Ortega y Azaña: las ideas de dos españoles sobre Cataluña en 1932

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El Congreso debatió en mayo de 1932 el proyecto de Estatuto catalán que había presentado la Generalitat de Francesc Macià. El borrador pretendía la instauración de un régimen federal y una amplia concesión de competencias para Cataluña. Entre los diputados que hablaron se encontraban Manuel Azaña y José Ortega y Gasset.

El Congreso de los Diputados debatió en mayo de 1932 el proyecto de Estatuto catalán que había presentado la Generalitat de Francesc Macià. El borrador pretendía la instauración de un régimen federal y una amplia concesión de competencias para Cataluña. Estas intenciones, que no estuvieron presentes en el documento que se aprobó al final, suscitaron un debate afilado y confuso, reflejado en las intervenciones de los portavoces de los distintos grupos parlamentarios, que se prolongaron durante meses. Entre ellos se encontraban Manuel Azaña y José Ortega y Gasset.

Azaña ya era uno de los rostros más distinguidos del parlamento. Presidía el Consejo de Ministros y había encabezado poco antes el segundo Gobierno provisional de la República. Ortega participaba en la discusión desde el escaño que obtuvo por la provincia de León, representando a la Agrupación al Servicio de la República: un partido que él mismo había creado junto a otros intelectuales como Gregorio Marañón y Ramón Pérez de Ayala.

Sus intervenciones no tuvieron lugar el mismo día. Ortega dio su versión de lo que tenía que ser el Estatuto el 13 de mayo y Azaña ofreció la suya 14 días después. Ambos se lanzaron dardos envenenados y sus aportaciones tienen la apariencia de un duelo dialéctico.

Tanto uno como otro apostaban por un objetivo: la aprobación del Estatuto. Pero los caminos que proponían para llegar a él eran casi irreconciliables. Quizá por eso escribiera Azaña en sus diarios unos meses antes: “Por lo visto, entre este hombre y yo [refiriéndose a Ortega], toda cordialidad es imposible”. Los discursos de Ortega y Azaña plantean heridas abiertas y problemas que no se han resuelto 80 años después.

Hacia la concordia

Ortega advertía al principio de su intervención de la novedad y la importancia que suponía el debate de la carta autonómica catalana: “Ningún diputado recordará un discurso en el cual se tratase a fondo y de frente el problema de las aspiraciones de Cataluña”. Azaña también apelaba a la cámara para subrayar lo alarmante de la situación: “A nosotros, señores diputados, nos ha tocado vivir y gobernar en una época en que Cataluña no está en silencio sino descontenta, impaciente y discorde”.

La aprobación del Estatuto, que ambos pretendían, supondría, según el filósofo, tan sólo un acercamiento a la concordia. Sin embargo, Azaña creía en el texto autonómico como un modo de solucionar el problema desde su raíz. Dijo Ortega:

“¿Qué diríamos de quien nos obligase sin remisión a resolver de golpe el problema de la cuadratura del círculo? El problema catalán no se puede resolver, sólo se puede conllevar, y al decir esto, conste que significo con ello, no sólo que los demás españoles tenemos que conllevarnos con los catalanes, sino que los catalanes también tienen que conllevarse con los españoles”.

Catorce días después y probablemente dándose por aludido, Azaña explicó: “Estamos delante de un texto parlamentario que aspira, ni más ni menos que a resolver el problema político que está ante nosotros. Aspira a resolverlo, señores diputados. ¿Por qué no?”.

Ortega se refirió incluso al “destino trágico” del problema catalán:

“Es un problema perpetuo, que ha sido siempre, y seguirá siendo mientras España subsista. Este es el caso doloroso de Cataluña; es algo de lo que nadie es responsable; es el carácter mismo de ese pueblo; es su terrible destino, que arrastra angustioso a lo largo de toda su historia”.

