La Fiscalía pide que PP y FAES den datos sobre su relación con los jueces de Gürtel recusados

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La Fiscalía Anticorrupción cree que la recusación de los magistrados Concepción Espejel y Enrique López (en la imagen) como integrantes del tribunal que juzgará el caso Gürtel debe ser admitida a trámite para practicar diligencias que aclaren la “relación singular” que pueden haber tenido con el PP. Entre ellas, cuántas veces han participado en actos de FAES o del partido y si han cobrado por ello.

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Los magistrados Concepción Espejel y Enrique López.

La recusación de los magistrados Espejel y López por las acusaciones populares que actúan en el caso Gürtel -entre ellas, la ejercida por Ángel Luna, del PSOE valenciano- ha encontrado un aliado en el Ministerio Público. La Fiscalía Anticorrupción ha informado a favor de que la recusación sea admitida a trámite y se abra un incidente en el que, entre otras pruebas, la fundación del PP (FAES) y el propio partido tendrían que dar datos sobre su relación con los recusados.

La Fiscalía ha presentado dos informes, uno relativo a Concepción Espejel y otro referido a Enrique López, en los que, sin llegar a afirmar que exista en ellos una tacha de parcialidad, sí sugiere que hay datos de una relación con el PP que, a su parecer, habría que aclarar antes de que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional decida si se mantienen o no como jueces del caso Gürtel.

Miembros de la Sección Segunda de esa Sala, a Espejel y López les ha correspondido por reparto el enjuiciamiento de la primera parte de caso Gürtel, relativa a la actividad que desarrolló la supuesta trama de corrupción vinculada a cargos públicos del PP entre los años 1999 y 2005.

Para la Fiscalía, el hecho de que el Partido Popular vaya a estar sentado en el banquillo como partícipe a título lucrativo -esto es, por haberse beneficiado de las comisiones ilícitas supuestamente percibidas por los cargos implicados, destinadas en parte a campañas electorales- es un dato relevante a tener en cuenta a la hora de valorar las recusaciones.

El Ministerio Público admite que, de acuerdo con la doctrina del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo del Derecho Humanos, la “afinidad ideológica” de un juez con una determinada formación política no es causa de recusación.

También indica que “ciertamente, no aparecen acreditados hasta donde sería exigible en este trámite el interés personal y directo” de los recusados en la causa.

Pero, pese a ello, sostiene que “no puede afirmarse que resulten de todo punto irracionales las dudas albergadas por los recusantes”, en especial en el caso de López.

La Fiscalía afirma que “ha de tomarse en consideración” que entre 2003 y 2010 “se estableció una relación singular” entre FAES, la fundación del PP, y Enrique López, que, además, accedió a propuesta del Partido Popular a dos cargos que ejerció en el pasado: vocal del Consejo General del Poder Judicial y magistrado del Tribunal Constitucional.

El informe no llegar a sostener que el nombramiento para esos cargos determine una falta de imparcialidad -de hacerlo, abriría una vía de consecuencias imprevisibles, puesto que en la propia Audiencia Nacional hay actualmente varios magistrados que han sido vocales del CGPJ a propuesta del PSOE e IU-, pero sí considera relevante el hecho de que cuatro de los acusados en el proceso Gürtel votaron en 2008 a favor de la candidatura de López al Tribunal Constitucional. Se trata de Carlos Clemente, Alfonso Bosch, Benjamín Martín Vasco y Alberto López Viejo, que eran diputados autómicos del PP.

En realidad, la Asamblea de Madrid propuso una candidatura conjunta pactada por PP y PSOE y en la que figuraron López y Fernando Valdés, por lo que ambos recibieron los votos en bloque de ‘populares’ y socialistas.

La declaración de Cospedal

Para la Fiscalía, sin embargo, hay que determinar “si la participación del PP en la elección del magistrado para alguno de los más altos cargos del Poder Judicial y de su carrera profesional desvirtúa el requisito de independencia” y “ha de decidirse si la familiaridad que pueda existir entre el juzgador y alguna de las partes implicadas debida a una conexión ajena al procedimiento cuestiona la imparcialidad de aquel, haciendo objetivamente justificable el temor a su falta de imparcialidad”.

En este sentido, considera que las recusaciones no deben ser rechazadas de plano sino que debe abrirse un trámite para practicar varias de las pruebas instadas por las acusaciones populares. Entre ellas destaca que se requiera a la Fundación para el Análisis y Estudios Sociales (FAES) y al PP para que certifiquen las actividades en las que haya participado López y cuánto ha cobrado por ello.

La Fiscalía se opone, por estimarlo “inútil e impertinente”, a que Dolores de Cospedal tenga que prestar declaración sobre su relación con Espejel. La secretaria general del PP participó en el acto de imposición de la Gran Cruz de San Raimundo de Peñafort a la magistrada, a la que dedicó elogios y de la que dijo que “para todos es Concha y lo va a ser siempre”.

También rechaza que declare el ex parlamentario del PP Federico Trillo, actual embajador en Londres, que salió en defensa de López cuando su primer intento de acceder al TC fue bloqueado por el Senado. Enrique López acabaría siendo promovido al Constitucional por el Gobierno.

La Fiscalía tampoco considera necesario el interrogatorio de los recusados, que, en cualquier caso, tendrán que informar por escrito sobre si aceptan o no como ciertas las causas de recusación alegadas.

Las 19 incógnitas que la comparecencia de Fernández Díaz no despejó

Fernández Díaz

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, se sometió al escutrinio de la Cámara Baja en una comparecencia para rendir cuentas sobre la reunión que mantuvo con el ex vicepresidente Rodrigo Rato el 29 de julio en su despacho oficial. “Era mi deber atenderlo. Se reunió conmigo por su seguridad personal”, repitió durante su larga comparecencia sin ningún arrepentimiento. Dio algunas respuestas, pero son más las incógnitas. 

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, se sometió al escutrinio de la Cámara Baja en una comparecencia para rendir cuentas sobre la reunión que mantuvo con el ex vicepresidente Rodrigo Rato el 29 de julio en su despacho oficial. “Era mi deber atenderlo. Se reunió conmigo por su seguridad personal”, repitió durante su larga comparecencia sin ningún arrepentimiento.

EL ESPAÑOL diseñó este jueves una lista con las preguntas que el máximo mandatario del departamento de Interior debía responder para esclarecer el encuentro y sus implicaciones. Sin embargo, cuatro horas de comparecencia no bastaron para despejar todas las dudas que despertó una reunión que -de creer a Fernández Díaz- el propio presidente del Gobierno descubrió a través de la prensa.

El ministro se limitó a reconocer que Rodrigo Rato se puso en contacto con él entre el 9 y el 20 de julio, que a la reunión en la sede del Ministerio él mismo llegó tarde y que su jefe de gabinete participó, pero sólo al principio. Fue Rato quien solicitó el encuentro, según la versión del ministro, porque “estaba preocupado por la posibilidad de que le retirasen la seguridad” y por las amenazas en forma de tuit que recibieron él y su entorno. Finalmente, el titular de Interior se escudó en que Rato está en peligro para no dar más explicaciones a la ciudadanía.

Balance comparecencia

A continuación figuran las cuestiones que el ministro dejó sin responder. De las 35 planteadas inicialmente, más de la mitad quedaron sin aclarar: 19 en total.

  1. ¿Hay constancia de la llegada de Rato al Ministerio en el registro de entrada?
  2. ¿Alguien del PP sabía que iba a producirse ese encuentro? ¿Quién o quiénes?
  3. ¿Contó el ministro cómo fue la reunión a alguien? ¿A quién?
  4. ¿Ha recibido el ministro en su despacho a otros amigos para abordar sus problemas?
  5. ¿Pidió Rato al ministro que hiciera llegar a la AET o a Cristóbal Montoro su versión sobre el origen de su patrimonio?
  6. ¿Qué consecuencias tuvo el encuentro?
  7. ¿Por qué aseguró el Ministerio en su comunicado que Jorge Fernández Díaz no tiene ninguna relación con la investigación cuando es la Guardia Civil, bajo su mando, la que actúa como policía judicial?
  8. ¿Le comentó Rato si él o su familia habían interpuesto alguna denuncia por las amenazas a su familiar?
  9. ¿Por qué Interior tardó casi tres días en tratar de explicar los hechos si todo estaba tan claro, según la versión del ministro?
  10. ¿Se ha planteado el ministro llevar a cabo alguna actuación judicial contra Rato por asegurar que sí hablaron de su caso?
  11. ¿Tiene Fernández Díaz relación con Luis Bárcenas en la actualidad?
  12. ¿Mandó el ministro del Interior mensajes de apoyo a Luis Bárcenas, tal como ha asegurado el extesorero del PP?
  13. ¿Quién ordenó el dispositivo de vigilancia a Luis Bárcenas y sus familiares antes de que el extesorero entrara en prisión?
  14. ¿Hizo alguna gestión el ministro del Interior para identificar a los autores y responsables de este operativo de vigilancia a Bárcenas?
  15. Si la dimisión del exministro Bermejo estaba motivada por irse de cacería con un imputado, ¿debería el ministro presentar su renuncia?
  16. ¿Ha recibido instrucciones del presidente del Gobierno para contactar en su nombre con imputados por corrupción?
  17. ¿Ha participado en alguna reunión con el presidente del Gobierno para decidir la estrategia del PP sobre los casos de corrupción?
  18. ¿Se han tratado casos de corrupción como Gürtel, Púnica o el caso Bankia en reuniones del Gobierno?
  19. ¿Ha consultado con Soraya Sáenz de Santamaría o su jefa de gabinete la estrategia del Gobierno en relación a casos de corrupción que afectan al PP?

Con información de Antonio Delgado, Patricia López, Pablo Romero y Joaquín Vera.

