El Banco de España aflora 1.000 millones de deuda oculta en Cataluña

Artur Mas, the acting head of Catalonia's regional government, speaks during a meeting at the regional government headquarters in Barcelona, Spain, September 29, 2015. Catalonia's Supreme Court has indicted Mas for carrying out a non-binding referendum on independence last November, facing preliminary charges for disobedience, abuse of authority, and usurping authority, according to court documents released on Tuesday. REUTERS/Stringer

Las ‘facturas ocultas’ elevan la deuda pública de Cataluña casi un 2%, por encima de 67.800 millones de euros e imposibilitan al Gobierno cumplir el Programa de Estabilidad.

Foto: REUTERS/Stringer

Artur Mas, the acting head of Catalonia's regional government, speaks during a meeting at the regional government headquarters in Barcelona, Spain, September 29, 2015. Catalonia's Supreme Court has indicted Mas for carrying out a non-binding referendum on independence last November, facing preliminary charges for disobedience, abuse of authority, and usurping authority, according to court documents released on Tuesday. REUTERS/Stringer
Arturo Mas, presidente en funciones de la Generalitat./ REUTERS/Stringer

La pesadilla de las deudas sin contabilizar vuelve a revivirse este año. El Banco de España saca a la luz facturas ocultas del último año en Cataluña por valor de 1.042 millones de euros. Este pasivo no contabilizado hasta ahora procede de deudas de asociaciones público-privadas. En concreto, se refieren a dos grandes bloques de deuda: uno con fecha en diciembre de 2014 y un segundo, de junio de este año, que superan los 1.000 millones de euros. Estas facturas contra el erario público afloran justo cuatro días después de la celebración de las elecciones catalanas, por lo que no han influido en el voto de los ciudadanos.

Dos picos que elevan el pasivo de Cataluña hasta los 67.855 millones de euros, un nivel nunca antes visto, y que llevan la ratio de deuda sobre el PIB de la comunidad hasta el 33,9%. En total, un avance de 1,1 puntos del PIB que deja a Cataluña en el tercer puesto de autonomías más endeudadas, por detrás de la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha.

Ratio deuda/PIB de las comunidades autónomas (%)

Fuente: Banco de España. Datos hasta junio.

Cataluña, que ya era una de las comunidades que tenía más problemas por el volumen de su deuda, empeora su situación de un plumazo. La Comunidad tiene ya el 27% del pasivo de todas las autonomías. En el extremo opuesto se sitúa la Comunidad de Madrid, para la que el Banco de España ha revisado a la baja su volumen total de deuda. En concreto, ha ajustado su pasivo en 29 millones el pasivo de la región, hasta dejarlo en 26.312 millones, lo que supone un 13,3% de su PIB.

Rompe la promesa del Gobierno

Esta desviación de las cuentas de Cataluña, unido a la revisión a la baja del PIB realizada por el INE, hará imposible que España cumpla este año las previsiones de déficit y deuda comprometidas con Europa. Hacienda remitió a Bruselas en abril su Programa de Estabilidad para los años 2015-2018 en el que prometía que el endeudamiento público se quedaría en el 98,9% del PIB y que en ningún caso superaría el 100%.

Estas promesas son ya papel mojado con las nuevas cifras del Banco de España. La actualización de las cuentas financieras ha elevado el endeudamiento público en 1,8 puntos de PIB, hasta el 99,5%. De un plumazo el pasivo de España se ha colocado seis décimas por encima de lo comprometido por el Ejecutivo. En total, en torno a 6.000 millones de euros de desviación sólo hasta el mes de junio que tendrán una solución muy complicada en la segunda mitad del año.

España también tenía muy complicado cumplir el objetivo de déficit para este año marcado por Bruselas, pero con este nuevo pasivo carga sobre sus espaldas, ahora es prácticamente imposible que lo logre. El mandato europeo es cerrar el año con un déficit del 4,2% sobre el PIB y al cierre de julio ya contabiliza un desvío superior al 3%.

Las comunidades autónomas están siendo las más incumplidoras de todas las administraciones públicas. Si antes de esta revisión ya habían superado el límite de déficit para todo el año, ahora el escenario es mucho peor. El Ejecutivo central había marcado un objetivo de desviación máximo del 0,7% sobre el PIB, cifra que ya habían sobrepasado en julio. Con esta actualización del Banco de España, la desviación de las autonomías ya será superior al 0,8% del PIB.

Actualización del PIB

Una buena parte de la revisión al alza de la ratio de endeudamiento se debe a que el Banco de España ha incorporado la revisión a la baja del PIB español realizado por el INE. Esto significa que, como baja el tamaño de la producción española anual, el porcentaje que representa la deuda sobre ésta es mayor.deuda_nueva

El endeudamiento de todas las autonomías ha aumentado tras esta revisión, liderado por el avance de Cataluña, que aumenta 1,1 puntos de PIB. La Comunidad Valenciana ocupa esta dudosa segunda posición, ya que su ratio de endeudamiento aumenta en 0,7 puntos de su PIB y Castilla-La Mancha ocupa el tercer puesto, con un avance de 0,6 puntos.

El ‘corralet’ de Linde: 10 claves para saber si debes temer al corralito… o al gobernador

El gobernador del Banco de España, Luis María Linde, ha encendido una peligrosa mecha, la del temor a un corralito en Cataluña. El máximo responsable de mantener la confianza en el sistema financiero despierta dudas que pueden convertirse en una profecía autocumplida. EL ESPAÑOL despeja las principales incógnitas que rodean a un control de capitales.

El gobernador del Banco de España, Luis María Linde, ha encendido una peligrosa mecha: la del temor a un corralito en Cataluña. El máximo responsable de mantener la confianza en el sistema financiero despierta dudas que pueden convertirse en una profecía autocumplida. EL ESPAÑOL despeja las principales incógnitas que rodean a cualquier control de capitales.

¿Qué es un corralito?

Un ciudadano ingresa 100 euros en un banco. Según la normativa, la entidad sólo tiene que conservar el 1% de esa suma y puede invertir el resto (prestándolo, por ejemplo). Imaginemos que alguien acude a ese banco a pedir un préstamo de 99 euros y los usa para comprarse una cámara de fotos. El vendedor de la cámara ingresa en el mismo banco los 99 euros que recibe. En ese momento, el total de depósitos del banco son 199 euros. Se ha creado dinero bancario a través del crédito. Si el primer ciudadano y el vendedor de cámaras intentan retirar su dinero al mismo tiempo, el banco no tiene dinero suficiente para devolvérselo y no lo tendrá hasta que recupere lo prestado. Hasta entonces tendrá que establecer un límite a la retirada de dinero. Es decir, un corralito.

Este escenario surge cuando se pone límite a la retirada de depósitos de una entidad financiera. Un corralito no significa que el banco no sea solvente ni mucho menos que esté quebrado. La decisión de establecer esa restricción se toma cuando la entidad no tiene liquidez por el intento de retirada masiva de depósitos (lo que en inglés se conoce como bank run). Sin corralito, la falta de liquidez derivaría rápidamente en un problema de solvencia e incluso en la quiebra de la entidad (eso es lo que ocurrió con Banco Madrid). Si un corralito se prolonga en el tiempo, tampoco logra su fin.

¿Quién inventó la palabra corralito y dónde?

El término corralito referido a la banca lo usó por primera vez en 2001 el periodista argentino experto en finanzas Antonio Laje. En su análisis en el programa Después de hora, Laje usó la palabra corralito como símil de lo que estaba ocurriendo con la restricción de retirada de depósitos de los bancos argentinos. Hasta ese momento la palabra corralito sólo servía en Argentina para referirse al sitio con suelo acolchado y protegido por una malla en el que juegan los niños. Un lugar que los mantiene protegidos de los riesgos del exterior.

¿Qué causas originan un corralito?

