La irregular atención sanitaria al extranjero en situación ilegal

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El ministro de Sanidad busca un acuerdo para devolver a los extranjeros en situación irregular la asistencia sanitaria primaria, tres años después de que el mismo Gobierno -con Ana Mato como titular de la cartera- aprobara el polémico Real Decreto que despojó de este derecho al colectivo. Esta norma no gusta ni a los miembros del propio Partido Popular, como demuestran los anuncios de deserción en varias comunidades autónomas, algunas gobernadas por ‘populares’. 

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Imagen: Moeh Atitar

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (MSSSI) busca un acuerdo para devolver a los inmigrantes irregulares la asistencia sanitaria. Lo hace tres años después de que el mismo Gobierno -aunque con Ana Mato a la cabeza- aprobara el polémico Real Decreto que despojó de este derecho al colectivo (RD 16/2012). Se trata de una norma que parece no satisfacer ni a los miembros del propio Partido Popular como demuestran los anuncios de ‘deserción’ desde el inicio, que se han multiplicado desde las elecciones autonómicas. El último, el del gobierno madrileño presidido por Cristina Cifuentes.

El penúltimo intento de enmienda de la situación se produjo esta semana. Sanidad presentó a las comunidades autónomas un acuerdo para armonizar la atención social y sanitaria a los extranjeros en situación irregular. Lo que el secretario de Estado de Sanidad y Consumo, Rubén Moreno, ha propuesto a los representantes de las consejerías es que los extranjeros en situación irregular y sin recursos acrediten una residencia de seis meses en España para poder tener acceso a una atención similar al resto de la población, aunque con una importante diferencia: para acudir al médico, se les dará un documento acreditativo previo a su inclusión en una base de datos “a la que se pueda acceder desde todos los centros sanitarios”.

Así, la situación actual es, como mínimo, indefinida. La pregunta que surge es cómo y por qué se ha llegado hasta aquí.

cobertura-sanitaria1. El Gobierno publica el Real Decreto-Ley 16/2012.

El 20 de abril de 2012, el Consejo de Ministros aprobaba el Real Decreto de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones. Era una propuesta del Ministerio de Sanidad presidido entonces por Ana Mato.

Según explica a El Español la presidenta de Médicos del Mundo España, Sagrario Martín, el propio nombre del decreto incluye la supuesta explicación del mismo. “Las razones que se aducen son económicas y enmarcadas en el contexto de la crisis”, comenta. Según el médico de Atención Primaria y economista de la salud Javier Padilla, hay otra razón: “Si un inmigrante irregular tiene derecho a la asistencia sanitaria en España, esta se traslada a cualquier país europeo al que vaya el inmigrante, que luego le facturaría su atención a España”. “No querían cargar con esto y la excusa fue siempre la del ahorro económico, pero sin datos para apoyar la medida”, comenta Padilla. Las autoridades sanitarias cuantificaron la medida en la “desactivación” de 800.000 tarjetas sanitarias.

A efectos prácticos, los extranjeros en situación irregular no podrían recibir atención sanitaria excepto en Urgencias. La excepción eran los niños y las mujeres embarazadas.

Tanto Padilla como Martín apuntan también a un cambio “menos divulgado y más importante” que supuso la entrada en vigor del decreto. “La atención sanitaria pasó de estar considerada como un derecho a estar vinculada al trabajo”, señala Padilla. O, en otras palabras, pasó de asociarse al pago de impuestos a hacerlo a la cotización laboral. Así, sólo las personas que cotizaban y sus beneficiarios tendrían derecho a una atención sanitaria y los que no lo hacían, no. En el caso de los españoles e inmigrantes ‘legales’, esto se solventaría asignando una partida presupuestaria para su atención médica. Para las personas en situación irregular, no. “Se da la tremenda e injusta paradoja de que los inmigrantes indocumentados pagan impuestos, pero no pueden acceder a la sanidad”, apunta Padilla.

La presidenta de Médicos del Mundo hace un símil con la educación: “Es como si sólo tuvieran derecho a la enseñanza los niños hijos de padres trabajadores; eso es lo que se hizo con la salud con la aprobación de este Real Decreto, impedir que la atención sanitaria sea un derecho universal”.

2. Varias CCAA anuncian que seguirán dando atención sanitaria a los inmigrantes indocumentados.

Lo que sucedió justo después de la aprobación del Real Decreto es definido por Martín como “un absoluto galimatías”. “Prácticamente todas las comunidades autónomas han ido proporcionando vías alternativas de entrada al sistema, aunque algunas han sido más rígidas y otras más díscolas”, subraya. Andalucía y Asturias anunciaron su rebeldía casi de inmediato y, para Padilla, son las que más han seguido tratando a los extranjeros en situación irregular.

Las medidas, efectivamente, fueron muy variadas. En algunas regiones, se les daba atención a los afectados con unos ingresos menores de una cifra determinada, en otras se les facilitaba la asistencia a atención primaria pero no especializada y en algunas el problema se centraba más en el acceso al medicamento. “Las desigualdades eran abismales”, comenta Martín, que cita un informe (PDF) publicado por Médicos del Mundo con datos sobre la situación dos años después.

Padilla apunta a la diferencia entre el derecho y el acceso. “Aunque algunas regiones bordeaban el problema dando tarjetas especiales, este derecho no llegaba a personas sin dominio del lenguaje o domicilio fijo, por citar sólo dos barreras de acceso”. En la misma línea, Martín apunta a la falta de información “incluso dentro de la misma comunidad”. Las consecuencias, según la ONG que preside: diagnóstico de muchas enfermedades cuando estas ya estaban avanzadas. El ejemplo paradigmático es la tuberculosis, que hasta su diagnóstico puede ser fácilmente transmisible, sobre todo si se vive en condiciones de hacinamiento. “La gente pensaba que no tenía derecho y a eso había que añadirle el miedo habitual que acompaña a este colectivo”. Padilla va más allá: “Ha habido gente que ha fallecido, aunque es muy difícil demostrar la relación causal”.

El médico comenta una medida que se puso en marcha de forma paralela: la creación de un registro de médicos objetores de conciencia que se negaban a desatender al colectivo afectado.

3. Navarra interpone un recurso contra el RD 16/2012 ante el Tribunal Constitucional, que lo admite a trámite.

Casi a la vez que algunas regiones anunciaban su rebeldía en la aplicación del Real Decreto, otras lo hacían por la vía legal. La primera fue Navarra, que interpuso un recurso contra la norma en el mes de julio de 2012. Le siguió Andalucía y Cataluña. Para la presidenta de Médicos del Mundo “cualquier forma de intentar frenar el Real Decreto” era un apoyo, aunque esta medida no estaba tan centrada en la práctica. “Era más por un tema de competencias, por saber si la gestión de la norma correspondía al Gobierno o a las comunidades autónomas”.

4. El ministro Alfonso Alonso anuncia que el Gobierno devolverá a los inmigrantes irregulares la atención primaria.

Durante casi tres años se sucedieron las noticias sobre la aplicación de la normativa, así como sobre las alternativas que ideaban las comunidades y las ONG para que nadie quedara sin asistencia sanitaria. En noviembre de 2014 dimitía Ana Mato y Alfonso Alonso era nombrado nuevo ministro de Sanidad. Apenas cuatro meses después de su nombramiento, abordaba el asunto de la atención sanitaria a los extranjeros en situación irregular y anunciaba que podrían acceder a la Atención Primaria. Una bienvenida a los ambulatorios que pilló por sorpresa a muchos.

“Las razones habría que pedírselas a ellos, pero nosotros no vimos ningún hilo conductor. Pudo influir un informe (PDF) del Defensor del Pueblo sobre la situación de las urgencias hospitalarias”, comenta Martín.  Para la presidenta de Médicos del Mundo, el anuncio “que no vino acompañado de nuevos pasos”, estaba acompañado de “conceptos peligrosos”. “Parecía que se devolvía la Atención Primaria para evitar colapsar las Urgencias, como si fuera los inmigrantes los que tuvieran la culpa de este colapso”, añade.

“Las Urgencias son más ineficientes y más intervencionistas, la Atención Primaria es más efectiva”

“Está claro que las Urgencias son más ineficientes y más intervencionistas, y que la Atención Primaria es más coste efectiva. Al final parecía lo que era: que la medida no había servido para ahorrar, porque lo que realmente hubiera ahorrado dinero era lo que no se podía hacer, suprimir la asistencia sanitaria en su totalidad, algo que afortunadamente no permiten los convenios internacionales”, comenta por su parte Padilla.

5. Aragón, Comunidad Valenciana, Baleares y Cantabria anuncian que darán cobertura sanitaria a inmigrantes.

El mayo de 2015 tienen lugar las elecciones autonómicas y municipales. A un cambio del panorama político se sucede un aluvión de anuncios de que se prestará atención sanitaria completa a los extranjeros en situación irregular. No es casual. En marzo de este mismo año todos los partidos de la oposicion, salvo Ciudadanos, habían pactado esto en una declaración institucional promovida por Médicos del Mundo. “Hubo un cambio en la balanza de poder y se apuntaron incluso comunidades en las que gobernaba el PP, aunque en minoría”, comenta Padilla, que cree que la reactivación del asunto tiene también que ver con la cercanía de las elecciones generales. “Es un tema que va a sonar”, apunta el médico.

Para Martín, el anuncio es “muy positivo”, aunque lógico dentro del compromiso adquirido por los partidos dos meses antes. “Se puso en marcha”, resume.

6. La Comunidad de Madrid anuncia que dará cobertura sanitaria a inmigrantes irregulares.

La última suma a esta rebelión masiva la ha protagonizado una figura emblemática del propio Partido Popular. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, que gobierna apoyada por Ciudadanos, anunció el pasado 22 de agosto que daría atención sanitaria a este colectivo. Aunque al principio habló de crear un documento especial para los extranjeros en situación irregular, el diario El País filtró un documento que ordenaba la atención inmediata a cualquier persona “con o sin documentación”.

7.  Sanidad propone crear un registro de inmigrantes irregulares para conseguir la atención sanitaria.

El pasado 25 de agosto, el MSSSI anunciaba su intención de devolver la atención sanitaria a inmigrantes irregulares, pero con una salvedad: lo harían tras inscribirse en un registro de personas en su situación. “De primeras, nos parece peligroso y disuasorio, además de multiplicar la burocracia con la creación del registro y no la eficiencia”, comenta Martín, que se pregunta por qué no volver a la situación anterior al Real Decreto. “Todos los que tenemos tarjeta sanitaria estamos en un registro, que es de la propia tarjeta, no hay necesidad de crear otro y encima excluyente”, añade.

“¿Quién se va a querer apuntar ahí?”, se pregunta por su parte Padilla, que recalca que esta propuesta no regula la atención sanitaria como derecho.

8. Sanidad propone que los inmigrantes lleven seis meses empadronados para recibir asistencia sanitaria.

La última pieza de este puzle (lejos de ser la última) es la propuesta lanzada esta semana por Sanidad a la Comisión de Prestaciones, Aseguramiento y Financiación. La principal novedad es que propone que los extranjeros acrediten una residencia de seis meses para poder recibir asistencia. Además, tendrán que identificarse, aportar “una justificación de no disponer de recursos suficientes”, una “declaración responsable de no tener cobertura sanitaria por ninguna otra vía” y un “documento de que no procede la exportación del derecho a la asistencia sanitaria”.

Con esta propuesta, Sanidad pretende “que no se genere la obligación para España de atender gratuitamente a personas cuya asistencia ha de ser cubierta por su país de origen” y que “no se pueda exportar el derecho a ser atendido en otro país a cargo del Sistema Nacional de Salud”.

Padilla cree que con esta medida “no se da el paso necesario de volver a considerar la asistencia sanitaria un derecho”, por lo que aboga por la derogación -“quizás no total”- del Real Decreto de la polémica. La presidenta de Médicos del Mundo en España se manifiesta en la misma línea. “El derecho a la salud tiene que ser un derecho humano”, concluye.

