el último Gobierno de Pujol con Mas de conseller en cap había gastado en el último año 60 millones de euros entre subvenciones y publicidad, según dice Mercader en su libro Mil dies amb PM. Mercader no recuerda el motivo de esa cantidad, pero puede ser que incluya la publicidad televisiva institucional. Aquí dicen que fueron 31 millones entre todos los conceptos, de los que 12 fueron para La Vanguardia. Para poner las cifras en contexto, el Grupo Godó -propietario de La Vanguardia, de la radio RAC1 y de la tele 8TV- facturó 196 millones en 2014. Sus beneficios no llegaron al millón. Una porción de de 30 o 60 millones puede significar mucho dinero para el Grupo Godó.

Rotativa de 'El Punt'. / AYUNTAMIENTO DE GIRONA
Rotativa de ‘El Punt’. / AYUNTAMIENTO DE GIRONA

Los agujeros en el reparto

El Mundo publicó en 2014 una investigación de las ayudas entre 2007 y 2013: salían 82 millones en total. En un tuit en julio de Martí Blanch, las subvenciones en esos seis años sumaban algo menos: 76,3. No sólo bailan esos millones. Según la investigación de El Mundo, había además 99 millones de publicidad institucional para repartir.

La Generalitat repartió al menos 18 millones de euros en anuncios en 2014. La mayor parte de ese dinero la gestionan dos centrales de medios: Media Planning Group (10 millones) y Focus Media (ocho). Media Planning es propiedad del grupo Havas. Su vicepresidente, Ferran Rodés, es presidente del consejo editorial del diario Ara. El director general de Havas es Alfonso Rodés, hermano de Ferran.

Martí Blanch, actual secretario de Comunicación, defiende que Media Planning debe seguir siendo una central de medios homologada por la Generalitat pese a la aparente incompatibilidad: “Ellos saben cuál es su negocio matriz y lo defenderán como se merece. Pondría la mano en el fuego que no lo harían porque sería dispararse en el pie”.

Si Media Planning no tuviera permiso para gestionar anuncios de la Generalitat, Martí habría tenido un problema hace unos años. Media Planning tiene capacidad para trabajar con presupuestos grandes y plazos de pago largos: “En 2010 y 2011, nuestros plazos de pago eran tan largos que teníamos dificultades para trabajar. Necesito que haya unas cuantas agencias. No puedo renunciar a una. Aunque tampoco lo haría. Havas es un líder mundial. Si confían instituciones francesas o españolas, por qué no yo”, añade.

En una petición de transparencia de EL ESPAÑOL sobre la publicidad institucional que sí ha sido respondida, la Generalitat evita aclarar quién se beneficia más de sus anuncios entre medios. La petición pedía claramente “la distribución por medios de comunicación”. Pero nada: el Gobierno catalán sólo da los totales por Departamento desde 2007. La única apariencia de respuesta de la Generalitat son los criterios de reparto, pero tampoco se detallan porque dependen de los profesionales de las centrales de medios y sirven “para rentabilizar las inversiones”.

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Las otras ayudas

Hay otras fórmulas de presuntas ayudas públicas que no implican a la Generalitat. El Periódico creó entre 2009 y 2010 la serie Distritos. Es información amable sobre distintas zonas de Barcelona: entrevistas a líderes vecinales, inauguraciones, historias de barrio. La fuente principal de la información, según el entonces director Rafel Nadal, y la gestora externa a la redacción, Núria Padrós, eran las sedes municipales de los distritos. Es más bien información de servicio.

Nadal llevaba una racha dura con portadas en contra del ayuntamiento: apagones, quejas por los trenes de Cercanías, el aeropuerto. Esta nueva sección daría otro aire a El Periódico. Nadal dice que El Periódico no cobraba por estas ocho páginas semanales, “aunque yo no sé qué tipo de acuerdos había con el Ayuntamiento”. Nadal creía que esa información era necesaria porque “El Periódico siempre ha tenido esta información de barrios” y la encargó a periodistas externos. La sección Distritos sigue en marcha.

La publicidad y las subvenciones comunes no son el único modo de hacer fluir el dinero público. Toni Bolaño, jefe de prensa del president José Montilla, da este ejemplo de cómo las subvenciones pueden disfrazarse:

¿Cómo sabes que no se puede hacer un convenio con el Colegio de Médicos de Cataluña para fomentar la salud pública? Eso puede implicar que el Departamento de Sanidad compre 20.000 ejemplares de ‘La Vanguardia’. El Colegio gana que ‘La Vanguardia’ hable bien de su presidente.

El único que sale perdiendo es quien paga esos 20.000 ejemplares: el contribuyente. Bolaño ha visto de hecho otro tipo de trucos. Éste es un buen ejemplo de las presuntas ofertas que recibía en su despacho:

“Tengo esta información [mala para el gobierno], pero fíjate, tenemos un proyecto muy interesante”. Se ha hecho una cultura muy determinada: la Administración paga. Paga el Ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat, el Ayuntamiento de Terrassa, de Sabadell, de Reus. La información es una mercancía. Estamos hablando de críticas importantes. Callar un periódico con una campaña de publicidad. Se hace.

Así es la vida

Nadie niega en Cataluña que “se haga”. La excusa que más veces he oído es que se hace en todas partes. En Madrid el acusado no son las subvenciones directas a la prensa, que el Gobierno dejó de dar en 1988. Los acusados son las empresas del Ibex-35 y los ministerios. Vicent Sanchis fue director de Avui entre 1996 y 2007. Así razona la ayuda de la Generalitat con respecto a la que reciben otros medios españoles:

La Generalitat, como el Ibex-35 en Madrid a través del Estado, siempre ha ayudado -que significa financiado en cierta manera- muchas actividades de ciertas empresas. Cuando yo dirigía el ‘Avui’, no me gustaba nada oír que era un periódico subvencionado porque todos los demás en Barcelona y en Madrid de un modo u otro también lo están.

En mi charla con Sanchis, el asunto de las ayudas públicas salió varias veces. Le pregunté sobre un tema recurrente de este reportaje: ¿las ayudas al catalán -las más públicas y estructurales- no hacen al final que sean menos independientes? Su respuesta es de nuevo defensiva: “¿El hecho de que los diarios importantes del Estado deban fortunas a la Seguridad Social y Hacienda y que dependan de la publicidad de 33 empresas que están tarifadas y marcadas por el Gobierno del Estado los hace menos independientes?”

Probablemente, le dije. Y Sanchis: “Pues así es la vida”.

Eduard Voltas también cree que la publicidad en el resto de España sustituye cualquier ayuda catalana: “En Madrid se ahorran las subvenciones con la inversión publicitaria brutal, absolutamente desproporcionada, sin lógica de mercado de los ministerios y el Ibex-35”.

Arsenio Escolar, director de la Asociación de Editoriales de Publicaciones Periódicas y de 20minutos, denuncia la falta de transparencia de los 141 millones de euros que repartió el Gobierno en campañas en 2014. Hay una salvedad respecto a los medios catalanes: La Vanguardia y El Periódico están también entre los que más reciben.

