La irregular atención sanitaria al extranjero en situación ilegal

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El ministro de Sanidad busca un acuerdo para devolver a los extranjeros en situación irregular la asistencia sanitaria primaria, tres años después de que el mismo Gobierno -con Ana Mato como titular de la cartera- aprobara el polémico Real Decreto que despojó de este derecho al colectivo. Esta norma no gusta ni a los miembros del propio Partido Popular, como demuestran los anuncios de deserción en varias comunidades autónomas, algunas gobernadas por ‘populares’. 

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Imagen: Moeh Atitar

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (MSSSI) busca un acuerdo para devolver a los inmigrantes irregulares la asistencia sanitaria. Lo hace tres años después de que el mismo Gobierno -aunque con Ana Mato a la cabeza- aprobara el polémico Real Decreto que despojó de este derecho al colectivo (RD 16/2012). Se trata de una norma que parece no satisfacer ni a los miembros del propio Partido Popular como demuestran los anuncios de ‘deserción’ desde el inicio, que se han multiplicado desde las elecciones autonómicas. El último, el del gobierno madrileño presidido por Cristina Cifuentes.

El penúltimo intento de enmienda de la situación se produjo esta semana. Sanidad presentó a las comunidades autónomas un acuerdo para armonizar la atención social y sanitaria a los extranjeros en situación irregular. Lo que el secretario de Estado de Sanidad y Consumo, Rubén Moreno, ha propuesto a los representantes de las consejerías es que los extranjeros en situación irregular y sin recursos acrediten una residencia de seis meses en España para poder tener acceso a una atención similar al resto de la población, aunque con una importante diferencia: para acudir al médico, se les dará un documento acreditativo previo a su inclusión en una base de datos “a la que se pueda acceder desde todos los centros sanitarios”.

Así, la situación actual es, como mínimo, indefinida. La pregunta que surge es cómo y por qué se ha llegado hasta aquí.

cobertura-sanitaria1. El Gobierno publica el Real Decreto-Ley 16/2012.

El 20 de abril de 2012, el Consejo de Ministros aprobaba el Real Decreto de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones. Era una propuesta del Ministerio de Sanidad presidido entonces por Ana Mato.

Según explica a El Español la presidenta de Médicos del Mundo España, Sagrario Martín, el propio nombre del decreto incluye la supuesta explicación del mismo. “Las razones que se aducen son económicas y enmarcadas en el contexto de la crisis”, comenta. Según el médico de Atención Primaria y economista de la salud Javier Padilla, hay otra razón: “Si un inmigrante irregular tiene derecho a la asistencia sanitaria en España, esta se traslada a cualquier país europeo al que vaya el inmigrante, que luego le facturaría su atención a España”. “No querían cargar con esto y la excusa fue siempre la del ahorro económico, pero sin datos para apoyar la medida”, comenta Padilla. Las autoridades sanitarias cuantificaron la medida en la “desactivación” de 800.000 tarjetas sanitarias.

A efectos prácticos, los extranjeros en situación irregular no podrían recibir atención sanitaria excepto en Urgencias. La excepción eran los niños y las mujeres embarazadas.

Tanto Padilla como Martín apuntan también a un cambio “menos divulgado y más importante” que supuso la entrada en vigor del decreto. “La atención sanitaria pasó de estar considerada como un derecho a estar vinculada al trabajo”, señala Padilla. O, en otras palabras, pasó de asociarse al pago de impuestos a hacerlo a la cotización laboral. Así, sólo las personas que cotizaban y sus beneficiarios tendrían derecho a una atención sanitaria y los que no lo hacían, no. En el caso de los españoles e inmigrantes ‘legales’, esto se solventaría asignando una partida presupuestaria para su atención médica. Para las personas en situación irregular, no. “Se da la tremenda e injusta paradoja de que los inmigrantes indocumentados pagan impuestos, pero no pueden acceder a la sanidad”, apunta Padilla.

La presidenta de Médicos del Mundo hace un símil con la educación: “Es como si sólo tuvieran derecho a la enseñanza los niños hijos de padres trabajadores; eso es lo que se hizo con la salud con la aprobación de este Real Decreto, impedir que la atención sanitaria sea un derecho universal”.

2. Varias CCAA anuncian que seguirán dando atención sanitaria a los inmigrantes indocumentados.

Lo que sucedió justo después de la aprobación del Real Decreto es definido por Martín como “un absoluto galimatías”. “Prácticamente todas las comunidades autónomas han ido proporcionando vías alternativas de entrada al sistema, aunque algunas han sido más rígidas y otras más díscolas”, subraya. Andalucía y Asturias anunciaron su rebeldía casi de inmediato y, para Padilla, son las que más han seguido tratando a los extranjeros en situación irregular.

Las medidas, efectivamente, fueron muy variadas. En algunas regiones, se les daba atención a los afectados con unos ingresos menores de una cifra determinada, en otras se les facilitaba la asistencia a atención primaria pero no especializada y en algunas el problema se centraba más en el acceso al medicamento. “Las desigualdades eran abismales”, comenta Martín, que cita un informe (PDF) publicado por Médicos del Mundo con datos sobre la situación dos años después.

Padilla apunta a la diferencia entre el derecho y el acceso. “Aunque algunas regiones bordeaban el problema dando tarjetas especiales, este derecho no llegaba a personas sin dominio del lenguaje o domicilio fijo, por citar sólo dos barreras de acceso”. En la misma línea, Martín apunta a la falta de información “incluso dentro de la misma comunidad”. Las consecuencias, según la ONG que preside: diagnóstico de muchas enfermedades cuando estas ya estaban avanzadas. El ejemplo paradigmático es la tuberculosis, que hasta su diagnóstico puede ser fácilmente transmisible, sobre todo si se vive en condiciones de hacinamiento. “La gente pensaba que no tenía derecho y a eso había que añadirle el miedo habitual que acompaña a este colectivo”. Padilla va más allá: “Ha habido gente que ha fallecido, aunque es muy difícil demostrar la relación causal”.

El médico comenta una medida que se puso en marcha de forma paralela: la creación de un registro de médicos objetores de conciencia que se negaban a desatender al colectivo afectado.

3. Navarra interpone un recurso contra el RD 16/2012 ante el Tribunal Constitucional, que lo admite a trámite.

Casi a la vez que algunas regiones anunciaban su rebeldía en la aplicación del Real Decreto, otras lo hacían por la vía legal. La primera fue Navarra, que interpuso un recurso contra la norma en el mes de julio de 2012. Le siguió Andalucía y Cataluña. Para la presidenta de Médicos del Mundo “cualquier forma de intentar frenar el Real Decreto” era un apoyo, aunque esta medida no estaba tan centrada en la práctica. “Era más por un tema de competencias, por saber si la gestión de la norma correspondía al Gobierno o a las comunidades autónomas”.

4. El ministro Alfonso Alonso anuncia que el Gobierno devolverá a los inmigrantes irregulares la atención primaria.

Durante casi tres años se sucedieron las noticias sobre la aplicación de la normativa, así como sobre las alternativas que ideaban las comunidades y las ONG para que nadie quedara sin asistencia sanitaria. En noviembre de 2014 dimitía Ana Mato y Alfonso Alonso era nombrado nuevo ministro de Sanidad. Apenas cuatro meses después de su nombramiento, abordaba el asunto de la atención sanitaria a los extranjeros en situación irregular y anunciaba que podrían acceder a la Atención Primaria. Una bienvenida a los ambulatorios que pilló por sorpresa a muchos.

“Las razones habría que pedírselas a ellos, pero nosotros no vimos ningún hilo conductor. Pudo influir un informe (PDF) del Defensor del Pueblo sobre la situación de las urgencias hospitalarias”, comenta Martín.  Para la presidenta de Médicos del Mundo, el anuncio “que no vino acompañado de nuevos pasos”, estaba acompañado de “conceptos peligrosos”. “Parecía que se devolvía la Atención Primaria para evitar colapsar las Urgencias, como si fuera los inmigrantes los que tuvieran la culpa de este colapso”, añade.

“Las Urgencias son más ineficientes y más intervencionistas, la Atención Primaria es más efectiva”

“Está claro que las Urgencias son más ineficientes y más intervencionistas, y que la Atención Primaria es más coste efectiva. Al final parecía lo que era: que la medida no había servido para ahorrar, porque lo que realmente hubiera ahorrado dinero era lo que no se podía hacer, suprimir la asistencia sanitaria en su totalidad, algo que afortunadamente no permiten los convenios internacionales”, comenta por su parte Padilla.

5. Aragón, Comunidad Valenciana, Baleares y Cantabria anuncian que darán cobertura sanitaria a inmigrantes.

El mayo de 2015 tienen lugar las elecciones autonómicas y municipales. A un cambio del panorama político se sucede un aluvión de anuncios de que se prestará atención sanitaria completa a los extranjeros en situación irregular. No es casual. En marzo de este mismo año todos los partidos de la oposicion, salvo Ciudadanos, habían pactado esto en una declaración institucional promovida por Médicos del Mundo. “Hubo un cambio en la balanza de poder y se apuntaron incluso comunidades en las que gobernaba el PP, aunque en minoría”, comenta Padilla, que cree que la reactivación del asunto tiene también que ver con la cercanía de las elecciones generales. “Es un tema que va a sonar”, apunta el médico.

