Libertad con cargos para el empresario vinculado a Rato

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Miguel Ángel Montero Quevedo y la secretaria de Rato, Teresa Arellano, han quedado en libertad con cargos tras declarar por el patrimonio del ex vicepresidente de Aznar. Cuatro directivos de empresas de publicidad también han sido imputados.

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El empresario Miguel Ángel Montero Quevedo, estrechamente vinculado a Rodrigo Rato, ha quedado en libertad  con cargos este viernes tras prestar declaración ante el titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Arnal, que investiga el patrimonio del ex vicepresidente del Gobierno por los indicios de que pudo tener un origen ilícito.

Montero, detenido el pasado miércoles, ha sido conducido a los Juzgados de la Plaza de Castilla después de estar 48 horas en las dependencias de la Guardia Civil en Tres Cantos. No ha sido el único: por la misma situación ha pasado la secretaria de Rato, Teresa Arellano Carpintero, que, además, ha ostentado algunos cargos en sociedades patrimoniales del ex político.  Los dos han quedado en libertad con cargos. Como medida cautelar tendrán que comparecer una vez al mes ante la Justicia.

Fuentes jurídicas han precisado que la causa afecta, por el momento, a nueve imputados. El juez les atribuye los delitos de blanqueo, corrupción entre particulares y delito fiscal.

La investigación que lleva a cabo la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se centra en las empresas familiares de Rodrigo Rato: Arada, Rodanman, Explotaciones Carabaña y Aurosur. Miguel Ángel Montero aparece en todas ellas y desde antiguo: fue consejero de Arada en 1997 y, más recientemente, apoderado de Rodanman y consejero de Carabaña y Aurosur.

Se trata de empresas que están o han estado vinculadas a la ex mujer de Rato, Ángeles Alarcó, a su hija y a otros familares. Arada y Carabaña se dedican a la explotación energética, mientras que Rodanman y Aurosur tienen como objeto social la promoción inmobiliaria. Los investigadores tratan de aclarar los movimientos de dinero que ha habido entre ellas.

Las declaraciones que Montero y Arellana han realizado ante los agentes de la UCO motivaron que el jueves fuera llamado a declarar el propio Rato, que acudió a Tres Cantos en compañía de su abogado. El ex director gerente del Fondo Monetario Internacional contestó a todas las cuestiones, sin acogerse a su derecho a guardar silencio.

Imputados directivos de empresas publicitarias

El caso Rato ha dado un giro inesperado tras el parón sufrido por el problema de la competencia entre la Audiencia Nacional y el titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, aún no resuelto. Éste ha imputado a cuatro directivos de las empresas de publicidad Zenith Media y Publicis por el supuesto pago de comisiones ilegales al ex presidente de Bankia, Rodrigo Rato, a cambio de conseguir contratos con la entidad bancaria.

Según ha sabido EL ESPAÑOL de fuentes de la investigación, el magistrado interrogó el jueves a la directora general de Zenith, Candi Rodríguez, y al consejero delegado de Publicis, Xabier Olazábal, así como a otros dos directivos de ambas sociedades, dentro de las diligencias declaradas secretas relativas al presunto blanqueo de capitales del ex vicepresidente del Gobierno.

El procedimiento está pendiente de una cuestión de competencia después de que Antonio Serrano-Arnal considerase que él no es competente para investigar la fortuna de Rato al entender que debe ser la Audiencia Nacional el órgano judicial encargado. No obstante, el instructor del Juzgado madrileño se sigue ocupando de la causa en tanto la Sala Penal de la Audiencia Nacional resuelve el recurso que el fiscal ha interpuesto contra la negativa del juez central Fernando Andreu a asumir las diligencias.

La semana pasada citó, también como imputado, a Domingo Plazas, abogado encargado de administrar varias sociedades de Rato, y ahora da un salto para averiguar si ambas compañías de publicidad se beneficiaron de contratos por parte de Bankia a cambio de pagar comisiones a una sociedad vinculada al ex director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Según fuentes del caso, el magistrado y la fiscal anticorrupción Elena Lorente han centrado los interrogatorios en el informe elaborado por la Agencia Tributaria, que asegura que Zenith y Publicis multiplicaron sus contratos con la entidad financiera tras la llegada de Rato en 2012 y después de facturar a una empresa pantalla hasta dos millones de euros. Parte de este dinero acabó invertido en un hotel de Berlín propiedad del ex vicepresidente del Gobierno de Aznar.

Comisiones ‘legales’

Fuentes de Publicis y Zenith consultadas por EL ESPAÑOL sostienen que ambas empresas fueron seleccionadas en los concursos para llevar a cabo campañas de Bankia cumpliendo todos los requisitos exigidos. Otras fuentes del caso señalan que los cuatro directivos han negado ante el juez que pagaran comisiones a cambio de un trato de favor del presidente del banco en ese momento.

Según los directivos de las empresas de publicidad imputados, los pagos a Albisa se justifican por el trabajo de intermediación realizado para que Publicis y Zenith entraran en el concurso. Este tipo de comisiones son consideradas completamente legales en el sector de la publicidad ya que se pagan a cambio de ayudar a entrar en un concurso pero no para lograr la adjudicación.

Sin embargo, la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) sospecha que esas comisiones fueron a parar a Rato y se abonaron a cambio de recibir contratos en Bankia. Según los investigadores, el ex vicepresidente del Gobierno utilizó Albisa como sociedad pantalla y ésta habría desviado parte del dinero a Kradonara -propiedad de Rodrigo Rato- a través de facturas por trabajos ficticios.

Kradonara es clave porque a través de ella Rato controlaba el hotel de Berlín del que es copropietario. Precisamente las transferencias detectadas desde Kradonara al hotel alemán fueron la base argumental que utilizó la Fiscalía Anticorrupción para pedir a Serrano-Arnal que se inhibiera a favor de la Audiencia Nacional. Según su criterio, asumido por el juez de Madrid pero no por el juez central, el delito de blanqueo supuestamente cometido en el extranjero por Rato queda más reforzado tras el último informe de la Agencia Tributaria sobre las comisiones abonadas por las dos empresas de publicidad.

