Blancanieves y los siete enanitos (bajo el foco de la reforma penal)

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Este 1 de julio ha entrado en vigor la última reforma del Código Penal. Su argumento estrella es la llamada prisión permanente revisable. Pero hay mucho más, sostiene el catedrático acreditado de Derecho Penal Javier Fernández Teruelo. A su juicio, la pretensión del legislador es, como sucedió con las treinta modificaciones anteriores, agravar la respuesta penal para luchar de forma “más eficaz” contra la delincuencia. El autor traslada el último cambio normativo al conocido relato infantil Blancanieves y los siete enanitos, y advierte de que endurecer el castigo no produce una reducción de la delincuencia, al menos de una gran parte de delitos, precisamente los más graves.

 

 

5457746612_5e030fe43f_zFrente al constante endurecimiento de la legislación penal, la sociedad española tiene ampliamente arraigada entre sus creencias la idea de que nuestro modelo punitivo es muy benévolo con los delincuentes. Dicho de otro modo, que tenemos un Código Penal blando o incluso, con expresiones más coloquiales y directas, que la justicia penal es un cachondeo o que los delincuentes entran por una puerta y salen por otra.

Y resulta que es mentira. No sólo es falso, sino que ocurre justamente lo contrario. Tenemos uno de los modelos penales más duros del mundo civilizado. La ecuación es tan simple como sorprendente: con una de las tasas más bajas de delitos en Europa occidental (20 puntos por debajo de la media de la Unión Europea e inferior a la de países como Italia, Francia, Reino Unido, Holanda, Alemania, Finlandia, Dinamarca o Suecia) tenemos, también en términos porcentuales, el mayor número de personas en prisión, unos 66.000, habiendo superado –por fin- al Reino Unido. Uno de cada 700 habitantes de nuestro país vive en la cárcel.

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Si lo anterior puede resultar sorprendente para el lector es debido a que la percepción de los ciudadanos respecto al volumen de criminalidad soportada se sustenta sobre parámetros completamente ajenos a las tasas reales de delincuencia. Por el contrario, está estrechamente vinculada al formato y volumen de información que recibimos sobre delitos y delincuentes. A título de ejemplo, hoy seguimos evocando graves delitos (agresión sexual seguida de muerte violenta de un menor) que tuvieron lugar hace 6, 7 o más años y cuya comisión es en nuestro país –afortunadamente y pese al elevado volumen de población- excepcional. No ha habido otros hechos posteriores de la misma gravedad que los reemplacen en nuestra memoria.

La dureza de nuestro sistema penal, pese a estar basada en parámetros objetivos, apenas ha calado fuera de ámbitos muy determinados. El pensamiento social mayoritario es justo el contrario y parece incluso aumentar con el paso del tiempo. La severidad de nuestra normativa criminal es un dato difícil de trasladar a los ciudadanos. Intentemos hacerlo de una forma descriptiva. Con un cuento: Blancanieves y los siete enanitos.

Una banda de delincuentes

Sabemos que en este relato hay una madrastra-bruja mala, pero quizá lo que se nos escape es que los protagonistas (tanto los «buenos» como los «malos») conforman un nido de delincuentes. Vamos, que si esta bonita historia fuese juzgada con el Código Penal español vigente desde ayer, todos podrían acabar en la cárcel: no sólo la madrastra, que sin duda lo merece, sino también el cazador bueno, el príncipe azul, los siete enanitos y hasta -quién lo iba a decir- la mismísima Blancanieves. Del primero al último.

Al morir la hermosa reina, la madrastra quedó encargada del cuidado de la joven Blancanieves. Sin embargo, más preocupada de su apariencia física que de realizar buenas acciones, decidió acabar con la vida de Blancanieves cuando el espejo mágico le reveló que su tierna hijastra era la más bella del reino. Para ejecutar este horrible plan decidió llamar a su más fiel cazador, ordenándole que se la llevara a lo más profundo del bosque y la matara. Aquí tendría la madrastra su primer encontronazo con la justicia: su conducta constituye sin duda un acto preparatorio delictivo, en concreto, una proposición para cometer un delito de asesinato (que posteriormente quedaría absorbido por la ejecución del hecho).