Podemos ocultó el ‘pucherazo’ en Alicante y expedientó a los consejeros denunciantes

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La dirección de Podemos silenció durante tres meses el posible pucherazo en las primarias municipales de Alicante y lejos de investigar la posible manipulación del censo, abrió expediente a los denunciantes. Según ha podido confirmar EL ESPAÑOL, las primeras pruebas sobre las conversaciones que hablan de alterar el curso de las votaciones -y que ponen en cuestión el método empleado por la formación en toda España- fueron trasladadas de forma verbal a la dirección del partido el pasado mes de marzo. Sin embargo, la investigación oficial se abrió tres meses después, solo cuando las conversaciones saltaron a la prensa. 

Los ‘pisos francos’ de Podemos en Alicante 

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La dirección de Podemos silenció durante tres meses el posible pucherazo en las primarias municipales de Alicante y lejos de investigar la posible manipulación del censo, expedientó a los denunciantes. Según ha podido confirmar EL ESPAÑOL, las primeras pruebas sobre las conversaciones que hablan de alterar el curso de las votaciones -y que ponen en cuestión el método empleado por la formación en toda España- fueron trasladadas de forma verbal a la dirección del partido el pasado mes de marzo. Sin embargo, la investigación oficial sobre el caso se abrió tres meses después, solo cuando las conversaciones sobre el presunto amaño de las elecciones saltaron a la prensa.  

El pasado 21 de marzo, tres meses antes de que estallara el caso, Podemos realizó un encuentro intercomarcal de círculos en las instalaciones de la Universidad de Alicante. Y allí, miembros críticos de la candidatura Sí Se Puede -avalada por Pablo Iglesias- hicieron llegar de forma extraoficial su preocupación por la presunta manipulación del censo. El mensaje fue trasmitido directamente a Antonio Montiel, diputado autonómico y cabeza de lista de Podemos en la Comunidad Valenciana.

Según ha confirmado EL ESPAÑOL, Montiel recibió entonces y en los días posteriores -tanto por vía telefónica como por correo electrónico- explicaciones de cómo miembros de la candidatura oficialista habrían inscrito a familiares y amigos en direcciones ficticias de Alicante para recibir sus votos. Además, los consejeros críticos alertaron a Montiel de que -según su versión- los responsables del Consejo Ciudadano planeaban manipular las actas de sus reuniones e incumplir con ello los estatutos de Podemos.

Denuncias y castigo

La falta de investigación por parte de la dirección del partido -sumada a la confrontación con el resto de los consejeros por la forma de integrarse en la marca Guanyem- supuso la dimisión pública de cuatro miembros del Consejo Ciudadano de Alicante: Pau González, Juan Carlos Reoio, Magdalena Díaz y Jesús Naranjo, que fueron acusados por sus compañeros de filtrar información a la prensa. Los cuatro dejaron públicamente su cargo el pasado 3 de abril y una semana después explicaron sus razones en una asamblea local de Podemos.

Dos semanas más tarde, exactamente el 19 de abril de 2015 y tras la conversación con el líder autonómico de Podemos, el Consejo de Coordinación de la Comunidad Valenciana comunicó de forma oficial la apertura de un expediente sancionador. Pero los afectados no eran quienes intentaron inscribir a sus familiares en Alicante para recibir sus votos, sino quienes denunciaron a sus superiores el amaño.

El documento -enviado por la dirección del partido en la Comunidad Valenciana- abre un expediente sancionador a ocho personas. Ocho militantes de Podemos entre los que se encuentra la cabeza de lista de la candidatura crítica, Nerea Belmonte -actual concejala del ayuntamiento de Alicante- dos de sus compañeros y los cuatro miembros díscolos de la lista avalada por Pablo Iglesias en Alicante. El documento les sanciona entre otras cosas por criticar “abiertamente la gestión” del Consejo Ciudadano y por “realizar acusaciones, justificadas o no” contra ese organismo:

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La siguiente fecha clave es el pasado 17 de junio, cuando los miembros críticos con el Consejo Ciudadano hacen llegar el dossier completo de las conversaciones sobre el posible pucherazo a Llum Quiñonero, cabeza de lista de Podemos para las autonómicas en Alicante. Según ha confirmado EL ESPAÑOL, esta es la primera vez que los miembros de la directiva de Podemos tienen acceso a las conversaciones completas sobre el uso de “pisos francos” para las elecciones. El objetivo de la filtración, según fuentes cercanas a la misma, fue que los mensajes fueran elevados a la dirección del partido y trasladados a la Comisión de Garantías para su estudio, terminado ya el período electoral de las autonómicas. Pero tampoco sucedió.

Cuatro días después y ante el inmovilismo de la dirección del partido, las conversaciones vieron la luz en el diario Información. Acto seguido, los portavoces de Podemos se apresuraron a anunciar la apertura de un expediente sancionador contra 12 integrantes de la lista avalada por Pablo Iglesias para las primarias municipales. Entre ellos está el actual secretario general de Podemos en Alicante, Jesús Bustos y la parlamentaria autonómica Covadonga Peremach.

El anuncio se hizo en la sede de las Cortes Valencianas por boca de Antonio Montiel, que negó entonces conocer el posible amaño, pese a que había sido informado de forma textual tres meses antes. Además, la reunión real de la Comisión de Garantías se realizó casi dos semanas después del anuncio público; exactamente el 9 de julio, tal y como refleja el acta oficial del encuentro:

Más de 60 tomos, 105 declaraciones y 300 horas de escuchas: guía para no perderse en la trama Púnica

Granados

¿Cómo arranca la investigación? ¿Cuáles son las principales líneas abiertas? ¿Quiénes son los cabecillas? ¿Cómo funcionaban? ¿Hay más imputados de relevancia? ¿Cómo operaban? ¿Qué consecuencias ha tenido el desmantelamiento de esta red? ¿En qué momento está la investigación? Lea esta guía básica para no perderse en la Operación Púnica.

¿Cómo arranca la investigación?

La Operación Púnica nace oficialmente el 24 de diciembre de 2013, cuando la Fiscalía suiza alerta a la española de un posible delito de blanqueo de dinero, cometido presuntamente por el empresario David Marjaliza y el ex consejero de Presidencia y Justicia de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados. Suiza alerta de que ambos fueron poseedores de varias cuentas bancarias en el país helvético y el caso -al ser un presunto delito cometido en suelo extranjero- pasa a la Audiencia Nacional.

La llegada de la documentación suiza supuso la apertura de las Diligencias de Investigación nº2/2014 de la Fiscalía Anticorrupción, que el 1 de febrero de 2014 confía las pesquisas a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Son sus agentes quienes bautizan la investigación como Operación Púnica, en referencia al apellido en latín del principal imputado, Granados. Sin embargo, en la Audiencia Nacional el caso recibe el nombre de Diligencias Previas nº 85/2014 y, tras pasar a reparto, recae el 13 de junio de 2014 en manos del juez Eloy Velasco, que lo declara secreto.

El 27 de octubre de 2014, casi un año después del inicio de las investigaciones,  la Guardia Civil realiza las primeras detenciones. Los agentes arrestan en Madrid, León, Valencia y Murcia a 51 políticos, funcionarios y empresarios por su supuesta implicación en una trama de corrupción a nivel local y regional. Los implicados supuestamente adjudicaban servicios públicos a cambio de comisiones ilegales que después eran blanqueadas a través de un entramado societario. Se calcula que, en solo dos años, la trama se hizo con adjudicaciones valoradas en 260 millones de euros.

A día de hoy,  ya hay un centenar de implicados en la causa, que sigue abierta.

¿Cuáles son las principales líneas de investigación?

Las pesquisas de la Audiencia Nacional se dividen en dos grandes bloques. Por un lado, los agentes investigan el presunto amaño de concursos públicos para beneficiar a empresas privadas. La Guardia Civil estima en 260 millones de euros el posible beneficio para los empresarios implicados. Como principal beneficiada, los informes policiales colocan a la empresa gala Cofely, especializada en programas de eficiencia energética. Según la tesis policial, la multinacional pudo captar hasta 160 millones de euros en contratos amañados, tanto de ayuntamientos como de gobiernos autonómicos y provinciales.

El segundo gran bloque trata de esclarecer si altos responsables de la Comunidad de Madrid utilizaron empresas intermediarias -principalmente la tecnológica Indra- para abonar servicios personales o del Partido Popular de Madrid. Este segundo bloque es mucho menor en cuantía que el primero, y se basa en testimonios como el del empresario Alejandro de Pedro y el ex jefe de Informática de la Comunidad de Madrid, José Martínez Nicolás. Los dos declararon ante el juez que Salvador Victoria, ex consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, ordenó a la multinacional Indra abonar 130.000 euros a tres empresas distintas por servicios que en realidad pertenecían a altos cargos del PP de Madrid.

¿Quiénes son los cabecillas?

Francisco Granados. Quien fuera ‘número dos’ en el Gobierno de la Comunidad de Madrid cuando la dirigía Esperanza Aguirre sigue en prisión incondicional desde el 27 de octubre. Dejó la política ocho meses antes, cuando se supo que disponía de una cuenta en Suiza que ascendía a 1,5 millones de euros. Al ex alcalde de Valdemoro y ex consejero de Presidencia y Justicia del Ejecutivo madrileño se le coloca en el epicentro de la trama como el ‘cerebroque tejió la red corrupta.

David Marjaliza. El empresario es amigo de Francisco Granados desde la infancia y consiguió adjudicaciones millonarias de contratos públicos en varios municipios de la Comunidad de Madrid, sobre todo en Valdemoro, municipio donde Granados fue alcalde. Encabeza un complejo entramado empresarial dedicado a un amplio abanico de sectores de negocio, la mayor parte de ellos vinculados a actuaciones administrativas como promociones urbanísticas, contratos públicos o concesiones administrativas. 

¿Hay otros imputados de relevancia?

Salvador Victoria. Es el cargo público con más responsabilidad implicado en la trama. El ex consejero de Presidencia, Justicia y portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid en la pasada legislatura fue citado por el juez en calidad de imputado para declarar por supuestos delitos de corrupción. El político dimitió tras su implicación y se negó a declarar ante el juez, que le retiró el pasaporte como medida cautelar para que no abandone el país. Se le imputan cuatro delitos: prevaricación, cohecho, fraude y malversación de caudales públicos.

Lucía Figar. La ex consejera de Educación de la Comunidad de Madrid contrató los servicios de EICO para mejorar su imagen en Internet y la Policía cree que se pagó con dinero público. Aunque permanece imputada, el juez no ha acordado ninguna medida cautelar contra ella. Dimitió el mismo día que Salvador Victoria para no perjudicar la investidura de Cristina Cifuentes, que dependía de Ciudadanos para poder ser presidenta de la Comunidad de Madrid.

Alejandro de Pedro. Es el director general de la empresa Estrategia de Identidad y Comunicación Online (EICO), encargada de gestionar perfiles de políticos en Internet y de crear páginas web propagandísticas sobre su gestión. Con sede en Valencia, el implicado, en libertad sin cargos, ha hecho trabajos para Juan Cotino, ex presidente de las Cortes Valencianas; para la Diputación de León y altos cargos de la Comunidad de Madrid, como Figar y Victoria. También parece que tenía una gran influencia en Génova y confesó que hizo trabajos de reputación para Ana Botella por mediación de Eduardo Zaplana.

Alcaldes. Los servicios de reputación que ofrecía Alejandro de Pedro con dos empresas, Eico y Madiva, supuestamente se pagaban con fondos públicos de los ayuntamientos donde gobernaban los políticos implicados en procedimientos supuestamente corruptos. De momento, hay seis alcaldes de la Comunidad de Madrid implicados en la trama (los de Parla, Valdemoro, Torrejón de Velasco, Casarrubuelos, Collado Villalba y Serranillos del Valle); el secretario del Instituto de Turismo de la región de Murcia; el ex alcalde de Cartagena, José Antonio Alonso, y el presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez Barazón.

