El Banco de España aflora 1.000 millones de deuda oculta en Cataluña

Artur Mas, the acting head of Catalonia's regional government, speaks during a meeting at the regional government headquarters in Barcelona, Spain, September 29, 2015. Catalonia's Supreme Court has indicted Mas for carrying out a non-binding referendum on independence last November, facing preliminary charges for disobedience, abuse of authority, and usurping authority, according to court documents released on Tuesday. REUTERS/Stringer

Las ‘facturas ocultas’ elevan la deuda pública de Cataluña casi un 2%, por encima de 67.800 millones de euros e imposibilitan al Gobierno cumplir el Programa de Estabilidad.

Foto: REUTERS/Stringer

Artur Mas, the acting head of Catalonia's regional government, speaks during a meeting at the regional government headquarters in Barcelona, Spain, September 29, 2015. Catalonia's Supreme Court has indicted Mas for carrying out a non-binding referendum on independence last November, facing preliminary charges for disobedience, abuse of authority, and usurping authority, according to court documents released on Tuesday. REUTERS/Stringer
Arturo Mas, presidente en funciones de la Generalitat./ REUTERS/Stringer

La pesadilla de las deudas sin contabilizar vuelve a revivirse este año. El Banco de España saca a la luz facturas ocultas del último año en Cataluña por valor de 1.042 millones de euros. Este pasivo no contabilizado hasta ahora procede de deudas de asociaciones público-privadas. En concreto, se refieren a dos grandes bloques de deuda: uno con fecha en diciembre de 2014 y un segundo, de junio de este año, que superan los 1.000 millones de euros. Estas facturas contra el erario público afloran justo cuatro días después de la celebración de las elecciones catalanas, por lo que no han influido en el voto de los ciudadanos.

Dos picos que elevan el pasivo de Cataluña hasta los 67.855 millones de euros, un nivel nunca antes visto, y que llevan la ratio de deuda sobre el PIB de la comunidad hasta el 33,9%. En total, un avance de 1,1 puntos del PIB que deja a Cataluña en el tercer puesto de autonomías más endeudadas, por detrás de la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha.

Ratio deuda/PIB de las comunidades autónomas (%)

Fuente: Banco de España. Datos hasta junio.

Cataluña, que ya era una de las comunidades que tenía más problemas por el volumen de su deuda, empeora su situación de un plumazo. La Comunidad tiene ya el 27% del pasivo de todas las autonomías. En el extremo opuesto se sitúa la Comunidad de Madrid, para la que el Banco de España ha revisado a la baja su volumen total de deuda. En concreto, ha ajustado su pasivo en 29 millones el pasivo de la región, hasta dejarlo en 26.312 millones, lo que supone un 13,3% de su PIB.

Rompe la promesa del Gobierno

Esta desviación de las cuentas de Cataluña, unido a la revisión a la baja del PIB realizada por el INE, hará imposible que España cumpla este año las previsiones de déficit y deuda comprometidas con Europa. Hacienda remitió a Bruselas en abril su Programa de Estabilidad para los años 2015-2018 en el que prometía que el endeudamiento público se quedaría en el 98,9% del PIB y que en ningún caso superaría el 100%.

Estas promesas son ya papel mojado con las nuevas cifras del Banco de España. La actualización de las cuentas financieras ha elevado el endeudamiento público en 1,8 puntos de PIB, hasta el 99,5%. De un plumazo el pasivo de España se ha colocado seis décimas por encima de lo comprometido por el Ejecutivo. En total, en torno a 6.000 millones de euros de desviación sólo hasta el mes de junio que tendrán una solución muy complicada en la segunda mitad del año.

España también tenía muy complicado cumplir el objetivo de déficit para este año marcado por Bruselas, pero con este nuevo pasivo carga sobre sus espaldas, ahora es prácticamente imposible que lo logre. El mandato europeo es cerrar el año con un déficit del 4,2% sobre el PIB y al cierre de julio ya contabiliza un desvío superior al 3%.

Las comunidades autónomas están siendo las más incumplidoras de todas las administraciones públicas. Si antes de esta revisión ya habían superado el límite de déficit para todo el año, ahora el escenario es mucho peor. El Ejecutivo central había marcado un objetivo de desviación máximo del 0,7% sobre el PIB, cifra que ya habían sobrepasado en julio. Con esta actualización del Banco de España, la desviación de las autonomías ya será superior al 0,8% del PIB.

Actualización del PIB

Una buena parte de la revisión al alza de la ratio de endeudamiento se debe a que el Banco de España ha incorporado la revisión a la baja del PIB español realizado por el INE. Esto significa que, como baja el tamaño de la producción española anual, el porcentaje que representa la deuda sobre ésta es mayor.deuda_nueva

El endeudamiento de todas las autonomías ha aumentado tras esta revisión, liderado por el avance de Cataluña, que aumenta 1,1 puntos de PIB. La Comunidad Valenciana ocupa esta dudosa segunda posición, ya que su ratio de endeudamiento aumenta en 0,7 puntos de su PIB y Castilla-La Mancha ocupa el tercer puesto, con un avance de 0,6 puntos.

Bruselas exige a Rajoy que cambie los Presupuestos de 2016 porque incumplen el déficit exigido por la UE

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La Comisión Europea sopesa acelerar las multas contra el Gobierno español por endeudarse más de lo exigido. Bruselas calcula que España tendrá este año un déficit del 4,6% y uno del 3,5% en 2016. 

La Comisión Europea pedirá al Gobierno de Mariano Rajoy la semana que viene que introduzca recortes extra durante la fase final de la tramitación parlamentaria de los Presupuestos Generales del Estado de 2016. Bruselas considera que las cuentas públicas españolas incumplen las recomendaciones de la UE y que no permitirán alcanzar los objetivos pactados de reducción del déficit público.

Si Rajoy decide ignorar este aviso, disuelve las Cámaras y se presenta a las elecciones con el actual proyecto de Presupuestos, el Ejecutivo comunitario sopesa proponer ya en noviembre sanciones para España por déficit excesivo, según ha explicado a EL ESPAÑOL un alto funcionario europeo. Las sanciones podrían alcanzar un máximo del 0,2% del PIB. Es decir, unos 2.000 millones de euros.

“La Comisión publicará la semana que viene una opinión muy crítica con los Presupuestos españoles de 2016 e invitará al Gobierno y al Parlamento a hacer modificaciones”, ha señalado el alto funcionario. “No estamos satisfechos porque no se ajustan a las recomendaciones” de la UE para corregir el desfase presupuestario, ha agregado.

Tras evaluar el proyecto español de cuentas públicas, el Ejecutivo comunitario ha llegado a la conclusión de que las previsiones económicas que maneja el Gobierno de Rajoy son “demasiado optimistas”. Esta euforia excesiva afecta no sólo a los datos de crecimiento sino también a las previsiones de ingresos, mientras que los gastos están infravalorados.

UE

Las dudas de Bruselas afectan ya al actual ejercicio 2015. Calcula que el déficit público se situará este año entre el 4,5%-4,6% del PIB, en lugar del 4,2% que el Gobierno español ha acordado con sus socios europeos. El Ejecutivo comunitario acaba de revisar al alza su previsión de crecimiento para España. La sitúa en el 3% del PIB, dos décimas más de lo que había calculado en primavera. Pero ni con esta mejora se podrán cumplir los objetivos presupuestarios. La cifra de la Comisión sigue siendo en todo caso más pesimista que el 3,3% que el Ministerio de Hacienda utilizó como base para elaborar los Presupuestos.

Además, el déficit de España en 2014 se ha revisado al alza del 5,8% al 5,9% (incluyendo las ayudas a la banca). Al empeorar el punto de partida, se complica lograr la meta de 2015.

Sin ajustes adicionales en el proyecto de cuentas públicas, en 2016 el desvío presupuestario respecto a la meta pactada con la UE será mucho mayor: el déficit llegará al 3,5%, en lugar del 2,8% exigido, según la estimación de Bruselas. Precisamente 2016 es el año en el que el Gobierno de Rajoy se ha comprometido a corregir el déficit excesivo. Es decir, a situarlo por debajo del umbral del 3% que marca el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. España se encuentra sujeta al procedimiento sancionador de la UE por déficit excesivo desde 2009 y ya se ha beneficiado de varias prórrogas de la UE para corregirlo.

Los Presupuestos de 2016 se están tramitando en estos momentos en el Senado, cuyo pleno tiene previsto aprobarlos en la semana del 13 al 15 de octubre. La ratificación final en el Congreso está prevista para la semana del 19 al 23 de octubre.

