Sólo un 31,5% de los catalanes vive en municipios donde sí logró la mayoría absoluta el independentismo

mapa_indepEl número de ayuntamientos catalanes que tiene más del 50% del porcentaje de votos a favor de la independencia -teniendo en cuenta la suma de los porcentajes de votos de Junts pel Sí y la CUP es 809. A pesar de que esta cifra significa el 85,4% del total, sólo representa al 31,5% de la población catalana. Entre ellos destaca Girona con el 62,78%.

El número de ayuntamientos catalanes que tiene más del 50% del porcentaje de votos a favor de la independencia -teniendo en cuenta la suma de los porcentajes de votos de Junts pel Sí y la CUP es 809. A pesar de que esta cifra significa el 85,4% del total, sólo representa al 31,5% de la población catalana.

Entre ellos destaca Girona con el 62,78%. En 2012, el porcentaje de voto independentista en esta capital de provincia alcanzó el 64,02% gracias a la suma de votos de ERC, CiU, SI y la CUP.

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La lista de municipios con más de 1.000 habitantes donde los independentistas han arrasado está liderada por L’Esquirol, donde Junts pel Sí se alzó con un 78,5% y la CUP con el 13,2%. Le siguen otros nueve ayuntamientos en los que el desafio soberanista logró más del 86% de los votos. 10munis_mas-independentistas

Radiografía del resultado: así votó Cataluña en su noche más decisiva

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El polvorín de Torredembarra

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Reportaje gráfico: Alberto Gamazo

Este pueblo de 15.000 habitantes es el centro de la trama que apunta a la financiación ilegal de Convergència. Vecinos y concejales describen el mandato del alcalde Daniel Masagué, que según el sumario usó el consistorio para enriquecerse, financiar al partido y lanzar su carrera como diputado al Parlament.

Este pueblo de 15.000 habitantes se ha convertido en la punta del iceberg de una trama que apunta a la financiación ilegal de Convergència. Vecinos y concejales describen el mandato del alcalde Daniel Masagué, que según el sumario usó el consistorio para enriquecerse, financiar al partido y lanzar su carrera como diputado al Parlament.

Una de las primeras cosas que se ven al llegar al centro de Torredembarra es una oficina electoral medio vacía. Dentro sólo se observan un par de sillas destartaladas frente a un escritorio. Encima de la mesa hay una impresora y una pequeña señera, lo único que se mantiene en pie. En la cristalera se puede leer el nombre de Daniel Masagué, el ex alcalde del pueblo imputado por delitos de malversación, cohecho, blanqueo y organización criminal. La estampa describe perfectamente lo que es hoy en día Torredembarra: Masagué ya no está en la alcaldía pero aún se perciben los escombros de su mandato.

La historia de Torredembarra es la de cualquier caso de corrupción y caciquismo en el que las luchas internas lo hacen saltar todo por los aires. Pero va mucho más allá. Lo que en un principio parecía un simple alcalde corrupto fue el origen de una investigación que sigue en pie y que ha supuesto detenciones de ediles y alcaldes, ha salpicado a pesos pesados de Convergència y ha ocasionado registros en varias empresas y en las sedes del partido y de su fundación CatDem, a través de la cual la Justicia cree que se canalizaban las comisiones por adjudicaciones de la obra pública del ayuntamiento y de la Generalitat.

La denuncia de dos ediles y de un empleado dio las primeras pistas para tirar del hilo y constatar que no se trataba de un problema de ámbito municipal.

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La oficina electoral del ex alcalde Masagué. / ALBERTO GAMAZO

Reportaje gráfico: Alberto Gamazo

El sumario muestra un municipio en el que se sobornaba a ediles de todos los colores, en el que circulaban sobres con billetes, se cobraban comisiones, se favorecía a empresas vinculadas con Convergència y se adjudicaban contratos millonarios de manera irregular.

La mayor parte del caso permanece bajo secreto de sumario. Pero las escuchas telefónicas que han trascendido hasta la fecha muestran a un alcalde que durante seis años controló a su antojo un consistorio con un presupuesto que ronda los 20 millones de euros. Las actas de los plenos revelan un ayuntamiento crispado y fraccionado con enfrentamientos constantes, con la sombra de la corrupción planeando sobre las votaciones y con intervenciones de la policía para calmar los ánimos en alguna ocasión.

“Este pueblo es un polvorín”, explica Montserrat Gassull, que durante años fue concejala de ERC y que fue la primera en denunciar las presuntas corruptelas.

A través de su abogado, Masagué ha declinado dar su versión de los hechos para este reportaje.

El origen de las denuncias

El 28 de agosto la precampaña catalana se vio sacudida por una gran operación de la Guardia Civil. Los agentes acudieron a varios ayuntamientos que habían estado en manos de CiU y a la sede del partido y de su fundación. También registraron el domicilio del ex tesorero del partido, Daniel Osácar. La operación era un nuevo capítulo de una investigación que ha llevado a la Guardia Civil a registrar y detener a ediles, alcaldes y empresarios próximos a CiU en un intento de desenmascarar la presunta financiación ilegal del partido y las comisiones del 3% que se cobraban por adjudicar obra pública de la Generalitat.

Las fuerzas soberanistas interpretaron la operación como un episodio más de la guerra sucia del Estado. Pero el origen de la operación se encuentra en una denuncia que interpuso en junio de 2012 Montserrat Gassull, que en aquella época aún era concejal de ERC. Tanto la cúpula de ERC como la de Convergència fueron advertidas por Gassull y por el presidente del comité local de Convergència, Jordi Guasch. “ERC me apoyó en un principio y luego me dejó sola”, explica ahora la concejal.

Gassull (54 años) empezó a reunir documentación en 2011. Al año siguiente presentó seis denuncias de las cuales se archivaron tres. Las denuncias, a las que también se sumó Enric Granjel, edil del PSC, se referían a tres asuntos: el alquiler de un local en condiciones ruinosas por 6.000 euros al mes, el sobrecoste de más de un millón de euros de un aparcamiento adjudicado a la constructora Teyco y el pago de decenas de miles de euros a Efial, una consultora próxima a Convergència que también se ha visto salpicada en otros casos de corrupción municipal.

“Llevaba desde 2011 advirtiendo a los ediles que no votaran ciertas cosas en los plenos y que estaban prevaricando”, recuerda Gassull.

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La concejala Gasull. / ALBERTO GAMAZO

El impulso que necesitaba la investigación no llegaría hasta octubre de 2013. Rachid el-Ghzaoui, que trabajó durante 23 años en la panificadora del alcalde Masagué, estaba enfadado y con ganas de hablar. Masagué le había despedido sin ofrecerle ninguna indemnización después de dos décadas.

Durante ese tiempo, El-Ghzaoui fue el hombre de confianza del alcalde, según explican habitantes del pueblo. “Le había salvado de muchos marrones”, explica un vecino que prefiere no dar su nombre. “No era un simple empleado: le hacía recados y le solucionaba problemas”.

El-Ghzaoui explicó entonces a Gassull que durante años vio circular sobres con decenas de miles de euros en billetes de 500. Acudieron a la Guardia Civil y declararon juntos. La Fiscalía empezó a atar cabos y estrechó el cerco sobre el alcalde. El-Ghzaoui, que ahora reside en Inglaterra con su familia, ha preferido no hacer ningún comentario para este reportaje.

La ‘omertà’ de ERC y CDC

En febrero de 2013 el juez inició la instrucción y preguntó al PSC y a ERC si querían personarse en el proceso. Los socialistas dijeron que sí pero ERC reculó. “Me dijeron que yo ya había hecho lo que tocaba y que dejáramos actuar a la justicia”, recuerda Gassull.

Eduard Rovira (ERC), actual alcalde del municipio, argumenta que su partido no se personó porque ya lo había hecho el PSC y porque en ese momento la formación pasaba por malos momentos de tesorería. Afirma además que Gassull no quiso el respaldo del partido cuando fue a presentar las primeras denuncias.

En paralelo a las denuncias, Gassull, que mantenía un enfrentamiento abierto con Masagué desde años atrás, empezó a emplear su cuenta de Twitter para denunciar las irregularidades en el ayuntamiento. El alcalde la denunció entonces por injurias y fueron llamados a un acto de conciliación en el juzgado de paz. Gassull acudió con una abogada del partido. Pero la conciliación fracasó y la querella por injurias pasó a la jurisdicción civil.

La dirección de ERC dijo entonces a Gassull que aquello era un tema personal y que no la defendería más. “El caso de las injurias era una batalla personal entre dos egos, no tenía nada que ver con el partido ni tenía contenido político”, argumenta ahora Rovira, el alcalde de ERC. “Gassull empleó un tono políticamente incorrecto y muy agresivo. No compartíamos esos mensajes”.

Según Rovira, algunos de los tuits no se referían a casos de corrupción sino a otros aspectos personales del alcalde como por ejemplo sus implantes de pelo. Explica además que el distanciamiento de Gassull de ERC no tiene nada que ver con el escándalo sino con unas primarias en las que intentó sin éxito hacerse con el control de la formación en la localidad. Gassull niega esta versión y asegura que se sintió abandonada por el partido sin motivo aparente.

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ALBERTO GAMAZO

Entre 2012 y 2014 Gassull remitió varias cartas al presidente Mas y a la cúpula de ERC para avisar de lo que estaba sucediendo en Torredembarra. Nunca recibió respuesta.