La Fiscalía encuentra pruebas para reabrir la causa por el asesinato del comandante Cortizo

ATENTADO AL COMANDANTE CORTIZO EN LEON

La Fiscalía de la Audiencia Nacional acaba de solicitar la reapertura del sumario por el asesinato del comandante de Artillería Luciano Cortizo a manos de ETA en 1995, petición que se produce a tres meses de que el atentado prescriba. El escrito presentado evita que se dé el cerrojazo definitivo a la investigación de ese crimen dos décadas después de haber sido perpetrado.

En la imagen, estado en el que quedó el vehículo del comandante Cortizo tras el atentado en el centro de León en Diciembre de 1995.DIARIO DE LEÓN

ATENTADO AL COMANDANTE CORTIZO EN LEON
Así quedó el vehículo del comandante Cortizo tras el atentado en el centro de León en Diciembre de 1995. / DIARIO DE LEÓN

La iniciativa de la Fiscalía de la Audiencia Nacional sobre el asesinato del comandante Cortizo se enmarca en su estrategia de evitar que queden enterrados para siempre los asuntos más antiguos relacionados con la banda terrorista y que no han podido ser esclarecidos a día de hoy.

En diciembre de 1995, a tres días de la Navidad, ETA asesinó a Cortizo, de 44 años, e hirió de gravedad  a su hija, de 18, al estallar una bomba-lapa adosada en los bajos de su vehículo en la capital leonesa. En ese momento, la Policía imputó el hecho a un comando itinerante que había actuado en Valencia, Valladolid y Burgos.

La Fiscalía llevaba meses detrás de la reapertura del caso y señala a Sergio Polo como el principal sospechoso de haber sido el autor del atentado que acabó con la vida del comandante y dejó gravemente herida a su hija. La misma petición ha hecho la abogada de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), que representa a los familiares de la víctima.

En su escrito, presentado el pasado 29 de julio, la acusación particular solicitó la reapertura del sumario y la práctica de una serie de diligencias. Entre ellas, requirió que se aporte la copia de la investigación realizada por la Policía Autónoma Vasca tras la desarticulación en Guipúzcoa del comando Araba, integrado por etarras “liberados” (no fichados por la Policía), así como el informe sobre las huellas dactilares de Sergio Polo Escocés en el piso registrado durante la desarticulación.

Asimismo, ha pedido al juez que oficie al Servicio de Información de Inteligencia de la Guardia Civil y a la Unidad Central de Inteligencia de la Policía Nacional para que emitan un informe en el que se detallen los atentados cometidos por ETA en León; los elementos con los que se cuenta para atribuir el nombre orgánico de “Lur” a Sergio Polo y un análisis del documento incautado en el domicilio utilizado por el etarra en el momento de su detención consistente en una comunicación entre “Lur” y alguien de la dirección de ETA en la que se da cuenta de una serie de acciones terroristas ya cometidas o pendientes de cometer.

Los familiares del militar asesinado hace casi veinte años también quieren que las fuerzas y cuerpos de seguridad lleven a cabo un análisis comparativo entre el material explosivo y los elementos para realizar artefactos explosivos incautados tras la detención de Polo y el utilizado en el atentado que acabó con la vida de Cortizo. Para averiguar si fue Polo el autor material del atentado, la acusación también considera necesario que se proceda a un análisis de la documentación hallada en el piso de Polo relacionada con la ciudad de León, como mapas y horarios de autobuses.

Soledad Iparraguirre y Sergio Polo

El escrito de la Fiscalía, dirigido al juez de la Audiencia Nacional Juan Pablo González, no sólo pide el procesamiento de los etarras Soledad Iparraguirre y Sergio Polo sino también medidas cautelares para evitar su fuga. Respecto a la primera, reclama la prisión provisional y librar una orden de entrega a Francia y en cuanto a Polo, su encarcelamiento provisional por esta causa.

En el escrito, al que ha tenido acceso El Español, la Fiscalía que dirige Javier Zaragoza explica que el motivo para tal solicitud se debe a que en la revisión que periódicamente efectúan las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de los atentados de ETA sin resolver, y en concreto en relación con el asesinato del comandante Cortizo, habían detectado que en la entrada y registro del domicilio alquilado por Polo “se ocuparon numerosas evidencias, documentos y efectos, que podrían ser útiles para la resolución del mencionado caso, y que consideraban necesario revisar”.

Tras analizar los nuevos datos, la Guardia Civil entregó un informe el pasado 18 de septiembre del que se deduce la compatibilidad del explosivo empleado en el atentado contra el comandante con los instrumentos y efectos ocupados en el piso utilizado por el etarra en la fecha de los hechos. Así mismo, han detectado la presencia en el piso ocupado por Polo de destornilladores alterados siguiendo los manuales de ETA para poder forzar vehículos de la marca Ford antiguos, como el del comandante Cortizo.

En el caso de Iparaguirre, alias Anboto, la Fiscalía sostiene que en el año 1993 pasó a desempeñar labores de responsabilidad dentro del “aparato militar” en Francia, en concreto, tareas relacionadas con el control y coordinación de los comandos “legales” de la organización terrorista, como lugarteniente del responsable de los mismos en ese momento, Pedro José Picabea Ugalde, hasta que éste fue detenido por la Policía francesa en Bayona (Francia), en 1994. A partir de esta fecha, la etarra pasó a ocupar su puesto como responsable de los comandos “legales”, en el que permaneció hasta 1998.

Entre las acciones que Iparaguirre habría ordenado como jefa de los comandos “legales” de la organización estaría el atentado de Cortizo. Para ello, habría transmitido las órdenes concretas respecto al objetivo y habría dado instrucciones concretas sobre cómo había que atentar. También facilitaba a los comandos el material, como explosivos y armas, y las instrucciones sobre cómo utilizarlos.

Cinco casos reabiertos

El pasado mes de abril, Polo fue condenado por la Audiencia Nacional a penas que suman cien años de cárcel por un atentado cometido en Salamanca que mutiló al capitán del Ejército Juan José Aliste Fernández en 1995, el mismo año del asesinato del comandante Cortizo. La víctima perdió las piernas al estallar una bomba lapa colocada bajo su automóvil.

El terrorista fue condenado a indemnizar al militar con un millón de euros por los daños causados y con 50.000 euros a la hija del capitán, que viajó en el vehículo mientras la bomba estaba colocada en el automóvil.

