José María Ruiz-Mateos: polémica, estafa y 900 empresas

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Un hombre que marcó una época. Una forma de gestionar. Capaz de crear más de 900 empresas y de ingresar en prisión con 84 años, hace solo tres meses, por estafa y fraude a la Hacienda Pública. El empresario José María Ruiz-Mateos falleció este lunes en un hospital del Puerto de Santa María cuando aún tenía citas pendientes con la Justicia. El recuerdo de Rumasa sigue sobrevolando, aunque pasará a la memoria colectiva por sus actuaciones públicas y sus disfraces.

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Un hombre que marcó una época. Una forma de gestionar. Capaz de crear más de 900 empresas y de ingresar en prisión con 84 años, hace solo tres meses, por estafa y fraude a la Hacienda Pública. El empresario José María Ruiz-Mateos falleció este lunes en un hospital del Puerto de Santa María cuando aún tenía citas pendientes con la Justicia. El recuerdo de Rumasa sigue sobrevolando, aunque pasará a la memoria colectiva por sus actuaciones públicas y sus disfraces.

“Se decreta la expropiación forzosa, por causa de utilidad pública e interés social, de la totalidad de las acciones representativas del capital (…) de los bancos y otras sociedades que componen el grupo Rumasa, S.A. (…) El Estado, a través de la Dirección General de Patrimonio, tomará posesión inmediata de las sociedades expropiadas”. 24 de febrero de 1983. El Boletín Oficial del Estado recogía el Real-Decreto Ley que le quitaba de las manos a José María Ruiz-Mateos el monstruo con cerca de 400 empresas y 18 entidades financieras, incluido el Banco Atlántico, que conformaban Rumasa, la original.

El entonces hombre más rico de España, que había empezado a construir su imperio exportando vinos a Inglaterra allá por 1961, se quedaba sin el timón y sin un barco que daba empleo a más de 60.000 personas.  

Enfrentamiento con Boyer

El ministro de Economía, Miguel Boyer, que no llevaba ni tres meses en el cargo, decidió cortar por lo sano. El detonante fue la negativa de Rumasa a cumplir con las exigencias de información del Banco de España.

A Boyer no le preocupó el escándalo financiero, con corralito de tres días incluido para los bancos del grupo. Bingo. Rumasa encerraba una contabilidad B, un agujero en su patrimonio superior a 100.000 millones de pesetas de 1983 (600 millones de euros al cambio actual) y una excesiva concentración de riesgos en un esquema de créditos de sus bancos a sus empresas, que recuerda al reciente caso del portugués Espirito Santo.

Mientras la Policía entraba en la sede de Rumasa en el madrileño Paseo de Recoletos, Ruiz-Mateos se ocupaba de poner a buen recaudo parte de la fortuna amasada y huía desde su casa de Somosaguas al extranjero, primero a Londres y días después a Fráncfort, desde donde sería finalmente extraditado. El capital que consiguió salvar lo utilizaría décadas después para fundar su segundo entramado, Nueva Rumasa.

Empezaba la guerra en la calle, los medios y los tribunales. La expropiación de Rumasa encendió la mecha de centenares de procesos judiciales que nunca llegaron a buen puerto. Tampoco prosperaron los recursos ante el Constitucional contra la operación del Gobierno socialista, aunque es verdad que la expropiación se salvó gracias al voto de calidad del entonces presidente del alto tribunal Manuel García Pelayo. También encallaron los intentos de anular las reprivatizaciones de Banco Atlántico, Inmobiliarias Reunidas o Galerías Preciados, entre otras.

Y finalmente, Ruiz-Mateos nunca pareció rendirse en su intento de hacer pagar al Estado por quitarle el imperio de la abeja. El resultado: más de 200 sentencias en su contra, incluida la del 22 de noviembre de 2004 del Tribunal Supremo en la que se establecía que el justiprecio del grupo empresarial Rumasa era cero. Ruiz-Mateos no podía exigir nada porque el valor del grupo de la abeja era un número negativo equivalente a sus deudas.