Escribió a Marc Sanglas, secretario de acción municipal de ERC, que admitió después que había recibido la carta. En un acto celebrado en Tarragona interpeló a Oriol Junqueras, a quien conocía desde antes de que fuera el presidente del partido. “En Barcelona sois muy amigos de CiU, pero que sepas que lo que pasa aquí es muy grave”, asegura que le dijo. “Cada municipio debe hacer lo que crea”, le respondió Junqueras, siempre según la versión de Gassull.

Rovira reconoce que en la cúpula de ERC se hablaba del caso pero no asume ningún error. “Una carta de un edil con acusaciones, sin ningún tipo de prueba jurídica, no constituye algo tan relevante”.

Otra batalla interna, esta vez en CiU, motivó los avisos a la cúpula convergente en julio de 2013. Jordi Guasch, en aquel momento presidente del comité local de CiU y enfrentado también con Masagué por el control del partido, escribió una carta a Lluís Coromines, secretario general adjunto del partido. Advertía de lo que sucedía, pero tampoco recibió ninguna respuesta.

Desde entonces Guasch (36 años) se ha dado de baja en el partido y se muestra muy decepcionado. Es independentista desde que tiene uso de razón y forma parte de una familia convergente de toda la vida. Su madre ha sido edil del partido, uno de sus primos fundó la sección local de CiU y tiene un primo que también es concejal del partido en un pueblo vecino.

“Yo ya sé que un partido no es una ONG”, dice. “Lo que nunca imaginé es que era la Mafia siciliana”. Tiene muchas ganas de contar cosas pero dice que no hablará hasta que no pasen las elecciones y se levante el secreto de sumario. Como Gassull, lamenta que se les esté usando para hacer daño al proceso de independencia en Cataluña. “El 27-S votaré a la CUP”, explica. “Si lo supiese mi abuela…”.

A todos los consultados les sorprende el apoyo que la cúpula de CiU ha prestado a Masagué desde su detención. Ni siquiera lleva una década en política y no es un peso pesado del partido, pero ha tenido el apoyo incondicional de figuras tan importantes como Felip Puig. “Es un buen amigo al que conozco desde hace años”, dijo Puig de Masagué cuando lo encarcelaron.

Tampoco entienden por qué Masagué tardó casi dos semanas en dimitir a pesar de estar en la cárcel imputado por varios delitos. Todos los concejales con los que he hablado, además, aseguran que el partido le paga la defensa. Un aspecto que una portavoz de Convergència no ha querido confirmar ni desmentir. El abogado de Masagué es Javier Melero, el letrado de confianza del partido.

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Sin estrenos. El teatro Auditori de Torredembarra, en el que se han gastado cuatro millones de euros, permanece abandonado desde 2010 pese a estar casi acabado.

Una carrera fulgurante

Masagué tuvo una carrera meteórica dentro de CiU. Este empresario del sector panadero accedió a la alcaldía del pueblo en 2008, cuando solo llevaba dos o tres años militando en el partido. En poco tiempo, sin embargo, se prodigaba en mariscadas y comidas con la cúpula del partido y alardeaba de sus lazos de amistad con Oriol Pujol y Felip Puig.

Media docena de ediles, vecinos y militantes de distintos partidos rememoran las copiosas comidas de Masagué y Pujol en el restaurante Les Palmeres, que se encuentra en el paseo marítimo del pueblo. Recuerdan cómo el alcalde alardeaba de su amistad con un sector de la cúpula de CDC.

Masagué ya no tiene responsabilidades públicas. Pero en el pueblo se percibe cierto miedo cuando se pregunta por él. La gente que lo trató lo describe como una persona obsesiva y paranoica, mentirosa, de trato difícil, que intentaba controlarlo todo y siempre miraba hacia los lados cuando iba por la calle. “Era muy desconfiado”, describe el actual alcalde del municipio. “Es capaz de hacer cualquier cosa. No tiene ningún límite ético ni moral”, asegura Gassull.

Un miembro de Convergència que lo conoce bien y que sólo accede a hablar si no se publica su nombre recuerda cómo Masagué ponía a los concejales de su partido a espiarse entre ellos. También desvela su fijación por la magia negra y su insistencia en que había espíritus en el Ayuntamiento. “Cuando llegué a la alcaldía me encontré una factura de un santero que vino a limpiar el edificio”, explica Enric Granjel (PSC), su inmediato sucesor en el cargo después de que lo encarcelaran.

Este miembro de Convergència describe el punto de inflexión en la ascendencia de Masagué en el partido. Fue en 2010, cuando al alcalde se le puso entre ceja y ceja ser diputado en el Parlament. Fue entonces cuando empezaron las comidas con Felip Puig y Oriol Pujol y cuando en el municipio desembarcó Jaume Vila Fontcuberta, un ex diputado de CiU que asumió el cargo de coordinador de urbanismo.

“Firmaba todo lo que el alcalde le pedía”, coinciden Gassull, Granjel y Rovira.

En una cena ante cientos de militantes durante la campaña de las municipales de 2011, Masagué explicó que entró en política porque su empresa se le había quedado pequeña. “Masagué tenía mentalidad de empresario, no de político”, prosigue Granjel. “No le gustaba tener que seguir con el protocolo establecido para la contratación pública”.

Los ediles consultados describen cómo trató de articular un ayuntamiento paralelo para poder adjudicar las obras públicas a su antojo. Nombró interventora a Esther Agulló, que hasta entonces era su secretaria personal. Puenteaba los informes adversos del secretario municipal Rafael Orihuel mediante estudios externos, muchos de ellos de la consultora Efial. La dirección nacional de Convergència le mandó al pueblo a Jaume Vila Fontcuberta como responsable de urbanismo. Masagué duplicó la remuneración por asistir a los plenos de 800 a 1.600 euros.

En el sumario aparece una conversación entre Masagué y Toni Martos, responsable de Efial, que ilustra la poca querencia del alcalde por seguir los procedimientos establecidos. “Quedaremos en el pabellón deportivo. Haremos la reunión ahí (…) el tema está en que no pase por el secretario, el tema clave es ése”, le dice Masagué a Martos.

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Un aparcamiento fantasma. Fue adjudicado a la empresa Teyco por 2,5 millones, pero tuvo un sobrecoste del 40%. Se cerró en agosto de 2014 porque no era rentable. Aún no se sabe qué uso se le dará.

La punta del iceberg

Quienes conocen de cerca la investigación aseguran que lo que ha trascendido hasta ahora es sólo la punta del iceberg. La investigación está en manos del Juzgado de Instrucción 1 de El Vendrell y está a punto de terminar. Según una fuente que ha leído el sumario, el caso podría generar un cisma en la política catalana porque el modus operandi se repetía en diversos municipios controlados por Convergència.

Hay varias líneas de investigación en Torredembarra. Están los presuntos pagos al alcalde por parte de Teyco, la empresa familiar del constructor y cofundador de CiU Carles Sumarroca. También los contratos con la empresa Efial a cambio de informes a medida, los sobornos a diversos ediles a cambio de votos favorables y un contrato de entre 15 y 17 millones con la empresa Sorea relacionado con la gestión del agua en el municipio.

“Con el tema de Sorea se ha hecho lo que se ha querido. El 4% o el 5% se ha ido dónde se ha querido y aquí ni Dios respira”, le dice un empresario imputado a la teniente de alcalde Paquita Falguera, de Unió, en una de las grabaciones. Sorea es una filial del grupo Agbar, que ha sido el mayor donante de la fundación de Convergència durante los últimos años, según publicó el pasado martes el diario El País.  

“Me identifico más con Julio Anguita que con Albert Rivera”

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Marta San José (Badalona, 1996) acaba de cumplir 19 años y es la benjamina de la lista de Catalunya Sí que es Pot (CSP). Estudia Medicina, vive en un barrio obrero de Badalona y es hija de un operario de imprenta y de una empleada de un hotel. Con ella arranca la serie Generación ‘selfie’, que retrata a candidatos menores de 30 años.

Marta San José (Badalona, 1996) acaba de cumplir 19 años y es la benjamina de la lista de Catalunya Sí que es Pot (CSP). Estudia Medicina, vive en un barrio obrero de Badalona y es hija de un operario de imprenta y de una empleada de un hotel. Con ella arranca la serie Generación ‘selfie’, que retrata a candidatos menores de 30 años.

“No provengo de una familia de tradición política”, explica Marta San José sobre su vocación. “Mis padres ni siquiera solían ir a votar. Alguna vez lo habían hecho y habían dado su apoyo al PSC. ¡O incluso al PP de Albiol! Es la última opción política que votaría. Pero prefería eso a que no participasen. Por eso, cuando yo tenía 12 años, les cogí de la mano, les llevé al colegio y les obligué a pasar por las urnas. Al ver mi esfuerzo y mi interés, me cedieron su papeleta y yo “les voté a Iniciativa per Catalunya Verds (ICV)”.

Así empezó el idilio con la política de Marta San José, que ocupa el número 47 en la lista de Catalunya Sí que es Pot. Casi igual de prematura fue su primera maniobra como activista: “Sucedió en 2011. García Albiol acababa de ganar las elecciones al Ayuntamiento de Badalona. Yo me indigné tanto que me metí en Facebook y convoqué una manifestación en la Plaça de la Plana, uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad. Sin saber cómo, aquello se propagó como la pólvora. Cuando llegué a la plaza se habían congregado casi 500 personas a las que no conocía de nada”, explica, y recuerda: “Había grupúsculos diseminados y yo no tuve el valor de pedirles que nos juntásemos todos”. Entonces San José tenía 15 años y cursaba tercero de ESO. 

