Los nueve requisitos que hay que cumplir para poder crear clubes de marihuana, según el Supremo

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El Tribunal Supremo ha puesto orden respecto a la criminalización de las sociedades cannábicas, impunes para algunas Audiencias provinciales pero penadas por otras. Una sentencia del pleno de los magistrados de la Sala Segunda fija los requisitos para que la actividad de esos clubes o asociaciones no sea considerada delictiva. 

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El 16 de junio de 2014, los tres responsables y dos miembros de la sociedad cannábica Ebers, de Bilbao, respiraron aliviados: la Audiencia Provincial de Vizcaya les absolvió del delito de tráfico de drogas por el que el fiscal les había sentado en el banquillo. El proceso contra ellos arrancó en noviembre de 2011, cuando el local de la asociación fue registrado por la Policía Municipal. Los agentes encontraron 4.750 gramos de marihuana y 800 euros en una caja registradora.

El alivio ha durado poco. El Tribunal Supremo ha acordado imponerles penas de tres a ocho meses de prisión al estimar un recurso interpuesto por la Fiscalía, que sostuvo que los cinco acusados incurrieron en un delito de tráfico de drogas. Esta infracción penal sanciona con cárcel a quienes lleven a cabo “actos de cultivo, elaboración o tráfico, o de otro modo promuevan, favorezcan o faciliten el consumo ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, o las posean con aquellos fines” (artículo 368 del Código Penal).

10 toneladas al semestre

Los fiscales impugnaron ante el Supremo el fallo absolutorio alegando que, a la vista del alto número de socios del club -290- y de las cantidades asignadas a cada uno en los “contratos de previsión de consumo” que firmaban al hacerse miembros, “se está ante el manejo y distribución de un total de 10,4 toneladas de cannabis cada seis meses”, un cantidad que, a juicio del Ministerio Público, está “muy lejos” de lo que puede considerarse un mero autoconsumo compartido.

La legislación penal española no castiga el consumo de drogas (ni siquiera si es en grupo), pero sí toda actividad que lo promueva. La clave está en lo que los juristas denominan “alteridad”, que es la que justifica la intervención del Código Penal: consiste en que se facilite o promueva el consumo por parte de otras personas.

Para identificar ese factor de alteridad del que depende, en definitiva, la apreciación de si hay o no delito en la actividad de una sociedad cannábica, el Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que fija unos parámetros que, advierte, dependerán de la singularidad de cada caso. Pero servirán para proporcionar seguridad jurídica en una materia en la que las Audiencias Provinciales vienen sosteniendo criterios discrepantes.

Las condiciones para que se aprecie que el autoconsumo compartido no es delictivo son:

• Que la sociedad esté constituida por usuarios habituales de marihuana o adictos que se agrupan para consumir esa sustancia. La sentencia explica que “con esta limitación se pretende evitar supuestos de favorecimiento del consumo ilegal por terceros, que es precisamente la conducta que sanciona el delito, salvo los que ya fuesen consumidores habituales”.

• Que el consumo se produzca en un lugar cerrado para “evitar la promoción pública del consumo y la difusión de la sustancia a quienes no forman parte de los inicialmente agrupados”.

• Que la cantidad de cannabis que se maneje sea “reducida o insignificante” o, en otras palabras, la cantidad “mínima y adecuada para su consumo en una sola sesión o encuentro”.

• Que la reunión congregue a un “reducido grupo de adictos” para que pueda considerarse que se trata de un “acto íntimo sin trascendencia pública”.

• Que las personas asociadas sean “identificables y determinadas”, entre otras cosas para que pueda garantizarse que son consumidores habituales de marihuana o adictos.

• Que se trate de un consumo inmediato, sin que el cannabis salga del local ni haya riesgo de que se proporcione a terceros.

• Que se excluya el almacenamiento masivo de marihuana, “que es un germen del peligro [de tráfico de drogas] que quiere desterrar el legislador”.

• Que el club no esté abierto a un número indiscriminado de socios.

• Que los responsables de la asociación tengan capacidad de control sobre el cumplimiento de los requisitos anteriores.

De qué son responsables los directivos

La sentencia explica la condena a los responsables del club Ebers así: “Por supuesto que a los directivos de la asociación no se les puede atribuir responsabilidad por el hecho de que un socio haya hecho entrega a persona no consumidora de parte de la sustancia o por que la venda, traicionando sus obligaciones asociativas. Pero sí son responsables de crear la fuente de esos riesgos incontrolables y reales cuando se manejan esas cantidades de sustancia que se distribuyen a doscientas noventa personas cuyas actitudes o motivaciones no pueden fiscalizarse”.

Los dos miembros de la sociedad condenados fueron encontrados el día del registro “efectuando labores de preparación y envasado de bolsas” de marihuana. Durante el juicio también quedó acreditado que la Policía había hallado “en las inmediaciones” del local a seis personas con distintas cantidades de marihuana en su poder. La droga procedía de los cultivos interiores del club, atendidos por un jardinero contratado al efecto.

La Sala Penal del Supremo, que se ha reunido en pleno para tratar este asunto, señala que “hay un salto cualitativo y no meramente cuantitativo entre el consumo compartido entre amigos o conocidos -uno se encarga de conseguir la droga con la aportación de todos para consumirla de manera inmediata juntos, sin ostentación ni publicidad- y la organización de una estructura metódica, institucionalizada, con vocación de permanencia y abierta a la integración sucesiva y escalonada de un número elevado de personas”. Lo segundo, dice, es “muy diferente” y “estira la doctrina del consumo compartido hasta romper sus costuras”.

“No puede convertirse una asociación cannábica en una suerte de cooperativa de distribución”, zanja la sentencia, redactada por el magistrado Antonio del Moral.

Los magistrados Cándido Conde-Pumpido,  Joaquín Giménez y la única magistrada de la Sala Penal del Supremo, Ana Ferrer, han suscrito votos discrepantes. Consideran que el fallo del caso de la sociedad Ebers debió ser absolutorio al existir en los acusados un error invencible sobre la conciencia de ilicitud de su actividad. Además, echan de menos que el alto Tribunal no haya determinado “con mayor precisión” los límites de la apreciación del delito cuando hay cultivo y consumo compartido de cannabis. Creen que la opción de remitir la concreción de esos límites al análisis de las circunstancias de cada caso no proporciona suficiente seguridad jurídica.

El Banco de España aflora 1.000 millones de deuda oculta en Cataluña

Artur Mas, the acting head of Catalonia's regional government, speaks during a meeting at the regional government headquarters in Barcelona, Spain, September 29, 2015. Catalonia's Supreme Court has indicted Mas for carrying out a non-binding referendum on independence last November, facing preliminary charges for disobedience, abuse of authority, and usurping authority, according to court documents released on Tuesday. REUTERS/Stringer

Las ‘facturas ocultas’ elevan la deuda pública de Cataluña casi un 2%, por encima de 67.800 millones de euros e imposibilitan al Gobierno cumplir el Programa de Estabilidad.

Foto: REUTERS/Stringer

Artur Mas, the acting head of Catalonia's regional government, speaks during a meeting at the regional government headquarters in Barcelona, Spain, September 29, 2015. Catalonia's Supreme Court has indicted Mas for carrying out a non-binding referendum on independence last November, facing preliminary charges for disobedience, abuse of authority, and usurping authority, according to court documents released on Tuesday. REUTERS/Stringer
Arturo Mas, presidente en funciones de la Generalitat./ REUTERS/Stringer

La pesadilla de las deudas sin contabilizar vuelve a revivirse este año. El Banco de España saca a la luz facturas ocultas del último año en Cataluña por valor de 1.042 millones de euros. Este pasivo no contabilizado hasta ahora procede de deudas de asociaciones público-privadas. En concreto, se refieren a dos grandes bloques de deuda: uno con fecha en diciembre de 2014 y un segundo, de junio de este año, que superan los 1.000 millones de euros. Estas facturas contra el erario público afloran justo cuatro días después de la celebración de las elecciones catalanas, por lo que no han influido en el voto de los ciudadanos.

Dos picos que elevan el pasivo de Cataluña hasta los 67.855 millones de euros, un nivel nunca antes visto, y que llevan la ratio de deuda sobre el PIB de la comunidad hasta el 33,9%. En total, un avance de 1,1 puntos del PIB que deja a Cataluña en el tercer puesto de autonomías más endeudadas, por detrás de la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha.

Ratio deuda/PIB de las comunidades autónomas (%)

Fuente: Banco de España. Datos hasta junio.

Cataluña, que ya era una de las comunidades que tenía más problemas por el volumen de su deuda, empeora su situación de un plumazo. La Comunidad tiene ya el 27% del pasivo de todas las autonomías. En el extremo opuesto se sitúa la Comunidad de Madrid, para la que el Banco de España ha revisado a la baja su volumen total de deuda. En concreto, ha ajustado su pasivo en 29 millones el pasivo de la región, hasta dejarlo en 26.312 millones, lo que supone un 13,3% de su PIB.

Rompe la promesa del Gobierno

Esta desviación de las cuentas de Cataluña, unido a la revisión a la baja del PIB realizada por el INE, hará imposible que España cumpla este año las previsiones de déficit y deuda comprometidas con Europa. Hacienda remitió a Bruselas en abril su Programa de Estabilidad para los años 2015-2018 en el que prometía que el endeudamiento público se quedaría en el 98,9% del PIB y que en ningún caso superaría el 100%.

Estas promesas son ya papel mojado con las nuevas cifras del Banco de España. La actualización de las cuentas financieras ha elevado el endeudamiento público en 1,8 puntos de PIB, hasta el 99,5%. De un plumazo el pasivo de España se ha colocado seis décimas por encima de lo comprometido por el Ejecutivo. En total, en torno a 6.000 millones de euros de desviación sólo hasta el mes de junio que tendrán una solución muy complicada en la segunda mitad del año.