Todavía en 2011, cuando se venía abajo su segundo entramado empresarial, tres décadas después de la intervención del primero, Ruiz-Mateos intentaba eludir sus responsabilidades de pago de los pagarés de Nueva Rumasa ligándolos a la cantidad que aseguraba iba a recibir del Estado por las empresas expropiadas en los ochenta. El Ministerio de Economía se vio obligado a emitir un comunicado negando la existencia de deuda alguna para advertir a los inversores de que no firmasen la propuesta. En 2013, el Supremo rechazaba la petición de Ruiz-Mateos de que el Estado le indemnizase con 6.133 millones de euros por la expropiación de Galerías Preciados y le obligaba a pagar 4.000 euros en costas.

Años de estridencias

La expropiación de Rumasa no fue solo un asunto empresarial, representó el nacimiento de un personaje histriónico y mediático. El primer y más recordado episodio tuvo lugar seis años después de esa histórica medida. A la salida de los juzgados golpeó a Boyer al grito de “Yo te pego, leche”. Éste se convirtió en un mantra durante todos estos años de estridencias.

Con esa agresión comenzaba un enfrentamiento que el propio empresario se encargó de extender durante años. Polémicos anuncios televisivos de los productos de sus empresas, espectáculos a las puertas de los juzgados vestido de presidiario o de Superman… Se sirvió de todo ello para tratar de llamar la atención pública en un litigio para exigir daños por la expropiación que años después acabó perdiendo.

Su tormentosa relación con Boyer no fue una excepción. La que mantenía con jueces y fiscales estuvo trufada de duras declaraciones y momentos surrealistas. Como su huida de la Audiencia Nacional en 1998, donde había sido trasladado para prestar declaración, disfrazado con una peluca y una gabardina. Como en 1993, cuando atacó a los magistrados del Tribunal Constitucional, a los que llamó “peleles”. O cuando insultó gravemente en 2012 a una jueza de Palma, quien reclamó su declaración por una presunta estafa en una operación inmobiliaria en Mallorca.

Otra de las caras de ese personaje hay que buscarla en la arena política. Al margen de su enfrentamiento con el exministro, Ruiz-Mateos creó su propia formación. El nombre: el Partido del Trabajo y Empleo-Agrupación Ruiz-Mateos. “Oposición, oposición, oposición… Ahora, con más razón que nunca” era el lema. El resultado: a finales de los 80 logró un escaño en el Parlamento europeo, con el que se aseguró la inmunidad judicial durante aquella legislatura. La aventura concluyó en 1995.

Volver a nacer

Tras la caída en desgracia de Rumasa, Ruiz-Mateos volvió a reconstruir su apuesta empresarial con los mismos mimbres. Y es difícil repetir procesos similares sin obtener los mismos resultados.

A golpe de promesa, más que de talonario, construyó Nueva Rumasa, que en apariencia operaba como un conglomerado de sociedades, bajo una dirección única y una caja común: la láctea Clesa, los licores Garvey, la hotelera Hotasa, las alimentarias Dhul, Elgorriaga, Hibramer, Trapa, Carcesa o Quesería Menorquina eran algunas de las empresas que integraban su reconstruido imperio. Y el Rayo Vallecano, el equipo madrileño, presidido por su mujer, con el que conseguía un altavoz mediático con palco para autoridades.

En esta segunda etapa, Ruiz-Mateos, junto a sus hijos, se colocó el cartel de salvador de empresas en dificultades y grandes corporaciones le creyeron, lo que le permitió hacerse con marcas de tradición y resonancia entre los consumidores. Por ejemplo, la multinacional estadounidense Kraft vendió a Nueva Rumasa la fábrica de El Caserío en Menorca y dos de sus marcas Apis y Fruco; y Parmalat, la láctea italiana que protagonizó la quiebra transalpina más sonada, vendió Clesa a Ruiz-Mateos, incluida su fábrica madrileña a sólo unos metros del madrileño Paseo de la Castellana.

Esta vez, la crisis surgió por las facturas. A principios de 2010, las compañías de los Ruiz-Mateos dejaron de pagar a sus proveedores y las fábricas se quedaron sin materias primas. Algo que, en cierta medida, no dejaba de ser habitual en plena crisis económica. Sin embargo, el principal problema estaba por detrás. No había un soporte, un armazón que aguantara la estructura empresarial de los Ruiz-Mateos. Y, sin andamios, las compañías de la familia jerezana fueron cayendo una tras otra, acogiéndose a sucesivos concursos de acreedores. Juntas sumaban una plantilla de más de 5.000 empresas.