En el último año, la Audiencia Nacional ha reabierto cinco casos que habían permanecido en el olvido hasta que la Guardia Civil y la Policía, bajo la dirección de la Fiscalía, presentaron nuevas pruebas para evitar su prescripción y, por tanto, el archivo definitivo.

Uno de los más sonados fue la imputación de Josu Uribetxeberría Bolinaga por el asesinato en 1986 del cabo de la Guardia Civil Antonio Ramos. El etarra, que ya había cumplido prisión por el secuestro de Ortega Lara y había quedado en libertad tras sufrir un cáncer terminal, se enfrentaba a otros 29 años de prisión por la petición fiscal 17 años después del atentado, condena que nunca pudo llegar debido a su fallecimiento antes de la celebración del juicio.

La Audiencia Nacional valora reabrir la causa contra Zapata para imputarle por los tuits

ZapataGuillermoLa Sala Penal de la Audiencia Nacional se inclina por reabrir la causa contra el concejal de Ahora Madrid Guillermo Zapata por sus polémicos mensajes sobre las víctimas de ETA y de otros delitos.

“Han tenido que cerrar el cementerio de las niñas de Alcaser para que no vaya Irene Villa a por repuestos”. “Rajoy promete resucitar la economía y a Marta del Castillo”. “¿Cómo meterías a 5 millones de judíos en un seiscientos?, en un cenicero”.

Estos tuits pueden ser la causa de que el concejal del Ayuntamiento de la capital Guillermo Zapata (Ahora Madrid) tenga finalmente que acudir a declarar ante el juez Pedraz si la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional concluye -tal como baraja en este momento- que debe dar explicaciones sobre el contenido de esos mensajes y su intención al escribirlos.

La Sección Penal Segunda de la Audiencia Nacional se inclina por estimar el recurso que interpuso la Fiscalía contra la decisión de Pedraz de archivar las diligencias abiertas a Zapata, contra quien la asociación Dignidad y Justicia presentó una querella por el delito del artículo 578 del Código Penal.

Este precepto castiga la realización de actos que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas del terrorismo o de sus familiares. La última reforma penal ha agravado incluso la sanción, que ahora puede llegar hasta tres años de prisión (antes, dos años).

Cierre sin declaración

El pasado 2 de julio, Pedraz dictó una resolución en la que, rectificando su inicial decisión de citar a Zapata a declarar, consideró que el concejal no tuvo el ánimo de ofender a las víctimas ni incurrió en una conducta “especialmente perversa”.

El juez, que sostuvo que hacer declarar a Zapata como imputado “supondría un plus de perjuicio moral para él” debido a la llamada “pena del paseíllo” o “pena del telediario”, apreció que la calificación más apropiada para sus tuits sería la de “chistes de humor negro” y destacaba que así lo había percibido la propia Irene Villa en un escrito dirigido al Juzgado.

La Fiscalía reaccionó de inmediato frente al archivo del caso y fue directamente en apelación a la Sala de lo Penal para reclamar la reapertura de las diligencias. Su posición puede ser acogida por los magistrados, que, según ha podido saber EL ESPAÑOL, comparten el criterio del Ministerio Público de que, una vez abierto el procedimiento, no puede ser cerrado sin ni siquiera recibir declaración al imputado para que explique el sentido de los tuits y el ánimo que tuvo al escribirlos. Una intención que no puede ser determinada sin oírle y sin ver cómo responde al interrogatorio de las partes.

Las fuentes consultadas indicaron que, al igual que ocurre en otros países en los que se sancionan las burlas al holocausto o la homosexualidad, el legislador español ha querido proteger a las víctimas del terrorismo y a sus familiares incluso de los sarcasmos. Es por ello que los tuits de Zapata pudieron afectar a la dignidad de las víctimas de ETA en su conjunto y no sólo a Irene Villa.

Para los magistrados, además, es preciso valorar todos los tuits de Zapata en su conjunto y no individualizar exclusivamente el que hacía referencia a la joven mutilada por ETA.

Josep Pujol ha manejado 2,7 millones de euros en bancos andorranos

– Josep Pujol Ferrusola ha mantenido al menos 2,7 millones de euros de origen desconocido en entidades bancarias andorranas.

– El tercero de los siete hijos del ex president ocultó alrededor de 700.000 euros en la Banca Privada de Andorra hasta abril de 2014.

– Dispone en estos momentos de dos millones más en fondos de inversión en el Banco Alcalá, propiedad de la entidad Crédit Andorrà desde el año 2011.

También en EL ESPAÑOL:

Josep Pujol Ferrusola ha mantenido al menos 2,7 millones de euros de origen desconocido en entidades bancarias andorranas. El tercero de los siete hijos del ex president ocultó alrededor de 700.000 euros en la Banca Privada de Andorra hasta abril de 2014, cuando comenzó a repatriarlos a una cuenta personal en Caixabank declarando que se trataba de “ahorros”. Además, dispone en estos momentos de dos millones más en fondos de inversión en el Banco Alcalá, propiedad de la entidad Crédit Andorrà desde el año 2011.

Según ha podido saber EL ESPAÑOL a través de fuentes financieras, Pujol Ferrusola hizo dos trasvases a España desde la Banca Privada de Andorra que destinó a una imposición a plazo y a fondos de inversión. Este dinero procede de la fortuna familiar custodiada en esta entidad y cuya magnitud real está siendo investigada en estos momentos por el Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional y por el Juzgado de Instrucción número 31 de Barcelona.

Pese al argumento utilizado públicamente por el patriarca de los Pujol, que sostiene que los fondos proceden de una herencia que le legó su padre, la Fiscalía Anticorrupción apunta que el origen real del dinero es la corrupción política y añade que el ex presidente catalán ha empleado a sus propios hijos para cobrar comisiones y blanquear los fondos de origen ilícito.

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También en EL ESPAÑOL:

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Tal y como aseguran a este periódico estas fuentes financieras, entre el dinero manejado por este hijo del histórico dirigente nacionalista, destacan también varios fondos de inversión por importe de unos dos millones de euros que se encuentran en el Banco Alcalá y sobre los que ha solicitado recientemente el cambio del comercializador.

No sólo él sino sus propias empresas han registrado también movimientos bancarios con Andorra durante los últimos años. Así, su sociedad MT Tahat recibió desde allí en 2013 al menos una transferencia ordenada por su propietario que acabó en una cuenta a nombre de esta entidad en Caixabank.