España también tenía muy complicado cumplir el objetivo de déficit para este año marcado por Bruselas, pero con este nuevo pasivo carga sobre sus espaldas, ahora es prácticamente imposible que lo logre. El mandato europeo es cerrar el año con un déficit del 4,2% sobre el PIB y al cierre de julio ya contabiliza un desvío superior al 3%.

Las comunidades autónomas están siendo las más incumplidoras de todas las administraciones públicas. Si antes de esta revisión ya habían superado el límite de déficit para todo el año, ahora el escenario es mucho peor. El Ejecutivo central había marcado un objetivo de desviación máximo del 0,7% sobre el PIB, cifra que ya habían sobrepasado en julio. Con esta actualización del Banco de España, la desviación de las autonomías ya será superior al 0,8% del PIB.

Actualización del PIB

Una buena parte de la revisión al alza de la ratio de endeudamiento se debe a que el Banco de España ha incorporado la revisión a la baja del PIB español realizado por el INE. Esto significa que, como baja el tamaño de la producción española anual, el porcentaje que representa la deuda sobre ésta es mayor.deuda_nueva

El endeudamiento de todas las autonomías ha aumentado tras esta revisión, liderado por el avance de Cataluña, que aumenta 1,1 puntos de PIB. La Comunidad Valenciana ocupa esta dudosa segunda posición, ya que su ratio de endeudamiento aumenta en 0,7 puntos de su PIB y Castilla-La Mancha ocupa el tercer puesto, con un avance de 0,6 puntos.

Extranjeros por la independencia

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Una ‘tupamara’ uruguaya, una abogada griega y un ilustrador griego han creado una asociación independentista al margen de la ANC. Reivindican un independentismo distinto y dicen que la secesión traerá “menos paro” y “papeles para todos”.

Reportaje gráfico: David López Frías

Una ‘tupamara’ uruguaya, una abogada brasileña y un ilustrador griego han creado una asociación independentista al margen de la ANC. Reivindican un independentismo distinto y dicen que la secesión traerá “menos paro” y “papeles para todos”.

“Dicen que a los catalanes nos van a expulsar de la Unión Europea, del euro, del BCE, del FMI, de la ONU y hasta de la Liga. ¡Cojones! ¡Qué mala suerte! ¡Nos van a echar de todos lados menos de España!”.

Lo dice Ana Surra, que nació en Montevideo hace 63 años. Es uruguaya pero lleva once años en Barcelona, se siente catalana, se declara independentista y ejerce como tal. Figura en el número 47 de la lista de Junts pel Sí y es una de las fundadoras de Sí amb Nosaltres, una de las entidades que aglutinan a independentistas nacidos fuera de España. “Cada vez somos más los inmigrantes que nos damos cuenta de que no queremos seguir ni un minuto más gobernados por un Gobierno represivo y de derechas como el del Estado español”.

Surra vive en la zona barcelonesa de Nou Barris. Fue dirigente sindical, guerrillera y miembro del aparato militar de los tupamaros en Uruguay. Huyó de su país en 1975 después de un golpe de Estado y se instaló enValparaíso (Chile), donde se puso a trabajar para los pirquineros, los mineros más pobres del país. “Mi labor era alfabetizarlos peri también formación militar”, recuerda. Allí escapó de otra dictadura (la de Pinochet) y llegó a Panamá. De Centroamérica dio el salto a Europa. Primero a Bélgica, luego a Francia y por fin a Barcelona. “Llegué a Cataluña por un hombre”, dice con gracia. “Concretamente por mi nieto. Mi hijo se casó con una cubana que consiguió trabajo en Barcelona. Me instalé aquí para poder ver al niño”.

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Aquí Surra se ha integrado tanto que ahora centra sus objetivos en contribuir a que Cataluña se separe de España. “La independencia no es un anhelo exclusivo de los catalanes arraigados sino de todas las personas que vivimos en esta tierra y estamos hartos de las políticas del Gobierno español”, explica. “Somos 285.000 inmigrantes y cada día aumenta el número de los que nos hemos cansado”.

La asociación Sí amb Nosaltres nació una tarde en la que Ana Surra estaba viendo la tele. “Escuché a varios políticos de Madrid diciendo que en Catalunya no nos iban a dejar hablar castellano y me dije que eso era mentira”, explica. “Llevo más de 10 años aquí y nunca he tenido ningún problema con el idioma”.

Aquella indignación le llevó a comenzar a militar en la causa soberanista: “Empecé a asistir a actos de Súmate pero allí me dijeron que aquella era una entidad independentista para gente del resto de España. Al poco tiempo me propusieron montar un grupo que aglutinase a inmigrantes independentistas como yo”. De ahí pasó a organizar una primera reunión a la que asistieron personas de varias partes del mundo: “Había gente de Irlanda, Alemania, Rumanía, Uruguay, Paraguay, Argentina…”.

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Una abogada brasileña

En aquel primer encuentro estaba también la abogada brasileña Maria Dantas (Aracajú, 1969). Dantas fue una de las fundadoras de la asociación sectorial de inmigración de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) pero acabó abandonando la entidad. “Les respetamos mucho y a menudo trabajamos juntos, pero no nos vimos plenamente representados y decidimos marcharnos para formar una entidad aparte”, aclara. Los planteamientos de ambas entidades difieren en detalles fundamentales. “Nosotros no hablamos de la Guerra dels Segadors ni de 1714 ni de la Secesión ni de las guerras borbónicas ni de la cuestión nacionalista histórica”, subraya Dantas. “La nuestra es una reivindicación mucho más actual por los derechos civiles, la justicia social y la democracia”.

El grupo lo forman sobre todo personas de Europa y Latinoamérica. Lo definen como plural y heterogéneo: “No hay un pensamiento único. Es una señal de salud democrática. Hay gente de izquierdas y de derechas. Yo celebro el abrazo entre David Fernández (CUP) y Artur Mas (CDC) porque creo que no fue el abrazo entre dos políticos de ideologías opuestas sino entre dos seres humanos con un anhelo común: la independencia”, explica María, que no desvela por quién de los dos votará.

“Igual no te voto”, le vacila a Ana Surra, que encaja bien el golpe: “Mi nieto me dice lo mismo porque no le gusta Artur Mas. Ha heredado el espíritu izquierdista de su abuela”, dice.

“En realidad el objetivo final debe ser quemar las banderas y construir un estado democrático y social”, explica Yorgos Konstantinou (Salónica, 1967). Este dibujante e ilustrador griego es otro de los miembros de Sí amb Nosaltres”. Se considera una persona de izquierdas y asegura que quiere romper con España “entre otras cosas porque quiero deshacerme de un estado que tiene raíces franquistas y una monarquía impuesta por un dictador”.

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El griego habla euskera

Konstantinou residió en el Berlín comunista durante los años 80. Allí colaboraba con el extinto semanario cultural Sonntag y vivió la caída del muro. Añorando la vida en el sur de Europa, se instaló en el País Vasco en 1995. “Lo primero que presencié al llegar a Bilbao fue una gran manifestación de vascos de todos los estratos sociales. Había jóvenes, ancianos, anarquistas, madres, punkis y niños con sus abuelos. Al día siguiente compré el diario El País para informarme de lo que había pasado. Lo único que publicó ese periódico fue que unos encapuchados habían quemado una bandera española en el ayuntamiento. Yo no me percaté de ese suceso, pero sí que vi que El País estaba obviando a 10.000 personas que habían salido a la calle. Ahí empecé a simpatizar con las causas independentistas de la Península”.

“España está utilizando el discurso del miedo para afrontar el problema de Cataluña”, dice Konstantinou. “Y si el miedo debe ser el motor de nuestras decisiones, apaga y vámonos”.

Los independentistas foráneos discrepan en las metáforas. El griego cree que la relación entre España y Cataluña es como “una pareja que no funciona”: “El miedo nunca va a ser la solución para recuperar ese cariño o esa confianza”. Ana Surra es mucho más dura y la compara a “una violación en la que el violador se queda en tu casa y te dice que no vas a poder hacer tu vida. Yo lo que quiero es que el violador se vaya ya”.

“Lo que ocurre es que ahora somos más y el violador está acorralado”, concluye la brasileña Maria Dantas.

En esta línea, Surra asegura que no se cree las amenazas que usan en España y en Europa para amedrentarnos. “¿Cómo nos van a echar del euro? En Sudamérica hay dos países, Panamá y Ecuador, en los que circula el dólar como moneda oficial. Aquí se podría usar el euro sin problemas”. Konstantinou recurre a los dos ejemplos europeos: “Kosovo y Montenegro utilizan el euro sin estar dentro del eurogrupo. En Cataluña no tendría por qué ser distinto”.

Sobre la hipotética salida de Cataluña de la Unión Europea, Ana Surra recurre a la historia de su país: “Hace doscientos años que Uruguay dejó de estar bajo el dominio español ¡Y el país no se quedó flotando en el espacio sideral! Permaneció donde estaba. Pudimos hacer nuestras propias leyes y un banco central que controla al resto. En Cataluña va a pasar lo mismo”.

Tampoco les ha provocado miedo la reciente declaración de los bancos catalanes que han amenazado con marcharse si llega a cristalizar la independencia. “En tres días 600.000 personas sacamos todo nuestro dinero de esas entidades y lo metemos en la Caixa d’Enginyers. Son los bancos los que deben teneros miedo y no nosotros a ellos”, sentencia Konstantinou.

Papeles para todos

Ana Surra enumera tres motivos fundamentales que un extranjero tiene para apoyar la independencia: “El trabajo, los papeles y la dignidad”.

“En cuanto acabe el expolio económico español, habrá más trabajo en Catalunya y los inmigrantes saldremos beneficiados”, dice Surra. Sobre los papeles, opina que las políticas de Madrid en ese sentido son injustas y subjetivas.