Menos ayudas fuera

En 2012 sólo seis comunidades autónomas daban subvenciones públicas a medios privados: Andalucía, Asturias, Cataluña, Valencia, Galicia y País Vasco. En cinco casos las ayudas están relacionadas con lenguas propias de cada comunidad. En Andalucía están vinculadas a la promoción de la lectura.

El País Vasco concede desde 2008 algo más de cuatro millones de euros. Una cifra que no ha variado durante la crisis. Galicia daba algo más de tres millones y en 2012 no llegaba al millón. Las otras tres comunidades dan cantidades menores: medio millón en Andalucía, 100.000 en Asturias y menos de 50.000 en Valencia.

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El sector de prensa en el fondo es distinto, dice Martí Blanch: “Los diarios son empresas muy particulares: si fueran normales, en los últimos ocho años habrían desaparecido cabeceras. Y no ha pasado. Si fueran empresas normales y estuvieran vinculadas sólo a la cuenta de resultados de varios años, habría menos cabeceras en el quiosco”. Esta irregularidad de recursos de los periódicos no es un problema sólo de los medios. Es también un reto de la sociedad. Las subvenciones fijas hacen que la prensa se acomode: es más fácil convencer o engañar o chantajear a un político que satisfacer a miles de lectores. La independencia queda tocada.

A cambio de unos medios saneados con dinero público, hay a la fuerza más connivencia con el poder. Voltas lo ve de una manera similar: “El poder político ha usado las subvenciones para tener un canal directo o una influencia dentro de los medios de comunicación”.

La alternativa a que el Gobierno o unos anuncios sufraguen un medio es que lo paguen sus clientes: la audiencia. Ha habido momentos en Cataluña en que medios de éxito han seguido buscando el calor del dinero público para ganar más. Su credibilidad merece por tanto poco respeto. Si quiere volver a ganarse, el camino más fiable queda lejos del dinero que reparten instituciones y empresas. La sociedad debe tenerlo en cuenta.

El declive del papel

La confusión con el rol del papel también tiene algo que ver. El papel sólo es rentable porque instituciones y corporaciones ponen anuncios. “No hay ningún poder público que gestione la publicidad de un modo absolutamente profesional”, dice Martí Blanch, que es el encargado de gestionar ese dinero. Pero según Martí no es por las típicas conspiraciones sino porque el papel debería recibir ya menos inversión publicitaria: “Los medios escritos deben saber que el papel como soporte publicitario puro es cada vez menos amortizable”, dice. “Los grupos de comunicación que asientan su cuenta de resultados sobre el papel si ponen las luces largas deben estar muy preocupados”.

Martí dice que el papel se preserva porque la administración se mueve despacio. Nadie parece acelerar la transformación: ¿qué periódico sobreviviría sin los miles de euros que llegan por la publicidad en papel cuando un báner digital vale varias veces menos?

Hay quien cree que esa ayuda es debilidad para el sector. Los fundadores de Cultura03, Oriol Soler y Eduard Voltas, creen que buena parte de las subvenciones perjudican más que ayudan. El grupo fue un éxito desde el principio y llegó a facturar 20 millones de euros antes de pensar en lanzar el diario Ara. Además de revistas de turismo, cocina e Historia, su núcleo de negocio estaba formado por una imprenta y servicios editoriales. Sus revistas y su periódico recibieron dinero público en condiciones similares a las de otros productos en catalán, pero no tuvieron una experiencia buena: “La crisis hizo muy evidente el megaerror que es pensar que los políticos pueden solucionarte algo en un proyecto empresarial. Hacen perder agilidad, músculo, prestigio. Las subvenciones que tuvimos las merecíamos, éramos los que menos recibíamos, pero creo que fue un gran error dedicar tiempo a aquello”, dice Oriol Soler.

Soler cree que las ayudas sirven sobre todo como excusa ante un fracaso: “Esta idea victimista de que ‘no me ayudaron bastante’ no me sirve”. La salida es cortar las subvenciones y que cada empresa sobreviva como puede. Según Soler, sería un modo de terminar con ese asomo de connivencia:

Forma parte del paso de este país a la modernidad que se acabe el despropósito de culpar a los otros cuando quien dice si una cosa funciona o no es el mercado. Los empresarios de medios de comunicación tienen mucha responsabilidad al considerar que las subvenciones son un derecho que utilizan para condicionar los contenidos de sus medios. Y los primeros interesados en que este país no entre en la modernidad son algunos empresarios, porque ya les va bien que no impere el mercado”.

Algunos editores de prensa catalanes han acabado por vivir más cómodos cerca del poder que del servicio público. Es cierto que no sólo ha ocurrido en Cataluña. Pero en Cataluña el fenómeno ha estado muy extendido.

Este viernes, el quinto capítulo: ‘Una tele para la mitad’ 

Lee aquí los tres primeros:

 1. ‘La corrupción‘ / 2. ‘La comunidad‘ / 3. ‘La prensa amiga’

La irregular atención sanitaria al extranjero en situación ilegal

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El ministro de Sanidad busca un acuerdo para devolver a los extranjeros en situación irregular la asistencia sanitaria primaria, tres años después de que el mismo Gobierno -con Ana Mato como titular de la cartera- aprobara el polémico Real Decreto que despojó de este derecho al colectivo. Esta norma no gusta ni a los miembros del propio Partido Popular, como demuestran los anuncios de deserción en varias comunidades autónomas, algunas gobernadas por ‘populares’. 

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Imagen: Moeh Atitar

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (MSSSI) busca un acuerdo para devolver a los inmigrantes irregulares la asistencia sanitaria. Lo hace tres años después de que el mismo Gobierno -aunque con Ana Mato a la cabeza- aprobara el polémico Real Decreto que despojó de este derecho al colectivo (RD 16/2012). Se trata de una norma que parece no satisfacer ni a los miembros del propio Partido Popular como demuestran los anuncios de ‘deserción’ desde el inicio, que se han multiplicado desde las elecciones autonómicas. El último, el del gobierno madrileño presidido por Cristina Cifuentes.

El penúltimo intento de enmienda de la situación se produjo esta semana. Sanidad presentó a las comunidades autónomas un acuerdo para armonizar la atención social y sanitaria a los extranjeros en situación irregular. Lo que el secretario de Estado de Sanidad y Consumo, Rubén Moreno, ha propuesto a los representantes de las consejerías es que los extranjeros en situación irregular y sin recursos acrediten una residencia de seis meses en España para poder tener acceso a una atención similar al resto de la población, aunque con una importante diferencia: para acudir al médico, se les dará un documento acreditativo previo a su inclusión en una base de datos “a la que se pueda acceder desde todos los centros sanitarios”.

Así, la situación actual es, como mínimo, indefinida. La pregunta que surge es cómo y por qué se ha llegado hasta aquí.

cobertura-sanitaria1. El Gobierno publica el Real Decreto-Ley 16/2012.

El 20 de abril de 2012, el Consejo de Ministros aprobaba el Real Decreto de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones. Era una propuesta del Ministerio de Sanidad presidido entonces por Ana Mato.

