Marcha atrás en la Ley Torquemada

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Los agentes encubiertos no podrán hacer uso libremente de material ilícito en sus pesquisas en internet. El Senado pule uno de los puntos más polémicos de la futura norma.

 

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Imagen de un centro de datos. (Reuters)

La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal afina, tras su paso por el Senado (PDF), el control en lo que respecta a las investigaciones de los delitos informáticos. Con la nueva redacción, el agente encubierto en Internet necesitará “autorización específica” para poder intercambiar “por sí mismo” archivos ilícitos por su contenido.

A tres meses de las elecciones generales, y gracias a una enmienda transaccional en la Cámara Alta, el texto de la reforma llega con un refuerzo de las garantías procesales, sobre todo en lo que toca a las investigaciones en las que se utilizan nuevas tecnologías (agentes encubiertos online, troyanos policiales de vigilancia, etc.).

Esta norma fija, por primera vez de forma exhaustiva, bajo qué criterios se pueden intervenir comunicaciones electrónicas y utilizar nuevas herramientas digitales, siempre con autorización judicial.

En la última versión del texto se ha restringido la amplitud con la que se había redactado el precepto inicial, que decía literalmente: “El agente encubierto electrónico podrá intercambiar o enviar por sí mismo archivos ilícitos, siendo posible en tal caso el análisis de los algoritmos asociados a dichos archivos”.

Al ser tan amplio, dicho precepto podría haber abarcado cualquier tipo de comportamiento en la Red, como por ejemplo el intercambio de material pedófilo, y existía el riesgo de que el agente encubierto incurriera en una incitación al delito, lo que hubiera sido inconstitucional.

“Autorización especifica”

Ahora, la enmienda introduce en la redacción del articulo 282 bis 6 la obligación de que exista “una autorización especifica” para que dicho agente encubierto pueda intercambiar material ilícito en internet.

De forma más amplia, la reforma -que no en vano se refiere a “la regulación de las medidas de investigación tecnológica”- obligará a los agentes a detallar al juez qué datos se persigue recabar, mediante qué instrumentos y qué duración tendrá la medida.

Según el abogado Carlos Sánchez Almeida, “hay que congratularse por este cambio introducido por el Senado, en la medida que la exigencia de autorización judicial específica para compartir archivos ilícitos aumenta las garantías procesales y evita la posibilidad de delitos provocados”. “No obstante”, añade dicho letrado especializado en internet y nuevas tecnologías, “la reforma en su conjunto es muy dura en materia de delitos informáticos, que se equiparan procesalmente a los casos de terrorismo y delincuencia organizada”.

Otros puntos polémicos de esta ley

Detención incomunicada (art. 509): Se mantiene la posibilidad de que el juez decrete prisión incomunicada durante un máximo de cinco días, prorrogables a otros cinco (en total, 10) “cuando se trata de causas por delitos de terrorismo o delincuencia organizada”. Éstos últimos, según la norma, son los “cometidos concertadamente y de forma organizada por dos o más personas”.

Instalación de troyanos (art. 588 septies a): Se habilita el uso de programas espías para registrar de forma remota ordenadores o sistemas informáticos. Se podrá utilizar este tipo de herramienta, naturalmente sin conocimiento del afectado, en investigaciones de delitos de terrorismo -el Código Penal considera como “terrorismo” filtraciones o difusión de consignas en internet-, contra menores, contra la Constitución y cualquier delito cometido “a través de instrumentos informáticos o de cualquier otra tecnología de la información o la telecomunicación o servicio de comunicación”.

Instalación de dispositivos de localización (art. 588 quiquies b): La norma prevé habilitar a los agentes para colocar dispositivos secretos de localización sin autorización judicial previa, pero siempre que “concurran razones de urgencia que hagan razonablemente temer que de no colocarse inmediatamente el dispositivo o medio técnico de seguimiento y localización se frustrará la investigación”. Después se establece un plazo máximo de 24 horas para que el juez ratifique o acuerde el cese de la medida.

Las ‘penas de telediario’ (art. 520 1): Una de las disposiciones más mediáticas de la reforma de esta ley contempla adoptar las “medidas necesarias para asegurar el respeto a los derechos constitucionales al honor, intimidad e imagen” de los afectados tanto en el momento de su detención como en traslados ulteriores. Se trata de evitar imágenes como las del cogotazo a Rodrigo Rato o la detención de Isabel Pantoja, por poner dos casos recientes con gran impacto en la opinión pública. Tras su paso por el Senado, el texto queda muy matizado al incluir “el respeto al derecho fundamental a la libertad de información”, por lo que es probable que sigamos viendo imágenes de personajes públicos acompañados por los agentes.

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Ashley Madison, ¿víctima o responsable?

