El Tribunal Supremo acuerda tramitar una demanda que cuestiona a su presidente

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La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha acordado admitir a trámite la demanda presentada por cuatro vocales del Consejo General del Poder Judicial contra la decisión, promovida por el presidente, Carlos Lesmes (en la foto), de no renovar la Comisión Permanente, el núcleo de poder del CGPJ.

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El Tribunal Supremo tramitará una demanda que afecta a su presidente, Carlos Lesmes, como máximo responsable del Consejo General del Poder Judicial, el órgano de gobierno de los jueces. Después de cuatro meses de debate, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha tomado la insólita decisión de admitir a trámite el recurso promovido por cuatro vocales del CGPJ contra el acuerdo de no renovar la Comisión Permanente.

Este órgano se ha convertido en el núcleo de poder del Consejo tras la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial realizada por el PP en junio de 2013. Presidida por Lesmes, sólo cinco de los 20 vocales forman parte de la Comisión Permanente, que ha sumado a sus tradicionales competencias ejecutivas la función de la desaparecida Comisión de Calificación (proponer los nombramientos para cargos judiciales), además de supervisar la actividad de la Inspección y del promotor de la acción disciplinaria (el instructor de los expedientes contra los jueces).

Únicamente esos cinco vocales -que en un futuro próximo serán siete, tras otra reforma que acaba de ser aprobada- tienen dedicación exclusiva en el CGPJ. Los demás simultanean el cargo en el Consejo con su profesión jurídica o judicial, lo que les impide no ya participar sino incluso estar al corriente de la actividad cotidiana de la institución.

La Comisión Permanente diseñada por Lesmes en enero de 2014, recién constituido el nuevo CGPJ, fue renovada tal cual hace seis meses con el solo cambio de Nuria Abad (propuesta por el PP) por Mercé Pigem (CiU). Esta última dimitió tras ser ser sorprendida en noviembre de 2014 por la Guardia Civil entrando en España desde Andorra con 20.100 euros en efectivo. El resto de los elegidos son dos consejeros propuestos por el PP, Juan Manuel Fernández y Gerardo Martínez Tristán, y otros dos por el PSOE, Mar Cabrejas y Álvaro Cuesta.

La propuesta de Lesmes de mantener durante 2015 la misma composición de la Permanente fue la única que se votó en el Pleno del Consejo el pasado 29 de enero y resultó aprobada por 14 votos frente a 7. Cuatro de las vocales discrepantes -Roser Bach, María Victoria Cinto, Clara Martínez de Careaga y Concepción Sáez, propuestas por el PSOE e IU- interpusieron en marzo ante el Tribunal Supremo una demanda, con una posterior ampliación, en la que impugnaban la decisión por defectos formales y por haberse incumplido, a su parecer, la previsión legal que literalmente establece que “se procurará la rotación anual del resto de los vocales en la composición anual de la Comisión Permanente”.

Dudas de legitimación

En una resolución ya firmada de la que ha sido ponente el magistrado Manuel Garzón, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha considerado que la ampliación de la demanda, referida a los defectos formales de la decisión del Consejo, fue presentada fuera de plazo. Pero ha aceptado revisar el acuerdo de no renovar la Comisión Permanente, dejando para el momento de la sentencia los problemas de legitimación de las vocales para impugnar un acuerdo emitido por el órgano del que forman parte.

Fuentes del tribunal indicaron que las dudas de legitimación que plantea el caso han cedido a favor de la tutela judicial porque la decisión del CGPJ de no cambiar la Comisión Permanente afecta a la esfera de derechos e intereses de las consejeras demandantes, incluidas sus retribuciones.

La decisión de la Sección Primera ha coincidido con el proceso de elección del nuevo presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, cargo para el que ha sido nombrado, con notable controversia, el magistrado Luis María Díez-Picazo. Su antecesor, José Manuel Sieira, y otro aspirante al puesto, Jorge Rodríguez-Zapata, han formado parte del tribunal que ha admitido a trámite la demanda que cuestiona la actuación de Lesmes en el CGPJ. Sieira y Rodríguez-Zapata, no obstante, no tenían la llave de una Sección formada por seis magistrados y que ha resuelto sin formulación de votos discrepantes.

 

 

Inspección histórica a la cúpula del Poder Judicial

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El presidente del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ha decidido llevar a cabo una histórica inspección de las cinco Salas del Tribunal Supremo que comenzará por la jurisdicción de lo militar el 25 de mayo y terminará el 2 de octubre en la Sala Civil. Nadie recuerda nada igual en sus casi 200 años de historia. 

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Carlos Lesmes en un acto del CGPJ en junio de 2014. Foto: PoderJudicial.es

El presidente del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ha decidido llevar a cabo una inspección de las cinco Salas del Tribunal Supremo que comenzará por la jurisdicción de lo militar el 25 de mayo y terminará el 2 de octubre en la Sala Civil.

“Tenemos que disponer de una radiografía completa del Supremo, saber dónde están los puntos negros y ver en qué situación estamos para afrontar las reformas legislativas que se avecinan”, indican fuentes del Alto Tribunal, donde no todos han recibido positivamente la noticia.

Nadie recuerda una inspección del órgano jurisdiccional superior en sus casi 200 años de existencia a pesar de que la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985 encomendó al presidente “la inspección ordinaria y vigilancia del funcionamiento de las Salas y Secciones” del tribunal. Ninguno de los antecesores de Carlos Lesmes desde la aprobación de esa norma -Hernández Gil, Pascual Sala, Javier Delgado, Francisco Hernando, Carlos Dívar y Gonzalo Moliner- estrenó el precepto, que ha permanecido inédito durante 30 años.