Según explica a El Español la presidenta de Médicos del Mundo España, Sagrario Martín, el propio nombre del decreto incluye la supuesta explicación del mismo. “Las razones que se aducen son económicas y enmarcadas en el contexto de la crisis”, comenta. Según el médico de Atención Primaria y economista de la salud Javier Padilla, hay otra razón: “Si un inmigrante irregular tiene derecho a la asistencia sanitaria en España, esta se traslada a cualquier país europeo al que vaya el inmigrante, que luego le facturaría su atención a España”. “No querían cargar con esto y la excusa fue siempre la del ahorro económico, pero sin datos para apoyar la medida”, comenta Padilla. Las autoridades sanitarias cuantificaron la medida en la “desactivación” de 800.000 tarjetas sanitarias.

A efectos prácticos, los extranjeros en situación irregular no podrían recibir atención sanitaria excepto en Urgencias. La excepción eran los niños y las mujeres embarazadas.

Tanto Padilla como Martín apuntan también a un cambio “menos divulgado y más importante” que supuso la entrada en vigor del decreto. “La atención sanitaria pasó de estar considerada como un derecho a estar vinculada al trabajo”, señala Padilla. O, en otras palabras, pasó de asociarse al pago de impuestos a hacerlo a la cotización laboral. Así, sólo las personas que cotizaban y sus beneficiarios tendrían derecho a una atención sanitaria y los que no lo hacían, no. En el caso de los españoles e inmigrantes ‘legales’, esto se solventaría asignando una partida presupuestaria para su atención médica. Para las personas en situación irregular, no. “Se da la tremenda e injusta paradoja de que los inmigrantes indocumentados pagan impuestos, pero no pueden acceder a la sanidad”, apunta Padilla.

La presidenta de Médicos del Mundo hace un símil con la educación: “Es como si sólo tuvieran derecho a la enseñanza los niños hijos de padres trabajadores; eso es lo que se hizo con la salud con la aprobación de este Real Decreto, impedir que la atención sanitaria sea un derecho universal”.

2. Varias CCAA anuncian que seguirán dando atención sanitaria a los inmigrantes indocumentados.

Lo que sucedió justo después de la aprobación del Real Decreto es definido por Martín como “un absoluto galimatías”. “Prácticamente todas las comunidades autónomas han ido proporcionando vías alternativas de entrada al sistema, aunque algunas han sido más rígidas y otras más díscolas”, subraya. Andalucía y Asturias anunciaron su rebeldía casi de inmediato y, para Padilla, son las que más han seguido tratando a los extranjeros en situación irregular.

Las medidas, efectivamente, fueron muy variadas. En algunas regiones, se les daba atención a los afectados con unos ingresos menores de una cifra determinada, en otras se les facilitaba la asistencia a atención primaria pero no especializada y en algunas el problema se centraba más en el acceso al medicamento. “Las desigualdades eran abismales”, comenta Martín, que cita un informe (PDF) publicado por Médicos del Mundo con datos sobre la situación dos años después.

Padilla apunta a la diferencia entre el derecho y el acceso. “Aunque algunas regiones bordeaban el problema dando tarjetas especiales, este derecho no llegaba a personas sin dominio del lenguaje o domicilio fijo, por citar sólo dos barreras de acceso”. En la misma línea, Martín apunta a la falta de información “incluso dentro de la misma comunidad”. Las consecuencias, según la ONG que preside: diagnóstico de muchas enfermedades cuando estas ya estaban avanzadas. El ejemplo paradigmático es la tuberculosis, que hasta su diagnóstico puede ser fácilmente transmisible, sobre todo si se vive en condiciones de hacinamiento. “La gente pensaba que no tenía derecho y a eso había que añadirle el miedo habitual que acompaña a este colectivo”. Padilla va más allá: “Ha habido gente que ha fallecido, aunque es muy difícil demostrar la relación causal”.

El médico comenta una medida que se puso en marcha de forma paralela: la creación de un registro de médicos objetores de conciencia que se negaban a desatender al colectivo afectado.

3. Navarra interpone un recurso contra el RD 16/2012 ante el Tribunal Constitucional, que lo admite a trámite.

Casi a la vez que algunas regiones anunciaban su rebeldía en la aplicación del Real Decreto, otras lo hacían por la vía legal. La primera fue Navarra, que interpuso un recurso contra la norma en el mes de julio de 2012. Le siguió Andalucía y Cataluña. Para la presidenta de Médicos del Mundo “cualquier forma de intentar frenar el Real Decreto” era un apoyo, aunque esta medida no estaba tan centrada en la práctica. “Era más por un tema de competencias, por saber si la gestión de la norma correspondía al Gobierno o a las comunidades autónomas”.

4. El ministro Alfonso Alonso anuncia que el Gobierno devolverá a los inmigrantes irregulares la atención primaria.

Durante casi tres años se sucedieron las noticias sobre la aplicación de la normativa, así como sobre las alternativas que ideaban las comunidades y las ONG para que nadie quedara sin asistencia sanitaria. En noviembre de 2014 dimitía Ana Mato y Alfonso Alonso era nombrado nuevo ministro de Sanidad. Apenas cuatro meses después de su nombramiento, abordaba el asunto de la atención sanitaria a los extranjeros en situación irregular y anunciaba que podrían acceder a la Atención Primaria. Una bienvenida a los ambulatorios que pilló por sorpresa a muchos.

“Las razones habría que pedírselas a ellos, pero nosotros no vimos ningún hilo conductor. Pudo influir un informe (PDF) del Defensor del Pueblo sobre la situación de las urgencias hospitalarias”, comenta Martín.  Para la presidenta de Médicos del Mundo, el anuncio “que no vino acompañado de nuevos pasos”, estaba acompañado de “conceptos peligrosos”. “Parecía que se devolvía la Atención Primaria para evitar colapsar las Urgencias, como si fuera los inmigrantes los que tuvieran la culpa de este colapso”, añade.

“Las Urgencias son más ineficientes y más intervencionistas, la Atención Primaria es más efectiva”

“Está claro que las Urgencias son más ineficientes y más intervencionistas, y que la Atención Primaria es más coste efectiva. Al final parecía lo que era: que la medida no había servido para ahorrar, porque lo que realmente hubiera ahorrado dinero era lo que no se podía hacer, suprimir la asistencia sanitaria en su totalidad, algo que afortunadamente no permiten los convenios internacionales”, comenta por su parte Padilla.

5. Aragón, Comunidad Valenciana, Baleares y Cantabria anuncian que darán cobertura sanitaria a inmigrantes.

El mayo de 2015 tienen lugar las elecciones autonómicas y municipales. A un cambio del panorama político se sucede un aluvión de anuncios de que se prestará atención sanitaria completa a los extranjeros en situación irregular. No es casual. En marzo de este mismo año todos los partidos de la oposicion, salvo Ciudadanos, habían pactado esto en una declaración institucional promovida por Médicos del Mundo. “Hubo un cambio en la balanza de poder y se apuntaron incluso comunidades en las que gobernaba el PP, aunque en minoría”, comenta Padilla, que cree que la reactivación del asunto tiene también que ver con la cercanía de las elecciones generales. “Es un tema que va a sonar”, apunta el médico.