Altos directivos. En el listado de imputados en esta trama corrupta figura el nombre del actual consejero delegado de Indra, Javier de Andrés González y un promotor inmobiliario vinculado a Granados y Marjaliza, Ramiro Cid. En la primera fase de la operación fueron detenidos cuatro altos cargos de Cofely: su director general en España, Didier Maurice y el director comercial, Constantino Álvarez de la Cueva, aunque el asunto parece que va más arriba. Su director general de Servicios, Xavier Susan Mir, también está imputado. Al administrador único de otra empresa implicada en la red, Waiter Music, José Luis Huerta Valbuena, se le impuso la mayor de las fianzas para eludir la prisión: 300.000 euros.

¿Cómo trabajaba la Púnica?

En líneas generales, Granados y Marjaliza utilizaban su influencia para conseguir comisiones por diferentes frentes, todos cercanos a la política. La trama facilitaba contratos públicos a empresarios afines a través de tres cauces distintos: reputación online, eficiencia energética y actividades musicales.

La compañía a la que más contratos públicos le llovió gracias a su afinidad con los cabecillas de Púnica fue la francesa Cofely, que se hizo con muchos de los contratos de eficiencia energética que ofertaban municipios de la Comunidad de Madrid. Hay funcionarios de algunas localidades investigadas que han confesado ante el juez Velasco que recibían órdenes de la multinacional energética para confeccionar el pliego de condiciones de la adjudicación pública a imagen y semejanza de sus condiciones. Por eso ninguna otra gran compañía conseguía arrebatarle ni un solo contrato.

El empresario Alejandro de Pedro es el propietario de dos de las empresas investigadas por la trama: Eico y Madiva. Las entidades, que compartían la misma sede en Valencia, trabajaban para mejorar a través de Internet la imagen de los candidatos populares las semanas previas a las elecciones municipales. También se crearon páginas web zombis con noticias positivas de sus clientes para contrarrestar las noticias negativas y perfiles en Twitter falsos para hacer propaganda a sus clientes. Se sabe que el valenciano trabajó para altos cargos de la Comunidad de Madrid, como Salvador Victoria y Lucía Figar, y otros destacados miembros del PP de la Comunidad Valenciana, como Juan Cotino. De Pedro ayudó también a otros candidatos populares de la región a posicionarse en la red de cara a las elecciones municipales y autonómicas. Además, confesó ante el juez que Indra le pagó 10.000 euros en metálico por un trabajo hecho a la Comunidad de Madrid.

En León, el juez Velasco sospecha que el que fuera presidente de la Diputación, Marcos Martínez, intentó amañar contratos vinculados a la estación de esquí de San Isidro a cambio de ganar influencia en Génova. Su intención era hacerse con el control del PP de León. Durante el interrogatorio, el popular reconoce tratos directos con Alejandro de Pedro pero, sin embargo, asegura que fue su predecesora, la fallecida Isabel Carrasco, quien lo introdujo en la Diputación leonesa.

El juez también detuvo en el marco de esta operación a José Antonio Alonso, ex alcalde socialista de Cartagena (Murcia) por participar, junto a De Pedro, en la estrategia de mejorar la reputación de altos cargos públicos.

¿Ha tenido el caso consecuencias políticas?

Tras las detenciones llegaron las dimisiones. Los seis alcaldes de la Comunidad de Madrid detenidos dejaron sus puestos al frente de sus respectivos ayuntamientos: Parla (PSOE), Collado Villalba (PP), Casarrubielos (PP), Valdemoro (PP), Torrejón de Velasco (PP) y Serranillo del Valle (PP).

Las dos personas con más relevancia pública que dimitieron tras el escándalo fueron Salvador Victoria y Lucía Figar, ambos consejeros de la Comunidad de Madrid durante la legislatura pasada. Su imputación saltó en plena negociación de la investidura de Cristina Cifuentes. Ciudadanos pidió sus cabezas a cambio de permitir que el PP se hiciera con la presidencia de la región.

También dimitieron tras su imputación el consejero de Industria y Turismo de Murcia, Juan Carlos Ruiz; el consejero delegado de la Agencia Informática de la Comunidad de Madrid, José Martínez Nicolás, el alcalde de Castellón, Alfonso Bataller y el presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez.

¿En qué momento está la investigación?

David Marjaliza ha pactado con la Fiscalía rebajar su pena si colabora con la Justicia. El empresario habría revelado ante el juez Eloy Velasco el nombre de más municipios que amañaron contratos con la red. El empresario también habría dado el nombre de los políticos que habrían colaborado con la trama y que, hasta ahora, aún están al margen de la Operación. En una de sus declaraciones, Marjaliza involucró a tres aforados de la Comunidad de Madrid: Jaime González Taboada, consejero en el Gobierno de Cristina Cifuentes; Bartolomé González, número 11 en la misma candidatura; y Eva Borox, la número 3 en la lista regional por Ciudadanos.

De momento, las 105 declaraciones que el juez Eloy Velasco ha recopilado en la Audiencia Nacional conforman ya un sumario de 60 tomos y 300 horas de grabaciones. Las indagaciones realizadas han permitido descubrir una trama que, sacando provecho de relaciones personales e influencias políticas, han logrado obtener de manera irregular la adjudicación de contratos públicos, aprovechamientos urbanísticos o gestiones de cualquier tipo que, dependiendo de autoridades públicas, actuaban en beneficio de las personas físicas y jurídicas que forman parte de la trama.

A corto plazo, se espera que el juez levante el secreto de sumario de los pinchazos telefónicos de los principales imputados en la causa y escuchar de su propia voz cómo amañaban las adjudicaciones públicas.

Además, en EL ESPAÑOL:

Entre la fe, los negocios y la política

cotinodibujo1Desde muy pronto, Juan Cotino sintió tres vocaciones: la religiosa, la política y la empresarial. La primera le llevó a matrimoniarse con el Opus Dei; la segunda, a estrenarse con 29 años como concejal de su pueblo; la tercera, a hacerse cargo de los negocios familiares, que fueron diversificándose a medida que escalaba en política. La certeza de que iba a ser imputado es lo que le llevó, el pasado otoño, a jubilarse como presidente de las Cortes Valencianas. Una jubilación poco decorosa a escasos meses de cumplir 65 años.

Ilustración: Tomás Serrano

Nunca se ha tenido por un político profesional, pese a que en los casi veinticinco últimos años ésa ha sido su principal actividad. Tampoco considera que haya hecho nada irregular, aunque su nombre aparece en varios sumarios de corrupción y ha acabado siendo arrastrado por el caso Gürtel. La certeza de que iba a ser imputado es lo que le llevó a jubilarse prematuramente como presidente de las Cortes Valencianas el otoño pasado, cuando quedaban sólo ocho meses para que se agotara la legislatura y tres para que cumpliera los 65 años. Un broche poco decoroso para una larga carrera política.

Desde muy pronto, Juan Cotino sintió tres vocaciones: la religiosa, la política y la empresarial. La primera le llevó a matrimoniarse con el Opus Dei, del que continúa siendo miembro activo; la segunda, a estrenarse con 29 años como concejal de su pueblo, en representación de la UCD de Adolfo Suárez; la tercera, a hacerse cargo de los negocios familiares, que fueron diversificándose a medida que escalaba en política, y de ellos el que más le sigue atrayendo es la agricultura.

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Ilustración: Tomás Serrano

Cotino jamás ha olvidado sus orígenes huertanos. Es un hombre feliz cuando se sube al tractor y recorre sus campos; otrora de naranjos, hoy de caquis. De ahí le viene un carácter llano y afable que le hace ser percibido como alguien cercano. La vieja casa familiar, su alquería de Xirivella, es su refugio y su orgullo. Es habitual verlo en el porche, ejerciendo de anfitrión, mientras cocina a leña una paella o un arroz caldoso para sus invitados. Esa casa ha sido centro de conciliábulos desde principios de los años 90, y en ella ha apadrinado a algunos de los políticos que han hecho carrera en el PP.

 

Ha sido Cotino la persona más cercana al defenestrado Francisco Camps en los últimos tiempos. Le apoyó, al principio, para que derrotase a los seguidores de Eduardo Zaplana y pudiera tener el control absoluto de la organización. Y al final, tras estallar el caso de los trajes, se volcó para que llegara entero al banquillo. Él mismo lo llevó en coche hasta la puerta del Tribunal en la primera sesión del juicio, con el propósito de insuflarle ánimo y que no se derrumbara. Ese apoyo le legitimó, ante un sector del partido, para gestionar los resortes del poder que hasta entonces había manejado Camps. Premeditado o no, se convirtió así en uno de sus herederos frente a alguien que, como Alberto Fabra, había sido impuesto por la dirección nacional para hacer borrón y cuenta nueva.

Entró de lleno en política en 1991 al ser designado por Rita Barberá concejal de Policía y Servicios Sociales del Ayuntamiento de Valencia. Era la primera vez que una concejalía unificaba las competencias en materia de seguridad y de ayuda a los desfavorecidos, lo cual habla mucho de la personalidad de Cotino: un hombre conservador, amante del orden, y una persona caritativa, benefactora, con una idea probablemente trasnochada de lo que debe ser ayudar a los demás. En su etapa de concejal y también de conseller del Gobierno valenciano se le ha visto al volante de una furgoneta repartiendo alimentos en asilos y comedores sociales regentados por órdenes religiosas.

Jefe de la Policía con tres ministros

Fue él quien implantó en Valencia la “Policía de barrio” con la idea de que los ciudadanos debían de conocer al agente que prestaba servicio en su calle de la misma manera que conocían a su médico de cabecera. Eso, y la amistad fraguada con Jaime Mayor Oreja cuando ambos coincidieron en el Partido Demócrata Popular antes de integrarse en el PP, le abrieron el camino para ser nombrado director general de la Policía por el primer Gobierno de Aznar. Cotino ha manifestado que ese año, 1996, dejó de ocupar cargos en el consejo de administración de la empresa familiar y vendió la mayoría de sus acciones. Del resto, asegura que se deshizo en 2007, cuando fue nombrado conseller de Bienestar Social.

Estuvo seis años en Madrid con tres ministros del Interior: Mayor, Rajoy y Acebes. Él mismo solicitó en varias ocasiones que le dejaran volver a Valencia porque quería cuidar de su madre, enferma. Lo nombraron delegado del Gobierno. El cargo le iba como anillo al dedo, pero la derrota del PP en las generales de 2004 forzó su relevo. Fue entonces cuando Camps lo reclamó para el Gobierno valenciano, donde acabó ocupando sucesivamente las carteras de Agricultura, Bienestar Social y Medio Ambiente. Llegó a ser vicepresidente antes de pasar, ya en 2011, a presidir el Parlamento autonómico; el más desprestigiado de la historia, tras haber albergado a una decena de imputados en sus bancos. La acumulación de poder le dio la oportunidad de repartir cargos entre las personas de su entorno y su mano se adivina tras la confección de varias candidaturas de municipios del área metropolitana de Valencia, el territorio que mejor conoce y domina.

La condición de máximo referente del sector cristiano del PP lo convirtió en una de las piezas de caza favoritas para la izquierda, hubiera o no razón para ello. Pero la oposición era incapaz no ya de acabar con la hegemonía, sino de hacer mella siquiera en un partido que parecía eternizarse en el poder. Seguramente fue esa sensación de impunidad, el sentirse intocables, lo que llevó a algunos a confundir la Administración con una finca particular.

La estrella de Cotino empezó a declinar cuando su nombre apareció salpicando las páginas de varios sumarios judiciales, desde Brugal, a Gürtel, pasando por el caso Bárcenas; la prueba, para la oposición, de que él era el denominador común de la corrupción en la Comunidad Valenciana. Ruz le llamó a declarar como testigo porque su nombre estaba en las notas de Bárcenas. Según el ex tesorero del PP, el 11 de marzo de 2004, día de los atentados islamistas en Madrid, había acudido a la sede del partido en la calle Génova para entregar 200.000 euros en nombre de una empresa administrada por su sobrino. Cotino lo negó tajantemente. Su sobrino Vicente está imputado.