En marzo de este año, la mujer de Josep Pujol, Laura Vila, llegó a hacer una transferencia de 200.000 euros que le fue devuelta. La transferencia la hizo a través de la Banca Privada de Andorra.  Entre abril de 2014 y abril de 2015, Vila recibió en España otros 45.000 euros que ella misma había enviado desde Andorra.

Josep Pujol posee además una cartera de valores a su nombre en el Banco de Madrid por valor de 70.000 euros y otra de 30.000 euros a nombre de su hija Laura. Ambas datan de 2006. El ingreso de estos fondos es anterior a la entrada de la Banca Privada de Andorra en Banco de Madrid.

Hasta la fecha sigue siendo un misterio la cifra exacta a la que se eleva el patrimonio oculto del clan catalán y el montante total que llegó a esconder en diferentes bancos andorranos. Tampoco se conocía hasta ahora la cantidad exacta de dinero manejada por Josep Pujol, de quien sólo había trascendido que regularizó dos millones de euros en paraísos fiscales con la aministía fiscal que puso en marcha por el ministro Cristóbal Montoro.

En su comparecencia ante la Comisión Parlamentaria que investigaba el ‘caso Pujol’, Josep negó tajantemente que su dinero hubiera sido obtenido de manera irregular y se jactó de ser “bastante rico desde los 30 años”. Es más, presumió de que su primer sueldo “fue más alto que el de su padre”.

También en EL ESPAÑOL:

¿Quién es el misterioso ‘Sr. Marway’ al que Oleguer pagó 6,2 millones?

 ¿Por qué exigió Oleguer Pujol el pago de una comisión de 6,2 millones a una sociedad instrumental holandesa denominada Marway concebida para ocultar la identidad real de su propietario? ¿Se trata de un pago a un intermediario por conseguir el negocio inmobiliario o los fondos persiguen otro destino con tintes políticos?

La investigación judicial en torno a las multimillonarias operaciones inmobiliarias lideradas por Oleguer Pujol se concentra ahora, más de un año después del inicio de las pesquisas, en un fleco aparentemente menor y casi insignificante si se compara con las grandes magnitudes investigadas. En el marco de una de las mayores compraventas llevadas a cabo durante la historia reciente de España, el foco de Hacienda y Anticorrupción se fija sorprendentemente en un pago de comisiones aislado de 6,2 millones enclavado en la mastodóntica adquisición de 1.152 oficinas del Banco Santander por nada menos que 2.040 millones de euros.

A falta de despejar la gran incógnita sobre la que pivotan las indagaciones judiciales (cuánto dinero de origen ilícito pudo llegar a introducir el hijo pequeño del ex presidente autonómico catalán en sus compraventas), se interpone un nuevo interrogante. ¿Por qué exigió Oleguer el pago de esa comisión a una sociedad instrumental holandesa denominada Marway concebida para ocultar la identidad real de su propietario? ¿Se trata realmente de un pago a un intermediario por conseguir el negocio inmobiliario o los fondos persiguen otro destino con tintes políticos? Y, sobre todo, ¿quién se oculta detrás de la misteriosa Marway?

Tras disponer de indicios de que el entramado de Oleguer se puede deshilachar definitivamente por esta pequeña parte del todo, la Agencia Tributaria ha solicitado al Juzgado de Instrucción número uno de la Audiencia Nacional que envíe cuanto antes una comisión rogatoria a Holanda para determinar “los beneficiarios y destino” del pago.

Tal y como desveló este miércoles EL ESPAÑOL, la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) ha presentado un escrito en el que explica que esta compra millonaria, realizada el 23 de noviembre de 2007 por la sociedad Samos Servicios y Gestiones SLU, se saldó con el pago de al menos 6,2 millones de euros a la sociedad holandesa Marway BV, “domiciliada en Laan Van Meerdervoort 1224 2555 CD’S Gravenhage”. Agrega que figuran como administradores oficiales tres ciudadanos holandeses y que la compañía “durante los ejercicios 2008, 2009 y 2010 sólo ha tenido un empleado”. Es decir, es muy probable que la empresa sea una mera tapadera.

Tal y como detalla la ONIF en relación a Marway, “se desconoce quiénes son sus socios, por lo que se han remitido varios requerimientos de información al Registro Mercantil de los Países Bajos”. No obstante, subraya que existe constancia de un apoderamiento otorgado por Oleguer Pujol a los tres administradores holandeses, por lo que se sospecha que dichos fondos se encuentran bajo su control.

Hacienda ha propuesto al juez Santiago Pedraz que solicite a las autoridades holandesas todos los movimientos de una cuenta de esta sociedad instrumental en el ING Bank de Amsterdam y que “identifique a las personas físicas y jurídicas que figuran como titulares o autorizados” de esa cuenta. El fisco se interesa por los movimientos que superen los 20.000 euros y quiere conocer el ordenante, el beneficiario y las cuentas bancarias de origen y el destino de los fondos.

Por último, exige los “movimientos de las cuentas bancarias” abiertas por Marway, BV en cualquier entidad de crédito establecida en Holanda desde su apertura y pide que identifique a las personas físicas y jurídicas que figuran como titulares o autorizados” de esas cuentas.

Esta nueva diligencia marca una línea divisoria entre las figuras de Oleguer Pujol y su ya ex socio Luis Iglesias, de quien los investigadores sospechan que permaneció ajeno a las irregularidades que éste cometió.

Hacienda busca en Holanda 6,2 millones en comisiones de Oleguer Pujol

La Agencia Tributaria ha solicitado al Juzgado de Instrucción número uno de la Audiencia Nacional que libre una comisión rogatoria a Holanda para determinar “los beneficiarios y destino” de al menos 6,2 millones de euros pagados en comisiones por Oleguer Pujol en una de sus millonarias operaciones inmobiliarias.

La Agencia Tributaria ha solicitado al Juzgado de Instrucción número uno de la Audiencia Nacional que libre una comisión rogatoria a Holanda para determinar “los beneficiarios y destino” de al menos 6,2 millones de euros pagados en comisiones por Oleguer Pujol en una de sus millonarias operaciones inmobiliarias.