Para Martín, el anuncio es “muy positivo”, aunque lógico dentro del compromiso adquirido por los partidos dos meses antes. “Se puso en marcha”, resume.

6. La Comunidad de Madrid anuncia que dará cobertura sanitaria a inmigrantes irregulares.

La última suma a esta rebelión masiva la ha protagonizado una figura emblemática del propio Partido Popular. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, que gobierna apoyada por Ciudadanos, anunció el pasado 22 de agosto que daría atención sanitaria a este colectivo. Aunque al principio habló de crear un documento especial para los extranjeros en situación irregular, el diario El País filtró un documento que ordenaba la atención inmediata a cualquier persona “con o sin documentación”.

7.  Sanidad propone crear un registro de inmigrantes irregulares para conseguir la atención sanitaria.

El pasado 25 de agosto, el MSSSI anunciaba su intención de devolver la atención sanitaria a inmigrantes irregulares, pero con una salvedad: lo harían tras inscribirse en un registro de personas en su situación. “De primeras, nos parece peligroso y disuasorio, además de multiplicar la burocracia con la creación del registro y no la eficiencia”, comenta Martín, que se pregunta por qué no volver a la situación anterior al Real Decreto. “Todos los que tenemos tarjeta sanitaria estamos en un registro, que es de la propia tarjeta, no hay necesidad de crear otro y encima excluyente”, añade.

“¿Quién se va a querer apuntar ahí?”, se pregunta por su parte Padilla, que recalca que esta propuesta no regula la atención sanitaria como derecho.

8. Sanidad propone que los inmigrantes lleven seis meses empadronados para recibir asistencia sanitaria.

La última pieza de este puzle (lejos de ser la última) es la propuesta lanzada esta semana por Sanidad a la Comisión de Prestaciones, Aseguramiento y Financiación. La principal novedad es que propone que los extranjeros acrediten una residencia de seis meses para poder recibir asistencia. Además, tendrán que identificarse, aportar “una justificación de no disponer de recursos suficientes”, una “declaración responsable de no tener cobertura sanitaria por ninguna otra vía” y un “documento de que no procede la exportación del derecho a la asistencia sanitaria”.

Con esta propuesta, Sanidad pretende “que no se genere la obligación para España de atender gratuitamente a personas cuya asistencia ha de ser cubierta por su país de origen” y que “no se pueda exportar el derecho a ser atendido en otro país a cargo del Sistema Nacional de Salud”.

Padilla cree que con esta medida “no se da el paso necesario de volver a considerar la asistencia sanitaria un derecho”, por lo que aboga por la derogación -“quizás no total”- del Real Decreto de la polémica. La presidenta de Médicos del Mundo en España se manifiesta en la misma línea. “El derecho a la salud tiene que ser un derecho humano”, concluye.

Más de 100 empleados públicos españoles usaron Ashley Madison desde su puesto de trabajo

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Las direcciones filtradas pertenecen a organismos como el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, el Senado o el Consejo de Seguridad Nacional. Decenas de empleados de comunidades autónomas, diputaciones y ayuntamientos se registraron en el portal de contactos desde la administración.

  • Las direcciones filtradas pertenecen a organismos como el Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, el Consejo de Seguridad Nacional y el Senado
  • Decenas de empleados de comunidades autónomas, diputaciones y ayuntamientos se registraron en el portal de contactos desde la administración

Más de 100 funcionarios y empleados públicos españoles utilizaron recursos del Estado para registrarse en Ashley Madison. Este colectivo utilizó una dirección de correo electrónico oficial y la conexión a Internet de la institución pública en la que trabajan para darse de alta en el sitio de contactos. Así lo revela el análisis pormenorizado de la base de datos de 10 gigabytes filtrada por el grupo The Impact Team con la información de cerca de 37 millones de usuarios registrados en todo el mundo.

La Unidad de Datos de EL ESPAÑOL ha hecho un análisis detallado de las direcciones de correo oficiales asociadas a dominios “.es” y “.cat” para comprobar el uso que se ha hecho de Ashley Madison desde empresas, organismos e instituciones de titularidad pública a nivel estatal, autonómico y local.

Esta página web de contactos no verifica las direcciones de correo electrónico que registran sus usuarios. Pero el análisis de cada cuenta junto con la dirección IP gubernamental que se utilizó en el proceso de alta permite conocer el uso realizado desde las instituciones públicas. Una IP es un conjunto de números que identifica a nivel global cualquier dispositivo conectado a Internet de manera única. Sin tener en consideración esta verificación de la IP, el número de cuentas de correo asociadas a instituciones públicas españolas registradas en Ashley Madison eleva las inscripciones hasta más de 600 perfiles.

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Hay al menos 40 instituciones desde donde se registraron empleados y funcionarios públicos con un correo electrónico oficial y utilizando la conexión a Internet de la administración correspondiente.  En esa lista hay nueve ministerios, nueve comunidades autónomas, cinco diputaciones, más de una docena de ayuntamientos y nueve empresas con una participación pública superior al 50%. Cerca del 95% de los perfiles asociados a estas cuentas dicen ser hombres.

También aparecen otros organismos estratégicos. El Consejo de Seguridad Nacional, creado por Rajoy el 2013 como máximo órgano gestor de la seguridad del Estado, cuenta con cinco perfiles registrados a través de una IP asociada a este organismo. Entre ellos, uno asociado a un correo del Consejo de Seguridad Nuclear, el organismo encargado de velar por la seguridad de las centrales nucleares españolas.

La institución del Defensor del Pueblo, los Puertos del Estado o el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA) también están presentes en esta lista. Algunos de sus miembros aparecen registrados en la base de datos de Ashley Madison con su cuenta de correo electrónico y desde la IP de la institución. 

EL ESPAÑOL ha decidido no publicar los datos personales ni cualquier otra información de los empleados y funcionarios públicos por respeto a su intimidad.

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El Ministerio de Defensa es uno de los organismos del Estado con mayor número de usuarios registrados en Ashley Madison con casi una veintena de perfiles. Existen cuentas asociadas a correos electrónicos de los tres ejércitos y de la operativa del propio ministerio que utilizaron su dirección y la conexión de Defensa para este fin. Le sigue el Ministerio de Interior con conexiones desde diferentes departamentos, entre los que destaca la Dirección General de la Policía. Los demás ministerios desde los que se han registrado perfiles en la página de contactos son Empleo, Sanidad, Agricultura, Hacienda, Justicia, Fomento e Industria. Hasta 33 perfiles fueron creados por personal que utilizó los recursos públicos facilitados por estos organismos.

A nivel autonómico destacan la Junta de Andalucía y la Generalitat valenciana con más de una decena de cuentas seguidas de las comunidades de Murcia, Aragón, Navarra, Galicia, Cataluña, Madrid y Ceuta. También destacan ayuntamientos como Madrid, Barcelona, La Coruña o Badajoz así como las diputaciones de provincias como Granada o Valencia. El tipo de tarea que desempeñan algunas de estas personas en sus respectivas administraciones es muy variado. Hay directores de área o departamento pero también funcionarios auxiliares.