Para Martín, el anuncio es “muy positivo”, aunque lógico dentro del compromiso adquirido por los partidos dos meses antes. “Se puso en marcha”, resume.

6. La Comunidad de Madrid anuncia que dará cobertura sanitaria a inmigrantes irregulares.

La última suma a esta rebelión masiva la ha protagonizado una figura emblemática del propio Partido Popular. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, que gobierna apoyada por Ciudadanos, anunció el pasado 22 de agosto que daría atención sanitaria a este colectivo. Aunque al principio habló de crear un documento especial para los extranjeros en situación irregular, el diario El País filtró un documento que ordenaba la atención inmediata a cualquier persona “con o sin documentación”.

7.  Sanidad propone crear un registro de inmigrantes irregulares para conseguir la atención sanitaria.

El pasado 25 de agosto, el MSSSI anunciaba su intención de devolver la atención sanitaria a inmigrantes irregulares, pero con una salvedad: lo harían tras inscribirse en un registro de personas en su situación. “De primeras, nos parece peligroso y disuasorio, además de multiplicar la burocracia con la creación del registro y no la eficiencia”, comenta Martín, que se pregunta por qué no volver a la situación anterior al Real Decreto. “Todos los que tenemos tarjeta sanitaria estamos en un registro, que es de la propia tarjeta, no hay necesidad de crear otro y encima excluyente”, añade.

“¿Quién se va a querer apuntar ahí?”, se pregunta por su parte Padilla, que recalca que esta propuesta no regula la atención sanitaria como derecho.

8. Sanidad propone que los inmigrantes lleven seis meses empadronados para recibir asistencia sanitaria.

La última pieza de este puzle (lejos de ser la última) es la propuesta lanzada esta semana por Sanidad a la Comisión de Prestaciones, Aseguramiento y Financiación. La principal novedad es que propone que los extranjeros acrediten una residencia de seis meses para poder recibir asistencia. Además, tendrán que identificarse, aportar “una justificación de no disponer de recursos suficientes”, una “declaración responsable de no tener cobertura sanitaria por ninguna otra vía” y un “documento de que no procede la exportación del derecho a la asistencia sanitaria”.

Con esta propuesta, Sanidad pretende “que no se genere la obligación para España de atender gratuitamente a personas cuya asistencia ha de ser cubierta por su país de origen” y que “no se pueda exportar el derecho a ser atendido en otro país a cargo del Sistema Nacional de Salud”.

Padilla cree que con esta medida “no se da el paso necesario de volver a considerar la asistencia sanitaria un derecho”, por lo que aboga por la derogación -“quizás no total”- del Real Decreto de la polémica. La presidenta de Médicos del Mundo en España se manifiesta en la misma línea. “El derecho a la salud tiene que ser un derecho humano”, concluye.

Más de 60 tomos, 105 declaraciones y 300 horas de escuchas: guía para no perderse en la trama Púnica

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¿Cómo arranca la investigación? ¿Cuáles son las principales líneas abiertas? ¿Quiénes son los cabecillas? ¿Cómo funcionaban? ¿Hay más imputados de relevancia? ¿Cómo operaban? ¿Qué consecuencias ha tenido el desmantelamiento de esta red? ¿En qué momento está la investigación? Lea esta guía básica para no perderse en la Operación Púnica.

¿Cómo arranca la investigación?

La Operación Púnica nace oficialmente el 24 de diciembre de 2013, cuando la Fiscalía suiza alerta a la española de un posible delito de blanqueo de dinero, cometido presuntamente por el empresario David Marjaliza y el ex consejero de Presidencia y Justicia de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados. Suiza alerta de que ambos fueron poseedores de varias cuentas bancarias en el país helvético y el caso -al ser un presunto delito cometido en suelo extranjero- pasa a la Audiencia Nacional.

La llegada de la documentación suiza supuso la apertura de las Diligencias de Investigación nº2/2014 de la Fiscalía Anticorrupción, que el 1 de febrero de 2014 confía las pesquisas a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Son sus agentes quienes bautizan la investigación como Operación Púnica, en referencia al apellido en latín del principal imputado, Granados. Sin embargo, en la Audiencia Nacional el caso recibe el nombre de Diligencias Previas nº 85/2014 y, tras pasar a reparto, recae el 13 de junio de 2014 en manos del juez Eloy Velasco, que lo declara secreto.

El 27 de octubre de 2014, casi un año después del inicio de las investigaciones,  la Guardia Civil realiza las primeras detenciones. Los agentes arrestan en Madrid, León, Valencia y Murcia a 51 políticos, funcionarios y empresarios por su supuesta implicación en una trama de corrupción a nivel local y regional. Los implicados supuestamente adjudicaban servicios públicos a cambio de comisiones ilegales que después eran blanqueadas a través de un entramado societario. Se calcula que, en solo dos años, la trama se hizo con adjudicaciones valoradas en 260 millones de euros.

A día de hoy,  ya hay un centenar de implicados en la causa, que sigue abierta.

¿Cuáles son las principales líneas de investigación?

Las pesquisas de la Audiencia Nacional se dividen en dos grandes bloques. Por un lado, los agentes investigan el presunto amaño de concursos públicos para beneficiar a empresas privadas. La Guardia Civil estima en 260 millones de euros el posible beneficio para los empresarios implicados. Como principal beneficiada, los informes policiales colocan a la empresa gala Cofely, especializada en programas de eficiencia energética. Según la tesis policial, la multinacional pudo captar hasta 160 millones de euros en contratos amañados, tanto de ayuntamientos como de gobiernos autonómicos y provinciales.

El segundo gran bloque trata de esclarecer si altos responsables de la Comunidad de Madrid utilizaron empresas intermediarias -principalmente la tecnológica Indra- para abonar servicios personales o del Partido Popular de Madrid. Este segundo bloque es mucho menor en cuantía que el primero, y se basa en testimonios como el del empresario Alejandro de Pedro y el ex jefe de Informática de la Comunidad de Madrid, José Martínez Nicolás. Los dos declararon ante el juez que Salvador Victoria, ex consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, ordenó a la multinacional Indra abonar 130.000 euros a tres empresas distintas por servicios que en realidad pertenecían a altos cargos del PP de Madrid.

¿Quiénes son los cabecillas?

Francisco Granados. Quien fuera ‘número dos’ en el Gobierno de la Comunidad de Madrid cuando la dirigía Esperanza Aguirre sigue en prisión incondicional desde el 27 de octubre. Dejó la política ocho meses antes, cuando se supo que disponía de una cuenta en Suiza que ascendía a 1,5 millones de euros. Al ex alcalde de Valdemoro y ex consejero de Presidencia y Justicia del Ejecutivo madrileño se le coloca en el epicentro de la trama como el ‘cerebroque tejió la red corrupta.

David Marjaliza. El empresario es amigo de Francisco Granados desde la infancia y consiguió adjudicaciones millonarias de contratos públicos en varios municipios de la Comunidad de Madrid, sobre todo en Valdemoro, municipio donde Granados fue alcalde. Encabeza un complejo entramado empresarial dedicado a un amplio abanico de sectores de negocio, la mayor parte de ellos vinculados a actuaciones administrativas como promociones urbanísticas, contratos públicos o concesiones administrativas. 

¿Hay otros imputados de relevancia?

Salvador Victoria. Es el cargo público con más responsabilidad implicado en la trama. El ex consejero de Presidencia, Justicia y portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid en la pasada legislatura fue citado por el juez en calidad de imputado para declarar por supuestos delitos de corrupción. El político dimitió tras su implicación y se negó a declarar ante el juez, que le retiró el pasaporte como medida cautelar para que no abandone el país. Se le imputan cuatro delitos: prevaricación, cohecho, fraude y malversación de caudales públicos.

Lucía Figar. La ex consejera de Educación de la Comunidad de Madrid contrató los servicios de EICO para mejorar su imagen en Internet y la Policía cree que se pagó con dinero público. Aunque permanece imputada, el juez no ha acordado ninguna medida cautelar contra ella. Dimitió el mismo día que Salvador Victoria para no perjudicar la investidura de Cristina Cifuentes, que dependía de Ciudadanos para poder ser presidenta de la Comunidad de Madrid.

Alejandro de Pedro. Es el director general de la empresa Estrategia de Identidad y Comunicación Online (EICO), encargada de gestionar perfiles de políticos en Internet y de crear páginas web propagandísticas sobre su gestión. Con sede en Valencia, el implicado, en libertad sin cargos, ha hecho trabajos para Juan Cotino, ex presidente de las Cortes Valencianas; para la Diputación de León y altos cargos de la Comunidad de Madrid, como Figar y Victoria. También parece que tenía una gran influencia en Génova y confesó que hizo trabajos de reputación para Ana Botella por mediación de Eduardo Zaplana.