Este pago se enmarca en la adquisición de las 1.152 oficinas del Banco Santander por 2.040 millones de euros que investigar la Audiencia Nacional por blanqueo y delito fiscal. Por ahora se desconoce el destino de estos fondos, que fueron desviados por orden del hijo menor del ex president. Anticorrupción sospecha que Pujol Ferrusola pudo introducir fondos procedentes de la corrupción política en esta y alguna otra operación.

La Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) recuerda en un escrito al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL que esta compra millonaria, materializada el 23 de noviembre de 2007 por la sociedad Samos Servicios y Gestiones SLU, se saldó con el pago de al menos 6,2 millones de euros a la sociedad holandesa Marway BV, “domiciliada en Laan Van Meerdervoort 1224 2555 CD’S Gravenhage”. Tres ciudadanos holandeses figuran como administradores oficiales de esta entidad, que “sólo ha tenido un empleado” durante los ejercicios 2008, 2009 y 2010.

Según la ONIF, se desconoce quiénes son los socios de esa empresa “por lo que se han remitido varios requerimientos de información al Registro Mercantil de los Países Bajos”. No obstante, subraya que existe constancia de un apoderamiento otorgado por Oleguer Pujol a los referidos administradores holandeses por lo que se sospecha que dichos fondos se encuentran bajo su control.

Hacienda propone al juez Santiago Pedraz que solicite a las autoridades holandesas todos los movimientos de una cuenta de esta sociedad instrumental en el ING Bank de Amsterdam y que “identifique a las personas físicas y jurídicas que figuran como titulares o autorizados de la mismas”. Solicita todos los movimientos de más de 20.000 euros junto con la identificación del “ordenante y beneficiario” y“las cuentas bancarias de origen y el destino de los fondos”. Por último exige los movimientos de las cuentas bancarias abiertas por Marway, BV “en cualquier entidad de crédito establecida en Holanda desde su apertura y que identifique a las personas físicas y jurídicas que figuran como titulares o autorizados de las mismas”.

Pujol Jr diseñó un plan para blanquear sus comisiones en medio mundo

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– Elaboró un complejo plan para invertir el dinero del 5% en países como Turquía, Argentina, México o Irak

– Intentó asociarse a un médico colombiano contra la calvicie, fundar escuelas del Barça en Latinoamérica o abrir granjas para cerdos en Uruguay 

También en EL ESPAÑOL:

– Elaboró un complejo plan para invertir el dinero del 5% en países como Turquía, Argentina, México o Irak

– Intentó asociarse a un médico colombiano contra la calvicie, fundar escuelas del Barça en Latinoamérica o abrir granjas para cerdos en Uruguay 

Jordi Pujol Ferrusola elaboró un complejo plan para blanquear sus comisiones en medio mundo. EL ESPAÑOL ha tenido acceso al documento original que elaboró el hijo mayor del ex president y en el que diseñó con todo lujo de detalles dónde invertir los fondos cobrados de grandes contratistas de la Generalitat. El dinero lo cobraba a través de dos empresas tapadera: Iniciatives, Marketing i inversions, SA, y Project Marketing Cat, SL. Entre sus destinos priorizaba el continente americano con países como México o Argentina. Pero se planteaba también desarrollar operaciones muy diversas en Turquía, Irak, Gabón, Etiopía o Inglaterra.

Con esas entidades instrumentales, Pujol Jr. ha percibido en los últimos años más de ocho millones de euros en comisiones que han sido camufladas con falsos trabajos de asesoría. La Audiencia Nacional ya ha advertido indicios de que estas prácticas son constitutivas de un delito fiscal y otro de blanqueo de capitales y mantiene imputado al primogénito de Pujol, que llegó a percibir comisiones del 5% de grandes contratistas públicos como la familia Sumarroca.

Pujol Ferrusola planificó una ambiciosa estrategia inversora que se fijaba como principal objetivo Latinoamérica. Tal y como dejó por escrito el propio vástago del histórico dirigente nacionalista, su intención pasaba por concentrar sus fondos en México con la “implantación”, en compañía de un “inversor” por determinar, de un “centro dermatológico” dirigido por el doctor colombiano Giovanni Bojanini. Este médico es especialista en tratamientos para la calvicie, dispone en su país de más de 40.000 clientes y se ha expandido por otros países latinoamericanos como Panamá, Venezuela, República Dominicana o Perú.

Y sin embargo los planes empresariales de Jordi Jr. para esta región no terminaban ahí. En México se planteaba el desarrollo de proyectos “eólicos y fotovoltaicos” así como la instalación de “minicentrales hidráulicas” y de “contadores de agua” en la ciudad mexicana de La Paz. También expresaba su intención de participar en la instalación de “puertas automáticas” para la línea de metro de México DF e introducirse en negocios vinculados a los “residuos” y “la iluminación pública” de “ayuntamientos” mediante la alianza con la empresa francesa Citelum. A su vez dejó por escrito que tenía en mente la construcción de “aparcamientos de hospitales” y hasta la posibilidad de “introducir” en México a la empresa National Geographic.

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Escuelas del Barça

Entre las posibles líneas de negocio de Pujol Ferrusola en México, figuran la “búsqueda de colaboración entre empresas españolas y mexicanas para la gestión de residuos y mantenimiento de depuradoras”. Para ello escogió como “emplazamientos” predilectos “Puerto Vallarta, México DF, Querétaro y Acapulco”. Junto a todas estas iniciativas, llegó a poner en marcha el desarrollo urbanístico de Azul de Cortez en el sur de la península de Baja California, ideó introducirse en el sector sanitario implantando tecnología para “diagnosticar por imágenes el cáncer de mama” y llegó a destinar al menos 1,2 millones de euros a un supuesto negocio de envío de dinero entre Estados Unidos y México.

En Argentina, además de la adquisición del puerto fluvial de la ciudad de Rosario, que fue su iniciativa estrella y en la que Hacienda ya ve indicios claros de blanqueo de capitales, Jordi Jr. planteó la posibilidad de incorporar a este boyante negocio a una serie de “inversores chinos”. Su intención era ampliar esa iniciativa a los “contenedores de automóviles y cítricos”.
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Gráfico: Luis Sevillano

En América también estudió la posibilidad de “montar granjas de cerdos con la genética de España en Brasil o en Uruguay” y analizó la “búsqueda de minas” para producir carbonatos de calcio en alianza con la empresa española Reverté. Pero también examinó la posibilidad de “crear escuelas del FC Barcelona” y el desarrollo de proyectos de “biodiésel” y de “importación hacia España del grano argentino para piensos”.