En la base de datos filtrada no sólo encontramos organismos oficiales como ministerios o ayuntamientos. También hay una decena de cuentas registradas bajo correos oficiales de empresas públicas como RTVE, Renfe y Adif. Estos perfiles se registraron en Ashley Madison desde la conexión a Internet de la institución y utilizando el correo electrónico del trabajo.

Ligando desde el trabajo

Además del centenar que usaron la red y correo corporativo de un organismo público, al menos 2.600 perfiles de Ashley Madison se han registrado en la página web utilizando otras cuentas de correos desde la conexión a Internet de la institución pública a la que pertenecen.

EL ESPAÑOL ha realizado un ejercicio de búsqueda inversa para localizar en la base de datos filtrada por el grupo The Impact Team los rangos de direcciones de conexión a Internet (IP) de una gran parte de las instituciones públicas españolas. De esta forma, se ha localizado a usuarios que hicieron el proceso de registro en Ashley Madison con direcciones de correo personales (Gmail o Hotmail) pero desde la red de la administración.

Esta cifra no incluye todos los altos cargos, funcionarios o empleados públicos que utilizaron su puesto de trabajo en la administración para navegar por la web de contactos pero permite mostrar una estimación aproximada.

En este grupo de usuarios destacan cerca de 600 perfiles asociados en el proceso de alta a una dirección IP de la Junta de Andalucía, unos 500 perfiles desde la Generalitat catalana, cerca de 300 desde la red de la Generalitat valenciana y unos 130 desde la Comunidad de Madrid. Le siguen 150 perfiles que se conectaron desde la Xunta de Galicia y el mismo número desde el Ministerio de Defensa. Otros ministerios con perfiles registrados desde sus redes son Educación, Sanidad y Agricultura.

El análisis también revela que cerca de 50 usuarios se registraron en Ashley Madison desde direcciones IP que pertenecen a la Dirección General de la Policía. Hay 70 perfiles asociados al Ayuntamiento de Madrid, 34 del Ayuntamiento de Barcelona, 13 perfiles desde el Congreso, 10 desde el Senado y cuatro desde el Consejo del Poder Judicial, entre otros organismos e instituciones.

Políticos con perfiles falsos

Entre las direcciones de correo filtradas por The Impact Team se encuentran algunas de políticos españoles.

Un análisis elaborado por EL ESPAÑOL revela que se trata de una usurpación de sus cuentas oficiales aprovechando que Ashley Madison no dispone de un mecanismo de verificación del correo. Este hecho ha posibilitado que en los últimos días algunas de estas cuentas hayan aparecido en redes sociales como si fueran legítimas.

Entre las más destacadas aparecen cinco cuentas de diputados del Congreso registradas desde Argentina y Perú así como perfiles que se inscribieron simulando una posible cuenta en La Moncloa de los tres últimos presidentes del gobierno: José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy.

Las 25 obsesiones de EL ESPAÑOL

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Dice el Diccionario que una obsesión es “una idea que con tenaz persistencia asalta la mente”. Si esa idea es maligna -apoderarse de algo, dañar a alguien- o peligrosa -los deportes de alto riesgo- la obsesión desemboca a menudo en el delito o la desgracia. Pero si esa idea genera belleza, bienestar, justicia o libertad la obsesión se convierte en la mejor palanca de la creación artística, el progreso científico o el avance de la civilización porque la obsesión alimenta la fe, mantiene viva la esperanza e incita a la acción…

UN AGOSTO EN LA AVENIDA DE BURGOS (III)

Queridos accionistas y suscriptores:

Dice el Diccionario que una obsesión es “una idea que con tenaz persistencia asalta la mente”. Si esa idea es maligna -apoderarse de algo, dañar a alguien- o peligrosa -los deportes de alto riesgo- la obsesión desemboca a menudo en el delito o la desgracia. Pero si esa idea genera belleza, bienestar, justicia o libertad la obsesión se convierte en la mejor palanca de la creación artística, el progreso científico o el avance de la civilización porque la obsesión alimenta la fe, mantiene viva la esperanza e incita a la acción.

En el debate intelectual toda obsesión aporta el idealismo inconformista de quien aspira a perfeccionar las cosas. Frente a impulsos tan legítimos como egoístas, es un sentimiento generoso y altruista. El gran artista gráfico Alfred Stieglitz distinguía entre su “pasión” por la fotografía y su “obsesión” por la búsqueda de la verdad. Algo así como la famosa dicotomía de Isaiah Berlín entre el zorro que sabe muchas cosas y el erizo que sabe una gran cosa.

Nosotros, los fundadores de EL ESPAÑOL, no aspiramos a alcanzar ninguna certeza absoluta pero además de unos principios liberales, una conciencia cívica y un sentido solidario, fáciles de proclamar y compartir por la mayoría de nuestros conciudadanos -empezando por el resto de los medios de comunicación-, creemos tener una serie de ideas concretas que servirían para mejorar la calidad de nuestra democracia. Un agenda de propuestas capaces de impulsar en ámbitos diversos el progreso espiritual y material de los españoles.

Y si queremos transformarlas en obsesiones es porque la mayoría de ellas afectan a intereses creados, poderes constituidos e incluso a genes tan nefastos y arraigados en España como el inmovilismo y la pereza, que no bastaría con enunciarlas una o dos veces al año. Con eso no lograríamos nada. A lo sumo a escuchar la reverberación de una voz en el vacío.

No, es preciso “machacar y machacar”, como proponía Ramón Pérez de Ayala en su memorable artículo “Sobre la tontería”, publicado exactamente hace cien años en el número 35 de nuestra mater et magistra, la revista “España”. “Machacando se forja la reja del arado y se llega a la impalpable hoja o panal de oro. Machacando se consiguen los empeños, se ganan las batallas”.

Nosotros, los fundadores de EL ESPAÑOL, no aspiramos a alcanzar ninguna certeza absoluta pero […] creemos tener una serie de ideas concretas que servirían para mejorar la calidad de nuestra democracia.

El que sería considerado -junto a Ortega y Marañón- como uno de los tres “padres intelectuales” de la Segunda República pedía beligerancia constante frente al “monstruo enervante, fiero, espantoso, abrumador de la tontería… que en España tiene su madriguera”. ¿Cómo no sentir la actualidad de su diagnóstico cuando explicaba que el problema de nuestro país -y no digamos de nuestra clase política- es que “todos los tontos juntos parecen un sólo tonto” porque “cuando tropezamos con un nuevo tonto nos parece que es el mismo tonto con que antes habíamos tropezado innumerables veces”?

Ilustración: Javier Muñoz
Ilustración: Javier Muñoz

Basta recalar en los aborregados predios del Congreso y el Senado, no digamos de los parlamentos autonómicos, y escuchar a sus ortopédicos portavoces o a ministros, subsecretarios, consejeros, consellers o conselleiros para tener esa sensación tan coral como unívoca. Parafraseando a Espríu “diversas son las hablas, diversas las palabras”, pero “han convenido todas” en una misma lengua de madera: la de la cupulocracia. Se manda desde arriba, se obedece desde abajo, a costa del secuestro de nuestros derechos de participación política.

