Podemos expedienta a diez consejeros por el ‘pucherazo’ de Alicante

Rueda de prensa dl secretario general de Podemos, Pablo Iglesias. © Dani Pozo
Rueda de prensa del secretario general de Podemos, Pablo Iglesias./ Dani Pozo

Podemos ha expedientado a diez miembros de su Consejo Ciudadano en Alicante, acusados de manipular las elecciones internas para hacerse con el control de la formación. Entre los afectados -sancionados con un año de expulsión del partido – se encuentra el actual secretario general de la formación en Alicante, Ramón Bustos, y la diputada autonómica Covadonga Peremach. El dictamen de la Comisión de Garantías autonómica, emitido el pasado día 16, considera “acreditado” que los expedientados “inscribieron o facilitaron la inscripción a personas distintas al municipio a fin de que votaran” en las elecciones internas de la formación, tal y como publicó EL ESPAÑOL el pasado 19 de agosto.

La sanción ha sido recurrida por los diez afectados, que en una nota pública han anunciado su recurso ante la Comisión de Garantías nacional de Podemos. Este organismo será el encargado de confirmar o no la expulsión de los miembros de la lista avalada por Pablo Iglesias en Alicante. En su escrito, los afectados consideran que las conversaciones de mensajería electrónica que sirvieron como prueba contra ellos ” han sufrido manipulación con cortes efectuados de forma interesada”. Sin embargo, el dictamen de la Comisión de Garantías autonómica descarta este hecho: “Los expedientados no aportan prueba alguna que sustente sus manifestaciones, ni tan solo el historial real del grupo [de Whatsapp]  a fin de cotejar las manipulaciones a las que aluden”.

En su contra, el pasado 2 de septiembre tres ex consejeros de Alicante se presentaron ante la Comisión de Garantías o para “como testigos directos”, confirmar la veracidad de las conversaciones registradas con sus propios teléfonos. Uno de ellos, Pau González, “es uno de los afectados en este expediente, motivo por el cual su declaración podría ser tenida por un reconocimiento de los hecho se incluso allanamiento tácito, lo que se puede dejar de valorar”.

Elecciones manipuladas

Pese al debate sobre la autenticidad de las conversaciones, la acusación más grave que pesa sobre el grupo es la de manipular de forma activa las elecciones. La Comisión de Garantías de la Comunidad Valenciana considera “acreditado” que “los expedientados inscribieron o facilitaron la inscripción a personas distintas al municipio a fin de que votaran en las elecciones al Consejo Ciudadano y al Secretario General de Alicante”. En su comunicado público, los diez consejeros sancionados lo niegan de forma categórica. Y aseguran que “la propia resolución reconoce que no existen pruebas que demuestren la participación fraudulenta de votantes”. Sin embargo, no es así.

El dictamen de la Comisión de Garantías explica que “en las elecciones al aludido Consejo Ciudadano, la diferencia entre el último de los consejeros (puesto 24) y el siguiente en las elecciones fue únicamente de 17 votos por lo que existe un claro riesgo de que el resultado de las elecciones se haya visto comprometido”. La conclusión de los responsable del Podemos choca frontalmente incluso con la versión oficial mantenida por el equipo de Pablo Iglesias sobre el episodio. Cuando estalló el escándalo, la dirección de comunicación de Podemos mantuvo a este periódico que las elecciones nunca se vieron comprometidas. Ahora, el dictamen de la propia formación dice todo lo contrario.

Para mantener su versión, la Comisión de Garantías Autonómica se basa en un informe del servicio de informática de Podemos, que tras analizar el censo y las votaciones de las primarias municipales, “viene a confirmar la utilización de las direcciones antes aludidas facilitadas por los expedientados a los inscritos fuera del municipio, otorgando verosimilitud tanto al historial de conversaciones ed Whastapp como a los hechos que de él se deducen”.