El hijo de Pujol intentó extender sus tentáculos también a países como “Turquía o Irak”, donde meditó la posibilidad de desarrollar “proyectos en asuntos de seguridad, ferrocarriles, gas natural y petróleo”.

En Inglaterra sopesó invertir en “plantas de reciclaje” con la empresa Zerowaste y llegó incluso a África, donde desembarcó en Gabón para “instalar líneas eléctricas” y en Etiopía, donde meditó “presentar empresas españolas al lobby etíope para realizar trabajos en el país”.

Este gran esquema, elaborado por el propio Pujol Ferrusola, sirve de guía ahora a los investigadores para determinar a cuánto asciende realmente la fortuna de la familia y dónde se encuentran diseminados los fondos procedentes de la corrupción.

También en EL ESPAÑOL:

Pujol Jr. ocultó 1,2 millones de comisiones en Delaware

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– Hacienda descubre que compró Avanti Alliance LLC en el paraíso fiscal americano e inyectó los fondos a través de una de las sociedades que utilizaba para cobrar los 5% en España

– Desvió el dinero para “crear una empresa de envío de dinero entre EEUU y México”

  • Hacienda descubre que compró Avanti Alliance LLC en el paraíso fiscal americano e inyectó los fondos a través de una de las sociedades que utilizaba para cobrar los 5% en España
  • Desvió el dinero para “crear una empresa de envío de dinero” entre EEUU y México

Jordi Pujol Ferrusola también posee una sociedad instrumental en el estado norteamericano de Delaware, considerado paraíso fiscal. La Agencia Tributaria española ha detectado la existencia de Avanti Alliance LLC, entidad en la que el hijo mayor del ex presidente autonómico catalán participa a través de su empresa española Iniciatives, Marketing i Inversions, S.A., y en la que ha inyectado al menos 1,2 millones de euros que proceden del cobro de comisiones.

Esta empresa de Delaware fue adquirida por Pujol Jr. para poner en marcha, tal y como él señala en sus propios planes de negocio, la “creación e implantación de tarjetas para el envío de dinero entre países, principalmente entre Estados Unidos y México”, aunque formalmente estaba controlada por dos ciudadanos estadounidenses.

La Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) ya ha acreditado que Pujol Ferrusola introdujo “1.265.776,75 euros” en Avanti Alliance entre los ejercicios 2006 y 2009. Los investigadores siguen el rastro de este dinero al considerar que procede del cobro de comisiones ilegales por la adjudicación de obras públicas en Cataluña.

En este sentido, Hacienda se ha dirigido a las autoridades norteamericanas para requerirles cuanta información dispongan de esta nueva empresa, desconocida hasta la fecha, para determinar si fue empleada para blanquear fondos de origen ilícito. La Agencia Tributaria ha señalando en sus comunicaciones que alberga “serias dudas en relación a la veracidad de las cuentas declaradas por Iniciatives, Marketing i Inversions”.

Esta empresa española está participada al 50% por Jordi Pujol Ferrusola y por su esposa Mercé Gironés y ha sido una de las plataformas empleadas por el hijo mayor del histórico líder nacionalista para cobrar supuestos sobornos de manos de grandes contratistas de la Generalitat. No en vano, la Audiencia Nacional ya ha cuantificado en más de 8 millones de euros la cifra percibida por Pujol Ferrusola mediante esta y otras empresas instrumentales de manos de grandes constructoras y empresas de servicios con importantes contratos en Cataluña. En todos estos casos los pagos se camuflaron según la versión de los investigadores en forma de supuestas asesorías empresariales de las que no existe rastro documental alguno. Tanto el juez José de la Mata como la Fiscalía Anticorrupción consideran que se trata de trabajos ficticios que camuflan dádivas ilegales.

Una de las muestras más representativas de este modus operandi fue desvelado precisamente ayer por EL ESPAÑOL y tiene como protagonistas a los miembros de la familia Sumarroca, fundadores de Convergencia Democrática de Cataluña (CDC). A través de su empresa EMTE esta saga abonó 132.800 euros a Pujol Jr en concepto de un “5%” de comisión que dejaron anotado de su puño y letra en un post­it que encabeza el contrato suscrito entre ambas partes. De tal manera que, si la cifra de comisiones establecida para CDC ascendía al ya célebre 3%, la familia Pujol se reservaba para sí misma una tarifa todavía más alta.

Tras recibir el requerimiento de información en relación con la empresa Avanti Alliance, Estados Unidos ya ha procedido a contestar a la Hacienda española. Ha interrogado a los dos representantes americanos de Avanti Alliance, Al Vitolo y Tom Settineri, y ambos han explicado que el objeto oficial de esta empresa consistía en “la comercialización de un producto consistente en una tarjeta de crédito/débito concebida para que fuera usada por ciudadanos sin cuentas bancarias”. Asimismo, han precisado que Avanti se encuentra vinculada con otra sociedad, también radicada en Delaware, y denominada CJJ Investment Corporation.

Pese al ambicioso diseño inicial, las autoridades americanas señalan que “a finales de 2008 o principios de 2009 los bancos retiraron el apoyo financiero y pusieron fin al negocio”, provocando la bancarrota de la empresa. Pese a ello, Pujol Ferrusola dejó constar en su documentación interna que llevó a cabo viajes a Nueva York “para mantener reuniones” relacionadas con este proyecto así como a Houston para reunirse con “Gustavo de la Garza, presidente de Marcatel, quinta operadora mexicana, para la implantación de las tarjetas en México”, dejando claro que su intención pasaba por inyectar todavía más dinero de comisiones si el supuesto proyecto salía adelante.

La Fiscalía pide que PP y FAES den datos sobre su relación con los jueces de Gürtel recusados

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La Fiscalía Anticorrupción cree que la recusación de los magistrados Concepción Espejel y Enrique López (en la imagen) como integrantes del tribunal que juzgará el caso Gürtel debe ser admitida a trámite para practicar diligencias que aclaren la “relación singular” que pueden haber tenido con el PP. Entre ellas, cuántas veces han participado en actos de FAES o del partido y si han cobrado por ello.

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Los magistrados Concepción Espejel y Enrique López.