Alcaldes. Los servicios de reputación que ofrecía Alejandro de Pedro con dos empresas, Eico y Madiva, supuestamente se pagaban con fondos públicos de los ayuntamientos donde gobernaban los políticos implicados en procedimientos supuestamente corruptos. De momento, hay seis alcaldes de la Comunidad de Madrid implicados en la trama (los de Parla, Valdemoro, Torrejón de Velasco, Casarrubuelos, Collado Villalba y Serranillos del Valle); el secretario del Instituto de Turismo de la región de Murcia; el ex alcalde de Cartagena, José Antonio Alonso, y el presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez Barazón.

Altos directivos. En el listado de imputados en esta trama corrupta figura el nombre del actual consejero delegado de Indra, Javier de Andrés González y un promotor inmobiliario vinculado a Granados y Marjaliza, Ramiro Cid. En la primera fase de la operación fueron detenidos cuatro altos cargos de Cofely: su director general en España, Didier Maurice y el director comercial, Constantino Álvarez de la Cueva, aunque el asunto parece que va más arriba. Su director general de Servicios, Xavier Susan Mir, también está imputado. Al administrador único de otra empresa implicada en la red, Waiter Music, José Luis Huerta Valbuena, se le impuso la mayor de las fianzas para eludir la prisión: 300.000 euros.

¿Cómo trabajaba la Púnica?

En líneas generales, Granados y Marjaliza utilizaban su influencia para conseguir comisiones por diferentes frentes, todos cercanos a la política. La trama facilitaba contratos públicos a empresarios afines a través de tres cauces distintos: reputación online, eficiencia energética y actividades musicales.

La compañía a la que más contratos públicos le llovió gracias a su afinidad con los cabecillas de Púnica fue la francesa Cofely, que se hizo con muchos de los contratos de eficiencia energética que ofertaban municipios de la Comunidad de Madrid. Hay funcionarios de algunas localidades investigadas que han confesado ante el juez Velasco que recibían órdenes de la multinacional energética para confeccionar el pliego de condiciones de la adjudicación pública a imagen y semejanza de sus condiciones. Por eso ninguna otra gran compañía conseguía arrebatarle ni un solo contrato.

El empresario Alejandro de Pedro es el propietario de dos de las empresas investigadas por la trama: Eico y Madiva. Las entidades, que compartían la misma sede en Valencia, trabajaban para mejorar a través de Internet la imagen de los candidatos populares las semanas previas a las elecciones municipales. También se crearon páginas web zombis con noticias positivas de sus clientes para contrarrestar las noticias negativas y perfiles en Twitter falsos para hacer propaganda a sus clientes. Se sabe que el valenciano trabajó para altos cargos de la Comunidad de Madrid, como Salvador Victoria y Lucía Figar, y otros destacados miembros del PP de la Comunidad Valenciana, como Juan Cotino. De Pedro ayudó también a otros candidatos populares de la región a posicionarse en la red de cara a las elecciones municipales y autonómicas. Además, confesó ante el juez que Indra le pagó 10.000 euros en metálico por un trabajo hecho a la Comunidad de Madrid.

En León, el juez Velasco sospecha que el que fuera presidente de la Diputación, Marcos Martínez, intentó amañar contratos vinculados a la estación de esquí de San Isidro a cambio de ganar influencia en Génova. Su intención era hacerse con el control del PP de León. Durante el interrogatorio, el popular reconoce tratos directos con Alejandro de Pedro pero, sin embargo, asegura que fue su predecesora, la fallecida Isabel Carrasco, quien lo introdujo en la Diputación leonesa.

El juez también detuvo en el marco de esta operación a José Antonio Alonso, ex alcalde socialista de Cartagena (Murcia) por participar, junto a De Pedro, en la estrategia de mejorar la reputación de altos cargos públicos.

¿Ha tenido el caso consecuencias políticas?

Tras las detenciones llegaron las dimisiones. Los seis alcaldes de la Comunidad de Madrid detenidos dejaron sus puestos al frente de sus respectivos ayuntamientos: Parla (PSOE), Collado Villalba (PP), Casarrubielos (PP), Valdemoro (PP), Torrejón de Velasco (PP) y Serranillo del Valle (PP).

Las dos personas con más relevancia pública que dimitieron tras el escándalo fueron Salvador Victoria y Lucía Figar, ambos consejeros de la Comunidad de Madrid durante la legislatura pasada. Su imputación saltó en plena negociación de la investidura de Cristina Cifuentes. Ciudadanos pidió sus cabezas a cambio de permitir que el PP se hiciera con la presidencia de la región.

También dimitieron tras su imputación el consejero de Industria y Turismo de Murcia, Juan Carlos Ruiz; el consejero delegado de la Agencia Informática de la Comunidad de Madrid, José Martínez Nicolás, el alcalde de Castellón, Alfonso Bataller y el presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez.

¿En qué momento está la investigación?

David Marjaliza ha pactado con la Fiscalía rebajar su pena si colabora con la Justicia. El empresario habría revelado ante el juez Eloy Velasco el nombre de más municipios que amañaron contratos con la red. El empresario también habría dado el nombre de los políticos que habrían colaborado con la trama y que, hasta ahora, aún están al margen de la Operación. En una de sus declaraciones, Marjaliza involucró a tres aforados de la Comunidad de Madrid: Jaime González Taboada, consejero en el Gobierno de Cristina Cifuentes; Bartolomé González, número 11 en la misma candidatura; y Eva Borox, la número 3 en la lista regional por Ciudadanos.

De momento, las 105 declaraciones que el juez Eloy Velasco ha recopilado en la Audiencia Nacional conforman ya un sumario de 60 tomos y 300 horas de grabaciones. Las indagaciones realizadas han permitido descubrir una trama que, sacando provecho de relaciones personales e influencias políticas, han logrado obtener de manera irregular la adjudicación de contratos públicos, aprovechamientos urbanísticos o gestiones de cualquier tipo que, dependiendo de autoridades públicas, actuaban en beneficio de las personas físicas y jurídicas que forman parte de la trama.

A corto plazo, se espera que el juez levante el secreto de sumario de los pinchazos telefónicos de los principales imputados en la causa y escuchar de su propia voz cómo amañaban las adjudicaciones públicas.

Además, en EL ESPAÑOL:

La UCO investiga a un alto cargo de Madrid por filtrar información a la Púnica a cambio de trabajo

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Francisco de la Orden Gómez, ex subdirector de Infraestructuras Judiciales, filtraba a David Marjaliza las adjudicaciones públicas que la Comunidad de Madrid iba a sacar a concurso para que se presentarse Cofely, la multinacional energética acusada también de pertenecer a la trama. A cambio de esta información privilegiada, el funcionario de la Comunidad de Madrid pedía a los cabecillas de la Púnica que le garantizasen un puesto de trabajo por si el PP perdía las elecciones el 24 de mayo. 

La Guardia Civil investiga a un funcionario de la Comunidad de Madrid por filtrar información privilegiada a la trama Púnica y centra sus miras en la consejería de Justicia y Presidencia, controlada por Francisco Granados durante dos legislaturas (2004 – 2011). Según  la tesis de los investigadores, fue la ‘mano derecha’ de Esperanza Aguirre, en prisión preventiva desde el 27 de octubre, quien benefició a las empresas de su socio y testaferro, David Marjaliza, también encarcelado. Granados abandonó la política cuando se descubrió que había tenido una cuenta en Suiza, pero mantuvo intacta la relación con determinados funcionarios de la administración autonómica para que empresas de su entorno más íntimo siguieran beneficiándose de contratos públicos. Solo en los últimos dos años, el Ejecutivo madrileño que entonces presidía Ignacio González adjudicó a la empresa energética Cofely, en el epicentro de la trama, contratos valorados en 3,4 millones de euros.

El sumario de la Operación Púnica recoge una llamada entre el empresario Marjaliza y  Francisco de la Orden Gómez, ex subdirector de Infraestructuras Judiciales, dependiente directamente de la Consejería de Presidencia de la Comunidad de Madrid.  En la conversación, realizada el 5 de agosto de 2014, el funcionario muestra su temor ante un previsible cambio político en el Ejecutivo de la Comunidad de Madrid y deja entrever que, de confirmarse la salida del PP de la institución, las empresas de la trama se quedarían sin negocio. La conversación que ambos mantuvieron es la siguiente:

F. O. G.: Va a haber un derribo por liquidación.

D. M. V.: Claro, todo el mundo piensa que se va a perder y que va a haber lío.

F. O. G.: Claro, y entonces todo el mundo va a barrer. Por eso te decía que sería interesante en algún sitio donde efectivamente pudiéramos estar.

D. M. V.: Vale, vuelvo a decírselo. Yo le veré mañana o pasado. Antes de que se vaya que él también… (se corta la llamada).