La trampa de los pagarés

A las facturas sin pagar se sumaron sus emisiones. Uno de los grandes planes de la familia Ruiz-Mateos para relanzar sus empresas fue la emisión de letras y pagarés entre 2009 y 2010. En total, la empresa colocó su deuda en 5 fases a través de 13 emisiones con las que captaron más de 350 millones de euros, aunque se llegó a hablar de cifras que alcanzaban los 550 millones de euros por las aportaciones en efectivo y en ‘dinero B’. Nueva Rumasa consiguió captar a miles de inversores con la publicidad en medios de comunicación (que las televisiones, radios y periódicos se quedaron sin cobrar), el entramado del ‘banquito’ de Jerez y el alto interés que ofrecían sus títulos, que oscilaron entre el 8 y el 12% anual.

Entonces, la promesa de Nueva Rumasa era emplear este dinero para comprar una participación de un 25% o más en una “importante empresa del sector de la alimentación”. Detrás estaba su supuesta intención de adquirir Deoleo, la antigua Sos Cuétara, que vivía su propio escándalo empresarial. Una adquisición que “aportará un mayor liderazgo y complemento de la División Alimentaria”, explicó la compañía a sus inversores, pero la realidad es que la compra nunca llegó a realizarse. Tampoco se pagaron la mayor parte de los intereses prometidos, y seis años después, los inversores siguen esperando la resolución de los tribunales.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) alertó con hasta siete comunicados de los riesgos que estaban asumiendo los inversores. En ellos advirtió que estos pagarés no serían negociables en el mercado secundario, y aconsejó a los ahorradores que se informaran acerca de la “situación jurídica y económico-financiera de la empresa” antes de comprar estos títulos. La participación mínima de los pagarés era de 50.000 euros, un requisito con el que Nueva Rumasa conseguía cumplir el mínimo que exigía la Ley del Mercado de Valores para colocaciones que no tuviesen un folleto registrado y aprobado en el regulador.

“La CNMV advirtió que investigaría si la empresa vendió pagarés por un montante inferior a estos 50.000 euros, pero nunca lo hizo”, explica Joaquín Yvancos, que fuera abogado de la familia Ruiz-Mateos durante tres décadas. El propio Yvancos informa que la empresa sí firmó préstamos por debajo de esta cantidad y que, por tanto, serían ilegales.

“Si no devuelvo el dinero, me pego un tiro”, llegó a exclamar el patriarca de la familia ante los medios de comunicación. Sin embargo, la realidad es que los más de 350 millones de euros que prestaron los inversores a Nueva Rumasa siguen atrapados en una causa que está pendiente de finalizar. De momento, el nuevo titular del juzgado central 5 de instrucción de la Audiencia Nacional, José María de la Mata, ha reactivado la investigación con nuevos interrogatorios a los hijos del empresario. “Esta causa va por la vía de lo penal, por lo que los dirigentes, testaferros y ejecutivos de la compañía se enfrentan a una posible condena de cárcel”, explica Yvancos. El patriarca de la familia y uno de sus hijos, Javier Ruiz-Mateos, ya fueron condenados en febrero a abonar más de 92 millones de euros a algunos acreedores de una emisión de sus pagarés, en un proceso que fue por la vía civil.

Quien se quitó responsabilidad por las emisiones fue el Gobierno de Rodríguez Zapatero. “El Gobierno hizo todo lo que estaba en su mano”, aseguró la entonces ministra de Economía Elena Salgado. “Poco más se puede hacer”, asumió.

Sin capacidad para responder, los Ruiz-Mateos buscaron el respaldo del Banco Santander. La propia familia hizo públicas una serie de misivas con las que justificaba cómo había pedido, sin éxito, el respaldo de Emilio Botín, fallecido hace un año. “Una vez más, mi profunda gratitud en nombre de mi numerosa familia y que Dios siga ayudándote, porque para mí y para muchos, sin duda alguna pasarás a la historia como el mejor banquero del mundo, como lo estás demostrando todos los días”, aseguró en uno de los comunicados que la familia entregó a la prensa como muestra de sus intentos de salvar su conglomerado empresarial.