La recusación de los magistrados Espejel y López por las acusaciones populares que actúan en el caso Gürtel -entre ellas, la ejercida por Ángel Luna, del PSOE valenciano- ha encontrado un aliado en el Ministerio Público. La Fiscalía Anticorrupción ha informado a favor de que la recusación sea admitida a trámite y se abra un incidente en el que, entre otras pruebas, la fundación del PP (FAES) y el propio partido tendrían que dar datos sobre su relación con los recusados.

La Fiscalía ha presentado dos informes, uno relativo a Concepción Espejel y otro referido a Enrique López, en los que, sin llegar a afirmar que exista en ellos una tacha de parcialidad, sí sugiere que hay datos de una relación con el PP que, a su parecer, habría que aclarar antes de que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional decida si se mantienen o no como jueces del caso Gürtel.

Miembros de la Sección Segunda de esa Sala, a Espejel y López les ha correspondido por reparto el enjuiciamiento de la primera parte de caso Gürtel, relativa a la actividad que desarrolló la supuesta trama de corrupción vinculada a cargos públicos del PP entre los años 1999 y 2005.

Para la Fiscalía, el hecho de que el Partido Popular vaya a estar sentado en el banquillo como partícipe a título lucrativo -esto es, por haberse beneficiado de las comisiones ilícitas supuestamente percibidas por los cargos implicados, destinadas en parte a campañas electorales- es un dato relevante a tener en cuenta a la hora de valorar las recusaciones.

El Ministerio Público admite que, de acuerdo con la doctrina del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo del Derecho Humanos, la “afinidad ideológica” de un juez con una determinada formación política no es causa de recusación.

También indica que “ciertamente, no aparecen acreditados hasta donde sería exigible en este trámite el interés personal y directo” de los recusados en la causa.

Pero, pese a ello, sostiene que “no puede afirmarse que resulten de todo punto irracionales las dudas albergadas por los recusantes”, en especial en el caso de López.

La Fiscalía afirma que “ha de tomarse en consideración” que entre 2003 y 2010 “se estableció una relación singular” entre FAES, la fundación del PP, y Enrique López, que, además, accedió a propuesta del Partido Popular a dos cargos que ejerció en el pasado: vocal del Consejo General del Poder Judicial y magistrado del Tribunal Constitucional.

El informe no llegar a sostener que el nombramiento para esos cargos determine una falta de imparcialidad -de hacerlo, abriría una vía de consecuencias imprevisibles, puesto que en la propia Audiencia Nacional hay actualmente varios magistrados que han sido vocales del CGPJ a propuesta del PSOE e IU-, pero sí considera relevante el hecho de que cuatro de los acusados en el proceso Gürtel votaron en 2008 a favor de la candidatura de López al Tribunal Constitucional. Se trata de Carlos Clemente, Alfonso Bosch, Benjamín Martín Vasco y Alberto López Viejo, que eran diputados autómicos del PP.

En realidad, la Asamblea de Madrid propuso una candidatura conjunta pactada por PP y PSOE y en la que figuraron López y Fernando Valdés, por lo que ambos recibieron los votos en bloque de ‘populares’ y socialistas.

La declaración de Cospedal

Para la Fiscalía, sin embargo, hay que determinar “si la participación del PP en la elección del magistrado para alguno de los más altos cargos del Poder Judicial y de su carrera profesional desvirtúa el requisito de independencia” y “ha de decidirse si la familiaridad que pueda existir entre el juzgador y alguna de las partes implicadas debida a una conexión ajena al procedimiento cuestiona la imparcialidad de aquel, haciendo objetivamente justificable el temor a su falta de imparcialidad”.

En este sentido, considera que las recusaciones no deben ser rechazadas de plano sino que debe abrirse un trámite para practicar varias de las pruebas instadas por las acusaciones populares. Entre ellas destaca que se requiera a la Fundación para el Análisis y Estudios Sociales (FAES) y al PP para que certifiquen las actividades en las que haya participado López y cuánto ha cobrado por ello.

La Fiscalía se opone, por estimarlo “inútil e impertinente”, a que Dolores de Cospedal tenga que prestar declaración sobre su relación con Espejel. La secretaria general del PP participó en el acto de imposición de la Gran Cruz de San Raimundo de Peñafort a la magistrada, a la que dedicó elogios y de la que dijo que “para todos es Concha y lo va a ser siempre”.

También rechaza que declare el ex parlamentario del PP Federico Trillo, actual embajador en Londres, que salió en defensa de López cuando su primer intento de acceder al TC fue bloqueado por el Senado. Enrique López acabaría siendo promovido al Constitucional por el Gobierno.

La Fiscalía tampoco considera necesario el interrogatorio de los recusados, que, en cualquier caso, tendrán que informar por escrito sobre si aceptan o no como ciertas las causas de recusación alegadas.

La comisión de Sumarroca a los Pujol no era del 3% sino del 5%

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– Un documento manuscrito vincula ese porcentaje a los 132.800 euros que los Sumarroca pagaron a Jordi Jr. con la excusa de ayudarles a implantarse en México

– También pagaron 585.000 euros a su empresa en Londres por una supuesta asesoría para hacerse con la reforma de Radio France en París

‘La campaña del 5%’, por Ferrer Molina

  • Un documento manuscrito vincula ese porcentaje a los 132.800 euros que los Sumarroca pagaron a Jordi Jr. con la excusa de ayudarles a implantarse en México
  • También pagaron 585.000 euros a su empresa en Londres por una supuesta asesoría para hacerse con la reforma de Radio France en París

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La familia Sumarroca pagó comisiones del 3% a Convergència Democrática de Cataluña (CDC) pero aumentó su tarifa al 5% con la familia Pujol. EL ESPAÑOL ha tenido acceso al contrato original suscrito el 10 de febrero de 2008 entre los propietarios de la constructora catalana Teyco y Jordi Pujol Ferrusola en cuya parte superior fue incorporado un post-it en el que se anota a mano el porcentaje.

En este contrato firmado entre la saga fundadora de Convergència y Pujol Jr., se establece la obligación de pagar “132.800 euros” a cambio de la prestación de unas supuestas asesorías en México de las que no existe ningún rastro documental. Pero lo más llamativo aparece en el encabezamiento, donde se añadió a posteriori el post-it en el que ambas partes añaden una aclaración.