Los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil recogen que, “a juicio policial y considerando el conjunto de las llamadas se deduce que, ante la proximidad de las elecciones autonómicas, existen previsiones de descalabro electoral de tal modo que habría cargos públicos buscando rentabilizar  el tiempo que le quedaría en la administración o tratando de buscar alguna alternativa profesional anterior”.

Reunión en San Bernardo

Los agentes de la UCO monitorizaron durante semanas las llamadas entre Marjaliza y este funcionario de la Comunidad de Madrid. “Necesito hacerte una pregunta in person y prefiero mirarte a los ojos”, le dijo Marjaliza el 12 de agosto. Una semana después, Francisco de la Orden vuelve a llamar al empresario de Valdemoro y le muestra la página 80 de un Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. “La página hace mención a un contrato de instalación de luminarias y equipos de ahorro de energía en municipios de menos de mil habitantes, por valor de 1.328.209 euros, que se enmarca en el sector de negocio de Cofely”, detalla la Guardia Civil en sus informes.

Dos días después de este cruce de llamadas, empresario y funcionario quedan en la madrileña Glorieta de San Bernardo. Fue visto y no visto. Cinco minutos que quedaron grabados por un equipo de vigilancia de la UCO, como atestiguan estas dos imágenes:

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Una semana después, el 3 de septiembre de 2014, Marjaliza recibe otra llamada del trabajador público. En ella, el socio de Francisco Granados confirma que Cofely se va a presentar a un concurso recomendado por el funcionario. “Vale, vale, dime quién es porque nuestro amigo ya está avisado” confirma el empleado de la Comunidad de Madrid, que también le adelanta que la administración va a sacar otros cuatro millones de euros en contratos más pequeños. “Se van a sacar a gestión directa. Lo que pasa es que son cuantías más pequeñas, de 700, 800 […] Hay unos tres o cuatro preparados ahí. Ahí sí que el que hablamos el otro día no tiene nada que ver”, detalla.

Enchufe

Poco después y, según recogen los informes policiales, el empresario hace una petición directa a Marjaliza: “Y escucha, ya por último una cosa. Yo te hago de vez en cuando esta pregunta, pero es que te la tengo que hacer porque es que si no tengo que buscar cualquier otra solución porque no puedo seguir donde estoy […] Entonces David, la pregunta que te hago es muy clara y muy directa y no quiero ponerte a ti en ningún compromiso ni a nadie. Yo lo único que quiero saber es si el que vas a poner todavía puede mover algún hilo para que a mí me puedan mover de ahí”. La respuesta de Marjaliza fue fría: “Yo, en mi opinión como persona física, yo creo que no.  Ahora, otra cosa es que hable con él y me diga que en algún lado específico sí.  Pero yo creo que ahora mismo está todo demasiado denostado y demasiado tirado como para empezar a pedir favores”.

A juicio de los investigadores, “a través de esta llamada se constata que el funcionario, de un lado facilita cierta información sobre contratación pública y del otro, le pide un favor de tal modo que cada conducta se puede interpretar como contrapunto de la otra. Aluden a una tercera persona que supuestamente podría influir en dichos contratos y a un amigo en común”.  Un interrogante que sigue abierto y que todavía investiga la Audiencia Nacional.

 

Swat: la empresa a la que Indra debía pagar 90.000 euros por Púnica está vinculada a Gürtel

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Swat, una compañía que se coordinó con la trama Gürtel para acceder a contratos públicos sin que salieran a concurso, aparece en la Operación Púnica. El ex consejero delegado de ICM, José Martínez Nicolás, declaró ante el juez que Salvador Victoria le presionó para que Indra abonase 90.000 euros a esta empresa por trabajos que en realidad se hicieron a altos cargos del PP de Madrid. 

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Salvador Victoria, ex ‘número dos’ de la Comunidad de Madrid, junto con el ex presidente Ignacio González.

José Martínez Nicolás, consejero delegado de la Agencia de Comunicación de la Comunidad de Madrid (ICM), fue la persona que describió ante el juez Eloy Velasco las presiones que el ex consejero de Presidencia y Justicia, Salvador Victoria, ejercía para que Indra pagase al menos a tres firmas de la trama Púnica. Una de las empresas, la de Alejandro de Pedro, cobró 20.000 euros en b. Pero el caso estalló y todo apunta a que la tecnológica dejó sin abonar los otros dos recibos que le exigía Victoria: 20.000 euros más para Demométrica, contratada previamente por Sanidad para hacer un escuálido informe con 53 clases de alimentos distintos; y 90.000 euros para Swat SL, una consultora que en el pasado estuvo coordinada con Gürtel para acceder a contratos públicos sin que salieran a concurso.

Miguel Ángel de la Fuente, dueño de Demométrica, contó al juez Velasco que su empresa diseña desde 2012 encuestas de intención de voto para el PP de Madrid. Sin embargo, el encargo nunca procedía de Génova. Era Swat, la compañía que saltó a la opinión pública cuando estalló el caso Gürtel, la que contrataba sus servicios. Según la investigación que abrió el magistrado Antonio Pedreira, esta empresa daba instrucciones detalladas al Ayuntamiento de Majadahonda sobre cómo debían fragmentarse contratos para poder repartir adjudicaciones a dedo sin tener que convocar un concurso público.

Ante el interrogatorio del juez Velasco, De la Fuente confesó en sede judicial que mantuvo contacto con altos dirigentes del Partido Popular de Madrid. “Hablábamos con Francisco Granados, que era el secretario general del partido y, después, tuvimos relación con Borja Sarasola”. El ex consejero de Medio Ambiente, que iba en el puesto número 12 en las listas de Cristina Cifuentes a la Comunidad de Madrid, fue llamado a declarar por el juez el 26 de mayo, solo 48 horas después de que se celebrasen las elecciones que dio la victoria a la popular gracias al apoyo de Ciudadanos y su compromiso a que ningún imputado por corrupción ocuparía un escaño en el Parlamento regional.

La citación estaba convocada para el 15 de junio, pero fue desconvocada días después de que Sarasola fuera elegido diputado y, por tanto, pasara a ser aforado. El propio Sarasola renunció a su escaño voluntariamente a principios de julio, por lo que perdía su condición de aforado. Desde entonces, Velasco no ha solicitado todavía su comparecencia.

El juez quiso saber también si Salvador Victoria intermedió en la confección de las encuestas de intención de voto que Swat encargaba a Demométrica. De la Fuente respondió que tuvo una única reunión con el ex ‘número dos’ de la Comunidad de Madrid, a petición del político. “Me llamó al despacho un día. Quería saber cómo iban los resultados de la encuesta, pero me tuve que callar, porque no tenía por qué saberlo”, confesó en su declaración.

La sombra de la corrupción persigue a esta compañía dirigida por Juan Miguel Madoz desde hace quince años. José Luis Peñas, el ex concejal del PP de Majadahonda que denunció la trama de corrupción liderada por Francisco Correa, remitió unos correos electrónicos al entonces instructor del caso, Antonio Pedreira, en los que se demostraba que entre Swat y la trama había una perfecta coordinación, como describió en su día el diario Público. En los emails, fechados en 2001, uno de los directivos de la empresa indicaba las empresas que debían recibir una determinada adjudicación a la jefa de gabinete del alcalde de Majadahonda, Carmen Rodríguez, mujer de Correa.

El ex consejero delegado de la Agencia Informática y de Comunicaciones, José Martínez Nicolás, confesó ante el juez de la Operación Púnica que en septiembre Indra no había pagado ni un solo euro a ninguna de las tres empresas apuntadas por Salvador Victoria. Un mes antes de que estallara el caso en el que ya se ha imputado a un centenar de personas, el ex consejero de Presidencia le convocó en su despacho para recriminarle el impago de Indra. Días después, Alejandro de Pedro le anunció vía WhatsApp que una parte de la deuda había sido saldada.

Las croquetas de la Púnica

croquetasFotos de croquetas, salchichas, albóndigas, pepinos y arroz a la cubana. Ese es el único contenido del informe elaborado por la empresa Demométrica el pasado año para el Ministerio de Sanidad, con Ana Mato a la cabeza. Según sus propios datos, cinco personas -dos funcionarios y tres empleados de la firma- fueron necesarios para hacer semejante trabajo. Ahora, la empresa ha sido señalada como una de las compañías que debía cobrar de Indra en la trama Púnica. Vea en el interior las 58 páginas del ‘menú’.  

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La firma Demométrica -del empresario Miguel Angel de la Fuente- fue contratada por el Ministerio de Sanidad, con Ana Mato a la cabeza, para hacer un informe cuyo único contenido son platos y raciones de croquetas, salchichas, macarrones y tortilla de patatas. 53 clases diferentes de alimentos retratadas por un equipo de cinco personas: dos funcionarios y tres trabajadores de la empresa.