A lo que respondió Azaña:

“Yo no discuto la exactitud de esta descripción o percepción del señor Ortega; no la discuto, pero sí me será permitido decir que la encuentro un poco excesiva y, si no se me toma a mal la palabra, un poco exagerada”.

Más adelante, y de forma reposada, Azaña trataría de desmontar de nuevo la concepción trágica de la que hablaba Ortega:

“A mí se me presenta una fisonomía moral del pueblo catalán un poco diferente de ese concepto trágico de su destino, porque este acérrimo apego que tienen los catalanes a lo que fueron y siguen siendo, esta propensión a lo sentimental, que en vano tratan de enmascarar debajo de una rudeza y aspereza exteriores, ese amor a su tierra natal en la forma concreta que la naturaleza le ha dado, esa ahincada persecución del bienestar y de los frutos del trabajo fecundo, que es, además, felizmente compatible con toda la capacidad del espíritu en su ocupación más noble y elevada, me dan a mí una fisonomía catalana pletórica de vida, de satisfacción de sí misma, de deseos de porvenir, de un concepto sensual de la existencia poco compatible con el concepto de destino trágico”.

Este cruce de declaraciones llevaría a los socialistas republicanos a acusar a Ortega de no comprender los hechos diferenciales del pueblo catalán. La oposición reprocharía a Azaña, en cambio, que era demasiado amable y benevolente con los catalanes cuando éstos exponían sus “diferencias” para conseguir más autonomía.

El particularismo

Ortega y Gasset aprovechó su intervención para bautizar el problema catalán y acuñar el término “nacionalismo particularista” como su causa principal. El filósofo se mostró tajante en cuanto una hipotética solución del nacionalismo, más allá de la efervescencia del problema político catalán:

“La solución del nacionalismo no es cuestión de una ley, ni de dos, ni siquiera de un Estatuto. El nacionalismo requiere un alto tratamiento histórico; los nacionalismos sólo pueden deprimirse cuando se envuelven en un gran movimiento ascensional de todo un país, cuando se crea un gran Estado en el que van bien las cosas, en el que ilusiona embarcarse, porque la fortuna sopla en sus velas. Un Estado en decadencia fomenta los nacionalismos: un Estado en buena ventura los desnutre y reabsorbe”.

Ortega y Azaña, tan discrepantes, coincidieron en la pujanza del problema político catalán, por lo menos desde mucho tiempo atrás hasta ese momento, a pesar de que el filósofo descartara una posible solución y el líder republicano buscara encontrarla en el Estatuto. Dijo Ortega:

“Ese pueblo, que quiere ser precisamente lo que no puede, vive casi siempre preocupado y como obseso por el problema de su soberanía, es decir, de quien le manda o con quien manda él conjuntamente. Por cualquier fecha que cortemos la historia de los catalanes encontraremos a éstos, con gran probabilidad, enzarzados con alguien, y si no consigo mismos”.

A lo que replicó Azaña:

“Hay grandes silencios en la historia de Cataluña; unas veces porque está contenta, y otras porque es débil e impotente; pero en otras ocasiones este silencio se rompe y la inquietud, la discordia, la impaciencia, se robustecen, crecen, se organizan, se articulan, invaden todos los canales de la vida pública de Cataluña, y embarazan la marcha del Estado. Entonces ese problema moral, profundo, histórico, del que hablaba el señor Ortega y Gasset, adquiere la forma, el tamaño, el volumen y la línea de un problema político”.

Por la autonomía

A medida que avanzaban sus discursos, tanto uno como otro, fueron centrándose en aspectos más concretos, empezando por la autonomía y terminando con el posible pacto fiscal, tan discutido hoy. Ambos estaban a favor de dar competencias a las distintas regiones.

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Decía Ortega: “Si a estas horas todas las regiones estuvieran implantando su autonomía, habrían aprendido lo que ésta es y no sentirían esa inquietud, ese recelo, al ver que le era concedida en términos estrictos a Cataluña. Habríamos, pues, reducido el enojo apasionado que hoy hay contra ella en el resto del país. La autonomía es el puente tendido entre los dos acantilados”.