El cazador -que era, con diferencia, mucho mejor persona- acabó con la vida de un jabalí para evitar dar muerte a Blancanieves y, dado que la madrastra le había pedido como prueba el corazón de la joven, le sacó ese órgano al animal y se lo entregó a la madrastra. Podría darse el caso de que, pese a no ser el jabalí una especie amenazada, su captura y sacrificio se hubiera producido en un espacio en el que estuviera prohibida «la atracción, persecución, espantamiento, molestia, daño, captura o muerte de animales y la recolección de sus propágulos», comportamiento castigado por uno de nuestros delitos relativos a la protección de la fauna. El cazador sería reo de esta infracción.

Allanamiento de morada para Blancanieves

Blancanieves huyó, vagando durante horas por el bosque hasta que finalmente vio una pequeña cabaña en la que no había nadie. Entró en la misma y durmió una buena siesta. Lo que aparenta ser una inocente acción no es tal, sino un delito de allanamiento de morada, que castiga a quien acceda a casa ajena sin el consentimiento de sus moradores, en este caso, los enanitos.

Cuando éstos llegaron de trabajar toda la noche, sin descanso, en la mina de diamantes -víctimas, por tanto, de un más que evidente delito de explotación laboral- conminaron a la intrusa a realizar todas las tareas domésticas a cambio del alojamiento. Según todos los indicios, Blancanieves no había alcanzado la edad laboral. Así, pues, estamos ante otro delito de explotación laboral consistente en haber impuesto a la joven condiciones de trabajo ilegales. A éste se añadiría ahora un nuevo delito, introducido por la última reforma, por emplear o dar ocupación a una menor de edad que carece de permiso de trabajo.

Pese a los insistentes consejos de los enanitos en orden a las precauciones que debía observar Blancanieves con los desconocidos, la candidez de la joven la llevó a caer en la trampa de la madrastra que, disfrazada de anciana, acudió a la casa del bosque informada por el espejo mágico de la supervivencia de su hijastra. La bruja consiguió que ingiriera la manzana envenenada, lo que provocó a Blancanieves la muerte. Pese a que la posterior resurrección plantea serias dudas sobre si un médico forense certificaría el óbito, la madrastra sería autora de un asesinato alevoso (por uso de veneno y disfraz) y a la vez hiperagravado por ser la víctima –según los conocedores de la historia- una adolescente menor de 16 años.

Prisión permanente para la madrastra

Los enanitos, en vez de proceder a darle ordenada sepultura, decidieron ponerla dentro de una urna de cristal que fue varias veces trasladada e, incluso, abierta. Este trajín con la urna también podría acarrearles problemas legales, si bien probablemente eludirían la justicia penal al haber desaparecido los delitos de inhumaciones ilegales, que castigaban las irregularidades cometidas en la conducción de cadáveres y enterramientos. Pese a ello, no se librarían de las responsabilidades administrativas por ese tipo de conductas.

Pero el delirio delictivo no acaba aquí, pues el joven príncipe besó en los labios a la hermosa princesa estando ésta inconsciente y, por tanto, sin su autorización. Tal acto podría llegar a constituir un delito de abusos sexuales por la falta de consentimiento, el cual, tras la nueva reforma penal, tampoco sería válido al ser la víctima menor de 16 años.

La madrastra, al cometer un delito tan grave como el descrito (asesinato de menor de 16 años) tendría el dudoso honor de estrenar la nueva pena de prisión permanente, cuya primera revisión se produciría (con un cálculo meramente visual de la edad a la que se le impone) no antes de que ésta contase con unos 65 o 70 años de edad.

Las penas de todos los enanitos podrían sumar nada menos que 21 años de prisión por el delito de explotación laboral, a las que se añadirían las del nuevo delito ya citado.

El cazador, en caso de existir el delito contra la fauna, tendría que hacer frente a una pena de prisión de ocho a doce meses.

El príncipe, por los abusos sexuales sobre una menor de 16 años, podría ser condenado a una pena de prisión de entre dos y hasta seis años.