El exiguo informe fue elaborado por la misma empresa señalada ahora como candidata a los cobros irregulares gestionados presuntamente por Salvador Victoria. En su declaración ante el juez, el ex jefe de informática de la Comunidad de Madrid-José Martínez Nicolás- mantuvo que Indra debía abonar 20.000 euros en facturas adeudadas realmente por servicios al Partido Popular de Madrid.

Según la información de su propia web, Demométrica, especializada en investigación de mercados, ha trabajado para importantes clientes públicos como el Gobierno de Canarias y más de cincuenta ayuntamientos nacionales. El responsable de la sociedad, Miguel Angel de la Fuente, que declaró como testigo ante la Audiencia Nacional, aseguró ante el juez que su empresa no cobró un solo euro de Indra y que fue finalmente el Partido Popular quien abonó la deuda de 120.000 euros que tenía con ellos.

Además de sus contratos con la Comunidad de Madrid -en 2014 Demométrica recibió por ejemplo el encargo del Servicio Madrileño de Salud para elaborar un estudio sobre obesidad infantil- la firma realizó durante meses encuestas de intención de voto para el Partido Popular en la capital. En la red, quedan rastros también de sus trabajos para otras administraciones. Informes como el  “atlas fotográfico” de comida elaborado el año pasado para el Ministerio de Sanidad. El estudio se limita a fotografiar de forma sistemática 53 clases de comida. Y según su glosario, para ello fueron necesarias cinco personas: dos funcionarios de la Agencia de Seguridad Alimentaria y tres trabajadores de la empresa.

 

Las grabaciones de la Púnica: “Salvador Victoria me echó la bronca porque Indra no pagaba”

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El ex jefe de Informática Comunidad de Madrid (ICM), José Martínez Nicolás, fue el primero en tirar de la manta en la Operación Púnica. En su segunda declaración judicial señaló directamente a Salvador Victoria, entonces consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, como la persona que ordenó el pago de 130.000 euros por parte de la multinacional Indra para abonar servicios que realmente pertenecían a altos cargos del PP de Madrid. Escuche algunos fragmentos de su declaración.

En la imagen, Salvador Victoria e Ignacio González.

El ex jefe de Informática Comunidad de Madrid (ICM), José Martínez Nicolás, fue el primero en tirar de la manta en la Operación Púnica. Y relató ante el juez Eloy Velasco con todo lujo de detalles el ‘modus operandi’ que utilizaba la Comunidad de Madrid para pagar a empresarios vinculados con el Partido Popular a través de terceros. En su segunda declaración judicial -ocurrida el pasado 13 de febrero y a cuyo audio ha tenido acceso EL ESPAÑOL- Martínez Nicolás señaló directamente a Salvador Victoria, entonces consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, como la persona que ordenó el pago de 130.000 euros por parte de la multinacional Indra para abonar servicios que realmente pertenecían a altos cargos del PP de Madrid.

 

Según el testimonio del declarante,  Salvador Victoria le ordenó en junio de 2014 que llamase a Indra para que abonase 20.000  euros al empresario Alejandro de Pedro; le diera otros 20.000 a Miguel Ángel de la Fuente y entregase 90.000 más a “un tal Juanjo”, todavía sin identificar.

Dinero en sobres

Al ex consejero delegado de la Agencia Informática y de Comunicaciones le consta que la tecnológica abonó el dinero que dijo Victoria a De Pedro. Sin embargo, José Martínez no puede confirmar si los otros dos empresarios apuntados en la contabilidad B de la Comunidad de Madrid recibieron el dinero de la tecnológica. “El pálpito que tengo es que a Indra no le gustó esto. Salta la operación y paran. Es una especulación”, reconoció el ingeniero al juez.

Según la versión que mantiene el ex jefe informático de Madrid, en septiembre aún no se había efectuado ningún pago y Salvador Victoria se enfadó. Un mes antes de que estallara el caso en el que ya se ha imputado a un centenar de personas, el ex consejero de Presidencia le convocó en su despacho para recriminarle que Indra todavía no había abonado las facturas a uno de los conseguidores de la trama, Alejandro de Pedro. “Me echó la bronca. Me dijo que Indra aún no había pagado y que Alejandro de Pedro le llamaba todos los días”.

En el transcurso de aquella reunión, Victoria telefoneó al consejero delegado de Indra, Javier de Andrés, “no para presionar, sino para quejarse” del retraso de los pagos. Tras el encuentro, el ex directivo de ICM se puso en contacto con Santiago Roura, director general de Indra, para hacerle llegar el cabreo monumental de la mano derecha de Ignacio González. “Mi jefe está enfadado”, le dijo. Las presiones surgieron efecto. Una semana después, Alejandro de Pedro le comunicó vía mensaje “que ya había cobrado y que había que ir a por lo que falta”.

En busca de “El Molécula”

En la declaración, Martínez reconoce al juez que Roura le pidió “en algún momento” el teléfono del segundo empresario al que había que pagar la factura, Miguel Ángel de la Fuente, consejero delegado de Demométrica. “Yo se lo pedí a Salvador Victoria, le dijo a su secretaria que me lo diera y yo se lo facilité a Roura”. También le pidió el contacto de una tercera persona, “el molécula. Pensé que era Alejandro de Pedro. Y aquí termina la historia”, apunta al magistrado.

El juez Velasco, que intentó averiguar sin éxito a través de la declaración del informático “por qué tenía que pagar Indra” esos servicios, le dijo que fue el propio Santiago Roura quien declaró en sede judicial “haber sufrido presiones por su parte para que hiciera pagos a Alejandro de Pedro” pero que le “era imposible. Él lo quería contratar, pero no pagarle”. Una declaración “falsa”, según Martínez Nicolás, que dijo al magistrado que el trabajador de Indra “está mintiendo”.

Reunión entre Indra e Ignacio González

Martínez Nicolás apuntó también otro matiz: el presidente de Indra, Javier Monzón, se reunió “meses atrás” con Ignacio González, aunque no deja claro si el máximo mandatario de la tecnológica autorizó a la Comunidad de Madrid a que su empresa sirviera para pagar en B la mejora de la imagen del entonces presidente de la Comunidad de Madrid.

El informático describió durante unos minutos al juez la estrecha relación que tradicionalmente mantienen las compañías con las administraciones públicas. “Es bastante normal que las empresas apoyen a la Comunidad de Madrid en eventos y actos”. Según Martínez Nicolás, los únicos intermediarios del Ejecutivo madrileño con Indra y los empresarios involucrados son él mismo y Salvador Victoria, a quien el juez ya ha retirado el pasaporte tras imputarle los delitos de prevaricación, cohecho, fraude y malversación de caudales públicos.

Las extrañas maniobras del consejero de Cristina Cifuentes

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Jaime González Taboada, consejero de la Comunidad de Madrid se presentó “por sorpresa” en un Comité Ejecutivo del PP de Hoyo de Manzanares, convocado para discutir por qué no se concedió un contrato de dudosa legalidad a una empresa vinculada a Púnica. El alcalde le defiende: “Vino como representante legal de Génova”. Sin embargo, cuatro miembros presentes en el Comité alegan que les quiso convencer de que “la eficiencia energética es buena para el pueblo”.

En la imagen, Jaime González Taboada el día de su toma de posesión.

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González Taboada el día de su toma de posesión. Al fondo, la presidenta Cifuentes y la consejera Hidalgo.

La Operación Púnica ha desvelado que tras muchos contratos de gestión de eficiencia energética municipal se escondía una auténtica trama de corrupción perfectamente orquestada entre políticos y empresarios para conseguir adjudicaciones a cambio de comisiones.

En Hoyo de Manzanares, una localidad situada al noroeste de Madrid donde el PP gozaba de mayoría absoluta en la legislatura pasada, se votó en contra de la clasificación que daba como vencedor a Dalkia, una empresa vinculada a Cofely, la compañía señalada como el ‘cerebro’ de la trama. El municipio se libró de aquella adjudicación gracias al voto díscolo de un concejal popular, que se estudió previamente las condiciones presentadas por la empresa y encontró numerosas irregularidades en la forma que querían adjudicar un megacontrato de 4,7 millones de euros para quince años.

Tres semanas después de que se celebrase el Pleno que tumbó las intenciones del Ejecutivo local, el alcalde José Ramón Regueiras convocó un Comité Ejecutivo para analizar el voto en contra del concejal Álvaro González del Castillo. La sorpresa de la tarde fue la aparición en aquella reunión del ahora consejero de la Comunidad de Madrid, Jaime González Taboada, entonces director general de Cooperación con la Administración Local de la región, junto con su mano derecha, David Santos Baeza y una tercera persona.

Cuatro de los diecinueve miembros del Comité Ejecutivo presentes en aquella reunión, José García Blanco (ex alcalde del municipio), Javier de Orduña, Mariluz Martínez y Álvaro González del Castillo, aseguran a EL ESPAÑOL que el actual consejero de Medio Ambiente de Cristina Cifuentes les quería convencer “de que la eficiencia energética es buena para el pueblo”.