En un último apunte, el informe remarca “el entorno de toxicidad y desprecio hacia otros compañeros que se desprende de la actitud de los expedientados, y que sólo puede calificarse de una forma: intolerable”

Piqué, el protegido

Gerard Piqué, durante un entrenamiento con la selección española.

¿Tan malo es el tirón de la selección que ya no llena estadios? ¿O todo será la relación -de todo menos idílica- entre la RFEF y el Real Madrid?  Porque la federación no sería capaz de cambiar la sede de un amistoso contra Inglaterra para proteger a Piqué. ¿O sí? Todo podría ser, aunque lo evidente es que la corriente de opinión mayoritaria señala la tercera opción y eso, después de la pitada al himno y al Rey en la final de Copa, tendría unas connotaciones especialmente serias.

Gerard Piqué, durante un entrenamiento con la selección española.“Hemos tenido claro desde el principio que no queremos jugar en Madrid”. La cita, de Adrian Bevington, director de comunicaciones de la FA inglesa, no vive en el presente. Se remonta a 2008, cuando Fabio Capello dirigía el banquillo de Inglaterra y el racismo de un sector de la afición española estaba en entredicho. Ahora, ya en 2015, no ha hecho falta que desde las islas soliciten obviar el Santiago Bernabéu. La censura ha llegado desde dentro, desde la propia Federación Española de fútbol (RFEF), que ha optado por cambiar la sede del amistoso del próximo 13 de octubre ante la selección inglesa de la capital a Alicante.

“Me enerva, me pone de mala leche”. Cuesta escuchar a Vicente del Bosque fuera de su registro calmado y tranquilo. Y eso que el tema le saca cada vez más los colores. Gerard Piqué se creció en la celebración del pasado título de Liga con el Barça (“Gracias Kevin Roldan, contigo empezó todo”), justificó la pitada al himno y al Rey en la final de la Copa del Rey (“La gente se expresa libremente”) y opinó sobre las pitadas a Iker Casillas con el Real Madrid (“Es igual que lo del himno”). La trinidad del enfado.

Primera estación en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, parada en León con ocasión del encuentro frente a Costa Rica en el mes de junio y destino final (por ahora) en el Carlos Tartiere de Oviedo en el trascendental choque ante Eslovaquia. Tres lugares, tres aficiones, tres motivos. Los mismos pitos.

Defiende Del Bosque como si continuara en activo, ayudan Sergio Ramos, Jordi Alba y cualquier jugador al que se le pregunte. Hasta el ministro Méndez de Vigo sale al corte. Hace piña el equipo ante uno de los pilares deportivos, básico en el esquema ante la diferencia sustancial ahora mismo respecto a cualquiera de los posibles sustitutos (Bartra, Javi Martínez, Albiol, Etxeita, Coke o San José). Nadie se plantea siquiera la posibilidad de una selección sin Piqué en el centro de la zaga. ¿O sí?

¿Por qué ha cambiado la RFEF la sede del partido cuando estaba decidida tiempo atrás? Las opciones son varias y variadas. Desde el enfado que pueda mantener el ente federativo con el Real Madrid por no ofrecer su estadio para la final de la Copa del Rey a los huecos que se veían en el Tartiere y la dificultad que implicaría llenar las 81.000 localidades del Santiago Bernabéu. Y, por supuesto, la opción Piqué. Otras tres opciones y muchas más preguntas.

  • ¿Es posible que la RFEF, que llevó la final de Copa al Camp Nou consciente de que la intensidad de la pitada al himno y al Rey sería aún mayor que en Mestalla o en cualquier otro campo, cambie la sede de un partido internacional para proteger a un único jugador?
  • ¿Tan mala es la relación con Florentino Pérez y el Real Madrid con la federación como para cambiar un partido programado -aunque nunca llegase a ser oficial- junto a Adidas para la presentación de la nueva equipación de España?
  • ¿Ha bajado tanto el tirón de la selección que necesita acudir a estadios de menor capacidad para colgar el cartel de ‘no hay billetes’?