Su primera toma de contacto con ICV llegó poco después: “Un chico del partido se enteró de lo de mi convocatoria por Facebook y me propuso ir a la sede de su partido a confeccionar pancartas para otra manifestación. Allí me di cuenta de que me identificaba con el partido. Era ecologista, socialista, feminista, internacionalista y todos los ista que me definen”.

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En septiembre de 2012 decidió afiliarse. Su primera contribución fue comprar disfraces para una comparsa de carnaval. “Como siempre hemos pensado que Albiol es un poco fantasma por su pose, su porte y su actitud chulesca, decidimos disfrazarnos de cazafantasmas. Yo me encargué de adquirir los trajes y de escribir ‘No más fantasmas en el Ayuntamiento’ en las pancartas”.

Desde hace dos años, San José coordina las Juventudes de ICV en su ciudad. Su primera experiencia electoral llegó en las municipales de mayo. Figuraba en el número 11 de la lista de Iniciativa. El partido perdió un concejal en el Ayuntamiento de Badalona y se quedó con dos ediles.

“Las tradicionales discrepancias de la izquierda española llevaron a ICV y Podemos a escindirse en dos ejes opuestos”, explica. “El núcleo crítico de ICV se fue con Podemos y la gente que no estuvo de acuerdo con la forma de hacer de Podemos se vino con nosotros”. Ahora aquellos dos grupos se han unido en la misma lista: “En las primeras reuniones que hemos mantenido sí que se ha notado la tensión porque hemos pasado de ser rivales a trabajar codo con codo”.

Entre Carmena y Colau

San José habla a gran velocidad pero no titubea. “Fui delegada de clase en varias ocasiones”, explica. “Lo de hablar en público lo llevo practicando desde hace mucho tiempo y tengo cierta facilidad”. No rehuye de sus orígenes españoles: “Me siento muy orgullosa de que mis antepasados procedan de Santa Cruz de Moya, un pueblo de Cuenca en el que cada año se sigue celebrando un homenaje a las tropas antifranquistas de la Guerra Civil”.

La joven apunta a Ada Colau y Manuela Carmena como sus referentes políticos actuales, aunque no se ve siguiendo su estela. “Como militante de base sí, pero como política profesional creo que no acabaré. No me veo. Me gusta hacer cosas por los demás. Estudio Medicina porque considero que es uno de los trabajos con un mayor grado de con un gran compromiso social”.

Ahora Marta afronta unas elecciones marcadas por el debate sobre la independencia: “La cuestión soberanista es tramposa porque no deja ver los otros problemas de fondo. Los independentistas de izquierdas han caído en el engaño: van a acabar apoyando al partido que recorta derechos y servicios y vota al TTIP [un tratado de libre comercio entre Estados Unidos y la UE a cuya aprobación se oponen todas las fuerzas de izquierdas]”.

San José no está en contra de que se celebre una consulta en Cataluña pero cree que se debe hacer “con todas las de la ley”. “Un referéndum significa ‘una persona/un voto'”, argumenta. “Lo que se celebrará el día 27 serán unos comicios autonómicos. Se contabilizarán escaños. Mientras la papeleta de una persona de un pueblecito de Lleida siga valiendo más que la mía, este proceso no tendrá validez como consulta”, dice en referencia al diferente peso de los votos según el sistema electoral.

San José se define como “federalista e internacionalista” y asegura que a día de hoy votaría no a la independencia. Considera que Artur Mas “se ha salido con la suya al tapar la corrupción y los recortes sociales con una bandera independentista”. También lamenta que se haya producido una “fractura social” y cree que gran parte de la culpa es de TV3: “La televisión pública que todos pagamos es tendenciosa y utiliza estrategias subliminales. No lo digo yo ni lo decimos cuatro disidentes con intereses. Lo dicen numerosos trabajadores críticos de la cadena, que han constituido una plataforma en las redes sociales llamada Més que una Tele TvTres.

Huelgas en las aulas

La llegada de San José a la política no ha acabado con su activismo en el ámbito académico. “En las últimas huelgas de la universidad me enfadaba con muchos de mis compañeros”, dice. “Muchos se iban a la playa en lugar de reivindicar sus derechos. Casi les obligaba a mandarme fotos y selfies de las manifestaciones a las que acudían”.

A pesar de su juventud, San José no hace bandera del cambio generacional: “Me siento mucho más identificada con Julio Anguita que con Albert Rivera. No podemos caer en la demagogia ni despreciar el valor de la experiencia”. En esta línea asegura que uno de los factores que le convenció a la hora de escoger a ICV fue “que se trata de una formación heredera del PSUC. No somos cuatro hippies progres sin historia. Tenemos un poso de patrimonio de la lucha de la izquierda”.

La joven candidata está siguiendo muy de cerca las primarias en Estados Unidos y de allí procede su último ídolo político: “Bernie Sanders, uno de los candidatos demócratas, se define como socialista. ¡En Estados Unidos! ¡En un país en el que ese término se utiliza casi como un insulto! La gente utiliza la palabra socialista para desprestigiar a Obama… y Sanders no tiene problema en considerarse como tal. Me parece muy valiente que se califique a sí mismo con un término tan arriesgado en su país y lo que más me emociona es que está subiendo en las encuestas”.

¿Qué le depara el futuro a Marta San José? Por ahora, sumergirse de lleno en su segunda campaña electoral. “Luego quiero descansar”, reconoce. “Todo el proceso me está agotando y soy consciente de que he aparcado muchas ilusiones. Debo centrarme en mi carrera, que es prioritaria. También me gustaría retomar algunas aficiones que he ido dejando por el camino como tocar la guitarra”, afirma esta fan de los Eagles, Bob Dylan, Sabina o Silvio Rodríguez. Asegura que cuando baje el pistón se lo agradecerán en su casa: “Todos mis amigos entienden y respetan mi decisión de dedicarme a la política, pero en mi casa lo llevan peor. A menudo dejó de hacer planes con ellos porque me coinciden con algún acto y eso les fastidia”.

Objetivo Carmena: “Redefinir la ilusión y la magia de la Navidad”

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El equipo de Cultura de Manuela Carmena, liderado por Celia Mayer, presenta el plan de las actividades y programas de la ciudad. No tienen presupuesto asignado todavía, pero intención de volver al espíritu navideño original… sin marcas comerciales

En la imagen, un momento de la última Cabalgata de los Reyes Magos de Madrid. (Ayuntamiento de Madrid)

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Un instante de la última Cabalgata de los Reyes Magos en Madrid (Ayuntamiento de Madrid)

La cultura y los deportes del Ayuntamiento de Madrid ya tienen un plan. Dinero, no. Celia Mayer Duque, delegada del Área de Gobierno de Cultura y Deportes, se ha presentado a los medios para avanzar con qué sueña cuando sueña con cultura. Ya saben: los sueños, sueños son hasta que no se cierre el presupuesto. “Esperamos crecer”, asegura sin fijar una cantidad. Tampoco concreta su deseo, aunque se atreve a aclarar que la cifra destinada por los últimos presupuestos de la exalcaldesa Ana Botella -el 2,8% del total- no es suficiente.

La responsable de Cultura del equipo de Manuela Carmena cuenta sus objetivos: facilitar el acceso a la cultura abaratando el precio de la taquilla; establecer políticas de colaboración entre entidades públicas y privadas; crear una red de bibliotecas móviles en los distritos; cambiar el modelo de gestión y acabar con la opacidad, evaluar las subvenciones adjudicadas; entregar los espacios municipales para que “la gente que quiera programar con actividades pueda hacerlo”; reformar las normativas de música callejera y rodajes de películas; corregir “la situación caótica” de Madrid Destino; y “que el Ayuntamiento deje de ser un tapón” burocrático para la cultura.

“Queremos redefinir la magia de la Navidad”

¿Y la cabalgata? Santiago Eraso, director general de espacios y contenidos de Madrid Destino, anunció en entrevista con El Confidencial que se estaban revisando la cabalgata de los Reyes Magos. Hoy Jesús Carrillo, director general de programas y actividades culturales, aclaró que era un tema delicado que revisan con cuidado desde julio. “Pero queremos redefinir los conceptos de ilusión y magia de la Navidad. Debemos separar el elemento tan comercial de los valores de la Navidad”, afirmó. Carrillo comentaba asombrado que la presencia de los anunciantes en la ceremonia es tan abundante que se han convertido en el protagonista del trayecto. “El último año había un coche empotrado en una de las carrozas”, explicó.

Sobre el precio de las entradas Santiago Eraso aseguró que había que revisar la política, abaratar y volver a la gratuidad de algunas de de las actividades. “Lo que no puede ser es la política de precios de el Teatro Real. Veintitantos euros del Teatro Español no está mal”, aclaró. Celia Mayer apuntó que no se plantean retirar la subvención de la institución, pero sí están en negociaciones con el centro presidido por Gregorio Marañón “para ver cómo retorna su actividad sobre la ciudad y establecer mecanismos de colaboración”.