A photo illustration shows the Ashley Madison website displayed on a smartphone in Toronto

¿Son los supuestos y misteriosos miembros de Impact Team unos activistas que se preocupan por la moralidad y la seguridad de los usuarios o son los responsables de una extorsión en toda regla? ¿Es la matriz de Ashley Madison, la compañía canadiense Avid Life Media, una víctima del ataque o la que ha fallado estrepitosamente en la custodia de los datos más sensibles de sus clientes, que confiaban en su supuesta “seguridad al 100%”?

Con la filtración de información de millones y millones de cuentas de la red social Ashley Madison se ha destapado una cantidad ingente de datos personales -muchos de ellos comprobados como reales– cuyos dueños confiaban en la discreción del servicio. La acción, reivindicada por un oscuro grupo autodenominado Impact Team, ha acaparado la atención mundial, en parte debido a la naturaleza de los datos expuestos: el objetivo que publicita esta red social es facilitar la infidelidad.

En un comunicado, Avid Life Media, sociedad matriz del portal, afirmaba esta semana: “Este evento no es un acto de hacktivismo, es un acto criminal, es una acción ilegal contra los miembros individuales de Ashley Madison, así como contra cualquier empresa que libremente elige participar en actividades en línea totalmente legales”. “El criminal o criminales que participan en este acto se han nombrado a sí mismos jueces, jurados y verdugos de la moralidad […] No vamos a permitir a estos ladrones que impongan su ideología personal sobre ciudadanos de todo el mundo”.

En el otro extremo, los hackers razonaban de otro modo. “¿Se encuentra usted en esta lista?”, pregunta Impact Team a los usuarios que ha colocado bajo el foco publico. Y añade: “Fue Avid Life Media quien le falló y le mintió. Demande y reclame daños y perjuicios. Luego siga adelante con su vida. Aprenda la lección y haga las paces. Será vergonzoso ahora, pero lo superará”.

La información que se puede encontrar en los 9,7 GB de datos filtrados inicialmente (habrá muchos más; en una entrevista los miembros de Impact Team aseguran tener hasta 300 GB de datos internos de la compañía, decenas de miles de fotos ‘íntimas’ de usuarios, contenidos de chats…) profundiza en multitud de detalles personales. La lista es interminable: supuestos nombres, direcciones postales, transacciones con fecha y cantidad, algunas geolocalizaciones, hábitos personales y, de forma extremadamente pormenorizada, las costumbres y tendencias sexuales. Todo ello proporcionado a Ashley Madison por los clientes de la red social.

Suponiendo que toda esa información sea auténtica, “estamos hablando de datos especialmente protegidos, como son las preferencias sexuales”, comenta el abogado especializado en internet Carlos Sánchez Almeida. Efectivamente, en España la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) otorga a la información sobre la vida sexual un rango de especial protección.

La letra pequeña

Como en todo servicio, existen unos Términos de Uso que el cliente acepta al darse de alta (pocos los leen, por cierto) y que en el caso de Ashley Madison no garantiza que la información que se proporciona o que ellos recopilan no será divulgada a terceros. Es una especie de salvaguardia frente a las filtraciones.

Samuel Parra y Verónica Alarcón, socios del bufete ePrivacidad, afirman: “En los Términos de Uso una empresa puede poner lo que quiera, pero cualquier tipo de cláusula que sea contraria a la ley se entenderá por no puesta; y algo es contrario a la ley no sólo cuando ésta lo prohíbe, sino también cuando la ley te obliga a hacer algo y tú pactas lo contrario sin cobertura legal”.

“Esto significa , en el caso de Ashley, que esa cláusula concreta en la que dice que no garantiza que la información no vaya a ser divulgada a terceros no la exime de responsabilidad”, añaden. Y concluyen: “Esa cláusula, como si no existiera”.

¿Y la responsabilidad?

Por la vía administrativa: Almeida sostiene que, aunque pudiera existir una infracción de la LOPD, la Agencia de Protección de Datos “poco o nada puede hacer” contra la matriz de Ashley Madison, situada en Canadá. Samuel Parra, sin embargo, no está de acuerdo: “Ashley Madison tiene la obligación y responsabilidad de mantener seguros los datos personales de sus clientes/usuarios; en España, el tema de la seguridad de los datos personales es una obligación legal para cualquier empresa, ya que así lo indica el artículo 9 de la LOPD”.

Recuerda el experto que la compañía tiene oficinas en Nicosia (Chipre), “que es, de hecho, donde se ocupan de la privacidad”. “Un ciudadano español no solo podría exigir responsabilidad por la filtración sino también solicitar a la AEPD que se bloquee el acceso al sitio o sitios web donde han colgado la información personal ilícita extraída”, comenta.

Parra asegura que “Ashley Madison debería hacer todo lo que estuviera en su mano para evitar que terceros no autorizados puedan acceder a la información y en estos casos se suele entender que es una obligación de resultado, de forma que, si al final se difunden datos, se podría entender que no hizo todo lo que estaba en su mano, aunque habría que ver exactamente cómo consiguieron los intrusos esa base de datos”. A su juicio, “esta compañía tendría una responsabilidad administrativa desde el punto de vista de la legislación sobre protección de datos en el caso de que se le aplicasen las leyes españolas”.