Así le respaldó Azaña: “No se juzgarán jamás con acierto los problemas orgánicos de la autonomía si no nos libramos de una preocupación: que las regiones autónomas, después que tengan la autonomía, no son el extranjero; son España, tan España como lo son hoy; quizá más, porque estarán más contentas”.

Al afrontar el tema de la cultura, Ortega advirtió del peligro que supondría dotar a Cataluña de amplias competencias en este ámbito:

“A crear una cultura siempre hay derecho, por más que la faena no sea sólo difícil sino hasta improbable; pero ciertamente que no es lícito coartar los entusiasmos hacia ello de un grupo nacional. Lo que no sería posible es que para crear esa cultura catalana se usase de los medios que el Estado español ha puesto al servicio de la cultura española, la cual es el origen dinámico, histórico, justamente del Estado español”.

Azaña, en cambio, se mostró partidario de ser “generosos” en las transferencias educativas:

“Esta es la parte más interesante de la cuestión para los que tienen el sentimiento autonómico, diferencial o nacionalista, porque es la parte espiritual que más les afecta, y singularmente lo es de un modo histórico, porque el movimiento regionalista, particularista y nacionalista de Cataluña ha nacido en torno a un movimiento literario y una resurrección del idioma, y por lo tanto, es en este punto no sólo donde los catalanes se sienten más poseídos de su sentimiento, sino donde la República, juzgando y legislando prudentemente, debe ser más generosa y comprensiva con el sentimiento catalán”.

Una Hacienda propia

El orden público adquiría en aquellos momentos una especial relevancia por lo convulso de la década de los 30. Los protagonistas de estas intervenciones, enmarcadas en mayo de 1932, presenciarían tan sólo tres meses más tarde el intento de golpe de Estado del general Sanjurjo. En esta materia, filósofo y político volvían a estar de acuerdo. Así lo mostraban estas palabras de Azaña: “Por estas razones, que ya apuntó el señor Ortega y Gasset, que tampoco era partidario de dividir la función del orden público con el Gobierno de Cataluña, se trata de encontrar el órgano de enlace porque no se puede admitir la idea ni la organización de la duplicidad de los servicios paralelos”.

Este rechazo a la duplicidad del orden público en un mismo territorio también fue rechazada por ambos en lo referente a la justicia. Decía Ortega: “Déjese a los catalanes su justicia municipal; déjeseles todo lo contencioso-administrativo sobre los asuntos que queden inscritos en la órbita de actuación que emana de la Generalidad, pero nada más”. Así lo suscribió Azaña: “No tendría sentido atribuir al parlamento la legislación en una materia y atribuir la facultad de sentar jurisprudencia a un tribunal local”.

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En cuanto al sistema económico, Azaña llegó a hablar de una “Hacienda propia para Cataluña” y la calificó de algo “indiscutible”. Ortega, en términos más generales, explicó así la posición de su grupo parlamentario: “Deseamos que se entreguen a Cataluña cuantías suficientes y holgadas para poder regir y poder fomentar la vida de su pueblo dentro de los términos del Estatuto: lo hacemos no sólo con lealtad, sino con entusiasmo; pero lo que no podemos admitir es que esto se haga con detrimento de la economía española”.

Ambos se mostraron tajantes al afirmar que las concesiones a Cataluña tenían que detallarse con cuidado. “La cesión de tributos la admite el Gobierno y está bien seguro de que, al aceptarla, no cede parte ni toda la soberanía nacional”, explicó Azaña. Ortega, por su parte, aseguró: “No es posible entregar ninguna contribución importante, íntegra, porque eso la desconectaría de la economía general del país, y la economía del país, desarticulada, no podría vivir con salud, mucho menos en aumento y plenitud”.