“Uno de los problemas con los que nos hemos encontrado al llegar es que no existen mecanismos para evaluar los programas y actividades culturales que se han ejecutado en la ciudad hasta el momento”, señala la Delegada para explicar que los mantendrán todos hasta que no descubran los fallos del sistema. Mayer también entró a detallar que en la protección y conservación del patrimonio, la última palabra sobre no la van a tener los arquitectos. Se establecerán comisiones con asociaciones en las que se pondrán en común criterios técnicos y sociales.

En la carta a los Reyes Magos de Mayer figura en primer lugar el presupuesto.

El Ayuntamiento de Madrid obliga a una interina recién operada de cáncer a opositar por su plaza

foto_1La psicóloga interina municipal Mari Mar Alcalá estaba inmersa en una oposición cuando le diagnosticaron cáncer de mama. El cansancio crónico, los mareos, o las quemaduras de la radioterapia no han sido razones para que el Ayuntamiento retrase su examen. Desde el Consistorio aseguran que podrá volver a su puesto, pero la funcionaria interina niega haber sido notificada.

La psicóloga Mari Mar Alcalá, este martes en su domicilio. MOEH ATITAR / EL ESPAÑOL

Mari Mar Alcalá, este martes en su domicilio. MOEH ATITAR / EL ESPAÑOL

El cansancio crónico, los mareos, las náuseas, el insomnio e incluso las quemaduras por la radioterapia posterior a una mastectomía no han sido razones suficientes para que el Ayuntamiento de Madrid retrasara el examen que tenía que realizar el pasado 3 de septiembre la psicóloga Mari Mar Alcalá para consolidar su puesto de trabajo en el Consistorio dirigido por Manuela Carmena.

“Llevaba todo la semana sin dormir, sin fuerza ninguna, pensando en el examen, pero sobre todo imaginando la situación en la que me quedo si no consigo la plaza. Tendré que cesar y me quedaré en el paro”, explica a EL ESPAÑOL la funcionaria interina que acumula más de nueve años de experiencia en uno de los centros de atención a la infancia del Consistorio de Madrid.

A las 15:00 del citado día la esperaban los examinadores para realizarle la prueba, pero en ese momento se encontraba en el hospital porque tenía sesión de radioterapia. “¡Cómo iba a ir en estas condiciones, no puedo ni sostener el bolígrafo”, afirma Alcalá, quien dice no entender cómo el Ayuntamiento de Madrid “no ha escuchado” sus “súplicas” para retrasar el examen o resolver la convocatoria dejando libre la plaza que actualmente ocupa.

En su lugar, acudió su hermano para transmitir al tribunal que “lo que están haciendo con Mari Mar es inhumano” porque “no se encuentra en condiciones de examinarse”. “Necesita tranquilidad y nada de estrés y esta situación no está contribuyendo nada a su recuperación y todo esto es consecuencia de un error del propio tribunal”, reza el acta.

El origen del calvario

El error al que hace referencia el hermano de Alcalá es el origen de su calvario en forma de oposición que comenzó en 2014. El área de Economía convocó la posibilidad de consolidación de 30 plazas de interinos temporales. Entre ellas, la que ocupa Mari Mar. A partir de ahí, convivió con su fibromialgia y pilas de apuntes con la meta de convertirse en funcionaria “de pleno derecho”. “Podía conseguir el puesto”, recuerda.

Con esa premisa se presentó a su primer examen el 5 de marzo del pasado año. Allí, un cuadernillo con 60 preguntas, una hoja de respuestas y supuestamente 70 minutos extra de adaptación por su discapacidad reconocida del 34%.

Y aquí “el error”.

“No me respetaron el tiempo extra, no me dio tiempo a pasar las respuestas a la hoja final, y las tenía bien”, parece excusarse Alcalá mientras enseña los documentos.

Una situación de indefensión en el examen que posteriormente reconoció el tribunal -a su juicio, “llegó tarde”-, por lo que volvieron a convocar a Alcalá para que repitiese el examen el 15 de junio de 2015. Marcó la fecha en el calendario de asuntos pendientes, pero un mes antes del día señalado le diagnosticaron un cáncer de mama.

Seis días antes de la prueba le realizaron una mastectomía radical (extirpación de la mama y de los ganglios adyacentes). Alcalá recuerda esos días “como una pesadilla”, el insomnio llenaba sus noches, la ansiedad sus amaneceres y las náuseas y el agotamiento el día: “Cuando supe que me iban a operar presenté los informes médicos pero no suspendieron el examen, tuvo que ir mi padre y al día siguiente tuve que acompañar justificante de que me encontraba en el hospital en el momento del examen”.

Informes médicos y temarios

Con este escenario, el departamento de Economía decide convocar de nuevo a la aspirante a consolidar su plaza dos meses más tarde -“dos meses, dos meses”, repite-: el 3 de septiembre. A partir de ahí, los informes sobre la mesa se mezclan entre el temario:

“El tratamiento de radio y quimioterapia presenta efectos secundarios frecuentes de intensidad severa y se prevé dure hasta 2016 […] por lo que difícilmente la paciente se encontrará en situación de someterse al examen”, dicen desde atención primaria.

“La paciente con tratamientos de esta índole está incapacitada para desarrollar ninguna actividad laboral y profesional, debe permanecer tranquila y en reposo”, advierten desde la Fundación Jiménez Díaz.

Y una sola respuesta. Dos días antes recibió una notificación de la subdirectora general de selección en la que simplemente decía remitir la documentación al tribunal calificador -cuando Alcalá acompañó todos los informes, como tiene acreditado, a ambos organismos-: “Me dió la risa, surrealista lo que están haciendo”.

-Pero, ¿y qué pasa con los demás opositores que esperan a que se resuelva el proceso y esperan que no se dilate más?

-Yo los entiendo. Es un proceso largo y son compañeros, pero creo que la solución es que resuelvan la oposición dejando libre mi plaza para que cuando me recupere de la baja me pueda incorporar.

A esta petición parece haber accedido el Ayuntamiento cuatro días después de la fecha del examen. Según aseguran a este periódico desde la Alcaldía, se comprometen a mantener la plaza de Alcalá como funcionaria interina “para que en un futuro, si lo desea, pueda consolidar su puesto”:  “Así se lo hemos notificado en una resolución firmada el día 7”, insisten, pese a que ayer la funcionaria afirmaba con rotundidad que no ha recibido ninguna notificación del Ayuntamiento.

“Me veo vendiendo mi casa, con dos gemelos y en la calle. ¿Dónde va una mujer de 51 años hoy día a buscar empleo?”, se pregunta Alcalá, quien promueve su caso en change.org para recoger firmas -2.500 hasta el momento- que le permitan “ser escuchada”.

El porqué de un verano inusitadamente sangriento

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El día 15 de septiembre se celebrará en la localidad de Tordesillas el controvertido Toro de la Vega. Este polémico ‘torneo’ tendrá lugar tras uno de los veranos más dramáticos para los festejos taurinos de los últimos 15 años: 13 personas han perdido la vida en estas fiestas populares desde el mes de junio.

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Este verano de 2015 ha sido uno de los más negros para los festejos taurinos. En el espacio de tres meses, 13 personas han perdido la vida en estos eventos populares, la cifra más alta en lo que va de siglo. De estas muertes, cinco tuvieron lugar en la Comunidad Valenciana, dos en Castilla y León y dos en la Comunidad de Navarra.

EL ESPAÑOL ha hablado con ganaderos de distintas regiones de España, al igual que con expertos taurinos y anti taurinos, que analizan las razones por las que los festejos de 2015 han sido inusualmente sangrientos.

1/Los toros de los festejos son ahora más peligrosos

Según un artículo de The Economist publicado a finales de agosto, una teoría sin probar que podría explicar el aumento de muertes en festejos taurinos este año es el descenso del toreo tradicional en plazas de toros. “Al declinar el toreo de las plazas de toros, los ganaderos están proveyendo reses más grandes y peligrosas a los festejos populares”, escribe la revista semanal.

Los datos del Ministerio de Cultura muestran que el número de corridas de toros ha descendido a nivel nacional en los últimos años: en 2010 se celebraron 611 corridas de toros, mientras que en 2014 este número fue 398. Sin embargo, Vicente Noveroles, Presidente de las Peñas de Toros en la Calle de la Comunidad Valenciana, discrepa con la afirmación de The Economist “ya que el toro de la plaza de toros es el mismo toro que el del festejo”.

“Los toros de la plaza son más grandes, más despampanantes y más agresivos a la vista, pero son igual de agresivos que los que se utilizan en los festejos”, afirma Noveroles.

La ganadería Cebada Gago es una de las proveedoras de toros de Villaseca de la Sagra (Castilla La Mancha) y de Blanca (Murcia), dos de las poblaciones donde los festejos taurinos se han cobrado vidas este verano. El representante de la ganadería afirma en conversación telefónica que “los toros que van a festejos populares y van a plazas de toros son del mismo origen”.

“Los toros se crían igual y pasan por el mismo proceso de selección”, afirma el representante. “En principio los toros siempre se seleccionan para la lidia. A los festejos van animales con defectos, ya que para la lidia tienen que pasar un test veterinario. Estos defectos pueden ser una punta rota, un bultito, falta de peso, o que sea mayor de 5 años. Pero que sea mayor de 5 años no quiere decir que sea más peligroso. De hecho al ser mayor pierde cualidades físicas”.

La Ganadería Hermanos Camionero, una de las proveedoras del ayuntamiento de Peñafiel, donde también ha fallecido un hombre en estos festejos taurinos, declara que “hasta que no se cata un toro no se sabe cómo de peligroso va a ser”.