Además, en EL ESPAÑOL:

Swat: la empresa a la que Indra debía pagar 90.000 euros por Púnica está vinculada a Gürtel

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Swat, una compañía que se coordinó con la trama Gürtel para acceder a contratos públicos sin que salieran a concurso, aparece en la Operación Púnica. El ex consejero delegado de ICM, José Martínez Nicolás, declaró ante el juez que Salvador Victoria le presionó para que Indra abonase 90.000 euros a esta empresa por trabajos que en realidad se hicieron a altos cargos del PP de Madrid. 

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Salvador Victoria, ex ‘número dos’ de la Comunidad de Madrid, junto con el ex presidente Ignacio González.

José Martínez Nicolás, consejero delegado de la Agencia de Comunicación de la Comunidad de Madrid (ICM), fue la persona que describió ante el juez Eloy Velasco las presiones que el ex consejero de Presidencia y Justicia, Salvador Victoria, ejercía para que Indra pagase al menos a tres firmas de la trama Púnica. Una de las empresas, la de Alejandro de Pedro, cobró 20.000 euros en b. Pero el caso estalló y todo apunta a que la tecnológica dejó sin abonar los otros dos recibos que le exigía Victoria: 20.000 euros más para Demométrica, contratada previamente por Sanidad para hacer un escuálido informe con 53 clases de alimentos distintos; y 90.000 euros para Swat SL, una consultora que en el pasado estuvo coordinada con Gürtel para acceder a contratos públicos sin que salieran a concurso.

Miguel Ángel de la Fuente, dueño de Demométrica, contó al juez Velasco que su empresa diseña desde 2012 encuestas de intención de voto para el PP de Madrid. Sin embargo, el encargo nunca procedía de Génova. Era Swat, la compañía que saltó a la opinión pública cuando estalló el caso Gürtel, la que contrataba sus servicios. Según la investigación que abrió el magistrado Antonio Pedreira, esta empresa daba instrucciones detalladas al Ayuntamiento de Majadahonda sobre cómo debían fragmentarse contratos para poder repartir adjudicaciones a dedo sin tener que convocar un concurso público.

Ante el interrogatorio del juez Velasco, De la Fuente confesó en sede judicial que mantuvo contacto con altos dirigentes del Partido Popular de Madrid. “Hablábamos con Francisco Granados, que era el secretario general del partido y, después, tuvimos relación con Borja Sarasola”. El ex consejero de Medio Ambiente, que iba en el puesto número 12 en las listas de Cristina Cifuentes a la Comunidad de Madrid, fue llamado a declarar por el juez el 26 de mayo, solo 48 horas después de que se celebrasen las elecciones que dio la victoria a la popular gracias al apoyo de Ciudadanos y su compromiso a que ningún imputado por corrupción ocuparía un escaño en el Parlamento regional.

La citación estaba convocada para el 15 de junio, pero fue desconvocada días después de que Sarasola fuera elegido diputado y, por tanto, pasara a ser aforado. El propio Sarasola renunció a su escaño voluntariamente a principios de julio, por lo que perdía su condición de aforado. Desde entonces, Velasco no ha solicitado todavía su comparecencia.

El juez quiso saber también si Salvador Victoria intermedió en la confección de las encuestas de intención de voto que Swat encargaba a Demométrica. De la Fuente respondió que tuvo una única reunión con el ex ‘número dos’ de la Comunidad de Madrid, a petición del político. “Me llamó al despacho un día. Quería saber cómo iban los resultados de la encuesta, pero me tuve que callar, porque no tenía por qué saberlo”, confesó en su declaración.

La sombra de la corrupción persigue a esta compañía dirigida por Juan Miguel Madoz desde hace quince años. José Luis Peñas, el ex concejal del PP de Majadahonda que denunció la trama de corrupción liderada por Francisco Correa, remitió unos correos electrónicos al entonces instructor del caso, Antonio Pedreira, en los que se demostraba que entre Swat y la trama había una perfecta coordinación, como describió en su día el diario Público. En los emails, fechados en 2001, uno de los directivos de la empresa indicaba las empresas que debían recibir una determinada adjudicación a la jefa de gabinete del alcalde de Majadahonda, Carmen Rodríguez, mujer de Correa.

El ex consejero delegado de la Agencia Informática y de Comunicaciones, José Martínez Nicolás, confesó ante el juez de la Operación Púnica que en septiembre Indra no había pagado ni un solo euro a ninguna de las tres empresas apuntadas por Salvador Victoria. Un mes antes de que estallara el caso en el que ya se ha imputado a un centenar de personas, el ex consejero de Presidencia le convocó en su despacho para recriminarle el impago de Indra. Días después, Alejandro de Pedro le anunció vía WhatsApp que una parte de la deuda había sido saldada.

Entre la fe, los negocios y la política

cotinodibujo1Desde muy pronto, Juan Cotino sintió tres vocaciones: la religiosa, la política y la empresarial. La primera le llevó a matrimoniarse con el Opus Dei; la segunda, a estrenarse con 29 años como concejal de su pueblo; la tercera, a hacerse cargo de los negocios familiares, que fueron diversificándose a medida que escalaba en política. La certeza de que iba a ser imputado es lo que le llevó, el pasado otoño, a jubilarse como presidente de las Cortes Valencianas. Una jubilación poco decorosa a escasos meses de cumplir 65 años.

Ilustración: Tomás Serrano

Nunca se ha tenido por un político profesional, pese a que en los casi veinticinco últimos años ésa ha sido su principal actividad. Tampoco considera que haya hecho nada irregular, aunque su nombre aparece en varios sumarios de corrupción y ha acabado siendo arrastrado por el caso Gürtel. La certeza de que iba a ser imputado es lo que le llevó a jubilarse prematuramente como presidente de las Cortes Valencianas el otoño pasado, cuando quedaban sólo ocho meses para que se agotara la legislatura y tres para que cumpliera los 65 años. Un broche poco decoroso para una larga carrera política.

Desde muy pronto, Juan Cotino sintió tres vocaciones: la religiosa, la política y la empresarial. La primera le llevó a matrimoniarse con el Opus Dei, del que continúa siendo miembro activo; la segunda, a estrenarse con 29 años como concejal de su pueblo, en representación de la UCD de Adolfo Suárez; la tercera, a hacerse cargo de los negocios familiares, que fueron diversificándose a medida que escalaba en política, y de ellos el que más le sigue atrayendo es la agricultura.

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Ilustración: Tomás Serrano

Cotino jamás ha olvidado sus orígenes huertanos. Es un hombre feliz cuando se sube al tractor y recorre sus campos; otrora de naranjos, hoy de caquis. De ahí le viene un carácter llano y afable que le hace ser percibido como alguien cercano. La vieja casa familiar, su alquería de Xirivella, es su refugio y su orgullo. Es habitual verlo en el porche, ejerciendo de anfitrión, mientras cocina a leña una paella o un arroz caldoso para sus invitados. Esa casa ha sido centro de conciliábulos desde principios de los años 90, y en ella ha apadrinado a algunos de los políticos que han hecho carrera en el PP.

 

Ha sido Cotino la persona más cercana al defenestrado Francisco Camps en los últimos tiempos. Le apoyó, al principio, para que derrotase a los seguidores de Eduardo Zaplana y pudiera tener el control absoluto de la organización. Y al final, tras estallar el caso de los trajes, se volcó para que llegara entero al banquillo. Él mismo lo llevó en coche hasta la puerta del Tribunal en la primera sesión del juicio, con el propósito de insuflarle ánimo y que no se derrumbara. Ese apoyo le legitimó, ante un sector del partido, para gestionar los resortes del poder que hasta entonces había manejado Camps. Premeditado o no, se convirtió así en uno de sus herederos frente a alguien que, como Alberto Fabra, había sido impuesto por la dirección nacional para hacer borrón y cuenta nueva.

Entró de lleno en política en 1991 al ser designado por Rita Barberá concejal de Policía y Servicios Sociales del Ayuntamiento de Valencia. Era la primera vez que una concejalía unificaba las competencias en materia de seguridad y de ayuda a los desfavorecidos, lo cual habla mucho de la personalidad de Cotino: un hombre conservador, amante del orden, y una persona caritativa, benefactora, con una idea probablemente trasnochada de lo que debe ser ayudar a los demás. En su etapa de concejal y también de conseller del Gobierno valenciano se le ha visto al volante de una furgoneta repartiendo alimentos en asilos y comedores sociales regentados por órdenes religiosas.

Jefe de la Policía con tres ministros

Fue él quien implantó en Valencia la “Policía de barrio” con la idea de que los ciudadanos debían de conocer al agente que prestaba servicio en su calle de la misma manera que conocían a su médico de cabecera. Eso, y la amistad fraguada con Jaime Mayor Oreja cuando ambos coincidieron en el Partido Demócrata Popular antes de integrarse en el PP, le abrieron el camino para ser nombrado director general de la Policía por el primer Gobierno de Aznar. Cotino ha manifestado que ese año, 1996, dejó de ocupar cargos en el consejo de administración de la empresa familiar y vendió la mayoría de sus acciones. Del resto, asegura que se deshizo en 2007, cuando fue nombrado conseller de Bienestar Social.

Estuvo seis años en Madrid con tres ministros del Interior: Mayor, Rajoy y Acebes. Él mismo solicitó en varias ocasiones que le dejaran volver a Valencia porque quería cuidar de su madre, enferma. Lo nombraron delegado del Gobierno. El cargo le iba como anillo al dedo, pero la derrota del PP en las generales de 2004 forzó su relevo. Fue entonces cuando Camps lo reclamó para el Gobierno valenciano, donde acabó ocupando sucesivamente las carteras de Agricultura, Bienestar Social y Medio Ambiente. Llegó a ser vicepresidente antes de pasar, ya en 2011, a presidir el Parlamento autonómico; el más desprestigiado de la historia, tras haber albergado a una decena de imputados en sus bancos. La acumulación de poder le dio la oportunidad de repartir cargos entre las personas de su entorno y su mano se adivina tras la confección de varias candidaturas de municipios del área metropolitana de Valencia, el territorio que mejor conoce y domina.