Y la joven Blancanieves, en virtud de la llamada ley penal del menor, tendría que ser sometida a alguna medida, incluido el internamiento, por el allanamiento de morada cometido.

Nos queda el consuelo de que los siete enanitos y el príncipe seguramente acabarían obteniendo algún beneficio penitenciario por un, más que probable, buen comportamiento en prisión.

Las ‘leyes mordaza’ ya están aquí

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Este 1 de julio entra en vigor, a pesar de las críticas recibidas, la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana: una norma polémica apodada ‘ley mordaza’ por su carácter restrictivo para las libertades. Esto es lo que debes saber sobre ella.

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Imagen cortesía de Juan Luis Sánchez / LICENCIA CC-BY

El Congreso de los Diputados dio luz verde a la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana: una norma polémica apodada ‘ley mordaza’ por su carácter restrictivo para las libertades de manifestación y de información. Esta ley entra en vigor este 1 de julio a pesar de las críticas de asociaciones, expertos e incluso relatores del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

¿Por qué me interesa esto?

La Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana sale adelante con el único apoyo del Partido Popular. Según la norma, pasarán a ser sanciones administrativas ciertos comportamientos hasta ahora considerados como faltas e incluidos en el Código Penal.

Esto tiene dos efectos. El primero es que se aceleran los procedimientos contra el ciudadano infractor al eliminar el proceso judicial y todas las garantías que conlleva. El segundo es que aumenta la potestad sancionadora del Ministerio del Interior y de las comunidades autónomas con policía propia.

Los comportamientos sancionados especialmente llamativos son aquéllos que se refieren a manifestaciones en las que la protección legal y el poder de los agentes de policía se ve muy reforzada.

A continuación se incluye un resumen de los comportamientos prohibidos por esta ley comentados por el abogado Carlos Sánchez Almeida, miembro fundador y director legal de la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI).

¿Qué conductas prohíbe?

La nueva norma divide las acciones prohibidas en tres grupos: muy graves (sancionadas con multas de 30.001 a 600.000 euros), graves (multas de 601 a 30.000 euros) y leves (entre 100 y 600 euros).

¿Cuáles son las infracciones muy graves?

Son infracciones muy graves, por ejemplo, las manifestaciones prohibidas o no comunicadas cerca de lugares “en donde se prestan servicios básicos para la comunidad”. La responsabilidad de esas manifestaciones no sólo recaerá en los organizadores de las marchas sino en “quienes por publicaciones o declaraciones de convocatoria […] pueda determinarse razonablemente que son directores de aquéllas”.

“En la práctica”, explica Almeida, “las diferentes sanciones por manifestarse suponen una prohibición retroactiva del 15M. Todo cuanto se hizo a partir de mayo de 2011, aprovechando al límite las libertades reconocidas por la Constitución, queda ahora prohibido. Además de ello, se construyen liderazgos ficticios de las manifestaciones para evitar el ‘efecto Fuenteovejuna’ tan característico de la Spanish Revolution: toda manifestación tendrá un responsable aunque se limite a apoyar el hashtag de convocatoria por Twitter”.

Otras infracciones muy graves son la celebración de espectáculos prohibidos por razón de seguridad pública y el uso de punteros láser contra pilotos o conductores de medios de transporte, así como la tenencia de armas o explosivos sin permiso, cuando no sea delito.

¿Y las infracciones graves?

Son infracciones graves, por ejemplo, manifestarse frente a las sedes del Congreso de los Diputados, el Senado o los parlamentos autonómicos cuando perturben gravemente la seguridad ciudadana. También oponerse a la disolución de una manifestación, así como la desobediencia o resistencia a la autoridad en cualquier caso, especialmente en casos de desahucios. 

Asimismo, el uso de imágenes y datos de autoridades y agentes de policía que puedan poner en riesgo la seguridad personal o familiar de dichos agentes, aunque “con respeto al derecho fundamental a la información”.

Almeida recuerda el caso de la manifestación Rodea el Congreso, declarada lícita por el juez Santiago Pedraz. “Esa protesta podría ser sancionable con arreglo a la ‘ley mordaza’. La resistencia pasiva será objeto de sanción administrativa de acuerdo con la ‘ley mordaza’ y podría ser hasta delito”.