Por eso hay que “machacar y machacar”, por eso llamamos a nuestras prioridades “obsesiones”; porque ellos tienen las televisiones públicas y privadas, la prensa empapelada y todos los resortes del poder económico a su servicio. Nosotros, sólo la fuerza contagiosa de un movimiento ciudadano. Esta melodía regeneracionista -ni revolución ni inmovilismo, reformas radicales- debe sonar dos o tres veces por mes, dos o tres veces por semana, dos o tres veces por hora, dos o tres veces por minuto hasta ir calando como un chirimiri pertinaz y oxigenante en los huesos de la España que necesita el cambio.

Desde que el 1 de enero anuncié la fundación de EL ESPAÑOL vengo diciendo que lo haremos juntos. Ha llegado el momento de pasar a la acción. Aquí están nuestras 25 obsesiones a modo de ponencia. Si sois accionistas o suscriptores tenéis dos semanas para valorarlas, comentarlas, enmendarlas o completarlas. Puesto que seremos vuestra voz, esperamos vuestra ayuda para moldearla y modularla.

 

1.- España y las Españas

España es la morada vital de los españoles. Es también la entidad histórica y política que garantiza los derechos y libertades de todos los ciudadanos, la solidaridad entre sus habitantes y el anclaje con la Unión Europea. Tenemos mucho de lo que enorgullecernos y unas cuantas cosas de las que avergonzarnos. Debemos impulsar un patriotismo transversal basado en los valores constitucionales.

El interminable proceso de transferencias del Estado a las comunidades autónomas pone en peligro la eficacia del sistema, socava la igualdad entre españoles y amenaza la propia unidad nacional. Creemos que ha llegado el momento de cerrar el modelo territorial blindando en la Constitución las competencias exclusivas del Estado y fijando el techo de las competencias autonómicas.

España es una realidad plural. Algunos nacionalismos excluyentes plantean la segregación de sus territorios. Consideramos que es inaceptable la independencia de cualquier comunidad sin que lo decida el conjunto de los españoles o sus representantes.

Urge desarrollar el artículo 155 de la Constitución para garantizar la lealtad de los gobiernos autonómicos al principio de legalidad, modulando la retirada de competencias y demás respuestas del Estado en función de la gravedad de las conductas. También debería restablecerse la tipificación penal de la convocatoria de consultas ilegales.

Entendemos al mismo tiempo que todo grupo de ciudadanos debe tener la posibilidad de plantear cualquier aspiración por cauces democráticos. Sería conveniente pues que la reforma de la Constitución incluyera también la regulación del derecho de secesión, como por ejemplo ha hecho Canadá con la denominada ‘ley de claridad’. Una norma similar debería implicar a las Cortes Generales en ese eventual proceso estableciendo mayorías cualificadas y otras restricciones para que resultara válido.

2.- Otra ley electoral

Seguimos teniendo la ley electoral improvisada en 1977 cuando ni siquiera se había redactado la Constitución. Es una norma que castiga a las minorías y sobre todo deja el control de diputados y senadores en manos de las cúpulas de sus partidos. Hay que ir a un sistema que recoja más fielmente las preferencias de los ciudadanos, de forma que exista mayor proporción entre los votos y los escaños. También debe reforzarse el vínculo entre los diputados y sus electores. El modelo alemán debería ser el ejemplo a seguir: es más proporcional y da opción a elegir de forma directa a una parte de los parlamentarios en circunscripciones uninominales.

3.- Separar al Ejecutivo del Legislativo

No hay democracia auténtica sin una división real de los poderes del Estado. Planteamos avanzar hacia un régimen presidencialista que establezca una separación entre el Gobierno y el Parlamento. Un jefe del Ejecutivo elegido directamente por los ciudadanos tendría un mandato claro para gobernar pero no para legislar a su gusto. De la misma forma, los parlamentarios tendrían independencia para aprobar leyes y fiscalizar al Gobierno, pero no para determinar su gestión. Es el sistema de equilibrios y contrapesos, habitualmente republicano pero compatible con la Monarquía.

4.- Jueces independientes

Es imprescindible impulsar y proteger la independencia de los jueces frente a las injerencias del poder político. Hay que reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial para restablecer el principio constitucional de que sean los magistrados quienes elijan de forma directa a la mayoría de los miembros del CGPJ. Por otra parte, el fiscal general debería ser nombrado por una mayoría cualificada del Parlamento y no por el Gobierno

5.- Democratizar los partidos

Los partidos están controlados por sus cúpulas, elegidas a menudo a dedo. Hay que desarrollar el artículo 6 de la Constitución que establece que su “estructura y funcionamiento interno deberán ser democráticos”. Una ley tendría que supeditar las subvenciones que reciben las formaciones políticas a requisitos como la elección de sus líderes mediante el voto de los afiliados, la celebración de primarias para designar los candidatos a cargos públicos relevantes o la limitación de mandatos.

6.- Combatir la corrupción

La corrupción encuentra el campo abonado allí donde hay opacidad. La sociedad tiene que poder examinar la gestión de los servidores públicos y debe poder acceder de forma sencilla a cualquier información relevante. Las leyes de transparencia han de hacer justicia a su nombre y transformar los muros de la Administración en paredes de cristal.

Para recuperar la confianza de los ciudadanos en las instituciones también debe acometerse una reforma de la Ley de Contratos del Estado que elimine la arbitrariedad en la toma de decisiones. Hay que reforzar las garantías de imparcialidad y correcto funcionamiento de la Administración devolviendo el protagonismo a funcionarios de carrera que han sido sustituidos por personal de confianza y de libre designación. Hay que perseguir también a los corruptores: las empresas condenadas con sentencia firme no deberían volver a participar en concursos públicos. Ningún dirigente beneficiado por la financiación ilegal de su partido debería poder volver a presentarse a las elecciones.

7.- Adelgazar la Administración

Los gobernantes han creado un aparato elefantiásico pensando más en intereses políticos que en el servicio a los ciudadanos. El resultado es una Administración cara, sobredimensionada e ineficiente. Urge acabar con la duplicación de competencias y suprimir órganos como consejos jurídicos consultivos, tribunales de cuentas o defensores del pueblo autonómicos. Se impone la reducción de parlamentarios regionales y la supresión de las diputaciones provinciales.

8.- Bajar los impuestos

Aunque la presión fiscal en España apenas llegue al 33% y sea una de las más bajas de la OCDE, la dimensión de la economía sumergida y el fraude a altos niveles hacen que el peso de la recaudación se concentre en el IRPF y el IVA. Una carga tributaria superior al 50% de sus ingresos como la que soportan muchos contribuyentes, convierte los impuestos en un arma confiscatoria en manos del Estado. Por otra parte, las autoridades deben aplicar criterios equitativos: ni la cultura se puede gravar con un IVA del 21% ni la prensa electrónica deber soportar una carga fiscal mayor que la prensa tradicional. También hay que combatir más resueltamente el fraude a Hacienda.

