Anonymous: un sumario que ‘pone en riesgo el derecho de defensa’

Las transcripciones de varias conversaciones entre abogados y clientes en el sumario del caso Anonymous ponen en riesgo el derecho de defensa, según denuncian los letrados de los supuestos cabecillas de la organización.

También en EL ESPAÑOL: Las claves del caso Anonymous

El sumario del caso contra la supuesta cúpula de Anonymous sigue incluyendo conversaciones entre clientes y abogados, algo que pone en riesgo el derecho a la defensa de los acusados. Esto sucede cuatro años después de que la juez encargada del caso ordenara su eliminación, una vez que la Fiscalía ha presentado su escrito de acusación -pide cinco años de cárcel para los tres acusados- y justo cuando va a comenzar el juicio oral.

La orden de la eliminación de dichas transcripciones tuvo lugar después de que se hiciera público este hecho. La secretaria judicial incluso dio fe de la retirada de este contenido tras el mandamiento correspondiente de la titular del juzgado número 4 de Gijón, Ana López Pandiella. Pese a todo, las conversaciones no desaparecieron del sumario, tal y como ha podido constatar este diario.

El fiscal ha presentado recientemente su escrito de acusación en el que pide más de cinco años de cárcel para los tres supuestos responsables de Anonymous. Recibió el sumario con las transcripciones de varias conversaciones entre uno de los acusados (R. T. S.) y su abogado, David Maeztu, en las que se planteaban algunas estrategias de defensa.

En una de esas conversaciones, el abogado -claramente identificado como tal- comenta por teléfono con su defendido que una de las estrategias a seguir es plantear la nulidad de su identificación basada en la dirección IP.

captura_transcripcion
Captura de una de las transcripciones que aparecen en el sumario.

“Aquí la clave de esto está en que el delito que se te imputa no tiene relevancia como para que haya procedido a la identificación, entonces, todo lo demás está viciado de nulidad, y eso es lo que yo pediría en principio”, dice Maeztu, según consta en la transcripción.

Ya hace cuatro años, el propio abogado sospechaba que perseguir a alguien por ciertos delitos, como la comisión de un ataque de denegación de servicio, “se enfrenta al problema de que no se puede identificar a quien está detrás de una dirección IP porque el delito de daños del artículo 264.2 no es un delito grave, ya que la pena es inferior a cinco años de prisión”.

El abogado también añadía sus sospechas de que la Policía trataba de “buscar la manera de elevar el nivel del delito para saltarse la limitación legal, razón por la que intenta reconducir todo lo que tenga que ver con Anonymous hacia la consideración de estar ante un delito de pertenencia a una organización criminal”, y así sumar más pena.

Anonymous, organización criminal… o no

El fiscal acusa a los supuestos miembros de la presunta cúpula de Anonymous de los delitos de daños continuados (cuatro años y cinco meses de prisión, en este caso) e integración en un grupo criminal (11 meses de cárcel, también en este caso). Sólo con el primer delito la pena no alcanzaría los cinco años de prisión necesarios para poder identificar a un usuario por su dirección IP, tal y como expuso Maeztu. Pero el fiscal considera también que los imputados integran un grupo criminal y, de este modo, las penas solicitadas superan los cinco años.

¿Es Anonymous una organización criminal y, por tanto, puede acusarse a alguien del delito descrito en el artículo 570 del Código Penal? Pues depende del informe policial que toque.

En este caso, el fiscal considera que los acusados integran “un grupo criminal con la intención de perpetrar reiteradamente delitos leves”, y pide que se aplique la pena en su mitad superior al estar en grupo criminal “formado por un elevado numero de personas” (artículo 570 ter 1c y 2a del Código Penal).

Sin embargo, en un caso similar contra supuestos miembros de Anonymous instruido en el juzgado número 7 de Toledo, la propia Policía afirma en un informe -y sin lugar a dudas- que “no se puede asociar Anonymous a una Organización Criminal” ya que “existe un gran número de personas afines a Anonymous que, aunque difundan su ideología, lo hacen sin cometer ningún acto delictivo”.

captura_toledo
Informe policial que dice que Anonymous NO es organización criminal.