“Mucho más grave desde el punto de vista del derecho a la información”, añade el abogado, “es la posibilidad de sancionar a quien fotografíe a policías: la ley incluso permite que se incaute la cámara a los fotoperiodistas como instrumento para la comisión de la infracción”.

Se recoge también como infracción grave “la falta de colaboración con la policía en la averiguación o prevención de acciones que puedan poner en riesgo la seguridad ciudadana”.

“¿Será sancionable el silencio, pese a que la Constitución recoge el derecho de todo detenido a no contestar?”, se pregunta Almeida. “Con la redacción ambigua de la ‘ley mordaza’ todo es posible. Hasta sancionar la mera resistencia pasiva en una sentada. Como se dijo en un divertido comentario leído en Menéame, en una película de Gandhi nuestro legislador iría con los malos”.

Por último, también serán castigados como infracciones graves el consumo de drogas y la solicitud o aceptación de servicios sexuales en la vía pública.

¿Qué infracciones leves establece la ley?

La norma recoge como infracción leve el “exhibicionismo obsceno”. También la ocupación de un inmueble o la de la vía pública para la venta ambulante no autorizada.

Almeida destaca que la ley no define qué debe considerarse obsceno: “Eso quedará sometido a los criterios morales del jefe de una unidad antidisturbios. El cuerpo desnudo de Jill Love en Rodea el Congreso o las acciones de Femen podrán ser perseguidas si enseñan demasiada carne según el criterio de los responsables de una unidad de intervención policial. Quizás, como en el franquismo, habrá una unidad especializada en medir el tamaño de las faldas y los escotes”.

Insultar a un agente de la policía (las “faltas de respeto y consideración” hacia las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado) también se sancionará como infracción leve. “Es otro supuesto donde se ataca el derecho a la libertad de expresión”, afirma Almeida. “La ponderación de ese derecho con el derecho al honor siempre debería estar sujeta a un criterio judicial y no policial en un proceso con las debidas garantía. La ‘ley mordaza’ está pensada para que en la calle la policía sea al mismo tiempo juez y parte, además de ostentar el monopolio de la violencia”.

Otra falta leve será negarse a identificarse ante un agente y perder el DNI por tercera vez en un año. Según Almeida, la sanción por pérdida reiterada del DNI es ridícula: “¿Habiendo tasas, quién necesita sanciones? Sería mucho más efectivo imponer una fuerte tasa por renovación de DNI después de una pérdida reiterada. Habría más respeto a la presunción de inocencia”.

Un botellón también se podrá sancionar con una multa de hasta 600 euros “cuando perturbe gravemente la tranquilidad ciudadana”. La nueva ley también legaliza las devoluciones ‘en caliente’ de personas que crucen ilegalmente la frontera en Ceuta y Melilla. Esta medida entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE.

¿Cómo ve ampliado su poder la policía?

Almeida se muestra contundente: “El mayor efecto liberticida de la ‘ley mordaza’ es la desaparición de las garantías procesales que otorgaba el antiguo Código Penal: se sustituyen los jueces por policías, al sustituir las faltas penales por infracciones administrativas”.

Según el abogado, “esta forma de legislar tiene tristes antecedentes históricos: era la práctica habitual en regímenes totalitarios. y evidencia un desprecio absoluto al poder judicial. Desde el 15M han sido numerosas las sentencias absolutorias en juicios de faltas contra los activistas que ejercían la desobediencia civil pacífica. Al despenalizar las faltas, desaparecerán los jueces y las garantías del proceso penal para ser sustituidos por multas de policías a los que la ley otorgará total credibilidad”, sostiene el abogado. “Ante un juez se puede debatir si una determinada conducta está amparada por la ley. Discutir ante la policía supondrá ser detenido por desobediencia”.

¿Por qué ‘leyes mordaza’? ¿Es que hay más?