La condición de máximo referente del sector cristiano del PP lo convirtió en una de las piezas de caza favoritas para la izquierda, hubiera o no razón para ello. Pero la oposición era incapaz no ya de acabar con la hegemonía, sino de hacer mella siquiera en un partido que parecía eternizarse en el poder. Seguramente fue esa sensación de impunidad, el sentirse intocables, lo que llevó a algunos a confundir la Administración con una finca particular.

La estrella de Cotino empezó a declinar cuando su nombre apareció salpicando las páginas de varios sumarios judiciales, desde Brugal, a Gürtel, pasando por el caso Bárcenas; la prueba, para la oposición, de que él era el denominador común de la corrupción en la Comunidad Valenciana. Ruz le llamó a declarar como testigo porque su nombre estaba en las notas de Bárcenas. Según el ex tesorero del PP, el 11 de marzo de 2004, día de los atentados islamistas en Madrid, había acudido a la sede del partido en la calle Génova para entregar 200.000 euros en nombre de una empresa administrada por su sobrino. Cotino lo negó tajantemente. Su sobrino Vicente está imputado.

Las residencias de la tercera edad

La denuncia de Esquerra Unida por las adjudicaciones de la Generalitat valenciana a residencias de la tercera edad que gestiona Sedesa, sociedad de la familia de Cotino, llevó a la Fiscalía a abrir una investigación. El político, que no ha sido imputado por ahora, ha defendido su proceder en este asunto. Alega que vendió en su momento las acciones que tenía y que nunca benefició a la empresa.

El último disgusto en el ámbito judicial se lo llevó el pasado mes de abril, cuando la Fiscalía denunció que Bancaja, en la época en la que estaba controlada por el PP, concedió irregularmente créditos por valor de 35 millones de euros a Share Capital, otra sociedad vinculada a su familia, para comprar inmuebles en Europa del Este.

Entre tanto, han ido haciéndose públicas grabaciones incluidas en los sumarios judiciales en las que se traslada una imagen de Cotino como contacto privilegiado para desbloquear o conseguir contrataciones de la Administración. En una de ellas se escucha a Vicente Cotino asegurar con rotundidad a su interlocutor que su tío mediaría a la hora de lograr favores. El propio Cotino ha tenido que salir a defenderse: “He metido la pata en muchas cosas pero nunca he metido la mano”.

Con todo, han sido dos los casos que han martirizado especialmente a Juan Cotino. El primero tiene que ver con el amaño de los contratos para retransmitir la visita que Benedicto XVI hizo a Valencia en 2006. Aunque es cierto que él no tenía competencias ni en la organización del viaje del Pontífice ni en las contrataciones efectuadas al efecto, hay testigos que confirman que participó en las reuniones clave y que era la persona que “llevaba la batuta”. Más aún: según la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía, Cotino, que siempre ha dicho que se limitó a ser un “voluntario más”, era en realidad el “elemento nuclear” y la persona que “tomaba las decisiones políticas”. El juez lo imputó en noviembre.

El accidente del metro de Valencia

Para Cotino, el otro asunto más doloroso ha sido la acusación de algunas de las víctimas del accidente del metro de Valencia, el fatídico descarrilamiento ocurrido en 2006 en el que murieron 43 personas. Se le ha echado en cara que intentara convencer a los familiares de que desistieran de acudir a los tribunales ofreciéndoles a cambio ayuda económica y puestos de trabajo. Cotino, que era conseller de Agricultura en aquel momento, ha defendido que se limitó a tratar de consolar a las víctimas y a sus familiares en medio de la tragedia, y que ofreció cosas como “un cambio de escolarización de un niño, cuestiones de tipo laboral, de acceso a vivienda o el ingreso en alguna residencia de una persona mayor”, pero siempre llevado por un sentimiento de solidaridad y jamás con la idea de comprar su silencio.

 

 

 

La prueba de que este episodio le dejó completamente noqueado quedó reflejada en su comportamiento ante las cámaras de Salvados, cuando Jordi Évole intentó arrancarle unas valoraciones y fue incapaz de dar la cara, escabullándose en una actitud impropia de un responsable público.

 

 

 

Cotino ha cambiado. Se ha dejado barba, al estilo de Jaime Mayor Oreja, que luce, como éste, completamente blanca. Ha adelgazado, parece que por salud. Dicen que conserva su espíritu jovial, el mismo que le llevó a meter una vaca en una edificio de la Generalitat para protestar contra la política agrícola y ganadera en tiempos del socialista Joan Lerma, o, más recientemente, a colocar bien visible, sobre su mesa de las Cortes, un crucifijo para que presidiese la constitución del Parlamento valenciano, a sabiendas de cómo soliviantaría a la oposición.

Quienes lo conocen ponen la mano en el fuego por él. Aseguran que hasta hoy no ha sido acusado de desviar dinero en su beneficio. Pero si se demuestra que utilizó como testaferros a su hermano y a su sobrino para ocultar fondos de inversión, su imagen quedaría muy tocada. “Nada desear, nada pedir, nada rehusar”, es la máxima de san Francisco de Sales que, según ha confesado, ha intentado que fuera su guía. Pero aquí, la última palabra, la tienen los jueces.

Juan Cotino utilizó a su hermano y a su sobrino como testaferros en Banco Madrid

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Juan Cotino, ex presidente de las Cortes valencianas y ex director general de la Policía ocultó más de un millón de euros en Banco Madrid empleando como testaferros a su hermano Vicente Cotino Ferrer y a su sobrino José Cotino Escrivá. Así lo refleja el expediente interno del Banco Madrid sobre el político popular, al que ha tenido acceso en exclusiva EL ESPAÑOL. 

 

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Juan Cotino, ex presidente de las Cortes valencianas y ex director general de la Policía ocultó más de un millón de euros en Banco Madrid empleando como testaferros a su hermano Vicente Cotino Ferrer y a su sobrino José Cotino Escrivá. Así lo refleja con todo lujo de detalles el expediente interno del Banco Madrid sobre el político popular, al que ha tenido acceso en exclusiva EL ESPAÑOL. La documentación de la entidad financiera tilda abiertamente al ex alto cargo del PP como el “titular real” de los fondos bajo sospecha al tiempo que sitúa como “administradores y apoderados” a sus familiares para camuflar su presencia.

El Banco de Madrid, filial de la Banca Privada de Andorra intervenida por el Banco de España el pasado mes de marzo, confeccionó una “ficha de cliente” el 18 de febrero de 2014 para dar entrada a la familia Cotino a través de su promotora inmobiliaria Alquería Dolores, S.L.

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Tras analizar a su nuevo cliente, el banco -investigado por blanqueo de capitales- dejó constancia de que daba entrada a “una sociedad patrimonial propiedad de José Cotino Escrivá -sobrino del político- aunque finalmente veremos que él es el administrador o apoderado y el titular real es otro”, en referencia a su tío. No en vano, junto a esta ficha “preliminar”, la entidad bancaria incorporó al expediente una “declaración del titular real”, en la que el ex alto cargo del PP se reconoce como el verdadero dueño de los fondos.

Beneficiario real

Según este documento, el más conocido de los Cotino sería el propietario de todos los bienes, inmuebles y dinero en efectivo custodiado a nombre de Alquería Dolores, S.L., que oficialmente rondan los tres millones de euros. Sin embargo, el propio banco augura en su expediente que su nuevo cliente se encontraba en disposición de ingresar una cantidad mucho más importante en poco tiempo.

“El objetivo de la relación de negocio sería abrir un GDC [Gestión Discrecional de Carteras] por un millón de euros”, explican los empleados del Banco de Madrid. No obstante, añaden a continuación que esta empresa patrimonial dispone de “un potencial de 13 millones”. A su vez, recalcan que el titular real es PEP -persona políticamente expuesta- y, por tanto, por sí solo es de alto riesgo”.

Pese a admitir por escrito que el ex conseller valenciano se escondía tras varios familiares que hacían las veces de hombres de paja, el Banco Madrid le autorizó a abrir una cuenta sin ponerle una sola objeción. “En principio el cliente va a realizar operaciones de inversión en la entidad, por lo que la operativa, a priori, no presenta riesgos”, se justificaban los analistas del banco, que se curaban en salud apostillando al responsable de Banca Privada de la oficina en Valencia: “Os debéis comprometer a que vais a hacer un seguimiento continuo de este cliente”.

Expropiación de terrenos

Tras certificar que el verdadero dueño de los fondos era Juan Cotino, el expediente bancario incorporó la declaración de bienes presentada por él en abril de 2010 ante las Cortes Valencianas. En ella, el político, imputado en una de las piezas separadas de la denominada Operación Gürtel, reconoce un patrimonio de 1,9 millones de euros que se queda corto frente a los datos que obran en poder del Servicio Especial de Blanqueo de Capitales (Sepblac).

Tras la intervención de la entidad financiera, el que fuera alto cargo del Ejecutivo valenciano aclaró a través de un comunidad de su sociedad que el dinero que depositó en el Banco de Madrid no tiene un origen ilícito sino que proviene de las ganancias obtenidas por una expropiación de terrenos así como por su participación en fondos de inversión. Por contra, los investigadores consideran que la procedencia del dinero es “desconocida”.

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Cien negritos

Cien negritos se fueron a cenar; el Faraón Aznar renunció al poder, se asfixió bajo el manto de armiño de su gloria y quedaron noventa y nueve…

Ilustración: Javier Muñoz

Cien negritos se fueron a cenar; el Faraón Aznar renunció al poder, se asfixió bajo el manto de armiño de su gloria y quedaron noventa y nueve.

Noventa y nueve negritos estuvieron despiertos hasta muy tarde; Jaime Mayor se quedó dormido y entonces quedaron noventa y ocho.