“Hay gente que pasa muchos años sin obtener el permiso de residencia”, dice la uruguaya. “Otros llegan, se compran una casa de 500.000 euros y tienen la residencia al día siguiente. En ese sentido, los partidos independentistas ya nos han asegurado que catalán será el que resida en Cataluña. Está escrito en la hoja de ruta de ERC y en su momento en la de CiU. También lo reflejan así desde la CUP. Por eso le decimos a todos los inmigrantes que con la independencia van a tener papeles pero que para ello deben seguir con nosotros organizados”.

Los miembros de Sí amb Nosaltres auguran un futuro brillante para los extranjeros en una hipotética república catalana. “Entre todos los inmigrantes hablamos 268 lenguas y eso será muy positivo para las relaciones diplomáticas y comerciales con los otros países”, dice Surra, que no habla catalán. “Seremos el único estado que pueda relacionarse con la diplomacia de las otras naciones en su idioma y de eso tendremos gran parte de responsabilidad los nuevos catalanes”.

Quienes sí hablan catalán son Maria Dantas y Yorgos Konstantinou. El griego también habla español, inglés, alemán, italiano, holandés, polaco y algo de euskera. “Cuando llegué a Bilbao, me propuse aprender tres palabras al día. A los seis meses ya podía mantener una conversación más o menos fluida con los vascos. Como un indio, sí. Pero un indio que habla euskera. Ésa fue una de las grandes diferencias que encontré en cuanto llegué Cataluña. Aquí cambian el idioma de forma automática en cuanto ven que eres extranjero. Enseguida se dirigen a ti en español. Este complejo debe cambiar en una Cataluña independiente”.

Los tres consideran que es demasiado tarde para el federalismo. “La tercera vía no tuvo éxito en la consulta del 9-N”, recuerda Surra. “España aún podría ganar muchos votos si hiciese un ejercicio de humildad, intentase convencernos y reconociese errores”, dice su colega griego.

“Tampoco le estamos pidiendo tanto a España. Sólo que haga lo mismo que hizo el “derechón Cameron en Inglaterra con Escocia y nos deje decidir”, ruega Dantas, que se niega a elogiar aquel proceso: “Lo que pasó simplemente fue un síntoma de normalidad democrática. No envidiamos aquel proceso. Cameron no es ningún santo. Lo único que hizo es respetar la normalidad y la ley. Es lo que le reclamamos a España”.

Konstantinou asiente: “Que no nos traten como a adolescentes y que al menos nos dejen soñar”.

Un afrancesado a la sombra de Pablo Iglesias

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Lluís Rabell encabeza la lista de izquierdas de Catalunya Sí Que u Pot, que incluye a Podemos, ICV, EUiA y Equo. Amante de la ‘chanson’ francesa y ligado desde siempre a los movimientos de extrema izquierda, lucha por hacer oír su voz en una campaña polarizada por el proceso soberanista.

Reportaje gráfico: Alberto Gamazo

Lluís Rabell encabeza la lista de izquierdas de Catalunya Sí Que es Pot, que incluye a Podemos, ICV, EUiA y Equo. Amante de la ‘chanson’ francesa y ligado desde siempre a los movimientos de extrema izquierda, lucha por hacer oír su voz en una campaña polarizada por el proceso soberanista.

En julio de 2015 Josep Lluís Franco Rabell (Barcelona, 1954) recibió un ultimátum telefónico. Entonces presidía  la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona (FAVB) y se encontraba reunido en una junta de ese organismo. Desde la candidatura de Catalunya Sí Que es Pot (CSP) le dijeron que no tenía más tiempo para pensar. Debía decirles urgentemente si aceptaba ser el número uno de la lista de su formación.

Rabell era consciente de que no era ni el primero ni el segundo plato. Era la tercera o cuarta opción de los responsables de la lista y ya había rechazado la oferta en una ocasión. Su intención era seguir donde estaba y terminar su mandato al frente de la FAVB. Según explica, se decidió a presentarse por unas palabras de Artur Mas que hicieron que le hirviera la sangre.

Todo el movimiento que ha habido en la política catalana de los últimos 4 o 5 años ha venido por la enorme movilización del movimiento soberanista. ¿Y quién se está agrupando para el 27-S? El mundo del ‘Sí se puede’. (minuto 59 de este vídeo)

“Ese posado arrogante, de niño de casa buena, presentándose como el adalid de Cataluña y hablando con tono de menosprecio me hizo sentir realmente irritado”, rememora Rabell. Al colgar el teléfono consultó con los miembros de la junta de la FAVB. Algunos le dijeron que tirara hacia adelante. Otros, pensando en la pérdida que significaba para la entidad, optaron por no opinar.

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Reportaje gráfico: Alberto Gamazo

Una lista a contrarreloj

Quienes estuvieron en la mesa de negociaciones entre los partidos para elegir quién encabezaba la lista de CSP describen el proceso como “muy duro”. Agosto se echaba encima y todavía no tenían candidato. Las prisas hicieron que lo que tenía que ser una candidatura de base se acabara pareciendo más a un mero acuerdo entre partidos.

Podemos quería que el candidato fuera Albano Dante, el periodista que había ganado las primarias del partido. ICV apostaba por Joan Coscubiela, hasta entonces diputado en el Congreso. El partido Procés Constituent, que finalmente se cayó de las negociaciones, optaba por la monja progresista Teresa Forcades, pero su figura generaba muchos recelos. Al final se llegó a la conclusión de que lo mejor era designar un candidato independiente.

Se barajaron varios nombres. La principal apuesta era el economista Arcadi Oliveres. También se contempló la posibilidad de escoger a la periodista de El País Milagros Pérez-Oliva e incluso al televisivo Jordi Évole. Pérez-Oliva y Évole no se subieron al barco. Oliveres aceptó en un primer momento, pero después de consultarlo con Procés Constituent reculó alegando motivos de salud.

Sólo entonces se le ofreció el puesto a Rabell.

Marc Bertomeu, secretario general de Podemos en Barcelona, cuenta que Rabell se había ofrecido antes “para lo que hiciera falta”. Pero recuerda que les advirtió que no era ni Ada Colau ni Pablo Iglesias. “Voy a necesitar mucha ayuda”, les dijo.

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Un vecino más

“Presentarse a una lista a este nivel no estaba en el esquema mental de Rabell”, explica Joan Maria Solé, actual vicepresidente de su federación de asociaciones de vecinos. Solé cree que accedió a liderar la formación porque consideró que en ese momento se le necesitaba. He hablado con una docena de personas en el entorno de Rabell y todas coinciden en señalar que si le llegan a contar hace un año dónde estaría ahora no se lo habría creído.

Toda la gente que ha trabajado con él resalta su capacidad de diálogo y de generar consensos, fruto de trabajar en un movimiento como el vecinal, en el que se deben aunar distintas sensibilidades. “Es experto en acercar posiciones y buscar compromisos”, cuenta Joan Subirats, catedrático de Ciencia Política y uno de los impulsores de la candidatura de Ada Colau a la Alcaldía de Barcelona. 

En la federación de asociaciones de vecinos todos hablan muy bien de Rabell y resaltan la pérdida para la entidad que supuso su marcha. “Ha sido de los presidentes más carismáticos que hemos tenido”, dice Solé.

Como nota negativa, algunos cuentan en privado que peca de vehemencia y mal carácter cuando hay algo que no le gusta. También mencionan cierta seguridad que a veces parece impostada. “Es imposible que una persona delante de un reto como éste no presente dudas e inquietudes”, cuenta Bertomeu. “Rabell se lo queda todo para él”.

A Rabell se le ve muy cómodo en los mítines y actos de calle. Habla bien en público y tiene cierto carisma a la hora de articular sus discursos y relacionarse con la gente. En algunos mítines incluso se ha soltado y se le ha visto cantar.

 

Los allegados de Rabell explican que su pasión por cantar es compartida. Rabell toca la guitarra y forma un dueto de chanson francesa junto a su pareja, Sylviane. Cuentan que el candidato incluso compone algunas canciones y que ha actuado junto a su mujer en alguna ocasión.

Donde no se le ve tan cómodo a Rabell es en las entrevistas y en los debates televisados. No acostumbra a mirar a los ojos cuando responde y en algunos de los debates se le ha visto un poco ausente. “Es una persona que viene del mundo reivindicativo. No está acostumbrado a tener oposición a su discurso porque él siempre ha sido el opositor”, explica una persona de su entorno que prefiere no desvelar su nombre.

Años clandestino

En 1974 Rabell era un estudiante de Filosofía y Letras y de Ciencias Económicas en la Universidad de Barcelona. Militaba activamente en su universidad a través de la Liga Comunista Revolucionaria (LCR), de carácter trotskista, bajo el pseudónimo de Gerard. Un encargo de la organización le obligó a dejar los estudios y trasladarse a París.

Rabell no quiere explicar qué fue a hacer a la capital francesa durante tres años. “Como fue una petición clandestina de un grupo ilegal, entenderás que no lo quiera revelar”, contesta. “La vida del revolucionario, sobre todo durante la juventud, está llena de episodios interesantes cuyos detalles no tienen por qué explicarse”.

He hablado con varias personas que durante el tardofranquismo y durante la Transición militaron en la LCR y en la Liga Comunista (LC), una organización también trotskista que se escindió de la primera. Muchos de ellos hoy ocupan cargos de responsabilidad en grandes compañías, organizaciones empresariales o partidos y la mayoría de ellos no han querido que les cite en este perfil.

Todos coinciden en que el papel de Rabell en esos años era ejercer como enlace entre organizaciones, confeccionar y distribuir propaganda y tal vez infiltrarse en otras formaciones de izquierda de la época.

Los consultados describen a los miembros de la LCR y la LC como el sector más duro de la disidencia franquista en la universidad. “Nosotros éramos los de los cócteles molotov”, explica Josep Maria Rañé, exconsejero de Trabajo e Industria en el Gobierno del tripartito y exmilitante de la LC. “Abogábamos por el estilo de guerrillas mientras que los del PSUC eran más moderados en este aspecto”. Un exmiembro de la LCR que ahora tiene un cargo en el PSC también cuenta que en la LCR había cierta ambigüedad respecto al terrorismo de ETA. “Eran otras épocas”, añade.