Pues sí. Se han aprobado dos reformas del Código Penal, la primera como fruto del pacto de PP y PSOE contra el terrorismo. Ambas reformas han recibido críticas muy fuertes por su carácter reaccionario y represivo. La reciente reforma de la Ley de Propiedad Intelectual también refuerza ciertos mecanismos de control de publicaciones digitales con el fin de preservar los derechos de autor. Unidas, estas reformas convierten a la ‘ley mordaza’, en palabras del propio Almeida, en un ‘monstruo de tres cabezas’ que restringirá la libertad.

Para hacerse una idea del alcance de las medidas que se aprueban, la PDLI ha publicado un post sobre cómo afectará a la ciudadanía la aprobación de todas estas medidas, otro sobre el Código Penal reformado y un completo informe sobre ‘Límites y amenazas al ejercicio de las libertades de expresión e información en España’. La propia plataforma califica este mes de ‘marzo negro’.

Además, se encuentran en tramitación parlamentaria las reformas de la Ley de Enjuiciamiento Criminal con medidas que también reforzarán los mecanismos de control y vigilancia a la ciudadanía.

¿Qué supone para la libertad de expresión?

Al final, ¿qué significan estas modificaciones normativas para el ciudadano? Virginia P. Alonso, presidenta de la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI), concluye que tanto la doble reforma del Código Penal como la nueva Ley de Seguridad Ciudadana “tienen un nexo común, que es la penalización de las nuevas formas de protesta, que se canalizan a través de las redes sociales”.

Alonso apunta como agravante que “todo esto se ha tramitado por el procedimiento de urgencia, cuando no hay nada en la sociedad española que obligue a aprobar estas leyes tan deprisa: España tiene unos índices de criminalidad bajos y la inseguridad ciudadana nunca ha representado un problema para la opinión pública”.

¿Por qué, entonces, tanta prisa? “Nosotros pensamos”, afirma Alonso, “que el partido que está gobernando ahora quiere poner coto a esta marea de protestas sociales que sí han tenido cierto eco en la ciudadanía en tanto que las intenciones de voto han cambiado, y pretende bloquear tanto las protestas como la forma en que se informa sobre ellas”.

“No olvidemos que se han cambiado mucho las estructuras de la comunicación en España, de modo que el esquema ‘emisor-receptor’ ha desaparecido y todos podemos ser emisores de información”, afirma Alonso, que añade: “Lo que se está tratando de hacer es que la gente se controle, que tenga miedo a la sanción y deje de contar lo que hasta ahora contaba sobre las protestas en la calle”.

En cuanto al alcance de estas reformas, Alonso estima que la Ley de Seguridad Ciudadana “es una regresión a la ley franquista de orden público de 1959 porque antepone el orden en las calles a derechos reconocidos por la Constitución y olvida que la defensa del orden público está para que todos podamos ejercer nuestros derechos y no al revés”.

Piénselo dos veces si tiene la tentación de defraudar a sus acreedores

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La reforma del Código Penal que entra en vigor este miércoles trae consigo un notable endurecimiento de la respuesta al fraude de acreedores. Cualquiera, abogado o empresario, que se las vea habitualmente con reclamaciones judiciales de créditos impagados se ha topado con una auténtica antología de insolvencias de dudosa legalidad y de actos de burla a los acreedores. El abogado Diego Cabezuela, director de Círculo Legal, explica en este artículo porqué de ahora en adelante esas conductas pueden empezar a salir caras.

A partir del 1 de julio la respuesta penal al fraude de acreedores será más dura. Cualquiera, abogado o empresario, que se las haya visto habitualmente con reclamaciones judiciales de créditos impagados se ha topado con una auténtica antología de insolvencias de dudosa legalidad y de actos de burla a los acreedores. Por ejemplo, bienes aportados a una sociedad controlada por el deudor, ventas ficticias de activos, creación y superposición de sociedades nuevas o depósitos y cuentas corrientes a nombre de familiares.

Desmontar esas maniobras no siempre es fácil. Factores como la lentitud de los Juzgados, las dificultades que entraña la prueba de las formas más sutiles de fraude y la falta de contundencia de la normativa terminan por desalentar al acreedor. Frases habituales como “aquí sólo paga el que quiere” o “ese se ríe de todo” reflejan un sentir común de muchos empresarios que, sencillamente, no confían en el sistema. Prefieren recuperar el IVA y olvidar su crédito antes que adentrarse en acciones legales de las que, en el fondo, no esperan nada.