Los desencadenantes pueden ser múltiples, incluido por ejemplo que un gobernador de un banco central advierta del riesgo de un corralito, pero la causa sólo es una: la pérdida de confianza de los depositantes. Esa falta de confianza puede ser en un banco en concreto o en el peor de los casos en todo el sistema financiero. Para reforzar ese componente psicológico se han creado colchones frente a problemas puntuales de liquidez. El principal es el Fondo de Garantía de Depósitos.

¿Qué es el Fondo de Garantía de Depósitos?

El Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) es una entidad jurídica independiente cuyo capital se crea mediante las aportaciones de las entidades financieras. Su principal objeto es garantizar los depósitos de los clientes (en dinero, valores y otros instrumentos financieros) hasta un límite de 100.000 euros por persona y entidad bancaria. No es su única función. El FGD también tiene entre sus finalidades rescatar a las entidades en dificultades.

La principal limitación del FGD es que nunca podría responder a una fuga masiva de depósitos. Ni siquiera cuando estuvo en sus mejores tiempos.

Ahora la situación es peor. A raíz de la crisis financiera, el FGD se encuentra infradotado y en reconstrucción. Después de intervenir Caja Castilla-La Mancha, Caja de Ahorros del Mediterráneo y Unnim, el Estado ofreció a los compradores (Liberbank, Sabadell y BBVA, respectivamente) una serie de garantías en caso de que determinados activos acabaran dando pérdidas y las cargó a cuenta del FGD.

Esas garantías suman unos 8.500 millones de euros que deberán abonarse a estas entidades. Para restaurar la suficiencia patrimonial del Fondo, además de la dotación anual ordinaria de las entidades, en julio de 2012 se aprobó un pago extra de 2.346 millones de euros. Los bancos pagarán la cifra en 10 cuotas anuales de las que por ahora se han abonado tres.

La otra limitación del FGD español es que, aunque su normativa está homogeneizada a nivel europeo, responde de los depósitos de las entidades con licencia bancaria española. Es decir, cubre por ejemplo los depósitos de Deutsche Bank porque la filial en España del grupo alemán tiene ficha española, pero no los de ING, que tiene ficha holandesa y que están cubiertos por el Fondo de Garantía de Depósitos holandés. Si una entidad pierde su ficha española, pierde el respaldo del FGD.

¿Qué efectos pueden tener las palabras de Linde?

El gobernador del Banco de España, Luis María Linde, alertó este lunes de que existe “riesgo” de corralito en Cataluña si la comunidad autónoma declara su independencia. Aunque matizó que este escenario “es un futurible altamente improbable”, dejó claro que el control de capitales sería una posibilidad real. Por el momento, estas palabras sólo han servido para calentar más el debate soberanista, pero su impacto podría ser mucho mayor si afectan a la confianza de los ahorradores.

Lejos de tranquilizar a los depositantes, Linde contribuye a generar más nerviosismo. En un escenario de incertidumbre como el actual, cualquier noticia puede ser el detonante de la pérdida de confianza y puede precipitar una retirada masiva de depósitos. Esto es importante porque el desencadenante no tiene que ser necesariamente la declaración de secesión. El sistema financiero español podría sufrir una fuga de capitales incluso sin independencia.

¿Dijo algo similar el gobernador del Banco de Inglaterra antes del referéndum de Escocia?

El presidente del Banco de Inglaterra, Mark Carney, vivió una situación más estresante que la de su homólogo Linde durante la campaña del referéndum escocés, pero en ningún momento llegó a alertar del riesgo de un corralito en la región. De hecho, su discurso se dirigió en todo momento a tranquilizar a los ahorradores y a las empresas a medida que se aproximaba la consulta.

En aquellos días, muchas compañías anunciaron que moverían su sede al Reino Unido si los independentistas ganaban el referéndum. Carney anunció que el Banco de Inglaterra estaba elaborando un “plan de contingencia” para evitar una posible fuga masiva de capitales. Además subrayó que la entidad monetaria también cumpliría con su responsabilidad de mantener la estabilidad financiera en todo el Reino Unido: “Seguiremos cumpliendo con esas responsabilidades decididas democráticamente por el Parlamento hasta que cambien”, sentenció.

¿Qué puede hacer el BCE?

Los bancos centrales tienen en su mano el poder del control de la base monetaria para frenar un corralito. Cuando una entidad necesita liquidez y no puede captarla en el mercado, puede acudir al BCE para conseguir efectivo. El proceso es sencillo: la institución monetaria habilita liquidez (ordinaria o de emergencia) a los bancos para que puedan atender a la salida de depósitos y transmitir confianza a los ahorradores. Esta herramienta de emergencia es el famoso ELA (Emergency Liquidity Assistance) con el que el BCE mantuvo con vida a los bancos griegos durante la primavera y con el que precipitó el corralito cuando decidió congelarla unos meses después.

Un banco central puede luchar contra un corralito, pero no puede evitarlo. Ante una fuga masiva de depósitos, la entidad central no podrá conceder liquidez ilimitada y eso derivará al final en controles de capital.

La experiencia de Grecia deja otra enseñanza importante: sin el apoyo del Banco Central Europeo, cualquier sistema financiero y cualquier entidad están abocados al corralito. ¿Qué significa esto? Que si el BCE cierra el grifo de la liquidez, las entidades no pueden responder a todas sus obligaciones y tienen que imponer restricciones de capital.

Esto fue lo que ocurrió en Grecia en febrero. Ni siquiera habían pasado dos semanas desde la primera victoria de Syriza y el BCE decidió dejar de aceptar los colaterales de deuda griega en sus operaciones de financiación. En otras palabras: decidió cortar los canales ordinarios por los que las entidades consiguen liquidez y de la noche a la mañana la banca helena se quedó sin efectivo. Por si fuera poco, la noticia acabó con toda la confianza de los ahorradores griegos, que cudieron a retirar su dinero, lo que complicó más la situación.

Este escenario podría ocurrir en cualquier país de Europa y en cualquier entidad. Si el BCE corta la financiación, ese sector financiero queda estigmatizado. Esto provoca dos situaciones paralelas que se retroalimentan. Por un lado, una fuga de depósitos. Por otro, una expulsión de estos bancos de los mercados para captar liquidez.

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¿Habría un corralito en una Cataluña independiente?

En una Cataluña independiente fuera del euro sería probable que ocurriese un corralito. De hecho, sería el escenario base porque las entidades que mantuvieran su sede en el nuevo Estado catalán perderían el acceso a la financiación del BCE y todo el escenario del corralito se precipitaría.

Pero éste no es el peor escenario posible para los ahorradores catalanes. Aquí es donde entra otro concepto acuñado también en Argentina: el corralón. Esta situación ocurre cuando las autoridades de un país cambian los depósitos en una divisa por otra distinta y lo hacen de forma unilateral, lo que deja estos ahorros a merced de la depreciación de la nueva divisa. En este caso los depósitos en euros se cambiarían a la nueva moneda catalana y sufrirían por el camino el impacto de la caída.

Es importante recordar que el temido escenario de corralito no es exclusivo de una Cataluña independiente sino que podría ocurrir en cualquier momento. Los ahorradores pueden perder la confianza en la seguridad de su dinero ante cualquier noticia y acudir en masa a retirar sus depósitos. En un contexto de incertidumbre, cualquier noticia desafortunada puede prender la mecha.

¿Qué podrían hacer los líderes de una Cataluña independiente para evitarlo?

Si Cataluña declarara la independencia, la mejor forma para evitar un corralito sería negociar con sus socios europeos y acordar todos sus pasos, sin tomar decisiones unilaterales. De esta forma conseguiría evitar el pánico de los ahorradores y los mercados.

Una Cataluña independiente y fuera del euro y de la Unión Europea podría conservar el euro como moneda oficial y seguir bajo la tutela del BCE. ¿Esto es posible? Sí. Andorra, San Marino, El Vaticano y Mónaco tienen un acuerdo por el cual emplean el euro como su moneda oficial y pueden emitir un número reducido de monedas al año. Alguno (por ejemplo Mónaco) se encuentra bajo el paraguas regulatorio y de supervisión del BCE. Sin duda alguna, este escenario sería el mejor para evitar un corralito en una Cataluña independiente.