A Rañé no le sorprende que a Rabell le mandaran dejar los estudios e irse al extranjero. “El concepto de militancia era duro. Te podían pedir cualquier cosa una vez estabas dentro”, explica. “Vi a mucha gente dejar los estudios e irse a trabajar a la obra sólo para organizar allí el frente obrero”.

En Francia Rabell hizo primero trabajos de traductor. Luego se licenció en Traducción e Interpretación en Montpellier. Su mujer es francesa y sus dos hijos nacieron en Francia. Al volver a Barcelona en 1987, Rabell se dedicó a Talleres Franco, su empresa familiar dedicada al mármol. La empresa cerró víctima de la crisis inmobiliaria durante el año 2010.

Desde su vuelta a Barcelona, Rabell formó parte de la Asociación de Vecinos de la Esquerra de l’Eixample y militó en partidos de extrema izquierda como el Partido Obrero Revolucionario (POR) y Revolta Global. Entre 2012 y 2015 presidió la FAVB.

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El azote de Trias

Durante los años al frente de la FAVB, Rabell se convirtió en uno de los grandes opositores a las políticas del alcalde de Barcelona, Xavier Trias (CiU).

Su mandato al frente de la entidad se caracterizó por un control férreo de la gestión municipal y por las críticas de muchos vecinos al modelo turístico de la ciudad. Rabell apoyó la movilizaciones vecinales en los barrios de la Barceloneta y la Sagrada Familia en contra del turismo y colaboró con la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y con varias ONG. La entidad también impulsó una querella colectiva contra la familia Pujol después de que el expresidente de la Generalitat reconociera que había defraudado al fisco.

Después de unos meses de fuerte movilización vecinal en contra del alcalde, Trias insinuó en una entrevista en El Periódico que Rabell creaba agitación entre los ciudadanos para desgastar a su Gobierno ante un inminente salto a la política.

Los estatutos de la FAVB establecen que ningún miembro de la junta puede ir en una lista electoral. Rabell no estaba en ninguna candidatura pero participó activamente en la creación de Guanyem, el germen de la plataforma que al cabo de unos meses arrebataría la alcaldía a Trias. “Entre bastidores hacía lo que podía”, reconoce Rabell, que desliga esta actividad de su cargo al frente de la federación.

Las acusaciones de Trias y la actividad de Rabell generaron cierto recelo en la FAVB, que vio cómo su independencia se ponía en entredicho. La junta obligó a Rabell a enviar una carta a El Periódico dirigida a Trias. En el escrito Rabell aseguraba que “no formaría parte de ninguna lista en las siguientes elecciones [municipales] ni en cualquier otro tipo de comicios”.

Al cabo de un año Rabell fue presentado como candidato a la presidencia de la Generalitat.

El entorno de Trias no ha querido hacer ningún comentario sobre la disputa entre Rabell y el exalcalde para este reportaje.

La ausencia de Colau

Rabell no esconde que participó en la gestación del germen de la candidatura de Ada Colau mientras presidía la FAVB. Describe reuniones con Joan Subirats, con Ada Colau y con su segundo Gerardo Pisarello. “Cualquier proyecto político necesita lo que se llama cocina y yo estuve en la cocina”, explica.

“No se implicó personalmente pero sí que aportó muchas ideas”, recuerda Subirats.

Colau, sin embargo, no se ha significado a favor de Rabell, con quien le une una estrecha relación personal.  Las distintas sensibilidades respecto al soberanismo han impedido que le apoyara públicamente. “Guanyem es plural”, dice Subirats. “Dentro hay independentistas que pueden ser más próximos a la CUP”.

Los miembros de CSP consultados coinciden en que el apoyo de una figura como Colau habría sido determinante para una candidatura que no acaba de despegar en las encuestas. Rabell no esconde su decepción pero pide comprensión. “Hay que comprenderla y respetarla”, se lamenta. “Tenemos una buena alcaldesa, no la quememos antes de hora”.

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El problema de la independencia

La postura sobre el debate soberanista de CSP ha situado el partido en tierra de nadie. No están en el bloque soberanista pero tampoco se sienten cómodos en el bando unionista. Su postura es fiarlo todo a que Podemos gane en las generales de diciembre y permita un referéndum pactado.

Cuando entré a la entrevista con Rabell en la sede de ICV, me crucé con los presidentes de las dos grandes organizaciones independentistas: la ANC y de Òmnium. El calendario marcaba el 3 de septiembre y todavía se especulaba con la presencia de CSP en los actos de la Diada. En la mesa de la sala de reuniones quedaban bocetos con diferentes propuestas para situar a Rabell y a los suyos en el acto sin que se sintieran incómodos. En esa reunión, sin embargo, se decidió que el partido no estaría representado en la Meridiana.

“Se nos usa por un lado y por el otro. No puedo ceder a este chantaje de Mas”, se quejaba entonces Rabell. “Aun así hemos quedado que el 28 de septiembre nos sentaremos otra vez [con Òmnium y la ANC] porque habrá que hablar muchas cosas”.

El candidato de CSP, que votó Sí-Sí en la consulta del 9N, asegura que 2015 es el primer año que no participa en la Diada. “Yo ya iba antes de que las manifestaciones fueran masivas, cuando nos reuníamos cuatro gatos por la tarde”. La gente que acudía a esas manifestaciones recuerda cómo ahí sólo se juntaba la izquierda independentista más radical. A las juventudes de ERC se las había llegado a expulsar de la movilización en alguna ocasión porque se consideraba que sus miembros estaban demasiado cerca del establishment nacionalista.

Rabell asegura que no es independentista. Algo que desde el PP y C’s se le ha reprochado continuamente durante la campaña. “Soy soberanista, que es distinto. Creo en la autodeterminación de los pueblos”, matiza.

Otro aspecto que le reprochan es que cambiara su nombre de Josep Lluís Franco Rabell a Lluís Rabell escondiendo su primer apellido: Franco. “No me avergüenzo de mi apellido”, replica, “llevo muchos años firmando mis traducciones con el segundo en honor a mi abuelo materno, que fue quien me crió”.

Rabell se enmarca en el federalismo pero asegura que CSP también es una lista soberanista. En un artículo publicado en 2009 en la revista Viento Sur Rabell escribía esto:

Defendemos sin ambigüedad la perspectiva de una República Catalana: la realidad nacional del país y lo prolongado de la injusticia a que se ha visto sometido hacen insoslayable una salida basada en el pleno ejercicio de la soberanía democrática. A partir de ahí, cabe decir que ni somos independentistas ni estigmatizamos la soberanía democrática

En ese texto Rabell se desmarcaba del discurso que liga el nacionalismo con la burguesía catalana.

Conviene huir de cierto “jacobinismo” -muy extendido incluso en la extrema izquierda- que, cuando no puede negar la problemática nacional, la aborda como un engorroso vestigio del pasado o como una inevitable concesión de veleidades culturales de la “pequeña burguesía”.

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El gran desconocido

A Rabell se le considera un clásico del movimiento reivindicativo barcelonés. Fuera de este ámbito, no obstante, es un gran desconocido. Lo avala una larga trayectoria ligada a las luchas sociales, pero muchos ciudadanos no lo conocen a falta de menos de una semana para las elecciones.

“La poca trayectoria desde que se convierte en dirigente vecinal [en 2012] hasta que es candidato es uno de sus principales defectos”, explica Subirats.

“Es un hecho objetivo: soy desconocido”, reconocía Rabell al principio de la campaña. “Me tocará picar mucha piedra”.

En una era en que las campañas también se juegan en las redes sociales, Rabell pierde la partida en Internet. En el momento en el que escribo este perfil apenas tiene 7.300 seguidores en Twitter. Sólo Ramon Espadaler (Unió), tiene menos seguidores. Colau tenía unos 220.000 cuando lanzó su candidatura a la alcaldía de Barcelona.

Este desconocimiento también se aprecia en los mítines y actos de campaña, donde Rabell se ve eclipsado por Pablo Iglesias. En todos los actos a los que he asistido he podido apreciar cómo los corrillos y las peticiones de selfies y besos se dirigen a Iglesias o incluso a Íñigo Errejón.

Todos los consultados reconocen que la falta de tiempo y una precampaña en pleno agosto han jugado en contra de CSP. La gente no conoce a su candidato y en ocasiones ni siquiera la marca con la que se presenta. “El mayor problema que tendremos el 27-S es que la gente sepa cuál es la papeleta de Podemos”, ironiza en privado un miembro de ICV.

La Fiscalía encuentra pruebas para reabrir la causa por el asesinato del comandante Cortizo

ATENTADO AL COMANDANTE CORTIZO EN LEON

La Fiscalía de la Audiencia Nacional acaba de solicitar la reapertura del sumario por el asesinato del comandante de Artillería Luciano Cortizo a manos de ETA en 1995, petición que se produce a tres meses de que el atentado prescriba. El escrito presentado evita que se dé el cerrojazo definitivo a la investigación de ese crimen dos décadas después de haber sido perpetrado.

En la imagen, estado en el que quedó el vehículo del comandante Cortizo tras el atentado en el centro de León en Diciembre de 1995.DIARIO DE LEÓN

ATENTADO AL COMANDANTE CORTIZO EN LEON
Así quedó el vehículo del comandante Cortizo tras el atentado en el centro de León en Diciembre de 1995. / DIARIO DE LEÓN

La iniciativa de la Fiscalía de la Audiencia Nacional sobre el asesinato del comandante Cortizo se enmarca en su estrategia de evitar que queden enterrados para siempre los asuntos más antiguos relacionados con la banda terrorista y que no han podido ser esclarecidos a día de hoy.

En diciembre de 1995, a tres días de la Navidad, ETA asesinó a Cortizo, de 44 años, e hirió de gravedad  a su hija, de 18, al estallar una bomba-lapa adosada en los bajos de su vehículo en la capital leonesa. En ese momento, la Policía imputó el hecho a un comando itinerante que había actuado en Valencia, Valladolid y Burgos.

