No caerá esa breva

 

BuenaVengo explicando desde hace meses -escribe Ramírez- el In Fear We Trust del presidente, esa ramplona estrategia electoral consistente en aguardar repantingado, bajo la espectral higuera de la España batida por todo tipo de tempestades, a que madure el miedo a la revolución podemita y su potencial Frente Popular con el PSOE. Nada le importaba lo que ocurriera entre tanto con su partido en las andaluzas, municipales, autonómicas o catalanas. Cuanto peor, mejor. La única elección que para él cuenta es la suya.

Ilustración: Javier Muñoz

Seguimos con la antología del humor en la prensa catalana. Hace tres domingos homenajeé al ¡Cu-Cut!, hace dos me ocupé de L’Esquella de la Torratxa y el pasado de El Be Negre. Hoy toca entrar por La Vanguardia. Escribía el miércoles Enric Juliana con su perspicacia habitual: “Artur Mas ha sido llamado a declarar el próximo día 15 de octubre, fecha del 75 aniversario del fusilamiento de Lluis Companys en el castillo de Montjuic. Quien fijó la fecha lo ha investido”.

Puesto que en el párrafo anterior hablaba Juliana de que “la estrategia de la Moncloa” es presentar al “independentismo, vencido por la flema, la templanza y la firmeza de Mariano Rajoy … camino de los tribunales”, era evidente que trataba de sugerir que el Gobierno funciona como la carabina de Ambrosio: al tratar de perseguir a Mas de un modo tan tosco, lo está resucitando tras una cosecha electoral tan magra que en definitiva le obliga a compartir los 62 escaños de 2010 con muchos de sus rivales de entonces.

Esa interpretación había sido esbozada ya en el apunte del director de ese mismo día pues Màrius Carol subrayaba con razón que las “explicaciones” del ministro de Justicia Rafael Catalá sobre el retraso de la citación para “no interferir” en las elecciones “son de las que chirrían en el oído”. Y todo quedaba luego apuntalado cuando el propio editorial del diario advertía que las palabras del ministro habían supuesto “una manera, acaso involuntaria, de admitir que los ritmos de la justicia son influenciables”.

O sea que, en definitiva, la perfidia política del gobierno central al perseguir en los tribunales la desobediencia del presidente de la Generalitat cuando llevó a cabo la consulta prohibida por el TC, quedaba compensada por la chapuza de la elección de la fecha perfecta para alimentar su victimismo. Justicia poética, podría decirse, que restaura la posición de superioridad moral del paladín de la patria catalana de modo que hasta los iconoclastas de la CUP se vean obligados a respaldar su investidura.

la higuera estafermo

Ilustración: Javier Muñoz

Todo muy bien trabado pero, como digo, para la antología del humor. Y una vez más fue María Peral quien con precisión quirúrgica aportó en el Blog de EL ESPAÑOL el dato clave que da rienda suelta a las carcajadas y a alguna que otra salpicadura de saliva irreverente a modo de condecoración sobre la farsa: resulta que “quien fijó la fecha” y por lo tanto “ha investido” a Mas -o al menos pretende hacerlo activando la profecía autocumplida- no fue otro que el juez instructor Joan Manel Abril, elegido miembro del Tribunal Superior de Justicia por el llamado “turno autonómico”, en fecha tan reciente como 2012. “Fuentes del CGPJ -advierte Peral- recuerdan con nitidez que el apoyo para el nombramiento de Abril venía inequívocamente de CiU”. O sea que al final ha sido el propio Mas quien ha escogido la fecha que rescatará a Mas de su nuevo fiasco electoral, desatando el paralelismo entre las variedades de pelotón de fusilamiento que aguardan inexorablemente a los defensores de la patria catalana.

Ojo, que este levantamiento del velo de la impostura no implica absolución alguna para el estólido Estafermo que se cree un valiente don Tancredo haciendo garbosos estatuarios ante los más aviesos astados. Porque Rajoy y sólo Rajoy es el culpable de que al cabo de cuatro años de mayoría absoluta del PP siga en vigor el ignominioso artículo 330.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que permite a los parlamentos autonómicos designar entre “juristas de reconocido prestigio” a la mitad de los integrantes de la Sala Penal y Civil del correspondiente Tribunal Superior de Justicia. O sea el culpable de la perpetuación del inicuo onanismo jurisdiccional por la cual los aforados de cada comunidad autónoma eligen entre sus amiguetes a los jueces que tendrán que juzgarles cuando hagan de las suyas.

Esa era una de las nefandas artimañas con las que Guerra trató de enterrar a Montesquieu que iban a quedar desmanteladas por la reforma del Poder Judicial prometida por el programa electoral del PP. Así lo disponía el proyecto de ley de Gallardón, zancadilleado por Rajoy en persona en el mismo umbral del índice rojo que incluye los asuntos a aprobar por el Consejo de Ministros. Aquel proyecto de ley, anhelado vademécum de la despolitización de la Justicia, fue bloqueado por el presidente cuando vio el sesgo que empezaban a tomar los casos de corrupción que afectaban al PP. Si Gallardón hubiera dimitido entonces, y no cuando lo hizo, sería hoy el hombre providencial hacia el que se dirigirían todas las miradas de la derecha española.

O sea que al final ha sido el propio Mas quien ha escogido la fecha que rescatará a Mas de su nuevo fiasco electoral, desatando el paralelismo entre las variedades de pelotón de fusilamiento que aguardan inexorablemente a los defensores de la patria catalana

A diferencia de lo que puede alegar con la bajada de impuestos que por arte de birlibirloque se trastocó en subida, ningún requerimiento presupuestario le impedía cumplir esa promesa ancilar, pero Rajoy prefirió engañar a sus electores con tal de blindar a sus dependientes, consciente de que sólo de ellos dependería a su vez él, en la eventualidad de que se destapara la fosa séptica de sus sobresueldos, mensajes de móvil y simulaciones de indemnizaciones en diferido.

“David habría durado dos horas en el 10 de Downing Street si se hubiera descubierto algo parecido”, me contaba no hace mucho un antiguo colaborador de Cameron. Pero en España los aforados cerraron filas, el ministro del Interior se rebozó en el fango que para eso lo puso el jefe, Pablo Ruz se volvió a Móstoles y serán los afines Enrique López -que nada desearía tanto como ver pasar delante de él este cáliz- y Concha Espejel quienes juzguen el caso, si el pleno de la Sala no lo impide. Todo sigue tan del revés como con Filesa, los GAL, los Pujol o los ERE. Son los políticos quienes controlan a los jueces a través del CGPJ y no a la inversa.

Y ahí yace por lo tanto el PP, hundido en el descrédito del público, emparedado entre la basura y el inmovilismo, viendo como se amplía inexorablemente su cuerda de presos -¿será nada menos que Rodrigo Rato el siguiente?-, perdiendo elección tras elección, recibiendo aviso de Aznar tras aviso de Aznar, a la espera de que llegue el milagro de la Navidad.

Ni siquiera la extravagancia de llamarnos a votar entre la paga extra y la lotería es fruto de un plan premeditado o de una evaluación táctica. Sólo el resultado de la inercia de la inacción, del dejarse llevar hasta el final, estirando la legislatura hasta la última fecha posible con el pretexto de los presupuestos y la tramitación del aguinaldo que evita un coste fiscal de 40.000 millones a la banca.

“Ahora está claro que lo que le hubiera convenido a Rajoy, habría sido convocar las generales a la vez que las catalanas”, me decía esta semana un alto dirigente de un partido nacional. “Pero para dar un paso así se requería audacia política”. Y, claro, esperar algo parecido a la audacia de este fósil del paleolítico inferior era como buscar mariposas azules en el mar. (Papallones blaves damunt la mar, que cantaba Pau Riba).

Ahí yace el PP, hundido en el descrédito del público, emparedado entre la basura y el inmovilismo, viendo como se amplía inexorablemente su cuerda de presos -¿será nada menos que Rodrigo Rato el siguiente?-, perdiendo elección tras elección

Vengo explicando desde hace meses el In Fear We Trust del presidente, esa ramplona estrategia electoral consistente en aguardar repantingado, bajo la espectral higuera de la España batida por todo tipo de tempestades, a que madure el miedo a la revolución podemita y su potencial Frente Popular con el PSOE. Nada le importaba lo que ocurriera entre tanto con su partido en las andaluzas, municipales, autonómicas o catalanas. Cuanto peor, mejor. La única elección que para él cuenta es la suya. Esperaba incluso que el triunfo de los independentistas catalanes en su plebiscito, avalado mediáticamente por el ministro de Asuntos Exteriores, precipitara los acontecimientos y diera lugar a un acto de autoridad -tan meramente reactivo como los remolinos del estafermo- que le presentara como garante y depositario de la estabilidad constitucional.