Su obsesión por aprobar en un futuro Pleno aquella adjudicación llegó a tal punto que, según las mismas fuentes, el consejero se llevó una carpeta con la documentación sobre la polémica adjudicación “para que los servicios jurídicos del Partido Popular realicen un informe y se demuestre la legalidad” del archivo presentado. González Taboada se comprometió a devolver aquel documento que validara la legalidad del contrato de eficiencia energética en dos semanas. Justo cuando cumplía el plazo, se produjeron las primeras detenciones por la Operación Púnica. “Nunca lo envió”, recalcan.

Taboada se comprometió a diseñar “una encuesta”

El testimonio del alcalde José Ramón Regueiras, presente también en ese Comité Ejecutivo, dista radicalmente de lo que denuncian sus compañeros. Según la versión que narra el primer mandatario municipal a este diario, González Taboada estuvo presente como “representante legal de Génova”, pero “en ningún caso” intermedió en la tensa discusión que el Comité mantuvo por el voto en contra del concejal popular al megacontrato de eficiencia energética que se quería conceder a Dalkia.

Sí reconoce que el actual consejero, a quien el empresario David Marjaliza implicó ante el juez Eloy Velasco en Púnica, se comprometió en el Comité a “encargar una encuesta política y de intención de voto en el municipio”. Otra coincidencia más entre el polémico contrato de Hoyo del Manzanares y la trama de corrupción que ya implica a un centenar de personas.

En una resolución fechada el 23 de abril, el juez Eloy Velasco considera “probado” que para lograr la adjudicación de contratos públicos de eficiencia energética la empresa Cofely se comprometía a realizar “encuestas de opinión para las autoridades municipales” que se  “disfrazaban” como sondeos sobre “gestión energética” para pagar comisiones a sus cargos públicos. González Taboada, sin embargo, nunca regresó a Hoyo del Manzanares para hacer el sondeo que prometió.

El contrato de Dalkia es idéntico al que se adjudicó en 2012 a Cofely en Torrejón de Velasco, cuyo alcalde fue detenido. Por la gestión de los suministros energéticos públicos y el mantenimiento de las instalaciones municipales de alumbrado público, este municipio madrileño pagará casi 5 millones durante 15 años. Ambas compañías, Dalkia y Cofely, son clientes de Mecano Consulting, SL, la empresa que se encargó de clasificar y valorar a las empresas aspirantes al contrato en Hoyo de Manzanares.

Los antecedentes de la Operación Púnica convergen precisamente en esta compañía, especializada también en el abastecimiento de electricidad. Al menos cuatro de los implicados en la trama de corrupción trabajaban para esta firma antes de servir a Cofely. Constantino Álvarez de la Cueva, director comercial de Cofely cuando fue detenido el 27 de octubre, ocupó anteriormente el puesto de director general en Dalkia. Pedro García Pérez, exdirector de Mercado Público de Cofely, llegó a ser apoderado de Dalkia. José Fidel Saura y José Antonio Alonso, también detenidos en la macrooperación, también coincidieron en una etapa anterior en Dalkia, la empresa que no consiguió por los pelos el contrato de Hoyo.

El expediente es “similar” a Púnica

El 27 de octubre, el día que los agentes arrestaron a Francisco Granados y parte de sus colaboradores más próximos, el concejal díscolo de Hoyo de Manzanares envió un correo electrónico al alcalde para pedirle explicaciones sobre cómo había llegado aquel contrato de dudosa credibilidad hasta Hoyo de Manzanares.

“Ante los gravísimos acontecimientos sucedidos hoy (…) y la vista de las grandes similitudes con el que se ha pretendido llevar adelante en Hoyo (cuantía, duración, textos…), quisiera que me informaras cómo ha llegado el señor Javier Rubio de Miguel a nuestro Ayuntamiento”, la persona que diseñó la documentación sobre eficiencia energética “sin ser ingeniero”. En su respuesta, el alcalde reconocía que el expediente “es similar” al que diseñaba la trama que había enviado a la cárcel al ex consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, “pero nada más”, se excusaba en aquel texto.

El concejal que votó en contra de aquel contrato describe a este diario las “enormes coincidencias” que encontró cuando se destapó la trama y el contrato que se quería aprobar en el Pleno en contra de su voluntad. Lo que se presentaba como una forma de ahorrar en los recibos de la luz municipales -que pagan los vecinos- se convertía en el lucro de empresas que conseguían la adjudicación y políticos que en muchos casos deseaban aprovechar su paso por la gestión pública para labrar una fortuna.

González del Castillo cuestionó en público que Dalkia quedó finalmente como la empresa finalista gracias a la “elevada puntuación” que se le dio en el criterio subjetivo. En el objetivo ganó por goleada Gas Natural, que se personó en el Ayuntamiento de Hoyo del Manzanares para revisar los pliegos que daban vencedor a la empresa de la competencia. De hecho, el concejal rebelde se ofreció a González Taboada para exponer en Génova, el cuartel general de los populares, sus razones para votar en contra. “No me llamó nunca”, añade.

Una vez que los pliegos llegaron al Pleno y la adjudicación se tumbó, el entonces director de operaciones de Dalkia, Cristóbal Sánchez, quiso convocar una reunión privada con el edil díscolo para hablar sobre el sentido de su voto. El edil declinó la invitación porque le parecía poco adecuado que una empresa en fase de adjudicación quiera presuntamente influir “presentando su empresa”. La Alcaldía tampoco se pronunció.

Polémica en el Pleno de Hoyo

En el Orden del Día del Pleno del día 25 de septiembre había un punto que correspondía a votar la clasificación de las empresas presentadas para obtener este contrato. Sin embargo, la polémica surge cuando se señala que resulta poco ético que una empresa (Mecano Consulting, SL) de la mejor valoración a Dalkia cuando ha sido su cliente. Se cuestiona que no se haya pedido a un organismo independiente como el Colegio de Ingenieros.

Hay otras incógnitas que quedaron en el aire y que expuso Manuel Morote, de Foro Popular. Se trata de la duda sobre la capacidad técnica de la asesoría fiscal Francisco Javier Rubio, que cobra una factura de 14.000 euros para realizar una auditoría energética, y que posteriormente certifica la colaboración de Mecano Consulting para constatar la supervisión de un ingeniero especializado. Otra pieza que no encaja.

La última polémica en Hoyo de Manzanares se produjo cuando el Comité Electoral Local eligió a Fernando Salgado Otero como candidato del PP a las elecciones del 24 de mayo y el Comité Electoral Regional impuso que siguiera Ramón Regueiras. Una decisión que provocó que miembros del Comité Ejecutivo y afiliados dimitiesen en algunos casos y se diesen de baja en otros.

La Guardia Civil investiga a otro ex alcalde de Alcalá de Henares en la Operación Púnica

Granados

Los informes de la Guardia Civil colocan a Florencio Campos Corona, ex alcalde de Alcalá de Henares entre 1987 y 1995, tras una transferencia de 341.000 euros a las cuentas suizas de David Marjaliza y Francisco Granados (en la imagen). El dinero fue enviado por una sociedad llamada Fundación Algaba. Además, la Audiencia Nacional investiga el papel de otros cinco empresarios que enviaron más de 3 millones de euros a dichas cuentas. 

Francisco Granados, ex presidente de la Comunidad de Madrid, lleva encarcelado nueve meses.

El ex vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, y su socio David Marjalilza utilizaron una red de fundaciones y empresarios españoles para sacar hasta once millones de euros en dinero negro a Suiza, donde Marjaliza llegó a controlar cinco cuentas corrientes (cuatro en el BNP y otra en el UBS).

Según los informes de la Unidad Central Operativa (UCO), ambos pudieron contar con la ayuda de Florencio Campos Corona, ex alcalde socialista de Alcalá de Henares entre 1987 y 1995 y al que la Guardia Civil coloca  tras una transferencia de 341.000 euros. Un envío que llegó a las cuentas suizas de Marjaliza realizado a nombre de la Fundación Algaba, una entidad de la que los investigadores no han encontrado rastro alguno en España. 

Según los informes de la Guardia Civil, Marjaliza y Granados desviaron hasta el cantón de Ginebra 6,6 millones de euros (7 millones de francos suizos) en solo cinco años. Un dinero de “origen desconocido” pero con unos remitentes claramente identificados: dos fundaciones benéficas y seis empresarios de distinto ámbito. Empresarios que ahora investiga la Justicia en la parte de las diligencias que por el momento permanece secreta.

Transferencias

Según la documentación enviada a la Audiencia Nacional por Suiza, la Fundación Cotazur, una entidad desconocida hasta el momento, fue una de las principales remisoras de fondos a las cuentas de Granados y Marjaliza. Entre el 1 de enero de 2000 y el 30 de abril de 2012, la citada fundación -de la que los investigadores tampoco encuentran rastro en los registros españoles- remitió en total 1.052.000 euros a Ginebra. Los agentes vinculan las transferencias en sus informes al empresario Jesús Roa Baltar, ya fallecido.