La Fiscalía llevaba meses detrás de la reapertura del caso y señala a Sergio Polo como el principal sospechoso de haber sido el autor del atentado que acabó con la vida del comandante y dejó gravemente herida a su hija. La misma petición ha hecho la abogada de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), que representa a los familiares de la víctima.

En su escrito, presentado el pasado 29 de julio, la acusación particular solicitó la reapertura del sumario y la práctica de una serie de diligencias. Entre ellas, requirió que se aporte la copia de la investigación realizada por la Policía Autónoma Vasca tras la desarticulación en Guipúzcoa del comando Araba, integrado por etarras “liberados” (no fichados por la Policía), así como el informe sobre las huellas dactilares de Sergio Polo Escocés en el piso registrado durante la desarticulación.

Asimismo, ha pedido al juez que oficie al Servicio de Información de Inteligencia de la Guardia Civil y a la Unidad Central de Inteligencia de la Policía Nacional para que emitan un informe en el que se detallen los atentados cometidos por ETA en León; los elementos con los que se cuenta para atribuir el nombre orgánico de “Lur” a Sergio Polo y un análisis del documento incautado en el domicilio utilizado por el etarra en el momento de su detención consistente en una comunicación entre “Lur” y alguien de la dirección de ETA en la que se da cuenta de una serie de acciones terroristas ya cometidas o pendientes de cometer.

Los familiares del militar asesinado hace casi veinte años también quieren que las fuerzas y cuerpos de seguridad lleven a cabo un análisis comparativo entre el material explosivo y los elementos para realizar artefactos explosivos incautados tras la detención de Polo y el utilizado en el atentado que acabó con la vida de Cortizo. Para averiguar si fue Polo el autor material del atentado, la acusación también considera necesario que se proceda a un análisis de la documentación hallada en el piso de Polo relacionada con la ciudad de León, como mapas y horarios de autobuses.

Soledad Iparraguirre y Sergio Polo

El escrito de la Fiscalía, dirigido al juez de la Audiencia Nacional Juan Pablo González, no sólo pide el procesamiento de los etarras Soledad Iparraguirre y Sergio Polo sino también medidas cautelares para evitar su fuga. Respecto a la primera, reclama la prisión provisional y librar una orden de entrega a Francia y en cuanto a Polo, su encarcelamiento provisional por esta causa.

En el escrito, al que ha tenido acceso El Español, la Fiscalía que dirige Javier Zaragoza explica que el motivo para tal solicitud se debe a que en la revisión que periódicamente efectúan las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de los atentados de ETA sin resolver, y en concreto en relación con el asesinato del comandante Cortizo, habían detectado que en la entrada y registro del domicilio alquilado por Polo “se ocuparon numerosas evidencias, documentos y efectos, que podrían ser útiles para la resolución del mencionado caso, y que consideraban necesario revisar”.

Tras analizar los nuevos datos, la Guardia Civil entregó un informe el pasado 18 de septiembre del que se deduce la compatibilidad del explosivo empleado en el atentado contra el comandante con los instrumentos y efectos ocupados en el piso utilizado por el etarra en la fecha de los hechos. Así mismo, han detectado la presencia en el piso ocupado por Polo de destornilladores alterados siguiendo los manuales de ETA para poder forzar vehículos de la marca Ford antiguos, como el del comandante Cortizo.

En el caso de Iparaguirre, alias Anboto, la Fiscalía sostiene que en el año 1993 pasó a desempeñar labores de responsabilidad dentro del “aparato militar” en Francia, en concreto, tareas relacionadas con el control y coordinación de los comandos “legales” de la organización terrorista, como lugarteniente del responsable de los mismos en ese momento, Pedro José Picabea Ugalde, hasta que éste fue detenido por la Policía francesa en Bayona (Francia), en 1994. A partir de esta fecha, la etarra pasó a ocupar su puesto como responsable de los comandos “legales”, en el que permaneció hasta 1998.

Entre las acciones que Iparaguirre habría ordenado como jefa de los comandos “legales” de la organización estaría el atentado de Cortizo. Para ello, habría transmitido las órdenes concretas respecto al objetivo y habría dado instrucciones concretas sobre cómo había que atentar. También facilitaba a los comandos el material, como explosivos y armas, y las instrucciones sobre cómo utilizarlos.

Cinco casos reabiertos

El pasado mes de abril, Polo fue condenado por la Audiencia Nacional a penas que suman cien años de cárcel por un atentado cometido en Salamanca que mutiló al capitán del Ejército Juan José Aliste Fernández en 1995, el mismo año del asesinato del comandante Cortizo. La víctima perdió las piernas al estallar una bomba lapa colocada bajo su automóvil.

El terrorista fue condenado a indemnizar al militar con un millón de euros por los daños causados y con 50.000 euros a la hija del capitán, que viajó en el vehículo mientras la bomba estaba colocada en el automóvil.

En el último año, la Audiencia Nacional ha reabierto cinco casos que habían permanecido en el olvido hasta que la Guardia Civil y la Policía, bajo la dirección de la Fiscalía, presentaron nuevas pruebas para evitar su prescripción y, por tanto, el archivo definitivo.

Uno de los más sonados fue la imputación de Josu Uribetxeberría Bolinaga por el asesinato en 1986 del cabo de la Guardia Civil Antonio Ramos. El etarra, que ya había cumplido prisión por el secuestro de Ortega Lara y había quedado en libertad tras sufrir un cáncer terminal, se enfrentaba a otros 29 años de prisión por la petición fiscal 17 años después del atentado, condena que nunca pudo llegar debido a su fallecimiento antes de la celebración del juicio.

Las 10 claves que explican el duro comunicado de la banca sobre Cataluña

Los seis mayores bancos españoles (con CaixaBank y Sabadell a la cabeza) han alertado de las graves consecuencias financieras que sufriría una Cataluña independiente. A continuación explicamos las claves del comunicado y los detalles del sector. 

Los seis mayores bancos españoles (con CaixaBank y Sabadell a la cabeza) han alertado de las graves consecuencias financieras que sufriría una Cataluña independiente. A continuación explicamos las claves del comunicado y los detalles del sector.

¿Qué entidades catalanas han firmado el comunicado?

Las seis grandes firmas con presencia en todo el territorio nacional. Dos son los grandes bancos catalanes: CaixaBank y Sabadell. Los otros cuatro son Santander, BBVA, Bankia y Popular. Es decir, la alerta llega de las entidades que controlan casi toda la red de oficinas y cajeros en Cataluña y que concentran la mayor parte de los créditos y de los depósitos de la región. Pocas voces tienen una transcendencia mayor sobre la economía real catalana que estas entidades. Las seis han publicado este informe bajo el paraguas de la Asociación Española de la Banca (AEB) y de la CECA, entidad que agrupa a las cajas y que está presidida por Isidro Fainé, que también preside CaixaBank.

¿Qué han dicho y qué quieren decir?

Los seis bancos alertan de los peligros que conllevarían la independencia y la posterior salida de Cataluña del euro. Estas entidades advierten que sufrirían una “inseguridad jurídica” que pondría en grave riesgo su capacidad para proteger a quienes tienen en ellas sus depósitos. De este modo, quedarían en el aire el flujo de préstamos a la economía real y la garantía a los depósitos. Estas dificultades llevarían a las empresas a “reconsiderar su estrategia de implantación, con el consiguiente riesgo de reducción de la oferta bancaria”.

Las entidades pretenden presionar a la sociedad catalana a falta de poco más de una semana para que se celebren las elecciones al Parlament. Lo hacen desde un sector que está muy relacionado con la actividad de las empresas (por la vía del crédito) y de las familias (por los depósitos). Por esa razón su mensaje tiene mayor calado. Las entidades alertan que podrían cerrar muchas oficinas si Cataluña declara la independencia y queda fuera de la Unión Europea.

Si estas entidades deciden cerrar sus sucursales en masa, podrían originar una fuerte contracción del crédito y un notable aumento de los tipos de interés que pesaría con fuerza sobre la economía real. Pero las entidades expresan otro temor: no poder responder de sus depósitos ante sus clientes.

¿Cuál es el tamaño del negocio bancario en Cataluña?

Cataluña es una de las regiones de España más dinámicas desde el punto de vista empresarial. Ese éxito se apoya en un gran sector financiero que genera mucho empleo. Los bancos daban trabajo de forma directa a 17.749 personas a finales de 2014, según los últimos datos oficiales publicados por la AEB. La mayor parte de esa cifra se concentra en Barcelona, donde está la sede de CaixaBank y donde hay una importante representación de entidades internacionales. En total, casi el 83% de los empleados de la banca en Cataluña se centran en la provincia de Barcelona. A finales de 2014 los bancos tenían 2.365 sucursales en la región.

Cataluña es una de las regiones españolas con mayor dependencia de la financiación del mercado porque no pueden cubrir sus necesidades con el dinero de sus clientes. Su ratio de créditos sobre depósitos se sitúa entre las más bajas de España. De hecho, sólo un 53% de los préstamos está respaldado por depósitos, lo que refleja bien la necesidad de captar capital con deuda.

Cataluña es la cuarta región más endeudada sobre sus depósitos. Es decir, su sector financiero es más vulnerable que el de otras comunidades autónomas. En total, los bancos de la región tenían concedidos 148.000 millones de euros en préstamos al final de 2014, lo que supone un 74% del PIB generado por Cataluña en 2014 según los datos del INE. El montante de los depósitos superaba ligeramente los 67.000 millones al final de ese año.

Ratio de créditos sobre depósitos por comunidades autónomas

¿Cuánto tardarían las entidades en cambiar de sede?

El tiempo que tarden en celebrar un consejo de administración. Ésta es una demanda que atendió el Gobierno de Rajoy en julio después de recibir algunas peticiones de grandes compañías catalanas, según se filtró a la prensa. Estas empresas querían tener flexibilidad para cambiar su registro en el caso de que avanzara la amenaza soberanista.