El Ejecutivo comunitario ha mantenido intensos contactos con el ministerio de Economía durante las últimas semanas para elaborar su dictamen. Por lo que le ha comunicado el Gobierno español, no tiene ninguna esperanza de que vaya a seguir sus recomendaciones y corregir los Presupuestos. De hecho, desde el ministerio de Economía han asegurado a EL ESPAÑOL que para cumplir el objetivo de déficit de este año “no hay ningún problema”. “En cuanto al año que viene, los Presupuestos son prudentes, como en años anteriores, y siempre hemos cumplido”, añaden.

Ante esta negativa, Bruselas se prepara ya para los próximos pasos, que tiene previsto dar durante el mes de noviembre. El problema que se le plantea es que para entonces las Cámaras estarán ya disueltas y el Gobierno estará en funciones. 

Dos son los escenarios que maneja Bruselas. En primer lugar, la Comisión podría pedir multas inmediatas contra España por desoír las recomendaciones de la UE. Un paso que hasta ahora no se ha atrevido a dar, ni siquiera contra Francia, pese a que amagó con ello el año pasado. La otra opción es dirigir un ultimátum al Gobierno que salta de las urnas en diciembre para que “corrija de inmediato” los Presupuestos de 2016.

La evaluación que hace Bruselas de las cuentas públicas nacionales tiene su origen en las nuevas normas de control y vigilancia presupuestaria que entraron en vigor hace dos años para mejorar la coordinación entre los países de la eurozona y prevenir futuras crisis de deuda como la que estuvo a punto de destruir la moneda única en 2012.

Según el procedimiento normal, los estados miembros tienen de plazo cada año hasta el 15 de octubre para remitir a Bruselas su proyecto de Presupuestos. La Comisión los examina y publica su opinión sobre todos ellos durante el mes de noviembre, antes de que sean aprobados por los parlamentos nacionales. Puede pedir cambios si considera que incumplen el Pacto de Estabilidad, aunque no tiene poder para imponerlos. Sí puede proponer sanciones para los infractores. El procedimiento se ha adelantado en el caso de España por la pretensión del Gobierno de Rajoy de aprobar los Presupuestos antes de las elecciones.

Si en 2014 Italia y sobre todo Francia fueron los peores alumnos en este ejercicio presupuestario, este año el expediente más conflictivo en Bruselas es el del presupuesto español.

Los demás partidos han criticado por electoralista la presentación temprana de los Presupuestos de 2016 por el Gobierno de Rajoy y la imposición de esas cuentas públicas al ejecutivo que salga de las urnas en diciembre. Los presupuestos prevén una subida del sueldo de los funcionarios, un aumento del gasto en pensiones y una subida de las becas, de las ayudas al cine y de las subvenciones al fomento del empleo. Además, el Ministerio de Hacienda adelantó al mes de julio de este año la rebaja del IRPF y tiene previsto devolver en los próximos meses la paga extra que se les congeló a los funcionarios en 2012.

Los eurodiputados españoles discuten por email sobre Cataluña con copia a todos los demás y ninguno responde

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El eurodiputado Ramon Tremosa con Artur Mas y Duran Lleida durante la campaña de 2009. / UDC

Los eurodiputados españoles se han enzarzado en una guerra de correos electrónicos sobre las elecciones catalanas con copia a los otros 750 miembros de la Eurocámara. Ningún parlamentario de otro país ha entrado en la cadena de respuestas. 

Los eurodiputados españoles se han enzarzado en una guerra de correos electrónicos sobre las elecciones catalanas en la que han tratado de implicar (sin éxito) a los demás parlamentarios europeos.

El intercambio lo inició el representante de Convergència, Ramon Tremosa, con un correo en inglés titulado “Elecciones catalanas: mayoría absoluta clara para los partidos proindependentistas”. El correo lo envió a las 10:21 del martes a los otros 750 eurodiputados y a sus asistentes y contenía cuatro gráficos para apuntalar sus tesis. Tremosa decía que los comicios fueron “el referéndum (sobre la independencia) que el Gobierno español no quiso autorizar” y distinguía entre tres grupos: la coalición proindependentista con el 48% de los votos, los unionistas de PP, PSOE y Ciudadanos con el 39% y la coalición “federalista y pro-referéndum” de Catalunya Sí que Es Pot con el 12%.

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El eurodiputado de Convergència esgrimió además que el Gobierno español recurrió al miedo y a las amenazas como táctica electoral e hizo “todo lo posible” para impedir que votaran los catalanes que viven en el extranjero. Esos catalanes, dijo Tremosa, “están particularmente a favor de la causa independentista y con su apoyo probablemente los partidos pro independencia se habrían quedado cerca del 50% del voto”. El correo electrónico concluía anunciando que si el Gobierno español no acepta un referéndum “el pueblo catalán procederá de manera pacífica y democrática hacia la independencia”.

La primera réplica a Tremosa partió del eurodiputado del PSOE Enrique Guerrero, que es vicepresidente del grupo socialista en la Eurocámara. “Magnífica manipulación. Extra, extra size”, escribió con ironía Guerrero en un escueto correo de respuesta con copia también al resto de parlamentarios europeos. 

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Enseguida se sumó a la cadena la eurodiputada de UPyD Maite Pagazaurtundúa, en un correo remitido a las 12:29 horas con gráfico incorporado para desmentir a Tremosa. Al igual que Convergència, UPyD es un partido adscrito al grupo liberal en la Eurocámara (ALDE). “Como respuesta a la información manipulada, un detalle clave para entender los resultados de las elecciones catalanas: pro-independencia, 47,78% de los votos; anti-independencia: 51,69%”, explicaba la eurodiputada.

Pocos minutos después, Guerrero puntualizaba en otro correo que además el Gobierno catalán saliente de Artur Mas había obtenido el 39% de los votos.

El eurodiputado Enrique Calvet, expulsado de UPyD y que también pertenece al grupo liberal en la Eurocámara, se declaró “indignado” por la “intoxicación y manipulación” del correo electrónico de Tremosa y se ofreció a dar explicaciones detalladas a cualquier colega que estuviera interesado en las elecciones catalanas.

La cadena ha continuado este miércoles con otro correo remitido a las 10:08 horas a todos los parlamentarios por el eurodiputado de Ciudadanos Javier Nart.

Nart sostiene que el resultado de las elecciones catalanas es un “fracaso” de los separatistas, que no han obtenido la mayoría aplastante que esperaban. Recuerda que la CUP ha dicho que no apoyará como presidente a Artur Mas y relata a sus colegas los casos de corrupción en los que se ha visto implicada Convergència.

Ante esta avalancha de réplicas, Tremosa ha contestado a sus detractores con un análisis del Guardian sobre el resultado de las elecciones catalanas y con un nuevo gráfico para defender sus tesis. El parlamentario de Convergència insiste en que Iniciativa y Podemos no pueden sumarse al campo del no porque parte de sus miembros apoyan la independenciaEn cuanto a la corrupción, señala: “Las acusaciones contra nuestro partido no se han probado y yo no estaría tan orgulloso de un estado que lleva a un presidente electo como el señor Mas a los tribunales por organizar una votación”.

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Por ahora el intento de implicar a los eurodiputados de otros países en esta guerra de correos electrónicos ha fracasado. Ningún parlamentario de otros países se sumó a la cadena de correo electrónico. Ni siquiera para pedir más información. Eso no quiere decir que lo que está pasando en Cataluña no interese en la Eurocámara. Los diputados de otros estados miembros sí que se están preguntando a sus colegas españoles sobre su interpretación de los resultados electorales, aunque siguen considerándolo un asunto interno. “Se ha comentado mucho más el gran resultado del (partido de extrema derecha) FPO en las regionales austriacas”, aseguraba recientemente un representante de uno de los grandes partidos en el Parlamento Europeo. 

Diez medidas europeas para atajar la crisis de los refugiados

“Ha llegado la hora de adoptar medidas para gestionar la crisis de los refugiados”, dijo el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, en el discurso sobre el Estado de la Unión el 9 de septiembre. Se trata de habilitar medidas legales y seguras que eviten las travesías mortales a las que se arriesgan las personas que huyen de la guerra, la persecución, la pobreza y el caos.

1.  “Hacen falta normas obligatorias y competencias distribuidas”

El asilo es un derecho fundamental y su concesión una obligación internacional con arreglo a la Convención de Ginebra de 1951. Desde 1999, la Unión Europea trabaja en la creación de un Sistema Europeo Común de Asilo para establecer un espacio de protección y solidaridad compartido, basado en un procedimiento y un estatuto uniforme para estas personas en peligro.

“Estamos legislando, pero hay que aplicar en su totalidad estas normas, algo que no está sucediendo”, lamenta Juncker. Sólo cinco estados miembros aplican correctamente la legislación comunitaria en materia de asilo. Ninguno es España. Hasta el momento hay setenta y cinco procedimientos de infracción abiertos por este motivo.