Noventa y ocho negritos viajaron por el mundo; Rodrigo Rato decidió anidar en Washington y quedaron noventa y siete.

Noventa y siete negritos cortaron leña; Álvarez Cascos se partió en dos y quedaron noventa y seis.

Noventa y seis negritos jugaron con una colmena; una abeja le picó a Juanjo Lucas y quedaron noventa y cinco.

Noventa y cinco negritos estudiaron Diplomacia; Federico Trillo se hizo embajador y quedaron noventa y cuatro.

Noventa y cuatro negritos fueron al mar;  un arenque rojo se tragó a Manolo Pizarro y quedaron noventa y tres.

Noventa y tres negritos pasearon por el zoo; un gran oso atacó a Eduardo Zaplana y quedaron noventa y dos.

Noventa y dos negritos se sentaron al sol; Ángel Acebes se tostó demasiado y sólo quedaron noventa y uno.

Noventa y un negritos se conformaron con la versión oficial del 11M; Jaime Ignacio del Burgo se empeñó en buscar la verdad y sólo quedaron noventa.

Noventa negritos se asustaron ante ETA; María San Gil cerró filas con las víctimas, la llamaron loca y sólo quedaron ochenta y nueve.

Ochenta y nueve negritos se postraron ante el jefe; Gabriel Elorriaga escribió un artículo -“no es este, no es este”- y sólo quedaron ochenta y ocho.

Ochenta y ocho negritos aprendieron catalán en la intimidad; Josep Piqué se empeñó en practicarlo y sólo quedaron ochenta y siete.

Ochenta y siete negritos se acercaron a Valencia; Juan Costa ardió en una falla cual ninot y sólo quedaron ochenta y seis.

Ochenta y seis negritos dijeron que sí a todo; Gustavo de Arístegui rechazó el trágala, lo mandaron a la India y sólo quedaron ochenta y cinco.

Ochenta y cinco negritos se olvidaron de pensar; Fernando Maura se marchó a UPyD y sólo quedaron ochenta y cuatro.

Ochenta y cuatro negritos se zamparon un pastel; Paco Correa se dio un atracón de época y sólo quedaron ochenta y tres.

Ochenta y tres negritos trasladaron maletines; a Pablo Crespo le pillaron con el de Galicia y sólo quedaron ochenta y dos.

Ochenta y dos negritos viajaron por Europa; Gerardo Galeote abrió una cuenta en Luxemburgo y sólo quedaron ochenta y uno.

Ochenta y un negritos organizaron eventos deportivos; Alberto López Viejo batió demasiados records y sólo quedaron ochenta.

Ochenta negritos circularon por la carretera; Jesús Sepúlveda se subió a un Jaguar y sólo quedaron setenta y nueve.

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Ilustración: Javier Muñoz

 

Setenta y nueve negritos se lo llevaron crudo; Arturo González Panero rodó como una albóndiga y sólo quedaron setenta y ocho.

Setenta y ocho negritos jugaron al urbanismo; Benjamín Martín Vasco se embauló 300.000 del ala por Arganda y solo quedaron setenta y siete.

Setenta y siete negritos se fueron de compras; a Alfonso Bosch le sorprendieron gastando con identidad falsa y solo quedaron setenta y seis.

Setenta y seis negritos se enredaron en una correa; Jesús Merino se estranguló al intentar zafarse y sólo quedaron setenta y cinco.

Setenta y cinco negritos cobraron sobresueldos; Luis Bárcenas escondió el parné en Suiza, cuando se fue de la lengua lo metieron en el trullo y sólo quedaron setenta y cuatro.

Setenta y cuatro negritos pasaron por la caja B; Álvaro Lapuerta lo visó todo pero, tan mayor como estaba, tuvo un accidente raro y sólo quedaron setenta y tres.

Setenta y tres negritos merodearon cerca del tarro de mermelada; Ángel Sanchís se acercó demasiadas veces y sólo quedaron setenta y dos.

Setenta y dos negritos organizaron actos electorales; Álvaro Pérez, al ver al jefe tan cerca, tropezó con su bigote y sólo quedaron setenta y uno.

Setenta y un negritos fueron a la sastrería; Paco Camps se desentendió de las facturas y sólo quedaron setenta.

Setenta negritos financiaron ilegalmente al partido; a Vicente Rambla lo cogieron en el mercado de naranjas y sólo quedaron sesenta y nueve.

Sesenta y nueve negritos fueron imputados; Victor Campos firmó que era culpable y sólo quedaron sesenta y ocho.

Sesenta y ocho negritos disfrutaron de la huerta; Valcárcel se dio un hartón, se marchó a Estraburgo y sólo quedaron sesenta y siete.

Sesenta y siete negritos pasaron por la cocina; David Serra cayó despanzurrado dentro de la marmita y sólo quedaron sesenta y seis.

Sesenta y seis negritos recibieron al Papa; Pedro García firmó el contrato que convirtió las bendiciones en negocio y sólo quedaron sesenta y cinco.

Sesenta y cinco negritos aceptaron regalos de quien no debían; a Ricardo Costa le lucieron mucho en la muñeca y sólo quedaron sesenta y cuatro.

Sesenta y cuatro negritos ayudaron a que la familia que reza unida permaneciera unida; Juan Cotino se pasó de avemarías –y de testaferros- y sólo quedaron sesenta y tres.

Sesenta y tres negritos contribuyeron a las ONG; Rafael Blasco pensó que la caridad bien entendida empezaba por uno mismo y sólo quedaron sesenta y dos.

Sesenta y dos negritos firmaron contratos irregulares; Milagrosa Martínez se puso un pañuelo de Loewe y sólo quedaron sesenta y uno.

Sesenta y un negritos viajaron de gorrilla; Luis Díaz Alperi cogió una insolación en Creta y sólo quedaron sesenta.

Sesenta negritos se pusieron gafas negras; a Carlos Fabra le tocó demasiadas veces la lotería y sólo quedaron cincuenta y nueve.

Cincuenta y nueve negritos se embarcaron de vacaciones; José Joaquín Ripoll se subió al yate que no debía y sólo quedaron cincuenta y ocho.

Cincuenta y ocho negritos fueron fashion victims; la alcaldesita Sonia Castedo se divirtió en pijama con su protector y protegido y sólo quedaron cincuenta y siete.

Cincuenta y siete negritos pasaron de la política a las cajas; José Luis Olivas dio créditos raros, se emborrachó con ron cubano y sólo quedaron cincuenta y seis.

Cincuenta y seis negritos salieron a cazar; a Serafín Castellano se le disparó el rifle por la culata y sólo quedaron cincuenta y cinco.

Cincuenta y cinco negritos se enamoraron del dinero; Alfonso Rus contó los billetes con luz y sonido y sólo quedaron cincuenta y cuatro.

Cincuenta y cuatro negritos buscaron la trampa de la ley; Jaume Matas se saltó las reglas para contratar discursos, lo mandaron a prisión y sólo quedaron cincuenta y tres.

Cincuenta y tres negritos cometieron irregularidades urbanísticas;  a Eugenio Hidalgo, alcalde de Andratx, se le cayó encima su chalé y sólo quedaron cincuenta y dos.

Cincuenta y dos negritos cobraron comisiones; Antonia Ordinas las escondió en una lata de Cola Cao y cuando tuvo que desenterrarla ante la poli sólo quedaron cincuenta y uno.

Cincuenta y un negritos protegieron a los apandadores; al conseller Cardona le pillaron repartiéndose el botín, le metieron dieciséis años y sólo quedaron cincuenta.

Cincuenta negritos se fueron al prostíbulo; Rodrigo de Santos pagó con la tarjeta municipal y sólo quedaron cuarenta y nueve.

Cuarenta y nueve negritos apoquinaron al instituto Noos;  Pepote Ballester no regateó nada y sólo quedaron cuarenta y ocho.

Cuarenta y ocho negritos tomaron copas de más; Nacho Uriarte estrelló alegre su coche y sólo quedaron cuarenta y siete.

Cuarenta y siete negritos navegaron entre insidias; Daniel Sirera escribió “este partido es una mierda” y sólo quedaron cuarenta y seis.

Cuarenta y seis negritos se hicieron los simpáticos; Montse Nebrera se burló del habla andaluza y sólo quedaron cuarenta y cinco.

Cuarenta y cinco negritos asumieron graves riesgos; Regina Otaola dio la cara en Lizarza, se retiró decepcionada y sólo quedaron cuarenta y cuatro.

Cuarenta y cuatro negritos pidieron debates y primarias;  a Alejo Vidal Quadras le pusieron puente de plata y sólo quedaron cuarenta y tres.

Cuarenta y tres negritos cosecharon fracasos electorales; Antonio Basagoiti asumió con ejemplaridad el suyo y sólo quedaron cuarenta y dos.

Cuarenta y dos negritos se sintieron traicionados; el heroico Ortega Lara se marchó sin siquiera merecer ser oído en la Moncloa y sólo quedaron cuarenta y uno.

Cuarenta y un negritos denunciaron las promesas incumplidas; Santi Abascal escribió una carta de despedida, fundó Vox y sólo quedaron cuarenta.

Cuarenta negritos fueron envejeciendo; una mañana se murió don Manuel el Fundador y sólo quedaron treinta y nueve.

Treinta y nueve negritos levitaron al ganar por mayoría absoluta; Javier Arenas se pasó de listo, desmovilizó a los suyos y sólo quedaron treinta y ocho.

Treinta y ocho negritos tiraron victoriosos por la calle de en medio; a Ana Mato le atropelló el Jaguar que se le escapó del armario y sólo quedaron treinta y siete.

Treinta y siete negritos aplicaron su programa; a Javier Fernández Lasquetty le atropelló la “marea blanca”, se marchó a Guatemala y sólo quedaron treinta y seis.