El Ejecutivo aprobó un cambio en la Ley de Sociedades de Capital para permitir cambiar su sede con sólo un consejo de administración y no con una junta de accionistas, como estaba establecido en la legislación. De este modo, las entidades podrían cambiar su sede en una sola mañana.

Sin embargo, en el caso de CaixaBank, sus estatutos imponen que esta decisión debe adoptarla la junta de accionistas. Sin embargo, la dirección de la compañía ya advirtió en 2014 que no garantiza que “en cualquier caso” su sede vaya a estar siempre en Cataluña, en palabras de su presidente, Isidro Fainé.

¿Qué consecuencias tendría el cambio de sedes?

Para las entidades, las consecuencias serían pocas. Precisamente, si deciden cambiar de sede es para que su negocio y su empresa sufran los menores cambios posibles. Las consecuencias serían mayores para una Cataluña independiente. A la posible contracción del crédito, tal y como han alertado las entidades, se suma el problema de tener que devolver sus préstamos en euros.

finanzascat

¿Cómo se modificarían los impuestos si las entidades con sede en Cataluña cambiasen su sede?

La principal consecuencia fiscal de una salida parcial o total de la región de las principales entidades financieras no vendría de la mano del Impuesto de Sociedades, dado que Cataluña se encuentra dentro de las autonomías de régimen común y que el de Sociedades es un impuesto que gestiona el Gobierno central. La principal repercusión llegaría a través del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

Este impuesto se paga en función del lugar de residencia del trabajador y la mitad de los ingresos obtenidos con este tributo se queda en la comunidad autónoma donde está dicha residencia. Por eso tanto un cambio de sede de una entidad con su movilización de la plantilla como un cambio de estrategia que lleve a reducir la presencia y el empleo en Cataluña afectará negativamente a los ingresos fiscales de la Generalitat.

¿Hay precedentes de un comunicado similar?

Sí. Dos de las mayores empresas españolas, Iberdrola y BBVA, se pronunciaron públicamente entre 2002 y 2003 contra las pretensiones de crear un estado libre asociado en el País Vasco incluidas en el Plan Ibarretxe. La fórmula que utilizaron tanto el banco como la eléctrica para mostrar su rechazo al proyecto separatista consistió en erigirse en defensores de la legalidad vigente. Es decir, de la Constitución Española y el Estatuto del País Vasco.

El presidente de BBVA, Francisco González, aludió a la lealtad a ambos textos legislativos cada vez que se le preguntó por la posibilidad de un cambio de sede, lo que se interpretó como un nunca desmentido por la entidad. Iñigo de Oriol, presidente de Iberdrola en 2003, utilizó la misma fórmula y llegó a definir a la eléctrica como “una empresa española con domicilio social en Bilbao”.

¿Qué impacto tendría el cambio de sede de las entidades sobre el crédito a las empresas?

Sobre el papel, ninguno. Las entidades que cambiaran su sede a cualquier región de la eurozona seguirían teniendo acceso a todas las líneas de liquidez del Banco Central Europeo (BCE) y beneficiándose de la política de tipos cero. Sin embargo, el riesgo y la incertidumbre en Cataluña golpearían con fuerza al crédito en la comunidad, como ya han alertado las entidades en su comunicado.

¿Cómo se financiarían los bancos catalanes si se quedan fuera del euro?

Los bancos catalanes que no cambiaran su sede y se quedaran fuera del euro tendrían graves problemas para conseguir financiación. En primer lugar, perderían el acceso a la financiación del Banco Central Europeo, lo que eliminaría la principal vía para captar liquidez. La alternativa sería acudir al mercado. Pero si tienen que obtener fondos en una divisa nueva, los tipos de interés que aplicaría el mercado serían prohibitivos. De este modo, sólo quedaría una opción factible: que el nuevo banco central catalán imprimiese su nueva divisa para dotar a las entidades de liquidez.

¿Aumentarían las posibilidades de un ‘corralito’?

No sólo aumentarían las posibilidades: un corralito sería muy probable. Ésta es la opinión mayoritaria de los expertos y no es extraño que piensen así. Por un lado, la incertidumbre derivada de la independencia llevaría a los ahorradores a retirar su dinero de los bancos para intentar salvar su dinero. Por otro lado, las entidades no tendrían acceso a la liquidez del Banco Central Europeo para responder a esta demanda de los clientes. En definitiva, si se une una retirada masiva de efectivo con entidades que no tienen liquidez, el resultado sólo puede ser un corralito.

El montante de los depósitos, que casi alcanza el 75% del PIB catalán, hace imposible que las autoridades puedan responder por todo este dinero ante una huida de los ahorradores. Ante esta situación, las propias entidades han reconocido en su comunicado que no pueden garantizar la situación de los depósitos en el caso de que Cataluña saliera del euro.

A la caza del voto inmigrante: propaganda independentista en árabe, chino, urdú y guaraní

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El arma secreta del independentismo es un díptico publicado en 16 idiomas que los partidarios de Junts pel Sí distribuirán en los próximos días en barrios con una fuerte proporción de inmigrantes. El objetivo es captar el voto de unos 130.000 inmigrantes: el 2,4% del censo electoral.

Hace 20 años el proyecto independentista de la provincia francófona de Quebec (Canadá) descarriló en el referéndum de autodeterminación por unos 50.000 votos que los sociólogos atribuyen en su mayoría a inmigrantes que acaban de adquirir la nacionalidad canadiense. La lista soberanista Junts pel Sí quiere evitar a toda costa que  esta vez suceda algo similar. De ahí que en los próximos días vaya a poner el énfasis en captar el voto de esos 130.000 inmigrantes (2,4% del censo electoral) que en la última década han adquirido la nacionalidad española y que por tanto pueden votar.

El arma del independentismo es un díptico publicado en 16 idiomas que en los próximos días los partidarios de Junts pel Sí van a distribuir en barrios con una fuerte proporción de inmigrantes. La traducción a varios idiomas europeos es excesivamente literal y contiene a veces algún error de sintaxis, pero se comprende.

Comparada con otras comunidades autónomas, Cataluña no ha ido la más respetuosa con la inmigración. Sobre todo con la musulmana, que es la más numerosa. Los ejemplos abundan. La Generalitat asumió hace 34 años las competencias en educación, pero no se enseñan en sus escuelas ni el islam ni el árabe pese a que en sus pupitres se sientan 75.841 alumnos musulmanes. En el País Vasco (6.065 alumnos musulmanes) y hasta en Cantabria (410 alumnos) sí se imparte esa asignatura de Religión aunque en esta última comunidad es el Estado el que abona los sueldos a los profesores. Barcelona es también la única gran ciudad europea con una importante comunidad musulmana en la que no hay una gran mezquita.

Pero esas contrariedades serán agua pasada después del 27S. Así lo anuncian los independentistas en el díptico, que dice que se empezará a construir “un nuevo país para todos” con “personas nacidas en más de 170 países diferentes que hablan más de 250 idiomas. Juntas construirán un nuevo país para mejorar nuestras vidas y la de nuestros hijos e hijas”.

El díptico se divide en dos partes. La primera presenta a seis candidatos de la lista soberanista y destaca a dos de ellos. El primero es Chakir el Homrani, de origen marroquí y concejal de Granollers por  Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), que figura en el puesto número 15 de la lista por Barcelona y que saldrá elegido. La segunda es Ana Surra, de origen uruguayo, también afín a ERC, que no será diputada porque ocupa el puesto 47. El “mejor entrenador del mundo”, Josep Guardiola, también aparece en lugar preeminente del díptico quizá porque es el más conocido de los candidatos aunque figura en el último lugar de la lista electoral.

La segunda parte del díptico es un decálogo de las ventajas que para el inmigrante supondrá una Cataluña independiente. El texto dice que se construirá “con la participación de todas las personas, hayan nacido donde hayan nacido”, que se crearán los “mejores puestos de trabajo”, que contará con “mejores escuelas”, con una “mejor Sanidad y un sistema de pensiones seguro”. Será “un país diverso, donde se hablan 268 idiomas y donde se respetará la lengua que hables, que sientes y que vives”.

AngelColomConInmigrantes

El díptico lo han elaborado la sección de inmigración de ERC, de la fundación Nous Catalans(Nuevos Catalanes, vinculada a Convergència Democrática de Catalunya), de la Assemblea Nacional Catalana, de Òmnium Cultural y de pequeñas asociaciones como Sí amb nosaltres (Sí con nosotros), fundada junio de 2014 por Ana Surra con la intención de atraer a los inmigrantes latinoamericanos al independentismo. La ley de consultas catalana permitió votar en la consulta del 9 de noviembre 2014 a los extranjeros no comunitarios con sólo tres años de residencia.

A diferencia de la campaña electoral de las autonómicas de noviembre de 2012, esta vez no es CDC la que más esfuerzos lleva a cabo por seducir al inmigrante que adquirió recientemente la nacionalidad española. Hace tres años el director de Nous Catalans, Àngel Colom, recorrió las mezquitas de Barcelona y Tarragona. Colom predicó entonces las virtudes del Estat propi. Entonces no hablaban abiertamente de independencia.

Ahora es ERC la que más se implica en esa tarea. A diferencia de CDC y de Unió Democrática de Catalunya –y en el otro bando del PP catalán-, sus dirigentes no han proferido frases despectivas sobre la inmigración. Aunque su apuesta por la autodeterminación del Sáhara occidental ha dificultado en ocasiones sus relaciones con algunas asociaciones marroquíes.

ERC es la única formación que ha presentado un candidato de origen inmigrante con posibilidades de obtener un escaño en el Parlament. Sufragará también el grueso del importe de una cena multitudinaria con cerca de 200 comensales que algunos cabezas de lista de Junts pel Sí celebrarán en Barcelona, en vísperas del 27S, con responsables de numerosas asociaciones de inmigrantes.