9.- Menos multas de tráfico

La Administración ha encontrado en las multas de tráfico -tanto en vías urbanas como en carretera- una vía fácil para obtener ingresos. La mayoría de infracciones sancionadas, con cámaras, radares y controles estratégicamente situados, no suponen peligro alguno para el conductor ni para el resto de automovilistas. Lo que se persigue no es la seguridad vial sino, descaradamente, la recaudación. Las multas tienen que recuperar su verdadero sentido como freno a las conductas imprudentes y guardar, en su cuantía económica, proporción con la falta cometida.

10.- Mejor enseñanza con más inglés

España viene invirtiendo ingentes cantidades de dinero público en la enseñanza sin que ello se traduzca en una mejora de su calidad. Hay que reestructurar el sistema, garantizando la escolaridad temprana, de 0 a 3 años, moldeando la secundaria según las aptitudes de los alumnos y rompiendo la endogamia de las universidades para que sean viveros de talento y cualificación profesional. Hay que ir también a una armonización de programas. No es serio que en cada autonomía se estudie la Historia con versiones distintas o incluso opuestas de unos mismos hechos. Uno de los síntomas del fracaso de nuestro modelo educativo es la baja capacitación en inglés de los españoles. El inglés, como lengua de comunicación internacional, debería ser una prioridad a todos los niveles.

11.- Libertad en la lengua vehicular

En algunos lugares de España las lenguas han dejado de ser un instrumento de comunicación de las personas y se han convertido en una herramienta política. Para evitar imposiciones y asegurar el bilingüismo donde lo hay -ésa y no otra es la auténtica normalización- debe quedar garantizada la libre elección de lengua vehicular en la enseñanza y en las relaciones de los ciudadanos con la Administración. Es intolerable que haya comunidades en las que la lengua oficial del Estado sea excluida de facto de uno y otro ámbito.

12.- Reducir el paro juvenil

Un país que quiere mirar el futuro con confianza no puede tener a la mitad de sus jóvenes en paro. Todo Gobierno debe presentar un plan de choque contra esta lacra. Hay que dar facilidades para la contratación de menores de 30 años y se tiene que simplificar el mercado laboral con un contrato único que facilite la gestión al empresario y dé mayores garantías y seguridad al trabajador.

13.- Igualdad salarial para la mujer

Según un informe de la UE la brecha salarial entre hombres y mujeres en España es del 19,3%, cuando la media de la zona euro está en el 16,6%. Ello obedece tanto a la discriminación directa -igual trabajo, menor salario- como al tipo de empleos que se conceden a las mujeres. Sin embargo el número de mujeres graduadas en educación superior en España supera ya en casi un 30% al de hombres. Estos datos reflejan una injusticia que la sociedad no debe consentir.

14.- Apoyar a los emprendedores

Ser emprendedor sigue siendo hoy en España una carrera de obstáculos: lejos de encontrar facilidades todo son trabas y trámites burocráticos que se eternizan en los despachos. La propia historia de la creación de EL ESPAÑOL da fe de ello. Hay que simplificar de una vez los procesos administrativos para fundar empresas, que son la base de la riqueza de un país.

15.- Igualdad sanitaria con muerte digna

Todos los ciudadanos españoles deben tener derecho a las mismas prestaciones, independientemente del territorio en el que residan. Además, un paciente nunca tendría que sentirse intruso en una región que no sea la suya. Hay que implantar una sola tarjeta sanitaria en todo el país.

Los avances médicos permiten hoy mantener con vida a enfermos terminales que se hallan en una situación irreversible. Por encima del deber médico de luchar por la vida creemos que está el derecho del paciente a morir dignamente sin que se empleen con él medios desproporcionados que alarguen su agonía. En España debe abrirse, como ocurre ya en otros países, el debate de la despenalización del suicidio asistido en determinados supuestos.

16.- Más Europa

España tiene que sumarse a quienes apuestan por dar un nuevo impulso a la Unión Europea. Sólo unidos, los europeos podrán recuperar su posición estratégica y tener voz y protagonismo en el nuevo orden mundial que se está configurando. Para ello es imprescindible superar el déficit democrático de la UE, reducir su burocracia y establecer una política económica común en la zona euro.

17.- Las víctimas del terrorismo

La memoria y el respeto hacia quienes han sufrido esa barbarie no puede languidecer por el hecho de que hayan cesado el secuestro y el tiro en la nuca. Las monstruosidades que ETA y otros grupos terroristas han cometido en España y el sacrificio de sus víctimas no pueden ser amortizadas por el presentismo. La pervivencia de la amenaza yihadista y el ascenso de fuerzas políticas que insisten en situar en un mismo plano a asesinos y asesinados, añade motivos para reforzar la protección de las víctimas. Ellas son el mejor estandarte para deslegitimar social y políticamente cualquier proyecto totalitario. Las autoridades tienen que esforzarse por resolver los crímenes de ETA aún pendientes de esclarecer, de la misma forma que están obligadas a investigar cualquier elemento que contribuya a clarificar en todos sus extremos los atentados del 11-M.

18.- Evitar la muerte de inmigrantes

La tragedia que supone que miles de jóvenes desesperados mueran cada año intentando alcanzar el Primer Mundo no puede sernos ajena. España, por su situación geográfica, conoce bien el problema. Es un asunto que hay que abordar con realismo: es imposible acoger a todas las personas que están dispuestas a abandonar sus países. Ningún Estado del mundo permite la entrada libre de inmigrantes en su territorio porque sus efectos serían catastróficos. Cabe actuar en la prevención, invirtiendo en los países de origen de los inmigrantes, ofreciendo información y cerrando acuerdos con sus autoridades para regular flujos asumibles. También hay que actuar contra las mafias del tráfico de seres humanos. Se trata, pues, de una política que por su alcance y envergadura debe coordinarse dentro de la Unión Europea.

19.- Proteger el bosque, repartir el agua

Conservar la naturaleza y aprovechar bien sus recursos deben ser dos caras de una misma moneda. Recuperar masa forestal debe ser una prioridad en un país como España, en grave riesgo de desertización. Salvar el bosque es preservar la riqueza de nuestra biodiversidad, la flora y la fauna. De la misma forma, hay que actuar en el mar, restringiendo zonas a la pesca, para que nuestras aguas no acaben esquilmadas.

El agua es vital para la economía y la cohesión de un país. En España está mal repartida. Su gestión tiene que ser una competencia nacional. Sólo con visión de Estado, a través de un Plan Hidrológico Nacional, se puede contribuir a una mejor distribución de los recursos hídricos.

20.- El coche eléctrico

El progresivo deterioro del medio ambiente es inquietante en todo el mundo y se ha agravado como consecuencia del calentamiento global. España tiene que ser ejemplar en la reducción de emisiones y en el ahorro energético. El coche eléctrico es una opción realista. Habría que fomentar su implantación dando facilidades para su compra y para la recarga de baterías.

21.- Internet para todos, internet neutral

En la era de la comunicación hay que facilitar la conectividad invirtiendo en infraestructuras. Las autoridades deben hacer un esfuerzo facilitador para que la oferta de conectividad sea adecuada en cobertura y ancho de banda en todos los espacios urbanos, de manera que sea una herramienta verdaderamente útil y al alcance de los ciudadanos.