Un legado judicial y empresarial

Tras la caída de Nueva Rumasa, Ruiz-Mateos inició una nueva carrera en los tribunales, acusado de estafa, fraude a la Hacienda pública e insolvencia punible. El pasado mes de junio, el jerezano volvió a pisar la cárcel. En junio ingresó durante unas horas en la cárcel madrileña de Soto del Real, pero fue trasladado a un hospital por sus problemas de salud, después de que fuese acusado por la Agencia Tributaria de defraudar en el impuesto de sociedades e IVA. Aunque queden sobreseídos los casos penales en los que estaba implicado el empresario, sí seguirán adelante aquellos en los que estén imputados sus hijos, como la presunta estafa en Nueva Rumasa. Sin embargo, según fuentes del caso, la estrategia de la familia desde el primer momento fue hacer único responsable al patriarca.

En cuanto al presente y futuro de las empresas, algunas no han logrado sobrevivir a la caída de Nueva Rumasa, como Clesa, cuya fábrica reconvertirá Metrovacesa en pisos y hoteles. Otras han cambiado de manos. Cacaolat ha logrado renacer de la mano de la cervecera Damm y Cobega, la embotelladora (integrada en Coca-Cola Iberian Partners) de la familia catalana Daurella. Tranchettes, que pertenecía a Quesería Menorquina, ha acabado en el Grupo Bel, dueño de marcas como Babybel o La vaca que ríe. Pese a todo lo ocurrido, los Ruiz-Mateos, según publicó El Economista, no han cesado su actividad empresarial, esta vez, a través de franquicias ligadas al mundo de la restauración.

 

La policía sospecha que otras firmas de inversión callaron por miedo a represalias de la CNMV

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La Policía Nacional busca posibles víctimas de la trama de corrupción que investiga en el seno de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que preside la ‘popular’ Elvira Rodríguez (en la imagen). Y lo hace con la sospecha de que algunos empresarios se plegaron a las presiones de los ahora investigados por miedo al desprestigio profesional.

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La Policía Nacional busca posibles víctimas de la trama que investiga en el seno de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Y lo hace con la sospecha de que algunos empresarios se plegaron a las presiones de la trama por miedo al desprestigio profesional.

En esta línea, el informe remitido por los agentes a la Fiscalía de la Audiencia Nacional explica que “el daño reputacional que puede inflingir la CNMV es tan grave o más que las propias sanciones, ya que el mercado financiero se basa en la confianza y la reputación”. A juicio de los investigadores, “la CNMV, al difundir meramente que una entidad está siendo inspeccionada por prácticas irregulares, condena de facto a la entidad y a sus responsables en el mercado nacional e internacional”.

La propuesta de investigación presentada por la Unida de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) a la Fiscalía de la Audiencia Nacional se centra, tal y como confirmó ayer la propia CNMV en un comunicado, en dos expedientes concretos de dos gestoras financieras, llamadas Vetusta Wealth Managers y Dracon Partners.

Según confirma el regulador, ambas firmas sufrieron sendas investigaciones por parte de la CNMV, pero con seis años de diferencia. Pese al salto temporal y, según ha confirmado EL ESPAÑOL, los agentes de la UDEF han encontrado los mismos patrones en sus procedimientos sancionadores, coincidencias que les hacen pensar que los expedientes de ambas se fraguaron de forma similar y contraviniendo la normativa.

Como ejemplo, los propietarios de las dos gestoras fueron acusados de actuar como testaferros de terceras personas. En el caso de Vetusta, el presunto propietario era un notario de Dublín. En el de Dracon Partners, un empresario español sancionado con anterioridad por el regulador. Ninguna de las dos acusaciones se confirmó, pero ambas fueron filtradas a la prensa y con ello, los responsables de las entidades quedaron marcados para operar en cualquier mercado financiero, tal  y como refleja el informe de la UDEF.