Pero ya sabemos que no caerá esa breva porque como ocurre en el Evangelio de San Lucas cuando entra Jesús en Jericó, ha habido un hombre valiente que como Zaqueo ha tomado la iniciativa y se ha encaramado resuelto a la higuera para ir al encuentro del destino. O mucho me equivoco o esa noche electoral en la que Rivera, Arrimadas y su pléyade de jóvenes sin tacha ni pasado, hijos todos de la libertad, coreaban “Ca-ta-lu-ña es Es-pa-ña” mientras afeaban la corrupción del “tres per cent” a Mas y sus compañeros de viaje, ha calado tan hondamente en el corazón de tantos a los que les gustaría ser como ellos, que la suerte del 20-D ya está echada.

“No me gustaría estar en el pellejo de Mariano”, explicaba el martes por la noche a un grupo de amigos uno de los dirigentes históricos que llegaron al PP procedentes de UCD. “Él ya sabe que está perdido porque por primera vez en la historia nos ha ganado una fuerza no nacionalista de centro derecha. Y nos ha ganado por goleada. En cuanto eso empiecen a reflejarlo los sondeos, la dinámica será imparable. Teniendo en cuenta sobre todo que el PP está ya destruido como partido. No veo la más mínima posibilidad de que sigamos gobernando. Por eso digo que no me gustaría estar en su piel. Debe ser muy duro tener la sensación de que no vas a ser capaz de cumplir la misión que te encomendaron”.

“¿Y tú cuánto hace que no hablas con Rajoy?”, le preguntó uno de los presentes. La respuesta fue la misma que daría cualquier otro.

 

 

 

 

El juez que ha citado al ‘president’ a declarar fue elegido a propuesta de CiU

El juez que ha citado como imputado a Artur Mas se llama Joan Manel Abril y fue elegido magistrado del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Cataluña en junio de 2012 por el Consejo General del Poder Judicial.

El juez que ha citado como imputado a Artur Mas se llama Joan Manel Abril y fue elegido magistrado del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Cataluña en junio de 2012 por el Consejo General del Poder Judicial.

Pertenece al llamado “turno autonómico”: los Parlamentos de las comunidades autónomas tienen la potestad legal de proponer a la mitad de los jueces integrados en las Salas de lo Civil y Penal de los TSJ. Son juristas que sin pertenecer a la carrera judicial ni superar la oposición de ingreso, acceden directamente y gracias al favor político a esas relevantes Salas, que son las encargadas de investigar y juzgar los delitos de los aforados en cada comunidad autónoma.

El magistrado que ahora instruye la causa contra Artur Mas encabezó la terna de juristas que el Parlamento de Cataluña propuso al CGPJ en abril de 2012. Los otros dos fueron Antoni Vaquer y María Rosa LLácer, pero en el acta de la sesión parlamentaria no se refleja que hubiera debate alguno sobre los méritos de cada uno. La terna prosperó por asentimiento y con el apoyo de CiU, PSC, ICV y ERC.

La designación de Abril por el órgano de gobierno de los jueces fue igual de pacífica. Era el candidato apoyado por Ramón Camps, vocal del CGPJ a propuesta de CiU, y los demás consejeros respetaron su preferencia por Abril, que hasta entonces era profesor titular de Derecho Civil de la Universidad Autónoma de Barcelona y desde octubre de 2007 ejercía como director de los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Barcelona, entonces en manos del PSC.

Fuentes del CGPJ –inmerso en aquellas fechas en la intensa polémica que generaron los viajes con cargo a fondos públicos de su presidente, Carlos Dívar–, recuerdan con nitidez que el apoyo para el nombramiento de Joan Manel Abril provenía inequívocamente de CiU y no del PSC.

La Fiscalía pide que PP y FAES den datos sobre su relación con los jueces de Gürtel recusados

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La Fiscalía Anticorrupción cree que la recusación de los magistrados Concepción Espejel y Enrique López (en la imagen) como integrantes del tribunal que juzgará el caso Gürtel debe ser admitida a trámite para practicar diligencias que aclaren la “relación singular” que pueden haber tenido con el PP. Entre ellas, cuántas veces han participado en actos de FAES o del partido y si han cobrado por ello.

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Los magistrados Concepción Espejel y Enrique López.

La recusación de los magistrados Espejel y López por las acusaciones populares que actúan en el caso Gürtel -entre ellas, la ejercida por Ángel Luna, del PSOE valenciano- ha encontrado un aliado en el Ministerio Público. La Fiscalía Anticorrupción ha informado a favor de que la recusación sea admitida a trámite y se abra un incidente en el que, entre otras pruebas, la fundación del PP (FAES) y el propio partido tendrían que dar datos sobre su relación con los recusados.

La Fiscalía ha presentado dos informes, uno relativo a Concepción Espejel y otro referido a Enrique López, en los que, sin llegar a afirmar que exista en ellos una tacha de parcialidad, sí sugiere que hay datos de una relación con el PP que, a su parecer, habría que aclarar antes de que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional decida si se mantienen o no como jueces del caso Gürtel.

Miembros de la Sección Segunda de esa Sala, a Espejel y López les ha correspondido por reparto el enjuiciamiento de la primera parte de caso Gürtel, relativa a la actividad que desarrolló la supuesta trama de corrupción vinculada a cargos públicos del PP entre los años 1999 y 2005.

Para la Fiscalía, el hecho de que el Partido Popular vaya a estar sentado en el banquillo como partícipe a título lucrativo -esto es, por haberse beneficiado de las comisiones ilícitas supuestamente percibidas por los cargos implicados, destinadas en parte a campañas electorales- es un dato relevante a tener en cuenta a la hora de valorar las recusaciones.

El Ministerio Público admite que, de acuerdo con la doctrina del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo del Derecho Humanos, la “afinidad ideológica” de un juez con una determinada formación política no es causa de recusación.

También indica que “ciertamente, no aparecen acreditados hasta donde sería exigible en este trámite el interés personal y directo” de los recusados en la causa.

Pero, pese a ello, sostiene que “no puede afirmarse que resulten de todo punto irracionales las dudas albergadas por los recusantes”, en especial en el caso de López.

La Fiscalía afirma que “ha de tomarse en consideración” que entre 2003 y 2010 “se estableció una relación singular” entre FAES, la fundación del PP, y Enrique López, que, además, accedió a propuesta del Partido Popular a dos cargos que ejerció en el pasado: vocal del Consejo General del Poder Judicial y magistrado del Tribunal Constitucional.

El informe no llegar a sostener que el nombramiento para esos cargos determine una falta de imparcialidad -de hacerlo, abriría una vía de consecuencias imprevisibles, puesto que en la propia Audiencia Nacional hay actualmente varios magistrados que han sido vocales del CGPJ a propuesta del PSOE e IU-, pero sí considera relevante el hecho de que cuatro de los acusados en el proceso Gürtel votaron en 2008 a favor de la candidatura de López al Tribunal Constitucional. Se trata de Carlos Clemente, Alfonso Bosch, Benjamín Martín Vasco y Alberto López Viejo, que eran diputados autómicos del PP.

En realidad, la Asamblea de Madrid propuso una candidatura conjunta pactada por PP y PSOE y en la que figuraron López y Fernando Valdés, por lo que ambos recibieron los votos en bloque de ‘populares’ y socialistas.

La declaración de Cospedal

Para la Fiscalía, sin embargo, hay que determinar “si la participación del PP en la elección del magistrado para alguno de los más altos cargos del Poder Judicial y de su carrera profesional desvirtúa el requisito de independencia” y “ha de decidirse si la familiaridad que pueda existir entre el juzgador y alguna de las partes implicadas debida a una conexión ajena al procedimiento cuestiona la imparcialidad de aquel, haciendo objetivamente justificable el temor a su falta de imparcialidad”.

En este sentido, considera que las recusaciones no deben ser rechazadas de plano sino que debe abrirse un trámite para practicar varias de las pruebas instadas por las acusaciones populares. Entre ellas destaca que se requiera a la Fundación para el Análisis y Estudios Sociales (FAES) y al PP para que certifiquen las actividades en las que haya participado López y cuánto ha cobrado por ello.