Consecuencias

David Maeztu, en conversación telefónica, comentó irónicamente que “cuatro años más tarde, las conversaciones entre cliente y abogado seguían allí”. “Estoy estudiando medidas contra la secretaria judicial, dado que fue ella quien dio fe de la devolución de estas transcripciones de conversaciones con mi cliente a la Brigada de Investigación Tecnológica (de la Policía), concretamente el 25 de julio de 2011”, añadió el letrado.

Por su parte, el abogado Carlos Sánchez Almeida, defensor de otro de los acusados, coincide con Maeztu en que el caso está viciado de nulidad. “Con independencia de que el caso Anonymous es un montaje político contra el 15M desde el primer momento, la interceptación de comunicaciones entre abogado y cliente invalida todo el procedimiento, al afectar al núcleo duro del derecho de defensa”, afirma.

“El proceso carece de toda garantía desde el momento en que policías, juez y fiscal han podido tener conocimiento de toda la estrategia de defensa”, añade Sánchez Almeida. Y concluye: “De conformidad con la doctrina jurisprudencial de los frutos del árbol envenenado, se debe anular todo el proceso”.

 

El fiscal pide más de 5 años de cárcel para la cúpula española de Anonymous

anon

Cuatro años después de la detención de tres personas como presunta ‘cúpula’ de Anonymous en España, el fiscal les acusa de daños continuados y pertenencia a grupo criminal. Estas son las claves.

anon
Foto: William David Thomas

Cuatro años después de la detención de tres personas como presunta ‘cúpula’ de Anonymous en España, el fiscal pide penas que superan los cinco años de prisión por daños continuados y pertenencia a grupo criminal.

El escrito del fiscal, fechado el pasado 11 de mayo de 2015, les imputa la responsabilidad de ataques informáticos que tumbaron, entre otras, la página web de la Junta Electoral Central (JEC) en mayo de 2011. Los daños causados fueron valorados en apenas 700 euros, según un informe del propio organismo remitido hace pocos meses al juzgado.

El caso entra ahora en una fase crítica, el juicio oral, cuyo auto de apertura tiene fecha de 21 de mayo de 2015.

¿Qué?

El 6 junio de 2011, la Policía Nacional anunciaba la detención de tres personas y los describía como “la cúpula de Anonymous en España”, supuestos responsables últimos de múltiples ataques informáticos a diferentes sitios web públicos y privados, entre ellos al de la Junta Electoral Central (JEC).

Ahora, el Ministerio Fiscal considera que los tres acusados pertenecen al colectivo Anonymous y que este grupo preparó al menos dos ciberataques en los que los sospechosos pudieron tener responsabilidades. De esta forma, les considera coordinadores de la Operación Spanish Revolution, un ataque DDoS -peticiones masivas a un servidor hasta colapsarlo- contra “el entorno informático de la JEC”, el sitio web de UGT y el del Congreso de los Diputados.

También les achaca responsabilidad en la Operación V de Votaciones, un ataque frustrado por la Policía Nacional a los sitios web de PP, PSOE y CiU que iba a tener lugar el 20 de mayo de 2011 a las 16:00 horas.

¿Quién?

Los acusados son tres hombres que fueron detenidos y a continuación puestos en libertad en 2011.

R. T. S. (que usaba los nicks Tuerinator y Devnuller), marino mercante, fue arrestado en Almería aunque tiene su domicilio en Gijón. En su casa, siempre según los informes policiales, se hallaron “los equipos informáticos que soportaban los servidores caseros creados por el acusado y utilizados para dar soporte a los ataques”.

J. M. Z. F. (nicks Mugen, Seraf y Sipias), según  la Fiscalía, “era uno de los principales administradores del canal IRC (chat) ‘Anonymous annonet’, donde se ejecutaban los ataques previamente planificados”. En el escrito de acusación se identifica el apodo Seraf como el coordinador del canal al que los usuarios se conectaban para poner a disposición del operador sus conexiones durante el ataque a la página web de la JEC. También se le acusa de haber dado la orden de iniciar ese ataque.