Algo parecido le sucedió a la empresa tecnológica Arsys, que en 2007 sufrió un ciberataque que comprometió datos bancarios, teléfonos y domicilios de miles de usuarios españoles. La compañía fue multada por Protección de Datos precisamente por incumplir su deber de custodiar de dicha información.

Por la vía civil: La compañía también podría enfrentarse a una acción civil (o varias), aunque sólo en Canadá. Almeida sostiene que esta acción podría materializarse en una class action o acción colectiva, en la que varios afectados se unen y contratan a un gabinete especializado que lleve su caso.

Por la vía penal: Según Almeida, penalmente sólo se puede actuar contra el o los hackers, es decir, contra el autor de la filtración, salvo que Canadá contemple como delito la negligencia en la custodia de los datos.

En este sentido, Samuel Parra recuerda que “la responsabilidad de los ciberintrusos es de naturaleza distinta: según la información disponible ahora mismo sobre la intrusión, ellos pueden haber cometido un delito de revelación de secretos tipificado en los artículos 197.2 y 197.3 del Código Penal español, con penas de prisión de hasta cinco años”.

Los ‘troyanos policiales’ no son legales (pero lo serán)

La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal habilitará el uso de estas herramientas de forma expresa por parte de las fuerzas de seguridad del Estado, siempre mediante orden judicial. Pero a día de hoy su uso no está regulado por la ley.

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Imagen: Pixabay

Esta semana ha sido noticia que la empresa italiana Hacking Team, conocida por ser una de las principales proveedoras de spyware a empresas y gobiernos, sufrió una ciberintrusión con el resultado de la publicación de 400 GB de datos internos. A raíz de los mismos se desprende que, al menos, la Policía Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) han comprado [PDF] su sistema de vigilancia remota. La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal [PDF] habilitará el uso de estas herramientas de forma expresa por parte de las fuerzas de seguridad del Estado, siempre mediante orden judicial. Pero a día de hoy su uso no está regulado por la ley.

El producto estrella de Hacking Team es el sistema de control remoto (Remote Control System o RCS), un paquete de malware que permite a quien lo maneje infiltrarse en ordenadores y teléfonos móviles para controlar las comunicaciones por e-mail, servicios de mensajería como WhatsApp o de llamadas como Skype.

Hasta la fecha se desconoce si la Policía -cuyo contrato con Hacking Team expiró hace tiempo- o el CNI han llegado a utilizar dichos virus informáticos para realizar labores de vigilancia. No obstante, su uso puede acarrear problemas legales para las fuerzas y servicios de seguridad del Estado.

En España, la intervención de las comunicaciones debe ser autorizada por el juez dado que afecta al derecho fundamental al secreto de las comunicaciones recogido en el articulo 18.3 de la Constitución.

“Técnicamente un juez puede autorizar el uso de ‘troyanos’, pero eso no lo he visto jamás”, apunta el abogado especializado en nuevas tecnologías Carlos Sánchez Almeida. “No creo que suceda sin habilitación legal”, apunta, y añade: “Un juez tiene que redactar un auto motivado, y para ello tiene que haber normativa”.

La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, actualmente en el Senado, prevé regular precisamente el uso de ‘troyanos’ para investigar ordenadores de forma remota, un instrumento que demandaban desde hace tiempo policías y fiscales.

‘Troyanos’ en la ley

Concretamente, el artículo 588 septies a) habilita, previa autorización judicial, la instalación de software espía “que permita, de forma remota y telemática, el examen a distancia y sin conocimiento de su titular o usuario del contenido de un ordenador, dispositivo electrónico, sistema informático, instrumento de almacenamiento masivo de datos informáticos o base de datos”.

El texto prevé dicha habilitación para una serie de delitos, entre ellos de terrorismo, los cometidos en el seno de organizaciones criminales, contra menores, contra la Constitución, los relativos a la defensa nacional y los “delitos cometidos a través de instrumentos informáticos o de cualquier otra tecnología de la información o la telecomunicación o servicio de comunicación”.

¿Pueden la Policía y el CNI comprar este tipo de software? Responde el abogado: “Pueden comprarlo si es para estudiar su funcionamiento. Pero si lo quieren utilizar, es necesaria una autorización judicial y la existencia de una ley orgánica que habilite su empleo”.

Según este experto, el hecho de que la normativa abra la puerta al uso de malware por parte de las fuerzas de seguridad del Estado puede acarrear otros problemas. “Este tipo de sistemas de vigilancia deberían de ser auditados y homologados”, comenta Almeida, quien destaca que en el caso de software como el de Hacking Team estos programas “suelen tener un origen bastante oscuro”.