Las residencias de la tercera edad

La denuncia de Esquerra Unida por las adjudicaciones de la Generalitat valenciana a residencias de la tercera edad que gestiona Sedesa, sociedad de la familia de Cotino, llevó a la Fiscalía a abrir una investigación. El político, que no ha sido imputado por ahora, ha defendido su proceder en este asunto. Alega que vendió en su momento las acciones que tenía y que nunca benefició a la empresa.

El último disgusto en el ámbito judicial se lo llevó el pasado mes de abril, cuando la Fiscalía denunció que Bancaja, en la época en la que estaba controlada por el PP, concedió irregularmente créditos por valor de 35 millones de euros a Share Capital, otra sociedad vinculada a su familia, para comprar inmuebles en Europa del Este.

Entre tanto, han ido haciéndose públicas grabaciones incluidas en los sumarios judiciales en las que se traslada una imagen de Cotino como contacto privilegiado para desbloquear o conseguir contrataciones de la Administración. En una de ellas se escucha a Vicente Cotino asegurar con rotundidad a su interlocutor que su tío mediaría a la hora de lograr favores. El propio Cotino ha tenido que salir a defenderse: “He metido la pata en muchas cosas pero nunca he metido la mano”.

Con todo, han sido dos los casos que han martirizado especialmente a Juan Cotino. El primero tiene que ver con el amaño de los contratos para retransmitir la visita que Benedicto XVI hizo a Valencia en 2006. Aunque es cierto que él no tenía competencias ni en la organización del viaje del Pontífice ni en las contrataciones efectuadas al efecto, hay testigos que confirman que participó en las reuniones clave y que era la persona que “llevaba la batuta”. Más aún: según la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía, Cotino, que siempre ha dicho que se limitó a ser un “voluntario más”, era en realidad el “elemento nuclear” y la persona que “tomaba las decisiones políticas”. El juez lo imputó en noviembre.

El accidente del metro de Valencia

Para Cotino, el otro asunto más doloroso ha sido la acusación de algunas de las víctimas del accidente del metro de Valencia, el fatídico descarrilamiento ocurrido en 2006 en el que murieron 43 personas. Se le ha echado en cara que intentara convencer a los familiares de que desistieran de acudir a los tribunales ofreciéndoles a cambio ayuda económica y puestos de trabajo. Cotino, que era conseller de Agricultura en aquel momento, ha defendido que se limitó a tratar de consolar a las víctimas y a sus familiares en medio de la tragedia, y que ofreció cosas como “un cambio de escolarización de un niño, cuestiones de tipo laboral, de acceso a vivienda o el ingreso en alguna residencia de una persona mayor”, pero siempre llevado por un sentimiento de solidaridad y jamás con la idea de comprar su silencio.

 

 

 

La prueba de que este episodio le dejó completamente noqueado quedó reflejada en su comportamiento ante las cámaras de Salvados, cuando Jordi Évole intentó arrancarle unas valoraciones y fue incapaz de dar la cara, escabullándose en una actitud impropia de un responsable público.

 

 

 

Cotino ha cambiado. Se ha dejado barba, al estilo de Jaime Mayor Oreja, que luce, como éste, completamente blanca. Ha adelgazado, parece que por salud. Dicen que conserva su espíritu jovial, el mismo que le llevó a meter una vaca en una edificio de la Generalitat para protestar contra la política agrícola y ganadera en tiempos del socialista Joan Lerma, o, más recientemente, a colocar bien visible, sobre su mesa de las Cortes, un crucifijo para que presidiese la constitución del Parlamento valenciano, a sabiendas de cómo soliviantaría a la oposición.

Quienes lo conocen ponen la mano en el fuego por él. Aseguran que hasta hoy no ha sido acusado de desviar dinero en su beneficio. Pero si se demuestra que utilizó como testaferros a su hermano y a su sobrino para ocultar fondos de inversión, su imagen quedaría muy tocada. “Nada desear, nada pedir, nada rehusar”, es la máxima de san Francisco de Sales que, según ha confesado, ha intentado que fuera su guía. Pero aquí, la última palabra, la tienen los jueces.

Juan Cotino utilizó a su hermano y a su sobrino como testaferros en Banco Madrid

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Juan Cotino, ex presidente de las Cortes valencianas y ex director general de la Policía ocultó más de un millón de euros en Banco Madrid empleando como testaferros a su hermano Vicente Cotino Ferrer y a su sobrino José Cotino Escrivá. Así lo refleja el expediente interno del Banco Madrid sobre el político popular, al que ha tenido acceso en exclusiva EL ESPAÑOL. 

 

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Juan Cotino, ex presidente de las Cortes valencianas y ex director general de la Policía ocultó más de un millón de euros en Banco Madrid empleando como testaferros a su hermano Vicente Cotino Ferrer y a su sobrino José Cotino Escrivá. Así lo refleja con todo lujo de detalles el expediente interno del Banco Madrid sobre el político popular, al que ha tenido acceso en exclusiva EL ESPAÑOL. La documentación de la entidad financiera tilda abiertamente al ex alto cargo del PP como el “titular real” de los fondos bajo sospecha al tiempo que sitúa como “administradores y apoderados” a sus familiares para camuflar su presencia.

El Banco de Madrid, filial de la Banca Privada de Andorra intervenida por el Banco de España el pasado mes de marzo, confeccionó una “ficha de cliente” el 18 de febrero de 2014 para dar entrada a la familia Cotino a través de su promotora inmobiliaria Alquería Dolores, S.L.

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Tras analizar a su nuevo cliente, el banco -investigado por blanqueo de capitales- dejó constancia de que daba entrada a “una sociedad patrimonial propiedad de José Cotino Escrivá -sobrino del político- aunque finalmente veremos que él es el administrador o apoderado y el titular real es otro”, en referencia a su tío. No en vano, junto a esta ficha “preliminar”, la entidad bancaria incorporó al expediente una “declaración del titular real”, en la que el ex alto cargo del PP se reconoce como el verdadero dueño de los fondos.

Beneficiario real

Según este documento, el más conocido de los Cotino sería el propietario de todos los bienes, inmuebles y dinero en efectivo custodiado a nombre de Alquería Dolores, S.L., que oficialmente rondan los tres millones de euros. Sin embargo, el propio banco augura en su expediente que su nuevo cliente se encontraba en disposición de ingresar una cantidad mucho más importante en poco tiempo.

“El objetivo de la relación de negocio sería abrir un GDC [Gestión Discrecional de Carteras] por un millón de euros”, explican los empleados del Banco de Madrid. No obstante, añaden a continuación que esta empresa patrimonial dispone de “un potencial de 13 millones”. A su vez, recalcan que el titular real es PEP -persona políticamente expuesta- y, por tanto, por sí solo es de alto riesgo”.

Pese a admitir por escrito que el ex conseller valenciano se escondía tras varios familiares que hacían las veces de hombres de paja, el Banco Madrid le autorizó a abrir una cuenta sin ponerle una sola objeción. “En principio el cliente va a realizar operaciones de inversión en la entidad, por lo que la operativa, a priori, no presenta riesgos”, se justificaban los analistas del banco, que se curaban en salud apostillando al responsable de Banca Privada de la oficina en Valencia: “Os debéis comprometer a que vais a hacer un seguimiento continuo de este cliente”.

Expropiación de terrenos

Tras certificar que el verdadero dueño de los fondos era Juan Cotino, el expediente bancario incorporó la declaración de bienes presentada por él en abril de 2010 ante las Cortes Valencianas. En ella, el político, imputado en una de las piezas separadas de la denominada Operación Gürtel, reconoce un patrimonio de 1,9 millones de euros que se queda corto frente a los datos que obran en poder del Servicio Especial de Blanqueo de Capitales (Sepblac).

Tras la intervención de la entidad financiera, el que fuera alto cargo del Ejecutivo valenciano aclaró a través de un comunidad de su sociedad que el dinero que depositó en el Banco de Madrid no tiene un origen ilícito sino que proviene de las ganancias obtenidas por una expropiación de terrenos así como por su participación en fondos de inversión. Por contra, los investigadores consideran que la procedencia del dinero es “desconocida”.

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Un ejecutivo denuncia el pago de sobornos en la Generalitat de Cataluña desde 1999

El ex gerente de la empresa de extinción de incendios Avialsa revela a Anticorrupción que sus antiguos jefes, los miembros de la familia Huerta, llevan pagando comisiones a cargos de la Generalitat desde 1999. Alandí, testigo clave en el ‘caso Serafín Castellano’, asegura que ha venido obsequiando con dinero en efectivo y viajes de placer, entre otros, al ex jefe de la la Unidad de Medios Aéreos del Gobierno catalán a cambio de información privilegiada. El ejecutivo Francisco Alandí ha entregado a la Fiscalía decenas de correos electrónicos y un dietario con salidas de dinero efectivo de la empresa para pagar ‘mordidas’.

En la imagen, Vicente Huerta (Avialsa) el día que declaró por el ‘caso Serafín Castellano’.

Vicente Huerta, propietario de Avialsa.

El testigo clave del ‘caso Serafín Castellano’ revela ante la Fiscalía Anticorrupción el pago sistematizado de comisiones a altos cargos de la Generalitat de Cataluña durante los últimos 16 años por parte de la empresa de extinción de incendios Avialsa. Francisco Alandí, ex gerente de esta entidad, propiedad de Vicente Huerta, acaba de presentar una nueva denuncia en la que, además de aportar nuevas pruebas de los sobornos abonados en la Comunidad Valenciana, documenta la existencia de pagos a destacados cargos del gobierno catalán a cambio de información privilegiada.

Alandí, cuyo testimonio provocó la reciente detención del ex delegado del Gobierno del PP en Valencia por corrupción -fue este ejecutivo el que acreditó la existencia de regalos a Castellano en forma de cacerías y un rifle, entre otros-, pone ahora el foco sobre otro responsable público. Se trata de Ramón Dinarés, “ex subinspector de Bomberos y responsable de la Unidad de Medios Aéreos de la Generalitat de Cataluña hasta mayo de 2008, fecha en la que pasa a ser responsable de la Jefatura del Área de Prevención y Gestión en la región de emergencia metropolitana sur”.

Según las nuevas aportaciones de Alandí, “Dinarés mantiene una muy estrecha relación desde siempre con D. Vicente Huerta -propietario de Avialsa, detenido el pasado mes de mayo por sobornar a Castellano-, acrecentada a raíz de la creación del contrato denominado ‘Avions de Vigilancia i Atac (AVA)'”. “Cabe señalar que con AVA la facturación de Avialsa con la Generalitat aumenta casi al doble”. No en vano, gracias a este nueva licitación, la empresa “cobra todas las horas de vuelo del contrato, espuma y retardante, aunque no se vuelen -las primeras- y no se consuman -los segundos-“.

Reuniones personales

La relación entre Huerta y Dinarés se sustancia, en palabras del ex gerente de Avialsa, en que el cargo de la Generalitat “acude varias veces al año desde 2003 a Valencia o a Sagunto para reunirse personalmente con Vicente Huerta, produciéndose entregas de regalos y de dinero en efectivo en el transcurso de las mismas”. Asimismo, explica que “Dinarés recibe numerosas atenciones por parte del Sr. Huerta, tales como hospedajes en hoteles, spas o viajes”. Pero, además, agrega Alandí que “Dinarés informa de las condiciones y envía los borradores de los contratos contra incendios a D. Vicente Huerta antes de que se publiquen oficialmente, así como distintos documentos internos de distintos departamentos de la Generalitat catalana”.