Dudas razonables que la RFEF, siempre hermética, debería plantearse aclarar públicamente para definir si es capaz (y por qué) de proteger a un solo jugador pero no a la figura del Rey, que otorga su nombre a la principal competición dependiente de la federación, y, en consecuencia, descargar a Gerard Piqué de una presión añadida a la que encontrará en Alicante, ciudad tradicionalmente madridista.

Podemos ocultó el ‘pucherazo’ en Alicante y expedientó a los consejeros denunciantes

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La dirección de Podemos silenció durante tres meses el posible pucherazo en las primarias municipales de Alicante y lejos de investigar la posible manipulación del censo, abrió expediente a los denunciantes. Según ha podido confirmar EL ESPAÑOL, las primeras pruebas sobre las conversaciones que hablan de alterar el curso de las votaciones -y que ponen en cuestión el método empleado por la formación en toda España- fueron trasladadas de forma verbal a la dirección del partido el pasado mes de marzo. Sin embargo, la investigación oficial se abrió tres meses después, solo cuando las conversaciones saltaron a la prensa. 

Los ‘pisos francos’ de Podemos en Alicante 

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La dirección de Podemos silenció durante tres meses el posible pucherazo en las primarias municipales de Alicante y lejos de investigar la posible manipulación del censo, expedientó a los denunciantes. Según ha podido confirmar EL ESPAÑOL, las primeras pruebas sobre las conversaciones que hablan de alterar el curso de las votaciones -y que ponen en cuestión el método empleado por la formación en toda España- fueron trasladadas de forma verbal a la dirección del partido el pasado mes de marzo. Sin embargo, la investigación oficial sobre el caso se abrió tres meses después, solo cuando las conversaciones sobre el presunto amaño de las elecciones saltaron a la prensa.  

El pasado 21 de marzo, tres meses antes de que estallara el caso, Podemos realizó un encuentro intercomarcal de círculos en las instalaciones de la Universidad de Alicante. Y allí, miembros críticos de la candidatura Sí Se Puede -avalada por Pablo Iglesias- hicieron llegar de forma extraoficial su preocupación por la presunta manipulación del censo. El mensaje fue trasmitido directamente a Antonio Montiel, diputado autonómico y cabeza de lista de Podemos en la Comunidad Valenciana.

Según ha confirmado EL ESPAÑOL, Montiel recibió entonces y en los días posteriores -tanto por vía telefónica como por correo electrónico- explicaciones de cómo miembros de la candidatura oficialista habrían inscrito a familiares y amigos en direcciones ficticias de Alicante para recibir sus votos. Además, los consejeros críticos alertaron a Montiel de que -según su versión- los responsables del Consejo Ciudadano planeaban manipular las actas de sus reuniones e incumplir con ello los estatutos de Podemos.

Denuncias y castigo

La falta de investigación por parte de la dirección del partido -sumada a la confrontación con el resto de los consejeros por la forma de integrarse en la marca Guanyem- supuso la dimisión pública de cuatro miembros del Consejo Ciudadano de Alicante: Pau González, Juan Carlos Reoio, Magdalena Díaz y Jesús Naranjo, que fueron acusados por sus compañeros de filtrar información a la prensa. Los cuatro dejaron públicamente su cargo el pasado 3 de abril y una semana después explicaron sus razones en una asamblea local de Podemos.

Dos semanas más tarde, exactamente el 19 de abril de 2015 y tras la conversación con el líder autonómico de Podemos, el Consejo de Coordinación de la Comunidad Valenciana comunicó de forma oficial la apertura de un expediente sancionador. Pero los afectados no eran quienes intentaron inscribir a sus familiares en Alicante para recibir sus votos, sino quienes denunciaron a sus superiores el amaño.