Y. D. L. I. (apodado Wicker, Némesis e Irae) aparece como otro de los administradores del mencionado canal de IRC ‘Anonymous annonet’. La Fiscalía le señala además como “coordinador” del ataque a la JEC y como “gestor de servidores, creador de canales en el sistema de chat, fijar objetivos, analizar vulnerabilidad de sitios web para facilitar los ataques y dirigir los ataques planificados”.

¿Cuándo?

Los ataques informáticos tuvieron lugar en vísperas de las elecciones autonómicas y municipales de 2011. De hecho, el sufrido por la página web de la JEC la dejó parcialmente inoperativa durante los días 18, 19 y 20 de mayo de aquel año.

La página web de la JEC, una herramienta informativa separada de los sistemas de recuento de votos, se vio afectada de forma “intermitente”. También consta la recepción de 480.000 correos electrónicos en las cuentas del secretario general y del director de la Secretaría Técnica de la JEC, una técnica llamada mail bombing.

Los daños al sitio web de la Junta Eletoral Central a los que se refiere la acusación ascendieron a apenas 700 euros

Los daños a los que se refiere la acusación ascendieron a apenas 700 euros (“dos jornadas de trabajo de un consultor externo”), según un informe de la propia Junta Electoral Central incluido en el sumario de la causa tras una reciente petición de la Fiscalía.

Durante estos años, la Policía ha tratado de vincular la supuesta actividad delictiva de los acusados con las acampadas del 15M en la Puerta del Sol en Madrid. De hecho, uno de ellos fue identificado allí, en la misma plaza, después de que un agente encubierto en la red contactara -con el apodo ‘Sprocket’- con J.M. Z. F. y se ganara su confianza. El escrito de la Fiscalía no hace alusión a las famosas acampadas de Sol.

El proceso contra estas tres personas dura ya cuatro años.

¿Dónde?

Los acusados fueron detenidos en Almería, San Vicent del Raspeig (Alicante) y Arenys de Mar (Barcelona). El caso ha sido instruido en el juzgado número 4 de Gijón a cargo de la magistrada Ana López Pandiella, la misma que ordenó escuchas telefónicas a uno de los acusados “por la gravedad de los hechos”.

Del sumario se ordenó, hace cuatro años, la eliminación de las transcripciones de conversaciones entre uno de los acusados y su abogados después de que se este extremo hiciera público este hecho.

Las actuaciones presuntamente delictivas de los acusados tuvieron lugar, naturalmente, en la Red.

¿Por qué?

La Fiscalía les acusa de dos delitos, uno de ellos de especial gravedad. Por un lado, para R. T. S. y Y. D. L. I. pide cuatro años y cinco meses de prisión por daños continuados -artículo 264.2 del Código Penal, que prevé penas de dos a cinco años-, y 11 meses de cárcel por integración en un grupo criminal (artículo 560 ter 1c del Código Penal, hasta un año). Por otro lado, para J. M. Z. F. solicita las mismas penas menos dos meses.

Ya desde el anuncio de la detención de los acusados en junio de 2011, la Policía Nacional consideraba a los tres acusados no sólo miembros de Anonymous, sino su ‘cúpula’ en España. ¿Tiene Anonymous ‘cúpula’? La propia naturaleza de este difuso grupo -un colectivo íntegramente formado en internet, de fronteras difusas y actividad intermitente- dificulta bastante establecer quién está al frente. Las jerarquías no son claras precisamente por su carácter atomizado.

De hecho, el delito que se les achaca relacionado con Anonymous es el de integrar un grupo criminal “con la intención de perpetrar reiteradamente delitos leves”, y pide que se aplique la pena en su mitad superior al estar en grupo criminal -Anonymous- “formado por un elevado numero de personas” (Artículo 570ter 1c y 2a del Código Penal).

¿Y ahora qué?

Tras la presentación del escrito de acusación por el Ministerio Fiscal, la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que se debe dar traslado de copias de las actuaciones a los abogados de los acusados para que presenten escrito de defensa, en el que propongan sus propias pruebas.

Una vez presentados dichos escritos, el Juzgado de Instrucción remitirá la causa a un Juzgado de lo Penal de Gijón para su enjuiciamiento y fallo.

“Será un caso donde puede ser decisiva la prueba pericial informática”, manifiestan los letrados de dos de los acusados, David Maeztu y Carlos Sánchez Almeida.