La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal se encuentra en estos momentos en la recta final de su tramitación parlamentaria, y la normativa entrará en vigor previsiblemente en el último trimestre de este año.


También en EL ESPAÑOL: CNI, Defensa, Guardia Civil y Policía contactaron con Hacking Team para controlar teléfonos

Las ‘leyes mordaza’ ya están aquí

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Este 1 de julio entra en vigor, a pesar de las críticas recibidas, la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana: una norma polémica apodada ‘ley mordaza’ por su carácter restrictivo para las libertades. Esto es lo que debes saber sobre ella.

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Imagen cortesía de Juan Luis Sánchez / LICENCIA CC-BY

El Congreso de los Diputados dio luz verde a la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana: una norma polémica apodada ‘ley mordaza’ por su carácter restrictivo para las libertades de manifestación y de información. Esta ley entra en vigor este 1 de julio a pesar de las críticas de asociaciones, expertos e incluso relatores del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

¿Por qué me interesa esto?

La Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana sale adelante con el único apoyo del Partido Popular. Según la norma, pasarán a ser sanciones administrativas ciertos comportamientos hasta ahora considerados como faltas e incluidos en el Código Penal.

Esto tiene dos efectos. El primero es que se aceleran los procedimientos contra el ciudadano infractor al eliminar el proceso judicial y todas las garantías que conlleva. El segundo es que aumenta la potestad sancionadora del Ministerio del Interior y de las comunidades autónomas con policía propia.

Los comportamientos sancionados especialmente llamativos son aquéllos que se refieren a manifestaciones en las que la protección legal y el poder de los agentes de policía se ve muy reforzada.

A continuación se incluye un resumen de los comportamientos prohibidos por esta ley comentados por el abogado Carlos Sánchez Almeida, miembro fundador y director legal de la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI).

¿Qué conductas prohíbe?

La nueva norma divide las acciones prohibidas en tres grupos: muy graves (sancionadas con multas de 30.001 a 600.000 euros), graves (multas de 601 a 30.000 euros) y leves (entre 100 y 600 euros).

¿Cuáles son las infracciones muy graves?

Son infracciones muy graves, por ejemplo, las manifestaciones prohibidas o no comunicadas cerca de lugares “en donde se prestan servicios básicos para la comunidad”. La responsabilidad de esas manifestaciones no sólo recaerá en los organizadores de las marchas sino en “quienes por publicaciones o declaraciones de convocatoria […] pueda determinarse razonablemente que son directores de aquéllas”.

“En la práctica”, explica Almeida, “las diferentes sanciones por manifestarse suponen una prohibición retroactiva del 15M. Todo cuanto se hizo a partir de mayo de 2011, aprovechando al límite las libertades reconocidas por la Constitución, queda ahora prohibido. Además de ello, se construyen liderazgos ficticios de las manifestaciones para evitar el ‘efecto Fuenteovejuna’ tan característico de la Spanish Revolution: toda manifestación tendrá un responsable aunque se limite a apoyar el hashtag de convocatoria por Twitter”.

Otras infracciones muy graves son la celebración de espectáculos prohibidos por razón de seguridad pública y el uso de punteros láser contra pilotos o conductores de medios de transporte, así como la tenencia de armas o explosivos sin permiso, cuando no sea delito.

¿Y las infracciones graves?

Son infracciones graves, por ejemplo, manifestarse frente a las sedes del Congreso de los Diputados, el Senado o los parlamentos autonómicos cuando perturben gravemente la seguridad ciudadana. También oponerse a la disolución de una manifestación, así como la desobediencia o resistencia a la autoridad en cualquier caso, especialmente en casos de desahucios. 

Asimismo, el uso de imágenes y datos de autoridades y agentes de policía que puedan poner en riesgo la seguridad personal o familiar de dichos agentes, aunque “con respeto al derecho fundamental a la información”.

Almeida recuerda el caso de la manifestación Rodea el Congreso, declarada lícita por el juez Santiago Pedraz. “Esa protesta podría ser sancionable con arreglo a la ‘ley mordaza’. La resistencia pasiva será objeto de sanción administrativa de acuerdo con la ‘ley mordaza’ y podría ser hasta delito”.

“Mucho más grave desde el punto de vista del derecho a la información”, añade el abogado, “es la posibilidad de sancionar a quien fotografíe a policías: la ley incluso permite que se incaute la cámara a los fotoperiodistas como instrumento para la comisión de la infracción”.

Se recoge también como infracción grave “la falta de colaboración con la policía en la averiguación o prevención de acciones que puedan poner en riesgo la seguridad ciudadana”.

“¿Será sancionable el silencio, pese a que la Constitución recoge el derecho de todo detenido a no contestar?”, se pregunta Almeida. “Con la redacción ambigua de la ‘ley mordaza’ todo es posible. Hasta sancionar la mera resistencia pasiva en una sentada. Como se dijo en un divertido comentario leído en Menéame, en una película de Gandhi nuestro legislador iría con los malos”.