“Los estándares mínimos están regulados, pero no están funcionando porque cada estado miembro aplica un sistema de asilo distinto”, asegura la portavoz del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), María Jesús Vega. Uno de los procedimientos abiertos contra España es por no adaptar la Directiva que armoniza criterios básicos como los que determinan quién debe ser considerado refugiado y, por tanto, ser protegido.

“Europa tiene que llegar a un acuerdo para poner en práctica una política común. Tienen que establecerla ya, con normas obligatorias y competencias distribuidas”, concluye Fernando Mariño, catedrático de Derecho Internacional Público en la Universidad Carlos III de Madrid.

2.  “Habilitar las embajadas para acelerar los trámites de asilo”

La acogida en las embajadas es posible. Implica otorgar asilo de facto, como ocurre con el caso de Julian Assange, fundador de Wikileaks, en la embajada de Ecuador en Londres. Cuestión distinta es la capacidad, o incapacidad, de embajadas y consulados para acoger a un gran número de personas, como serían todos los sirios que huyen de la guerra.

Los embajadores no tienen competencia para conceder asilo. “En la práctica no están concediendo un pasaporte que les permita llegar a un país seguro para solicitar asilo. Les dicen: nosotros no se lo podemos dar, pero vamos a enviar su petición a la capital y ahí van a estudiar su caso”, explica Fernando Mariño, miembro del Comité contra la Tortura de Naciones Unidas.

Ante el retraso en la respuesta, el silencio o la negativa, muchas personas deciden alcanzar por su cuenta, o recurriendo a los traficantes de personas, las fronteras europeas.

Aunque algunas normas dejen abiertos pequeños resquicios, en la práctica estas personas sólo pueden solicitar asilo si llegan a la frontera del país Europeo en cuestión, lo cual se desprende del artículo 3 del Convenio de Dublín.

Sólo pueden pedir ayuda en las embajadas localizadas en terceros países de los que no sean nacionales, según el artículo 38 de la Ley de Asilo española. Así, los sirios, para pedir asilo en España, tendrían que trasladarse a otro país donde haya representación española. No pueden solicitarlo en Damasco.

Fernando Mariño cree que la situación podría mejorar si se estableciesen en el extranjero embajadas específicas ad hoc, delegaciones u oficinas de la Unión Europea en los países en conflicto que se encargasen de las solicitudes directamente: “Si se pusieran de acuerdo, podrían habilitar las embajadas para acelerar los trámites de asilo y tomar todas las medidas necesarias para proteger a estas personas”.

“De ese modo, estas personas vendrían al continente europeo con su solicitud de asilo ya hecha y no se arriesgarían a todo lo que estamos viendo”, apoya José Javier Sánchez Espinosa, director de inclusión social en Cruz Roja.

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Una niña sostiene una flor tras ser detenida por cruzar de forma ilegal la frontera húngara./ Dado Ruvic/ Reuters
3. “Si tuvieran un visado se podrían pagar un vuelo a Europa”

Para viajar a un país europeo legalmente, necesitan un pasaporte y un visado.

En estos momentos, las embajadas ofrecen un visado común para todos, sin diferenciar en función de las circunstancias personales de cada uno. Sánchez Espinosa explica que éste “exige acreditar recursos económicos, demostrar que tienes intención de volver a tu país, mostrar billete de ida y vuelta, tener un seguro médico”. Unos requisitos que ningún asilado puede probar, partiendo de que estas personas no pueden volver a su país sin arriesgar su vida, su integridad física o moral. “Por eso, cuando estas personas solicitan un visado normal, se les deniega”, concluye Cruz Roja.

En busca de una protección más amplia, se proponen los visados por razones humanitarias. Este permiso se concedería siempre que exista un conflicto armado (como el de Siria) o un peligro grave para la seguridad (las amenazas del Estado Islámico), sin necesidad de demostrar que existe un riesgo específico y personal (como la muerte). Este visado les permitiría llegar a nuestro país, o a suelo europeo, de forma legal. Una vez aquí, solicitar asilo.

Pero lo que está ocurriendo es lo contrario, explica Sánchez Espinosa: “Están obligados a entrar de forma irregular. Están pagando un precio muy alto a los traficantes de personas, cuando, con ese dinero, si tuvieran un visado, se podrían pagar un vuelo a Europa”.

4.     “No romper la unión familiar es un principio de humanidad”

A las mesas de ACNUR se acercan unos padres que tienen a sus hijas, ambas menores de diez años, solas en Jordania. A ellos no les dejan moverse. No pueden reunirse. También un hermano que, por haber cumplido dieciocho años, no puede estar con su familia.

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Una niña juega con su muñeca cerca de la frontera entre Serbia y Hungría./ Stoyan Nenov/ Reuters

La portavoz de la agencia de la ONU para los refugiados, María Jesús Vega, apuesta por una reunificación flexible y ágil.

Flexible.

Reformando el Convenio de Dublín, el cual establece que el solicitante está obligado a tramitar su asilo en el primer país europeo que pisa, aunque no quiera quedarse en él. Esto da lugar a devoluciones muchos años después: “El país en el que te asientas, que sabe que has pasado por uno anterior, te devuelve al primero. Hay refugiados establecidos en un país junto a decenas de familiares durante más de diez años, que trabajan, que tienen casa, y que son devueltos al primer país por el que pasaron, donde ni ahora ni nunca tuvieron absolutamente nada ni a nadie”.

Ágil.

“No puedo esperar tres años a que venga mi mujer y mi hijo porque para entonces puede que estén muertos por una bomba en Siria, o puede que a mi hija la hayan dado en matrimonio para dar de comer al resto de la familia si está en Jordania o en Líbano”, continúa la responsable de ACNUR.

Para Fernando Mariño este es un factor determinante, sobre todo si se trata de niños pequeños o mujeres embarazadas: “No romper la unión familiar es un principio de humanidad”.

5.      “Acogerlos con los brazos abiertos”

La Comisión Europea propuso en un principio establecer un mecanismo permanente de reubicación y fijar cuotas de reparto obligatorias por países. En este punto hay que diferenciar entre reubicación y reasentamiento. Reubicar es trasladar hasta un país de la Unión Europea a aquellas personas que ya están dentro de la Unión. A refugiados que ya han llegado y que se encuentran en los principales países de entrada a Europa.

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Niñas sirias dan clase en un colegio de Unicef en el campamento de Jordania./ Muhammad Hamed/ Reuters

Son las 160.000 personas a las que los estados miembros deben “recoger con los brazos abiertos”, dijo Juncker. Los 120.000 de Grecia, Hungría e Italia, y los 40.000 más que ya solicitaron protección en mayo y cuya reubicación fue aprobada el 14 de septiembre.

Una mayoría cualificada ha llegado también a un acuerdo para el reparto en dos años de los 120.000. Un acuerdo al que se oponen Hungría, Rumanía, República Checa y Eslovaquia. Éstos no están dispuestos a cumplir con lo adoptado y recurrirán la decisión.

Ya hay acuerdo también para los 120.000, aunque con el voto en contra de Hungría, Rumanía, República Checa y Eslovaquia. El primer año se trasladará a 66.000 personas procedentes de los centros de acogida de Grecia (50.400) e Italia (15.600). En un segundo año se reubicarán las 54.000 restantes.

El Alto Comisionado de la ONU advierte de que las 120.000 personas sólo equivalen al número de refugiados que llegan a Europa en veinte días. Nuria Díaz, portavoz de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), insiste en la necesidad de que éste sea un mecanismo permanente, y no puntual, para evitar “discusiones eternas cada vez que nos encontremos con esta situación en nuestras fronteras mientras al otro lado haya vidas humanas en riesgo”.

6.     “No se trata de números en una tabla de excel”

“Estas personas tienen que ser escuchadas. No se puede hacer una tabla de excel y enviar a unas personas para un lado y a otras para el otro sin ningún criterio”, señala la jefa de misión de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), María Jesús Herrera, quien apuesta por que sean organizaciones como la suya quienes identifiquen y determinen quiénes son los más vulnerables y a dónde deben ir.

¿Quiénes van a ser estas personas a distribuir en el seno de la Unión?, se pregunta ACNUR. “Si se encarga la UE, probablemente, por agilizar los trámites, se va a tratar de aquellas personas cuya nacionalidad goza de un alto reconocimiento en todos los países miembros y sobre las que existe consenso sobre su estatuto de refugiado: los eritreos, los sirios y los afganos. Los chechenos, por ejemplo, no tienen el mismo reconocimiento”, adelanta María Jesús Vega.