José Enrique Zaldivar, veterinario y Presidente de AVATMA (Asociación de Veterinarios  Abolicionistas de la Tauromaquia y del Maltrato Animal) tampoco cree que el declive del toreo tradicional sea el causante de las muertes en los festejos. “La peligrosidad del toro es bastante impredecible. No son más peligrosos los toros de la plaza de toros que los de los festejos,” dice el veterinario.

2/Los toros que ‘repiten’ en los encierros

Miguel Reta, ganadero de Navarra y dueño de la ganadería Reta de Casta Navarra, explica que en algunas comunidades está permitido “alquilar un toro y devolverlo”. “Esto se hace en algunas regiones de Cantabria, Rioja, País Vasco, Navarra, Comunidad Valenciana, Aragón y Cataluña”, asegura el ganadero.

“En mi ganadería se tiene en cuenta la localidad a dónde va el toro. Nosotros no mandaríamos un toro muy resabido a un festejo popular en una localidad pequeña”, declara Reta.

Fernando Sánchez Arjona, copropietario de la ganadería Sánchez-Arjona y notario de Madrid, afirma que “menos en el Levante y en Navarra el reglamento de las comunidades obliga la muerte del toro tras el festejo”.

José Enrique Zaldivar afirma que los toros tienen mucha capacidad para aprender, por lo que “reutilizar un toro hace que el festejo sea mucho más peligroso. Un claro ejemplo es el famoso Toro Ratón. Cuanta más gente mataba y hería más subía su demanda en los festejos”.

“Podría ser una explicación a las muertes que han sucedido este verano, aunque habría que ver las circunstancias de cada caso”, especula.

EL ESPAÑOL ha contactado a varios de los ayuntamientos donde los festejos taurinos han terminado en tragedia este año para averiguar si las ganaderías que abastecieron toros para las fiestas tienen como costumbre volver a utilizar estos animales. Villaseca de la Sagra compró toros de las ganaderías Fuente Ymbro, Cebada Gago y Saltillo para los festejos de calle. Las tres han confirmado que los toros no se vuelven a utilizar, ya que una vez vendido un toro no vuelve a la ganadería, y a menos que haya sido perdonado debe ir a un matadero.

El ayuntamiento de Blanca utilizó las ganaderías Cebada Gago y Torrestrella para los encierros de este verano. La ganadería Torrestrella afirma que tampoco vuelven a usar los toros una vez vendidos para un festejo.

El ayuntamiento de Peñafiel, en Castilla y León, solicitó los servicios de las ganaderías Hermanos Caminero y Sánchez Herrero. La representante de Hermanos Caminero afirma que “tal y como manda la legislación de Castilla y León, no se vuelven a admitir ni vender toros que han salido de la ganadería”.

El ayuntamiento de Pedreguer, en la Comunidad Valenciana, utilizó toros para los festejos de ganaderías especializadas en lidiar en las calles: La Paloma, Benavent, Els Coves, Crespo e Ifach. Todas estas ganaderías han confirmado que los toros que proveen son “toros de alquiler”, por lo que son devueltos a las ganaderías tras los festejos. El propietario de la ganadería Benavent afirma que “en la comunidad Valenciana los toros que se mandan a los festejos suelen ser de alquiler, por lo que se vuelven a utilizar en otros festejos”.

Según Sánchez Arjona, “en un encierro podrían ser más peligrosos los toros que se han usado antes, aunque no creo que sea un factor decisivo. Es uno de los argumentos que han utilizado las comunidades que han prohibido esta práctica, aunque no está demostrado que esto aumente la peligrosidad del toro”.

“En mi opinión, influye más la naturaleza del toro que si ha estado antes en un encierro”, declara Arjona.

Vicente Noveroles afirma que en la Comunidad Valenciana “volver a usar los toros se lleva haciendo desde siempre. Esto no explica por qué han aumentado las muertes en los festejos taurinos este año”, concluye.

3/El aumento de los festejos populares

Nacho Lloret, empresario de la plaza de Toros de Alicante, explica que ha habido un crecimiento importante de este tipo de celebraciones. “Los costes de producción que tienen las novilladas o encerradas hace que estos eventos sean sustituidos por festejos de toro en la calle”, explica.

Los datos del Ministerio de Cultura corroboran esta afirmación. En 2013 se celebraron 13.815 festejos populares en España, mientras que en 2014 se celebraron 15.848.

Lloret afirma que para muchos ganaderos, los festejos populares se han convertido en la única posibilidad de vender toros. “Imagínate que un ganadero en 2007 cría 100 animales. En 2013/2014 ve que el número de encierros en plaza de toros ha descendido y se ve con dos opciones: o mandar los toros al matadero o destinarlos a los festejos populares”.

“Si hay más festejos taurinos que antes, es normal que el peligro sea mayor”, dice el empresario.

En la Comunidad Valenciana, la región con más muertos este año, el número de festejos también ha aumentado. Según el Ministerio de Cultura, en 2014 se celebraron 7.866 fiestas de este tipo, mientras que en 2013 fueron 6.139.  La Valenciana es la autonomía donde más festejos populares se celebraron en España en 2014, seguida por Castilla y León.

“¿Por qué ha habido más muertos en la Comunidad Valenciana? Por la naturaleza del festejo. En cada comunidad hay festejos distintos. Madrid tiene más encierros en plaza de toros, en Valencia es tradición la suelta de toro en la calle. Obviamente la suelta de toro en la calle es más peligrosa”, dice Nacho Lloret.

“Es importante tener en cuenta que el número de festejos populares ha aumentado estos últimos años, especialmente en la Comunidad Valenciana”, dice Sánchez Arjona. “Esta podría ser una posible explicación al incremento de muertes este año”.

El veterinario José Enrique Zaldivar también considera que la causa de las muertes de este año “es una mezcla de factores, en las que pueden incluirse el aumento de festejos y utilizar toros que ya tienen experiencia en festejos”.

4/El azar

Vicente Royuela, economista de la Universidad de Barcelona, afirma que “la principal razón por la que ha aumentado el número de fallecidos este año es el azar, ya que la evolución del número de fallecidos es muy errática”.

José Enrique Zaldivar declara que “no ha habido un aumento exponencial entre 2014 y 2015”. “La tauromaquia se cuestiona más, por lo que la prensa le presta más atención y eso hace pensar que ha habido un número desmedido de muertes”, dice el Presidente de AVATMA.

Leonardo Anselmi, portavoz de Prou!, la organización que logró la abolición de las corridas de toros en Cataluña, también afirma que el aumento de muertes es simplemente “fortuito”. “Realmente no ha habido más accidentes este año, solo que las personas no han sobrevivido”, asegura.

Según la Unión de Criadores de Toros de Lidia, en la Comunidad Valenciana ha habido dos muertos menos que el año pasado. “No hablamos, por tanto, de un repunte significativo, sino de una estadística que oscila a lo largo de los años”, declaran en un comunicado oficial.

“Los estudios de la Policía Autonómica de la Comunidad Valenciana apuntan que la concurrencia media en festejos populares asciende a 5.000 personas por celebración, con 1.000 participantes y 4.000 espectadores. En 2014 se dieron 7.886 celebraciones de este tipo. La tasa de mortalidad sería, por tanto, del 0,00006%”, argumenta el informe.

The desnudas

EEUU DESNUDO:NY078. NUEVA YORK (ESTADOS UNIDOS), 19/08/2015.- Una mujer semidesnuda es vista hoy, miércoles 18 de agosto de 2015, en Times Square, Nueva York (Estados Unidos). Las mujeres se llaman a sí mismas "Desnudas" y posan por fotografías a cambio de propinas. EFE/JASON SZENES

Desde el verano del 2013, The desnudas, como son conocidas, proliferan por la zona de Times Square, en el corazón de la capital neoyorquina. Son mujeres jóvenes, fundamentalmente latinas, que con un escueto tanga y los pechos pintados de colores patrióticos se ofrecen a posar con los turistas a cambio de una propina. Este verano la cosa ha ido a más por la supuesta agresividad con la que reclaman el dinero.

En la imagen, una “desnuda” en Times Square el pasado 18 de agosto. EFE/JASON SZENES 

Una “desnuda” en Times Square el pasado 18 de agosto. Posan a cambio de propinas. EFE/JASON SZENES

En Taxi Driver, Robert de Niro interpreta a un veterano del Vietnam que -ante su insomnio crónico- consigue una plaza de taxista. Nueva York es el escenario de su progresivo envilecimiento moral, en el que será testigo directo del vertiginoso descenso de la sociedad hacia los abismos de la miseria y la depravación. Un fresco urbano, el de Times Square (TS), repleto de camellos, chulos, putas y luces de neón se abre al espectador en una Nueva York, años ‘70, gris, corrompida e infestada de gentes de mal vivir.

Desde el verano del 2013, proliferan por la zona mujeres jóvenes, fundamentalmente latinas, que con un escueto tanga y los pechos pintados de colores patrióticos, se ofrecen a posar con los turistas a cambio de una propina.

Tampoco es que las desnudas -como las llaman en NY- hagan su agosto, pues trabajando entre 10-12 horas diarias, sus ingresos medios por jornada rondan los 300 dólares. En septiembre, cuando empieza a refrescar, se vuelven a Miami.