Por último, también serán castigados como infracciones graves el consumo de drogas y la solicitud o aceptación de servicios sexuales en la vía pública.

¿Qué infracciones leves establece la ley?

La norma recoge como infracción leve el “exhibicionismo obsceno”. También la ocupación de un inmueble o la de la vía pública para la venta ambulante no autorizada.

Almeida destaca que la ley no define qué debe considerarse obsceno: “Eso quedará sometido a los criterios morales del jefe de una unidad antidisturbios. El cuerpo desnudo de Jill Love en Rodea el Congreso o las acciones de Femen podrán ser perseguidas si enseñan demasiada carne según el criterio de los responsables de una unidad de intervención policial. Quizás, como en el franquismo, habrá una unidad especializada en medir el tamaño de las faldas y los escotes”.

Insultar a un agente de la policía (las “faltas de respeto y consideración” hacia las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado) también se sancionará como infracción leve. “Es otro supuesto donde se ataca el derecho a la libertad de expresión”, afirma Almeida. “La ponderación de ese derecho con el derecho al honor siempre debería estar sujeta a un criterio judicial y no policial en un proceso con las debidas garantía. La ‘ley mordaza’ está pensada para que en la calle la policía sea al mismo tiempo juez y parte, además de ostentar el monopolio de la violencia”.

Otra falta leve será negarse a identificarse ante un agente y perder el DNI por tercera vez en un año. Según Almeida, la sanción por pérdida reiterada del DNI es ridícula: “¿Habiendo tasas, quién necesita sanciones? Sería mucho más efectivo imponer una fuerte tasa por renovación de DNI después de una pérdida reiterada. Habría más respeto a la presunción de inocencia”.

Un botellón también se podrá sancionar con una multa de hasta 600 euros “cuando perturbe gravemente la tranquilidad ciudadana”. La nueva ley también legaliza las devoluciones ‘en caliente’ de personas que crucen ilegalmente la frontera en Ceuta y Melilla. Esta medida entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE.

¿Cómo ve ampliado su poder la policía?

Almeida se muestra contundente: “El mayor efecto liberticida de la ‘ley mordaza’ es la desaparición de las garantías procesales que otorgaba el antiguo Código Penal: se sustituyen los jueces por policías, al sustituir las faltas penales por infracciones administrativas”.

Según el abogado, “esta forma de legislar tiene tristes antecedentes históricos: era la práctica habitual en regímenes totalitarios. y evidencia un desprecio absoluto al poder judicial. Desde el 15M han sido numerosas las sentencias absolutorias en juicios de faltas contra los activistas que ejercían la desobediencia civil pacífica. Al despenalizar las faltas, desaparecerán los jueces y las garantías del proceso penal para ser sustituidos por multas de policías a los que la ley otorgará total credibilidad”, sostiene el abogado. “Ante un juez se puede debatir si una determinada conducta está amparada por la ley. Discutir ante la policía supondrá ser detenido por desobediencia”.

¿Por qué ‘leyes mordaza’? ¿Es que hay más?

Pues sí. Se han aprobado dos reformas del Código Penal, la primera como fruto del pacto de PP y PSOE contra el terrorismo. Ambas reformas han recibido críticas muy fuertes por su carácter reaccionario y represivo. La reciente reforma de la Ley de Propiedad Intelectual también refuerza ciertos mecanismos de control de publicaciones digitales con el fin de preservar los derechos de autor. Unidas, estas reformas convierten a la ‘ley mordaza’, en palabras del propio Almeida, en un ‘monstruo de tres cabezas’ que restringirá la libertad.

Para hacerse una idea del alcance de las medidas que se aprueban, la PDLI ha publicado un post sobre cómo afectará a la ciudadanía la aprobación de todas estas medidas, otro sobre el Código Penal reformado y un completo informe sobre ‘Límites y amenazas al ejercicio de las libertades de expresión e información en España’. La propia plataforma califica este mes de ‘marzo negro’.

Además, se encuentran en tramitación parlamentaria las reformas de la Ley de Enjuiciamiento Criminal con medidas que también reforzarán los mecanismos de control y vigilancia a la ciudadanía.

¿Qué supone para la libertad de expresión?

Al final, ¿qué significan estas modificaciones normativas para el ciudadano? Virginia P. Alonso, presidenta de la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI), concluye que tanto la doble reforma del Código Penal como la nueva Ley de Seguridad Ciudadana “tienen un nexo común, que es la penalización de las nuevas formas de protesta, que se canalizan a través de las redes sociales”.

Alonso apunta como agravante que “todo esto se ha tramitado por el procedimiento de urgencia, cuando no hay nada en la sociedad española que obligue a aprobar estas leyes tan deprisa: España tiene unos índices de criminalidad bajos y la inseguridad ciudadana nunca ha representado un problema para la opinión pública”.