El debate de la soberanía

Manuel Azaña y José Ortega y Gasset terminaron sus discursos exhortando a la cámara a la aprobación del Estatuto. Decía el filósofo [a los diputados catalanes]: “No nos presentéis vuestro afán en términos de soberanía, porque entonces no nos entenderemos. Planteadlo en términos de autonomía. Lo importante es movilizar todos los pueblos españoles en una gran empresa común. Para esto es necesario que nazca en todos nosotros lo que en casi siempre ha faltado aquí, lo que en ningún instante ni en nadie debió faltar: el entusiasmo constructivo”.

Azaña se extendió y utilizó un tono más político. Al fin y al cabo, era presidente y representante del grupo parlamentario más numeroso: “Todos los españoles están convocados a esta obra política. Cada cual desde su sitio”.

Las palabras de Ortega y Gasset resumen una concepción del problema catalán “trágica” pero “realista”.

“La vida es esencialmente eso: lo que hay que conllevar”, dijo el filósofo. “Sin embargo, sobre la gleba dolorosa que suele ser la vida brotan y florecen no pocas alegrías. [El Estatuto] es restar del problema total aquella porción de él que es insoluble, y venir a concordia en lo demás. ¡Creed que es mejor un tipo de solución de esta índole que aquella pretensión utópica de soluciones radicales! [en clara referencia a la posición sostenida por Azaña] La utopía es mortal, porque la vida es hallarse inexorablemente en una circunstancia determinada, en un sitio y en un lugar, y la palabra utopía significa, en cambio, no hallarse en parte alguna, lo que puede servir muy bien para definir la muerte”.

Manuel Azaña, que confiaba en el Estatuto para aplacar el temporal, terminó su discurso vaticinando un futuro difícil para España, a pesar de no contemplar el “destino trágico” de Cataluña del que hablaba Ortega: “Sé que es más difícil gobernar a España ahora que hace 50 años, y más difícil será gobernarla dentro de algunos años. Es más difícil llevar cuatro caballos que uno solo. El país está en pie, cruzado por apetitos de toda especie, por ansias de toda clase”.

Científicos por la independencia

 

Un nutrido grupo de científicos se ha manifestado a favor de la secesión. Entre ellos están algunos de los investigadores catalanes más destacados.  EL ESPAÑOL ha localizado a algunos de ellos y les ha preguntado por los motivos de su posición.

Un nutrido grupo de científicos se ha manifestado a favor de la secesión. Entre ellos están algunos de los investigadores catalanes más destacados.  EL ESPAÑOL ha localizado a algunos de ellos y les ha preguntado por los motivos de su posición.

Todos son brillantes en sus respectivos campos, trabajan en entidades de prestigio reconocido y han apoyado públicamente la opción independentista. ¿Cuáles son las razones de este apoyo? ¿Sufrirá la ciencia catalana ante una hipotética separación? ¿Se puede defender la independencia desde la razón y no desde el corazón? He aquí sus respuestas.

El físico 

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David Jou afirma que se adhirió al manifiesto por la independencia como ciudadano “más que como científico especializado”. Quizás por eso señala esta parte como la menos “conflictiva” del asunto. “Para mí los factores científicos se hallan entre los desacuerdos menos graves y aquí el encuentro puede ser más fácil, fructífero y cordial”, afirma. “Los efectos de las insuficientes inversiones gubernamentales en ciencia son sentidos en toda España y la importancia de la ciencia para la colectividad es ampliamente compartida por todos los científicos del mundo”. Aun así, destaca que los catalanes se sienten “un poco desasistidos, sobre todo por la política de recortes”.

La razón que más pesa en el respaldo de Jou es un desencanto personal con la realidad política. “Los factores de fondo relacionados con la aspiración a la independencia son más generales y graves”, explica. “Votamos con esperanza la Constitución en 1978, pero hemos ido viendo cómo las competencias prometidas llegaban con mucho retraso y con fondos insuficientes y cómo eran laminadas sucesivamente. [También hemos visto] cómo el Gobierno de España se oponía a la oficialidad de la lengua catalana en Europa y cómo las inversiones en infraestructuras eran un año tras otro injustamente insuficientes”.