Treinta y seis negritos tuvieron mala suerte; a Mercedes de la Merced se la llevó la enfermedad y sólo quedaron treinta y cinco.

Treinta y cinco negritos se creyeron impunes; Miguel Blesa las hizo de todos los colores hasta llegar al black y sólo quedaron treinta y cuatro.

Treinta y cuatro negritos fueron excluidos de la primera fila del poder; González Pons se quedó compuesto y sin ministerio y sólo quedaron treinta y tres.

Treinta y tres negritos prefirieron irse a ganar dinero; Michavila se metió en un buen despacho y sólo quedaron treinta y dos.

Treinta y dos negritos hicieron lo que pudieron en sus cargos; Arias Cañete gestionó bien, patinó en la campaña europea y sólo quedaron treinta y uno.

Treinta y un negritos se indignaron por la amnesia del poder; Consuelo Ordóñez lo dijo alto y claro y sólo quedaron treinta.

Treinta negritos pasearon por la muralla; Santiago Cervera metió la mano en un agujero y sólo quedaron veintinueve.

Veintinueve negritos guardaron secretos inconfesables; a Cristobal Páez le dieron el mejor de los finiquitos y sólo quedaron veintiocho.

Veintiocho negritos sabían más de la cuenta; a José Manuel Molina lo mandaron a Kinshasa y sólo quedaron veintisiete.

Veintisiete negritos salieron a captar apoyos; a Ana Botella se le indigestó una “relaxing cup of coffee in the Plaza Mayor” y sólo quedaron veintiséis.

Veintiséis negritos compraron propiedades; Ignacio González recurrió a un testaferro para camuflar su ático y sólo quedaron veinticinco.

Veinticinco negritos se quedaron colgados de la brocha; Leopoldo González Echenique dimitió por un quítame allá esos 130 millones y sólo quedaron veinticuatro.

Veinticuatro negritos fueron azotados por la ira; a Isabel Carrasco la mataron a tiros y sólo quedaron veintitrés.

Veintitrés negritos recibieron tarjetas de crédito a juego con su alma; Ricardo Romero de Tejada hizo honor a su fama y sólo quedaron veintidós.

Veintidós negritos volvieron a las andadas; a Paco Granados, tanto fue el cántaro a la fuente, le metieron en el trullo y sólo quedaron veintiuno.

Veintiún negritos se hicieron diputados “para tocarse los huevos”; José Miguel Moreno lo reconoció mientras le grababan y sólo quedaron veinte.

Veinte negritos escribieron los versos más tristes esta noche; el gran vate Gallardón se negó a observar la rima y sólo quedaron diecinueve.

Diecinueve negritos buscaron la mayoría absoluta; a Esperanza Aguirre le hicieron la cama desde dentro y, como le faltó un escaño, sólo quedaron dieciocho.

Dieciocho negritos querían perpetuarse en sus poltronas; Rita Barberá tuvo un caloret y sólo quedaron diecisiete.

Diecisiete negritos limpiaron la cloaca;  Alberto Fabra sucumbió en el empeño tras la enésima zancadilla y sólo quedaron dieciséis.

Dieciséis negritos ardieron por amor; Monago, el buen bombero, apagó su fuego en Canarias gratis total y solo quedaron quince.

Quince negritos buscaron remedio en la farmacia; a José Ramón Bauzá le dieron cuchillo de palo y sólo quedaron catorce.

Catorce negritos quedaron encerrados en el ascensor; a León de la Riva se le apareció una Leire turgente y del soponcio solo quedaron trece.

Trece negritos subieron a la Giralda; Jose Ignacio Zoido perdió pie y solo quedaron doce.

Doce negritos se fueron de Carnaval; Teófila Martínez se dio de bruces con la charanga del Kichi y sólo quedaron once.

Once negritos visitaron a la Virgen del Pilar; Luisa Fernanda Rudi se enganchó en el manto y sólo quedaron diez.

Diez negritos se reunieron en una bodega; Pedro Sanz organizó su sucesión -sacrificando a su delfín- y sólo quedaron nueve.

Nueve negritos perdieron la sonrisa; la de Juan Ignacio Diego se la zampó Revilla y sólo quedaron ocho.

Ocho negritos intentaron borrar huellas en Génova; Maria Dolores de las Mentiras resbaló en una simulación de finiquito en diferido y sólo quedaron siete.

Siete negritos dieron la cara para que se la rompieran; a Carlos Floriano le explicaron que el problema de comunicación era él y sólo quedaron seis.

Seis negritos se cayeron al pozo demoscópico; a José Ignacio Wert, cansado de vivir ahí, le mandaron, con alevosía agosteña, de luna de miel a la OCDE y sólo quedaron cinco.

Cinco negritos se arrimaron a la Púnica; Salvador Victoria hizo lo que le mandó su jefe y cuando le pillaron sólo quedaron cuatro.

Cuatro negritos medio pasaban por ahí; Lucía Figar fue imputada por firmar un contrato y sólo quedaron tres.

Tres negritos pidieron otro liderazgo; a Cayetana Álvarez de Toledo, vox clamantis in deserto, le pusieron bola negra y sólo quedaron dos.

Dos negritos se reunieron en Moncloa; a Alicia Sánchez Camacho la convencieron de que bebiera la cicuta pues el desastre catalán era cosa suya y ya sólo quedó uno.

Un negrito se quedó más solo que la una; después de dejar tirados a todos sus amigos, deshacerse de todos sus rivales y desviar a los demás todas sus culpas; doce años después de ser ungido por el dedo errado de Aznar y cosechar dos derrotas; cuatro años después de recibir, dilapidar y traicionar un mandato rotundo de los españoles; dos años después de mentir como un bellaco al parlamento, Mariano Rajoy se ahorcó de su cuarta candidatura a la Moncloa y pronto, de aquel PP refundado en 1990 que aglutinó a todo el centro-derecha y tanto sirvió a la democracia, ya no quedará ninguno.

También en EL ESPAÑOL: 

‘Derecho al olvido’: no todos podrán salir de Google

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Recientemente, Protección de Datos ha negado el amparo a dos investigados por pertenecer a Gürtel y a ETA, que no podrán salir de Google. El ‘derecho al olvido’, en plena construcción, no es absoluto y debe ponderarse con otros derechos en conflicto, como la libertad de información y expresión. Así lo ha entendido la Audiencia Nacional. 

En octubre de 2014, la Justicia española confirmó, por primera vez, que Google estaba obligado a ocultar informaciones de carácter personal. Fueron muchos los han alertado del peligro que suponía “atacar al mensajero” y compararon las imposiciones a Google con el alzheimer digital, vaticinando que se acabarían destruyendo las hemerotecas.

Avancé entonces que la Justicia estudiaría cada caso concreto, que a veces se obligaría a Google a ocultar los contenidos y que, en ocasiones, se haría lo propio con los medios de comunicación. Y puse ejemplos específicos: la Audiencia Nacional había ordenado a Google excluir una noticia de hace 25 años, pero no se le había obligado a El País a tocar ni una sola coma de la misma noticia.

El derecho al olvido (en plena construcción), no es absoluto y debe ponderarse con otros derechos en conflicto (como la libertad de información y expresión).  Así lo ha entendido recientemente la Audiencia Nacional, que ha confirmado una resolución (PDF) de la Agencia Española de Protección de Datos en la que se le deniega a una persona desaparecer de Google cuando se le vincula con la trama Gürtel.

Según la Audiencia Nacional, no procede reconocer a este ciudadano el ‘derecho al olvido’ porque los hechos que recoge Google continúan teniendo una notable relevancia pública. Se trata de una persona de relevancia pública que sigue imputado que, además, no ha presentado ninguna prueba que acredite que lo que se publica sea falso.

Concluye la Audiencia de forma tajante: “La injerencia en los derechos fundamentales del interesado se encuentra justificada por el interés preponderante de los internautas en tener acceso a la información en una búsqueda que verse sobre el nombre del actor, teniendo la ciudadanía un interés real de conocer dicha información”.

Otro ejemplo

Si hace falta un ejemplo más respecto a las limitaciones del derecho al olvido, conviene dar a conocer otra resolución (PDF) también de la Agencia Española de Protección de Datos, en la que se le deniega a una persona la retirada de informaciones en Google que le vinculaban con ETA.

Dice el texto de la AEPD: “Los datos del reclamante constan en las informaciones publicadas relativas a las detenciones del reclamante y otras personas por casos de kale borroka y delitos de integración en la organización terrorista ETA en febrero de 2012″ y que la detención del reclamante “tuvo lugar como consecuencia de la participación del interesado en campañas de amenazas contra ediles donostiarras del Partido Socialista de EuskadiEuskadiko Ezkerra y del Partido Popular Vasco”.

Pues bien, a pesar de que el reclamante aportó un auto de sobreseimiento libre, Google justificó que la información era de relevancia pública y que se estaba estudiando en otro sumario judicial la pertenencia del reclamante a ETA, por lo que la información no era inexacta.

La AEPD, tras analizar las alegaciones del reclamante y de Google, no ha admitido la retirada de contenidos y ha afirmado que “debe considerarse la trascendencia en el número de personas afectadas, así como la relevancia pública y el interés público que han alcanzado los hechos en cuyo contexto se incluyen sus datos”.

No es descartable que con el paso del tiempo, o con la aportación de nuevas pruebas acerca de su inocencia, estas personas puedan ejercer el derecho al olvido, pero hoy no.

(Foto: Mokra / Freeimages)


Luis Gervas de la Pisa es abogado de Salirdeinternet.com y es el responsable del Código del Derecho al Olvido, publicado por el Boletín Oficial del Estado.