El documento -enviado por la dirección del partido en la Comunidad Valenciana- abre un expediente sancionador a ocho personas. Ocho militantes de Podemos entre los que se encuentra la cabeza de lista de la candidatura crítica, Nerea Belmonte -actual concejala del ayuntamiento de Alicante- dos de sus compañeros y los cuatro miembros díscolos de la lista avalada por Pablo Iglesias en Alicante. El documento les sanciona entre otras cosas por criticar “abiertamente la gestión” del Consejo Ciudadano y por “realizar acusaciones, justificadas o no” contra ese organismo:

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La siguiente fecha clave es el pasado 17 de junio, cuando los miembros críticos con el Consejo Ciudadano hacen llegar el dossier completo de las conversaciones sobre el posible pucherazo a Llum Quiñonero, cabeza de lista de Podemos para las autonómicas en Alicante. Según ha confirmado EL ESPAÑOL, esta es la primera vez que los miembros de la directiva de Podemos tienen acceso a las conversaciones completas sobre el uso de “pisos francos” para las elecciones. El objetivo de la filtración, según fuentes cercanas a la misma, fue que los mensajes fueran elevados a la dirección del partido y trasladados a la Comisión de Garantías para su estudio, terminado ya el período electoral de las autonómicas. Pero tampoco sucedió.

Cuatro días después y ante el inmovilismo de la dirección del partido, las conversaciones vieron la luz en el diario Información. Acto seguido, los portavoces de Podemos se apresuraron a anunciar la apertura de un expediente sancionador contra 12 integrantes de la lista avalada por Pablo Iglesias para las primarias municipales. Entre ellos está el actual secretario general de Podemos en Alicante, Jesús Bustos y la parlamentaria autonómica Covadonga Peremach.

El anuncio se hizo en la sede de las Cortes Valencianas por boca de Antonio Montiel, que negó entonces conocer el posible amaño, pese a que había sido informado de forma textual tres meses antes. Además, la reunión real de la Comisión de Garantías se realizó casi dos semanas después del anuncio público; exactamente el 9 de julio, tal y como refleja el acta oficial del encuentro:

El ‘pucherazo’ de Alicante cuestiona el sistema de primarias utilizado por Podemos

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La lista oficialista de Podemos en Alicante, aquella que contó con el apoyo de Pablo Iglesias en las primarias locales, intentó inflar el censo de las primarias para alzarse con el control del partido. Así al menos lo indican las conversaciones a las que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, charlas en las que el líder del partido en Alicante habla de usar “pisos francos” para inscribir simpatizantes y que ponen en cuestión la seguridad del sistema de elección de candidatos utilizado por Podemos. 

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La lista oficialista de Podemos en Alicante, que contó con el apoyo de Pablo Iglesias en las primarias locales, intentó manipular las elecciones para alzarse con el control del partido. Así al menos lo indican las conversaciones a las que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, charlas en las que los integrantes de la lista Sí Se Puede en Alicante, compuesta entre otros por la diputada autonómica Covadonga Peremach y la candidata de Podemos al Congreso Rita Bosahu, hablan abiertamente de registrar a familiares y amigos en direcciones ficticias para inflar el censo electoral y ganar las primarias.

La revelación pone en cuestión el sistema de elección de los Comités Ciudadanos en toda España, ya que el partido no puede utilizar censos electorales, padrones ni otros documentos oficiales para confirmar los datos y el lugar de residencia de los simpatizantes inscritos. Por tanto, cualquier persona puede simplemente cambiar su domicilio en la web y votar en las primarias de cualquier municipio, tal y como explica el siguiente mensaje de Jesús Bustos, ahora secretario general de Podemos en Alicante:screenshot-{domain} {date} {time} (10)

El anterior mensaje fue registrado el 19 de diciembre de 2014, cuando Podemos abrió las votaciones para sus primarias municipales. La lista Sí Se Puede, encabezada por Bustos, luchaba por el control del partido con En Alicante Podemos, una candidatura crítica encabezada por Nerea Belmonte, letrada de la plataforma Stop Desahucios y actual concejala en el Ayuntamiento de Alicante. El resultado de la pugna se preveía estrecho. Tanto que en el chat interno de la lista Sí Se Puede, el líder de Podemos en Alicante habla de utilizar un “piso franco” para inscribir militantes de otros lugares que votaran a su favor.