Jou ha perdido la esperanza de ver una “España auténticamente plural, acogedora y amable en lo político” y destaca la falta de reconocimiento de la diversidad. “Ni tan siquiera en las matrículas de los automóviles, donde nada costaba. No digo que tal España sea imposible, pero me parece más complicado conseguirla que lograr la independencia, por difícil que esto sea”, apunta el físico.

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Jou cree que la relación entre Cataluña y España no ha sido siempre igual. De hecho, considera que se ha visto afectada sobre todo por “determinadas respuestas” a la postura independentista. Jou cree que desde Madrid se acude siempre “a la letra de la ley para amenazar y no tener que escuchar”. Pone el ejemplo de la sentencia del Constitucional del 27 de junio de 2010 sobre el Estatuto de 2006 como una “muestra definitiva del fracaso político, jurídico y cultural del espíritu que había inspirado la Constitución”.

De vuelta a la ciencia, Jou supone que “durante un periodo de transición se generará una cierta incertidumbre”. Con respecto al futuro, reconoce que permanecer fuera de la Unión Europea “no sería positivo”. Pero piensa que “existiría la posibilidad de cerrar acuerdos bilaterales”.

En cualquier caso, el investigador cree que una posible independencia de Cataluña tendría repercusión en la investigación científica: “Una mayor flexibilidad a la hora de establecer las prioridades de investigación puede repercutir en una mayor eficiencia y en más interés por parte de los ciudadanos por una ciencia que les toca más de cerca en algunos aspectos”, concluye.

El biólogo

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Ricard Solé explica el porqué de la red de científicos independentistas: dice que los científicos son parte de la sociedad y que si quieren cambiarla han de participar: “No podemos hacer nada sólo desde nuestro laboratorio”.

Solé cree que la ciencia catalana es superior a la española y lo es porque, a su juicio, el sentido común ha imperado en el desarrollo del modelo de ciencia en Cataluña. “Esto no lo ha conseguido un partido o una persona concreta”, señala.

Solé dice que en Cataluña hay un consenso sobre la necesidad de invertir en ciencia “a largo plazo”. Cada vez que se cambia de partido o de Gobierno no hay que desmontarlo todo. “Hay que seguir tomándose en serio esa inversión, hacerla al estilo americano y que la palabra excelencia, que tan mal se emplea, sea real”.

“Si fuéramos un país, que no lo somos, estaríamos en tercer lugar en Europa en cuanto a producción científica por habitante”, dice Solé, que ejerce como biólogo en la Universidad Pompeu Fabra.

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La clave del éxito catalán en ciencia según Solé se debe a que los grandes centros de investigación se han construido con un criterio que no apuesta por la contratación de “científicos catalanes” sino de “gente que de verdad vale la pena, la mayoría extranjeros”.

Se podría haber cometido el “habitual error de contratar a alguien con nombre y a punto de jubilarse en lugar de seguir el modelo de traer a gente al principio de su carrera”, dice el biólogo. “Se trata de traer a gente que sabes que va a dar el máximo y darle las mayores facilidades: un buen espacio de laboratorio, recursos para tener investigadores y herramientas para tejer su red internacional. Ésa es la clave de todo y lo que siempre ha fallado en España”.

Hoy la ciencia es internacional y multidisciplinar. ¿Encaja eso con el proceso soberanista? “No tiene sentido pensar en mi trabajo sin la idea de que voy a seguir colaborando con gente de todas partes”, dice Solé, que enumera a parte de su equipo: dos investigadores postdoctorales de Málaga y un doctorando de Galicia. “Los he tenido de Madrid y de otras parte. Es gente brillante y ahí se acaba la historia, no puede haber otro baremo más que este”.