Pacto y sanción

En un primer momento fueron los gestores de Dracon Partners quienes denunciaron presiones de la CNMV a la Policía Nacional. Los responsables de esta Empresa de Asesoramiento Financiero (EAFI) aseguraron ya en 2012 -tres años antes de ser sancionados en firme- que varios funcionarios de la CNMV les presionaban para que entregaran su licencia financiera de forma voluntaria. Según su denuncia, ampliada en varias ocasiones desde entonces, Dracon tenía que dejar de operar en España. Si aquello no sucedía, sus gestores sufrirían las consecuencias de un procedimiento sancionador, que ha culminado de forma definitiva en 2015.

El pasado 25 de marzo, el Boletín Oficial del Estado publicó la sanción impuesta a Dracon Partners: 1,25 millones de euros para la empresa y otros 625.000 euros para su administradora. El argumento de la CNMV fue que la sociedad y sus gestores cometieron “infracciones muy graves” por incumplir la ley en la relación con sus clientes y por delegar en terceros su servicio de captación. Los investigadores han solicitado ahora este expediente a la CNMV ante la sospecha de que se sustanció utilizando argumentos falsos.

Pese a las denuncias aportadas por Dracon Partners desde 2012, la investigación policial entró en una nueva fase en febrero de este año cuando los gestores de Vetusta hicieron llegar también la suya a la Policía Nacional. En resumen, los administradores de la gestora denuncian una situación muy similar a la vivida por Dracon, pero con seis años de distancia y una diferencia sustancial: en lugar de litigar, los responsables de Vetusta entregaron la licencia de forma voluntaria a la CNMV. Por su parte, el organismo regulador archivó el expediente y dejó sin efecto las sanciones, tal y como refleja el siguiente documento:

Hace dos semanas, la Policía Nacional solicitó a instancias de la Fiscalía de la Audiencia Nacional los dos expedientes. Su objetivo es analizarlos en busca de irregularidades. Además, los agentes investigan el patrimonio de varios funcionarios bajo sospecha y recaban testimonios de terceros, testigos que fueron durante años empleados de la CNMV. Su intención es confirmar si las actuaciones sancionadoras son irregulares, si se hicieron por mala praxis de los funcionarios o si vinieron motivadas por presuntos pagos o sobornos de terceros. Ahora, se esfuerzan también por localizar a más víctimas y por esclarecer si alguna de ellas, por miedo, guarda silencio.

 

La Policía investiga el patrimonio de cinco altos cargos de la CNMV bajo sospecha de corrupción

 

La Policía Nacional investiga el patrimonio de cinco altos cargos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) sospechosos de participar en una trama corrupta para conceder o revocar licencias a cambio de sobornos. La medida fue aprobada el pasado mes de julio por la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que autorizó además a los agentes a solicitar varios expedientes sancionadores a la institución presidida por Elvira Rodríguez (en la imagen).

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Elvira Rodríguez, presidenta de la CNMV.

La Policía Nacional investiga el patrimonio de varios altos cargos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), concretamente cinco, sospechosos de participar en una trama corrupta para conceder o revocar licencias a cambio de sobornos. La medida fue aprobada el pasado mes de julio por la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que abrió las diligencias de investigación 45/2015 tras recibir un extenso informe por parte de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF).

Con el visto bueno de la Fiscalía, los agentes analizan ahora las cuentas, las viviendas, los vehículos y los depósitos bancarios de estos responsables de la CNMV. El objetivo es localizar una discrepancia entre sus ingresos oficiales y su patrimonio real; un enriquecimiento ilícito procedente de una fuente no declarada que avale la tesis del soborno. Según han confirmado a EL ESPAÑOL fuentes cercanas al procedimiento, la medida es de especial interés para la causa, ya que de su resultado depende en gran medida que la investigación avanzada por la UDEF pase a una segunda fase con una denuncia formal de la Fiscalía.

A por los expedientes

El 27 de julio, la Policía Nacional se presentó en la sede de la CNMV y solicitó a su presidenta Elvira Rodríguez varios expedientes sancionadores abiertos por el organismo. El objetivo de la pesquisa es conocer de primera mano las distintas decisiones que se tomaron para retirar varias licencias, los informes técnicos que las avalaron y los responsables de la Comisión Nacional del Mercado de Valores que finalmente firmaron las sanciones.