¿Qué corralitos se han producido en la Historia?

Argentina guarda un lugar especial en la memoria de los corralitos de la historia reciente. No sólo por haber rebautizado el fenómeno sino por la pobreza que generó y la violencia que se desató en el país el sábado 1 de diciembre de 2001, cuando el ministro de Economía argentino Domingo Cavallo anunció el establecimiento de restricciones a la retirada de depósitos desde el lunes siguiente.

¿Qué ocurre cuando los depósitos pasan a estar denominados en una moneda diferente a aquélla en que se ingresó el dinero? Es decir, ¿qué ocurre cuando se desencadena un corralón? Después de casi 11 años de paridad del peso con el dólar, Argentina decretó la pesificación asimétrica de los depósitos. Es decir, los saldos de las cuentas bancarias pasaron a estar denominados en pesos al cambio establecido por el Gobierno y ligado a la fluctuación. Las deudas contraídas en dólares, sin embargo, se siguieron debiendo en dólares.

El caso del corralito de Chipre es relevante porque Europa no pudo ser más torpe. La banca chipriota tenía un gravísimo problema de depósitos altamente remunerados para alimentar el crédito. Muchos procedían de dudosas fuentes foráneas. Europa aprobó una quita que afectaba a los ahorradores más modestos. De esta forma habría desprotegido a aquellos ahorradores con saldos por debajo de 100.000 euros. Una medida que no sólo iba en contra de la normativa bancaria comunitaria sino que provocó un pánico que derivó en corralito.

El experimento nunca se aplicó pero de no ser por el BCE y su línea de liquidez de emergencia el asunto podría haber pasado a mayores. La crisis dejó una curiosidad: el bitcoin, la criptomoneda nacida en Internet al margen de las autoridades monetarias, marcó un récord histórico de revalorización en aquellos días por la fuga de dinero de Chipre.

Economía tardará un mes en resolver la doble comisión de los cajeros

cajero1La guerra de las comisiones en los cajeros todavía tendrá algunos capítulos más, y ya van unos cuantos desde que la batalla comenzara en marzo. El debate se prolongará, por lo menos, durante otro mes. El Ministerio de Economía ha anunciado hoy que sacará a audiencia pública una orden ministerial para impedir el doble cobro sobre un mismo servicio.

cajero1La guerra de las comisiones en los cajeros todavía tendrá algunos capítulos más, y ya van unos cuantos desde que la batalla comenzara en marzo. El debate se prolongará, por lo menos, durante otro mes. El Ministerio de Economía ha anunciado hoy que sacará a audiencia pública una orden ministerial para impedir el doble cobro sobre un mismo servicio.

El primer paso en la aprobación de la normativa será elaborar una orden ministerial para sacarla a consulta pública. El Ministerio dirigido por Luis de Guindos confía en tener el primer boceto de la nueva regulación en dos semanas, según fuentes de la entidad.

Para su desarrollo, Economía contará con la colaboración del Banco de España y de Competencia (CNMC) y también se reunirá con las entidades financieras. Posteriormente se abrirá el periodo para recabar opiniones públicas y que se prolongará durante otras dos semanas más, según dicta la normativa actual.

En suma, el Ministerio tardará un mes en promulgar la normativa que sirva para frenar esta práctica de algunas entidades. La intención del Ministerio es que la nueva regulación sirva para minimizar el precio que tienen que pagar los usuarios por retirar dinero de una red de cajeros que no sea la suya. La normativa actual explica que no se puede aplicar un doble cobro por un único servicio, pero como la comisión se aplica por parte de dos entidades diferentes, la práctica deja una situación de cierto vacío legal.

Consulta a Banco de España y Competencia

Banco de España es quien tiene que velar por una correcta aplicación de la normativa, pero no tiene los mecanismos legales apropiados para intervenir. Es por este motivo que el regulador ha demandado al Ministerio una orden más clara y herramientas para combatir en caso de que sea vulnerada.

Economía también pedirá consulta a Competencia para elaborar la orden ministerial. El organismo ya está implicado en el caso de la doble comisión ya que lleva investigando la actuación de la banca desde julio. Exactamente, comenzó a inspeccionar a las entidades cuando el Banco de España advirtió públicamente que la doble comisión vulnera la normativa.

En su caso, lo que vigila es que no exista una actuación acordada entre los tres grandes bancos españoles, CaixaBank, Santander y BBVA, que han sido las que han anunciado el cobro de dos euros a los no clientes. Estas entidades se defienden alegando que no están aplicando una tarifa fija por el uso de sus cajeros a las tarjetas que no sean de su red.

Por su parte, el presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, ha dado hoy su visto bueno a que Economía regule la doble comisión de los cajeros. “Es una idea en la que participamos todos”, indicó y también defendió la postura de su entidad: “estamos a la espera de que se plasme que nosotros no hemos cambiado nada”.

¿Cómo funciona la doble comisión?

Muchos clientes no comprenden qué es esto de la nueva comisión si antes ya pagaban por retirar dinero de un cajero que no fuera de su red. Hasta la primavera existía otra comisión, pero se la aplicaban las entidades entre sí, de modo que no repercutía en el cliente final.

Este era el sistema habitual hasta que CaixaBank anunció en marzo que cobraría esta comisión directamente a los clientes de otras entidades. De este modo, el usuario estaría pagando primero por utilizar un cajero de otra red y, segundo, una comisión por ser de una entidad diferente. Es por este motivo que la doble comisión no procede de una misma entidad, sino que dos entidades distintas aplican una tarifa cada una por un solo servicio.

José María Ruiz-Mateos: polémica, estafa y 900 empresas

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Un hombre que marcó una época. Una forma de gestionar. Capaz de crear más de 900 empresas y de ingresar en prisión con 84 años, hace solo tres meses, por estafa y fraude a la Hacienda Pública. El empresario José María Ruiz-Mateos falleció este lunes en un hospital del Puerto de Santa María cuando aún tenía citas pendientes con la Justicia. El recuerdo de Rumasa sigue sobrevolando, aunque pasará a la memoria colectiva por sus actuaciones públicas y sus disfraces.

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Un hombre que marcó una época. Una forma de gestionar. Capaz de crear más de 900 empresas y de ingresar en prisión con 84 años, hace solo tres meses, por estafa y fraude a la Hacienda Pública. El empresario José María Ruiz-Mateos falleció este lunes en un hospital del Puerto de Santa María cuando aún tenía citas pendientes con la Justicia. El recuerdo de Rumasa sigue sobrevolando, aunque pasará a la memoria colectiva por sus actuaciones públicas y sus disfraces.

“Se decreta la expropiación forzosa, por causa de utilidad pública e interés social, de la totalidad de las acciones representativas del capital (…) de los bancos y otras sociedades que componen el grupo Rumasa, S.A. (…) El Estado, a través de la Dirección General de Patrimonio, tomará posesión inmediata de las sociedades expropiadas”. 24 de febrero de 1983. El Boletín Oficial del Estado recogía el Real-Decreto Ley que le quitaba de las manos a José María Ruiz-Mateos el monstruo con cerca de 400 empresas y 18 entidades financieras, incluido el Banco Atlántico, que conformaban Rumasa, la original.

El entonces hombre más rico de España, que había empezado a construir su imperio exportando vinos a Inglaterra allá por 1961, se quedaba sin el timón y sin un barco que daba empleo a más de 60.000 personas.  

Enfrentamiento con Boyer

El ministro de Economía, Miguel Boyer, que no llevaba ni tres meses en el cargo, decidió cortar por lo sano. El detonante fue la negativa de Rumasa a cumplir con las exigencias de información del Banco de España.