CEAR defiende que el reparto del número de refugiados se debe basar en la solidaridad de todos los estados por igual. Entiende que se puedan tener en cuenta una serie de criterios como la riqueza o los ingresos de un determinado país, pero insiste en que la única manera de homogeneizar el mapa consiste en trabajar para que “en todos los estados, las acogidas sean dignas, porque se les haya dotado de los medios necesarios y de reconocimientos parecidos”, reclama Nuria Díaz.

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Unos refugiados consultan un mapa al llegar a una estación de tren en Suecia./ Ola Torkelsson/ Reuters
7.     “Estamos hablando de personas y de realidades diferentes”

La OIM considera que es fundamental realizar un registro, una identificación y un análisis de las circunstancias de cada una de estas personas. Cree que es el único modo de dar garantías al proceso.

“Estamos hablando de personas y de realidades diferentes”, indica María Jesús Herrera. “Son muchas en números globales, pero dentro de Europa no son tantas: podemos permitirnos realizar una aproximación más directa de estas personas, seres humanos, víctimas de conflictos”.

ACNUR también cree que las medidas a desarrollar sólo serán exitosas si sabemos exactamente “quiénes están entrando y qué perfiles tienen” para lo que “tiene que haber una movilización de la Oficina de Asilo Europea, las agencias europeas de inmigración y de protección civil. La dimensión del fenómeno lo requiere”.

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Una joven siria a su llegada a la isla griega de Lebos./ Alkis Konstantinidis/Reuters
8.  “El 86% de los refugiados está en los países más pobres”

A diferencia de la reubicación, las tareas de reasentamiento pretenden trasladar a las personas refugiadas en terceros países fuera de la Unión Europea, y en los cuales no pueden permanecer por problemas de seguridad, escasez de recursos o porque necesitan atención psicosocial o un tratamiento básico que no existe. Y es que, según CEAR, “el 86% de los refugiados se encuentran en los países más pobres del planeta”.

Estos casos suelen ser detectados por ACNUR, quien propone su reasentamiento: “Hay 60 millones de personas en el mundo desplazadas por conflicto. No estamos pidiendo reasentamiento para todas, estamos hablando de una pequeña parte de esa población”.

Tal y como ha recordado Juncker, “en Líbano, los refugiados suponen el 25% de la población en un país que sólo posee un quinto de la riqueza de la que disfrutamos en Europa”. Las 160.000 personas que necesitan ayuda europea sólo representan el 0,11%.

9.     “Tener en cuenta la voluntad de regreso”

El presidente de la Comisión Europea ha defendido la creación de una lista de países seguros como una medida que aceleraría los procedimientos de asilo “al determinar cuántos pueden volver a sus países”. “Sería una simplificación del procedimiento, que en ningún caso elimina el derecho fundamental de los solicitantes de asilo”.

La responsable de la OIM, María Jesús Herrera, interpreta la propuesta en positivo: “Es bueno tener en cuenta la voluntad de estas personas, que pueden querer regresar a su país si la situación lo permite”.

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Dos niños se asoman a una valla en el campo de tránsito de Gevgelija, Macedonia. Ognen Teofilovski/ Reuters

La lista de Juncker también pretende “dar prioridad a aquellos que están huyendo de países más peligrosos, como Siria”. Ante eso, Herrera apuesta por el criterio de la vulnerabilidad: “podemos aceptar que en determinadas circunstancias haya colectivos considerados más vulnerables: los menores no acompañados, los enfermos, las víctimas de trata… o los ciudadanos sirios; lo importante es que esto no vaya nunca en perjuicio del resto”.

10.   “Pedir asilo no puede ser como jugar a la lotería”

Aunque, como ya hemos repetido, existe una regulación común europea, la política migratoria es competencia de cada uno de los estados miembros. Si no se alcanza un acuerdo comunitario, cada uno aplica su sistema y toma sus decisiones.

“Es necesario que pedir asilo no sea una lotería”, dice la portavoz de CEAR, Nuria Díaz. Hoy no es lo mismo pedir asilo en España que en Alemania, donde el reconocimiento es mayor. Esto ocurre en los veintiocho estados, que no se ponen de acuerdo sobre quién se considera refugiado, las condiciones de acogida, los plazos de resolución, “lo cual demuestra la dirección en la que debemos seguir trabajando: en hacer realidad un sistema común europeo de asilo”.

Además, “las medidas que cada país tome de forma individual sólo agravarán el problema”, completa ACNUR, que se muestra especialmente preocupada por las reformas de Hungría, con leyes que permiten al Ejército emplear pelotas de goma y gas lacrimógeno contra los migrantes y que prevén penas de entre tres y cinco años de cárcel por cruzar de forma ilegal sus fronteras, en las que ha levantado alambradas con cuchillas.

“Ha llegado la hora de adoptar medidas para gestionar la crisis de los refugiados”, dijo el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, el 9 de septiembre. Se trata de habilitar medidas legales y seguras que eviten las travesías mortales a las que se arriesgan las personas que huyen de la guerra, la persecución, la pobreza y el caos.

En la imagen, un niño hace la señal de victoria al llegar a un centro de atención para refugiados en Bruselas. Yves Herman/ Reuters

Por qué la crisis de los refugiados paraliza y enfrenta a la UE

Refugiados sirios y afganos llegan a la isla de Lesbos. / REUTERS / Dimitris Michalakis

En lugar de solidaridad y acogida, el agravamiento de la crisis de los refugiados este verano ha provocado parálisis y enfrentamientos entre los estados miembros de la UE, que no se ponen de acuerdo sobre un sistema de cuotas obligatorias para repartirse a los demandantes de asilo. A continuación explico las claves de esa parálisis y de lo que puede ocurrir a partir de ahora. 

En la imagen, refugiados sirios y afganos llegan a la isla de Lesbos. / REUTERS / Dimitris Michalakis

Gráficos de Patricia López

La foto de la vergüenza de Europa / La muerte, en alejandrinos

“Por favor, no vengan”. Es el mensaje que ha lanzado desde Bruselas a los refugiados que tratan de llegar a Europa el primer ministro húngaro, Viktor Orbán. Ha sido su respuesta a la foto del niño sirio ahogado en una playa de Turquía. En lugar de solidaridad y acogida, el agravamiento de la crisis de los refugiados este verano ha provocado parálisis y enfrentamientos entre los estados miembros, que no se ponen de acuerdo sobre un sistema de cuotas obligatorias para repartirse a los demandantes de asilo.

El crecimiento de partidos populistas y de ultraderecha en muchos países europeos dificulta cualquier solución. Está además en riesgo uno de los principales logros de la UE, la libre circulación de personas en el espacio Schengen ya que países como Austria empiezan a reintroducir controles fronterizos. Para el 14 de septiembre se ha convocado una reunión extraordinaria de los ministros del Interior de los 28 en un intento de desbloquear la situación.

¿Por qué aumenta la llegada de refugiados a la UE?

Unos 340.000 inmigrantes y demandantes de asilo han sido detectados en las fronteras de la UE tratando de entrar de forma irregular entre enero y julio de este año, una cifra que casi triplica la registrada en el mismo periodo de 2014: 123.500 personas en los siete primeros meses y 280.000 en el total del año, según los datos de la Agencia Europea de Control de Fronteras (Frontex). Pese al fuerte aumento, esta cifra apenas representa el 0,06% de la población de la UE. Pero el incremento ha provocado una “presión sin precedentes” para las autoridades de control fronterizo de Grecia, Italia y Hungría, según admite la propia agencia.

La guerra civil en Siria, que ha entrado ya en su quinto año, el caos en Libia tras la intervención de la OTAN, el avance del Estado Islámico, la inestabilidad en Irak o Afganistán o los regímenes represivos en países africanos como Eritrea son las principales causas que explican el constante agravamiento de la crisis de refugiados.

Refugiados sirios y afganos llegan a la isla de Lesbos. / REUTERS / Dimitris Michalakis
Refugiados sirios y afganos llegan a la isla de Lesbos. / REUTERS / Dimitris Michalakis

¿Cuáles son las principales rutas de entrada?

Los inmigrantes y los traficantes de personas van ajustando las rutas en función de las dificultades y controles que encuentran en cada punto. En estos momentos, la principal ruta de entrada a la UE es la del Mediterráneo oriental, por donde han llegado 132.000 personas en los siete primeros meses del año. Se trata sobre todo de sirios y afganos que acceden a Grecia por mar desde Turquía. Por Hungría han entrado, a través de los Balcanes, más de 100.000 refugiados que vienen de Afganistán y Siria pero también de Kosovo. En tercer lugar, está Italia, que en lo que va de año ha recibido a 90.000 inmigrantes, en su mayoría de Eritrea y Nigeria, que realizan la peligrosa ruta por mar desde Libia. En contraste, a España sólo han llegado este año alrededor de 7.000 inmigrantes, sobre todo por Ceuta y Melilla, según Frontex.