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El pasado mes de junio, el diario Información publicó los primeros indicios del posible pucherazo. Acto seguido, la Comisión de Garantías Democráticas de Podemos abrió una investigación sobre el asunto. Por su parte,  los aludidos, ahora en el Consejo Ciudadano Municipal, lanzaron una nota pública donde negaban cualquier intento de manipular las primarias. En ella, Bustos y sus colaboradores aseguran que las conversaciones publicadas hacían referencia a un grupo “de desahogo y bromas donde se dicen muchas cosas en tono jocoso, pero que no se corresponden con la realidad”.  Sin embargo la afirmación no es cierta, ya que las conversaciones reveladas ahora por EL ESPAÑOL tienen lugar en el chat interno de la candidatura, donde están inscritos los 25 integrantes y donde se coordinó la estrategia electoral de la actual gestora. Basta leer el siguiente diálogo, registrado en el chat interno del Consejo Ciudadano actual, para confirmarlo:screenshot-{domain} {date} {time} (16)

“Va a ser un canteo”

Tal y como ha confirmado EL ESPAÑOL, los miembros de la candidatura Sí Se Puede contaban en realidad con dos grupos de Whatsapp distintos en el momento de las primarias. El primero de ellos, al que pertenecen las capturas anteriores, servía para coordinar oficialmente las acciones de la lista oficialista. El segundo, llamado “Ganemos Elda”, fue abierto el pasado 4 de diciembre por Daniel Gomis, encargado de redes sociales de Sí Se Puede Alicante. En él, al contrario que en el chat oficial, fueron incluidas solo 12 personas. Es aquí donde se registraron conversaciones como la siguiente:screenshot-{domain} {date} {time} (14)
Un día después, 27 de diciembre, los miembros del actual Consejo Ciudadano de la ciudad vuelven a solicitar nuevas direcciones. Quedan solo 24 horas para que Podemos cierre sus primarias:screenshot podemos
El 3 de enero de 2015, una semana después de estas conversaciones, Podemos hizo oficial que la lista Sí Se Puede, avalada por Pablo Iglesias, había ganado las elecciones. La candidatura de Bustos se impuso a la de Nerea Belmonte por tan solo 114 votos y sus colaboradores coparon el Consejo Ciudadano.

Investigación oficial

El pasado 23 de junio la Comisión de Garantías Democráticas de Podemos anunció de forma oficial la apertura de un expediente para investigar las primarias en Alicante. El proceso de indagación sigue abierto y se prevé finalizarlo, según fuentes del partido, para la segunda semana de septiembre. Por su parte, la nota de prensa hecha pública por la lista ganadora habla textualmente de que ningún reglamento de Podemos “hace referencia a que la gente  no participe donde desea y tiene que participar donde vive […] de ser ésta una irregularidad, se debería auditar todos los procesos municipales, pues es algo altamente común”.

A expensas de lo que suceda en la Comisión de Garantías, desde la dirección de Podemos se niega de forma categórica un posible pucherazo en Alicante o en cualquier otro punto de España: “Nuestros sistemas de alerta lo habrían detectado”, aseguran. Los portavoces de Podemos reconocen que el partido no tiene manera de comprobar formalmente los datos de los simpatizantes inscritos. Sin embargo, mantienen que sus sistemas informáticos son capaces de advertir las manipulaciones. “Si llegan por ejemplo 300 votos desde la misma IP son inmediatamente anulados”, aseguran.

Las mismas fuentes confirman que los sistemas de alerta saltaron en varias ocasiones durante las primarias municipales de 2014, pero mantienen que las irregularidades fueron subsanadas y los votos fraudulentos, eliminados. El caso más flagrante fue el de Ferrol, donde la Comisión del Consejo Ciudadano de Procesos Constituyentes detectó más de 200 filiaciones falsas y mandó repetir las primarias. En total, y según los datos facilitados por la formación, las primarias municipales de Podemos registraron 469 votos con incidencias y 24 posibles infracciones de su código ético.