A Boyer no le preocupó el escándalo financiero, con corralito de tres días incluido para los bancos del grupo. Bingo. Rumasa encerraba una contabilidad B, un agujero en su patrimonio superior a 100.000 millones de pesetas de 1983 (600 millones de euros al cambio actual) y una excesiva concentración de riesgos en un esquema de créditos de sus bancos a sus empresas, que recuerda al reciente caso del portugués Espirito Santo.

Mientras la Policía entraba en la sede de Rumasa en el madrileño Paseo de Recoletos, Ruiz-Mateos se ocupaba de poner a buen recaudo parte de la fortuna amasada y huía desde su casa de Somosaguas al extranjero, primero a Londres y días después a Fráncfort, desde donde sería finalmente extraditado. El capital que consiguió salvar lo utilizaría décadas después para fundar su segundo entramado, Nueva Rumasa.

Empezaba la guerra en la calle, los medios y los tribunales. La expropiación de Rumasa encendió la mecha de centenares de procesos judiciales que nunca llegaron a buen puerto. Tampoco prosperaron los recursos ante el Constitucional contra la operación del Gobierno socialista, aunque es verdad que la expropiación se salvó gracias al voto de calidad del entonces presidente del alto tribunal Manuel García Pelayo. También encallaron los intentos de anular las reprivatizaciones de Banco Atlántico, Inmobiliarias Reunidas o Galerías Preciados, entre otras.

Y finalmente, Ruiz-Mateos nunca pareció rendirse en su intento de hacer pagar al Estado por quitarle el imperio de la abeja. El resultado: más de 200 sentencias en su contra, incluida la del 22 de noviembre de 2004 del Tribunal Supremo en la que se establecía que el justiprecio del grupo empresarial Rumasa era cero. Ruiz-Mateos no podía exigir nada porque el valor del grupo de la abeja era un número negativo equivalente a sus deudas.

Todavía en 2011, cuando se venía abajo su segundo entramado empresarial, tres décadas después de la intervención del primero, Ruiz-Mateos intentaba eludir sus responsabilidades de pago de los pagarés de Nueva Rumasa ligándolos a la cantidad que aseguraba iba a recibir del Estado por las empresas expropiadas en los ochenta. El Ministerio de Economía se vio obligado a emitir un comunicado negando la existencia de deuda alguna para advertir a los inversores de que no firmasen la propuesta. En 2013, el Supremo rechazaba la petición de Ruiz-Mateos de que el Estado le indemnizase con 6.133 millones de euros por la expropiación de Galerías Preciados y le obligaba a pagar 4.000 euros en costas.

Años de estridencias

La expropiación de Rumasa no fue solo un asunto empresarial, representó el nacimiento de un personaje histriónico y mediático. El primer y más recordado episodio tuvo lugar seis años después de esa histórica medida. A la salida de los juzgados golpeó a Boyer al grito de “Yo te pego, leche”. Éste se convirtió en un mantra durante todos estos años de estridencias.

Con esa agresión comenzaba un enfrentamiento que el propio empresario se encargó de extender durante años. Polémicos anuncios televisivos de los productos de sus empresas, espectáculos a las puertas de los juzgados vestido de presidiario o de Superman… Se sirvió de todo ello para tratar de llamar la atención pública en un litigio para exigir daños por la expropiación que años después acabó perdiendo.

Su tormentosa relación con Boyer no fue una excepción. La que mantenía con jueces y fiscales estuvo trufada de duras declaraciones y momentos surrealistas. Como su huida de la Audiencia Nacional en 1998, donde había sido trasladado para prestar declaración, disfrazado con una peluca y una gabardina. Como en 1993, cuando atacó a los magistrados del Tribunal Constitucional, a los que llamó “peleles”. O cuando insultó gravemente en 2012 a una jueza de Palma, quien reclamó su declaración por una presunta estafa en una operación inmobiliaria en Mallorca.

Otra de las caras de ese personaje hay que buscarla en la arena política. Al margen de su enfrentamiento con el exministro, Ruiz-Mateos creó su propia formación. El nombre: el Partido del Trabajo y Empleo-Agrupación Ruiz-Mateos. “Oposición, oposición, oposición… Ahora, con más razón que nunca” era el lema. El resultado: a finales de los 80 logró un escaño en el Parlamento europeo, con el que se aseguró la inmunidad judicial durante aquella legislatura. La aventura concluyó en 1995.

Volver a nacer

Tras la caída en desgracia de Rumasa, Ruiz-Mateos volvió a reconstruir su apuesta empresarial con los mismos mimbres. Y es difícil repetir procesos similares sin obtener los mismos resultados.

A golpe de promesa, más que de talonario, construyó Nueva Rumasa, que en apariencia operaba como un conglomerado de sociedades, bajo una dirección única y una caja común: la láctea Clesa, los licores Garvey, la hotelera Hotasa, las alimentarias Dhul, Elgorriaga, Hibramer, Trapa, Carcesa o Quesería Menorquina eran algunas de las empresas que integraban su reconstruido imperio. Y el Rayo Vallecano, el equipo madrileño, presidido por su mujer, con el que conseguía un altavoz mediático con palco para autoridades.

En esta segunda etapa, Ruiz-Mateos, junto a sus hijos, se colocó el cartel de salvador de empresas en dificultades y grandes corporaciones le creyeron, lo que le permitió hacerse con marcas de tradición y resonancia entre los consumidores. Por ejemplo, la multinacional estadounidense Kraft vendió a Nueva Rumasa la fábrica de El Caserío en Menorca y dos de sus marcas Apis y Fruco; y Parmalat, la láctea italiana que protagonizó la quiebra transalpina más sonada, vendió Clesa a Ruiz-Mateos, incluida su fábrica madrileña a sólo unos metros del madrileño Paseo de la Castellana.

Esta vez, la crisis surgió por las facturas. A principios de 2010, las compañías de los Ruiz-Mateos dejaron de pagar a sus proveedores y las fábricas se quedaron sin materias primas. Algo que, en cierta medida, no dejaba de ser habitual en plena crisis económica. Sin embargo, el principal problema estaba por detrás. No había un soporte, un armazón que aguantara la estructura empresarial de los Ruiz-Mateos. Y, sin andamios, las compañías de la familia jerezana fueron cayendo una tras otra, acogiéndose a sucesivos concursos de acreedores. Juntas sumaban una plantilla de más de 5.000 empresas.

La trampa de los pagarés

A las facturas sin pagar se sumaron sus emisiones. Uno de los grandes planes de la familia Ruiz-Mateos para relanzar sus empresas fue la emisión de letras y pagarés entre 2009 y 2010. En total, la empresa colocó su deuda en 5 fases a través de 13 emisiones con las que captaron más de 350 millones de euros, aunque se llegó a hablar de cifras que alcanzaban los 550 millones de euros por las aportaciones en efectivo y en ‘dinero B’. Nueva Rumasa consiguió captar a miles de inversores con la publicidad en medios de comunicación (que las televisiones, radios y periódicos se quedaron sin cobrar), el entramado del ‘banquito’ de Jerez y el alto interés que ofrecían sus títulos, que oscilaron entre el 8 y el 12% anual.

Entonces, la promesa de Nueva Rumasa era emplear este dinero para comprar una participación de un 25% o más en una “importante empresa del sector de la alimentación”. Detrás estaba su supuesta intención de adquirir Deoleo, la antigua Sos Cuétara, que vivía su propio escándalo empresarial. Una adquisición que “aportará un mayor liderazgo y complemento de la División Alimentaria”, explicó la compañía a sus inversores, pero la realidad es que la compra nunca llegó a realizarse. Tampoco se pagaron la mayor parte de los intereses prometidos, y seis años después, los inversores siguen esperando la resolución de los tribunales.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) alertó con hasta siete comunicados de los riesgos que estaban asumiendo los inversores. En ellos advirtió que estos pagarés no serían negociables en el mercado secundario, y aconsejó a los ahorradores que se informaran acerca de la “situación jurídica y económico-financiera de la empresa” antes de comprar estos títulos. La participación mínima de los pagarés era de 50.000 euros, un requisito con el que Nueva Rumasa conseguía cumplir el mínimo que exigía la Ley del Mercado de Valores para colocaciones que no tuviesen un folleto registrado y aprobado en el regulador.