Es preciso reconocer que el tratamiento penal de la insolvencia punible -esto es, las actuaciones deliberadas de un deudor en contra de sus acreedores- ha ido ganando enteros en las últimas reformas del Código. Los procedimientos penales, especialmente en época de crisis como la actual, son abundantes y, ciertamente, se dictan condenas para las conductas más claras. Pero, en conjunto, la percepción del empresario acreedor sigue siendo de un cierto desamparo y que el sistema invita a la picaresca y tolera la impunidad.

La modificación que está a punto de entrar en vigor llega decidida a transformar este estado de cosas, actuando principalmente en dos frentes. De una parte, trata de dar contundencia al delito clásico de alzamiento de bienes. De otra, y muy especialmente, ataca con dureza las conductas irregulares que acostumbran a rodear las situaciones de concurso y preconcurso de acreedores.

Hacer eficaces los embargos

Todo apunta a que, de ahora en adelante, el fraude de acreedores puede empezar a salir caro.
En cuanto al alzamiento de bienes, se introduce una prometedora medida para la eficacia de los embargos: el reforzamiento de la llamada manifestación de bienes, es decir, la obligación del deudor, frente al que se ha despachado una ejecución, de presentar al Juzgado una relación completa de sus propios bienes para que puedan ser trabados, con independencia de las medidas de averiguación que pueda acordar el tribunal (que obviamente nunca podrá llegar a todos los rincones de su actividad económica).

La obligación de manifestación de bienes, introducida por la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil, ha dado hasta ahora un juego muy escaso. Su incumplimiento por los deudores es sistemático, lo que rara vez ha podido ser corregido con eficacia. La reforma lleva esta obligación al Código Penal y la extiende en su ámbito, incluyendo entre las insolvencias punibles tanto la falta de presentación de la relación de bienes como el hecho de presentarla con inexactitudes o, simplemente, incompleta.

Pero donde se aborda un cambio de primer orden es en el tratamiento del concurso punible. Nos referimos a las conductas de fraude que se producen antes o durante un concurso de acreedores y que se traducen invariablemente en la frustración de los créditos de éstos. El actual artículo 260 del Código Penal ya castiga genéricamente a aquellos que hayan “causado o agravado dolosamente [intencionadamente, de forma deliberada] su insolvencia o su crisis empresarial”. Sin embargo, tan escueto artículo, introducido en 1995, ha dado hasta ahora poco de sí al no aportar criterios claros y exigir la acreditación de una relación directa de causa a efecto entre los hechos y la insolvencia o su agravación.

No menos dificultades entraña la apreciación del carácter doloso de actos o decisiones empresariales que a veces han sido tomadas en situaciones económicas límite y donde la separación, por ejemplo, entre lo malintencionado, lo temerario y lo meramente arriesgado puede presentar muchos matices.

El procedimiento concursal mercantil ya incluye la denominada calificación del concurso, donde encuentran una cierta sanción comportamientos irregulares que no alcanzan necesariamente la categoría de delictivos, de forma que, si el concurso se considera culpable, los administradores de las empresas deudoras puedan ser condenados personalmente al pago de las deudas sociales. Pero se trata de una simple responsabilidad civil e incluso su efectividad, al fin y al cabo, queda supeditada a la propia solvencia personal de los responsables.

Desde el punto de vista de la protección del acreedor, el actual sistema constituye en su conjunto una herramienta mercantil/penal de baja intensidad para hacer frente a las situaciones de abuso –algunas de ellas, de inusitada gravedad- que aparecen, un día sí y otro también, en torno a las crisis empresariales.

Desde luego, en muchos casos, especialmente en épocas como la actual, de precariedad económica, la insolvencia sobreviene por mero infortunio comercial y sin culpa de nadie. Pero, en general, el escenario legal presenta pocos riesgos para los que buscan el fraude de los acreedores. Éstos reciben poca o nula información, pierden sus créditos siempre o casi siempre y rara vez alguien responde. Es un estado de cosas que demandaba más transparencia y severidad.