La Fiscalía se opone, por estimarlo “inútil e impertinente”, a que Dolores de Cospedal tenga que prestar declaración sobre su relación con Espejel. La secretaria general del PP participó en el acto de imposición de la Gran Cruz de San Raimundo de Peñafort a la magistrada, a la que dedicó elogios y de la que dijo que “para todos es Concha y lo va a ser siempre”.

También rechaza que declare el ex parlamentario del PP Federico Trillo, actual embajador en Londres, que salió en defensa de López cuando su primer intento de acceder al TC fue bloqueado por el Senado. Enrique López acabaría siendo promovido al Constitucional por el Gobierno.

La Fiscalía tampoco considera necesario el interrogatorio de los recusados, que, en cualquier caso, tendrán que informar por escrito sobre si aceptan o no como ciertas las causas de recusación alegadas.

Ángela González, 12 años pidiendo justicia… sin suerte

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En enero de 2014 la ONU condenó al Gobierno español por primera vez por un asunto de violencia de género. El organismo considera que se cometió un error fatal al permitir que la ex pareja de Ángela González (en la foto), un maltratador condenado y con orden de alejamiento, tuviese el derecho de visitas sin supervisión con su hija Andrea. Durante una de estas visitas, Andrea, de siete años, fue asesinada por su padre.  Este lunes Women’s Link ha recibido de Justicia la desestimación de un recurso de revisión en el que argumenta que no otorgarán a Ángela ninguna indemnización ni reparación económica. 

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Imagen de Ángela González.

El sistema de justicia español le falló a Ángela. Así lo afirma el grupo internacional de derechos humanos Women’s Link Worldwide, que llevó su caso a las Naciones Unidas. Esta organización (y el Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer de las Naciones Unidas) consideran que el Estado español cometió un error fatal al permitir que la ex pareja de Ángela González, un maltratador condenado y con orden de alejamiento, tuviese el derecho de visitas sin supervisión con su hija Andrea. Durante una de estas visitas, Andrea, de siete años, fue asesinada por su padre, quien luego se suicidó.

Ángela estuvo litigando durante ocho años para conseguir que el Gobierno admitiese su parte de responsabilidad en el crimen. Sin embargo, ningún tribunal español quiso reconocer que el asesinato de Andrea había sido evitable. En 2011, Ángela contactó con Women’s Link Worldwide y la organización de derechos humanos denunció a España ante las Naciones Unidas. En una decisión sin precedentes, el Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer condenó al Gobierno español por primera vez por un asunto de violencia de género en agosto de 2014. El comité también solicitó que España implementase acciones proactivas que evitasen que el caso de Ángela pudiese suceder otra vez.

Sin embargo, lo que parecía una victoria tras once años de largas litigaciones ha resultado ser otra desilusión para el equipo de Ángela González. Gema Fernández, la abogada de Women’s Link Worldwide que llevó el caso de Ángela a los tribunales internacionales, afirma en una entrevista para EL ESPAÑOL que en el informe que España ha enviado al comité de la ONU en enero de este año no se cumplen ninguna de las recomendaciones solicitadas por el organismo internacional. Women’s Link ha mandado su propio informe al comité de las Naciones Unidas en las que denuncia esta falta del cumplimiento por parte del Estado español.

“El Gobierno se niega a reconocer a Ángela como una víctima de violación de derechos humanos y no admite su responsabilidad por el grave daño que le ocasionó”, declara la abogada de Ángela. “Tampoco admite que exista un problema estructural en cómo el ordenamiento jurídico español trata el tema de la violencia de género”.

La abogada afirma que en cuestiones de violencia de género España tiene mucho que mejorar. Según el boletín estadístico anual del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad sobre violencia de género, 53 mujeres murieron asesinadas a manos de sus parejas o exparejas en 2014. De estas 53 mujeres, 17 (el 32%) habían presentado una denuncia por delitos de violencia de género, pero sólo cuatro estaban siendo protegidas cuando fueron asesinadas.

mayoria de las victimas

El Consejo General de Poder Judicial (CGPJ) define “orden de protección” cómo una resolución judicial que, en los casos en que existan indicios fundados de la comisión de delitos o faltas de violencia doméstica y exista una situación objetiva de riesgo para la víctima, ordena la protección de la víctima mediante la adopción de medidas cautelares civiles y/o penales, además de activar las medidas de asistencia y protección social necesarias. Según datos del CPGJ, las órdenes de protección sobre el total de solicitadas han pasado del 72.7% en el primer trimestre de 2009 al 57% en el mismo periodo del año 2015, lo que supone una reducción de 15 puntos.

ordenes de proteccion

La abogada de Women’s Link afirma que un grave fallo estructural en el sistema español es el régimen de visitas cómo en el que Andrea fue asesinada por su padre. Esta medida deriva de una orden de protección u otras medidas cautelares de seguridad y protección. Los datos del CGPJ muestran que el régimen de visitas a hijos de acusados por violencia de género se suspendió tan solo en el 3% de los casos en casi todos los años entre 2007 y 2015 (con la excepción de 2008).

suspension visitas

“En España tenemos el concepto estereotipado de que la violencia es un asunto privado”, dice Gema Fernández. “Todavía conservamos el mito de que una persona puede ser un maltratador y un buen padre, y consideramos que el derecho de un padre a estar con su hijo (o hija) es sacrosanto. Además, no se toman suficientemente en cuenta las opiniones de los hijos. Estos estereotipos influyen en la decisión de los jueces a la hora de suspender el régimen de visitas a los maltratadores y por eso se suspenden tan poco”.

En sus recomendaciones, la ONU pidió que el Estado español tomase medidas adecuadas para que los antecedentes de violencia fueran tenidos en cuenta en el momento de otorgar derechos de custodia y de visitas. Sin embargo, el Gobierno ha hecho todo lo contrario, afirma Women’s Link. En su comunicado a las Naciones Unidas, esta organización afirma que las medidas adoptadas por el Estado no son suficientes para proteger a las mujeres y a sus hijos.

“No hay ninguna legislación en este momento que cambie este régimen de visitas. De hecho, algunas de las leyes que el Gobierno quiere desarrollar se posicionan totalmente en contra de los consejos del Comité”, dice Fernández. La abogada se refiere al Anteproyecto de Ley de corresponsabilidad parental, un proyecto que según denuncia Women’s Link está en contra de las solicitudes que hizo la ONU “al permitir que se autoricen visitas a maltratadores condenados por violencia de género cuando la autoridad judicial lo considere conveniente para el niño o la niña”.

El Comité de Naciones Unidas también solicitó que el Estado español proporcione formación obligatoria al poder judicial y al personal administrativo para luchar contra los estereotipos de género. Women’s Link afirma en su informe “que el Estado no aporta información sobre cómo va a proporcionar formación obligatoria a jueces y juezas y al personal administrativo”, y que en la formación proporcionada por el estado en su nota no aborda los estereotipos de género. La organización de derechos humanos añade que ahora mismo la formación a jueces y a personal administrativo no es obligatoria ni continua, no se encuentra sujeta a evaluación, cuenta con muy pocas horas lectivas y se brinda a un número muy reducido del personal de la judicatura.

Estado Al Comité CEDAW-Caso Ángela González

En un escrito publicado este marzo, Ángela González escribe: “Los asesinatos por violencia de género siguen siendo invisibles, se olvidan rápido”. Su abogada de Women’s Link afirma que el Estado no informó ni a Ángela ni a Women’s Link sobre las medidas que dice haber adoptado para cumplir las solicitudes de la ONU.

Este lunes 27 de julio Women’s Link recibió del Ministerio de Justicia la desestimación de un recurso extraordinario de revisión interpuesto por las abogadas de Women’s Link. El Ministerio argumenta que no otorgarán ninguna indemnización ni reparación económica a Ángela ya que los Dictámenes de los Comités de Naciones Unidas no son vinculantes para el Estado español.

“Para Ángela no sólo está en juego la indemnización que el estado se niega a darle”, dice su abogada. “También quiere que cambie la legislación vigente sobre las visitas a sus hijos por parte de maltratadores. Esto va más allá de la reparación que pide al Estado. Es muy importante para Ángela que lo que ella ha sufrido no lo vuelva a sufrir nadie más”.

Ángela y Women’s Link han interpuesto nuevos procedimientos para reclamar la reparación e indemnización que recomienda el Comité de la ONU. “Estamos reclamando la responsabilidad patrimonial al Estado”, dice la abogada de Ángela. “Pediremos al Comité que haga un seguimiento hasta que el Estado cumpla”.

“Llevo 12 años pidiendo justicia”, escribió Ángela tras conocer la respuesta de España a las Naciones Unidas. “Yo también tengo dignidad, sólo espero que me la devuelvan”.