“La CNMV advirtió que investigaría si la empresa vendió pagarés por un montante inferior a estos 50.000 euros, pero nunca lo hizo”, explica Joaquín Yvancos, que fuera abogado de la familia Ruiz-Mateos durante tres décadas. El propio Yvancos informa que la empresa sí firmó préstamos por debajo de esta cantidad y que, por tanto, serían ilegales.

“Si no devuelvo el dinero, me pego un tiro”, llegó a exclamar el patriarca de la familia ante los medios de comunicación. Sin embargo, la realidad es que los más de 350 millones de euros que prestaron los inversores a Nueva Rumasa siguen atrapados en una causa que está pendiente de finalizar. De momento, el nuevo titular del juzgado central 5 de instrucción de la Audiencia Nacional, José María de la Mata, ha reactivado la investigación con nuevos interrogatorios a los hijos del empresario. “Esta causa va por la vía de lo penal, por lo que los dirigentes, testaferros y ejecutivos de la compañía se enfrentan a una posible condena de cárcel”, explica Yvancos. El patriarca de la familia y uno de sus hijos, Javier Ruiz-Mateos, ya fueron condenados en febrero a abonar más de 92 millones de euros a algunos acreedores de una emisión de sus pagarés, en un proceso que fue por la vía civil.

Quien se quitó responsabilidad por las emisiones fue el Gobierno de Rodríguez Zapatero. “El Gobierno hizo todo lo que estaba en su mano”, aseguró la entonces ministra de Economía Elena Salgado. “Poco más se puede hacer”, asumió.

Sin capacidad para responder, los Ruiz-Mateos buscaron el respaldo del Banco Santander. La propia familia hizo públicas una serie de misivas con las que justificaba cómo había pedido, sin éxito, el respaldo de Emilio Botín, fallecido hace un año. “Una vez más, mi profunda gratitud en nombre de mi numerosa familia y que Dios siga ayudándote, porque para mí y para muchos, sin duda alguna pasarás a la historia como el mejor banquero del mundo, como lo estás demostrando todos los días”, aseguró en uno de los comunicados que la familia entregó a la prensa como muestra de sus intentos de salvar su conglomerado empresarial.

Un legado judicial y empresarial

Tras la caída de Nueva Rumasa, Ruiz-Mateos inició una nueva carrera en los tribunales, acusado de estafa, fraude a la Hacienda pública e insolvencia punible. El pasado mes de junio, el jerezano volvió a pisar la cárcel. En junio ingresó durante unas horas en la cárcel madrileña de Soto del Real, pero fue trasladado a un hospital por sus problemas de salud, después de que fuese acusado por la Agencia Tributaria de defraudar en el impuesto de sociedades e IVA. Aunque queden sobreseídos los casos penales en los que estaba implicado el empresario, sí seguirán adelante aquellos en los que estén imputados sus hijos, como la presunta estafa en Nueva Rumasa. Sin embargo, según fuentes del caso, la estrategia de la familia desde el primer momento fue hacer único responsable al patriarca.

En cuanto al presente y futuro de las empresas, algunas no han logrado sobrevivir a la caída de Nueva Rumasa, como Clesa, cuya fábrica reconvertirá Metrovacesa en pisos y hoteles. Otras han cambiado de manos. Cacaolat ha logrado renacer de la mano de la cervecera Damm y Cobega, la embotelladora (integrada en Coca-Cola Iberian Partners) de la familia catalana Daurella. Tranchettes, que pertenecía a Quesería Menorquina, ha acabado en el Grupo Bel, dueño de marcas como Babybel o La vaca que ríe. Pese a todo lo ocurrido, los Ruiz-Mateos, según publicó El Economista, no han cesado su actividad empresarial, esta vez, a través de franquicias ligadas al mundo de la restauración.

 

Economía feliz y ‘carpe diem’, la estrategia presidencial hasta las elecciones

Según el jefe del Ejecutivo “no habrá desacelaración económica”, el empleo “va a ir bien en los próximos meses” y la economía puede “aguantar mucho mejor las tarascadas que vienen de fuera”. El mantra de Rajoy se repite una y otra vez pese a las recientes advertencias de Luis María Linde.

Mariano Rajoy besa a Angela Merkel. (EFE)
Mariano Rajoy besa a Angela Merkel. (EFE)

No ve los nubarrones que se ciernen sobre la economía española. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se aferra a la receta del ‘carpe diem’ económico para relanzar su estrategia electoral antes del 27-S catalán y el “probable 20 de diciembre” en que se celebrará las elecciones generales. Eufórico tras su reciente visita a Angela Merkel en Alemania, el presidente ha concedido su primera entrevista en el reinicio del curso político a la cadena Cope.

Según el jefe del Ejecutivo “no habrá desaceleración económica”, el empleo “va a ir bien en los próximos meses” y la economía puede “aguantar mucho mejor las tarascadas que vienen de fuera”. El mantra de Rajoy se repite una y otra vez pese a las recientes advertencias de la máxima autoridad en la materia, Luis María Linde, que advirtió en el Congreso de lo vulnerable del feliz cuadro económico que está pintando el presidente. 

“Vivimos una situación bastante excepcional (…) Esta combinación, que se ha dado sólo en periodos muy cortos en nuestra historia económica de las últimas décadas, no garantiza, obviamente, por sí misma, su continuidad”, dijo Linde en una comparecencia a la que pocos dieron rango de advertencia, pero lo era y de grado serio. Este mismo jueves, el presidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi, ha rebajado cualquier atisbo de optimismo económico en Europa por las turbulencias que se han desatado en los mercados globales.

Pero el Gobierno juega con el calendario y con los datos pasados, especialmente, los que se han registrado hasta junio. Fue en esas fechas cuando se encendió el colapso financiero en Grecia y pinchó la burbuja bursátil en China. Ha sido desde entonces cuando se han levantado las voces de alarma para persuadir a la Fed de EEUU para que no empeore las cosas y aplace su prometida subida de tipos de interés. En dos meses el horizonte soleado ha dejado paso a los vientos y nubes de tormenta en las principales economías emergentes.

Los datos que maneja el presidente

Una tras otro, los datos pasados que van llegando a Moncloa apoyan las tesis de la recuperación económica. El mercado de la vivienda, todavía una de las grandes despensas patrimoniales de los españoles, registra caídas interanuales de apenas el 1%, según Tinsa, y vislumbra un periodo de estabilización desde hace meses. Para muestra el PIB, que crece a ritmo del 3,3% interanual hasta junio y no parece que vaya a frenar su crecimiento en su comparativa respecto a la producción de 2014. El paro se reduce a razón de 500.000 empleos creados y la confianza del consumidor se sitúa en máximos desde 2009. Incluso Alemania felicita a España, según el mensaje que se trae de Berlín el presidente.

Todo suma para Rajoy, salvo las expectativas de una crisis financiera que se ha contagiado a la mayoría de países emergentes, entre ellos, algunos como Brasil en los que tienen su primer mercado multinacionales de la talla de Santander o Telefónica. Lo que el responsable del gobierno llama “tarascada del exterior”, en otro tiempo fue infravalorado por su antecesor Zapatero. También se creyó invulnerable a la crisis internacional -y le duró meses el autoengaño en 2008-, mientras manejaba los datos alcistas del sector financiero, la recaudación tributaria o la buena marcha de la demanda interna.

La foto económica seguirá fuerte en diciembre porque los principales indicadores se habrán fraguado en verano (tercer trimestre), récord para el turismo y la entrada de divisas en España; de abaratamiento de los costes energéticos y de la creación de empleo estacional. Seguirá, por tanto, el argumentario de la economía feliz hasta la Navidad electoral. Después, las urnas dirán.