Estas y otras medidas, aprobadas por la Fiscalía de la Audiencia Nacional, surgieron a consecuencia de una “propuesta de investigación” presentada por la UDEF antes de verano. El informe, de 178 páginas y siete anexos, se sustenta en las denuncias presentadas por varios afectados, declaraciones de testigos y el testimonio de ex trabajadores de la CNMV que confirmarían la manipulación de los expedientes sancionadores.

Según pudo saber EL ESPAÑOL, la denuncia policial pone el foco sobre cinco funcionarios concretos que forman o formaron parte de la plantilla de la CNMV. Cinco funcionarios relacionados con el departamento de inspección de entidades, el organismo que se encarga de fiscalizar tanto a las agencias de inversión como a las Empresas de Asesoramiento Financiero (EAFI).

El escrito presentado por la Policía Nacional ante la Fiscalía para dar pie a estas pesquisas explica que los funcionarios bajo sospecha pudieron cometer delitos de falsedad documental, cohecho, amenazas, extorsión, blanqueo de dinero e integración en banda organizada. La investigación patrimonial iniciada ahora se centra en confirmar o desmentir si alguno de los señalados se enriqueció de forma ilícita. Pero no arrojará luz sobre otras sospechas como la falsedad documental o las amenazas, basadas de forma indiciaria en la documentación y los testimonios recabados por la UDEF.

 

 

 

La policía investiga la existencia de una trama corrupta en el seno de la CNMV

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La Policía Nacional investiga una presunta trama corrupta que opera en el seno de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el organismo -presidido por la ‘popular’ Elvira Rodríguez (en la foto)- encargado de velar por la limpieza en el sistema financiero español. El objetivo de las pesquisas pasa por determinar si un grupo de funcionarios concede licencias para operar o impone sanciones oficiales a cambio de sobornos.

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Elvira Rodríguez con Cristobal Montero y Luis de Guindos.

La Policía Nacional investiga una presunta trama corrupta que opera en el seno de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el organismo encargado de velar por la limpieza en el sistema financiero español. El objetivo de las pesquisas pasa por determinar si un grupo de funcionarios concede licencias para operar o impone sanciones oficiales a cambio de sobornos.

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) ha remitido ya a la Fiscalía un extenso informe, a cuyo contenido ha tenido acceso EL ESPAÑOL, donde detalla las supuestas actividades delictivas de la red, que se dedicaría a la extorsión y estaría integrada por varios funcionarios de alto nivel contratados desde hace años por el organismo público.

La “propuesta de investigación”, elaborada por la Policía Judicial dispone de 178 páginas y está sustentada en los testimonios de ex trabajadores de la propia CNMV así como en declaraciones de testigos y denuncias de varios afectados por las maniobras de esta red.

Las diligencias policiales constan además de siete anexos documentales y ponen el foco sobre cinco cargos del órgano regulador. Los investigados están -o han estado hasta su marcha de la CNMV- adscritos a uno de los departamentos más sensibles para el mercado financiero español: la supervisión de las Empresas de Asesoramiento Financiero (EAFI) y las agencias de valores. Esto es, las firmas utilizadas por miles de grandes y pequeños inversores para canalizar su dinero.

Nuevas diligencias

El informe policial, rubricado hace ahora casi un mes, fue remitido para su estudio directamente desde la Comisaría General de la Policía Judicial al Ministerio Público para que determine si existe una base delictiva sólida para que la investigación prospere. Este procedimiento fue registrado por la Fiscalía con el número de diligencias 45/2015. 

Desde entonces el fiscal de la Audiencia Nacional que ha asumido las pesquisas ha solicitado a la CNMV, que preside la ‘popular’ Elvira Rodríguez, la remisión de varios expedientes sancionadores citados en el informe de la Policía Judicial para comprobar si de alguna forma fueron manipulados. A juicio de los investigadores, los integrantes de la presunta trama pudieron incurrir con su conducta en delitos de falsedad documental, cohecho, amenazas, extorsión, blanqueo de dinero e integración en banda organizada; un reguero de delitos que la fiscalía de la Audiencia Nacional se esfuerza en confirmar de forma indiciaria antes de presentar o no su denuncia y trasladar el caso a un juzgado de instrucción.