¿Por qué, entonces, tanta prisa? “Nosotros pensamos”, afirma Alonso, “que el partido que está gobernando ahora quiere poner coto a esta marea de protestas sociales que sí han tenido cierto eco en la ciudadanía en tanto que las intenciones de voto han cambiado, y pretende bloquear tanto las protestas como la forma en que se informa sobre ellas”.

“No olvidemos que se han cambiado mucho las estructuras de la comunicación en España, de modo que el esquema ‘emisor-receptor’ ha desaparecido y todos podemos ser emisores de información”, afirma Alonso, que añade: “Lo que se está tratando de hacer es que la gente se controle, que tenga miedo a la sanción y deje de contar lo que hasta ahora contaba sobre las protestas en la calle”.

En cuanto al alcance de estas reformas, Alonso estima que la Ley de Seguridad Ciudadana “es una regresión a la ley franquista de orden público de 1959 porque antepone el orden en las calles a derechos reconocidos por la Constitución y olvida que la defensa del orden público está para que todos podamos ejercer nuestros derechos y no al revés”.

Anonymous: un sumario que ‘pone en riesgo el derecho de defensa’

Las transcripciones de varias conversaciones entre abogados y clientes en el sumario del caso Anonymous ponen en riesgo el derecho de defensa, según denuncian los letrados de los supuestos cabecillas de la organización.

También en EL ESPAÑOL: Las claves del caso Anonymous

El sumario del caso contra la supuesta cúpula de Anonymous sigue incluyendo conversaciones entre clientes y abogados, algo que pone en riesgo el derecho a la defensa de los acusados. Esto sucede cuatro años después de que la juez encargada del caso ordenara su eliminación, una vez que la Fiscalía ha presentado su escrito de acusación -pide cinco años de cárcel para los tres acusados- y justo cuando va a comenzar el juicio oral.

La orden de la eliminación de dichas transcripciones tuvo lugar después de que se hiciera público este hecho. La secretaria judicial incluso dio fe de la retirada de este contenido tras el mandamiento correspondiente de la titular del juzgado número 4 de Gijón, Ana López Pandiella. Pese a todo, las conversaciones no desaparecieron del sumario, tal y como ha podido constatar este diario.

El fiscal ha presentado recientemente su escrito de acusación en el que pide más de cinco años de cárcel para los tres supuestos responsables de Anonymous. Recibió el sumario con las transcripciones de varias conversaciones entre uno de los acusados (R. T. S.) y su abogado, David Maeztu, en las que se planteaban algunas estrategias de defensa.

En una de esas conversaciones, el abogado -claramente identificado como tal- comenta por teléfono con su defendido que una de las estrategias a seguir es plantear la nulidad de su identificación basada en la dirección IP.

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Captura de una de las transcripciones que aparecen en el sumario.

“Aquí la clave de esto está en que el delito que se te imputa no tiene relevancia como para que haya procedido a la identificación, entonces, todo lo demás está viciado de nulidad, y eso es lo que yo pediría en principio”, dice Maeztu, según consta en la transcripción.

Ya hace cuatro años, el propio abogado sospechaba que perseguir a alguien por ciertos delitos, como la comisión de un ataque de denegación de servicio, “se enfrenta al problema de que no se puede identificar a quien está detrás de una dirección IP porque el delito de daños del artículo 264.2 no es un delito grave, ya que la pena es inferior a cinco años de prisión”.

El abogado también añadía sus sospechas de que la Policía trataba de “buscar la manera de elevar el nivel del delito para saltarse la limitación legal, razón por la que intenta reconducir todo lo que tenga que ver con Anonymous hacia la consideración de estar ante un delito de pertenencia a una organización criminal”, y así sumar más pena.

Anonymous, organización criminal… o no

El fiscal acusa a los supuestos miembros de la presunta cúpula de Anonymous de los delitos de daños continuados (cuatro años y cinco meses de prisión, en este caso) e integración en un grupo criminal (11 meses de cárcel, también en este caso). Sólo con el primer delito la pena no alcanzaría los cinco años de prisión necesarios para poder identificar a un usuario por su dirección IP, tal y como expuso Maeztu. Pero el fiscal considera también que los imputados integran un grupo criminal y, de este modo, las penas solicitadas superan los cinco años.

¿Es Anonymous una organización criminal y, por tanto, puede acusarse a alguien del delito descrito en el artículo 570 del Código Penal? Pues depende del informe policial que toque.

En este caso, el fiscal considera que los acusados integran “un grupo criminal con la intención de perpetrar reiteradamente delitos leves”, y pide que se aplique la pena en su mitad superior al estar en grupo criminal “formado por un elevado numero de personas” (artículo 570 ter 1c y 2a del Código Penal).

Sin embargo, en un caso similar contra supuestos miembros de Anonymous instruido en el juzgado número 7 de Toledo, la propia Policía afirma en un informe -y sin lugar a dudas- que “no se puede asociar Anonymous a una Organización Criminal” ya que “existe un gran número de personas afines a Anonymous que, aunque difundan su ideología, lo hacen sin cometer ningún acto delictivo”.