En este sentido, “Dinarés y Huerta pactan las condiciones de cada nuevo contrato, las mejoras que debe introducir Avialsa para ganar un concurso, así como las comunicaciones que el Sr. Huerta realizará de manera oficial”. Pero todavía más. Revela el ex gerente de Avialsa que el ex responsable de la Unidad de Medios Aéreos “constituyó una mercantil, Anchor Place, para lo cual se asesora por el Sr. Huerta a fin de que en el futuro esta sociedad pueda facturar, bien al Grupo Avialsa, bien a la Fundación Medioambiental Huerta -entidad que ha utilizado el empresario para pagar sobornos a cargos públicos en Valencia-“. No obstante, precisa que tras las primeras informaciones en prensa sobre Avialsa, “la mercantil Anchor Place se extinguió”.

Tras explicar la vinculación entre el dueño de Avialsa y Dinarés, precisa Alandí que este último involucró también en los favores a la empresa “a Xavier Palmés -jefe del Servicio de Contratación y Patrimonio de la Generalitat- y al sucesor del propio Dinarés en el cargo, para reunirse todos juntos”. En esta línea, “Dinarés, incluso cuando ya no ostenta su cargo sigue informando a Huerta y parece ejercer presión sobre su sucesor para favorecer los intereses de Avialsa”.

Junto a este relato, Alandí ha puesto a disposición de Anticorrupción unos dietarios manuscritos confeccionados por el padre de Huerta, Vicente Huerta Gallego, “en las que aparecen unas anotaciones en el siguiente sentido: ‘Entregas 1999 AVA’ y ‘Entregas 2000 AVA'”. “De las referidas anotaciones aportadas”, indica Alandí, “parece desprenderse la existencia de una serie de entregas de dinero, el momento y el lugar donde se producen y la persona que las realiza -‘VHG’ en referencia a Vicente Huerta Gallego y ‘VHD’ en alusión a Vicente Huerta Domínguez'”. (Ver imagen inferior).

Asimismo, Alandí ha presentado a Anticorrupción una batería de correos electrónicos que evidencian la estrecha relación entre Huerta y Dinarés y en los que prueba el envío con antelación a Avialsa de pliegos de concursos y en los que le facilita al empresario diversos datos supuestamente confidenciales de los mismos.

Así regaló Bancaja 44 millones de euros al constructor Enrique Ortiz

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Enrique Ortiz recibió 44 millones de euros por una empresa valorada en solo 12.000. Un negocio con una rentabilidad fuera de cualquier mercado que corrió por cuenta de Bancaja, la principal caja de ahorros de la Comunidad Valenciana. La operación fue detectada en 2013 por Bankia para analizar las cuentas de la entidad. La caja valenciana estaba presidida en 2008 por José Luis Olivas, detenido hace dos semanas por la Audiencia Nacional.

Enrique Ortiz recibió 44 millones de euros por una empresa valorada en solo 12.000. Un negocio con una rentabilidad fuera de cualquier mercado que corrió por cuenta de Bancaja, la principal caja de ahorros de la Comunidad Valenciana. La operación fue detectada en 2013 por Bankia para analizar las cuentas de la entidad. En el momento en el que tuvo lugar dicha compra la caja valenciana estaba presidida por José Luis Olivas, detenido hace dos semanas por la Audiencia Nacional.

El dinero salió de las cuentas de Bancaja -la caja pública de la Comunidad Valenciana- en octubre de 2008.  Y fue a parar directamente a manos de ODU, una de las sociedades del constructor alicantino Enrique Ortiz, principal imputado en la Operación Brugal. ¿El montante? 44 millones de euros, el presupuesto anual de un ayuntamiento de 50.000 habitantes.

Sobre el papel, la operación sirvió para que Bancaja -dirigida entonces por José Luis Olivas, detenido el pasado 29 de junio por orden de la Audiencia Nacional-  comprara  el 20 por ciento de Visomed, una de las empresas del constructor. Sin embargo y según los auditores que analizan las cuentas de la compañía para Bankia, la operación “carece de lógica comercial” y sirvió en realidad para que Ortíz se embolsara una importante cantidad de dinero sin apenas contrapartida. Un dinero que engrosó las pérdidas de la caja pública.

La operación inmobiliaria, investigada también en el marco de la Operación Brugal, se basa en la obtención por parte Ortiz del permiso municipal para urbanizar el llamado Plan Rabasa, una recalificación con 13.500 viviendas y un gran centro comercial que arrancó en abril de 2005. Ortiz obtuvo con sus empresas el permiso para llenar la zona de ladrillo. Pero en lugar de ejecutarlo, vendió ese derecho a otros socios como Bankia y el grupo inmobiliario Espacio. Entre medias, el ayuntamiento de Sonia Castedo realizó dos modificaciones puntuales del plan urbanístico. Dos cambios que beneficiaban los intereses de los constructores y que desde 2010 también investiga la Justicia.

Ahora, es la propia Bankia quien pone más pruebas sobre la mesa. Según un informe de la entidad, firmado el 1o de mayo de 2013, el precio de las acciones compradas por Bancaja se fijó de forma arbitraria. “Se establece un precio inicial de 44 millones de euros, en base a unos parámetros mencionados en la escritura de compraventa. Pero en ningún momento se detalla el cálculo a partir del cual se determina el precio mencionado anteriomente”, explican los auditores.

Amaño contable

En apariencia, el precio fijado por la constructora de Ortíz  se fundamenta en el llamado Informe Altair, un análisis sobre la operación encargado por Enrique Ortiz a un consultor externo. De hecho y según las escuchas telefónicas grabadas en el marco de la Operación Burgal, el empresario alicantino, investigado por otorgar presuntamente dádivas a distintos cargos locales, encargó un informe jurídico para poder justificar el montante de la operación. Así habla con uno de los responsables de Bancaja sobre el tema:

 

 

 

 

Según la auditoría aportada ahora por Bankia, “la versión final [del informe] de junio de 2008,  establece como valor de la sociedad 231 millones de euros, siendo el precio final acordado de 220 millones [los 44 millones abonados por Bancaja son para adquirir el 20 por ciento de la constructora]”. “Si bien en las conclusiones de dicho estudio se indicaba que el proyecto Lagunas de Rabasa era viable financiera y económicamente, a través del análisis de la evidencia digital, hemos identificado varios correos  electrónicos relacionados con el Informe Altair y la valoración de Visomed, que ponen en duda la objetividad y razonabilidad del valor finalmente determinado a través del informe”. En la siguiente llamada telefónica, incluida  en el sumario del caso Brugal y registrada el 22 de abril de 2008, es el propio José Cortina, directivo de la división inmobiliaria de Bancaja, quien le dice al consultor de Garrigues el valor de la compañía que ellos ya han fijado previamente para que lo tenga en cuenta en su informe:

 

 

Cinco años después de la operación,  los auditores contratados por Bankia constatan que la primera valoración de la compañía de Ortiz -cuyas relaciones políticas investigan desde hace años los juzgados de Alicante- es en realidad de 127 millones de euros. Menos de la mitad de lo que finalmente refleja el informe. “El importe final de 231 millones se alcanza en junio de 2008 tras la introducción de modificaciones en una hipótesis que ya en marzo de 2008 se consideraban optimistas”, explican. En la siguiente llamanda, intervenida en el sumario de la Operación Brugal, el empresario Enrique Ortíz habla de nuevo con José Cortina. En ella, el responsable de Bancaja le traslada su nervosismo por lo irregular de la operación:

 

 

Al final, Bancaja compró las acciones por 44 millones de euros. Pero el pelotazo para Ortiz fue mayor: “En la misma operación, ODU aporta 300 participaciones  [de Visomed] a las cuales se les otorga un valor de 110 millones de euros. Dichas participaciones fueron adquiridas por su valor nominal, de 30.000 euros. Es decir, ODU obtiene con dicha aportación una plusvalía tácita de 110 millones de euros”, mantienen los firmantes de la auditoría forense. Mientras tanto, Ortiz invitó en su yate a Aurelio Izquierdo, principal responsable de la división inmobiliaria de Bancaja. Juntos y tras una mariscada, pusieron rumbo a Ibiza:

 

Segunda fase

Dos años después de la operación, Bankia Habitat, la filial de Bancaja que finalmente se quedó con las acciones, aportó las participaciones como capital social a una nueva compañía. Otra aventura entre Bancaja, Enrique Ortíz y otros conocidos empresarios que se llamó Urbanika. El 30 de julio de 2010, con la crisis del ladrillo en auge y el mercado paralizado, el paquete de acciones de la constructora se valoró de nuevo en 44 millones de euros. Nada de detrimento ni reducción en el valor de la compañía, a pesar de que la empresa no había generado un solo euro en dos años. “En base a nuestro análisis, el valor de dicha aportación carece asimismo de razonabilidad económica”, mantienen los auditores.

Como ejemplo, el informe elaborado en 2008 preveía ventas de suelo por valor de 260 millones de euros en los siguientes dos años. Ventas que nunca se produjeron. Aun así, el valor del 20 por ciento de la compañía en 2010 fue el mismo: 44 millones.

 

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Enrique Ortiz y Sonia Castedo, ex alcaldesa de Alicante.

 

Los auditores identifican en su informe dos operaciones para confirmar que el precio de las acciones estaba fuera de mercado. La primera se produjo en marzo de 2010, cuando ODU adquiere el 5 por ciento de las acciones de Visomed a DUA (perteneciente al empresario Aurelio González Villarejo, también imputado en la Operación Brugal). En este caso, las acciones se vendieron por su valor nominal: solo 3.000 euros.

En el segundo caso, los correos electrónicos aportados por Bankia demuestran -a juicio de los auditores- que la constructora Espacio, otro de los socios de Urbanika, pensaba comprar el 10 por ciento de las acciones de Visomed por solo 11 millones de euros. Es decir, la mitad del precio pagado finalmente por Bancaja. “Finalmente y debido a los problemas que esto podría generar en la aportación de Bankia a Urbanika de su 20 por ciento al doble de precio, Espacio y ODU realizan la transacción por 22 millones de euros”. En otra de las llamadas del sumario, es el propio José Cortina, responsable de Bancaja, quien reconoce que ningún otro de los socios de Urbanika invertiría a ese precio ¿La contestación de Ortiz? “A tí te tengo que convencer y vas a pagar diez veces más”:

 

29 millones perdidos

Al final, la aventura inmobiliaria quedó cerrada por Bankia, Enrique Ortiz y la inmobiliaria Espacio como socios mayoritarios. Y juntos sufrieron el varapalo de los números rojos. Según sus propias cuentas, en solo cinco meses Visomed  perdió más de 29 millones de euros: el 15 por ciento de su valor. “Por último, si tenemos en cuenta los efectos económicos de la Operación Visomed para el serñor Ortiz, Bankia Habitat y Bancaja, observamos que la operación supone claras ventajas económicas para las sociedades del señor Ortiz en perjuicio de Bancaja”, concluyen los auditores. “El señor Ortiz ha obtenido fondos por 44 millones de euros por la venta de un activo que tenía valorado en 12.000 euros […] Como consecuencia, Ortiz incrementa su participación en Urbanika y reduce su deuda en 52,4 millones”.

“Por parte de Bancaja -prosiguen los auditores- esta operación ha supuesto un incremento de riesgo de 44 millones de euros que corresponden al importe total satisfecho por Urbanika al señor Ortiz, cuyos fondos proceden de un préstamo otorgado a Urbanika de 143 millones de euro […] En resumen, la operación supone claras ventajas económicas inmediatas para las sociedades del señor Ortiz. Por su parte Bancaja incrementa su riesgo bancario en relación a Urbanika en 44 millones de euros”.

Los ciudadanos las prefieren rubias (pero honradas)

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Esta semana no sólo pasará a la historia como la de la verdadera coronación de Felipe VI o como la de la llegada de la extrema izquierda a los grandes ayuntamientos, sino también como la del inicio de una nueva manera de hacer política.