En estos viajes para llegar a Europa, los refugiados se juegan la vida. En lo que va de año, alrededor de 2.400 inmigrantes han muerto en el mar al tratar de llegar a las costas europeas, según los cálculos de la Organización Internacional para las Migraciones. El último ejemplo, el niño ahogado encontrado en una playa de Turquía. A ello hay que sumar casos como el de los más de 70 inmigrantes hallados muertos en un camión en Austria.

Refugiados sirios rezan al llegar a la isla griega de Lesbos. / REUTERS / Dimitris Michalakis
Refugiados sirios rezan al llegar a la isla griega de Lesbos. / REUTERS / Dimitris Michalakis

¿Cuál ha sido la respuesta de la UE hasta ahora?

La política europea en materia de inmigración y asilo sólo ha avanzado a golpe de crisis y tragedias migratorias. Y ello por las diferencias entre los países con frontera exterior, sobre todo los del sur (que viven el problema directamente) y los del centro y este (que hasta ahora no lo han considerado urgente).

La crisis de los cayucos en España en 2006 fue el primer impulso para empezar a reforzar Frontex en su función de coordinar patrullas de vigilancia marítima de varios países de la UE, aunque el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ya experimentó las dificultades para concretar la solidaridad de los demás estados miembros. El naufragio de una barcaza procedente de Libia cerca de la isla italiana de Lampedusa en octubre de 2013 provocó la muerte de 366 inmigrantes y movilizó a los líderes europeos. Pero el impacto de la tragedia apenas se tradujo en medidas concretas.

Un nuevo naufragio en Lampedusa de una embarcación con 700 inmigrantes en abril de este año forzó a los jefes de Estado y de Gobierno a explorar nuevas soluciones. Los líderes acordaron triplicar el presupuesto y los barcos y aviones de las patrullas de Frontex por el Mediterráneo con el fin de detectar y asistir a las embarcaciones de inmigrantes en peligro.

En los siete primeros meses del año, 95.000 inmigrantes han sido rescatados en el Mediterráneo central. La UE también ha decidido lanzar una misión militar para destruir las embarcaciones que utilizan los traficantes de inmigrantes. De momento, los expertos de la UE se limitan a reunir información sobre las mafias porque todavía no cuentan con una resolución de Naciones Unidas que les autorice a actuar en territorio libio.

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Gráficos de Patricia López

¿Por qué han fracasado las cuotas de Bruselas?

La medida más novedosa propuesta la Comisión de Jean-Claude Juncker en abril fue un plan para repartir a 60.000 refugiados entre los Estados miembros con dos componentes. En primer lugar, Bruselas pretendía redistribuir, mediante un sistema de cuotas obligatorias, a 40.000 demandantes de asilo llegados a Italia y Grecia con el objetivo de aliviar la presión que sufren los dos países (lo que en la jerga europea se denomina reubicación). A ellos se sumarían otros 20.000 refugiados que se traerían a la UE desde el norte de África y Oriente Medio para abrir canales legales de inmigración y evitar que estas personas tengan que lanzarse al mar (reasentamiento). A diferencia del primero, este segundo componente tendría un carácter voluntario. Los criterios de reparto eran cuatro: la población de cada país (que contaba un 40%), su nivel de riqueza (40%), la tasa de paro (10%) y las peticiones de asilo tramitadas en el pasado (10%). A España le correspondía acoger en total a 5.837 refugiados. Al final sólo aceptó acoger a 2.749.

El plan, que contaba con el respaldo de Francia y sobre todo Alemania, quedó descafeinado en la última reunión de los ministros del Interior de los 28 celebrada el 20 de julio por la oposición de España, Reino Unido y los socios del este. Estos países lograron, en primer lugar, que el reparto no fuera en ningún caso obligatorio ni impuesto por Bruselas. Después ofrecieron cuotas muy inferiores a las sugeridas por la Comisión. El caso más extremo es precisamente el de Hungría, que se ha negado a participar. El resultado es que de momento los países de la UE sólo acogerán a 32.000 solicitantes de asilo procedentes de Italia y Grecia en lugar de 40.000. En contraste, sí que se ha logrado alcanzar la cifra de 20.000 refugiados reasentados.

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¿Por qué España no acepta más refugiados?

 El elevado paro, la posibilidad de que se genere un efecto llamada o los esfuerzos que hace España para controlar sus fronteras y frenar la inmigración irregular son algunos de los argumentos que ha esgrimido el Gobierno de Mariano Rajoy para justificar su negativa a las cuotas propuestas desde Bruselas. El ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo, ha alegado en una entrevista al periódico alemán Die Welt que la tasa de paro y los esfuerzos en inmigración “no se tienen en cuenta de forma suficiente” a la hora de calcular el reparto. “Con una tasa de paro tan alta como la de España, del 22%, no se puede ofrecer a la gente una oportunidad justa de integración”, ha dicho.

Para el Gobierno de Mariano Rajoy, la UE debería ir a la raíz del problema y reforzar la cooperación con los países de origen y tránsito de inmigrantes y refugiados, como hace España con Mauritania y Senegal.

Pese a que España ha sufrido varias crisis migratorias en los últimos años, en particular en las islas Canarias y en Ceuta y Melilla, sigue siendo uno de los países de la UE que tramita y acepta menos solicitudes de asilo. Durante el primer trimestre de 2015, España registró únicamente 2.035 demandas de asilo, el 1,1% del total en la UE, cuando su población es alrededor del 9% del total. En 2014 sólo concedió protección a 1.600 personas: el 0,8% de decisiones positivas en la UE.

Un grupo de refugiados protesta en la estación de tren de Bicske (Hungría). / REUTERS / Bernadett Szabo
Un grupo de refugiados protesta en la estación de tren de Bicske (Hungría). / REUTERS / Bernadett Szabo

¿Cuál ha sido el papel de Alemania?

Alemania ha tenido que asumir de nuevo, junto con la Comisión, el liderazgo en la crisis de los inmigrantes. La canciller, Angela Merkel, ha admitido que se trata de un “desafío mayor” que la crisis de Grecia y está multiplicando los llamamientos a la solidaridad, sobre todo los dirigidos a los países del este. Pero también ha avisado de que “si no se logra un reparto justo de refugiados dentro de Europa, entonces algunas personas querrán poner [el espacio sin fronteras] Schengen en la agenda”. Berlín prevé recibir este año 800.000 solicitudes de asilo y ha dicho que acogerá a todos los refugiados sirios que lleguen a su territorio.

Pero los vecinos de Alemania, en particular Hungría y Austria, se quejan de que estos anuncios están provocando un efecto llamada que está destrozando a sus propios países. El premier húngaro Orban ha llegado a decir que la crisis de refugiados es un “problema alemán” porque es allí donde quieren dirigirse todos los demandantes de asilo.

Por lo demás, la crisis ha provocado también cruces de reproches entre Francia y Reino Unido a cuenta de los inmigrantes que se acumulan en Calais (a la entrada del canal de la Mancha) o entre Francia e Italia por los que están en la ciudad fronteriza de Ventimiglia. El Gobierno francés ha criticado también la construcción por parte de Hungría de una valla en su frontera con Serbia.

¿Qué medidas prepara la Comisión? 

El presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, tiene previsto anunciar el próximo 9 de septiembre una nueva batería de medidas para hacer frente a la crisis migratoria. En primer lugar, Juncker planteará repartir entre los países de la UE a otros 120.000 inmigrantes llegados a Italia, Grecia y esta vez también Hungría, según ha adelantado el periódico italiano La Reppublica. Para evitar que los países del este o España bloqueen de nuevo el reparto, permitirá no obstante que los estados miembros que no deseen participar se excluyan, aunque tendrán que dar explicaciones a sus socios y opiniones públicas. El Ejecutivo comunitario pretende además poner sobre la mesa un sistema permanente de reparto que se activaría de forma automática cuando se superen determinados umbrales de llegada de refugiados.

La Comisión plantea también acelerar la puesta en marcha de centros de registro de inmigrantes y refugiados en Grecia e Italia y elaborar una lista de países seguros para facilitar la deportación de aquellos inmigrantes irregulares que se considera que no corren ningún riesgo en su país de origen. Esta lista es una petición de Alemania, que se ve desbordada por solicitudes de asilo de inmigrantes procedentes de los Balcanes. Las deniega casi todas pero su tramitación consume muchos recursos. Otra pista en la que se trabaja es la creación de un fondo para ayudar a los países de origen.

No está claro si esta nueva batería de medidas podrá salir adelante. Mariano Rajoy se ha mostrado dispuesto a reconsiderar su cuota de refugiados pero mantiene muchas reservas y los países del este (en particular Polonia, Hungría, Eslovaquia y República Checa) se han propuesto reforzar su alianza contra las cuotas. Pero la creciente presión de Alemania y de la opinión pública podría obligarles a flexibilizar su posición. 