Pero este verano la cosa ha ido a más y la polémica suscitada en los medios a raíz de las quejas -que se amontonan en la policía- por la supuesta agresividad con la que reclaman el dinero, ha despertado la atención de los políticos, lo que no quita para que a los turistas les siga fascinando la destreza de estas mujeres para guardar las propinas -sin ropa ni bolsillos- en su desnudo cuerpo.

La mitad de las denuncias procede de los que se consideran ofendidos por las desnudas y la otra mitad, de quienes se incomodan porque las mujeres los atosiguen o los toquen, manchando sus trajes.

El malquerido alcalde Di Blasio

La degradación urbana que reflejaba Taxi Driver dejaba al descubierto el lado más oscuro de NY, que Scorsese eligió porque representaba el desorden en el que vivía el personaje encarnado por De Niro.

Años después, ese TS caótico, peculiar e indiscutible icono que sigue atrayendo a los turistas es, de nuevo, un lugar inseguro, alejado del tiempo en que el sheriff Giuliani limpió la ciudad.

El malquerido alcalde de NY, Di Blasio, no quiere que mendigos agresivos intimiden a los turistas, que bastantes tasas pagan ya como para encima ser víctimas de estos artistas. Así que ha puesto en marcha una task force  (funcionarios, políticos locales y empresarios) para buscar soluciones y, entretanto, 100 efectivos policiales empezarán a patrullar la zona en octubre.

Y es que en NY no faltan leyes que regulan la mendicidad, prohíben dormir en las calles, defecar o copular en lugares públicos, por no hablar de los perros sin licencia. Pero cada vez se cumplen menos.

Más que las desnudas, lo que realmente preocupa a la policía de NY es que TS se haya convertido en el centro de reunión de personajes disfrazados (desde superhéroes hasta iconos de Disney) cuyo aumento está provocando altercados y detenciones. Solo cuentan con el apoyo de quienes defienden que pasar el día disfrazado a cambio de unos pocos dólares es un medio de trabajo.

Hace tiempo que NY dejó de ser el referente mundial para convertirse en una ciudad desbordada por el crimen violento, la pobreza, la discriminación racial, el ruido, la contaminación, la suciedad y la corrupción a todos los niveles; una ciudad en la que escasean las escuelas, el empleo y la justicia para todos y donde la gente orina en la calle. Así que no les falta razón a quienes piden al alcalde que limpien el metro -cada vez más sucio, ruidoso y peligroso- y dejen a las desnudas en paz.

La ley, a favor de dejar de ver la desnudez como algo inmoral. Estas mujeres tienen de su lado el derecho desde que -hace 20 años- el TSJ del Estado consideró legal llevar los pechos al aire en NY. Pero el alcalde insiste en que no son artistas creativas sino mendigas cuyos agresivos intentos por sacarles el dinero a los turistas deben ser regulados.

Ellas ya han reaccionado, tachando la medida de injusta, además de suponer un despilfarro de recursos: ‘nos quieren criminalizar cuando no estamos haciendo nada malo y hay problemas mayores en la ciudad’.

¿Mendicidad o arte urbano?

Algunos ven aquí un trato discriminatorio porque, si bien la ley del Estado de NY limita la posibilidad de que las mujeres trabajen en top less (en público, con propósitos comerciales), no existe normativa similar para los hombres. Buen ejemplo de ello es el Cowboy Desnudo que, con guitarra, sombrero y botas, actúa en calzoncillos y es todo un icono de la zona.

Tampoco la policía contempla detener a las mujeres por indecencia pues se podrían defender aduciendo que son artistas urbanas. La raya que marca la intervención es el robo, el asalto que no está protegido por la Primera Enmienda de la Constitución, mientras los críticos sostienen que considerar la vulgar mendicidad como ‘expresión artística’ es risible.

Habrá que ver cómo nuestras alcaldesas nacionales afrontan la cuestión de las desnudas que, a no tardar, tendremos en las plazas y calles de Madrid y Barcelona, posando para los turistas de provincias que no van a desaprovechar la ocasión de retratarse con la maciza envuelta en los colores de la bandera de turno.

Los personajes disfrazados -gente pacífica que se contenta con la propina ocasional- llevan tiempo en nuestro asfalto, sin indicios conocidos de violencia. Parecen, aquí, improbables episodios como el de NY donde la policía arrestó a un individuo disfrazado de Olaf -un personaje de ‘Frozen’- después de que una mujer lo acusara de rechazar su propina de un dólar, exigiendo que le diese veinte.

Más de 100 empleados públicos españoles usaron Ashley Madison desde su puesto de trabajo

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Las direcciones filtradas pertenecen a organismos como el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, el Senado o el Consejo de Seguridad Nacional. Decenas de empleados de comunidades autónomas, diputaciones y ayuntamientos se registraron en el portal de contactos desde la administración.

  • Las direcciones filtradas pertenecen a organismos como el Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, el Consejo de Seguridad Nacional y el Senado
  • Decenas de empleados de comunidades autónomas, diputaciones y ayuntamientos se registraron en el portal de contactos desde la administración

Más de 100 funcionarios y empleados públicos españoles utilizaron recursos del Estado para registrarse en Ashley Madison. Este colectivo utilizó una dirección de correo electrónico oficial y la conexión a Internet de la institución pública en la que trabajan para darse de alta en el sitio de contactos. Así lo revela el análisis pormenorizado de la base de datos de 10 gigabytes filtrada por el grupo The Impact Team con la información de cerca de 37 millones de usuarios registrados en todo el mundo.

La Unidad de Datos de EL ESPAÑOL ha hecho un análisis detallado de las direcciones de correo oficiales asociadas a dominios “.es” y “.cat” para comprobar el uso que se ha hecho de Ashley Madison desde empresas, organismos e instituciones de titularidad pública a nivel estatal, autonómico y local.

Esta página web de contactos no verifica las direcciones de correo electrónico que registran sus usuarios. Pero el análisis de cada cuenta junto con la dirección IP gubernamental que se utilizó en el proceso de alta permite conocer el uso realizado desde las instituciones públicas. Una IP es un conjunto de números que identifica a nivel global cualquier dispositivo conectado a Internet de manera única. Sin tener en consideración esta verificación de la IP, el número de cuentas de correo asociadas a instituciones públicas españolas registradas en Ashley Madison eleva las inscripciones hasta más de 600 perfiles.

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Hay al menos 40 instituciones desde donde se registraron empleados y funcionarios públicos con un correo electrónico oficial y utilizando la conexión a Internet de la administración correspondiente.  En esa lista hay nueve ministerios, nueve comunidades autónomas, cinco diputaciones, más de una docena de ayuntamientos y nueve empresas con una participación pública superior al 50%. Cerca del 95% de los perfiles asociados a estas cuentas dicen ser hombres.

También aparecen otros organismos estratégicos. El Consejo de Seguridad Nacional, creado por Rajoy el 2013 como máximo órgano gestor de la seguridad del Estado, cuenta con cinco perfiles registrados a través de una IP asociada a este organismo. Entre ellos, uno asociado a un correo del Consejo de Seguridad Nuclear, el organismo encargado de velar por la seguridad de las centrales nucleares españolas.

La institución del Defensor del Pueblo, los Puertos del Estado o el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA) también están presentes en esta lista. Algunos de sus miembros aparecen registrados en la base de datos de Ashley Madison con su cuenta de correo electrónico y desde la IP de la institución. 

EL ESPAÑOL ha decidido no publicar los datos personales ni cualquier otra información de los empleados y funcionarios públicos por respeto a su intimidad.

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El Ministerio de Defensa es uno de los organismos del Estado con mayor número de usuarios registrados en Ashley Madison con casi una veintena de perfiles. Existen cuentas asociadas a correos electrónicos de los tres ejércitos y de la operativa del propio ministerio que utilizaron su dirección y la conexión de Defensa para este fin. Le sigue el Ministerio de Interior con conexiones desde diferentes departamentos, entre los que destaca la Dirección General de la Policía. Los demás ministerios desde los que se han registrado perfiles en la página de contactos son Empleo, Sanidad, Agricultura, Hacienda, Justicia, Fomento e Industria. Hasta 33 perfiles fueron creados por personal que utilizó los recursos públicos facilitados por estos organismos.

A nivel autonómico destacan la Junta de Andalucía y la Generalitat valenciana con más de una decena de cuentas seguidas de las comunidades de Murcia, Aragón, Navarra, Galicia, Cataluña, Madrid y Ceuta. También destacan ayuntamientos como Madrid, Barcelona, La Coruña o Badajoz así como las diputaciones de provincias como Granada o Valencia. El tipo de tarea que desempeñan algunas de estas personas en sus respectivas administraciones es muy variado. Hay directores de área o departamento pero también funcionarios auxiliares.

En la base de datos filtrada no sólo encontramos organismos oficiales como ministerios o ayuntamientos. También hay una decena de cuentas registradas bajo correos oficiales de empresas públicas como RTVE, Renfe y Adif. Estos perfiles se registraron en Ashley Madison desde la conexión a Internet de la institución y utilizando el correo electrónico del trabajo.

Ligando desde el trabajo

Además del centenar que usaron la red y correo corporativo de un organismo público, al menos 2.600 perfiles de Ashley Madison se han registrado en la página web utilizando otras cuentas de correos desde la conexión a Internet de la institución pública a la que pertenecen.