El Tribunal Supremo acuerda tramitar una demanda que cuestiona a su presidente

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La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha acordado admitir a trámite la demanda presentada por cuatro vocales del Consejo General del Poder Judicial contra la decisión, promovida por el presidente, Carlos Lesmes (en la foto), de no renovar la Comisión Permanente, el núcleo de poder del CGPJ.

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El Tribunal Supremo tramitará una demanda que afecta a su presidente, Carlos Lesmes, como máximo responsable del Consejo General del Poder Judicial, el órgano de gobierno de los jueces. Después de cuatro meses de debate, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha tomado la insólita decisión de admitir a trámite el recurso promovido por cuatro vocales del CGPJ contra el acuerdo de no renovar la Comisión Permanente.

Este órgano se ha convertido en el núcleo de poder del Consejo tras la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial realizada por el PP en junio de 2013. Presidida por Lesmes, sólo cinco de los 20 vocales forman parte de la Comisión Permanente, que ha sumado a sus tradicionales competencias ejecutivas la función de la desaparecida Comisión de Calificación (proponer los nombramientos para cargos judiciales), además de supervisar la actividad de la Inspección y del promotor de la acción disciplinaria (el instructor de los expedientes contra los jueces).

Únicamente esos cinco vocales -que en un futuro próximo serán siete, tras otra reforma que acaba de ser aprobada- tienen dedicación exclusiva en el CGPJ. Los demás simultanean el cargo en el Consejo con su profesión jurídica o judicial, lo que les impide no ya participar sino incluso estar al corriente de la actividad cotidiana de la institución.

La Comisión Permanente diseñada por Lesmes en enero de 2014, recién constituido el nuevo CGPJ, fue renovada tal cual hace seis meses con el solo cambio de Nuria Abad (propuesta por el PP) por Mercé Pigem (CiU). Esta última dimitió tras ser ser sorprendida en noviembre de 2014 por la Guardia Civil entrando en España desde Andorra con 20.100 euros en efectivo. El resto de los elegidos son dos consejeros propuestos por el PP, Juan Manuel Fernández y Gerardo Martínez Tristán, y otros dos por el PSOE, Mar Cabrejas y Álvaro Cuesta.

La propuesta de Lesmes de mantener durante 2015 la misma composición de la Permanente fue la única que se votó en el Pleno del Consejo el pasado 29 de enero y resultó aprobada por 14 votos frente a 7. Cuatro de las vocales discrepantes -Roser Bach, María Victoria Cinto, Clara Martínez de Careaga y Concepción Sáez, propuestas por el PSOE e IU- interpusieron en marzo ante el Tribunal Supremo una demanda, con una posterior ampliación, en la que impugnaban la decisión por defectos formales y por haberse incumplido, a su parecer, la previsión legal que literalmente establece que “se procurará la rotación anual del resto de los vocales en la composición anual de la Comisión Permanente”.

Dudas de legitimación

En una resolución ya firmada de la que ha sido ponente el magistrado Manuel Garzón, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha considerado que la ampliación de la demanda, referida a los defectos formales de la decisión del Consejo, fue presentada fuera de plazo. Pero ha aceptado revisar el acuerdo de no renovar la Comisión Permanente, dejando para el momento de la sentencia los problemas de legitimación de las vocales para impugnar un acuerdo emitido por el órgano del que forman parte.

Fuentes del tribunal indicaron que las dudas de legitimación que plantea el caso han cedido a favor de la tutela judicial porque la decisión del CGPJ de no cambiar la Comisión Permanente afecta a la esfera de derechos e intereses de las consejeras demandantes, incluidas sus retribuciones.

La decisión de la Sección Primera ha coincidido con el proceso de elección del nuevo presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, cargo para el que ha sido nombrado, con notable controversia, el magistrado Luis María Díez-Picazo. Su antecesor, José Manuel Sieira, y otro aspirante al puesto, Jorge Rodríguez-Zapata, han formado parte del tribunal que ha admitido a trámite la demanda que cuestiona la actuación de Lesmes en el CGPJ. Sieira y Rodríguez-Zapata, no obstante, no tenían la llave de una Sección formada por seis magistrados y que ha resuelto sin formulación de votos discrepantes.

 

 

21.000 voces contra la ‘politización’ y la falta de medios de la Justicia en España

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La Agrupación de Jóvenes Abogados, integrada en el Colegio de Abogados de Madrid y que engloba a 21.000 letrados, presentará este miércoles a la comisión de peticiones del Parlamento Europeo un informe sobre la situación de la Justicia en España. En él denuncia la “intromisión del Ejecutivo en la Judicatura” a través del control de la elección del Consejo General del Poder Judicial, encargado de los nombramientos de los jueces.

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La Agrupación de Jóvenes Abogados (AJA) de Madrid busca que el Parlamento Europeo “tome conocimiento” de la situación de la Justicia en España, caracterizada, a su parecer, por la “intromisión flagrante” del Ejecutivo y por una “carencia de medios estructurales” que ralentiza la labor de los jueces y “atenta contra las garantías fundamentales de los ciudadanos”.

Así consta en el escrito que la organización ha preparado para la comisión de peticiones del Parlamento Europeo y que será registrado en Bruselas dentro de 48 horas. El presidente de AJA, Juan Gonzalo Ospina, espera que la comisión admita a trámite la queja -“representamos a 21.000 abogados colegiados”, enfatiza- y convoque una audiencia que le permita dirigirse personalmente a los eurodiputados.

Cualquier ciudadano de la Unión Europea puede enviar una petición al Parlamento Europeo, de forma individual o en asociación con otros, sobre un asunto relacionado con los ámbitos de actividad de la UE. Puede tratarse de una solicitud particular, una queja, una observación relativa a la aplicación del Derecho comunitario o un llamamiento para que el Parlamento Europeo tome posición sobre una cuestión concreta. Según figura en la página web de la institución, estas peticiones dan al Parlamento Europeo “la oportunidad de llamar la atención sobre cualquier violación de los derechos de los ciudadanos europeos cometida por un Estado miembro, una autoridad local u otra institución”.

Nombramientos judiciales

Lo que AJA pretende es que el Parlamento Europeo “urja” al Gobierno español a revisar la Ley Orgánica del Poder Judicial y, en particular, el sistema de nombramiento de los cargos discrecionales: magistrados del Tribunal Supremo y presidentes del Tribunales Superiores y Audiencias, las “piezas clave en la arquitectura jurisdiccional del Estado español”.

“Se encuentra muy difundida entre la sociedad española la sospecha de que tales puestos se cubren atendiendo a criterios ajenos al mérito jurídico y muy vinculados a ‘consideraciones espurias’ como la ‘empatía personal’, la ‘afinidad ideológica’ o la ‘adscripción asociativa'”, señala.

A su juicio, el problema radica en que el Consejo General del Poder Judicial, que es el órgano encargado de efectuar esos nombramientos, se compone de vocales “elegidos por los grupos políticos”. “Es cierto que los magistrados no son elegidos directamente por los políticos, pero es innegable que existe una profunda y perniciosa influencia de éstos en los nombramientos”, sostiene.

La solución “definitiva” pasa “obligatoriamente” por una reforma legal que “desvincule el gobierno judicial del poder político”. Y ello “requiere simplemente que los miembros del CGPJ sean elegidos democráticamente por y entre los propios jueces”, esto es, que “se vuelva” a la interpretación inicial del artículo 122.3 de la Constitución española (“El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un período de cinco años. De éstos, doce entre jueces y magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica; cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados, y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros, entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión”).

Los 12 vocales del CGPJ de origen judicial fueron elegidos por y entre los propios jueces en 1980, cuando se constituyó el órgano de gobierno de la Judicatura. El PSOE modificó la ley en 1985 y entregó al Parlamento la designación de todos los consejeros. Aunque el PP prometió en su último programa electoral reinstaurar la fórmula de 1980, en realidad ha consolidado la elección parlamentaria de los miembros del Consejo.

Es preciso “impedir todo cuanto favorezca la designación de amigos políticos en la Judicatura”, afirma AJA, que considera que debe pensarse en fórmulas novedosas que garanticen que los cargos discrecionales de la Administración de Justicia sean designados “exclusivamente por mérito y capacidad”. Junto a una revalorización del criterio objetivo de antigüedad en la carrera judicial, el escrito propone otros mecanismos consultados con la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial. Entre ellos figura la preselección de candidatos mediante votación (“un juez, un voto”) en el ámbito territorial del cargo al que se opte.