Si como escribí la semana pasada “no hay mejor atajo hacia el  prestigio que el repudio explícito de lo intolerable”, el nuevo Rey acaba de dar un buen paso. Ya que no movió ficha tras el ultraje a los símbolos comunes, bien está que lo haga poniendo en su sitio a su hermana. Pero esta semana no sólo pasará a la historia como la de la verdadera coronación de Felipe VI o como la de la llegada de la extrema izquierda a los grandes ayuntamientos, sino también como la del inicio de una nueva manera de hacer política.

Comencemos por lo menos obvio. Cuando en 1996 el Partido Andalucista, con un 6% de los votos y 4 escaños, fue decisivo para la investidura de Chaves como presidente de la Junta, obtuvo a cambio dos consejerías. Cuando en 2012 Izquierda Unida, con el 11% de los votos y 12 escaños, fue decisiva para la investidura de Griñán, obtuvo a cambio 4 consejerías, incluida la vicepresidencia.

Una simple analogía promediada indica que si Ciudadanos fuera un partido como los demás, ahora que con el 9% de los votos y 9 escaños ha resultado decisivo para la investidura de Susana Díaz, habría obtenido tres consejerías. Una cuota de poder muy significativa en una comunidad en la que se acostumbra a no respetar sino al que manda. Una tentación suculenta para un partido que necesita con urgencia arraigo y estructuras de apoyo.

Pero en lugar de coger su trozo de tarta, Ciudadanos ha obligado a la presidenta de la Junta a firmar 70 compromisos que incluyen una importante bajada del tramo autonómico del IRPF y medidas regeneradoras tan significativas como la limitación de su propio cargo a dos mandatos, la eliminación del aforamiento de los diputados, la supresión de los sobresueldos a cargo del partido o la reforma electoral con proporcionalidad y listas abiertas o desbloqueadas.

Algo muy similar está a punto de consumarse en la Comunidad de Madrid donde, a pesar de que Ciudadanos ha obtenido nada menos que el 12% de los votos y 17 escaños, no está pidiendo ni la vicepresidencia como hizo Carod Rovira con el PSC, ni importantes consejerías como hicieron los socialistas en el País Vasco, Navarra o Canarias cuando pactaron con PNV, UPN o Coalición Canaria; o como hicieron el Bloque en Galicia, el PAR en Aragón o todos los miembros de los sedicentes Pactos de Progreso en Baleares.

En lugar de eso, Ciudadanos va a obligar a Cristina Cifuentes a promover las primarias, establecer la incompatibilidad entre el cargo de alcalde y el de diputado autonómico y eliminar -albricias- el Consejo Consultivo, que servía de abrevadero de viejas glorias. Todo ello dentro de un pacto anticorrupción que, como en el caso andaluz, sustancia la responsabilidad civil de los partidos respecto a las coimas de sus cargos orgánicos, obliga a expulsar de las instituciones a los imputados y acentúa las medidas de control y transparencia.

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Ilustración: Javier Muñoz

La práctica simultaneidad de ambos acuerdos, fruto del buen manejo de los tiempos por parte de Rivera y su equipo, ha puesto de relieve la mimética coincidencia de las críticas desde la derecha, a cuenta de Andalucía, y desde la izquierda, a cuenta de Madrid. En ambos casos se denuncia que Ciudadanos está permitiendo que sigan en el poder dos organizaciones con tanta corrupción a sus espaldas como el PSOE andaluz y el PP madrileño.

Aunque todo quiera presentarse del color del cristal con que se mira, ningún observador ecuánime dejará de reconocer que tanto monta, monta tanto la Gürtel como los ERE, la Púnica como la Edu. Pero también que, haciendo de la necesidad virtud, Susana Díaz y Cristina Cifuentes están incluyendo la lucha contra la corrupción entre sus prioridades y les va lo suficiente en juego -sus prometedoras carreras- como para no fallar en eso.

Tienen razón quienes dicen que en las exigencias de Ciudadanos faltan cosas esenciales. Por ejemplo el cierre, o al menos la drástica despolitización, de Canal Sur y Telemadrid. Por ejemplo la reducción del número de diputados autonómicos que ya es alto en Andalucia -109- y adquiere ribetes de escándalo -129- en una autonomía uniprovincial como Madrid.

También es cierto que el merecido escarnio de Chaves y Griñán por su responsabilidad como gobernantes en el monumental fraude de los ERE ha quedado condicionado a lo que diga el Supremo. O que Cifuentes ni controla el PP de Madrid ni puede responder siquiera por los integrantes de su lista, redomados golferas incluidos. Gran parte de la opinión no sabe al final a qué atenerse en relación a tantos sospechosos habituales.

Por una vez ha sido la Corona la que ha aportado claridad y concreción. Al despojar a su hermana -y de rebote al truhán de su cuñado- de su título nobiliario, Felipe VI acaba de enviar un nítido mensaje a los partidos manchados por la corrupción: cuando se vulnera la ejemplaridad exigible a quien ocupa una posición institucional, no hay que esperar a que los tribunales dicten sentencia para depurar responsabilidades políticas.

La infanta Cristina podrá ser absuelta por la Audiencia de Palma o eventualmente por el Supremo y seguirá siendo tan indigna como hoy de presentarse como duquesa de Palma. Sea o no delictiva su conducta, es intolerable que la hija -ahora hermana- de un Rey figure en los órganos gestores de una sociedad montada para dar sablazos a las arcas públicas.

La moraleja de esta lección de Felipe VI en el único plano que maneja -el simbólico representativo- es que la imputación no es en sí misma una línea roja que deba generar automatismos. Cristina llevaba imputada desde enero del año pasado y camino del banquillo desde noviembre. Al parecer la gota que desbordó el vaso de la “jartera” del Rey –Ana Romero dixit– fue la desafiante irrupción de Cristina el pasado lunes en el funeral por Kardam de Bulgaria sin tan siquiera haber pedido la venia.

No es lo mismo estar imputado por denunciar indicios de corrupción en la Audiencia de Albacete, como le ocurre a Jesús Cacho, que estar imputado por utilizar una fundación de niños discapacitados para llevárselo crudo, como le ocurre a Urdangarín. No es lo mismo Lucía Figar, que pasaba por ahí -esto lo sabe todo Madrid-, que el turbio Salvador Victoria, mano derecha del turbio Ignacio González.

Hay una regla mucho más diáfana que es la que acaba de aplicar el Rey al quitarle los galones a su hermana: lo que es impresentable es impresentable. Por ejemplo, seguir en el Congreso o el Senado después de que bajo tu mando se hayan desviado millones y millones a falsos prejubilados afines a tu partido. Por ejemplo, seguir en la presidencia del Gobierno después de haber enviado un mensaje de apoyo al tesorero de tu partido dos días después de que se conociera la existencia de su botín en Suiza.

A ver si Rajoy vuelve a decir en público a) que está “convencido de la inocencia de la Infanta”, b) que “le irá bien” y c) que “no debe renunciar” a sus derechos dinásticos. Si a Cristina le quedara un ápice de dignidad, es lo que inmediatamente haría. Sobre todo después de que su hermano la haya tratado peor que a una criada a la que se sorprende robando, impidiéndole incluso salvar la cara mediante la artimaña de una renuncia fechada el 1 de junio y recibida el 11 por la noche. Ni que la hubiera enviado por comisión rogatoria.

El aún líder del PP debe estar eufórico al contemplar como Pedro Sánchez alimenta su estrategia del miedo –“In fear we trust”– al echarse en brazos de los radicales a costa de todos los alcaldables del PP. Ya sabemos que a Rajoy sólo le importa él. Por eso debería seguir de cerca los acontecimientos en la Familia Real, pues si se ha mirado tantas veces en el espejo de la indulgencia de Juan Carlos I también debería hacerlo ahora en el de la severidad, implantado por Felipe VI. Tal vez tenga que escribir pronto una carta como la de la Infanta.

Es cierto que Albert Rivera no dispone de facultades ni para despojar a Chaves del ducado del Clan de la Tortilla ni para investir caballeros a algunos de los roedores que han arrastrado la calabaza de Cifuentes hacia la Puerta del Sol. De ahí que los reproches a Ciudadanos pierdan autoridad si no van acompañados del reconocimiento de que es la primera vez que un partido no pide nada para sí en forma de poltronas o forraje de esas “manadas” que, como decía Galdós, “pastan en el presupuesto”, sino que todas sus demandas están yendo encaminadas a devolver a los españoles margen de control sobre sus destinos.

Miento: hay un precedente, todo lo acotado que se quiera pero un precedente a fin de cuentas, en el apoyo altruista que el PP de Basagoiti prestó a Patxi López durante su primero desperdiciada y finalmente ensuciada legislatura en Ajuria Enea. Y no debe ser casualidad que ese mismo compromiso con la Nación, ese mismo idealismo en defensa de los valores constitucionales, ese mismo sentido de la responsabilidad al dar estabilidad a las instituciones esté impregnando ahora las decisiones de Ciudadanos.

¿O alguien duda de que la claridad de ideas tanto de Susana Díaz como de Cristina Cifuentes respecto a la cuestión nacional ha sido clave al moldear los pactos? Los Ciudadanos las prefieren rubias como las antiguas pesetas, con la condición de que su españolidad sea propia del siglo XXI. Lo mismo nos pasa a los ciudadanos con las infantas y princesas -ninguna como Grace Kelly-, siempre y cuando no hagan de la complicidad en el bandidaje su santo y seña.

Mis admirados Lista, Miñano y Hermosilla, aquellos antiguos afrancesados que en la España del Trienio, frente a las demasías antitéticas de “El Zurriago” y “El Restaurador”, editaron un semanario culto, brillante y bien escrito como “El Censor”, estarían orgullosos al ver hoy materializada una de sus grandes obsesiones. Me refiero a la vertebración de un centro político, diferenciado tanto del inmovilismo absolutista como del radicalismo revolucionario.

El instrumento para ello debía ser el ingeniosamente llamado “partido regulador”. Véase el artículo publicado el sábado 6 de abril de 1822 bajo el título “Del partido regulador en las asambleas legislativas”. Ante la polarización en dos partidos antagónicos del propio parlamento británico, “El Censor” preguntaba y respondía: “¿Cuál será el partido regulador? El que desprendido de todo interés privado, sin otro objeto que el bien y sin otra regla que la ley, se interpone entre ambos, templa su ardor y corrige sus extravíos, reuniéndose alternativamente al que en cada cuestión determinada tiene la razón de su parte”.

El paralelismo se termina de entender varios párrafos después: “Llamamos tener razón el sostener una providencia que aunque acaso no sea la que conviene, presenta menos inconvenientes que la contraria, y en este caso están todos los debates parlamentarios”. Incluidos los de investidura. ¿Hubiera sido mejor contribuir a que Susana Díaz se arrojara en brazos de Podemos o tuviera que repetir las elecciones, por si no hubiera ya bastantes en el horizonte? ¿Sería mejor ejercer de Bertrand du Guesclin en la Comunidad de Madrid, poniendo encima a quien quedó debajo cuando en el Ayuntamiento los socialistas han terminado apuntalando a una opción trufada de personajes tan infames -Carmena debería pedir su dimisión hoy mismo- como el tal Zapata, capaz de burlarse del Holocausto y la mutilación de Irene Villa, o el tal Soto, que incita a “torturar y matar” a Gallardón?

La ventaja de que Ciudadanos sólo haya llegado a pactos de investidura es que va a poder ejercer de “partido regulador” votando con las respectivas oposiciones cada vez que entienda que Díaz o Cifuentes se apartan de lo pactado o del interés general. Su papel está en el centro, no en hacer de marca blanca del PP. Pero eso no les condena a ejercer sólo de bisagra pues la mayoría sociológica tiende a la moderación y la limpieza. ¿O acaso no vamos a ver cómo se amplía el apoyo a la Monarquía tras actuar Felipe VI como “partido regulador” de su propia familia?

Gaudere cum gaudentibus. Alegraos con los que -como yo- se alegran.