EL ESPAÑOL ha realizado un ejercicio de búsqueda inversa para localizar en la base de datos filtrada por el grupo The Impact Team los rangos de direcciones de conexión a Internet (IP) de una gran parte de las instituciones públicas españolas. De esta forma, se ha localizado a usuarios que hicieron el proceso de registro en Ashley Madison con direcciones de correo personales (Gmail o Hotmail) pero desde la red de la administración.

Esta cifra no incluye todos los altos cargos, funcionarios o empleados públicos que utilizaron su puesto de trabajo en la administración para navegar por la web de contactos pero permite mostrar una estimación aproximada.

En este grupo de usuarios destacan cerca de 600 perfiles asociados en el proceso de alta a una dirección IP de la Junta de Andalucía, unos 500 perfiles desde la Generalitat catalana, cerca de 300 desde la red de la Generalitat valenciana y unos 130 desde la Comunidad de Madrid. Le siguen 150 perfiles que se conectaron desde la Xunta de Galicia y el mismo número desde el Ministerio de Defensa. Otros ministerios con perfiles registrados desde sus redes son Educación, Sanidad y Agricultura.

El análisis también revela que cerca de 50 usuarios se registraron en Ashley Madison desde direcciones IP que pertenecen a la Dirección General de la Policía. Hay 70 perfiles asociados al Ayuntamiento de Madrid, 34 del Ayuntamiento de Barcelona, 13 perfiles desde el Congreso, 10 desde el Senado y cuatro desde el Consejo del Poder Judicial, entre otros organismos e instituciones.

Políticos con perfiles falsos

Entre las direcciones de correo filtradas por The Impact Team se encuentran algunas de políticos españoles.

Un análisis elaborado por EL ESPAÑOL revela que se trata de una usurpación de sus cuentas oficiales aprovechando que Ashley Madison no dispone de un mecanismo de verificación del correo. Este hecho ha posibilitado que en los últimos días algunas de estas cuentas hayan aparecido en redes sociales como si fueran legítimas.

Entre las más destacadas aparecen cinco cuentas de diputados del Congreso registradas desde Argentina y Perú así como perfiles que se inscribieron simulando una posible cuenta en La Moncloa de los tres últimos presidentes del gobierno: José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy.

Anticorrupción descubre al ex tesorero de CiU destruyendo pruebas con una trituradora

Daniel Osacar, ex tesorero de CDC, abandona la sede convergente de la calle Córcega, que ha sido registrada por la Guardia Civil. EFE/Marta Pérez Daniel Osácar, ex tesorero de CDC, abandona la sede de la calle Córcega registrada por la Guardia Civil. EFE/Marta Pérez

La Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil sorprendieron este viernes al ex tesorero de Convergéncia Democrática de Cataluña (CDC) destruyendo pruebas. Los investigadores descubrieron en el despacho de Daniel Osácar una trituradora repleta de documentos vinculados con Teyco, la empresa de la familia Sumarroca que pagó comisiones del 3% a la formación nacionalista.

Daniel Osácar, ex tesorero de CDC, abandona la sede convergente de la calle Córcega, que ha sido registrada por la Guardia Civil. EFE/Marta Pérez

La Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil sorprendieron este viernes al ex tesorero de Convergéncia Democrática de Cataluña (CDC) destruyendo pruebas. Los investigadores descubrieron en el despacho de Daniel Osácar una trituradora repleta de documentos vinculados con Teyco, la empresa de la familia Sumarroca que pagó comisiones del 3% a la formación nacionalista.

Los fiscales Fernando Bermejo y José Grinda, que dirigieron la entrada y registro en los inmuebles de Osácar y en la propia sede de CDC ya han ordenado que la documentación que estaba siendo triturada sea recompuesta lo antes posible.

Anticorrupción tiene acreditado que la familia Sumarroca ha venido abonando a CiU un 3% de comisiones de cada obra adjudicada a sus empresas por los ayuntamientos gobernados por los nacionalistas.

Los investigadores han llegado a esta conclusión tras analizar la documentación intervenida el pasado mes de julio en el registro del domicilio y las oficinas de Jordi Sumarroca Claverol, consejero delegado de Teyco e hijo del fundador de CDC, Carles Sumarroca Coixet.

El Ministerio Público puso en marcha este viernes una nueva operación en el marco del denominado ‘caso Torredembarra’, en el que se investiga el pago de al menos 1,43 millones en comisiones al ex alcalde de CiU Daniel Massagué. Esta nueva fase de la investigación se centra en la canalización de dichos fondos hacia el partido y los investigadores, según ha podido saber EL ESPAÑOL, tienen ya acreditado que el enlace ha sido la Fundación Catalanista y Demócrata (Catdem), que está siendo registrada en estos momentos. Asimismo están siendo registrados cuatro ayuntamientos: Sant Celoni, Sant Cugat, Figueres y Lloret de Mar.

Según sostienen fuentes de la investigación, la plataforma empleada para introducir las comisiones en el partido ha venido siendo la fundación de Convergència, que está siendo registrada este viernes. Asimismo, está prevista la entrada y registro en el domicilio de Daniel Osàcar, ex tesorero de CiU.

La familia Sumarroca empleó un entramado de siete sociedades para sobornar al ex primer edil de Torredembarra. Tras detectar dicho entramado, los fiscales que coordinan la operación, Bermejo y Grinda, pusieron en marcha la ‘Operación Petrum’ el pasado 23 de julio. Esta se saldó con la detención de Jordi Sumarroca y con la práctica de ocho registros en los domicilios de los implicados y en la sede de la empresa constructora.

El pago de comisiones se realizó, en una primera fase, a través de dos empresas de Massagué -la panadería Maes Flequers i Pastissers y la inmobiliaria Daloi-. Estos pagos fueron materializados entre diciembre de 2011 y agosto de 2013 a través de una serie de filiales de Teyco: Teycotel BCN, Teycotel Cap Roig, Teycotel Gestió d’Hotels y Castellbell Residencial. Estas operaciones no están respaldadas por ningún soporte documental, lo que ha llevado a los fiscales Anticorrupción a concluir que se trata de comisiones ilegales.

Tras la detención del consejero delegado de Teyco, la empresa hizo un comunicado en el que reconoció la existencia de pagos al alcalde aunque negó tajantemente que encubrieran comisiones ilegales. “Todas las relaciones comerciales con el exalcalde se realizaron en el ámbito profesional privado, de forma transparente, legal y documentada y sin ninguna vinculación con Massagué como alcalde”. Según este mismo comunicado, “Teyco y Massagué acordaron gestionar conjuntamente restaurantes situados en hoteles y el dinero iba destinado a su equipamiento”. “El negocio no salió adelante y ahora es Massagué el que nos debe dinero”, explicaron desde Teyco.

Más de 60 tomos, 105 declaraciones y 300 horas de escuchas: guía para no perderse en la trama Púnica

Granados

¿Cómo arranca la investigación? ¿Cuáles son las principales líneas abiertas? ¿Quiénes son los cabecillas? ¿Cómo funcionaban? ¿Hay más imputados de relevancia? ¿Cómo operaban? ¿Qué consecuencias ha tenido el desmantelamiento de esta red? ¿En qué momento está la investigación? Lea esta guía básica para no perderse en la Operación Púnica.

¿Cómo arranca la investigación?

La Operación Púnica nace oficialmente el 24 de diciembre de 2013, cuando la Fiscalía suiza alerta a la española de un posible delito de blanqueo de dinero, cometido presuntamente por el empresario David Marjaliza y el ex consejero de Presidencia y Justicia de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados. Suiza alerta de que ambos fueron poseedores de varias cuentas bancarias en el país helvético y el caso -al ser un presunto delito cometido en suelo extranjero- pasa a la Audiencia Nacional.

La llegada de la documentación suiza supuso la apertura de las Diligencias de Investigación nº2/2014 de la Fiscalía Anticorrupción, que el 1 de febrero de 2014 confía las pesquisas a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Son sus agentes quienes bautizan la investigación como Operación Púnica, en referencia al apellido en latín del principal imputado, Granados. Sin embargo, en la Audiencia Nacional el caso recibe el nombre de Diligencias Previas nº 85/2014 y, tras pasar a reparto, recae el 13 de junio de 2014 en manos del juez Eloy Velasco, que lo declara secreto.

El 27 de octubre de 2014, casi un año después del inicio de las investigaciones,  la Guardia Civil realiza las primeras detenciones. Los agentes arrestan en Madrid, León, Valencia y Murcia a 51 políticos, funcionarios y empresarios por su supuesta implicación en una trama de corrupción a nivel local y regional. Los implicados supuestamente adjudicaban servicios públicos a cambio de comisiones ilegales que después eran blanqueadas a través de un entramado societario. Se calcula que, en solo dos años, la trama se hizo con adjudicaciones valoradas en 260 millones de euros.

A día de hoy,  ya hay un centenar de implicados en la causa, que sigue abierta.

¿Cuáles son las principales líneas de investigación?

Las pesquisas de la Audiencia Nacional se dividen en dos grandes bloques. Por un lado, los agentes investigan el presunto amaño de concursos públicos para beneficiar a empresas privadas. La Guardia Civil estima en 260 millones de euros el posible beneficio para los empresarios implicados. Como principal beneficiada, los informes policiales colocan a la empresa gala Cofely, especializada en programas de eficiencia energética. Según la tesis policial, la multinacional pudo captar hasta 160 millones de euros en contratos amañados, tanto de ayuntamientos como de gobiernos autonómicos y provinciales.