Empresarios catalanes buscan apoyos en Madrid contra el independentismo

Societat

Félix Revuelta, presidente de Naturhouse, y Josep Ramon Bosch, directivo de una multinacional química suiza, animan a otros empresarios catalanes a que alcen la voz en contra de la independencia. Los dos catalanes confían en que su ruego se oiga y poder dar la vuelta a las encuestas que vaticinan que el 27S ganarán los partidos a favor de la secesión. “Cataluña adolece de un importante déficit democrático”, alertan en un informe.

El presidente y accionista mayoritario del grupo empresarial Naturhouse, Félix Revuelta, y Josep Ramon Bosch, directivo de una multinacional química suiza, buscan desesperadamente el apoyo de empresarios catalanes de altura y confían en despertar a los catalanes que, por miedo, no quieren salir a votar el 27-S. “El empresariado catalán calla porque tiene miedo a perder subvenciones, ya que el sector público en Cataluña es muy importante”, criticó Revuelta poco después de pedir al Gobierno un poco más de cariño para que se quiera a Cataluña “como al resto de España”.

Societat
De izda. a dcha.: Rafael Arenas, Isabel Fernandez, Josep Ramon Bosch, Jose Domingo y Francesc Moreno. EFE/Juanjo Martín.

Revuelta y Bosch han presentado este jueves en Madrid, a través de la asociación Societat Civil Catalana a la que ambos pertenecen, un informe de más de cien páginas que deja en evidencia la “falta de calidad democrática” de los comicios del 27-S. El empresario de Naturhouse puso su propio ejemplo para alertar de los problemas que traerá una hipotética independencia. “Yo no me quiero ir de Cataluña, pero tengo el 80% del negocio fuera de la región. ¿Qué hago? ¿Pago aranceles en cada uno de los países con los que trabajo? No podría, me tendría que marchar obligatoriamente”.

A dos semanas de las elecciones, Bosch y Revuelta confían en tener tiempo suficiente para poder dar la vuelta a la última encuesta del CIS, que augura que Junts pel Sí logrará la mayoría absoluta con el apoyo de la CUP si los catalanes votasen hoy. “Hay una lectura optimista y otra pesimista de este resultado. La mala es que, si se confirman estos resultados, el proceso independentista va a continuar. La buena noticia es que nos moviliza, nos despierta, a los que no pensamos como ellos”, matizó Bosch.

Estos catalanes que pregonan su amor por España saben cómo conseguir movilizar a ese porcentaje de catalanes que, por miedo, se resisten a salir a votar el 27-S. “Unió Democrática puede ser el gran escondido de las elecciones. Si conseguimos que vote el catalán al que le tiemblan las piernas cuando piensa en la que nos espera con una Cataluña independiente, no damos nada por perdido”, confía Bosch. Dicen que la máquina de márketing que protege a los independentistas es un elefante comparada con la suya, una simple hormiguita. “Necesitamos que Rafa Nadal venga a Barcelona y diga que ama Cataluña” igual que los independentistas utilizan a la actriz y humorista Karmele Marchante, a la que en Madrid se le da un gran crédito pero que en Cataluña vocea que los madrileños son unos ladrones.

Los empresarios confían en que este mensaje cale en lugares del cinturón rojo como Santa Coloma de Gramanet y Hospitalet donde hasta ahora se concentraba el voto socialista. También esperan que el PP de Xavier García Albiol ilusione también a votantes del PP que no creían en Alicia Sánchez Camacho. Pese a este cambio de estrategia del PP, el presidente de Naturhouse ha afeado al Gobierno y a Mariano Rajoy el trato que recibe la región. “Siento mucho decirlo, pero el presidente sólo viene a Cataluña a ver al PP”, concluyó.

¿El Senado a Barcelona?

Los miembros de Societat Civil Catalana ya tienen pensada la fórmula para reconciliar al Ejecutivo con los catalanes. “Se podría descentralizar algún órgano y trasladarlo a Cataluña. Se habló del Senado, no estaría mal”, dejan caer.

En el informe, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, se expone una serie de indicadores que dejan en evidencia que la independencia no sólo son bondades como dicen los independentistas. Según el documento, la independencia provocaría un efecto muy destructivo para Cataluña y para el resto de España de dimensiones todavía incalculables.

Una representación de la Junta Directiva de la entidad ha presentado el informe y ha destacado que “la Generalitat y otras instituciones y autoridades públicas catalanas han dejado de actuar en su condición de autoridades e instituciones españolas, pasando a hacerlo como la protoadministración de un estado catalán, desvinculada del ordenamiento español”. 

Déficit democrático

El informe denuncia el déficit democrático que se produce cuando la Generalitat crea organismos paralelos a los legales, con y sin resonancia mediática. La consulta del 9N supuso un fraude y una desobediencia a la ley. El documento recuerdo también el uso de organismos internacionales para fines partidistas, el adoctrinamiento ideológico en las escuelas, la discriminación lingüística en las aulas o la demonización de personas o entidades que discrepan de la línea oficial que marca el movimiento secesionista.

“Está claro que una comunidad autónoma no puede actuar con el fin de perjudicar los intereses generales del Estado”, dice el informe. “La consecución de la secesión de una parte del territorio nacional no puede ser considerada, ni siquiera en la más flexible de las interpretaciones, como compatible con dicho interés general”.

Como conclusión, los miembros de la Societat Civil Catalana han tratado de exponer y documentar de manera ordenada algunas razones por las que creen que Cataluña “adolece actualmente de un importante déficit democrático”. El informe se centra en las cuestiones que mejor conocen por haberlas vivido de cerca. “Habremos de profundizar en lo que ocurre hoy y en las raíces históricas” de esta situación.

El Gobierno reforma “manu militari” el islam en España

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El Gobierno quiere poner orden en las filas de los musulmanes de España y  reformará “manu militari” las relaciones del islam con el Estado. El ministro Catalá impondrá a los musulmanes, vía Real Decreto, unos nuevos estatutos y creará la figura de Presidente de la Comisión Islámica. Justicia insiste en la necesidad “urgente” de contar con un interlocutor representativo para estudiar y aplicar medidas que aborten la radicalización, especialmente de los más jóvenes. Profesores de derecho eclesiástico tachan la iniciativa de inconstitucional.

Lea el Proyecto de Real Decreto

En la imagen Ryad Tatari, de la Unión de Comunidades Islámicas de España, y Mounir Benjelloun, de la Federación Española de Entidades Religiosas Islámicas.

 

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Ryad Tatari, de la Unión de Comunidades Islámicas de España, y Mounir Benjelloun, de la Federación Española de Entidades Religiosas Islámicas.

El Gobierno español quiere poner orden en las filas del 1,8 millones de musulmanes –casi el 4% de la población–residentes en España. Considera que su representación ante el Estado no funciona y se dispone a legislar para, asegura, poder contar con un interlocutor válido con el que, por ejemplo, estudiar y poner en práctica iniciativas que impidan la radicalización, especialmente de los más jóvenes.

Para ello creará la figura de Presidente de la Comisión Islámica de España (CIE), el órgano de representación de los musulmanes ante el Estado, y eliminará los dos cargos de secretarios generales que hay en la actualidad. A partir de ahora el presidente será el único interlocutor para “dirigir y coordinar” las relaciones de los musulmanes españoles con la administración.

El presidente dispondrá de amplios poderes y será elegido por una comisión permanente compuesta por 25 miembros. El Real Decreto que ha elaborado el Ministerio de Justicia impondrá así unos nuevos estatutos a la CIE que, asegura, “reflejan la nueva realidad” y favorecerán “su papel de representante de todos los musulmanes residentes en España”. 

La intención del Ejecutivo, de reformar “manu militari” sus relaciones con el islam en España, ha desatado una gran polémica en el seno de las comunidades islámicas y entre expertos en derecho eclesiástico. “¿Se atrevería el Gobierno a decir a la Conferencia Episcopal cómo debe designar a sus obispos?”, se pregunta sorprendido Juan Ferreiro, catedrático de derecho eclesiástico de la Universidad de A Coruña. “Pues eso es lo que un Estado aconfesional como el español quiere imponer a los musulmanes”, recalca. “¡Es intervencionismo!”.

“Es grave porque supone una injerencia inconstitucional en la organización de las confesiones religiosas”, sostiene José María Contreras, profesor de derecho eclesiástico de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. “Viola, por un lado, el principio de laicidad del Estado y, por otro, los derechos de libertad religiosa y asociación sin que la causa para hacerlo sea legítima ni proporcional”, añade.

 

El ministro de Justicia Rafael Catalá.

Desde el Ministerio de Justicia se insiste, sin embargo, en que es constitucional y que se ha tomado tal iniciativa a petición de numerosas comunidades islámicas hartas del bloqueo que, desde hace más de dos décadas, impide el desarrollo del Acuerdo que en 1992 el Estado suscribió con los representantes musulmanes y que les otorga amplios derechos.

El ministro de Justicia Rafael Catalá ha convocado, el 16 de septiembre, a la Comisión Asesora de Libertad Religiosa (CALR), en la que participan las principales confesiones religiosas, para informarle del Real Decreto que reorganiza por completo la CIE. A continuación Catalá elevará el decreto, en principio antes de finales de septiembre, al Consejo de Ministros.

Tatari versus Benjelloun

Dos congregaciones regentan ahora la CIE cuya estructura es bicéfala. La mayoritaria es la Unión de Comunidades Islámicas de España (UCIDE), que dirige desde hace casi un cuarto de siglo el imán Ryad Tatari, español de origen sirio. El Ministerio del Interior le coloca “en la órbita de los Hermanos Musulmanes”, el movimiento fundado en 1928 por el egipcio Hassan el Banna para renovar el islam y luchar pacíficamente contra la influencia de Occidente. Tatari niega cualquier relación con ese movimiento.