Lentitud e impunidad

Para AJA, otro de los “grandes problemas” de la Justicia española es su “traumática lentitud”, con la “consecuente pérdida de eficacia de la doctrina juriprudencial que, cuando llega, en ocasiones llega tarde, asentando criterios interpretativos de realidades ya inexistentes o diferentes. Todo ello alimenta la inseguridad jurídica y el desconcierto de los ciudadanos, espanta a los inversores y relativiza el fundamento del Estado de Derecho”.

En el caso de la jurisdicción penal, la demora “genera una preocupante alarma social y un cierto sentimiento de impunidad, por cuanto una condena tardía, unida igualmente a un resarcimiento de la víctima (o de la entera sociedad en asuntos de corrupción) en los términos que corresponda, que se produce varios años después de cometido el ilícito refleja un absoluto desinterés del Estado para con sus ciudadanos”.

AJA cree que las principales causas de esta “lamentable imagen” que ofrece la Justicia en España son la carencia de medios, la irregular distribución de las cargas de trabajo por un ineficiente reparto de los asuntos judiciales, la falta de jueces y la necesidad de nuevos juzgados y tribunales que puedan atender las demandas de los ciudadanos.

Junto a ello, el escrito denuncia que se producen “constantes vuelcos al ordenamiento jurídico, inspirados por pactos políticos cuando no por el partido mayoritario en turno, que provocan inflación legislativa, de cuestionable calidad técnica y con un espíritu más atento a intereses coyunturales que a los requerimientos de orden, igualdad y seguridad jurídica del Estado de Derecho”.

“Tal desbocamiento legislativo”, afirma, “afecta irremediablemente a nuestros jueces, que (…) aplican e interpretan cada vez normas diferentes, lo que provoca una progresiva disminución de la eficacia de la jurisprudencia cuyos criterios tardíos, pocas veces uniformes y sostenidos en el tiempo, vienen a solucionar una problemática ya solventada o sustituida por otra de índole distinta”.

Inspección histórica a la cúpula del Poder Judicial

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El presidente del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ha decidido llevar a cabo una histórica inspección de las cinco Salas del Tribunal Supremo que comenzará por la jurisdicción de lo militar el 25 de mayo y terminará el 2 de octubre en la Sala Civil. Nadie recuerda nada igual en sus casi 200 años de historia. 

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Carlos Lesmes en un acto del CGPJ en junio de 2014. Foto: PoderJudicial.es

El presidente del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ha decidido llevar a cabo una inspección de las cinco Salas del Tribunal Supremo que comenzará por la jurisdicción de lo militar el 25 de mayo y terminará el 2 de octubre en la Sala Civil.

“Tenemos que disponer de una radiografía completa del Supremo, saber dónde están los puntos negros y ver en qué situación estamos para afrontar las reformas legislativas que se avecinan”, indican fuentes del Alto Tribunal, donde no todos han recibido positivamente la noticia.

Nadie recuerda una inspección del órgano jurisdiccional superior en sus casi 200 años de existencia a pesar de que la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985 encomendó al presidente “la inspección ordinaria y vigilancia del funcionamiento de las Salas y Secciones” del tribunal. Ninguno de los antecesores de Carlos Lesmes desde la aprobación de esa norma -Hernández Gil, Pascual Sala, Javier Delgado, Francisco Hernando, Carlos Dívar y Gonzalo Moliner- estrenó el precepto, que ha permanecido inédito durante 30 años.

Sin referirse de manera expresa al Supremo, la ley del Poder Judicial de 1870 ya establecía que el presidente de este tribunal y los de las Audiencias “podrán ordenar visitas de inspección”. El Tribunal Supremo tenía entonces 28 magistrados que ganaban 14.000 pesetas anuales. Hoy son 85 los integrantes de la élite judicial, con un sueldo medio de 107.000 euros brutos.

Algunos magistrados consideran que la fiscalización ordenada por Lesmes revela “desconfianza” hacia los miembros del tribunal pese al alto nivel de trabajo que afrontan y a la ausencia de escándalos y conflictos de envergadura. Otros recuerdan que, si existiera alguna deficiencia o irregularidad, la responsabilidad de haberla permitido también recaería sobre Lesmes como presidente de la institución.

No hay decisión sobre Sieira

Un sector minoritario del Supremo estima que la inspección tiene motivaciones que van más allá de la intención de conocer el estado real del tribunal. Creen que se trata de buscar argumentos para no reelegir como presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo al progresista José Manuel Sieira, que concluye su mandato en el próximo mes de julio. O que Lesmes pretende mostrar su autoridad a la Sala Penal, cuyos magistrados se negaron en redondo en marzo a ser interrogados sobre la filtración a la prensa de la decisión de devolver a la cárcel al etarra Alberto Plazaola. El terrorista se dio a la fuga y aún no ha sido detenido.

Sin embargo, la decisión de realizar una auditoría completa de las Salas fue comunicada por Lesmes a su equipo mucho antes del caso Plazaola, por lo que la tesis de la exhibición de autoridad no tiene fundamento. El propio presidente de la Sala Penal, Manuel Marchena, descarta por completo esa interpretación y afirma que su relación con Lesmes es muy buena.

En el entorno del presidente se asegura que “no hay ninguna decisión tomada” sobre la renovación de Sieira como presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, la más compleja del tribunal desde el punto de vista organizativo por la amplitud -y magnitud económica- de las materias que aborda (tributos, urbanismo, responsabilidad patrimonial del Estado, entre otras).

Sieira ha diseñado e impulsado el exitoso plan de actualización de la Sala que ha logrado reducir la bolsa de asuntos en espera de sentencia y desatascar la admisión de recursos. No existen precedentes de que no se haya reelegido a un presidente de Sala del Supremo que sólo ha agotado el primer mandato. A ello se une que la jubilación de José Manuel Sieira se producirá dentro de un año y medio, por lo que Lesmes tendría también la oportunidad de decidir sobre el sucesor de Sieira si éste es renovado en el cargo ahora. Estrechos colaboradores del presidente del Supremo aseguran que “no ignora” estos factores e insisten en que no hay nada resuelto.

Magistrados molestos

Fuentes próximas al presidente desvinculan la cuestión de la renovación de Sieira de la inspección, que además no sólo afecta a la Sala de lo Contencioso-Administrativo sino también a las otras cuatro jurisdicciones, al Gabinete Técnico y a las Salas especiales, entre ellas la ‘Sala del 61’. A esta última se la conoce por ser la que ilegalizó los partidos vinculados a ETA aunque se encarga de otras cuestiones relevantes como los errores judiciales, los recursos de revisión o la exigencia de responsabilidad civil y penal a las Salas del Supremo. La Sala la preside el propio Lesmes, por lo que la auditoría le incluye también a él de forma directa.

El presidente del Poder Judicial ha recibido a varios magistrados molestos con la fiscalización para explicarles por qué es necesaria. También lo ha justificado ante la Sala de Gobierno del Supremo, que en su última reunión acogió la iniciativa de forma “totalmente pacífica” y sin objeción alguna, según señalaron varios de los asistentes.

Según el acta, “el presidente informa de que (…) va a proceder a realizar la inspección en las Salas ordinarias, así como en las Salas especiales y en el Gabinete Técnico, al objeto de tener conocimiento extenso y preciso de la situación en la que se encuentra actualmente el tribunal, a la vista de la existencia de diversas reformas normativas en curso, como las relativas al recurso de casación y a la regulación del Gabinete, que van a afectar a la organización y al funcionamiento del Alto Tribunal”.

Más trabajo

El Supremo se va a ver afectado en los próximos meses por una modificación de los recursos de casación civil y contencioso-administrativos. Es inminente la aprobación de la segunda instancia penal y se va a instaurar un nuevo modelo de Gabinete Técnico. Además, se ha detectado un notable incremento de los asuntos pendientes en la Sala Civil no justificado por un aumento similar en la llegada de recursos. La Sala de lo Social está asumiendo un mayor volumen de trabajo como consecuencia de la refoma laboral.

“Hay que tener una radiografía completa”, afirman colaboradores de Lesmes. “Necesitamos saber cuántos asuntos hay pendientes en las Salas, desde cuándo lo están, en qué fases se producen los retrasos y cuál es el tiempo de respuesta. Tampoco se ha hecho nunca una evaluación de qué hacen los letrados del Gabinete, cuánto tiempo dedican a la admisión de recursos o a la elaboración de borradores”.

“La inspección se debe a razones objetivas y de servicio. Lo anómalo es que no se haya hecho nunca”, añaden.