El segundo gran bloque trata de esclarecer si altos responsables de la Comunidad de Madrid utilizaron empresas intermediarias -principalmente la tecnológica Indra- para abonar servicios personales o del Partido Popular de Madrid. Este segundo bloque es mucho menor en cuantía que el primero, y se basa en testimonios como el del empresario Alejandro de Pedro y el ex jefe de Informática de la Comunidad de Madrid, José Martínez Nicolás. Los dos declararon ante el juez que Salvador Victoria, ex consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, ordenó a la multinacional Indra abonar 130.000 euros a tres empresas distintas por servicios que en realidad pertenecían a altos cargos del PP de Madrid.

¿Quiénes son los cabecillas?

Francisco Granados. Quien fuera ‘número dos’ en el Gobierno de la Comunidad de Madrid cuando la dirigía Esperanza Aguirre sigue en prisión incondicional desde el 27 de octubre. Dejó la política ocho meses antes, cuando se supo que disponía de una cuenta en Suiza que ascendía a 1,5 millones de euros. Al ex alcalde de Valdemoro y ex consejero de Presidencia y Justicia del Ejecutivo madrileño se le coloca en el epicentro de la trama como el ‘cerebroque tejió la red corrupta.

David Marjaliza. El empresario es amigo de Francisco Granados desde la infancia y consiguió adjudicaciones millonarias de contratos públicos en varios municipios de la Comunidad de Madrid, sobre todo en Valdemoro, municipio donde Granados fue alcalde. Encabeza un complejo entramado empresarial dedicado a un amplio abanico de sectores de negocio, la mayor parte de ellos vinculados a actuaciones administrativas como promociones urbanísticas, contratos públicos o concesiones administrativas. 

¿Hay otros imputados de relevancia?

Salvador Victoria. Es el cargo público con más responsabilidad implicado en la trama. El ex consejero de Presidencia, Justicia y portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid en la pasada legislatura fue citado por el juez en calidad de imputado para declarar por supuestos delitos de corrupción. El político dimitió tras su implicación y se negó a declarar ante el juez, que le retiró el pasaporte como medida cautelar para que no abandone el país. Se le imputan cuatro delitos: prevaricación, cohecho, fraude y malversación de caudales públicos.

Lucía Figar. La ex consejera de Educación de la Comunidad de Madrid contrató los servicios de EICO para mejorar su imagen en Internet y la Policía cree que se pagó con dinero público. Aunque permanece imputada, el juez no ha acordado ninguna medida cautelar contra ella. Dimitió el mismo día que Salvador Victoria para no perjudicar la investidura de Cristina Cifuentes, que dependía de Ciudadanos para poder ser presidenta de la Comunidad de Madrid.

Alejandro de Pedro. Es el director general de la empresa Estrategia de Identidad y Comunicación Online (EICO), encargada de gestionar perfiles de políticos en Internet y de crear páginas web propagandísticas sobre su gestión. Con sede en Valencia, el implicado, en libertad sin cargos, ha hecho trabajos para Juan Cotino, ex presidente de las Cortes Valencianas; para la Diputación de León y altos cargos de la Comunidad de Madrid, como Figar y Victoria. También parece que tenía una gran influencia en Génova y confesó que hizo trabajos de reputación para Ana Botella por mediación de Eduardo Zaplana.

Alcaldes. Los servicios de reputación que ofrecía Alejandro de Pedro con dos empresas, Eico y Madiva, supuestamente se pagaban con fondos públicos de los ayuntamientos donde gobernaban los políticos implicados en procedimientos supuestamente corruptos. De momento, hay seis alcaldes de la Comunidad de Madrid implicados en la trama (los de Parla, Valdemoro, Torrejón de Velasco, Casarrubuelos, Collado Villalba y Serranillos del Valle); el secretario del Instituto de Turismo de la región de Murcia; el ex alcalde de Cartagena, José Antonio Alonso, y el presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez Barazón.

Altos directivos. En el listado de imputados en esta trama corrupta figura el nombre del actual consejero delegado de Indra, Javier de Andrés González y un promotor inmobiliario vinculado a Granados y Marjaliza, Ramiro Cid. En la primera fase de la operación fueron detenidos cuatro altos cargos de Cofely: su director general en España, Didier Maurice y el director comercial, Constantino Álvarez de la Cueva, aunque el asunto parece que va más arriba. Su director general de Servicios, Xavier Susan Mir, también está imputado. Al administrador único de otra empresa implicada en la red, Waiter Music, José Luis Huerta Valbuena, se le impuso la mayor de las fianzas para eludir la prisión: 300.000 euros.

¿Cómo trabajaba la Púnica?

En líneas generales, Granados y Marjaliza utilizaban su influencia para conseguir comisiones por diferentes frentes, todos cercanos a la política. La trama facilitaba contratos públicos a empresarios afines a través de tres cauces distintos: reputación online, eficiencia energética y actividades musicales.

La compañía a la que más contratos públicos le llovió gracias a su afinidad con los cabecillas de Púnica fue la francesa Cofely, que se hizo con muchos de los contratos de eficiencia energética que ofertaban municipios de la Comunidad de Madrid. Hay funcionarios de algunas localidades investigadas que han confesado ante el juez Velasco que recibían órdenes de la multinacional energética para confeccionar el pliego de condiciones de la adjudicación pública a imagen y semejanza de sus condiciones. Por eso ninguna otra gran compañía conseguía arrebatarle ni un solo contrato.

El empresario Alejandro de Pedro es el propietario de dos de las empresas investigadas por la trama: Eico y Madiva. Las entidades, que compartían la misma sede en Valencia, trabajaban para mejorar a través de Internet la imagen de los candidatos populares las semanas previas a las elecciones municipales. También se crearon páginas web zombis con noticias positivas de sus clientes para contrarrestar las noticias negativas y perfiles en Twitter falsos para hacer propaganda a sus clientes. Se sabe que el valenciano trabajó para altos cargos de la Comunidad de Madrid, como Salvador Victoria y Lucía Figar, y otros destacados miembros del PP de la Comunidad Valenciana, como Juan Cotino. De Pedro ayudó también a otros candidatos populares de la región a posicionarse en la red de cara a las elecciones municipales y autonómicas. Además, confesó ante el juez que Indra le pagó 10.000 euros en metálico por un trabajo hecho a la Comunidad de Madrid.

En León, el juez Velasco sospecha que el que fuera presidente de la Diputación, Marcos Martínez, intentó amañar contratos vinculados a la estación de esquí de San Isidro a cambio de ganar influencia en Génova. Su intención era hacerse con el control del PP de León. Durante el interrogatorio, el popular reconoce tratos directos con Alejandro de Pedro pero, sin embargo, asegura que fue su predecesora, la fallecida Isabel Carrasco, quien lo introdujo en la Diputación leonesa.

El juez también detuvo en el marco de esta operación a José Antonio Alonso, ex alcalde socialista de Cartagena (Murcia) por participar, junto a De Pedro, en la estrategia de mejorar la reputación de altos cargos públicos.

¿Ha tenido el caso consecuencias políticas?

Tras las detenciones llegaron las dimisiones. Los seis alcaldes de la Comunidad de Madrid detenidos dejaron sus puestos al frente de sus respectivos ayuntamientos: Parla (PSOE), Collado Villalba (PP), Casarrubielos (PP), Valdemoro (PP), Torrejón de Velasco (PP) y Serranillo del Valle (PP).

Las dos personas con más relevancia pública que dimitieron tras el escándalo fueron Salvador Victoria y Lucía Figar, ambos consejeros de la Comunidad de Madrid durante la legislatura pasada. Su imputación saltó en plena negociación de la investidura de Cristina Cifuentes. Ciudadanos pidió sus cabezas a cambio de permitir que el PP se hiciera con la presidencia de la región.

También dimitieron tras su imputación el consejero de Industria y Turismo de Murcia, Juan Carlos Ruiz; el consejero delegado de la Agencia Informática de la Comunidad de Madrid, José Martínez Nicolás, el alcalde de Castellón, Alfonso Bataller y el presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez.

¿En qué momento está la investigación?

David Marjaliza ha pactado con la Fiscalía rebajar su pena si colabora con la Justicia. El empresario habría revelado ante el juez Eloy Velasco el nombre de más municipios que amañaron contratos con la red. El empresario también habría dado el nombre de los políticos que habrían colaborado con la trama y que, hasta ahora, aún están al margen de la Operación. En una de sus declaraciones, Marjaliza involucró a tres aforados de la Comunidad de Madrid: Jaime González Taboada, consejero en el Gobierno de Cristina Cifuentes; Bartolomé González, número 11 en la misma candidatura; y Eva Borox, la número 3 en la lista regional por Ciudadanos.

De momento, las 105 declaraciones que el juez Eloy Velasco ha recopilado en la Audiencia Nacional conforman ya un sumario de 60 tomos y 300 horas de grabaciones. Las indagaciones realizadas han permitido descubrir una trama que, sacando provecho de relaciones personales e influencias políticas, han logrado obtener de manera irregular la adjudicación de contratos públicos, aprovechamientos urbanísticos o gestiones de cualquier tipo que, dependiendo de autoridades públicas, actuaban en beneficio de las personas físicas y jurídicas que forman parte de la trama.

A corto plazo, se espera que el juez levante el secreto de sumario de los pinchazos telefónicos de los principales imputados en la causa y escuchar de su propia voz cómo amañaban las adjudicaciones públicas.

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