La capitulación total de Tsipras

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En tiempo de descuento, los jefes de Estado y de Gobierno de la eurozona han alcanzado un frágil acuerdo que de momento frena la salida de Grecia del euro. A cambio, Alexis Tsipras ha tenido que capitular y abandonar por completo las promesas con las que ganó las elecciones. No sólo tendrá que aplicar los ajustes a los que los griegos dijeron ‘no’ en el referéndum sino que los acreedores le han impuesto ahora medidas mucho más duras.

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Ha hecho falta un maratón negociador final de 17 horas, con noche en blanco incluida. Pero ya en tiempo de descuento, los jefes de Estado y de Gobierno de la eurozona han alcanzado, poco antes de las 9:00 de este lunes, un frágil acuerdo (aquí el texto) que de momento frena la salida de Grecia del euro y su hundimiento económico.

A cambio de este salvavidas, el primer ministro griego, Alexis Tsipras ha tenido que capitular y abandonar por completo las promesas de poner fin a la austeridad con las que ganó las elecciones. No sólo tendrá que aplicar todos los ajustes que rechazaba y a los que los griegos dijeron ‘no’ en el referéndum del 5 de julio, sino que los acreedores le han impuesto ahora medidas mucho más duras en áreas como la reforma laboral o las privatizaciones.

Además, Grecia queda sujeta a una supervisión sin precedentes que prácticamente la convierte en un protectorado de la UE. Algo difícil de asumir para un Gobierno como el de Syriza, que defendió el fin de la troika (formada por Comisión Europea, Banco Central y Fondo Monetario Internacional). Pero la última ronda de negociación ha dañado también la imagen de Alemania por la gran dureza que ha exhibido hasta llegar a poner por primera vez negro sobre blanco en un documento la opción de que Grecia salga de forma temporal del euro.

¿Qué tiene que hacer Grecia ahora?

El Gobierno de Tsipras se ha comprometido a aprobar en el parlamento griego de aquí al 15 de julio -es decir, en apenas 48 horas- un total de cuatro leyes, algunas de las cuales fueron rechazadas por una mayoría del 61% en la consulta de la semana pasada. Se trata de una primera reforma del IVA y de las pensiones; de una norma para garantizar la plena independencia de la oficina estadística griega ELSTAT y de la introducción de un sistema automático de recorte del gasto cuando se produzcan desviaciones presupuestarias. Antes del 22 de julio, Grecia tendrá que aprobar otras dos normas: la reforma del Código Civil para reducir el coste de la justicia y la legislación de la UE sobre reestructuración y liquidación de bancos.

La aprobación inmediata de estas leyes ha sido la condición exigida por los acreedores a Tsipras para restablecer la confianza, ya que casi ningún país se fía ya de él tras la convocatoria por sorpresa del referéndum. Si Atenas cumple en los próximos días, el Eurogrupo celebrará una nueva reunión este miércoles, probablemente por teleconferencia, para autorizar formalmente el inicio de negociaciones con Grecia para un tercer rescate. Inmediatamente después tendrán que pronunciarse los parlamentos de seis países: Alemania, Finlandia, Holanda, Eslovaquia, Estonia y Austria.

¿Cuánto costará el tercer rescate?

Los líderes de la eurozona calculan que las necesidades financieras de Grecia en los próximos tres años ascienden a 86.000 millones de euros, que habría que sumar a los 240.000 millones de los dos primeros rescates. La elevada factura del tercer rescate –que se explica por el fuerte deterioro económico provocado por el cierre de bancos y el corralito desde el 29 de junio- ha “sorprendido” desagradablemente a los acreedores, que todavía quieren rebajarla con los ingresos de privatizaciones o el dinero que pueda lograr Atenas cuando recupere el acceso a los mercados, según fuentes europeas. Parte de este dinero debe desembolsarse de forma urgente, ya que Grecia tiene pagos que ascienden a 7.000 millones de euros el 20 de julio y otros de 5.000 millones en agosto, sobre todo por vencimientos del Banco Central Europeo (BCE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El tercer rescate incluye una reserva de hasta 25.000 millones de euros para la recapitalización del sector bancario, de los cuales 10.000 millones estarían “disponibles inmediatamente”. Una “rápida decisión” sobre el tercer rescate “es una condición para permitir que los bancos reabran”, admiten los líderes de la eurozona en el borrador de conclusiones.

¿Tendrá el tercer rescate condiciones adicionales?

Sí. Una vez que se inicien las negociaciones, Grecia y sus acreedores deben firmar un nuevo memorándum que recogerá condiciones más duras que las rechazadas en el referéndum debido al empeoramiento económico y también a que el tercer rescate incluye dinero nuevo para tres años. Muchos de los requisitos extra están ya detallados en el acuerdo cerrado este lunes: otra reforma ambiciosa de las pensiones, liberalización de los mercados de productos (farmacias, leche, panaderías, transporte por ferry), privatización de la red eléctrica o modernización de las normas sobre convenios y despidos colectivos.

Otra concesión que el Gobierno de Syriza se ha visto obligado a hacer a sus acreedores es la de dar marcha atrás y rectificar todas las leyes que ha aprobado desde su llegada al poder en enero sin el consentimiento de la troika, por ejemplo para contratar funcionarios. O si prefiere, adoptar medidas correctivas con el mismo impacto presupuestario. Sólo se salva la legislación para paliar la crisis humanitaria en Grecia.

¿Qué pasa con la supervisión de la troika?

El fin de la troika (formada por la Comisión, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional) y de las políticas dictadas desde Bruselas era una de las principales demandas del Gobierno de Syriza. Tsipras también ha claudicado en esta cuestión cediendo a las presiones de los acreedores, que desconfían de sus políticas. A partir de ahora, Grecia deberá “consultar y acordar con las instituciones (de la troika) todos los proyectos de ley en las áreas relevantes con suficiente antelación antes de presentarlos a consulta pública o el parlamento”.

Los inspectores de la troika podrán además volver a Atenas para “mejorar la aplicación del programa y controlarlo”. El Gobierno de Syriza había bloqueado las visitas de los técnicos a los ministerios y había tratado siempre de llevar la negociación al máximo nivel político de ministros o jefes de Gobierno.

Tsipras, con Merkel y Hollande, durante la cumbre (Foto: Consilium)
Tsipras, con Merkel y Hollande, durante la cumbre (Foto: Consilium)

¿Cuáles han sido los principales escollos?

El nuevo ministro de Finanzas, Euclides Tsakalotos, había aceptado desde el Eurogrupo del sábado la mayor parte de las exigencias de los acreedores debido a la situación desesperada de los bancos del país, que apenas sobreviven con la línea de liquidez de emergencia (ELA), que les proporciona el BCE. “Si no tuviéramos una pistola en la cabeza, ni nos plantearíamos aceptar” los recortes, aseguraba la delegación griega durante la madrugada del domingo.

De hecho, a las 4:00 horas, el acuerdo parecía inminente. Pero el primer ministro Tsipras intentó plantarse en dos cuestiones: rechazaba la propuesta de Alemania de crear un fondo de privatizaciones y no quería que el Fondo Monetario Internacional supervisara la aplicación del tercer rescate. También en estos dos puntos acabó cediendo a la presión de los acreedores. El FMI seguirá participando en el programa de asistencia financiera porque lo exigen países como Alemania.

¿Cómo funciona el fondo de privatizaciones?

Este nuevo instrumento es una de las claves del acuerdo. Se trata de que Grecia transfiera a un fondo independiente activos públicos por un valor de hasta 50.000 millones de euros. El fondo se encargará de irlos vendiendo progresivamente, como hace por ejemplo la Sareb con los activos inmobiliarios de la banca nacionalizada en España. La mitad de los ingresos tendrán que dedicarse a la recapitalización de la banca. 12.500 irán a reducir deuda y el resto a inversiones.

Tsipras sostenía que es imposible lograr 50.000 millones de euros con privatizaciones y alegaba que el propio FMI cifra en 500 millones al año los ingresos máximos. Tampoco le gustaba la filosofía del instrumento y dejar el control a los acreedores. Pero los países más duros han impuesto que se mantenga la cifra de 50.000 millones. La única concesión que hacen es que el fondo esté basado en Grecia en lugar de en Luxemburgo. La gestión correrá a cargo de los griegos pero “bajo supervisión de las instituciones europeas”.

¿Habrá reestructuración de la deuda?