Roa Baltar fue durante años uno de los responsables de la firma Obras y Construcciones Industriales (OCISA) y se vio salpicado en los años 90 en el llamado Caso Ollero, que investigaba el presunto pago de comisiones a cambio de la concesión de un tramo de autovía en Granada. Según el informe de la UCO, Roa Baltar fue administrador en España de al menos cinco sociedades. Y ninguna de ellas tiene relación aparente con la trama Púnica.

En el caso de Florencio Campos Corona, los agentes certifican que el ex alcalde de Alcalá de Henares tiene como única trayectoria empresarial su participación en la Empresa Municipal de la Vivienda de Alcalá de Henares, de la que fue consejero desde 1993. La pasada semana, EL ESPAÑOL ya anunció que el propio Marjaliza había señalado en su confesión ante el juez Eloy Velasco la  participación de otro ex alcalde de la localidad madrileña: Bartolomé González, ahora diputado autonómico con Cristina Cifuentes. Ninguno de los dos ha sido imputado por el momento.

Panamá

En el mismo período (2000-2012), las cuentas suizas de Granados y Marjaliza -que llevan nueve meses en prisión preventiva- recibieron transferencias por valor de 1.285.000 euros desde una nueva compañía: Rockfish Finance Corporation, una sociedad panameña utilizada según la Guardia Civil por el financiero Michael Trevor Langdon, sin antecedentes en España y que fue hasta 2007 director de una sociedad local llamada Estándar Colina Investment (sic). “Los importes totales detallados son de origen desconocido”, explican los informes policiales sobre estas transferencias.

Y no es la única empresa afincada en el caribe. La Guardia Civil investiga también la llegada de dinero panameño por medio de otras dos sociedades: Senator Overseas y Extreme Overseas. Según sus informes, ambas fueron empleadas por el empresario Rodrigo Díez Pichardo para enviar a las cuentas suizas de Marjaliza 1,3 millones de euros.

La lista de empresarios investigados se completa con  otros dos nombres: José Miguel López Gutiérrez y Tristán Domecq de la Maza. El primero es administrador único de la sociedad Turismo Sierra de Gata e ingresó según los agentes de la UCO  609.ooo euros en las cuentas suizas de Granados y Marjaliza. El segundo, diseñador y restaurador, administra cuatro sociedades en España vinculadas a la importación, y el mundo de la hostelería. De su mano llegaron a Suiza 407.000 euros para las empresas de Marjaliza.

Ciudadanos condiciona su apoyo a Cifuentes a que haga un “filtrado” de su lista

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Ciudadanos está dispuesto a vender cara la llave del gobierno de la Comunidad de Madrid. El cabeza de lista en las autonómicas, Ignacio Aguado, exige a Cristina Cifuentes la firma de un pacto anticorrupción no negociable y que se fuerce la dimisión de diputados salpicados por la corrupción en previsión de que puedan ser imputados próximamente. El partido de Albert Rivera quiere que ambas decisiones se tomen antes del día 9 de junio, fecha de la constitución de la Asamblea de Madrid y de toma de posesión de las actas de diputado.

Ciudadanos está dispuesto a vender cara la llave del gobierno de la Comunidad de Madrid. El cabeza de lista en las autonómicas, Ignacio Aguado, exige a Cristina Cifuentes la firma de un pacto anticorrupción no negociable y que fuerce la dimisión de diputados salpicados por la corrupción en previsión de que puedan ser imputados. El partido de Albert Rivera quiere que ambas decisiones se tomen antes del día 9 de junio, fecha de la constitución de la Asamblea de Madrid y de toma de posesión de las actas de diputado.

Tras mantener una primera reunión con Cifuentes, que sólo podrá ser presidenta con el apoyo de Ciudadanos, Aguado reclamó ante los medios de comunicación que tome “medidas” sobre el caso de Álvaro Ballarín, el número siete de la lista. “Me huele mal”, dijo Aguado sobre Ballarín, concejal en Madrid imputado por prevaricación y falsedad documental desde enero, pero que dejó de estarlo la semana pasada tras la misteriosa retirada de una demanda de la que la propia Cifuentes no tenía conocimiento.

En conversación con EL ESPAÑOL, Aguado fue más allá y advirtió de que podría haber más manzanas podridas en la lista del PP. La candidatura fue en su día motivo de enfrentamiento entre Cifuentes y la presidenta del partido en Madrid, Esperanza Aguirre, que tuvo mucho peso en su confección.

“No solo me preocupa Ballarín sino la presencia de más gente, la apertura de ‘Púnica dos’ en junio y que haya más personas que se puedan ver afectadas”, dijo. La Operación Púnica, trama de adjudicaciones públicas a cambio de comisiones, probablemente reabra su vía judicial en unas semanas.

En el caso de Ballarín, la Fiscalía tiene que decidir si actúa de oficio en los próximos días. Aunque no lo haga, el diputado electo debería dar un paso atrás, según Ciudadanos. En cuanto a la Operación Púnica, la imputación de diputados electos podría ser cuestión de semanas. Entre los que podrían verse afectados están Juan Soler (número 10), que adjudicó contratos a una empresa investigada que le pagó un viaje a París. Otros, como Bartolomé González (11), Isabel Mariño (8) o Borja Sarasola (12), están en el punto de mira de la oposición por distintos casos, aunque no están ni imputados ni están siendo investigados.

“Me gustaría que antes de que se recogieran las actas [de diputados], Cristina hiciera un ejercicio para ver su lista y conocerla. Tiene que hacer un ejercicio de filtrado y tomar medidas” exige Aguado.

Cifuentes, contra la “sospecha permanente”

Cifuentes se distanció de la exigencia de Aguado asegurando que sería “muy negativo” obligar a dimitir a cargos que no están imputados. “Si algún diputado resulta imputado por un asunto que tenga que ver con la corrupción, se le pedirá la renuncia”, prometió ante la prensa. Pero exigirlo sólo por una “presunción” crearía una “sospecha permanente” que no está dispuesta a amparar.

Aguado presentará este martes un documento sobre la regeneración democrática que no está abierto a negociación. Ciudadanos sólo continuará hablando con el PP si se compromete por escrito a que los diputados tengan dedicación exclusiva (un cargo, un sueldo). La medida podría ocasionar una revuelta en las filas populares, donde hay electos que pretenden compatibilizar su puesto con una alcaldía o actividades privadas.

Entre las demás medidas del documento están la elección de candidatos por primarias o la despolitización del Consejo consultivo, que cuenta con Alberto Ruiz Gallardón y Joaquín Leguina en nómina, así como la profesionalización de las direcciones de la Cámara de Cuentas o Telemadrid.

Con 48 diputados, Cifuentes necesita los 17 de Ciudadanos para alcanzar los 65 en los que está fijada la mayoría absoluta. La suma de PSOE (37) y Podemos (17) deja a un pacto de izquierdas a uno de esa mayoría, por lo que escaños como el de Ballarín son clave para el PP de todos modos. Pero el diputado electo, que en estos momentos no está imputado, no está dispuesto a renunciar a su acta y no está claro que llegase hacerlo aunque fuese señalado de nuevo por la Justicia. Por eso Aguado pide ahora un gesto de autoridad de Cifuentes que demuestre que su compromiso con la regeneración va en serio.

El PSOE: “Hay partido”

Fuentes del PSM, la federación madrileña del PSOE, creen aún posible la posibilidad de atraer a Ciudadanos a un pacto con Ángel Gabilondo, un candidato con una imagen y una lista electoral a priori más limpias que las del PP. “Es difícil, pero hay partido”, aseguran.

Aguado espera que tanto PP como PSOE firmen su documento anticorrupción, algo que les permitiría hablar de otros asuntos como los servicios públicos, la innovación o el empleo. “Si conseguimos en una semana que ambos partidos firmen, habremos logrado más que el PP en 30 años”, dice. Al mismo tiempo, desencadenar cambios importantes como partido bisagra permitiría a Ciudadanos superar el estigma de pactar con el PP y consolidarse como alternativa de gobierno.

Por qué esta vez no acertaron en todo los sondeos

Madrid

No todos los resultados del 24M son una sorpresa. A continuación rastreo esas sorpresas comparando los resultados del domingo con los sondeos de semanas anteriores. El resultado es algo así como un detector de sorpresas imperfecto pero cuantitativo.

Un propósito de las elecciones es cambiar algunas cosas algunas veces. Ahora veremos gobiernos que cambian de color, caras nuevas en los ayuntamientos y partidos emergiendo en muchos parlamentos. Pero no todos esos cambios serán una sorpresa. Ya dábamos por hecho que el PP perdería votos y gobiernos, que el PSOE no viviría su mejor noche y que dos nuevos partidos —Podemos y Ciudadanos— llamarían a la puerta. Pero si ya sabíamos todo esto, ¿cuáles fueron las sorpresas del 24M?

A continuación rastreo esas sorpresas usando datos. Lo que haré es comparar los resultados del domingo con los sondeos de semanas anteriores. Tendremos algo así como un detector de sorpresas imperfecto pero cuantitativo.