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Informe policial que dice que Anonymous NO es organización criminal.

Consecuencias

David Maeztu, en conversación telefónica, comentó irónicamente que “cuatro años más tarde, las conversaciones entre cliente y abogado seguían allí”. “Estoy estudiando medidas contra la secretaria judicial, dado que fue ella quien dio fe de la devolución de estas transcripciones de conversaciones con mi cliente a la Brigada de Investigación Tecnológica (de la Policía), concretamente el 25 de julio de 2011”, añadió el letrado.

Por su parte, el abogado Carlos Sánchez Almeida, defensor de otro de los acusados, coincide con Maeztu en que el caso está viciado de nulidad. “Con independencia de que el caso Anonymous es un montaje político contra el 15M desde el primer momento, la interceptación de comunicaciones entre abogado y cliente invalida todo el procedimiento, al afectar al núcleo duro del derecho de defensa”, afirma.

“El proceso carece de toda garantía desde el momento en que policías, juez y fiscal han podido tener conocimiento de toda la estrategia de defensa”, añade Sánchez Almeida. Y concluye: “De conformidad con la doctrina jurisprudencial de los frutos del árbol envenenado, se debe anular todo el proceso”.

 

Cómo debatir sobre la ‘piratería’ en internet sin perder los nervios

Un escritor, un abogado y un empresario se juntan para hablar de ‘piratería’ digital. No hay insultos, ni guerras de cifras ni salidas de tono. Los protagonistas coinciden en proponer diálogo para mitigar las descargas ilícitas. Diálogo y concienciación.

Debate ‘Piratería en internet’.

Un autor, un abogado y un empresario se encuentran en un hotel de Madrid para hablar de piratería digital. Se sumergen en un debate  sereno. No hay insultos, ni faltas de respeto, ni guerras de cifras de origen incierto ni salidas de tono. Los protagonistas coinciden en proponer diálogo para mitigar las descargas ilícitas. Diálogo y concienciación.

El Confidencial ha abordado la espinosa cuestión de la propiedad intelectual en la Red con un debate moderado por el periodista Peio H. Riaño. En esta ocasión el triángulo ha sido de lujo: el escritor Lorenzo Silva, muy activo en internet; Carlos Sánchez Almeida, abogado especialista en nuevas tecnologías; y Juan Carlos Tous, fundador de la plataforma Filmin, pionera en oferta de contenidos de pago por internet en España.

El título del debate era toda una declaración de intenciones: ‘Piratería en Internet, ¿Cómo poner puertas al campo?’. Sobre todo en un año especialmente prolífico en reformas legales, como las que afectan a la Ley de la Propiedad Intelectual -con un refuerzo de la llamada Ley Sinde contra los sitios de enlaces a descargas ilegales- y el endurecimiento de los castigos que prevé la del Código Penal (hasta seis años de prisión en los casos más graves y extremos). Unas reformas que, en palabras del propio moderador, dejan “poco margen”. ¿Unas auténticas puertas al campo?

Las reformas son “un paso adelante más” para el fundador de Filmin. “Hemos visto cómo plataformas que operaban en una impunidad total han cerrado o han cambiado su orientación hacia la información de series o películas sin apuntar a la descarga libre de contenido”, añadió Juan Carlos Tous nada más empezar su intervención, y apuntó: “Las reformas han suscitado concienciación y debate”.

“Nos han quitado derechos políticos y ciudadanos, se ha bajado la calidad de esos derechos en toda la legislatura”

Sin embargo, Almeida consideró que “el debate no se puede aislar de la evolución del país en los últimos cuatro años”. “Nos han quitado derechos políticos y ciudadanos, se ha bajado la calidad de esos derechos en toda la legislatura”, aseguró el abogado.

Mientras, Lorenzo Silva pidió a Almeida que no mezclara “actuaciones en las que el Estado realiza restricciones a las libertades publicas con un asunto privado y una vulneración de derechos”. “El campo es Cervantes, Calderón, dentro de poco Lorca… pero no Javier Marías, no hay un derecho a pisotear la obra de los autores”, afirmó el escritor.

Silva razonó que no es partidario de la Ley Sinde o Sinde Wert, pero recordó que la propiedad intelectual merece protección “como cualquier derecho legítimo”. “La respuesta civil no es efectiva, por lo que para eso está la protección penal, como último recurso; para ello tiene que haber una norma que advierta de la gravedad de la misma”, añadió.

“En el mundo del libro, la sensación que hay es que puedes crear un sitio web y poner 4.000 enlaces con libros”

“En el mundo del libro, la sensación que hay es que puedes crear un sitio web y poner 4.000 enlaces con libros”, comentó Silva. En ese momento, el escritor sacó su móvil y enseguida encuentró una página “de un tal Jordi” en el que aparece un libro suyo (Y al final, la guerra) que implicó dos años de trabajo. “En multiformato, o sea, esto está mangado, y Jordi que queda tan ancho”, lamentó el autor.