La minoritaria es la Federación Española de Entidades Religiosas Islámicas (FEERI), que encabeza desde hace seis años Mounir Benjelloun, español de origen marroquí, apoyado por un nutrido grupo de conversos españoles. El Ministerio de Justicia vincula a Benjelloun con Justicia y Espiritualidad (JyE), el movimiento islamista no violento de oposición a la monarquía marroquí. Benjelloun no niega que comparte su filosofía, pero desmiente cualquier relación orgánica con sus correligionarios en Marruecos.

“Esta estructura bicéfala unida a la falta de entendimiento entre ambas federaciones (UCIDE y FEERI) ha impedido a la Comisión Islámica de España situarse como órgano representativo del islam e interlocutor eficaz ante el Estado para el seguimiento del Acuerdo de 1992”, señala el preámbulo del Real Decreto. El Acuerdo, que tiene rango de ley, apenas se ha desarrollado lo que perjudica a los musulmanes.

El bloqueo de la Comisión Islámica de España, a causa de la animadversión entre sus dos secretarios generales actuales, Tatari y Benjelloun, reviste ahora más gravedad, según fuentes cercanas a Catalá. “El Estado”, insisten, “necesita urgentemente un interlocutor musulmán representativo para estudiar y aplicar medidas que aborten la radicalización” y otras muchas relacionadas con la enseñanza del islam en los colegios, la formación de los imanes…

“Es una intervención autoritaria”

Benjelloun ha puesto el grito en el cielo mientras que Tatari se declara “en principio favorable” a la resolución de Catalá porque “es un mal menor que pondra algo de orden”. “Es una intervención autoritaria en los asuntos internos de los musulmanes de España”, denunció en cambio Benjelloun al teléfono. “Es totalmente inaceptable”, prosiguió. Anuncia que convocará manifestaciones ante Justicia y acudirá a los tribunales para impugnar el decreto. Éste “aumentará la desconfianza hacia el Estado y fomentará la radicalización”, vaticina.

Benjelloun sospecha además que, en el fondo, se trata de una maniobra para colocar a Tatari, su eterno rival, al frente de la Comisión Islámica porque siempre se ha mostrado menos reivindicativo a la hora de exigir que se pongan en práctica los derechos de los musulmanes recogidos en el Acuerdo de 1992.

A lo largo de los últimos años las autoridades de Rabat han reprochado a las españolas subvencionar a la FEERI de Benjelloun para llevar a cabo sus actividades en España, mientras que en Marruecos los islamistas de Justicia y Espiritualidad son un movimiento ilegal aunque tolerado en algunas ocasiones. “Vosotros ayudáis a los mismos que nosotros perseguimos aquí”, es una queja repetida con frecuencia por responsables marroquíes ante sus interlocutores españoles.

En 2011, Justicia ya promulgó un Real Decreto para obligar a la Comisión Islámica de España a abrir la puerta a comunidades religiosas que deseaban ingresar en ella. Aun así UCIDE y FEERI siguen siendo, cuatro años después, hegemónicas, y también antagónicas, en el seno de la institución que representa a los musulmanes ante el Estado.

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Lea el proyecto de Real Decreto

 

Tres palizas distintas y un solo odio verdadero

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Agresiones físicas al grito de ‘fascista’, ‘maricones’ o ‘puto sin techo’ a una dirigente de Vox, una pareja homosexual y un indigente, respectivamente, en menos de 24 horas con “el odio al diferente” como eje común. Esta brutalidad hace saltar las alarmas entre asociaciones y colectivos que reclaman “aunar fuerzas” para luchar contra los delitos de odio: “El problema es mayor de lo que estamos viendo, esto sólo es la punta de un iceberg que va a demandar medidas integrales”.

En la imagen, Inma Sequí, la dirigente de Vox brutalmente agredida.

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Inma Sequí, la dirigente de Vox brutalmente agredida.

Por “fascista”.

Una patada por la espalda al grito de “fascista de los cojones” sirvió para tirarla al suelo. Una vez noqueada, mientras que uno de los tres agresores le propinaba una ristra de puñetazos en el pómulo y en la boca, el otro le agarraba del cuello y un tercero la desafió con un “a ver si ahora eres tan valiente”.

La agredida es Inma Sequí, dirigente de Vox en Cuenca, y como resultado de la paliza que recibió el martes, contusiones abdominales, medio pómulo roto, un esguince de muñeca y el labio destrozado: “Pero sin puntos”, parece excusarse la dirigente política a EL ESPAÑOL.

Por “maricones de mierda”.

Horas antes de la agresión a Sequí, en la Feria de Almería, una pareja de homosexuales sufrió “una agresión brutal” -según señala el colectivo Colegas Almería- a la salida de una caseta.

En esta ocasión, los agresores utilizaron el “maricón de mierda” para acompañar los puñetazos y patadas que hicieron que uno de los agredidos acabará con “la mandíbula rota, uno de los brazos fracturados, además de dientes rotos y contusiones”, según recoge el parte médico.

Por “puto sintecho”.

“Me hicieron una encerrona, me vi rodeado, me pegaron y me quedé ciego después de escuchar ‘Mátalo, dale en la cabeza al puto sintecho”, relata Marcos, un indigente de 36 años que pasa las noches a la intemperie en Granada.

Los causantes en este caso eran dos jóvenes de 20 y 23 años que ya han sido detenidos y otros cuatro menores que también ha sido identificados.

Tres palizas, tres agredidos, tres motivos

Tres palizas, tres agredidos y tres motivos en distintos puntos de la geografía que según explican las víctimas -o los colectivos que dicen representarlos- tienen su germen “en el discurso del odio al diferente”. Y en apenas 24 horas.

Lo analiza para EL ESPAÑOL la presidenta de la Comisión de delitos de odio del colegio de abogados de Málaga, Charo Alises: “No se ataca sólo a una persona, sino que el ataque va dirigido a una comunidad que piensa igual que el vejado. Es un mensaje para intentar callar a todo el colectivo”.

“Callar”. Algo que no han conseguido con Sequí, quien, sin que le tiemble la voz a pesar de sus 18 años, dice en declaraciones telefónicas no tener ningún miedo porque va a seguir “luchando por las ideas en las que cree”, las del argumentario del partido creado por Santiago Abascal.

“Siempre he debatido, siempre he defendido mis ideas y lo voy a seguir haciendo. No me van a amedrentar”, argumenta después de la paliza que considera “premeditada” y que iba dirigida, a su juicio, a todos sus compañeros. “Aunque prefiero que me haya pasado a mí que a ellos”, asegura al mismo tiempo que aprovecha -ha seguido la actualidad entre entrevistas-  para condenar las otras dos agresiones en Almería y Granada.

1.285 delitos de odio en 2014

Los tres incidentes, que se han producido con un lapso de 24 horas, se enmarcan en las categorías que el Ministerio del Interior está recopilando desde hace dos años como “delitos de odio contra la ideología, orientación sexual y situación de pobreza”, respectivamente; en 2014 fueron 1285, entre los que también se incluyen aquellos que tienen cuestión de raza, religión o discapacidad.

Por ello, los colectivos y observatorios consultados, piden al unísono “aunar fuerzas” para luchar contra los delitos de odio “en un momento en el que la confrontación política y social está a la orden del día”. Son palabras de la abogada especialista en vulnerabilidad y derechos humanos Violeta Assiego, quien añade que en estos momentos “en los que el nivel de violencia es especialmente llamativo, hay una ausencia de valores que en otros tiempos estaban presentes como son el diálogo y la integración”.

Para la letrada, estos tres casos, no tienen tanto que ver con un tema de “tomarse la justicia por tu mano”, sino con “la intolerancia”, con el mandar mensajes que creen distinguir “lo bueno de lo malo” a través de una brutal violencia.

Un hecho que, a su juicio, debe hacer saltar las alarmas “ya que no tenemos constancia de lo que realmente está sucediendo porque sólo denuncian aquellas personas que se sienten amparadas por la sociedad”.

Los argumentos de Assiego están respaldados en un informe de la Agencia Europea de Derechos Fundamentales en el que se señala que entre un 10 y un 40 por ciento de las víctimas de delitos motivados por sentimiento de odio no denuncian su caso por “miedo” o porque “creen que nada va a cambiar”.

En el caso de agresiones contra el colectivo LGTB (Lesbianas, gais, transexuales y bisexuales) el handicap radica en “la visibilidad”, ya que el hecho de denunciarlas supone “poner sobre la mesa tu orientación sexual”, por lo que muchas agresiones “caen en saco roto” -explican desde los colectivos-: “Los datos de Interior sólo hacen un recuento de las denuncias, no de la realidad”, se quejan.

Rubén López, portavoz de Arcopoli, advierte que “tener que identificarse” a la hora de interponer una denuncia por homofobia supone para la víctima conectar con su pasado. “En muchas ocasiones, marcado por el maricón o bollera del colegio. Es desvelar tu intimidad más íntima”.

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Marcos, el sintecho agredido en Granada.

Más allá van desde el Observatorio de delitos de odio contra personas sin hogar ‘Hatento’. Según su coordinadora técnica, Maribel Ramos, los ataques a los sintecho no se dirigen hacia una vulnerabilidad “que forma parte de la identidad de una persona”, como puede ser el caso de los homosexuales o el pertenecer a una raza concreta. “No tener hogar puede ser algo transitorio, no algo que te acompaña toda la vida”, aclara.

De este modo, Assiego manifiesta que “el problema es mucho mayor de lo que estamos viendo. A medida que se denuncia se irá viendo la realidad, la punta de un iceberg que va a demandar medidas integrales”.

De momento, con la reforma del Código penal que entró en vigor el pasado 1 de julio, a estas agresiones les sería aplicado el artículo 510 -sustancialmente modificado-, que endurece las penas de prisión de uno a cuatro años y multa de seis a doce meses a quienes fomenten, promuevan o inciten al odio contra una persona o grupo por motivos ideológicos, de orientación sexual o discapacidad.

La norma no recoge ninguna referencia a la situación de pobreza o exclusión social, como sí hace Interior en sus estadísticas, por lo que asociaciones como Hatento reclaman un cambio “urgente” que permita incluir este agravante.