La guerra de los 2 euros

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Primero fue La Caixa quien probó suerte y casi nadie dijo nada. Tras la estela del banco catalán acaban de entrar en juego Santander y BBVA, los dos buques insignias del sistema financiero en España. Palabras mayores. En suma, estas tres mayores entidades de ahorro han coincidido en aplicar una comisión de 2 euros a sus ‘no-clientes’ cada vez que saquen en uno de sus 20.000 cajeros automáticos repartidos por toda España, que representan el 42% de toda de la red de estas terminales.

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Primero fue La Caixa quien probó suerte en febrero. Tras la estela del banco catalán acaban de entrar en juego BBVA y Santander, los dos buques insignias del sistema financiero en España. Palabras mayores. En suma, estas tres mayores entidades de ahorro han coincidido en aplicar una comisión de 2 euros a sus ‘no-clientes’ cada vez que saquen en uno de sus 20.000 cajeros automáticos repartidos por toda España, que representan el 42% de toda de la red de estas terminales.

Hay otros bancos que estudian sumarse a la iniciativa como el Sabadell o Popular. Solo uno ya ha manifestado que no lo hará. Es Bankia y su red de 5.600 máquinas expendedoras de billetes se mantendrá como un oasis en esta guerra de las comisiones. “Estamos muy satisfechos de esta red (…) Es muy rentable y hoy por hoy no tenemos previsto cambiar nuestra política de uso de cajeros tanto para clientes como para no clientes”, dijo José Sevilla, su consejero delegado, en la reciente presentación de resultados

La medida ha llegado a oídos del Banco de España, que ha lanzado un aviso a navegantes a las tres patronales financieras (AEB, CECA y cajas cooperativas) ante la posibilidad de que esta nueva comisión de 2 euros por sacar efectivo sea un doble cargo al banco del cliente y al propio usuario. Este doble peaje podría entrar en colisión con normativas de consumo y competencia europeas. Desde La Caixa, los pioneros de la nueva ola comisionista, se han apresurado a aclarar que no lo hacen, sino que cargan solo al banco.

“La retirada de efectivo en un cajero automático constituye un único servicio de pago, con independencia de que se realice en un cajero propiedad de la entidad emisora de la tarjeta bancaria o de otra entidad. En consecuencia, ese servicio solo puede originar el cobro de una comisión, ya sea por la entidad emisora de la tarjeta o por la entidad propietaria del cajero”. Es la palabra del supervisor español, que se estrena dando recomendaciones en público desde su nueva posición como ‘vocero’ del Banco Central Europeo (BCE). Desde finales del pasado año, el español ha traspasado sus competencias al europeo.

 

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Órdago de la gran banca a la pequeña

La guerra de las comisiones en los cajeros tienen un claro objetivo: detener el avance de la holandesa ING, que sigue captando clientes y se aprovecha de las redes de los demás bancos sin tener que soportar los costes de su infraestructura que tienen los cajeros. Estos varían en función de los gastos que supongan los reponedores de billetes (subcontratado a empresas de seguridad y blindados), el mantenimiento del software que los hace funcionar o la inversión en nuevas máquinas.

Para los bancos que tienen cajeros automáticos roza la competencia desleal o la provocación usar como gancho para captar clientes el poder sacar dinero en efectivo sin comisiones. Para entidades como ING, de nuevo en el ojo del huracán, levantar su propia red de cajeros supondría una inversión de cientos de millones de euros y por eso les ha compensado asumir hasta ahora la comisión ‘interbancos’ sin pasársela al cliente final.

El banco naranja se presume como el principal damnificado en los corrillos del sector, aunque fuentes de la entidad apuntan en otra dirección: “La subida de comisiones bancarias es perjudicial para el consumidor”. También lo serán las entidades con presencia regional o menor número de cajeros. Sus clientes también sufrirán el peaje de los 2 euros cada vez que utilicen uno de los 20.000 cajeros de Santander, La Caixa o BBVA, aunque su propia entidad se haya comprometido con ellos a no cobrarles. Entre los beneficiados se sitúa Bankia, que acogerá un aumento del uso de sus cajeros y la consiguiente inyección de comisiones interbancarias.

Pese a la creencia general de que la banca vive de las comisiones, no es del todo cierto. Lo hacen de la intermediación entre el tipo de interés que pagan a los ahorradores por su dinero y lo que cobran a quienes prestan dinero. Es el margen bancario y el corazón de su negocio con un peso del 75% sobre el margen de intereses. En un segundo plano están las comisiones. En el caso de un banco como BBVA suponen unos 4.400 millones de euros anuales en todo el mundo, que suponen alrededor del 25%.

Sin embargo, de ese importe,  los cargos por usos de tarjeta en terminales automáticas tienen escaso impacto en la cuenta de resultados de la banca española. No se desglosan los datos, pero fuentes bancarias aseguran que las comisiones por mantenimiento de cuentas o a las transacciones comerciales (cobro por los pago con tarjeta en comercios) son la parte más importante del total. Pese a que no suponen una gran partida para el banco, el establecimiento de una comisión a la retirada de efectivo tiene un objetivo: atraer nuevos clientes de otros bancos que huyan de las comisiones y, por tanto, atacar a la competencia.

Imagen: Archivo

Al Ibex 35 no le gusta el resultado, pero menos le gustó el de Rajoy

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La implacable memoria del mercado no olvida la cercanía de líderes como Pablo Iglesias o Ada Colau a las tesis griegas de Tsipras y Varoufakis de reformar el mercado hipotecario, suspender la ejecución de desahucios, renegociar la deuda pública o dejar de pagar parte de ella. La Bolsa ha caído 2 puntos pero cuando ganó el actual presidente del Gobierno cayó un 3,4%.

Es oficial. Las encuestas han dado paso a los resultados electorales. Los inversores toman nota del cambio electoral en España. También de la irrupción de Podemos, Ciudadanos y del giro a la izquierda en Madrid (Manuela Carmena) y en Barcelona (Ada Colau) con dos plataformas de unidad popular.

El Ibex 35, que agrupa a las mayores compañías españolas, ha reaccionado este lunes con una caída del 2%, hasta 11.322 puntos. Es su mayor caída postelectoral desde que Rajoy ganó las generales el 20 de noviembre de 2011. Entonces bajó un 3,4%. También es menor el roto que cuando tras las autonómicas catalanas de 2010 (-2,3%) o el 15 de marzo de 2004 cuando Zapatero accedió por sorpresa a Moncloa.

Hoy el Ibex se ha visto arrastrado por el descenso de los valores bancarios. El Banco Popular caído un 3,5% y más del 2% Caixabank, Santander y BBVA. Bajaron con fuerza las eléctricas como Endesa (-4%) e Iberdrola (-3,5%), pero también las constructoras y concesionarias. La prima de riesgo -que recoge el diferencial entre la deuda alemana y la española- se mantiene estable en los 117 puntos.

El mar de fondo tiene el foco en la Grecia de Alexis Tsipras, que amenaza con el impago un préstamo de 1.600 millones que vence en junio. Pero el nuevo aspecto del mapa electoral en España será un factor de cotización en los próximos meses. Sobre todo si se traslada a las elecciones generales.

“Hay que verlo en perspectiva. Hace algunos meses había temor a la aparición de Podemos, pero ese soufflé se ha desinflado tras las elecciones en Andalucía. Ahora todo el mundo sabe quién es y el efecto es menor (…) “Hoy es un día un poco extraño para la bolsa por los festivos. El otro día en Londres los aviones estaban repletos porque todo el mundo se iba de puente””, explica Joaquín Casasús, director general de la gestora de fondos Abante Asesores.

El efecto de los festivos

No obstante, la actividad en el mercado es reducida hoy debido a los días festivos: Memorial Day en EEUU y Pentecostés en Alemania y en Reino Unido. Las principales bolsas de influencia en España (Wall Street, Fráncfort y Londres) permanecen cerradas en las próximas horas y evitarán movimientos más abruptos en la jornada de digestión electoral.