Para el presidente de una de las Salas, la fiscalización va a tener efectos positivos: “Siempre que a uno lo inspeccionan se pone un poco nervioso. Pero a lo mejor con este motivo nos ponemos todos las pilas y aireamos armarios y cajones. Será bueno”.

La lucha de los españoles
y de EL ESPAÑOL por la Justicia

Pido a los clementes dioses que me concedan serenidad al juicio y claridad al entendimiento en el trance de comenzar a escribir en EL ESPAÑOL.

«Por eminentes que sean las cualidades
intelectuales 
de un pueblo, si la fuerza moral,
la energía, la perseverancia le faltan,
en ese pueblo jamás podrá prosperar el Derecho»
(Rudolf Ihering. El espíritu del Derecho Romano)

 

Pido a los clementes dioses que me concedan serenidad al juicio y claridad al entendimiento en el trance de comenzar a escribir en EL ESPAÑOL, este nuevo proyecto periodístico de Pedro J. con quien mantengo una leal y reconfortante amistad y al que agradezco la hospitalidad de admitirme en su posada. Lo único que anhelo es no fracasar en el empeño y dar la talla, la que fuere, pues de nada sirve fingir lo que no se es.

Titulo esta columna con el rótulo que he creído más conveniente de los que se me han ocurrido. Tengo para mí que los juicios jamás han de ser temerarios y sí razonables e inteligibles para los demás. A lo único que aspiro es a ser imparcial cronista del zurrado mundo de la justicia y advierto a quien me leyere que mis pensamientos no serán oráculo de nada, ni tampoco dogmas infalibles. De solemnes palabras de cartón está empedrado el reino de los infiernos y no he de ser yo quien ponga un adoquín más en la hoguera. Queda, pues, anunciado el propósito.

Uno de españoles más preocupados por España, su esencia y su meollo, tiene escrito, en páginas muy certeras, esta frase digna de llamarse sentencia definitiva y firme: “En la vida histórica, todo periodo de auge se distingue por una vigorización de la Justicia y por lo contrario en épocas de decaimiento”.

Con este texto de Menéndez Pidal, entresacado del Tomo I de su Historia de España y de sus implícitas enseñanzas quiero partir para llegar a la conclusión de que la Justicia más que asunto de Estado, es una cuestión de supervivencia del Estado. Por tanto;

ES NECESARIO que los españoles clamen por la Justicia que la Constitución propugna como valor superior del ordenamiento jurídico y se administra por jueces independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley.

ES NECESARIO que los españoles recuerden a sus políticos que el Poder Judicial es un poder del Estado, no un poder de los partidos, gobiernen o no gobiernen. Si lo que se quiere es una justicia auténticamente independiente, hay que alejarla de las siglas políticas y de sus sedes. Nunca como en los últimos tiempos la justicia fue entendida en clave tan ideológica. El Poder Judicial no puede seguir siendo tributario de otros poderes. Es hora ya de que dependa de sí mismo.

ES NECESARIO un Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cercano a los jueces, que los represente y que defienda la independencia judicial. Es urgente poner fin a los cambalaches en el nombramiento de los vocales del CGPJ y que colocan a la institución en el estado de sospecha permanente de ser un títere de feria al servicio del poder político. Desde su constitución en 1980 hasta nuestros días, el CGPJ no ha pasado de la más grotesca de las representaciones y sus vocales, salvo dignas excepciones, han sido marionetas movidas por los mandamases de turno.

Ya lo apuntaba Montesquieu: “Los litigios deben resolverse en plazos razonables, pues de otro modo lo que es un pleito se convierte en un drama personal o tragedia familiar“.

ES NECESARIO cuidar el sistema de nombramientos judiciales discrecionales. El CGPJ debe situar en lo más alto a los mejores jueces en sabiduría y buen hacer profesional, que son más de lo que algunos piensan.

ES NECESARIO desterrar al personaje del “juez político”. Tan absurdo como que los políticos se constituyan en tribunales y se metan a juzgar, es que los jueces se congreguen en hermandades para hacer política. No a los jueces que desvirtúan su misión al invadir lindes ajenas y sí a los jueces emancipados de toda autoridad e influencia exterior y hasta de sus íntimas convicciones. En el mundo del Derecho, más que de sombras se habla de apariencias y el juez ha de evitar cualquier temor de falta de neutralidad.

ES NECESARIO acabar con la triste figura del fiscal uncido al carro del político, empezando por nombrar fiscal general del Estado, que no del Gobierno, a una persona recta e independiente que a nadie tema ni nada espere. Cuando un fiscal se siente depositario de los intereses de un partido político, el Ministerio Público cae en el servilismo, vicio más abyecto aún que el partidismo.

ES NECESARIO poner fin a la exasperante lentitud de las ruedas de nuestra administración de Justicia. Ya lo apuntaba Montesquieu: “Los litigios deben resolverse en plazos razonables, pues de otro modo lo que es un pleito se convierte en un drama personal o tragedia familiar”. El artículo 24.2 de la Constitución proclama el “derecho a un proceso sin dilaciones indebidas” y una Justicia a destiempo es una forma de denegación de Justicia. El reloj de la Justicia no puede seguir siendo un reloj lánguido. De no rejuvenecer, dentro de muy poco será incapaz de arrastrar su maquinaria.

POR LA JUSTICIA con mayúsculas y en singular y contra las falsas plurales justicias del macabro espiritismo que trata de confundirnos, los españoles y EL ESPAÑOL han de luchar y conseguir que el poder judicial estreche lazos con la sociedad a la que se debe. Quien no sienta lo que la Justicia significa para un país, no merece la pena ayudarle. Para él no cabe otras palabras que las de Kant: “El que se hace gusano no puede quejarse después de que ha sido pisoteado”.

El Manifiesto del Ateneo

“Nosotros somos nuestra patria”: el texto que establece las bases de lo que será la línea editorial de EL ESPAÑOL.

Vuelvo al Ateneo ya como socio de la “docta casa”. Si Azaña habló en su famoso discurso de 1930 de las tres generaciones del Ateneo refiriéndose a la de los Alcalá Galiano y Martínez de la Rosa, a la de los Castelar y Juan Valera y a la suya propia, con Ortega y Unamuno entre sus puntales, pronto podemos identificar a otras tres generaciones y yo me sentiré muy honrado de haberme incorporado a la sexta.

Conste mi agradecimiento a estos tres grandes columnistas que me han acompañado hoy. Por lo que han dicho aquí pero sobre todo por lo que han dejado escrito a lo largo de los años. Gistau, Jabois y Ussía encarnan la mejor tradición del periodismo literario español: la de la excelencia en la escritura. En sus textos reverbera la prosa de Azorín y de Ruano, de Bonafoux y Fernández Flórez, de Camba y de Umbral… He tenido la suerte de haber contado en El Mundo con Gistau y Jabois -dos centauros del desierto con cabeza de literato, cascos de reportero y corazón indomable- y la desdicha de no haberlo conseguido con Ussía, pero a cambio me ha elegido para presentar su nueva entrega de la saga de Sotoancho. El lunes habrá pues partido de vuelta en el Palace.

Umbral prologó el primer volumen de mi antología de Cartas del Director publicado en 2005 cuando se cumplieron 25 desde mi nombramiento al frente de Diario 16. Este segundo volumen recoge textos publicados durante nueve años más hasta mi destitución como director de El Mundo en enero de este año. La selección atañe pues a los años de Zapatero y Rajoy en la Moncloa aunque no los abarque por completo.

Si se titula Contra Unos y Otros no es tan sólo porque mi obra refleje la función adversativa consustancial al periodismo; no es tan sólo porque yo siempre me haya sentido, al modo de Montaigne, “gibelino entre los güelfos y güelfo entre los gibelinos”; no es tan sólo porque el perro guardián tenga que ejercer su labor de vigilancia, gobierne quien gobierne.

No, si se titula Contra Unos y Otros es porque durante este concreto periodo de tiempo, como le escribía Larra a su director Andrés Borrego el año anterior a su suicidio, “constantemente he formado en las filas de la oposición. No habiendo un solo ministerio que haya acertado con nuestro remedio, me he creído obligado a decírselo así claramente a todos”.

Es cierto que si nos atenemos a la reacción personal de Zapatero y Rajoy frente a esas críticas, me ha tocado vivir una gran paradoja.

Un líder de izquierdas, al que no respaldé casi nunca y al que critiqué con gran dureza casi siempre, dio un ejemplo de tolerancia y fair play, aceptando las reconvenciones más severas como parte de la normalidad democrática, manteniendo conmigo una buena relación personal, rayana a veces en la intimidad, a sabiendas de que siempre me tendría enfrente en asuntos clave.