Sin referirse de manera expresa al Supremo, la ley del Poder Judicial de 1870 ya establecía que el presidente de este tribunal y los de las Audiencias “podrán ordenar visitas de inspección”. El Tribunal Supremo tenía entonces 28 magistrados que ganaban 14.000 pesetas anuales. Hoy son 85 los integrantes de la élite judicial, con un sueldo medio de 107.000 euros brutos.

Algunos magistrados consideran que la fiscalización ordenada por Lesmes revela “desconfianza” hacia los miembros del tribunal pese al alto nivel de trabajo que afrontan y a la ausencia de escándalos y conflictos de envergadura. Otros recuerdan que, si existiera alguna deficiencia o irregularidad, la responsabilidad de haberla permitido también recaería sobre Lesmes como presidente de la institución.

No hay decisión sobre Sieira

Un sector minoritario del Supremo estima que la inspección tiene motivaciones que van más allá de la intención de conocer el estado real del tribunal. Creen que se trata de buscar argumentos para no reelegir como presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo al progresista José Manuel Sieira, que concluye su mandato en el próximo mes de julio. O que Lesmes pretende mostrar su autoridad a la Sala Penal, cuyos magistrados se negaron en redondo en marzo a ser interrogados sobre la filtración a la prensa de la decisión de devolver a la cárcel al etarra Alberto Plazaola. El terrorista se dio a la fuga y aún no ha sido detenido.

Sin embargo, la decisión de realizar una auditoría completa de las Salas fue comunicada por Lesmes a su equipo mucho antes del caso Plazaola, por lo que la tesis de la exhibición de autoridad no tiene fundamento. El propio presidente de la Sala Penal, Manuel Marchena, descarta por completo esa interpretación y afirma que su relación con Lesmes es muy buena.

En el entorno del presidente se asegura que “no hay ninguna decisión tomada” sobre la renovación de Sieira como presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, la más compleja del tribunal desde el punto de vista organizativo por la amplitud -y magnitud económica- de las materias que aborda (tributos, urbanismo, responsabilidad patrimonial del Estado, entre otras).

Sieira ha diseñado e impulsado el exitoso plan de actualización de la Sala que ha logrado reducir la bolsa de asuntos en espera de sentencia y desatascar la admisión de recursos. No existen precedentes de que no se haya reelegido a un presidente de Sala del Supremo que sólo ha agotado el primer mandato. A ello se une que la jubilación de José Manuel Sieira se producirá dentro de un año y medio, por lo que Lesmes tendría también la oportunidad de decidir sobre el sucesor de Sieira si éste es renovado en el cargo ahora. Estrechos colaboradores del presidente del Supremo aseguran que “no ignora” estos factores e insisten en que no hay nada resuelto.

Magistrados molestos

Fuentes próximas al presidente desvinculan la cuestión de la renovación de Sieira de la inspección, que además no sólo afecta a la Sala de lo Contencioso-Administrativo sino también a las otras cuatro jurisdicciones, al Gabinete Técnico y a las Salas especiales, entre ellas la ‘Sala del 61’. A esta última se la conoce por ser la que ilegalizó los partidos vinculados a ETA aunque se encarga de otras cuestiones relevantes como los errores judiciales, los recursos de revisión o la exigencia de responsabilidad civil y penal a las Salas del Supremo. La Sala la preside el propio Lesmes, por lo que la auditoría le incluye también a él de forma directa.

El presidente del Poder Judicial ha recibido a varios magistrados molestos con la fiscalización para explicarles por qué es necesaria. También lo ha justificado ante la Sala de Gobierno del Supremo, que en su última reunión acogió la iniciativa de forma “totalmente pacífica” y sin objeción alguna, según señalaron varios de los asistentes.

Según el acta, “el presidente informa de que (…) va a proceder a realizar la inspección en las Salas ordinarias, así como en las Salas especiales y en el Gabinete Técnico, al objeto de tener conocimiento extenso y preciso de la situación en la que se encuentra actualmente el tribunal, a la vista de la existencia de diversas reformas normativas en curso, como las relativas al recurso de casación y a la regulación del Gabinete, que van a afectar a la organización y al funcionamiento del Alto Tribunal”.

Más trabajo

El Supremo se va a ver afectado en los próximos meses por una modificación de los recursos de casación civil y contencioso-administrativos. Es inminente la aprobación de la segunda instancia penal y se va a instaurar un nuevo modelo de Gabinete Técnico. Además, se ha detectado un notable incremento de los asuntos pendientes en la Sala Civil no justificado por un aumento similar en la llegada de recursos. La Sala de lo Social está asumiendo un mayor volumen de trabajo como consecuencia de la refoma laboral.

“Hay que tener una radiografía completa”, afirman colaboradores de Lesmes. “Necesitamos saber cuántos asuntos hay pendientes en las Salas, desde cuándo lo están, en qué fases se producen los retrasos y cuál es el tiempo de respuesta. Tampoco se ha hecho nunca una evaluación de qué hacen los letrados del Gabinete, cuánto tiempo dedican a la admisión de recursos o a la elaboración de borradores”.

“La inspección se debe a razones objetivas y de servicio. Lo anómalo es que no se haya hecho nunca”, añaden.

Para el presidente de una de las Salas, la fiscalización va a tener efectos positivos: “Siempre que a uno lo inspeccionan se pone un poco nervioso. Pero a lo mejor con este motivo nos ponemos todos las pilas y aireamos armarios y cajones. Será bueno”.