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Como receptor en 2012 de una beca del Consejo de Investigación Europeo (ERC), Solé es muy consciente de la importancia de la financiación europea en la ciencia catalana y de todo a lo que podrían tener que renunciar si Cataluña se independiza y no sigue dentro de la UE. “Un error que Cataluña ha cometido muchas veces es pensar que nos harán caso porque tenemos buenos argumentos y eso es mucho pedir”, dice. “Por el peso que tiene nuestra ciencia y la gran red de interacciones y proyectos europeos, dudo mucho que la Unión Europea decida de la noche a la mañana que eso se va al traste. No sólo por la ciencia sino por el peso económico que tenemos”.

“No podemos evitar intentar ser optimistas”, dice el investigador. “Muchas cosas que se hacen en Cataluña están conectadas, por ejemplo, con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Eso tendríamos que resolverlo también. No vamos a dejar a todos esos científicos en la calle. Reconozco que no será nada fácil de gestionar, pero no veo visión en los políticos españoles, y lo digo con tristeza. No veo que esto vaya a cambiar y el cortoplacismo en ciencia no tiene ningún sentido”.

El bioinformático

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Para Rodéric Guigó el apoyo a la opción independentista en Cataluña se explica por muchos factores: “Por supuesto, los hay sentimentales. Te sientes de un país. No es mejor ni peor. Pero lo sientes otro país. No es algo racional. Es como el enamoramiento, que no se puede discutir. Influye cómo has sido educado”.

“Yo no me siento español aunque comparto referentes culturales y hablo su lengua. La mitad de mi familia es española. Yo entiendo que se molesten y que esto produzca malestar, pero deberíamos relativizar esta parte irracional”, añade.

Este bioinformático apunta también a un componente racional: “He llegado a la conclusión de que lo mejor para todos es que Cataluña sea independiente del resto de España”. Utilizando un símil científico, Guigó señala a la teoría de juegos: “En principio, estar unidos es mejor que estar separados. Pero siempre que el esfuerzo que hace falta para estar unidos no sea mayor que el beneficio que se obtiene. Es la suma positiva frente a la suma negativa. En mi opinión, lo que ocurre por desgracia es que la unión entre España y Cataluña hasta ahora ha sido de suma negativa. Por ejemplo, se han hecho gastos en infraestructuras no racionales sólo con la idea de coser un país. Sería mejor que fuéramos independientes. Si nos mantuviéramos en Europa, la independencia haría que las relaciones entre España y Cataluña fueran mejores”.

Guigó huye de los estereotipos: “El argumento de que España nos roba me parece desafortunado. Pero me hace gracia cuando dicen que el nacionalismo se cura viajando. Precisamente yo no me hice nacionalista hasta que viví fuera de España, cuando me di cuenta de que ni mi país ni mi lengua eran inferiores porque personas de países más pequeños que Cataluña se sentían orgullosos. No tiene ninguna justificación que Andorra sea un país y Cataluña no lo sea”.

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“Hace 20 años, al menos en mi campo [biología molecular] la ciencia era muy superior en Madrid”, recuerda Guigó, que cita al filósofo español José Ortega y Gasset para explicar el cambio: “Como él decía, ‘Yo soy yo y mis circunstancias’  y lo que ha ocurrido aquí en Cataluña es que se han implantado medidas modestas y poco costosas que han permitido un mejor desarrollo de la ciencia”.

Esas medidas se resumen en el establecimiento de un sistema de funcionamiento “más dinámico al margen del CSIC y de las universidades y se ha conseguido atraer a muchos científicos de fuera”, según dice Guigó, que señala que eso se debe las ideas del conseller Andreu Mas-Colell.

¿Qué ocurriría si gana el independentismo en el 27S? “Va a ser un camino difícil por los poderes fácticos”, dice Guigó. “Está claro que unidos se pueden hacer mejor las cosas, pero también supondrá la posibilidad de empezar de nuevo. A mí no me parecería mal que se pudiera llegar a un acuerdo y que determinadas cosas se pudieran hacer de forma común con España”, puntualiza el investigador, que pone como ejemplo a los países nórdicos. 