En cambio un líder de centro-derecha, para el que pedí tres veces el voto y al que acogí con claras muestras de apoyo, rompió todos los puentes, que él mismo había tendido con interesado ahínco durante su larga travesía del desierto, en cuanto llegó al poder y recibió mis primeras críticas; y se lanzó ferozmente a mi yugular, en cuanto vio comprometida su supervivencia política por sus SMS de apoyo a Bárcenas, publicados en la portada del periódico. De hecho fue él y no yo quien quedó retratado para siempre cuando me coceó en aquel bochornoso pleno del 1 de agosto de 2013.

Pero que mi relación personal con Zapatero fuera excelente y con Rajoy haya devenido de mal en peor, hasta simas sólo habitadas hasta ahora por el señor X, no es algo que concierna demasiado a los ciudadanos, ni siquiera a mis lectores, pues este volumen es la prueba de que a la hora de escribir lo que cuentan son los hechos de quien gobierna y no si intenta matarte a besos o a base de puñaladas traperas.

Durante esta última década de la vida de España he estado Contra Unos y Otros -he sido muy crítico con los gobiernos del PSOE y con los del PP-, porque ni unos ni otros han mejorado ni la calidad de nuestra democracia ni los fundamentos de nuestra economía. Por el contrario han sido años, siguen siéndolo, de decadencia y retroceso.

No digo que todo lo hayan hecho mal. Zapatero amplió los derechos de las minorías y Rajoy hizo una razonable reforma laboral. Pero en conjunto han creado más problemas de los que han resuelto y han provocado que las esperanzas e ilusiones de una sociedad que comenzó vigorosamente el siglo XXI se hayan trocado en decepciones y frustraciones.

Nunca he disparado al bulto. Todas mis críticas han tenido fundamento y han sido expuestas razonadamente.

He estado Contra Unos y Otros porque ni los unos ni los otros han sido capaces de impulsar la economía, crear empleo digno de tal nombre y ofrecer oportunidades en España a la gran mayoría de los jóvenes.

He estado Contra Unos y Otros porque ni los unos ni los otros han reformado la administración, renunciado a ningún privilegio y recortado el gasto público lo suficiente como para permitir respirar y desarrollarse a las pequeñas y medianas empresas, a los autónomos, al sector privado, a los profesionales, a las clases medias en suma.

He estado Contra Unos y Otros porque unos y otros han preferido hacer el ajuste crujiendo a impuestos a los españoles de hoy e hipotecando el futuro de los españoles de mañana con sus déficits desmesurados, con su vertiginoso y temerario endeudamiento público.

He estado Contra Unos y Otros porque unos y otros se han plegado a los intereses de ese autonombrado Gobierno en la sombra que bajo la denominación de Consejo de la Competitividad ha sustituido a los oscuros poderes fácticos del pasado y ejerce como inquietante grupo de presión para decidir el futuro de la política, de la economía y de los medios de comunicación.

He estado Contra Unos y Otros porque ni los unos ni los otros han tratado con la dignidad que merecían a las víctimas del terrorismo etarra, asumiendo sin pestañear e incluso fomentando la excarcelación de los más infames asesinos y la legalización de la rama política de la propia banda terrorista sin que mediara antes ni su disolución, ni la entrega de las armas, ni el arrepentimiento, ni la petición de perdón, ni nada de nada.

He estado Contra Unos y Otros porque ni los unos ni los otros, han movido un dedo, se han molestado un ápice, han puesto absolutamente nada de su parte para impulsar el esclarecimiento de todas las lagunas, incógnitas, errores fácticos y falsedades moleculares que contiene la sentencia del 11-M, la mayor masacre terrorista cometida nunca en España, el acontecimiento que interrumpió nuestro auge y extravió nuestro rumbo.

He estado Contra Unos y Otros porque unos y otros han incubado, fomentado y protegido la corrupción en su seno, permitiendo por un lado que decenas y decenas, centenares y centenares de políticos en ejercicio se convirtieran en bandoleros y beneficiándose simultáneamente de mecanismos de financiación ilegal que han adulterado una y otra vez el juego democrático. Albarda sobre albarda, oprobio sobre oprobio. Cuantos se beneficiaron en las urnas de ese latrocinio organizado y esas trampas sistematizadas no deberían tener la desvergüenza de volver a comparecer ante ellas.

He estado Contra Unos y Otros porque unos y otros han destruido la independencia del Poder Judicial, interviniendo en los nombramientos o sanciones de los jueces a través de sus comisarios políticos en el CGPJ, destruyendo el principio del juez natural, blindándose desde su condición de aforados frente a las investigaciones por corrupción, manipulando incluso las comisiones de servicio de los jueces para quitarse de encima un instructor incómodo.

He estado Contra Unos y Otros porque ni los unos ni los otros han sido capaces de responder con la inteligencia y contundencia política necesaria al desafío separatista, impulsado desde una institución del Estado como la Generalitat de Cataluña. Una institución del Estado que ha puesto medios y recursos públicos al servicio de la destrucción de España ante la apatía, abulia e incluso complicidad del poder central.

Y sobre todo, y en consecuencia, he estado Contra Unos y Otros porque ni los unos ni los otros han sido capaces de ofrecer a los españoles ese “sugestivo proyecto de vida en común” que demandaba Ortega y que hoy necesitamos perentoriamente como cauce y estímulo de nuestro “patriotismo constitucional”.

Vivimos tiempos excepcionales. Todos estos ingredientes conforman una situación crítica para la Nación que deberá canalizarse a través del proceso democrático. En 2015 habrá elecciones municipales y autonómicas, tal vez elecciones catalanas anticipadas y finalmente elecciones generales.

De cara a este año decisivo conviene no confundir los síntomas con la esencia del problema. El auge del otrora larvado separatismo catalán es un síntoma, pero el problema es España. La irrupción de una fuerza política como Podemos que está poniendo en jaque aspectos clave de nuestro modelo de sociedad es un síntoma, pero el problema es España. El problema vuelve a ser España o más concretamente la falta de una política capaz de proporcionar estabilidad y prosperidad a la Nación, capaz de aglutinar y movilizar a los españoles entorno a los valores democráticos, capaz de asentarlos en su “morada vital” que diría Américo Castro, capaz de rentabilizar su “herencia temperamental” que replicaría Sánchez Albornoz.

Fue todo un símbolo, todo un mensaje del destino que Adolfo Suárez, el único líder de la transición que devolvió gran parte del poder acumulado por el Estado durante la dictadura a la sociedad, falleciera el mismo 23 de marzo en que se cumplía el centenario del famoso discurso de Ortega en el teatro de la Comedia: Vieja y nueva política.

Hoy como hace cien años España necesita una nueva política que ponga fin a la vieja política que ha noqueado económica y vitalmente a tantos ciudadanos y ha colocado a la propia Nación contra las cuerdas. Y eso plantea tres preguntas candentes: ¿qué hacer?, ¿cómo hacerlo? y ¿para qué hacerlo?

Respecto al qué en mi opinión estamos ante una cuestión transideológica, ante un desafío previo al debate entre izquierdas y derechas, pues se trata de cambiar las reglas del juego para que los ciudadanos, tanto si se sienten socialistas como liberales, recuperen el control sobre sus destinos. Se trata de volver a dotar de contenido a los derechos de participación política que desde el inicio de la Transición han venido siendo usurpados de manera paulatina por las cúpulas de los partidos. Ésa es la devolución que necesitamos y reclamamos a la partitocracia, a la cupulocracia, desde este Ateneo, a ras de calle.

Hay que hablar con toda claridad. Es muy difícil, casi imposible, que la nueva política pueda brotar de las madrigueras en las que siguen atrincheradas las comadrejas de la vieja política. El milagro del arrepentimiento y la redención por las buenas obras siempre es posible. Pero será eso: un milagro, una excepción. La nueva política precisa de nuevos políticos y si fuera necesario de nuevos partidos.

Es muy difícil, casi imposible, que la nueva política pueda brotar de las madrigueras en las que siguen atrincheradas las comadrejas de la vieja política”.

En todo caso éste es el rasero por el debemos medir a quienes concurran a las elecciones: el que esté dispuesto a cambiar la ley electoral, a imponer la democracia interna en los partidos, a devolver la independencia al poder judicial, a renunciar a aforamientos y demás privilegios, a predicar con el ejemplo dando un paso atrás ante la menor sospecha de connivencia con la corrupción, a incluir mecanismos de participación ciudadana en el proceso legislativo, ése representará a la nueva política.