Un pacto de izquierdas para enterrar dos décadas del PP

Puig, Oltra y Montiel

Podemos, Compromís y PSPV-PSOE presentaron este jueves un acuerdo sobre las políticas que regirán la Generalitat Valenciana los próximos cuatro años. Eligieron para la firma el Jardín Botánico de Valencia, un escenario bucólico donde se rubricó el fin de dos décadas de dominio absoluto del PP.

Fotos: Juan Navarro

Como un estudiante delante de un examen, los tres partidos que están intentando formar el nuevo gobierno valenciano han dejado la parte más difícil para el final. Las tres formaciones llevaban dos semanas sin ponerse de acuerdo sobre quién será el presidente. La pelea era entre el PSOE (23 diputados), que esgrimía su condición de lista más votada y Compromís (19 escaños), que exhibía su crecimiento electoral frente al derrumbe de su hipotético socio. Ante el enroque, la solución ha sido dejar de hablar de esta cuestión en público y centrarse en un primer paso: un pacto con los objetivos generales de sus futuras políticas.

Podemos, Compromís y PSPV-PSOE presentaron el jueves el acuerdo programático. Eligieron para la firma el Jardín Botánico de Valencia, un escenario bucólico. Invitaron a organizaciones de la sociedad civil. Glosaron las medidas contenidas en el documento común, que recoge la intención de evitar que haya familias desahuciadas “sin alternativa de vivienda”, devolver la asistencia sanitaria a los inmigrantes, crear una Agencia Tributaria propia y revertir la privatización de la gestión sanitaria, entre otros compromisos. El acuerdo entre los tres no es definitivo, pero sus respectivos líderes -Antonio Montiel, Mónica Oltra y Ximo Puig, en la foto- mostraron su buena voluntad: Puig eludió la pregunta de si sigue empeñado en liderar el gobierno y Oltra pospuso a “mañana” la cuestión.

La presentación del bautizado como “Acord del Botànic” llegó pocas horas después de la primera sesión parlamentaria tras las elecciones del pasado 24 de mayo, que sirvió para tomar juramento o promesa a los diputados y elegir los miembros de la Mesa, el órgano de gobierno de Las Cortes. Entre la alegría de unos y el derrumbe moral de otros, el pleno fue el símbolo del brusco cambio que la Comunidad ha vivido en sólo una legislatura.

El PP, de la euforia al hundimiento

Después de 20 años de gobierno, casi todos con mayorías absolutas, el PP fue ayer el reflejo más elocuente del cambio. El partido ha pasado de los 55 escaños a 31. Sus diputados tienen que compartir su antaño exclusiva bancada de la derecha del hemiciclo con los 13 recién llegados de Ciudadanos. Rita Barberá, alcaldesa en funciones de Valencia y una suerte de matriarca para los conservadores valencianos, mantuvo un paso lento y abatido en el trayecto desde su escaño a la urna que presidía la sala. Era el símbolo del desánimo de toda la bancada, que asimila con dificultades el cambio de rol que les han deparado las elecciones.

Hace cuatro años, el partido estaba ya bajo la sospecha de varios casos judiciales de corrupción. Pero tenía el poder en la Generalitat, las tres diputaciones provinciales, los ayuntamientos de las tres capitales y la mayoría de municipios. La cúpula optó entonces por obviar el problema y defender la presunción de inocencia de los afectados. La consecuencia es que en la sesión de constitución de Las Cortes tras las elecciones de 2011 el grupo parlamentario popular tenía nueve imputados. Entre ellos, el propio presidente del partido y de la comunidad, Francisco Camps.

La situación provocó entonces mucha tensión dentro y fuera del edificio. En las afueras de Las Cortes Valencianas hubo multitudinarias protestas ciudadanas que obligaron al blindaje policial de la institución. Dentro, Juan Cotino, recién nombrado presidente de la Mesa, decidió hacer gala de su pertenencia al Opus Dei y colocó un crucifijo a la vista de todos. El gesto provocó la ira del resto de partidos.

Algunos de los componentes de Compromis haciendose un selfie
Algunos de los componentes de Compromis haciendose un selfie (foto: Juan Navarro)

Una larga lista de escándalos

Cuatro años después, las consecuencias judiciales de la corrupción en el PP han coincidido en el tiempo con la victoria de sus rivales políticos. El jueves, al mismo tiempo que las nuevas Cortes se constituían, comenzaba en el Tribunal Superior de Justicia autonómico uno de los juicios por el caso Gürtel, en el que dos exconsejeras de Camps se sientan en el banquillo. También ese día el alcalde de Castellón, Alfonso Bataller, lloró ante los periodistas al anunciar su dimisión, debido a su presunta implicación en la operación Púnica. En la jornada anterior, se conoció que Rafael Blasco, hombre fuerte del PP durante lustros, ingresará en prisión en breve, condenado por malversar dinero destinado a la cooperación internacional.

Son escándalos que se suman a una lista ya muy larga de presuntos robos de dinero público por parte de políticos conservadores. Con el eco de las noticias resonando en sus móviles, los diputados del PP vieron ayer cómo el reparto de los puestos en los órganos de gobierno de Las Cortes preludiaba su pérdida de poder en las principales instituciones valencianas. La Mesa, dominada antes por los conservadores, tendrá ahora un miembro de cada formación política. El nuevo presidente será el socialista Francesc Colomer. Fue durante años el portavoz de la oposición en la Diputación de Castellón. Tenía enfrente a Carlos Fabra, entonces jefe del PP provincial y hoy en la cárcel. Fabra lo humilló en infinidad de ocasiones entre las risas de sus compañeros de partido y llegó a mascullar “hijo de puta” al término de un pleno.

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Últimos compases del baile de la “yenka”

El contraste a la actitud del PP estuvo en las bancadas del resto de partidos. Los miembros de los partidos emergentes, Podemos y Ciudadanos, estrenaron las rutinas parlamentarias entre preguntas por su funcionamiento. Se pudo escuchar cómo una diputada explicaba a otro la manera de conectar el micro: “Le das al botón y la luz se pone rojita”. A sus líderes hubo que explicarles dónde comparecer ante la prensa y en qué orden. En los dos escaños partidos llamados a formar gobierno, PSOE y Compromís, abundaban las sonrisas, los abrazos y los apretones de manos.

Parecía que el acuerdo estaba próximo, pero hubo todavía un último desencuentro. La noche anterior se había alcanzado un pacto entre los tres partidos de izquierda -Compromís, Podemos y PSOE- para la distribución de la Mesa de Les Corts. Pero el PSOE apoyó finalmente a Ciudadanos para el puesto que, según Podemos, estaba acordado que ocupara un miembro del partido de Pablo Iglesias. El resultado final de esta decisión es anecdótico: Podemos quedó igualmente representado en la Mesa, aunque en un rango inferior a Ciudadanos.

Pero el gesto tuvo un alto valor simbólico. Antonio Montiel, líder de Podemos en la Comunidad Valenciana afirmó que lo sucedido no les impediría seguir negociando con el PSOE un nuevo gobierno en la Generalitat. Pero sí se quejó de que era un “comportamiento extraño” y que arruinaba la “visualización del bloque del cambio”. “Que deje de bailar la yenka”, dijo, en referencia al famoso baile que incluye pasos sucesivos y cambiantes a la izquierda y la derecha.

Puig abraza a Oltra (Foto: Juan Navarro)
Puig abraza a Oltra (Foto: Juan Navarro)

Puig explicó su decisión en su intención de evitar “bloques cerrados” y en el hecho de que Podemos tiene menos votos que Ciudadanos (pese a que ambos partidos tienen los mismos escaños). Pero el gesto no deja de ser el último coqueteo de los socialistas con el partido de Albert Rivera. Si ambos partidos unen sus fuerzas, sus escaños forman una mayoría simple. Es decir, podrían gobernar si contaran con la abstención del PP. El PSOE usa esta posibilidad para ejercer presión sobre Compromís, que en las dos últimas semanas se ha resistido a aceptar a Puig como presidente, y que no ha dejado de apostar en público por Mónica Oltra para ese puesto.

La opción de una alianza entre PSOE y Ciudadanos parecía sólo un amago con el que los socialistas buscaban reforzar su postura en la negociación. Pero el pasado martes, llegaron a suspender las negociaciones con Compromís. Gestos como ese, o el guiño a Ciudadanos de ayer, podrían responder a las presiones que el PSOE valenciano está recibiendo del partido a nivel estatal. Según ha podido saber EL ESPAÑOL, Pedro Sánchez, secretario general del PSOE, prefiere a Ciudadanos como socio de gobierno en Valencia.

Sánchez estaría dispuesto, incluso, a impedir que Compromís gobierne en la ciudad de Valencia pese a ser la segunda fuerza más votada, y permitir en su lugar que gobierne Ciudadanos, aunque para ello necesiten la complicidad del PP mediante la abstención. El acuerdo programático del jueves acaba, en principio, con todas estas especulaciones. Siempre que Mónica Oltra y Ximo Puig sean capaces de ponerse de acuerdo en los próximos días sobre la presidencia de la Generalitat.

El duelo de la estrella y el superviviente

Captura de pantalla 2015-05-30 a las 20.19.50

Mónica Oltra, de Compromís, y Ximo Puig, del PSOE, son los candidatos de los principales partidos de la izquierda valenciana y, junto a Podemos, tienen votos suficientes para descabalgar al PP. Todo el mundo da por supuesto que serán capaces de llegar a un acuerdo. Pero los reproches entre ambos no cesan.

TAMBIÉN EN EL ESPAÑOL: Por qué Rita Barberá perdió la alcaldía de Valencia

Captura de pantalla 2015-05-30 a las 20.19.50Cuando el lunes Mónica Oltra, de Compromís, y Ximo Puig, del PSOE, se sienten por fin en la misma mesa, lo harán después de una semana de mutuos enfrentamientos y reproches en público. Son los candidatos de los principales partidos de la izquierda valenciana y, junto a Podemos, tienen votos suficientes para descabalgar al PP. Todo el mundo da por supuesto que serán capaces de llegar a un acuerdo. Pero en los días siguientes a las elecciones tanto Oltra como Puig han utilizado todos los micrófonos a su alcance para disputarse el puesto de presidente de la Generalitat.

La reunión a la que ambos están convocados será “exploratoria” y ha sido convocada por Podemos de la Comunidad Valenciana. La formación hace valer así su posición de necesaria bisagra en las negociaciones. Tiene 13 diputados, que formarían una mayoría absoluta de 55 escaños junto a los 23 del PSOE y los 19 de Compromís. Por eso, Antonio Montiel, su líder, es el único hombre capaz de decidir el desempate. No obstante, Montiel deja pasar los días sin definir si apoya a Oltra o a Puig como presidente.

La única referencia es la reciente declaración de Pablo Iglesias, líder nacional de Podemos, que el pasado martes se felicitó por la victoria de Compromís.  El gesto pareció un apoyo a Oltra frente a Puig. Pero esto podría ser sólo una medida de presión en la negociación estatal que Iglesias debe mantener con Pedro Sánchez, secretario general del PSOE, y en la que están en juego plazas tan importantes como la Junta de Andalucía o los ayuntamientos de Madrid y Barcelona.

Para terminar de complicar la situación, hay que añadir los pactos pendientes en los municipios de la comunidad autónoma. El más importante, Valencia, depende también de un acuerdo entre Compromís y PSOE. En este caso, la lista más votada ha sido la de la coalición de izquierda nacionalista, pero necesita el apoyo de los socialistas y de Valencia en Comú, la marca apadrinada por Podemos, para lograr una mayoría absoluta y sacar a Rita Barberá de la alcaldía.

Esta es una de las bazas de Puig para conseguir que Oltra ceda y le permita ser presidente. La otra es su amenaza de formar gobierno junto a Ciudadanos (13 diputados) y prescindir de Compromís, aunque sería un ejecutivo muy frágil porque juntos no alcanzan la mayoría absoluta. Todo debe decidirse antes del 11 de junio, fecha en la que deberán constituirse los ayuntamientos y también Las Cortes Valencianas.