También en EL ESPAÑOL:

 

Varapalo judicial para Ruz y la Fiscalía Anticorrupción por la investigación suiza de la Gürtel

Madrid 15/10/2013     TRIBUNALES Imagen del juez Ruz p˜r la calle de Goya en Madrid en un receso del juicio de Pescanova Foto de AGUSTIN CATALAN

La investigación está cerrada. Así que ni los fiscales, ni la policía ni el abogado del Estado pueden realizar nuevos informes para buscar datos de Luis Bárcenas en Suiza. Y menos enviarlos a la justicia helvética. Ni siquiera para convencer a sus colegas de que levanten el veto sobre las pruebas contra el ex tesorero del PP, que llegó a esconder 47 millones en el país helvético.  Además, Bárcenas ha pedido que se investigue a los fiscales.

Madrid 15/10/2013     TRIBUNALES Imagen del juez Ruz por la calle de Goya en Madrid en un receso del juicio de Pescanova Foto de AGUSTIN CATALAN
El juez Pablo Ruz.

La investigación está cerrada. Así que ni los fiscales, ni la policía ni el abogado del Estado pueden realizar nuevos informes para buscar datos de Luis Bárcenas en Suiza. Y menos enviarlos a la justicia helvética. Ni siquiera para convencer a sus colegas de que levanten el veto sobre las pruebas contra el ex tesorero del PP, que llegó a esconder 47 millones en el país helvético.

La decisión fue tomada el pasado 3 de junio por la sección cuarta de la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Y supone un serio revés tanto para el juez Pablo Ruz, instructor de la causa durante los últimos cinco años, como para la Fiscalía Anticorrupción, que el pasado 16 de abril y bajo el amparo del magistrado, intentó remitir una nueva comisión rogatoria a Suiza, ahora revocada.

El entuerto judicial -que complica además la utilización de la principal prueba de la causa contra Luis Bárcenas- arrancó el 2 de abril de 2014, cuando la Audiencia Nacional solicitó datos de varias cuentas bancarias del ex tesorero del PP en Suiza. En respuesta a su petición, el Juzgado de Instrucción número 5 recibió una montaña de extractos bancarios; la prueba de que Bárcenas llegó a esconder 47 millones de euros allí. La petición se fundamentó entonces en un presunto delito fraude fiscal. Algo que no existe para la Justicia helvética.

Aun así, el 14 de abril de 2014, la Oficina Federal de Justicia suiza autorizó de forma expresa a la Audiencia Nacional a utilizar los datos. Algo que Bárcenas recurrió en territorio alpino. El ex tesorero del PP contrató a unos abogados sobre el terreno y, mientras en España clamaba colaboración, en Suiza intentaba poner palos en la rueda.

Seis meses después, el Tribunal Federal Penal de Berna le dio la razón y revocó la autorización para usar los datos a los tribunales españoles. Así, las pruebas de que Luis Bárcenas ocultó más de 40 millones al fisco español existen, pero la Audiencia Nacional no puede utilizarlas.

Investigación contra las fiscalas

La decisión de impedir el uso de la documentación bancaria llegó en noviembre de 2014. Y fue una medida cautelar. Desde entonces, la justicia helvética deshoja la margarita sobre si permite o no a España utilizar los datos. Falta la decisión final sobre el caso. El 5 de enero de este mismo año, Suiza ofreció a los fiscales españoles la posibilidad de ampliar la información contra Bárcenas; de aportar nuevas pruebas en su contra que -esta vez sí- sean consideradas un delito en su país.

La Fiscalía Anticorrupción se puso entonces a trabajar. Y comenzó a elaborar un informe; un escrito de 27 páginas que relata cómo Bárcenas y otros cinco imputados -los empresarios Francisco Correa y Pablo Crespo, el ex consejero Alberto López Viejo y los ex alcaldes Guillermo Ortega y Arturo González Panero- utilizaron presuntamente facturas falsas, amaños contables y otras operaciones opacas para mover su dinero lejos de los ojos de la hacienda española.

Sin embargo, en mitad de este proceso, sin decisión en firme sobre las pruebas contra Bárcenas y pese a tener este importante fleco judicial abierto, Pablo Ruz dio por terminada la investigación del caso. El pasado cinco de marzo, un mes antes de dejar su puesto en la Audiencia Nacional, el juez decretó la apertura de juicio oral, sentó en el banquillo a cuarenta personas. Y cerró la puerta a nuevas investigaciones en esta causa.

Pese a la decisión judicial de terminar con el caso -o al menos con la primera parte, llamada Época 1- varios responsables judiciales españoles se reunieron una semana después en Suiza con sus homólogos helvéticos. La reunión se mantuvo en secreto y no fue comunicada al resto de las partes. Sin embargo, las defensas de los principales imputados consiguieron pruebas oficiales de que la reunión se produjo. Y han recurrido ante la Audiencia Nacional también este movimiento, arguyendo una importante merma en su derecho de defensa.

Los abogados de Luis Bárcenas han solicitado incluso la apertura de una pieza separada para investigar quién o quienes estuvieron presentes en la reunión, celebrada en Berna. Los primeros autos judiciales normalizan el encuentro como una reunión más de cooperación entre fiscales. Sin embargo, el acta de la cita -aportada el 2 de abril por los fiscales helvéticos a los abogados de Bárcenas en Suiza- revela que el único tema tratado en la reunión fue la documentación bancaria del extesorero del PP.

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Luis Bárcenas.

Reunión secreta

El 16 de abril de 2015, la Fiscalía Anticorrupción presentó en el juzgado su escrito con nuevas pruebas sobre la presunta ocultación de fondos de Bárcenas en Suiza. Y sustentó su nueva petición sobre las presuntas falsedades en documento público realizadas por Bárcenas; algo que la justicia helvética sí contempla. Un día después, es el propio Pablo Ruz quien autoriza la comisión rogatoria a Suiza número 51, que incorpora el nuevo informe elaborado por la fiscalía y solicita de nuevo, esta vez con más datos, la autorización para utilizar en España los datos bancarios de Luis Bárcenas.

La decisión judicial supuso desde el primer momento una cascada de recursos. Afectados como Bárcenas o el financiero Ivan Yañez entienden en sus escritos que el informe de la fiscalía es fruto de la reunión mantenida en Berna. Una reunión a la que no tuvieron posibilidad de asistir. Y que además llega tarde, ya que la causa está oficialmente cerrada.

En un primer momento, el actual instructor del caso, el magistrado José de la Mata, mantuvo el criterio de Ruz y rechazó los recursos presentados por las defensas. Pero ahora, la sala cuarta de lo Penal ha utilizado la doctrina contraria. Y deja sin efecto tanto el informe de la fiscalía como la nueva comisión rogatoria enviada a Suiza.

“No solo ha finalizado la fase de instrucción, sino que se ha presentado escrito de acusación, se ha dictado el auto de apertura de juicio oral y el procedimiento solo pende de la aportación del escrito de la defensa”, explica el auto que tumba la decisión aprobada por Ruz. “Lo que parece exceder del momento procesal actual es que la incorporación de lo remitido, vía comisión rogatoria, de lugar a una de las partes a la emisión de un nuevo informe dando la posibilidad de reabrir la fase de investigación, ya precluída”, concluye el documento, firmado por los magistrados Ángela Murillo, María Teresa Palacios Criado y Juan Francisco Martel Rivero.

Carta fiscales suiza

En el feudo de ‘Paco Placas’

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Con apenas 3.000 habitantes, Vall d’Alba tiene una piscina climatizada, una ermita, dos casas rurales, una plaza de toros y un bulevar. Todo se construyó con dinero público gracias a las conexiones del alcalde Francisco Martínez, mano derecha de Carlos Fabra en la Diputación de Castellón. 

Con apenas 3.000 habitantes, Vall d’Alba tiene una piscina climatizada, una ermita, dos casas rurales, una plaza de toros y un bulevar. Todo se construyó con dinero público por las conexiones del alcalde Francisco Martínez, mano derecha de Carlos Fabra en la Diputación de Castellón. El municipio es un reflejo de los peores problemas de la Comunidad Valenciana.


Doblan la esquina tres reinas de las fiestas, dos guardias civiles tocados con el tricornio de gala y una banda de música que interpreta un pasodoble. En medio de la comitiva está el alcalde, Francisco Martínez, que se aproxima con el cortejo a una cinta que alguien ha tendido de lado a lado de la avenida. Al fondo, completa la escena una exposición de tractores relucientes. Todos sonríen y cortan la cinta. Queda inaugurada la feria agrícola.

La escena ocurre el 17 de abril en Vall d’Alba: un pueblo de 3.000 habitantes a 28 kilómetros de Castellón de la Plana. El alcalde Martínez gobierna desde 1991 y este año no se presenta a la reelección. Fue elegido en las listas del PP y puede presumir de haber inaugurado muchas más infraestructuras que sus colegas de los alrededores.

Destaca una plaza de toros tan grande que caben dos tercios de los habitantes del municipio. Pero hay muchas cosas más. Casi todas construidas con fondos aportados por administraciones gobernadas por su partido: la Generalitat valenciana y la Diputación de Castellón.

La oposición socialista acusa al alcalde de conseguir ese trato de favor gracias a su influencia política: durante dos décadas fue vicepresidente de la institución provincial y mano derecha de su presidente, Carlos Fabra, encarcelado desde diciembre por fraude fiscal.

El PSOE local acusa también al alcalde Martínez de un incremento sospechoso de su patrimonio, de prácticas clientelares para ganar votos y de construir infraestructuras imposibles de mantener. A las críticas de sus rivales políticos se suman sus problemas con la Justicia. El mismo día en que se inaugura la feria agrícola, la Audiencia Provincial confirma que el regidor y sus dos hijos serán juzgados por tráfico de influencias, fraude, negociaciones prohibidas y prevaricación.

19 inmuebles

La investigación comenzó tras una denuncia del partido Compromís, que acusó a Martínez de ser el dueño de los terrenos en los que se iba a construir la depuradora de un pueblo cercano: Borriol. Sus tierras iban a ser expropiadas en condiciones muy ventajosas. El alcalde iba a cobrar “casi seis veces más” de lo que se suele cobrar en otras expropiaciones, según Silverio Tena, portavoz local de Compromís.