 

 

 

Todo lo que debes saber sobre la batalla que se libra en el TC sobre Cataluña

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Cataluña es la comunidad autónoma que más recursos ha interpuesto contra leyes estatales en la legislatura que está a punto de concluir. El proceso soberanista, con el intento de crear estructuras de estado propias y con la permanente reclamación de competencias, está en el núcleo de la batalla que se libra en el Tribunal Constitucional, convertido en el principal valladar del secesionismo.

No hay otra comunidad autónoma que protagonice tantos procesos ante el Tribunal Constitucional como Cataluña. La aspiración a ampliar su capacidad de autogobierno primero y el plan soberanista planteado por Artur Mas y sus socios después han desembocado en la existencia de 64 procesos constitucionales desde que Mariano Rajoy alcanzara la presidencia del Gobierno. Esa cifra incluye recursos de inconstitucionalidad promovidos por Cataluña contra leyes del Estado, recursos del Gobierno central contra normas autonómicas y conflictos de competencia.

En lo que va de año, el Tribunal Constitucional ha abierto 14 procesos que implican a Cataluña y al Gobierno de Rajoy. Entre ellos se encuentran cuatro asuntos clave en los que, según el Ejecutivo central, la Generalitat quiere fijar las bases jurídicas para asumir las funciones del Estado en el caso de un proceso unilateral de secesión del territorio de Cataluña.

Rápidas suspensiones cautelares

Esos cuatro procesos han sido promovidos por el Gobierno y admitidos a trámite con celeridad por el Tribunal Constitucional, lo que ha conllevado la suspensión automática de las normas catalanas cuestionadas.

El TC tardó apenas 11 días en admitir el conflicto de competencias planteado por el Gobierno contra el decreto catalán 16/2015, de 24 de febrero, que creó el Comisionado para la Transición Nacional. La función de este órgano es el “impulso, la coordinación y la implementación de las medidas necesarias para la culminación del proceso de Transición Nacional y el seguimiento de las estructuras de estado”. El conflicto de competencias fue interpuesto el 26 de junio y admitido a trámite por el Constitucional 11 días después.

El 15 de junio el Gobierno presentó sendos recursos de inconstitucionalidad contra las leyes catalanas 2/2015 y 3/2015. Ambos fueron admitidos a trámite en sólo 10 días. Esos recursos impugnan aspectos determinantes del proceso soberanista: la elaboración de un plan director con la finalidad de hacer posible la “Administración Tributaria de Cataluña”; el inventario del patrimonio de las administraciones públicas de Cataluña; el catálogo de infraestructuras estratégicas que garanticen el funcionamiento y suministro de agua, energía, transporte, telecomunicaciones y servicios de información; la Agencia Catalana de la Protección Social y el plan director para los sectores de la energía, las telecomunicaciones y los sistemas de información y del transporte ferroviario. Según las cuentas pactadas entre Convergència y Esquerra Republicana de Catalunya, 11,5 millones de euros presupuestados para 2015 tienen como destino la creación de estos planes y estructuras.

En una nueva vuelta de tuerca, el Parlament aprobó el 12 de junio la Ley 9/2015, que permite la integración en la Agencia Tributaria de Cataluña (creada en 2007 durante la primera legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero) de funcionarios de otras Administraciones Públicas pero siempre que tengan destino definitivo en Cataluña. Es decir, excluyendo a los del resto de España. La ley fue recurrida de inmediato por Rajoy y ha dado lugar a un proceso abierto por el TC el pasado día 10.