“El resultado electoral ha sido muy decepcionante. Por un lado, se añade incertidumbre sobre la mesa. Por otro, la percepción generalizada entre los operadores es que los pactos llevan a la moderación”, explica Daniel Lacalle, economista y autor del libro Nosotros, los mercados. “No veo un efecto directo del resultado electoral en la Bolsa. Hay que tener en cuenta que mayo es un mes habitual de toma de beneficios y la Bolsa ha subido mucho”. El Ibex 35 acumula un ascenso del 10% desde que comenzó 2015 y del 70% desde el verano de 2012.

El ejemplo griego

Y sin embargo la implacable memoria del mercado no olvida la cercanía de líderes como Iglesias (Podemos) o Colau (BCN-Comú) a las tesis griegas (Tsipras y Varoufakis) de reformar el mercado hipotecario, suspender la ejecución de desahucios o renegociar la deuda pública o dejar de pagar parte de ella. Todo eso ha estado sobre la mesa en el pasado y puede volver a estarlo en cualquier momento.

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La llegada de dos partidos nuevos a las alcaldías de Madrid (5.936 millones de euros de deuda en 2014) y Barcelona (978 millones) puede remover la estabilidad en que se encuentra el mercado de deuda en España por la confianza en la recuperación y sobre todo por la mano visible del Banco Central Europeo (BCE), que sigue manejando los precios periféricos y ha hundido en rentabilidades negativas la mayoría de los bonos públicos.

Según datos difundidos hoy por el Banco de España, la emisión bruta de deuda -incluidas renovaciones y financiaciones- se elevó durante 2014 a 239.500 millones de euros y el endeudamiento neto se amplió en 57.000 millones. Ese dinero es el que necesita el Estado para satisfacer el permanente estado de déficit público (mayor gasto que ingresos). Son cifras muy similares a las registradas en 2013, pero continúan mostrando un aumento de la hipoteca total.

El Tesoro mantiene un saldo vivo de emisiones por valor próximo al billón de euros y un interés medio del 3,56%. Es decir, paga intereses por valor de 35.000 millones. “Es muy difícil que se toque el tema de la deuda en España porque sería contraproducente. El coste de financiación ahora es completamente asumible y dejaría de serlo si pones en contra a los mercados”, añade Casasús.

Todos los expertos coinciden en una cosa: el 24M es sólo una piedra de toque antes de unas elecciones generales cuya repercusión bursátil sí sería mucho mayor.

 

 

 

Madrid tiene más deuda que Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga y Zaragoza juntas

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Según datos del Banco de España, los ayuntamientos españoles tenían una deuda acumulada de cerca de 32.000 millones de euros a finales de 2014. El 18% de esa cifra corresponde al Ayuntamiento de Madrid.  

También en EL ESPAÑOL:

Según cifras del Banco de España, los ayuntamientos españoles tenían una deuda acumulada de cerca de 32.000 millones de euros a finales de 2014. El 18% de esa cifra corresponde al Ayuntamiento de Madrid.


La deuda de Madrid la sitúa como la ciudad más endeudada en términos absolutos. Mantiene este lugar desde 2003, año en que empezó a gobernar Alberto Ruiz-Gallardón. Madrid superó a la Barcelona post-olímpica que desde la década de los 90 se mantenía en la primera posición.

Desde diciembre de 2005, Madrid supera en deuda a la suma del resto de capitales de provincia de más de 500.000 habitantes: Barcelona, Zaragoza, Valencia, Málaga y Sevilla. El soterramiento de la M-30, la reforma del palacio de telecomunicaciones, el sueño olímpico… Sólo las obras de la M-30 supusieron pedir una financiación récord de 2.500 millones de euros (a través de la empresa Madrid Calle 30) que en 2011 asumió el ayuntamiento cuando quedaba un saldo pendiente de 2.226 millones.

Esta financiación está concedida a través de dos préstamos sindicados (1 y 2) en los que participan 15 entidades bancarias y el ICO. En los años 2012 y 2013 la deuda viva de Madrid superaba los 7.000 millones de euros. Con el último dato disponible, publicado por el Banco de España y referido a la situación en diciembre de 2014, la deuda había bajado hasta los 5.936 millones de euros.

Entre los años 2007 y 2008, durante el estallido de la burbuja inmobiliaria, la cuarta parte de la deuda de todos los ayuntamientos pertenecía al Ayuntamiento de Madrid. Hoy ha pasado a suponer el 18% del total. El resto de capitales de provincia de más de 500.000 habitantes suman el 11,5% del total de la deuda municipal. A pesar de ser la ciudad que más debe, Madrid es la única que ha bajado su deuda desde el inicio de la crisis. La cifra ha bajado en 745 millones. Es decir, un 11,16%. Barcelona, en cambio, es la que más ha aumentado su deuda desde 2008. 207 millones al cierre de 2014.

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Sin línea de crédito

El nivel de endeudamiento sobre los ingresos es otro de los factores para conocer la salud financiera de los ayuntamientos. Se trata de un porcentaje que mide los objetivos de deuda de las entidades locales. En mayo de 2010, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero establecía una serie de medidas extraordinarias entre las que se incluía la prohibición a los ayuntamientos de endeudarse desde ese momento hasta el año 2012. Después de las críticas de algunos consistorios, el Ministerio de Economía se vió obligado a dar marcha atrás 24 horas después.

Al final la medida entró en vigor el 1 de enero de 2011 y se aplicó en los presupuestos de ese año. Aquellos municipios que superaran el 75% del nivel de endeudamiento respecto al ejercicio anterior no podían seguir pidiendo créditos a largo plazo.

Con la llegada al poder de Mariano Rajoy, se introdujeron nuevos cambios en la normativa. Se sigue fijando el umbral en el 75%. Pero aquéllos que se encuentren en una situación de endeudamiento excesivo podrán endeudarse siempre y cuando no superen el 110% establecido en el Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales del año 2004.

Hasta 1.090 municipios de los 7.456 que publicaron información de la ejecución de sus presupuestos para 2013 (no hay información de los municipios del País Vasco y Navarra) presentaron un nivel de endeudamiento superior al 75%. Unas cifras que disminuyen su capacidad de obtener ingresos para pagar su deuda.

La deuda de un 7% de los municipios supera el 110% de los ingresos corrientes. Tres ayuntamientos, entre ellos el de la localidad burgalesa de Monasterio de la Sierra, llegan a superar el 700%. En este mapa se puede ver el nivel de endeudamiento de cada municipio en 2013.

Se podría decir que la deuda municipal ha empeorado en muchos ayuntamientos de España durante esta legislatura. En 2011 sólo 758 municipios (un 10% del total) tenían una deuda que superaba el 75% de sus ingresos . Dos años después, ese porcentaje había subido hasta el 14,6%.

2013 es el último año cuyos datos ha hecho públicos el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 589 pueblos han pasado de no rozar el 75% en 2011 a superarlo en el ejercicio de 2013.

Deuda por habitante

Monasterio de la Sierra es también el municipio español que encabeza el ranking de mayor deuda por habitante. A cada uno de los 46 vecinos del municipio le corresponden 8.891 euros. En el otro extremo se encuentran 3.089 municipios, que mantenían el equilibrio presupuestario al final del ejercicio de 2013. Esos 3.089 municipios representan el 38% del total.

Con 7.005 euros más que en 2011, Jalón de Cameros (La Rioja) es el municipio que en términos absolutos más ha aumentado su deuda per cápita. El ayuntamiento publicó en su página web una nota informativa donde explica que la deuda se debe a un crédito bancario pedido en 2013 por el importe de la subvención de una obra que no fue liquidada por la Consejería de Agricultura de La Rioja hasta el año siguiente.