No es el único problema judicial del alcalde Martínez. El PSOE local ha facilitado a la fiscalía información sobre un sospechoso aumento de su patrimonio en sus años como regidor. El portavoz socialista, Fernando Grande, afirma que sólo en Vall d’Alba tiene a su nombre 19 inmuebles y un millón de metros cuadrados en fincas rústicas y urbanas. “Entre ellos”, explica Grande, “al menos 80.000 metros cuadrados en el polígono donde está previsto construir un complejo de golf”. El alcalde los adquirió antes de su recalificación.


Todas las cifras de Vall d’Alba


Como consecuencia de su procesamiento, Martínez fue destituido hace un año de su puesto en la Diputación de Castellón. El presidente, Javier Moliner, quería sacudirse la imagen de corrupción que le dejó en herencia su antecesor, Carlos Fabra, cuyo mandato estuvo marcado por el nepotismo y la inauguración de un aeropuerto que todavía hoy sigue sin vuelos regulares pero conserva una estatua gigante inspirada en su figura.

Moliner ha anunciado una apuesta por la transparencia para mejorar la imagen de la institución. Pero su servicio de prensa no ha respondido a ninguna de las preguntas que le he formulado sobre el trato de favor a los municipios del PP durante los últimos 20 años. La institución tampoco ha explicado qué criterios se usaron para elegir a Vall d’Alba como destinatario de un gran número de inversiones. Los responsables del ayuntamiento tampoco han querido responder.

En el altar mayor

En Vall d’Alba nadie niega que la gestión de Martínez ha beneficiado al municipio, que concentra la mayoría de las instalaciones y servicios de la zona. Tal fue el frenesí inaugurador del alcalde durante dos décadas que le llamaban Paco Placas. El apodo hace referencia a decenas de placas conmemorativas que llenan el pueblo. Están en el interior de las rotondas, en las calles, en las paredes de las obras y en pequeños monolitos a las afueras. Conmemoran la construcción de infraestructuras, pero también otros actos cotidianos de la gestión municipal.

En casi todas las inscripciones se puede leer el nombre de Carlos Fabra y en todas el del alcalde. Su rostro está en todas partes. También en la inmensa mayoría de las fotografías del boletín informativo que edita el Ayuntamiento: con los jubilados, con los jóvenes, con los tractores, con los deportistas, con otros políticos, en la romería…

El cuadro que preside el altar mayor.
El cuadro que preside el altar mayor.

El culto a la imagen del alcalde llegó a su cénit con la construcción de una ermita en una ladera de la localidad. El templo está consagrado a San Cristóbal. Pero el altar mayor sólo tiene un cuadro con varias personas en una procesión. En el centro del lienzo se reconocen claramente los rasgos del alcalde en un señor moreno y con bigote que mira al espectador.

Toros, sauna y palmeras

La ermita es una de las obras que impulsó Martínez. También inventó una romería anual para darle uso. Durante su mandato se construyeron también la plaza de toros, dos hoteles rurales con sus respectivas piscinas, un albergue juvenil, varias pistas de pádel y un gimnasio. Todo de titularidad pública.

El pueblo alberga el centro de salud de referencia de la comarca y una piscina climatizada que está casi terminada y que incluirá una sauna y varias pistas de tenis. También tiene un instituto de educación secundaria a pesar de que el pueblo vecino tiene otro y lo iguala en población.

El municipio fue el elegido para albergar una de las cinco comisarías de la policía autonómica que hay en toda la Comunidad Valenciana. Es la única situada en una localidad pequeña: las otras cuatro están en las grandes ciudades de la región.

La localidad tiene también una planta de tratamiento de estiércol y un polígono industrial de 2,5 millones de metros cuadrados, dos casas de la cultura de varias plantas cada una y un museo etnológico. Además, hay un bulevar cuajado de palmeras que empieza en la plaza de toros y termina enfrente de la puerta de la casa del alcalde.

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El problema es que las obras son imposibles de mantener. La planta y el albergue están cerrados. Gran parte del polígono industrial está sin edificar. El museo y uno de los centros culturales sólo abren algunos días al año. La piscina climatizada lleva cinco años en construcción.

La oposición critica el sobrecoste en las obras. Pero sobre todo teme el momento en el que se abrirán. “Todo esto va a ser una hipoteca para el próximo gobierno local sea del signo que sea”, dice el socialista Grande. ” No lo podremos mantener”.

Elegido por aclamación

“Yo no tengo queja. Mis hijos no tienen que salir de Vall d’Alba para ir al instituto ni al médico. Puedes ir a preguntar a los pueblos de al lado. Ellos sí que querrían que nuestro alcalde les hubiera tocado a ellos”. Lo dice la propietaria de un bar desde el otro lado de la barra. No quiere decir su nombre. También prefiere no darlo un ciudadano de origen rumano que lleva 14 años viviendo en el municipio: “¿Corrupción? No es mi asunto. Yo sé que el alcalde se ha portado muy bien con los extranjeros. Cuando no tenemos trabajo, nos lo busca”.

Son dos ejemplos del apoyo que el regidor recibe de sus vecinos, que le votan en masa desde hace dos décadas. En los comicios de 2011, logró el 71% de los votos. Un porcentaje mucho mayor del que el PP sacaba en los pueblos cercanos y en toda la provincia de Castellón.

La oposición asegura que Martínez compró el apoyo de sus vecinos convirtiendo su pueblo en un receptor privilegiado de obras y servicios. El diagnóstico lo comparten los dirigentes de los pueblos cercanos. El regidor de uno de ellos, miembro también del PP, lo resume así: “Ha sido buen alcalde para su localidad. Pero a los pueblos de alrededor nos tenía que haber pasado más ayudas. Por estar donde estaba, tenía información privilegiada y acceso a directores generales. A mí también me hubiera gustado tener todo eso”.

Un alcalde en 20 placas

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La socialista María Teresa Sidro, que fue alcaldesa de otro pueblo cercano en los años 90, resume el funcionamiento de la política comarcal: “Martínez tenía poder y los demás pueblos, a callar, gobernara quien gobernara”.

El trato de favor a Vall d’Alba es el ejemplo más llamativo de un fenómeno más amplio. Según el PSOE, los municipios gobernados por el PP recibieron el 95% de los fondos disponibles en partidas extraordinarias otorgadas por la Diputación. En las partidas ordinarias no es posible la discriminación porque la ley obliga a repartirlos según unos criterios objetivos.

Al preguntar por esta cifra, la Diputación ni la confirma ni la desmiente. El PP gobierna en un 74% de los municipios de la provincia de Castellón.

La resaca

El alcalde Martínez forma parte de un elenco de políticos que gestionaron la Comunidad Valenciana a base de grandes obras entre finales de los años 90 y principios de esta década.

Mientras el alcalde de Vall d’Alba construía su plaza de toros, Francisco Camps gastaba en infraestructuras y grandes eventos un mínimo de 2.600 millones de euros, según un cálculo de la Sindicatura de Comptes, el tribunal de cuentas autonómico.

Muchos escándalos han estallado en la Comunidad Valenciana en los últimos años. El más mediático es el caso Gürtel pero hay más.

En Alicante, el caso Brugal implicó a la entonces alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo. En Castellón, Carlos Fabra protagonizó titulares durante varios años. El escándalo más reciente afecta a Alfonso Rus, presidente de la Diputación de Valencia, que ha sido suspendido de militancia al hacerse públicas unas grabaciones en las que se le escucha contando billetes o burlándose de sus propios votantes por haber creído sus promesas electorales.

Los desafíos

Alberto Fabra, actual presidente autonómico, ha renegado de la gestión de su predecesor y ha eliminado a casi todos los imputados del grupo popular en las Cortes valencianas. Su mayor problema, sin embargo, es la gestión de la deuda y la crisis económica. La Generalitat debe una cantidad equivalente al 37,6% de su PIB. Un porcentaje que la convierte en el territorio más endeudado de España.

El Gobierno regional asegura que las causas principales de la deuda son la crisis y la injusta financiación autonómica. Este último factor ha generado el 88% de la cantidad total, según los cálculos del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), un órgano que depende de la Generalitat.

La oposición socialista no comparte ese diagnóstico. Indica que los años de expansión económica fueron una oportunidad para reducir la deuda y que los gobiernos del PP hicieron justo lo contrario.

El dinero fácil de la burbuja tampoco sirvió para igualar la calidad de vida de los valencianos al resto de los españoles. El gasto por habitante en servicios públicos no llegó a la media nacional ni siquiera en los años de esplendor como se puede observar en este informe del IVIE.

La deuda, la economía y la corrupción serán los grandes retos del próximo Gobierno autonómico. Unos retos que Carlos Fabra mirará desde la cárcel, Francisco Camps desde su retiro de la política y el alcalde Martínez, quizá desde el banquillo. A los valldalbenses, al menos, siempre les quedarán la plaza de toros, la piscina climatizada, la ermita, la sauna y el bulevar.

La fermentada letrina

En abril de 1847 el político conservador Juan Donoso Cortés, uno de los hombres más respetados e influyentes de su tiempo, tomó la pluma para denunciar en carta dirigida a Agustín Muñoz, duque de Riansares y esposo de la reina madre María Cristina, que la corte de su hija, Isabel II, se había convertido en “una letrina en fermentación”.

En abril de 1847 el político conservador Juan Donoso Cortés, uno de los hombres más respetados e influyentes de su tiempo, tomó la pluma para denunciar en carta dirigida a Agustín Muñoz, duque de Riansares y esposo de la reina madre María Cristina, que la corte de su hija, Isabel II, se había convertido en “una letrina en fermentación”.