En el caso de Alicante, la dirección del partido sostiene que la Comisión de Garantías investiga las conductas de varios de los cargos electos durante la campaña, pero niega que sus actuaciones, sean sancionables o no, se tradujeran en una “manipulación efectiva” capaz de alterar el resultado de las primarias.

Así regaló Bancaja 44 millones de euros al constructor Enrique Ortiz

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Enrique Ortiz recibió 44 millones de euros por una empresa valorada en solo 12.000. Un negocio con una rentabilidad fuera de cualquier mercado que corrió por cuenta de Bancaja, la principal caja de ahorros de la Comunidad Valenciana. La operación fue detectada en 2013 por Bankia para analizar las cuentas de la entidad. La caja valenciana estaba presidida en 2008 por José Luis Olivas, detenido hace dos semanas por la Audiencia Nacional.

Enrique Ortiz recibió 44 millones de euros por una empresa valorada en solo 12.000. Un negocio con una rentabilidad fuera de cualquier mercado que corrió por cuenta de Bancaja, la principal caja de ahorros de la Comunidad Valenciana. La operación fue detectada en 2013 por Bankia para analizar las cuentas de la entidad. En el momento en el que tuvo lugar dicha compra la caja valenciana estaba presidida por José Luis Olivas, detenido hace dos semanas por la Audiencia Nacional.

El dinero salió de las cuentas de Bancaja -la caja pública de la Comunidad Valenciana- en octubre de 2008.  Y fue a parar directamente a manos de ODU, una de las sociedades del constructor alicantino Enrique Ortiz, principal imputado en la Operación Brugal. ¿El montante? 44 millones de euros, el presupuesto anual de un ayuntamiento de 50.000 habitantes.

Sobre el papel, la operación sirvió para que Bancaja -dirigida entonces por José Luis Olivas, detenido el pasado 29 de junio por orden de la Audiencia Nacional-  comprara  el 20 por ciento de Visomed, una de las empresas del constructor. Sin embargo y según los auditores que analizan las cuentas de la compañía para Bankia, la operación “carece de lógica comercial” y sirvió en realidad para que Ortíz se embolsara una importante cantidad de dinero sin apenas contrapartida. Un dinero que engrosó las pérdidas de la caja pública.

La operación inmobiliaria, investigada también en el marco de la Operación Brugal, se basa en la obtención por parte Ortiz del permiso municipal para urbanizar el llamado Plan Rabasa, una recalificación con 13.500 viviendas y un gran centro comercial que arrancó en abril de 2005. Ortiz obtuvo con sus empresas el permiso para llenar la zona de ladrillo. Pero en lugar de ejecutarlo, vendió ese derecho a otros socios como Bankia y el grupo inmobiliario Espacio. Entre medias, el ayuntamiento de Sonia Castedo realizó dos modificaciones puntuales del plan urbanístico. Dos cambios que beneficiaban los intereses de los constructores y que desde 2010 también investiga la Justicia.

Ahora, es la propia Bankia quien pone más pruebas sobre la mesa. Según un informe de la entidad, firmado el 1o de mayo de 2013, el precio de las acciones compradas por Bancaja se fijó de forma arbitraria. “Se establece un precio inicial de 44 millones de euros, en base a unos parámetros mencionados en la escritura de compraventa. Pero en ningún momento se detalla el cálculo a partir del cual se determina el precio mencionado anteriomente”, explican los auditores.