En total, 2.845 municipios (un 35%) han visto crecer sus cifras de deuda desde el inicio de la legislatura. En el otro extremo se encuentran el 31,9% de los consistorios que han logrado reducirla. Entre ellos, 408 ayuntamientos que han conseguido liquidar su deuda al 100%.

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Hasta 17 ayuntamientos de más de 100.000 habitantes tenían una deuda declarada superior a los 1.000 euros por habitante en 2013. Encabeza la lista el municipio de Parla (Madrid) con 2.940,67 euros por habitante. En febrero de este año, su alcaldesa socialista, Beatriz Arceredillo, reconoció que el ayuntamiento tenía una deuda de 550 millones de euros y admitió que en 2014 no pagó la Seguridad Social de sus trabajadores. En esta cifra no está incluida la deuda del polémico tranvía de Parla, que ronda los 180 millones de euros. Debido a esto, el ayuntamiento tiene retenidos los ingresos por el Estado. Arceredillo relevó en noviembre al anterior alcalde, José María Fraile, detenido en la operación Púnica.

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Ingresos de los ayuntamientos

La recalificación del suelo fue una de las principales fuentes de ingresos de los ayuntamientos durante el boom del ladrillo. La llegada de la crisis económica llevó a los alcaldes a buscar nuevas fórmulas de ingresos y allí estaba el ciudadano. Un informe del Tribunal de Cuentas estudia 1.312 ayuntamientos que en 2012 tenían una población superior a los 5.000 habitantes.
El Tribunal de Cuentas analiza el periodo 2009-2012 y se centra en estudiar los ingresos municipales en el contexto de la crisis económica así como las medidas adoptadas por los consistorios para hacer frente a la nueva situación. En estos ayuntamientos, los ingresos por enajenación de inversiones reales, la partida donde está incluida la venta de suelo, pasaron de los 1.712 millones en 2007 a 384 millones en 2011. Las principales medidas adoptadas pasaron por hacer recortes de todo tipo y por un incremento de la presión fiscal a través de una fuerte subida del IBI y de la revisión de los valores del catastro.

También en EL ESPAÑOL:


 

Nota metodológica: El cálculo para conocer el nivel de endeudamiento de las entidades locales se ha obtenido dividiendo la deuda viva de los entes locales entre los ingresos corrientes de los mismos, multiplicado por 100. Para el análisis de los datos de las capitales de provincia se han tenido en cuenta los publicados por el Banco de España, al estar actualizados a diciembre de 2014. Estos datos pueden guardar diferencias de conciliación con los publicados por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Así hemos elaborado el especial ‘España en cifras’

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España en cifras es un proyecto de periodismo de datos que hemos realizado para El ESPAÑOL con el objetivo de ayudar a comprender lo que ocurre donde vives a través de los datos. Hemos reunido en esta herramienta los principales indicadores demográficos, sociales y económicos que permiten explicar la realidad que te rodea.

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España en cifras es un proyecto de periodismo de datos que hemos realizado para El ESPAÑOL con el objetivo de ayudar a comprender lo que ocurre donde vives a través de los datos. Hemos reunido en esta herramienta los principales indicadores demográficos, sociales y económicos que permiten explicar la realidad que te rodea.

Detrás de este especial se esconde un arduo trabajo de recopilación de datos compuesto por más de 75 fuentes a nivel municipal, provincial y autonómico. Estos datos se han limpiado y estructurado para hacerlos más comprensibles a través de diferentes visualizaciones.

¿Qué puedes hacer?

En España en cifras puedes buscar los principales indicadores de tu comunidad autónoma, provincia y municipio. De la metrópoli de Madrid al pueblo toledano de Illán de Vacas, el pueblo con menor número de habitantes según datos del padrón consolidado de 2014. Allí están empadronados dos hombres y una mujer. En marzo de 2015 uno buscaba trabajo.

También puedes realizar comparaciones entre comunidades autónomas, provincias y municipios. Tan sólo tienes que seleccionar “Añade a tu comparación” en cada ficha de la entidad correspondiente. Otra opción es hacerlo desde la pestaña de comparar. Además la herramienta permite realizar comparaciones directamente desde la URL del navegador. ¿Quieres comparar Sevilla con Cádiz? Escribe esto en la barra de tu navegador:

http://espanaencifras.elespanol.com/compara/provincias/sevilla:cadiz

Los artículos y reportajes basados en datos y fuentes abiertas también tienen un lugar destacado en España en cifras. Desde la pestaña de “historias” puedes acceder a los contenidos relacionados con las elecciones, sus municipios y comunidades.

Lo que presentamos aquí es sólo la primera versión de la herramienta España en cifras. Queremos que nos ayudes a mejorarla. Si ves algún error, descubres historias en los datos que creas que merecen ser contadas o quieres hacernos llegar preguntas o sugerir nuevas funcionalidades, ponte en contacto con nosotros en datos@elespanol.com.

Metodología

Se han recogido datos municipales, provinciales y autonómicos. En el caso de los municipios, la desaparición y creación de los mismos, así como el cambio de nombre de algunos de ellos ha complicado en muchos casos la tarea de limpieza.

Los datos electorales presentados pretenden ofrecer un contexto histórico desde que se celebraran los primeros comicios electorales en el año 1979. Se han recopilado datos de los concejales obtenidos en cada legislatura por los partidos. Estas cifras ofrecen la evolución de cada municipio español. Estos datos han sido obtenidos a través de una petición de información enviada al Ministerio del Interior al estar recogidos y publicados únicamente el número de votos obtenidos por cada partido. Además, la herramienta también muestra el nombre de los alcaldes que gobiernan en la actualidad.

A nivel autonómico se ofrece el número de escaños obtenidos por cada partido en cada proceso electoral. Los datos se publican en el Congreso de los Diputados y permiten la descarga en formato reutilizable Excel. Pero debido al amplio número de comicios celebrados desde 1979 y a la cantidad de información, hemos seguido un proceso de automatización para la extracción de los datos. Su posterior limpieza y estructuración también ha conllevadoutilizar un proceso con herramientas de scraping, limpieza y análisis de los datos.

Los nombres de los presidentes autonómicos y el histórico de gobernación de los mismos se ha obtenido a través de un proceso de scraping puesto que esos datos estaban publicados en formato PDF y era difícil obtenerlos.

En cuanto al número de personas llamadas a votar y a los nuevos electores, se han consultado las cifras del Censo Electoral del INE.

Los datos de población se han extraído del Instituto Nacional de Estadística (INE). Para la cifra total de habitantes se han tenido en cuenta los datos de Cifras Oficiales de Población de los Municipios Españoles: Revisión del Padrón Municipal mientras que para el desglose de población por grupos de edad se han usado los datos englobados en la Estadística del Padrón Continuo al no figurar tal distinción en la anterior estadística.

En los datos de deuda pública por comunidades autónomas se ha utilizado como fuente principal el Banco de España. Esta fuente distingue, por un lado, los datos de deuda en relación con el porcentaje que supone del Producto Interior Bruto y, por otro, la deuda pública en números absolutos. Dado que varían según se considere uno u otro, se muestran ambos datos. Asimismo se ha querido mostrar cuál es la cifra de deuda que le corresponde a cada español, cifra que no es publicada por el Banco de España. Es cifra se ha calculado dividiendo la deuda total de cada comunidad entre supoblación.

Para la extracción de datos se ha utilizado la herramienta de scraping Kimono. Las tecnologías empleadas para el análisis y la limpieza de los datos han sido Excel y Open Refine. También se han utilizado diferentes herramientas para extraer tablas atrapadas en documentos PDF como Tabula.

Proyecto realizado para EL ESPAÑOL por el siguiente equipo:
Coordinación: Antonio Delgado (Datadista / @adelgado)
Tratamiento de datos y contenido: Patricia López (@lopezg_patricia)
Diseño de producto: Álvaro Ortiz (@furilo)
Programación y ‘backend’: Fernando Blat (@ferblape)
Visualizaciones: Beatriz Martínez (@maritrinez)