Discreción

La investigación del caso se desarrolla desde hace meses en un absoluto secreto. Una discreción obligada tanto por las exigencias propias de cualquier investigación policial como por la sensibilidad estratégica de la institución investigada. En los últimos años, la CNMV se ha visto cuestionada en decisiones como la aprobación de las emisiones de acciones preferentes por parte de las cajas de ahorros -que afectó a 700.000  inversores minoritarios-, y criticada por su falta de control frente a escándalos como el del caso Gowex, la empresa cotizada que estalló el pasado año tras falsear sus beneficios cuatro años consecutivos.

 

Españolas: Un retrato en 10 cifras

La situación de las mujeres se sigue midiendo a través de las cifras de la discriminación. También en España. Se podrían dar muchas cifras diferentes relativas a muchos ámbitos sociales, laborales, culturales o políticos. Las que se describen a continuación son sólo algunos ejemplos en torno a los cuales construir una imagen de las mujeres españolas.

El 8 de marzo conmemora el avance en los derechos de las mujeres en todo el mundo. En 2015, en Naciones Unidas, se revisarán nuevamente los acuerdos internacionales de la Plataforma de Acción de Beijing (PDF), que se acordaron hace 20 años y siguen pendientes de cumplimiento -e incluso de puesta en marcha- en muchos lugares del mundo.

En España, hace 37 años llegó el reconocimiento expreso del principio de no discriminación por razón de sexo y del derecho a la igualdad en la Constitución Española de 1978. Y hace ocho años que se reguló el principio de igualdad efectiva entre mujeres y hombres a través de una ley, la Ley de Igualdad Efectiva entre mujeres y hombres, que estaba más cargada de buenas intenciones que de obligaciones concretas pero que pretendía alcanzar mayores cotas de igualdad.

A pesar de todo, la situación de las mujeres se sigue midiendo a través de las cifras de la discriminación. También en España. Se podrían dar muchas cifras diferentes relativas a muchos ámbitos sociales, laborales, culturales o políticos. Las 10 cifras que se describen a continuación son sólo algunos ejemplos en torno a los cuales construir una imagen de las mujeres españolas y las reivindicaciones en cuestiones de igualdad, que seguramente darán contenido a muchas de las informaciones y los actos de este 8 de marzo de 2015.