Se refería a la mezcla de escándalos políticos, económicos y sexuales que desde los primeros compases del nuevo reinado dominaban la vida pública española. Era el momento en que el banquero reconvertido en ministro de Hacienda para tapar sus propios agujeros, José de Salamanca, ayudaba a la soberana recién casada con su primo Francisco de Asís, a quien el vulgo llamaría Paquita Natillas, a dar celos a su primer amante oficial, el general bonito Francisco Serrano, con un malabarista que trabajaba en el circo de su propiedad. Y eso que Isabel II aun no había cumplido los 17.

La crónica del cuarto de siglo que duró aquel reinado no fue sino la de la “fermentación” de esa “letrina”. A Serrano y el malabarista les sucedieron Julián Romea, Tenorio, Marfori, el pollo Arana y por supuesto el teniente de ingenieros Enrique Puigmoltó, padre biológico de Alfonso XII y por lo tanto ancestro de todos sus sucesores. Cada uno de ellos condicionaba las decisiones de los sucesivos gobiernos mientras los escándalos de los bancos se transformaban en los de los ferrocarriles.

Pese a la seria advertencia que supuso la Revolución de 1854, saldada con la caída del conde de San Luis y su clan de los polacos, los usos y abusos de la Corte permanecieron inalterables con la peculiaridad de que, para compensar su incapacidad de ceñirse a los moldes morales vigentes, Isabel II terminó rodeándose de una omnipotente “camarilla religiosa”, encabezada por Sor Patrocinio “la monja de las llagas” y su confesor el padre Claret. Ésa era la Corte de los Milagros y ése fue el régimen que cayó estruendosamente en medio de la Gloriosa Revolución de 1868. El proceso de “fermentación” había llegado hasta un extremo tal que el hedor de la “letrina” se había hecho insoportable para los españoles.

¿En qué fase de un proceso equivalente nos hallamos ahora? ¿Es aún posible detener la purulenta reacción patógena de los miasmas estancados en las aguas fecales de nuestra vida pública? Podría pensarse que algo hemos ganado cuando ya no hay hábitos y sotanas que, arremangados o no, dicten los designios de las alcobas del poder. Pero tampoco resulta nada tranquilizador descubrir que el punto por el que parecen pasar ahora todos los itinerarios es un comisario de policía en situación de Servicios Especiales.

Me refiero a José Villarejo que, tras los embrollos de la mafia china y las pifias urdidas contra él por Asuntos Internos, ha sido presentado esta semana como remedo de Bertrand Duguesclin en la pugna interna del PP y como trasunto de Sparafucile al servicio del íntimo amigo del Rey Javier López Madrid en el turbio asunto de su presunto acoso a la doctora Elisa Pinto. Si fueran ciertas esas insinuaciones aviesas, los importantes servicios que me consta que ha rendido al Estado este “007 a la española” podrían ser un atenuante en lo personal pero constituirían un agravante en lo institucional.

Ilustración: Jaime Pandelet
Ilustración: Jaime Pandelet

¿Tan escaso está el Reino de España de recursos como para que sus mejores agentes puedan estar en el mercado de las luchas partidistas y los intereses privados más sórdidos? Y hago esta pregunta dando por hecho que la condición de amigo del Rey y de la Reina del señor López Madrid no le hace merecedor de una protección especial por parte de los aparatos del Estado y que por lo tanto cuando ha buscado el asesoramiento del comisario Villarejo -como él mismo ha reconocido en sede judicial- lo ha hecho a título particular.

Cualquiera que lea con detenimiento y cierta perspicacia el prolijo testimonio de la doctora Elisa Pinto en el blog de EL ESPAÑOL tendrá la sensación de que se trata de un relato fragmentario de lo que se intuye como una relación mucho más compleja y bilateral de lo que ella reconoce. Vamos, que dice la verdad, pero ni dice solo la verdad, ni menos aún dice toda la verdad.

Hecha esta salvedad, lo que de ninguna manera se sostiene como hipótesis cabal es esa gabardina vuelta del revés que las agencias de comunicación e imagen contratadas por el multimillonario afectado pretenden enjaretar a la opinión, alegando que la acosadora era ella y que todas sus acusaciones son pérfidas fabricaciones del despecho.

¿Por qué una profesional asentada en una consulta abierta al público, dependiente de una clientela en la que la reputación es la confianza, iba a embarcarse en una pelea tan desigual? ¿En qué cabeza humana cabe que una madre vaya a implicar a un niño de 10 años en un truculento montaje que supondría hacerle víctima de amenazas inducidas por ella misma y convertirle en testigo presencial de un apuñalamiento fingido, con la sangre manando de su vientre, la UVI móvil presentándose para estabilizar la herida y la ambulancia trasladándola ululando al hospital en estado incierto?

Es posible que los móviles de la denunciante agredida sean espurios y que, como ocurre casi siempre, el muestrario de la condición humana no salga ennoblecido de este lance. Pero lo que más debe preocuparnos no es eso sino el nivel de probabilidad de que una de las partes de lo que primero fue una historia privada y luego un pleito público haya tenido a su favor a funcionarios u organismos del Estado por su condición de amigo íntimo de los monarcas. Una vez reconocida por López Madrid su conexión con el supercomisario, la pasividad primero de la Policía y la aparente parcialidad después de la Guardia Civil producen una enorme zozobra en este Madrid huelebraguetas en el que cientos de funcionarios y detectives practican seguimientos a diario y se pinchan impunemente los teléfonos con un mero clic de ordenador.

Que no quede la menor duda de que mi opinión sobre el escándalo del ático de Ignacio González sigue coincidiendo con la del penúltimo periódico que fundé. Por muy farruco que se ponga el ya pronto ex-presidente de la Comunidad, de lo que no cabe duda es de que utilizó a una empresa de Delaware, especializada en ejercer labores de testaferro, para hacerse con el inmueble, mediante un contrato de alquiler indiciariamente destinado a enmascarar una compra de muy difícil justificación. Esto no era suficiente para sentarle en un banquillo pero debía haberle apartado hace tiempo de la vida pública. La sombra de la sospecha le acompañaba allá donde iba como si llevara encasquetada una nube mefítica y poco se habría perdido si su partido le hubiera obligado en su día a dar un paso atrás.

Siendo notoria además la antipatía activa que me profesa -ahí está el audio de su diatriba radiofónica- entraría dentro de la lógica que zapateara hoy sobre su tumba. Sin embargo, puede más en mí el desasosiego de comprobar cómo la misma cúpula del PP que durante años ha fingido ignorar el escándalo -en el despacho de Rajoy se habló, en presencia de Bárcenas, de la conexión del ático con el pelotazo urbanístico de Arganda- lo haya utilizado ahora arteramente para tratar de dejarle fuera de la contienda electoral.

No es casualidad que en el PP de Madrid se haya reproducido casi milimétricamente la operación de acoso y derribo de la que ha sido víctima Tomás Gómez en el bando socialista. Ahora resulta que el tranvía de Parla pasaba por la lujosa buhardilla de Estepona. A lo que estamos asistiendo es en el fondo a un intercambio de cromos, o para ser exactos de rehenes, al modo que se hacía con los espías capturados in fraganti durante la Guerra Fría, destinado a facilitar los grandes acuerdos que las fuerzas hegemónicas de la Vieja Política tienen en mente para bloquear el acceso de los agentes de la Nueva Política a la mesa del poder. En San Telmo y la Puerta del Sol se pondrán las primeras barricadas del cordón sanitario que pretende proteger la Moncloa tanto de la revolución como de la regeneración.

Las primarias arrumbadas por el PSOE y abominadas por el PP han sido así sustituidas por sendas purgas políticas en las alcantarillas de la ciudad a las que, tapándonos la nariz, acudimos a diario los periodistas en cumplimiento del deber, conscientes de que es en ese nauseabundo entorno donde circula la información que concierne a los ciudadanos. ¿Qué hacen en definitiva Génova y Ferraz respecto a sus fraternales compañeros de partido sino gestionar una acumuladora de mierda, digna de ser patentada por el profesor Franz de Copenhague, que abre las compuertas de sus sentinas sobre una expendedora de bocadillos de detritos cuando a la dirección le complace?

Ésta es la España de los 40 embanquillados por la primera fase de la Gürtel con los tesoreros del partido a la cabeza y la niña de Rajoy como comparsa. Ésta es la España que aguarda las resoluciones sobre los papeles de Bárcenas, el recibí de los 200.000 dineros de la Cospedal y la financiación ilegal en Valencia, en Baleares o en Madrid. Ésta es la España que lleva camino de tener que habilitar el Villamarín o el Sánchez Pizjuan para albergar a tantos chorizos como los que habrá que juzgar por los ERE, los cursos de formación y demás subvenciones ilegales de la Junta. Ésta es la España en la que cinco Pujoles se balanceaban sobre la tela marinera de una araña y como veían que se resistía fueron a buscar a un camarada. Ésta es la España de las tarjetas black en la que si un presidente de una caja prolongaba su jornada laboral para corromperse de sol a sol siempre tenía un jet privado que le trasladara a reponer fuerzas en Cuba.

El dinero no huele pero los que lo saquean apestan. Tantas capas freáticas de heces represadas, durante casi otro cuarto de siglo, desde los roldanes hasta nuestros días han atascado los desagües y desbordado el sumidero haciendo inevitable la fermentación de la letrina. Ahora ni tenemos a Isabel II sentada sobre ese trono ni los “obstáculos tradicionales” están esencialmente asociados a la Corona, pero necesitaremos al menos cuatro campañas electorales para desmantelar el estercolero en el que acumulan sus deposiciones las clases extractivas de la partitocracia. ¿Qué sería de nosotros si los botarates de Hernández y Floriández no nos alegraran de cuando en cuando el día, remitiéndonos -“Those were the days, my friend”– a nuestra edad de la inocencia? ¿Te acuerdas, querido accionista, amigo lector, de cuando bebíamos agua, dormíamos con la puerta abierta y creíamos en el Naranjito?