Las operadoras de telecomunicaciones deben garantizar la no discriminación en el envío y recepción de datos. Los ciudadanos y las empresas tienen derecho a que el tráfico de datos recibido o generado no sea manipulado, tergiversado, impedido, desviado, priorizado o retrasado en función del tipo de contenido, del protocolo o aplicación utilizado, del origen o destino de la comunicación ni de cualquier otra consideración ajena a la de su propia voluntad. Ese tráfico se tratará como una comunicación privada y únicamente bajo mandato judicial podrá ser intervenido.

22.- Libertad en la televisión

Los políticos deben dejar de contemplar la televisión como un instrumento de propaganda a su servicio. Hay que cerrar todas las televisiones públicas que supongan un agujero para el erario. También hay que fomentar el pluralismo en vez del duopolio en la concesión de franjas del espacio radioeléctrico y, sobre todo, propiciar el aumento del ancho de banda que impulse la distribución de contenidos televisivos a través de internet.

23.- El ojo de halcón en el fútbol

La tecnología se ha introducido en el deporte para hacer justicia en los lances controvertidos que pueden ser decisivos para el resultado de un encuentro. El baloncesto o el tenis son dos buenos ejemplos. Sin embargo, el fútbol, el deporte que más aficionados moviliza y mayor negocio genera, sigue mostrándose reacio a incorporar los avances tecnológicos. Es un error que hay que corregir, particularmente en un momento en el que las sospechas acerca de la limpieza de la competición pueden dispararse como consecuencia del protagonismo que han adquirido las apuestas deportivas.

24.- Contra la mala educación

En España se grita en lugares públicos, se insulta en los lances de tráfico, se silban los himnos, se circula con motocicletas ruidosas a horas intempestivas, se aparca por sistema en doble fila, se dejan los excrementos de los perros en las calles, parques y jardines, se escupe en el empedrado, se arrojan cáscaras de crustáceos al suelo de los bares, se olvida usar el desodorante incluso en plena canícula, se tutea a cualquier desconocido, se injuria y blasfema en los recintos deportivos. Por desgracia en eso aun somos diferentes. Por eso, la mejora del civismo debe ser un empeño de todos: de la Administración y de los propios ciudadanos.

25.- La Ñ

El español es la lengua que nos abre las puertas de un continente entero y nos proyecta al mundo, donde lo hablan más de 500 millones de personas. La ñ es un símbolo de su riqueza en la medida en que representa con una sola letra un fonema para el que otros idiomas necesitan dos. A todos los españoles nos interesa que los grandes actores de internet incluyan la ñ en sus sistemas operativos y que la Unión Europea -en contra de su actitud inicial- proteja e impulse su utilización.

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Ley de Seguridad Nacional: la democracia en rebajas

pareja

Los firmantes de este artículo critican que el Proyecto de Ley de Seguridad Nacional mantenga una redacción ambigua sobre si, de agravarse el conflicto catalán, el Presidente del Gobierno podría, sin control parlamentario, declararlo como una “situación de interés para la Seguridad Nacional” que supondría “la obligación de las autoridades competentes de aportar los medios humanos y materiales necesarios que se encuentren bajo su dependencia”.

* Firman también esta tribuna: Emilia Sánchez, Inmaculada Ranera, Nacho Corredor, Helena Ancos, Gina Giró, Carlota Reboll y Nagore de los Ríos

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.

Quienes firmamos esta tribuna no estamos de acuerdo acerca de si Cataluña debe ser independiente, ni tampoco en si corresponde sólo a los catalanes decidirlo. Sin embargo, sí estamos de acuerdo en que la democracia es el valor supremo para resolver las disensiones políticas, y en que incluso quienes persiguen fines antagónicos deben intentar buscar los procedimientos más garantistas para debatir y decidir, pese a que a veces no sea fácil determinar qué es “lo más democrático”.

En consecuencia, en lo que sí estamos todos de acuerdo es en rechazar que el Proyecto de Ley de Seguridad Nacional –que ahora se debate en el Congreso de los Diputados– mantenga una redacción ambigua sobre si, de agravarse el conflicto catalán, el Presidente del Gobierno podría, sin control parlamentario, declararlo como una “situación de interés para la Seguridad Nacional” que supondría “la obligación de las autoridades competentes de aportar los medios humanos y materiales necesarios que se encuentren bajo su dependencia”.

También estamos de acuerdo en denunciar que este Proyecto de Ley –que sin duda es útil en otras disposiciones para enfrentarse a la amenaza terrorista– pretende, con eufemismos (como “situación” en vez de “estado”) y otros atajos jurídicos, dejar en manos del Gobierno medidas para las que la Constitución exige autorización parlamentaria: a través de los estados de alarma, excepción o sitio, si de manera general se altera la “normalidad”; o específicamente a través del procedimiento del artículo 155 de la Constitución Española para intervenir el funcionamiento de una Comunidad Autónoma en caso de incumplimiento de sus obligaciones legales o actuación contra el interés general de España.

Sí estamos de acuerdo en no desear que se lleguen a aplicar esos supuestos: unos porque esperamos que no sea necesario porque el independentismo se repliegue tras un fracaso el 27-S, otros porque deseamos que triunfe y no se obstruyan sus reivindicaciones, y otros porque en caso de vencer el independentismo esperamos que se abra un proceso de negociación política que facilite la convivencia entre las partes. No estamos, pues, de acuerdo en si se debería recurrir al artículo 155 en caso de agravarse el conflicto.

Sí estamos de acuerdo, no obstante, en que este artículo supone unas mayores garantías democráticas de contraste (antes de actuar el Gobierno debe haber un requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma), y de debate y control por el cuerpo político (se exige la aprobación previa por mayoría absoluta del Senado), frente a la decisión unilateral gubernativa que sería posible de aprobarse el Proyecto de Ley en trámite.

Desgraciadamente, este miércoles por la mañana la Comisión Constitucional (ni siquiera han considerado adecuado que se votara por el Pleno) ha dado el visto bueno al Proyecto de Ley de Seguridad Nacional con votos favorables del PP, PSOE y UPyD. Sus defensores indican que no tiene “nada que ver” con el conflicto catalán, pero lo que cuentan no son las declaraciones, sino el texto de una ley deliberadamente ambiguo, que azuza la desconfianza en esta cuestión a la vez que debilita los procedimientos democráticos para resolverla. Pasa ahora al Senado donde, pese a la costumbre de que los proyectos gubernamentales se tramiten en un paseo triunfal, esperemos que se devuelva el Proyecto de Ley para defender una de las pocas competencias propias de la Cámara Alta: pronunciarse en los supuestos de conflicto con las Comunidades Autónomas que recoge el artículo 155 de la Constitución.

* Firman también esta tribuna otros miembros del Foro Más Democracia: Emilia Sánchez, Inmaculada Ranera, Nacho Corredor, Helena Ancos, Gina Giró, Carlota Reboll y Nagore de los Ríos