La principal concesión que obtiene Grecia del acuerdo es el compromiso de los líderes de la eurozona de estudiar “posibles medidas adicionales” para garantizar la sostenibilidad de la deuda helena, que ahora se sitúa en el 177% del PIB. Y mencionan en concreto dos: “la posible extensión de los periodos de gracia y de pago”. No obstante, dejan claro que “no se llevarán a cabo quitas nominales sobre la deuda”. Este alivio de la deuda sólo se aplicará tras la primera revisión positiva del nuevo rescate, que podría ocurrir en otoño.

En realidad, se trata de una victoria pírrica para Tsipras, ya que la oferta de alargar plazos y reducir tipos de interés para aliviar la deuda griega ya estaba sobre la mesa desde el Eurogrupo celebrado en noviembre de 2012. Hasta ahora no se ha aplicado porque Atenas no ha cumplido. “Hemos tenido éxito en garantizar la reestructuración de la deuda y en la obtención de fondos significativos para el crecimiento”, ha dicho el primer ministro heleno al término de la cumbre. Los fondos a los que se refiere son los 35.000 millones de euros prometidos por el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker. Pero no se trata de dinero nuevo sino de ayudar a Grecia a absorber mejor los fondos estructurales que ya tiene adjudicados.

¿Se descarta el ‘Grexit’?

Uno de los factores que ha emponzoñado las negociaciones y ha dificultado el acuerdo ha sido la dura propuesta que planteó el sábado el ministro alemán de Finanzas, Wolfgang Schäuble, y que incluía el fondo de privatización, que al final ha salido adelante, y también la opción de ofrecer a Grecia una salida temporal del euro (‘Grexit’) durante cinco años para que pudiera reestructurar su deuda. El ‘Grexit’ apareció así por primera vez en un documento de trabajo que se hizo público y agravó la fractura entre los países más duros –Finlandia, Holanda, Eslovaquia, Eslovenia y los bálticos- y los más cercanos a Grecia, en particular Francia, y en menor medida Italia o Chipre.

De hecho, el ‘Grexit’ temporal llegó a figurar en el borrador de acuerdo que el Eurogrupo envió a los jefes de Estado y de Gobierno, y sólo se eliminó ya bien entrada la madrugada porque resultaba inaceptable para Atenas y Paris. “El plan A se ha cumplido y por eso no necesitamos plan B”, ha dicho la canciller alemana, Angela Merkel, para justificar la desaparición de cualquier referencia a una salida de Grecia del euro.

El presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, ha sostenido que en el compromiso aprobado “no hay ganadores ni perdedores”. “No creo que los griegos hayan sido humillados”, ha sostenido. Para el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, los ajustes extra exigidos a Grecia “en absoluto” son una venganza por el referéndum sino “medidas razonables” para el crecimiento”. Y el presidente francés, François Hollande, dice que se trata de una “decisión histórica”. “Si Grecia hubiera salido, se habría dicho que la eurozona no era capaz de conservar su integridad”, ha apuntado.

Sólo el tiempo dirá si este tercer rescate tendrá más éxito que los dos primeros, lastrados por los desacuerdos entre los socios y las dudas y retrasos de Atenas en la puesta en marcha de las reformas. Pero la desconfianza y las fracturas de las últimas 48 horas en el Eurogrupo no son un buen augurio.

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¿Ha reforzado el ‘no’ la posición de Tsipras?

Todo lo contrario. Los líderes de la eurozona reclaman ahora a Tsipras un plan de ajuste mucho más duro que el que rechazaron los votantes griegos en la consulta del 5 de julio. La nueva propuesta griega debe incluir reformas que vayan todavía “más lejos”, según avisó este martes la canciller alemana, Angela MerkelLas condiciones a las que Grecia dijo no iban asociadas a una prórroga a corto plazo del segundo rescate, que ya no está sobre la mesa porque expiró el 30 de junio. Atenas acaba de pedir un tercer rescate, con una duración de tres años, que requerirá dinero nuevo de sus socios europeos. Por ello debe ofrecer a sus socios una lista mucho más amplia de concesiones. Pero el rotundo resultado del referéndum, en el que el 61% de los votantes han mostrado su oposición a la austeridad, reduce al máximo el margen de maniobra del primer ministro griego.

Además, desde el anuncio del referéndum, la situación económica en Grecia no ha parado de empeorar. Los bancos están cerrados desde el 29 de junio, con controles de capital que limitan a 60 euros al día el dinero que cada griego puede sacar de los cajeros. La economía helena está en “caída libre”, según ha dicho gráficamente el ministro belga de Finanzas, Johan Van Overtveldt. Estabilizar ahora la situación exigirá medidas mucho más exigentes que las rechazadas en la consulta.

¿Quiere Tsipras aún un acuerdo?

Así lo ha asegurado en un discurso pronunciado este miércoles ante el pleno de la Eurocámara después del ultimátum de sus socios y también en la carta que ha enviado a Bruselas para pedir el tercer rescate. El primer ministro griego asegura que no tiene ningún “plan secreto” para dejar el euro. El no en el referéndum “no es una decisión de ruptura con Europa sino un “mandato para redoblar los esfuerzos con el fin de lograr una solución socialmente justa y económicamente sostenible”. Y su intención es presentar un plan de reformas “creíble” que impulse el crecimiento y reparta las cargas entre todos los sectores de la población.

Pero la retórica combativa que ha utilizado Tsipras, evitando cualquier propuesta concreta, deja claro que sigue muy lejos de lo que le piden los acreedores. “Mi país fue utilizado para experimentar con la austeridad. El experimento, debemos admitir, ha fracasado”, ha dicho en un nuevo ataque a la troika formada por la Comisión, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional. Y el mayor ejemplo de solidaridad de la historia europea no es el rescate de Grecia sino el alivio de la deuda a Alemania tras la II Guerra Mundial.

¿Se creen en la UE las promesas de Tsipras? 

La desconfianza entre las dos partes es máxima, como se ha evidenciado en el debate en la Eurocámara, que se ha convertido en un cruce de reproches entre Tsipras y Jean-Claude Juncker Donald Tusk, presidentes de la Comisión y del Consejo Europeo. Juncker ha acusado de nuevo al premier de mentir sobre las negociaciones. Ha asegurado que ha sido la Comisión y no el Gobierno de Syriza la que ha pedido que se obligue a los armadores griegos a pagar impuestos “de una vez por todas” y que se recorte el presupuesto de Defensa.

“Es imposible seguir gastando mucho más de lo que se ingresa. Ése es el origen de la crisis en Grecia, no el euro”, ha señalado Tusk en una lapidaria intervención contra Tsipras en la que ha censurado su flirteo con Rusia. “Pide ayuda a tus amigos y no a tus enemigos, especialmente si éstos no pueden prestártela”, le ha aconsejado. “Si pides ayuda a tus amigos, no les humilles”.

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Gráfico: Martín González

¿Aún es posible un acuerdo?

El hecho de que Grecia haya enviado este miércoles a Bruselas su carta de solicitud de un tercer rescate es un paso positivo, según ha dicho Tusk. En la misiva, Atenas se compromete a empezar a aplicar, ya desde la semana que viene, medidas en materia de pensiones y tributos. Además, dice que pagará su deuda (aunque no ha abonado los 1.500 millones de euros que debía pagar al Fondo Monetario Internacional el 30 de junio) y suaviza su exigencia de reestructurarla, aunque sigue pidiendo medidas para “hacerla sostenible y viable”. 

El gesto de Tsipras no ha ablandado a los líderes europeos, que son muy escépticos, sobre todo los que mantienen posiciones más duras. El primer ministro holandés, Mark Rutte, ha dicho que todavía espera un “milagro” sobre Grecia. La canciller alemana, Angela Merkel, ha señalado que no es “una persona que sea muy optimista”. El hecho de que se hayan convocado ya dos cumbres para el domingo tampoco invita al optimismo. Si el Eurogrupo extraordinario del sábado logra cerrar el acuerdo con Grecia, no sería necesario celebrarlas.

¿Qué ocurrirá si no hay acuerdo el domingo?

“Nuestra incapacidad de llegar a un acuerdo podría llevar a la quiebra de Grecia y a la insolvencia de su sector bancario. Y por supuesto será muy doloroso para el pueblo griego”, ha respondido el propio presidente del Consejo Europeo ante la Eurocámara. “No tengo ninguna duda de que esto afectará a Europa, también en el sentido geopolítico”, ha agregado Tusk en una referencia tácita a Rusia.

La Comisión tiene “un escenario para el ‘Grexit’ [la salida del euro de Grecia] preparado en detalle” y también otro para prestar ayuda humanitaria de emergencia a los griegos, según ha explicado Juncker

El Banco Central Europeo también ha dejado claro que, si no hay acuerdo el domingo, desconectará la línea de liquidez de emergencia que mantiene con vida a la banca griega. “La economía griega está al borde de la catástrofe, necesitamos absolutamente un acuerdo el domingo. Es el plazo final, después será más tarde”, ha dicho Christina Noyer, que pertenece al consejo de gobierno del BCE.