Unos meses antes, el 6 de marzo, el Gobierno central decidió llevar al Constitucional la Ley de Cataluña 16/2014, de 4 de diciembre, de acción exterior y de relaciones con la Unión Europea. Esta norma considera a la Generalitat como un actor internacional al margen del Estado español, otra de las obsesiones de los nacionalistas. El tribunal admitió a trámite el recurso el 14 de abril y dejó en suspenso la ley hasta que dicte sentencia.

El 25 de febrero, el Pleno del TC declaró inconstitucionales tanto la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014 como la ley autonómica que le sirvió de cobertura. Fue un fallo unánime que acogió, en lo sustancial, los argumentos de la Abogacía del Estado sobre lo que Cataluña llamó consulta no referendaria y que era, en realidad, un referéndum para debatir la secesión de Cataluña al margen de las vías que la Constitución establece para su reforma, según sentenció el Constitucional.

El conflicto educativo

Varios de los procesos iniciados en 2014 inciden en otro asunto especialmente relevante para los dirigentes de la Generalitat: el catalán y la educación. La Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, conocida como Ley Wert, fijó el mínimo de horas que un alumno debe estudiar en castellano. Tanto el Parlament como el Govern la impugnaron ante el TC al considerar que atenta contra el modelo educativo catalán y la inmersión lingüística.

A lo largo del año pasado, el Parlamento y el Gobierno de Cataluña recurrieron otras normas estatales por no respetar las competencias autonómicas, como la ley de sostenibilidad de la Administración Local, la de garantía de la unidad de mercado y los planes de racionalización energéticos.

Desglosando el número de procesos de inconstitucionalidad, Cataluña fue la comunidad autónoma más afectada en 2014. Sobre ella hubo 19 procesos, un 34% del total que admitió el TC (56). Le siguieron Andalucía, con 10 asuntos y Canarias con 5.

2014

En 2013, una iniciativa con la que el Parlament inauguró el año, la Declaración de soberanía y del derecho a decidir del pueblo de Cataluña, dio lugar a un proceso constitucional que el TC zanjó en marzo de 2014. También por unanimidad, el Constitucional dejó claro que “en el marco de la Constitución una comunidad autónoma no puede unilateralmente convocar un referéndum de autodeterminación para decidir sobre su integración en España”.

Además, 2013 supuso el punto de partida para otros procesos referidos al ámbito educativo. En febrero de ese año, el TC admitió tres recursos de Cataluña contra normas estatales que establecieron las enseñanzas comunes de la educación infantil, las bases de la formación profesional y el gasto público en educación.

En 2013 fue, de nuevo, Cataluña la comunidad autónoma que se vio implicada en más procesos constitucionales, con 22. Después, Canarias (10), País Vasco (9), Navarra (8) y Andalucía (6).

2013

Cuando Artur Mas planteó en septiembre de 2012 a Mariano Rajoy un nuevo pacto fiscal que planteaba equiparar el escenario fiscal catalán al del País Vasco, el presidente del Gobierno lo rechazó por inconstitucional. Tras aquel (des)encuentro en La Moncloa, el líder catalán dejó entrever el inicio del conflicto en los tribunales que estaría por venir a lo largo de la legislatura: según su criterio, Cataluña tenía un futuro “luminoso y brillante” frente al “gris” que ofrecía el presidente del Gobierno central y para ello tendrían que reclamar nuevas competencias ante el Constitucional.

Sin embargo, fueron el presidente del Gobierno, el Grupo Parlamentario Popular y el Defensor del Pueblo los primeros en cuestionar la corrección constitucional de algunas normas procedentes de Cataluña. En concreto, las leyes en materia audiovisual, de urbanismo y de horarios comerciales.

2012

En 2012, coincidiendo con el primer año de legislatura de Mariano Rajoy, Cataluña ya encabezó la relación de comunidades autónomas litigantes con nueve asuntos. Impugnó las medidas de racionalización del gasto en Educación y Sanidad, así como el decreto-ley de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria, que, entre otras medidas, eliminó la paga extraordinaria de Navidad de los empleados públicos.