En este compás de espera, la discusión entre Puig y Oltra no remite. El primero defiende su derecho a ocupar la Generalitat porque la suya es la lista más votada: tiene cuatro escaños, 2,11 puntos porcentuales y 52.532 votos más que Compromís. “Lo lógico es que se llegue a acuerdos desde la perspectiva aritmética de los escaños”, afirma.  Para la segunda, la diferencia de votos entre los dos partidos es “casi empate técnico“. También explica que hay “más fuerzas”, en una clara alusión al apoyo que podría recibir de Podemos. Además, no deja pasar la oportunidad de meter a Puig en el saco de los que llevan “40 años en la política” y de los que practican una “vieja” manera de ejercerla.

Puig, el superviviente

Ximo Puig resumió su estado de ánimo el pasado miércoles, cuando pidió que se respete su derecho a ser presidente “sin marear más de lo necesario”. La frase adquiere pleno significado cuando se atiende a su trayectoria política, en la que ha necesitado muchos mareos para llegar a ser líder del PSPV, la marca del PSOE en la Comunidad Valenciana. Puig tiene 56 años y lleva desde los 24 años metido en política. En todo este tiempo, ha tenido que emplearse a fondo contra sus rivales políticos y, sobre todo, contra sus enemigos internos en el partido.

Puig nació en Els Ports, una comarca montañosa del norte de Castellón, hecha de pueblos pequeños que a veces no llegan al centenar de habitantes. Su municipio, Morella, es la capital de la zona. Él consiguió ser el alcalde en 1995 y después de 12 años como concejal. En ese año se convirtió también en el portavoz de la oposición del PSOE en la Diputación provincial. Allí, tuvo que pelear contra su presidente, Carlos Fabra, encarcelado desde el pasado diciembre y símbolo de la corrupción del PP valenciano.

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Por aquel entonces, Fabra ya practicaba un estilo de gobierno autoritario y caciquil. Puig le plantó cara y, según sus colaboradores cercanos en aquellos años, obtuvo a cambio amenazas en el cuerpo a cuerpo de los pasillos de la institución. El presidente también redujo al mínimo las retribuciones a los diputados de la oposición mientras subía las de los miembros de su partido, según las mismas fuentes. Y recortó las subvenciones para Morella, lo que provocó una suerte de reacción nacionalista en el pueblo, que cerró filas en torno a su alcalde. Puig mantuvo la alcaldía hasta 2012, cuando la dejó para liderar el PSPV.

Pero la mayor batalla del candidato socialista no fue la que libró contra el PP, sino la que vivió dentro de su propio partido. En el PSPV la guerra entre familias es legendaria. Es una estructura informal y soterrada, pero más válida y poderosa que los órganos de gobierno que salen de los congresos del partido. Los adversarios internos de Puig lo califican de “lermista”. Es una denominación despectiva para los que fueron colaboradores de Joan Lerma, el presidente socialista de la Generalitat Valenciana desde 1982 hasta 1995.

La etiqueta consigue alterar el carácter apacible y cercano de Puig, que se revuelve como una fiera cuando algún periodista se la nombra: “El lermismo no existe, es mentira”, afirmó por enésima vez en una entrevista reciente. Sin embargo, sus adversarios en el partido tienen otra opinión. “Puig ha llegado al poder después de muchos años intentándolo porque los lermistas se protegen mucho entre ellos. Él sigue con la misma dinámica, porque ha reservado los puestos importantes de dirección para miembros de la misma familia”, afirma uno de los rivales internos del líder, que prefiere mantener su anonimato.

Sea por la guerra entre familias o por un sano ejercicio de democracia interna, el hecho es que a Puig le ha costado mucho tiempo y esfuerzo llegar al liderazgo del PSPV. Se presentó al congreso de 2008 y perdió frente a Jorge Alarte, un alcalde joven y hasta entonces desconocido que consiguió aglutinar en torno a sí el rechazo de gran parte del partido al llamado lermismo. Pero Alarte no consiguió transformar la crisis económica y la corrupción del PP en votos para los socialistas, y perdió estrepitosamente las elecciones autonómicas de 2011: obtuvo el 27,59% de los votos, por debajo de la barrera psicológica del 30%. Puig tuvo la oportunidad de volver a aspirar al liderazgo y, esta vez sí, se convirtió en secretario general del PSPV en 2012.

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Todos esos sinsabores debieron de pasar por la mente de Ximo Puig en la noche del 24 de mayo, cuando con un resultado todavía peor que el de Alarte, vio ante sí la posibilidad de gobernar, por fin, la Generalitat Valenciana. La euforia se apoderó de la sede socialista, que se llenó de camisetas con el lema ‘Ximo Puig president’. Él mismo dio por supuesto en ese momento que así sería: “Los valencianos han votado cambio y han decidido que ese cambio lo lidere el partido socialista”. Para su sorpresa, pocas horas después se topó con una persona que no compartía esa opinión, y que es todavía más obstinada que él en la tarea de conseguir el poder.

Mónica Oltra, la estrella

“Aquí todo el mundo se tiene que bajar un poco el ego, bajar del burro”. Es uno de los jarros de agua fría que Oltra ha vertido estos días sobre las aspiraciones presidencialistas de Puig. La candidata de Compromís ha dejado claro que ser presidenta no es una exigencia imprescindible para llegar un acuerdo y que lo importante es que haya sintonía en el programa de gobierno. Pero también ha dicho que la coalición que lidera tiene “la valentía” de aspirar a ese puesto. Y se ha reivindicado como la novedad, citando incluso al nombre que más evitan recordar los propios socialistas: “Estoy segura de que vamos a hacer políticas totalmente diferentes a las que hizo Zapatero”.

Oltra incluso ve los resultados de las elecciones como un punto a su favor. Afirma que el PSPV ha perdido un tercio de los votos y que su formación, sin embargo, ha triplicado su número de escaños. “Me presenté para ser presidenta y el resultado acompaña”, afirma.

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Todas estas declaraciones son acompañadas por un clamor popular y mediático a su favor. En los últimos días, una iniciativa en Facebook y otra en Change.org han pedido que sea ella, no Puig, la presidenta de la Generalitat. Varios medios de comunicación la han encumbrado como una de las tres mujeres que simbolizan el cambio político en España, junto a Manuela Carmena y Ada Colau. Y la atención que despierta su figura se traduce en numerosas entrevistas en periódicos, radios y televisiones nacionales.

La seducción que ejerce Mónica Oltra sobre los medios de comunicación es tan evidente como justificada. Responde a una innegable valentía para enfrentarse a los poderosos que ha demostrado incluso en los momentos en los que la derecha tenía el apoyo de los votantes y también la aquiescencia de la mayoría de los medios de comunicación autonómicos. Para ello, ha usado una excelente oratoria entre otros recursos menos habituales. Se hizo famosa en 2009 cuando subió a la tribuna de Las Cortes Valencianas con una camiseta con el lema Wanted, only alive (“Se busca, sólo vivo”) y la foto de Francisco Camps.

Fue la denuncia más eficaz de la falta de explicaciones del presidente valenciano, que por aquel entonces estaba imputado en el caso Gürtel pero se permitía faltar a las sesiones de control parlamentario. Camps también pasó años sin aceptar ninguna pregunta de la prensa. Cuando algún periodista se atrevía a acercarle un micrófono, el presidente optaba por no contestar o por responder con una larga perorata que no tenía nada que ver con la cuestión planteada.

Fue en ese ambiente en el que Oltra tuvo más coraje que ningún otro miembro de la oposición. Y el PP se lo hizo pagar con una hostilidad creciente. Cada vez que terminaba una de sus intervenciones recibía insultos a gritos desde la bancada de los conservadores (“mona”, llegaron a decirle una vez). La expulsaron del pleno en varias ocasiones. Fue la única política a la que juzgaron por un acto de resistencia ciudadana a la policía en el barrio del Cabanyal a pesar de que había otros diputados presentes.

La mayor venganza, sin embargo, fue la de Juan Cotino, entonces presidente de Las Cortes y hoy imputado por, presuntamente, haber desviado fondos en la visita del Papa a Valencia en 2006. Cotino le dijo desde la tribuna que posiblemente ella no conocía a su padre. Así  demostró que conocía la historia de la familia de la diputada.  Sus padres eran comunistas y él, separado. Así que tuvieron que emigrar a Alemania para vivir juntos. Allí nacieron Oltra y su hermano, que no pudieron adoptar el apellido paterno hasta que llegó la democracia a España. Ella siempre estuvo convencida de que Cotino había conocido todos esos datos gracias a un cargo anterior: el de director general de la Policía Nacional.

Oltra siempre recibió estos ataques con entereza, pero nunca escondió su fragilidad. Su espontaneidad ha sido otro de los rasgos con los que ha conseguido enamorar a gran parte de la opinión pública. No dudó en reconocer que se sentía “mal” cuando atacaba a Camps pese a que creía que era su obligación. O que su valentía en la tribuna tenía un coste personal cuando se quedaba sola: “A veces he llorado en el despacho. Una vez volví a fumar y todo. Pero siempre me repongo”. Todo esto le ha valido el puesto en los sondeos como política mejor valorada.

No obstante, tiene también muchos críticos e, incluso, detractores. Se los granjeó en 2007, cuando militaba en IU. La formación entró en Las Cortes Valencianas por un pacto con el Bloc Nacionalista Valencià. Oltra llegó a un acuerdo con los diputados del Bloc para  ser ella la portavoz del grupo parlamentario en sustitución de la portavoz de su propio partido. Como resultado, fue expulsada de la formación de izquierdas.

Fundó entonces una nueva fuerza política, Iniciativa del Poble Valencià, sin abandonar el escaño que había ganado gracias a IU. Como consecuencia, sus excompañeros de partido tuvieron que exiliarse al grupo mixto. Mientras, ella iniciaba su aproximación al Bloc, que culminó en la formalización de la coalición Compromís con la que ahora aspira a gobernar la Generalitat.

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Oltra también ha conseguido convertirse en la líder incontestada de su nueva formación, a pesar de que los militantes del Bloc son mayoría. En la actualidad son casi el 70%, pero en el origen de la formación su peso era todavía mayor. No obstante, han aceptado que Oltra los represente. Esto, aunque por el camino se desdibuje la razón de ser del Bloc: el nacionalismo. “No soy nacionalista, ¿se nota mucho?”, llegó a reconocer ante Ferran Torrent, conocido escritor valenciano que escribió un libro sobre ella.Una carencia que el Bloc ha aceptado porque, según fuentes internas del partido, sus miembros saben que es la única capaz de llevarlos a la victoria.

Hasta que ella llegó, el partido no era capaz en solitario de superar la barrera del 5% de los votos y alcanzar una representación parlamentaria. Fue, como se puede leer en el libro de Torrent, “como si la política valencianista hubiera estado necesitada de un Dios, en este caso una Madre de Dios, que  nos rescatara del anonimato para devolvernos a un país de esperanza”.

Ahora, Oltra parece estar intentando una maniobra parecida. Aspira a formar un gobierno de coalición con el PSOE, un partido que tiene más votos que el suyo. Pero sugiere que los socialistas acepten que ella sea la presidenta. Es poco probable que lo consiga, aunque nadie niega en la Comunidad Valenciana que Oltra tiene más carisma y capacidad de arrastre que Puig.

En cualquier caso, los dos tienen que elegir entre cooperar para hacer política de izquierda, o enfrentarse en una guerra de egos. Es conveniente para sus propios intereses que apuesten rápido por la primera opción porque, citando por última vez a Torrent, “el personal està fart i fotut, no està, diguem-ho clar, per a hòsties” (“el personal está harto y jodido; no está, digámoslo claro, para hostias”).

(Fotos: Compromís y PSPV-PSOE)

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