Atención a esta lista

La reforma recupera el sistema de lista de los llamados actos de bancarrota, como en las quiebras del antiguo Código de Comercio. Destierra la fórmula inoperante de “causar o agravar” la insolvencia y penaliza una relación de comportamientos concretos mucho más fáciles de reconocer y que, en la práctica, son los que conducen a la frustración de los acreedores o los que les impiden conocer lo ocurrido con los activos de las empresas deudoras. Por ejemplo, ocultar los bienes que deberían incluirse en la masa del concurso, disponer o transferir injustificadamente los bienes, realizar ventas a pérdida de bienes o servicios, simular créditos ficticios, incumplir gravemente los deberes contables, no formular correctamente las cuentas e imposibilitar el conocimiento de la situación económica real, ocultar o destruir la documentación mercantil, que debe ser conservada.

La concurrencia de estos hechos con una situación de concurso -o simplemente de crisis empresarial que suponga el cese generalizado en los pagos- determinará por sí misma la existencia del delito. Una especie de código de conducta implícito para situaciones de crisis, en las que este listado de actos –indicativos todos de mala fe o de desidia– habrán de ser evitados por las empresas deudoras. Precisamente una pieza esencial de este nuevo marco es que se incurrirá también en delito, cuando los hechos sean cometidos por imprudencia y aunque no se acredite el dolo o intencionalidad. Y es que parece lógico extremar los deberes de cuidado cuando se otea en el horizonte un panorama económico grave y que habrá de dañar inexorablemente los derechos de los acreedores.

Otro interesante aspecto de la nueva norma es que se aplicará no únicamente cuando haya existido declaración de concurso sino también a las situaciones en que sólo se haya cesado con carácter general en los pagos. Esto incluye tanto las típicas desapariciones de empresas por las vías de hecho como a las empresas en preconcurso. En este último supuesto se concede un plazo de tres meses al deudor que se encuentra en insolvencia inminente para que alcance acuerdos con sus acreedores que le permitan la continuidad de su empresa. Es lógico que en esta situación se otorgue a los acreedores la misma protección penal porque, cuando el preconcurso alcanza éxito, éste se traduce en quitas, aplazamientos u operaciones de refinanciación. En definitiva, en sacrificios forzosos para ellos.

Algunas voces críticas encuentran una contradicción entre el esfuerzo legislativo realizado en los últimos años para potenciar el preconcurso como mecanismo de salvamento de empresas en dificultades y el hecho de someterlo ahora a un escrutinio penal tan exigente. Pero es que el preconcurso no puede ser un refugio que otorgue impunidad a empresas que hayan llegado a él maltratando los intereses de sus acreedores. Ni la conservación de estas empresas puede hacerse al precio de mirar para otro lado. Empresas que tengan en su haber irregularidades de este calado o que carezcan de un control contable serio no merecen ser conservadas.

Un último punto sugerente: el nuevo tratamiento del favorecimiento de acreedores. Son muchas las causas penales por insolvencia punible en las que el deudor alega haber aplicado ya todos sus activos a satisfacer otras deudas. Algo así como pagar las deudas preferidas y desentenderse de las demás. A veces las deudas escogidas son legítimas y, por lo tanto, no hay nada que objetar a esos pagos. Pero en otros casos no lo son tanto: deudas o supuestas deudas con familiares o con sociedades del entorno del deudor, préstamos de dudosa autenticidad que se han pagado o garantizado espontáneamente y con una diligencia encomiable, mientras los auténticos acreedores o el resto de ellos pugnaban inútilmente en los Juzgados por encontrar algo con que hacer efectivos sus créditos.

La reforma trata de cegar también esta vía de escape y castiga a los que, hallándose en situación de insolvencia actual o inminente, favorezcan a algún acreedor pagando un crédito que no sea exigible o le dote de una garantía a la que no tenga derecho, sin que exista al menos una justificación económica o empresarial.

El escepticismo de los acreedores frente a lo que les cabe esperar del Derecho puede empezar a ser historia a partir del 1 de julio.

Foto: (Kārlis Dambrāns / Flickr)