¿Los responsables?

Almeida puso el acento en lo que a su juicio es el verdadero problema de la piratería: “Se va contra pequeños piratas, pero contra los grandes, que tributan en Irlanda, no se va”, comentó el abogado. “Quienes más ganan en internet son las telefónicas, pero no revierten nada en la creación cultural suficiente”.

“Los hábitos sociales son los que son, porque hay agentes económicos que quieren que esto sea así”, afirmó Almeida, que concluyó: “Cuando todo es gratis, quizá el producto eres tú”.

Sin embargo, Silva contraatacó y argumentó: “Para mí es más transparente que la gente se retrate, que pague por cada producto y que sea el mercado que decida, se necesita una ley”. “Mira el carnet por puntos o la prohibición de fumar en los bares, la gente reacciona de esta manera”, afirmó el escritor. “No veo a la gente reaccionar de otro modo”.

Diálogo y concienciación

El debate, por su título, giró sobre todo en torno a las reformas legislativas de este año. No obstante, Almeida fue tajante: “Una vez que la ley está en el BOE, poco debate hay, y el combate tendrá lugar en los juzgados”, comentó, al referirse a los casos que se abrirán sobre todo a partir del 1 de julio, fecha en la que entra en vigor la reforma penal.

“Es muy importante que se recupere el diálogo entre autores y público”, apuntó el abogado como una solución, y recordó que en los últimos años “las industrias culturales han usado a los autores como carne de cañón, como escudos humanos”.

“La cultura y la Red están llamados a ser cómplices, pero es necesaria la concienciación”

“La cultura y la Red están llamados a ser cómplices”, coincidió Lorenzo Silva, “pero es necesaria la concienciación”. El autor afirmó, por ejemplo, que a veces “es que el profe en el colegio quien pone películas pirateadas a sus alumnos, y si es muy enrollado se las graba”.

“Si miramos la sociología del pirata español tiene una tableta de 500 euros, tiene dinero, lo hace porque no pasa nada”, aseguró Silva, y dijo: “Por eso es importante la legislación, para actuar contra las contadísimas personas que se saltan la norma y, sobre todo, para concienciar al resto”.

¿Y la industria?

Ya se han endurecido las leyes ‘antipiratería’, está claro que hay que incidir en la educación en le respeto a la propiedad intelectual… ¿Qué puede hacer la industria de contenidos?

“Filmin no ha tenido respaldo de las entidades que tenían que haberlo hecho”, desveló Tous, pese a que su plataforma lleva funcionando nueve años, una eternidad comparada con otras que sucumbieron por falta de negocio.

Por su parte, Lorenzo Silva criticó el papel de la industria de contenidos frente a las nuevas tecnologías: “Arrastraron los pies todo lo que pudieron, eso fue un error letal; yo digitalicé en su momento 20 libros míos de golpe -sin DRM, para mí los libros no son un producto sino un servicio-, mientras los editores pensaban que el margen de beneficio estaba en el papel”. “Hay que ofrecer los libros en condiciones ventajosas: si alguien se lo quiere prestar a alguien, es legítimo y tolerable”, apuntó el escritor, que afirma que la industria sí que se ha movido.

No obstante, el autor insistió en que “ha habido una regulación deficiente de la propiedad intelectual que dura hasta hoy”. “¿Qué haces cuando vendes libros a un euro sin DRM y te los piratean? ¿O a dos euros? ¿Qué más se puede hacer?”, se preguntaba.

La fórmula Filmin

Para Juan Carlos Tous, “hay puertas al campo”, y para él la cuestión clave es “cómo satisfacer esas ansias de consumir contenidos donde y cuando quiera”. Y parte de una premisa: ve la piratería como un competidor, no como amenaza.

Tous dijo que ha de haber una parte normativa y judicial. “Aquí cualquiera puede montar un chiringuito, y tiene que haber unas sanciones, como en cualquier negocio físico”, comentó Tous. También ha de existir conciencia. “La gente tiene que decidir si quiere apoyar a los creadores o el todo gratis”, afirmó el empresario

Por último, la industria debe adaptarse. “El modelo hasta ahora ha sido útil y válido hasta ahora pero ya no funciona, no puedes hacer al público esperar seis meses para ver una película: tiene que adaptarse”, concluyó Tous.

Lorenzo Silva propuso en el debate una solución para garantizar el acceso de la gente a la lectura, que pasa por que “el Gobierno español lance un programa para editar digitalmente el dominio público español, y eso se puede hacer mañana y por muy poco dinero”. “Lo que no es dominio público que vaya a la biblioteca pública digital, que debe cubrir las necesidades de gente que no tiene recursos, naturalmente con una remuneración”, sugirió.