Madrid, Barcelona, Zaragoza y Sevilla

Primero voy a comparar los resultados y los sondeos de los ayuntamientos de Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla. Después veremos lo que ha ocurrido en las comunidades autónomas. En todos los casos uso un promedio de encuestas. Mi consejo es que deis un vistazo al lugar que os interese y desde ahí vayáis directos al final, donde comento los resultados en general.

Madrid

Madrid

En la ciudad de Madrid los resultados de Esperanza Aguirre fueron los previstos pero los sondeos infraestimaron (mucho) a Ahora Madrid. Una explicación posible es que durante la última semana los votantes abandonaran sus primeras opciones -el PSOE, IU y hasta Ciudadanos- para apoyar la candidatura de Manuela Carmena. Habría habido una (legítima) coordinación alrededor de la opción con más posibilidades de vencer a Esperanza Aguirre.

Esto implica una paradoja: las encuestas en Madrid habrían contribuido a su propio fracaso. Son las encuestas quienes señalizan al segundo y por tanto hacen posible la coordinación.

Barcelona

Barcelona

El promedio de encuestas en Barcelona estuvo mejor que en Madrid. Sin embargo, fallaron con el primer puesto, que acabó siendo trascendental. (Mi predicción, por ejemplo, daba una probabilidad del 30% al hecho de que Ada Colau fuese la más votada, como finalmente ocurrió.)

Como en Madrid, la hipótesis de la coordinación alrededor del segundo es plausible también en Barcelona. Especialmente en el caso de los votantes del PSC, que quizás decidieron apoyar a Barcelona en Comú viendo que esa plataforma era la que se estaba disputando la alcaldía con CIU.

Valencia

Valencia

En Valencia la gran sorpresa fue Compromís. Las encuestas le situaban disputando el segundo puesto con PSOE y Ciudadanos, pero sus resultados fueron muchísimo mejores. En este caso, además, la teoría de la coordinación es más debil. Sí se observa que Valencia en Comú se desinfla relativamente con respecto a las encuestas. Pero habría que explicar por qué esa coordinación se hizo alrededor de Compromís y no en torno al PSOE o a Ciudadanos.

Por otro lado, y al contrario de lo ocurrido en Madrid o en Barcelona, en Valencia las encuestas sí sobreestimaron al PP.

Sevilla

Sevilla

En la capital andaluza es donde más precisos estuvieron los sondeos. Casi clavaron la ventaja del PP sobre el PSOE. Fallaron con Participa Sevilla, pero era un caso difícil dado que esa formación y Ganemos Sevilla se habían escindido hacía pocas semanas. En la capital andaluza también se sobrestimó a Ciudadanos, algo que fue una constante en casi todas partes.

Cuatro comunidades autónomas

A continuación repetimos el mismo ejercicio pero con cuatro comunidades autónomas: Madrid, Comunidad Valenciana, Aragón y Asturias. Recordad que estamos comparando los resultados reales del domingo con las estimaciones de los sondeos de las semanas anteriores.

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Comunidad de Madrid

En la comunidad, las encuestas cometieron errores similares a los del ayuntamiento de Madrid. Los sondeos fueron precisos con los votos al Partido Popular pero infraestimaron al partido que acabó segundo, que en este caso fue el PSOE. De nuevo es posible una hipótesis de coordinación entre votantes de Podemos, IU y Ciudadanos alrededor del candidato del PSOE, el ex ministro Gabilondo. Aunque en este caso los votantes de IU habrían sido más reacios a abandonar sus siglas.

c valencia

Comunidad Valenciana

Los resultados de la Comunidad Valenciana recuerdan también a los del ayuntamiento. El PP fue sobreestimado, lo mismo que Ciudadanos y Podemos. En cambio, Compromís acabó logrando unos resultados mucho mejores de los que presagiaban los sondeos. En este caso, la tesis de la coordinación de última hora tiene poco sentido porque el partido de Mònica Oltra partía como quinta fuerza. Si los votantes de la comunidad hubiesen querido concentrarse frente al PP, cabe pensar que lo habrían hecho alrededor del PSOE.

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Aragón

Las encuestas en Aragón estuvieron muy precisas con los dos primeros y acertaron el orden de los cuatro primeros. Pero se desviaron con los partidos emergentes: Podemos logró con Pablo Echenique mejores resultados de los previstos y Ciudadanos bastante peores.

c asturias

Asturias

En Asturias ocurrió algo similar. Las encuestas estuvieron precisas con el PSOE y el PP pero se desviaron con el resto. Foro Asturias cayó más de lo esperado. Ciudadanos se quedó en un 7% aunque las encuestas le daban alrededor de un 12%. A los partidos de izquierdas, en cambio, les fue mejor de lo que decían los sondeos, especialmente en el caso de IU.

Lo que cambió de los sondeos a las urnas

En los datos de las cuatro ciudades y cuatro autonomías hay algunas cosas que se repiten. Se pueden observar en la siguiente tabla. En ella represento la diferencia entre los resultados reales de cada partido y la media de los sondeos (en % de votos).

resumen

Lo primero que vemos es que los sondeos fueron bastante precisos con el PP. Las únicas excepciones son Valencia y la Comunidad Valenciana. Ésa es una de las sorpresas de la noche: el retroceso del PP en Valencia fue mayor del previsto, que ya era grande respecto a 2011. En Valencia hubo otra sorpresa: ver a Compromís mejorando mucho sus encuestas.

Los sondeos no infraestimaron a las coaliciones de izquierda de Valencia o Sevilla, pero sí a Ahora Madrid y Barcelona en Comú. Aquí tenemos otra noticia: la fuerza con que Carmena y Colau batieron a los sondeos fue sin duda una de las sorpresas de la noche del domingo.

También sorprendió Ciudadanos. Aunque el partido emergió con brío (fue tercero o cuarto en casi todas las comunidades y muchos grandes ayuntamientos), sus resultados estuvieron por debajo de las previsiones. Ésta es la paradoja de las expectativas. Si uno ignora las encuestas, la sorpresa con Ciudadanos es su avance con respecto a las europeas. Pero lo cierto es que la opinión pública sí atiende a las encuestas y por lo tanto la sorpresa es la opuesta: Ciudadanos no alcanzó las previsiones.

¿Se concentró el voto en los segundos?

Una teoría para explicar el fallo de las encuestas en Madrid y en otros lugares es apuntar a un efecto coordinación. La idea es que los votantes podrían haber cambiado su voto en la última semana para renunciar a su opción preferida en favor del candidato que tenía más posibilidades de derrocar al partido en el gobierno. En el caso del Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo, esa coordinación habría sido en favor de Carmena y en detrimento del PSOE, IU o Ciudadanos.

Pues bien, los datos apoyan esa hipótesis sólo relativamente (los podéis consultar en la parte inferior del gráfico anterior). Efectivamente, en Madrid y Barcelona los partidos que más crecieron con respecto a las encuestas fueron los que marchaban segundos: las plataformas alrededor de Carmena y Colau. También en la Comunidad de Madrid hubo un efecto parecido alrededor del PSOE. Pero no pasó lo mismo en todas partes. En Valencia, Aragón y Asturias fueron dos partidos alejados del segundo puesto los que más mejoraron con respecto a los sondeos: Compromís y Podemos. Una alternativa es pensar que el efecto coordinación solo se activó alrededor de partidos emergentes de izquierdas. Pero entonces la excepción es el PSOE en la Comunidad de Madrid.

Coda: sondeos y escepticismo

Hay personas que confían (aunque sea un poco) en las encuestas y personas que no. Si uno es de los primeros, las desviaciones de los sondeos pueden interpretarse como una mezcla de dos cosas: errores y cambios. Quizás una encuesta no capturó bien la intención de los ciudadanos porque había errores en su muestra o en sus hipótesis. Pero también puede ocurrir que la encuesta fuese precisa en su momento y que la desviación se deba a cambios que ocurren después. La ley impone seis días sin encuestas antes de unas elecciones y los electores pueden variar sus intenciones en ese periodo.

¿Pero y si uno es un escéptico de los sondeos? En ese caso los datos de arriba deberían servir para serlo un poco menos. Es evidente que los sondeos se equivocan, pero es todavía más evidente que no son una ficción total. Basta revisar los gráficos para comprobarlo. Incluso en unas elecciones donde las encuestas no han estado bien, lo cierto es que los resultados se parecen mucho más a las encuestas que a los resultados de 2011 o las elecciones europeas del año pasado.

Imaginad ahora que alguien no creyese realmente en las encuestas. Esa persona debería estar hoy sorprendidísima con el crecimiento de Podemos o la aparición de Ciudadanos. Pero esa persona no existe. Estos dos partidos no son una enorme sorpresa… entre otras cosas porque las encuestas venían avisándolo. Tenemos ahí otra paradoja: las encuestas despiertan suspicacias al mismo tiempo que conforman nuestras expectativas. Por eso las sorpresas de una jornada electoral se miden respecto a los sondeos, aunque no seamos conscientes de ello.