  • 500 son las mujeres españolas de 16 y 17 años que no podrán abortar sin el permiso de sus progenitores de aprobarse la reforma de la Ley de salud sexual y reproductiva que propone el Partido Popular. Es un pequeñísimo porcentaje de los 108.000 abortos al año que se registran en España. Pero se corresponde con mujeres jóvenes en situaciones de desarraigo y falta de apoyo familiar que seguramente acabaran en situaciones de aborto inseguro.
  • 2.394.173 son las mujeres españolas que se encuentran registradas en febrero de 2015 como demandantes de empleo en las oficinas del Servicio Público de Empleo. Las mujeres son algo más del 53% del total del paro registrado, y en el último año la disminución en el desempleo femenino ha sido de un 3,38%. Una merma tres veces inferior que la experimentada por el desempleo masculino en el mismo periodo (un 9,28%).
  • 6.144,72 euros es la diferencia entre los salarios medios de hombres y mujeres en España, uno de los datos que define lo que conocemos como brecha salarial de género. Según datos de Eurostat, en el conjunto de los sectores de actividad las mujeres europeas ganan de media un 16,5 % menos por hora que los hombres. Esta diferencia se eleva para las mujeres españolas, que ganan un 19,3 % menos por hora. La brecha aumenta casi cinco puntos hasta el 23,93 % si se trata de ganancia anual.
  • 769 son las mujeres que han sido asesinadas por sus parejas o ex parejas desde 2003, según datos del Ministerio de Sanidad. Se producen en torno a 130.000 denuncias de delitos de violencia de género al año y el registro de victimas del Ministerio de Justicia tiene identificadas a más de 32.000 mujeres con medidas de protección que son fruto de resoluciones judiciales. Son condenados unos 13.000 hombres anualmente por delitos de violencia de género.
  • 80 es el número de consejeras participantes en los consejos de administración de las empresas del IBEX 35, según el último informe recientemente presentado por la presidenta de la CMNV. Este número de consejeras coloca a España en un discreto 16% de participación de mujeres en los consejos de administración, muy por debajo del 20% de la media Europea y muy lejos del objetivo voluntario del 40% que fijó la Ley de Igualdad para 2015 y que ha sido propuesto a nivel europeo como objetivo para 2020.
  • 32.200 son las mujeres que se acogieron a excedencias laborales para el cuidado de menores o familiares dependientes en el año 2013. Sólo 2.530 hombres hicieron lo mismo. Las responsabilidades y tareas del cuidado doméstico y familiar sigue recayendo mayoritariamente en las mujeres, en ocasiones de forma exclusiva y no compartida con los hombres. Esto pasa a las mujeres una factura en su situación social y laboral en forma de tiempo -las mujeres dedican hasta dos horas diarias más a las tareas del hogar que los hombres- y de desarrollo profesional: una gran parte de los obstáculos para la promoción laboral de las mujeres tienen como causa principal la idea de que familia y responsabilidades laborales son incompatibles para las mujeres.
  • Una sola mujer es rectora de una de las universidades públicas españolas: Adelaida de la Calle, rectora de la Universidad de Málaga. A pesar de que las mujeres son más del 50% del alumnado universitario desde hace más de 25 años y aunque han llegado a ser el 40% del profesorado, ocupan sólo el 20% de las cátedras universitarias y encuentran muchas dificultades para poder participar en los equipos de investigación de muchas universidades y centros de investigación.
  • Cuatro ministras son las que se sientan en el Consejo de Ministros del Gobierno de España. La participación de las mujeres en los centros de decisión política sigue siendo minoritaria. Aunque en España se respetó la paridad en el Gobierno entre los años 2004 a 2011, lo cierto es que la participación de las mujeres en los altos cargos de la Administración General del Estado no ha estado nunca por encima del 32%. Sólo tres de los 17 Gobiernos autonómicos tienen una mujer como presidenta y sólo en siete de ellos las mujeres consejeras superan el 40% de participación. Tampoco en el poder legislativo las mujeres han alcanzado niveles paritarios de participación y ello a pesar de tener una reglamentación para garantizar la presencia de al menos el 40% de mujeres en las listas electorales. Hoy las mujeres son el 36% de las diputadas del Congreso.
  • 50 mujeres son las que participan como académicas en alguna de las reales academias españolas, menos del 10% del total. Sólo ocho de ellas participan en la Junta Directiva de estas instituciones y sólo en el caso de la Real Academia de la Historia una mujer (Carmen Iglesias) ocupa el puesto de mayor responsabilidad. Hay reales academias que no tienen a ninguna mujer en sus juntas directivas, y la mayoría de estas instituciones siguen fuertemente masculinizadas incluso en aquellos casos en los que representan ámbitos del saber que se han feminizado durante las últimas décadas. Por ejemplo, en 2014 sólo dos de los 47 miembros de la Academia de Medicina eran mujeres y ninguna está en su junta directiva.
  • 40.606 mujeres estaban federadas en 2013 en las diferentes categorías de fútbol en España. La selección española de fútbol femenino va a participar en el Mundial que se celebrará en Canadá el próximo mes de junio y una de nuestras jugadoras ha sido candidata al Balón de Oro por primera vez en la historia en 2014. A pesar de esto, las jugadoras de fútbol siguen reclamando un marco jurídico laboral decente que aún no existe en España y son más frecuentes y notorias las noticias sobre insultos a mujeres en los estadios de futbol que las relacionadas con los éxitos deportivos de nuestras jugadoras en ésta y en otras disciplinas.

Es un retrato incompleto que podría incluir mucha más información sobre el arte, el cine, la literatura, la salud, la elección de opciones profesionales, el tiempo de ocio, la participación en la pobreza y otros muchos datos. Pero valgan estas 10 cifras como 10 motivos más que suficientes para seguir reivindicando igualdad entre mujeres y hombres en este día internacional de las mujeres.