Este rudimentario anexo establece que los Sumarroca abonarán al hijo del histórico dirigente nacionalista una comisión del “5%” calculada sobre un montante total de “2.655.000 euros”. No se especifica a qué corresponde la cantidad sobre la que se hace el cálculo de la mordida. Pero los investigadores ya han apuntado que todos los cobros de este tipo a Pujol Ferrusola tienen como objeto real las adjudicaciones de obra pública en Cataluña.

El primer pago de comisiones de 132.800 euros fue camuflado detrás de un supuesto contrato de consultoría rubricado entre una de las empresas instrumentales de Pujol Ferrusola (Project Marketing Cat, SL) y la empresa de Servicios e Ingeniería EMTE, que dirige Carles Sumarroca Claverol y que factura anualmente más de 1.300 millones de euros con una plantilla de 8.000 personas. En el documento se incluye además un apartado en el que se dice que el pago se corresponde en gran parte con una serie de gastos de desplazamientos de Pujol Jr. a México.

El contrato al que ha tenido acceso este periódico es el que se quedó el propio Pujol Ferrusola y forma parte de una batería de documentos de este tipo que suman más de ocho millones de euros y que fueron suscritos entre el hijo del histórico dirigente nacionalista y grandes contratistas de la Generalitat catalana.

Comisiones por 585.000 euros

Por otra parte, el Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional considera ya acreditado que la familia Sumarroca abonó una nueva comisión de 585.000 euros a Pujol Ferrusola por “la posibilidad de obtener la reforma de las instalaciones centrales de Radio France en París”. El magistrado José de la Mata ha descubierto que el pago se hizo a través de la tapadera londinense de la familia Pujol, la sociedad Brantridge, gestionada por el testaferro de origen hindú Herbert Rainford, que ya fue empleada por Pujol Jr. para cobrar comisiones de la constructora FCC.

Esta operación fue pactada por contrato el 15 de junio de 2008 y abonada en cinco pagos de 117.000 euros entre el 15 de febrero de 2009 y el 15 de agosto de 2010. El juez señala que “no se precisa cuáles fueron los servicios prestados”. Por lo elevado del importe, podría constituir otra comisión del 5% para la familia.

La Fiscalía Anticorrupción investiga en estos momentos a la familia Sumarroca al menos en dos procedimientos judiciales diferentes por la misma conducta delictiva: el pago de sobornos a los nacionalistas.

El primer procedimiento está en el Juzgado de Instrucción número uno de El Vendrell (Tarragona) tras descubrir el pago de comisiones del 3% -en total 343.798 euros- a cambio de la adjudicación de obras públicas en cinco municipios gobernados por los nacionalistas: Lloret, Sant Celoni, Figueras, Torredembarra y Sant Cugat. Este proceso se ha saldado recientemente con la detención de tres miembros de la familia Sumarroca así como con el registro de la propia sede de CDC.

El segundo procedimiento está en el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, donde se encuentra imputado Jordi Pujol Ferrusola por delito fiscal y blanqueo de capitales tras haber recibido durante los últimos años pagos millonarios de manos de grandes contratistas del Gobierno catalán a cambio de trabajos fantasma como el descrito anteriormente.

Dinero a cambio de adjudicaciones

Al igual que ocurre con buena parte de los acuerdos suscritos entre Pujol Jr. y otros grandes empresarios catalanes, en esta ocasión se acuerda el pago de una cantidad y se establece como contraprestación oficial la realización de hipotéticas consultorías sobre las que no existe ninguna base documental y a las que la Audiencia Nacional tilda ya de trabajos ficticios que encubren el pago de comisiones ilegales.

En el caso concreto de la familia Sumarroca, sus miembros accedieron a firmar con Project Marketing Cat un acuerdo en el que Pujol Ferrusola se presenta como “consultor que se dedica, entre otras cosas, a prestar servicios de asesoramiento en diversos ámbitos de la gestión y, especialmente, en el relativo a la implantación en el extranjero de empresas españolas”. En esta línea el contrato añade que Pujol Jr. “dispone de conocimientos y experiencia específicas en relación a México, país en el que ha mantenido extensas e intensas relaciones comerciales con diversas empresas e instituciones locales” y agrega que “EMTE tiene interés en iniciar contactos y explorar la posibilidad de implantarse en el mercado mexicano para llevar a cabo una parte de sus actividades, especialmente las que realiza la unidad de negocio de Sistemas y Tecnología”.

El contrato llega a desglosar las partidas a las que se habrían dedicado los 132.800 euros: “121.800 euros corresponden a la dedicación de consultor senior de Pujol Ferrusola”, “8.500 euros a gastos de viajes a México”, “1.500 euros a desplazamientos y gastos de manutención en España” y otros “1.000 euros a gastos auxiliares”. En la documentación interna intervenida por Hacienda a Pujol Ferrusola y que obra en poder de la Audiencia Nacional, no existe ningún indicio de que estos servicios profesionales se llegaran a prestar.

La pista del clan Sumarroca

La Audiencia Nacional resolvió ayer mismo desestimar la petición de sobreseimiento de la familia Sumarroca ante el Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional con el siguiente argumento: “Los sucesivos escritos de los imputados, que aportan amplia documentación sobre las actuaciones llevadas a cabo en México de EMTE, de sus directivos y de sus filiales, describen en relación al ‘consultor’ actuaciones como realizar diagnósticos, evaluación de inversores, identificación de clientes, competidores, asesores locales, socios y empleados, definición de estrategias de implantación y despliegue, entre otras, sin que nada de ello ha sido aportado”. Salvo, precisa el juez, “correos electrónicos cuyo objeto era la preparación de un viaje a México”. Por todo ello concluye el instructor que sigue investigando si el contrato entre EMTE y Project Marketing Cat, SL, “fue la cobertura ficticia de los pagos efectivamente realizados”.

Con objeto de esclarecer esta operación, el juez ha emplazado al que fuera responsable de la Expansión Internacional de la familia Sumarroca, Marcelino Oreja Arburúa, para que declare como testigo el próximo 18 de septiembre. También requiere a la familia Sumarroca para que aporte “en el plazo de 10 días” aquellos “documentos e informes a que se refiere el contrato suscrito con la mercantil Project Marketing Cat, SL”.