El que con los más diversos pretextos eluda pronunciarse rotundamente ante estas cuestiones decisivas, ese representará a la vieja política.

Insisto en que se trata de una cuestión preliminar al debate ideológico. Quienes nos sentimos liberales podemos entendernos con quienes llevan el intervencionismo en la sangre sobre estas reglas del juego. Si González y Suárez, si hasta Fraga y Carrillo pudieron ponerse de acuerdo hace casi 40 años sobre las reglas del juego, no veo ninguna razón para que Albert Rivera no pueda entenderse con Pablo Iglesias, Santi Abascal con Alberto Garzón o un nuevo dirigente que ponga patas arriba la vieja casa del PP con Pedro Sánchez. Eso es lo que pedimos y exigimos a la nueva política: una devolución de poder a los ciudadanos que autentifique y vivifique el proceso democrático.

La segunda gran cuestión es cómo hacerlo y yo, admirador de Tocqueville, historiador de naufragios y desventuras, sigo pensando que el camino de las reformas es mucho más fiable y garantiza mejor los derechos y libertades de las personas que el de las revoluciones. La cuestión es cuál debe ser el calado legislativo de esas reformas y aquí surge el debate sobre la reforma constitucional. ¿Qué hacer con nuestra Carta Magna una vez que la experiencia ha puesto de relieve tanto los enormes aciertos de sus redactores como algunas de sus muy graves equivocaciones?

No hay que tenerle ningún miedo a ese debate. Puesto que todos los principales partidos, menos uno que parece estar en caída libre, proponen cambios en la Constitución es conveniente que las próximas elecciones generales sirvan de cauce a esa discusión y que la próxima legislatura tenga un cariz constituyente o para ser más exactos reconstituyente, en el sentido de que sirva para insuflar un nuevo vigor a un organismo que pese a todos sus achaques sigue estando vivo. Reformar la Constitución, o si se quiere enmendarla, no significa destruirla sino perfeccionarla.

Al final todo dependerá de la correlación de fuerzas que surja de las urnas y del nivel de consenso que se alcance entre ellas. Lo ideal sería que hubiera más de los preceptivos dos tercios del Congreso que respaldaran cambios constitucionales encaminados a mejorar la calidad de nuestra democracia. Pero ese objetivo también puede conseguirse mediante leyes orgánicas e incluso a través de normas de menor rango. Lo mejor no tiene por qué ser enemigo de lo bueno.

El en otras cosas tan superado y arcaico pero siempre brillante Juan Donoso Cortés tenía razón en 1836 al azotar aquí en el Ateneo tanto a los “escépticos” que consideran que “las reformas son inútiles y lo mejor es ni intentarlas” como a los “puritanos que se proponen curar las llagas de las sociedades moribundas con la virtud de una fórmula, a la manera de los mágicos de las pasadas edades que libraban de los espíritus maléficos a un alma poseída, con la virtud de un conjuro”.

Las reformas políticas, incluida la reforma constitucional, no pueden ser concebidas como un atolondrado fin en sí mismo sino como un instrumento al servicio de unos fines. Por eso la tercera pregunta es la decisiva: ¿Reforma constitucional para qué?

Si alguien me dice que quiere reformar la Constitución -tal y como propuso en 2006 el Consejo de Estado- para blindar las competencias del Estado, cerrar el mapa autonómico y garantizar la lealtad institucional de todos los poderes que emanan de ella, yo estoy a favor de la reforma constitucional.

Si alguien me dice que quiere reformar la Constitución para facilitar el cambio del sistema electoral, para condicionar la financiación pública de los partidos a la elección de sus candidatos por sus afiliados o para blindar al poder judicial frente a las intromisiones de los políticos, o no digamos para garantizar la separación entre el ejecutivo y el legislativo mediante un sistema presidencialista como el norteamericano o el francés, yo no sólo estoy a favor de la reforma constitucional sino que me ofrezco a levantar el pendón de ese banderín de enganche.

Ahora bien si alguien me dice que quiere reformar la Constitución para fragmentar la soberanía nacional y convertir a las comunidades autónomas en imaginarios estados soberanos que acceden a federarse adquiriendo la capacidad de disponer unilateralmente sobre su relación con el Estado para repetir, entre tanto, corregidos y aumentados los disparates de las cajas de ahorros, las televisiones públicas y las embajadas en el extranjero, entonces yo estoy en contra de esa reforma constitucional.

No quiero una reforma constitucional que acomode y de más poder a los territorios, es decir a las corruptas y caciquiles élites políticas que los gobiernan”.

Y no digamos nada si alguien me dice que quiere reformar la Constitución, no ya para reconocer y regular hechos diferenciales como la lengua propia o la insularidad, sino para dotar de mayores derechos políticos a algunos de esos estados federados en función de su capacidad de coacción separatista, sumando al dislate de la fragmentación el de la desigualdad, alegando que de lo que se trata es de “facilitar el encaje” -ésta es la expresión bobalicona de moda- de una parte de España en el resto, como si el Estado fuera el mecano de un aprendiz de brujo… Si es para eso, yo no quiero que se reforme la Constitución. Si es para eso que la Virgencita y las Cortes Generales nos dejen como estamos.

Yo no quiero una reforma constitucional que acomode y de más poder a los territorios, es decir a las corruptas y caciquiles élites políticas que los gobiernan; yo quiero una reforma constitucional que acomode y dé más poder a los ciudadanos.

Hoy por hoy estamos lejos de la acumulación de fuerzas necesaria para alcanzar ese objetivo. La concentración del poder político, económico y mediático ha asfixiado la disidencia en los partidos, ha narcotizado al perro guardián del periodismo y ha entontecido con la esquemática superficialidad del duopolio televisivo a gran parte de la sociedad.

Por eso reitero que es la hora de los Ateneos como foros de debate y de participación cívica. En lugares como éste debe volver a escribirse, como dijera en su día Ruiz Salvador, el “borrador de la Historia de España”.

Y si es la hora de los Ateneos también es la hora de la prensa independiente. “Es imposible que un pueblo que sabe llegue a ser tiranizado”, aseguró en esta misma tribuna el gran líder progresista Joaquín María López.

Los problemas que nos ha creado la tecnología nos los está resolviendo la tecnología. Los gobiernos y sus aliados económicos son capaces de controlar a los medios tradicionales -bautizados por los anglosajones como legacy media, la herencia del pasado- abusando del derrumbe de su modelo de negocio. Pero asisten impotentes al desarrollo del nuevo ágora electrónico, al que cada vez concurren más y mejores proyectos editoriales.

No anticipemos acontecimientos. 2015 será el año más importante de mi carrera periodística. Nunca pensé verme de nuevo en esta tesitura, pero si los dados han rodado así, si éstas son las cartas que me ha deparado la fortuna, ahí estaré desde el 1 de enero, asumiendo por tercera vez el envite, revitalizado por el contacto con mis cada vez más jóvenes compañeros.

Una cosa tengo clara y es que en defensa del derecho a la información de los ciudadanos seguiremos estando contra unos y otros, contra éstos, aquéllos y, por supuesto también contra los de más allá. Todos sabemos que hay quienes se erigen en portaestandartes de la derecha y portaestandartes de la izquierda, quienes se presentan como portavoces de los catalanes y quienes se presentan como portavoces de los andaluces, quienes se erigen en heraldos de la Revolución y quienes explotan el miedo al cambio de los más inmovilistas. ¿Pero quién defiende transversal y desinteresadamente al conjunto de los españoles como votantes, como administrados, como consumidores… como ciudadanos dotados de derechos políticos, económicos y sociales?

Ese es el papel de la prensa plural e independiente. Esa nuestra tarea, nuestra obligación, nuestro desafío. Recordar todos los días a los españoles, mirándoles a la cara desde el ordenador, la tableta o el teléfono móvil, que como bien dijo el presidente de esta casa, y si empecé con Manuel Azaña acabo con Manuel Azaña, “nosotros somos nuestra patria”. Nosotros de uno en uno, pero todos juntos y con conocimiento de causa.

Esa es la España europea y universal en la que creo -sí: europea y universal-, la patria de la inteligencia de la que me siento partícipe, el proyecto común que anhelo contribuir a regenerar… desde la incertidumbre de la libertad.

Muchas gracias a todos. Después de las doce campanadas tendréis noticias mías.


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[Texto de la intervención en el Ateneo de Madrid con motivo de la presentación del libro Contra Unos y Otros. Los años de Zapatero y Rajoy, 2006–2014].