No existe ningún procedimiento legal previsto en los Tratados para que un país salga de la eurozona. El ‘Grexit’ se produciría por la vía de los hechos consumados. Sin liquidez del BCE, los bancos griegos sólo podrían sobrevivir si Atenas pone en circulación una nueva moneda para recapitalizarlos. De este medio de pago paralelo ya se habló en el Eurogrupo de este martes. 

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Grecia: en defensa de la UE

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Los miembros de la zona euro han hecho un esfuerzo extraordinario mientras recortaban sus presupuestos públicos en medio de la crisis. El Gobierno de Tsipras ha sido torpe y se ha enemistado con posibles aliados como Italia y Francia en un momento en que la austeridad había demostrado sus peligros.

Mis seis años en Bruselas convirtieron mi idealismo europeo en serias dudas sobre la labor de la Unión. Desanima ver de cerca los acuerdos chapuza pactados al alba, escuchar las declaraciones grandilocuentes, presenciar los titubeos en la defensa de los principios más básicos o comprobar que un funcionario del Ministerio de Economía español tiene poco que envidiar a un alemán de la Comisión Europea.

Creo que el departamento que dirigía Joaquín Almunia falló al no controlar con más esmero las cuentas griegas antes del estallido de la crisis y que la apuesta por los recortes generalizada no era una buena solución para salir de la recesión en todos los países de la zona euro. Me pareció indignante que los funcionarios de la UE lucharan para que no se congelaran sus sueldos públicos, desmesurados en comparación con los de sus colegas de cualquier institución internacional mientras los ciudadanos europeos que los pagaban sufrían recortes de salarios y servicios. Me decepcionó, como a muchos, la elección de un presidente de la Comisión Europea cuyo nombre no estaba en ninguna papeleta en las elecciones europeas y que representa gran parte de los males de una generación corrupta, trasnochada y acostumbrada a la oscuridad.

Tengo claro que los titubeos de los líderes de los gobiernos europeos y de las instituciones de la UE contribuyeron a acrecentar los problemas que las economías más débiles traían de casa. Pero, en el caso de Grecia, también estoy convencida de que la UE ha hecho un esfuerzo genuino para ayudar a la anticuada y fallida economía griega. La última crisis es, en gran parte, responsabilidad del desafío continuo del Gobierno de Alexis Tsipras y de su incapacidad para aliarse incluso con los países más sensibles a la defensa del gasto público como Francia o como Italia.

La UE y el FMI han desembolsado más de 260.000 millones de euros en dos planes de rescate entre mayo de 2010 y agosto de 2014, según las cifras de la Comisión Europea. Los miembros de la zona euro han hecho un esfuerzo extraordinario mientras recortaban sus propios presupuestos públicos en medio de la crisis. Por no hablar de las madrugadas dedicadas a inventar soluciones para Grecia en lugar de un modelo más productivo de crecimiento para una Europa cada vez más anquilosada.

El Gobierno de Tsipras ha sido torpe y ha conseguido enemistarse con posibles aliados como Italia, Francia o incluso España en un momento en que la rigidez presupuestaria había demostrado sus peligros. El caos de Atenas a la hora de presentar documentos y su desconocimiento hasta de las reglas del Eurogrupo sólo han servido para añadir tensión. Pero la incapacidad para gestionar los desmanes y las trampas estadísticas vienen de atrás y de gobiernos griegos de todo el espectro ideológico.

Grecia maquilló sus datos para entrar en el euro en 2001 y las manipulaciones de los números continuaron durante años. La desconfianza en Grecia empezó cuando en 2009 el nuevo Gobierno reveló que el déficit público era del 12,7% en lugar del 6% previsto por sus antecesores (al final, el déficit superó el 15% ese año). Cinco años después y miles de millones difícilmente recuperables , Grecia no se recupera en parte por el círculo vicioso de los recortes, pero también por la poca disponibilidad de sus líderes a acometer reformas serias y a respetar las reglas y los plazos con los que un país consigue que los demás confíen en él y le ofrezcan dinero.

Por una vez, hasta Jean-Claude Juncker suena sereno. La culpa no es de la UE.

El gran dilema de Europa entre perder… y perder mucho más

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Si gana el NO en el ‘Greferéndum’ del domingo 5 de julio, acompañado de una salida del euro de Grecia, le costará a la Eurozona 239.000 millones de euros, el doble que una victoria del SI, según estimaciones de la banca de inversión.

Si los griegos se quedan en la eurozona será un golpe económico para Europa. Si se van será peor. El dilema entre perder mucho y perder mucho más es el que afrontan estos días los líderes europeos agrupados en una voz única en torno a las tres instituciones con mando durante esta crisis: Eurogrupo (Jeroen Dijsselbloem), Comisión Europea (Jean Claude Juncker) y Banco Central Europeo (Mario Draghi). Si gana el NO en el ‘Greferéndum’ del domingo 5 de julio, acompañado de una salida del euro de Grecia, le costará a la Eurozona 239.000 millones de euros, el doble que una victoria del SI, según estimaciones de la banca de inversión.

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Es unánime. Los países de la Eurozona, entre ellos España, afrontan pérdidas potenciales de 239.000 millones de euros en un escenario de salida de Grecia del euro, según estimaciones de los analistas de Royal Bank of Scotland (RBS). Mantener a los griegos, aceptando su exigencia de una reestructuración de la deuda actual, costaría la mitad, unos 130.000 millones al resto de socios. En este segundo escenario hipotético, Grecia habría votado SI y la Eurozona habría aceptado reestructurar otra vez la deuda de Grecia con una quita y un ablandamiento de las condiciones de pago. En ambos casos toca pagar más que antes de la actual crisis.

Esos cálculos, advierten desde RBS, se han realizado teniendo en cuenta que la deuda global de Grecia se eleva a 537.000 millones de euros. Esto incluye los 320.000 millones de dinero consumido por empresas e instituciones públicas de Grecia. Luego hay otros 219.000 millones que están apuntados en la cuenta griega del BCE por la barra de liquidez de emergencia a sus bancos y la cuota del sistema de liquidación de pagos europeos Target 2, que registra el debe y al haber en cualquier pago y cobro comercial en euros entre países de la eurozona.

También incorporan un nuevo elemento de cálculo que nos afecta: el incremento de costes en la financiación para los países periféricos como España o Italia, que podría elevarse en al menos un 1% en lo que queda de 2015. No es precisamente poco dado el volumen de emisiones del Tesoro español, que entre enero y diciembre prevé haber emitido 240.000 millones de euros para refinanciar anteriores emisiones de deuda -que vencen este año y hay que devolverlas-, así como para afrontar el déficit público con nueva deuda (55.000 millones) destinada a sufragar el recurrente déficit público de la Administración Rajoy.

¿Cielo o infierno? El futuro griego fuera del euro

“Europa no puede ablandar su postura, para evitar más países ‘díscolos’ en el futuro. Pero a nadie, ni a los socios europeos, ni a Grecia, ni al BCE les interesa una salida de Grecia del euro. Tampoco interesa un contagio y el BCE tiene las herramientas necesarias para evitarlo”, explica Joaquín Casasús, director de la gestora Abante Asesores.

Para los griegos -que ya han perdido cerca del 30% del PIB desde que comenzó la crisis y sufren un desempleo del 29%- abandonar el euro supone entrar en el abismo de la devaluación y pérdida de capacidad de compra. Una nueva moneda (otro dracma) que saldría al mercado con una devaluación de entre el 30% y 40% respecto al euro, según un análisis de Mizuho Bank que cita Bloomberg.

Tener una moneda más débil permitiría ganar en competitividad para sus empresas exportadoras y en atractivo a su sector turístico, pero en su reverso, esa moneda, contendría un alto precio a pagar: el pago de una deuda adquirida en euros con un moneda inferior, la evaporación de buena parte de su riqueza financiera en forma de ahorros y depósitos con la inevitable quiebra de sus bancos.

Por supuesto, las pensiones y salarios públicos se pagarían en esa nueva moneda. Con el nuevo dracma se produciría un apagón del crédito para familias y empresas. Al mismo tiempo se encarecería cualquier importación en cuantía similar a la devaluación de la moneda. Entre estos productos no producidos en Grecia se encuentran los medicamentos, automóviles o el petróleo. Casualidad fatal, el llamado ‘oro negro’ es la base de una de sus principales industrias exportadoras: sus derivados como gasolinas, gasóleos y productos químicos. ¿Se puede tener un futuro más oscuro fuera del euro?

Imagen: Puerta del infierno en Grecia (Flickr / Thomas Quine)

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