Amaño contable

En apariencia, el precio fijado por la constructora de Ortíz  se fundamenta en el llamado Informe Altair, un análisis sobre la operación encargado por Enrique Ortiz a un consultor externo. De hecho y según las escuchas telefónicas grabadas en el marco de la Operación Burgal, el empresario alicantino, investigado por otorgar presuntamente dádivas a distintos cargos locales, encargó un informe jurídico para poder justificar el montante de la operación. Así habla con uno de los responsables de Bancaja sobre el tema:

 

 

 

 

Según la auditoría aportada ahora por Bankia, “la versión final [del informe] de junio de 2008,  establece como valor de la sociedad 231 millones de euros, siendo el precio final acordado de 220 millones [los 44 millones abonados por Bancaja son para adquirir el 20 por ciento de la constructora]”. “Si bien en las conclusiones de dicho estudio se indicaba que el proyecto Lagunas de Rabasa era viable financiera y económicamente, a través del análisis de la evidencia digital, hemos identificado varios correos  electrónicos relacionados con el Informe Altair y la valoración de Visomed, que ponen en duda la objetividad y razonabilidad del valor finalmente determinado a través del informe”. En la siguiente llamada telefónica, incluida  en el sumario del caso Brugal y registrada el 22 de abril de 2008, es el propio José Cortina, directivo de la división inmobiliaria de Bancaja, quien le dice al consultor de Garrigues el valor de la compañía que ellos ya han fijado previamente para que lo tenga en cuenta en su informe:

 

 

Cinco años después de la operación,  los auditores contratados por Bankia constatan que la primera valoración de la compañía de Ortiz -cuyas relaciones políticas investigan desde hace años los juzgados de Alicante- es en realidad de 127 millones de euros. Menos de la mitad de lo que finalmente refleja el informe. “El importe final de 231 millones se alcanza en junio de 2008 tras la introducción de modificaciones en una hipótesis que ya en marzo de 2008 se consideraban optimistas”, explican. En la siguiente llamanda, intervenida en el sumario de la Operación Brugal, el empresario Enrique Ortíz habla de nuevo con José Cortina. En ella, el responsable de Bancaja le traslada su nervosismo por lo irregular de la operación:

 

 

Al final, Bancaja compró las acciones por 44 millones de euros. Pero el pelotazo para Ortiz fue mayor: “En la misma operación, ODU aporta 300 participaciones  [de Visomed] a las cuales se les otorga un valor de 110 millones de euros. Dichas participaciones fueron adquiridas por su valor nominal, de 30.000 euros. Es decir, ODU obtiene con dicha aportación una plusvalía tácita de 110 millones de euros”, mantienen los firmantes de la auditoría forense. Mientras tanto, Ortiz invitó en su yate a Aurelio Izquierdo, principal responsable de la división inmobiliaria de Bancaja. Juntos y tras una mariscada, pusieron rumbo a Ibiza:

 

Segunda fase

Dos años después de la operación, Bankia Habitat, la filial de Bancaja que finalmente se quedó con las acciones, aportó las participaciones como capital social a una nueva compañía. Otra aventura entre Bancaja, Enrique Ortíz y otros conocidos empresarios que se llamó Urbanika. El 30 de julio de 2010, con la crisis del ladrillo en auge y el mercado paralizado, el paquete de acciones de la constructora se valoró de nuevo en 44 millones de euros. Nada de detrimento ni reducción en el valor de la compañía, a pesar de que la empresa no había generado un solo euro en dos años. “En base a nuestro análisis, el valor de dicha aportación carece asimismo de razonabilidad económica”, mantienen los auditores.

Como ejemplo, el informe elaborado en 2008 preveía ventas de suelo por valor de 260 millones de euros en los siguientes dos años. Ventas que nunca se produjeron. Aun así, el valor del 20 por ciento de la compañía en 2010 fue el mismo: 44 millones.

 

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Enrique Ortiz y Sonia Castedo, ex alcaldesa de Alicante.

 

Los auditores identifican en su informe dos operaciones para confirmar que el precio de las acciones estaba fuera de mercado. La primera se produjo en marzo de 2010, cuando ODU adquiere el 5 por ciento de las acciones de Visomed a DUA (perteneciente al empresario Aurelio González Villarejo, también imputado en la Operación Brugal). En este caso, las acciones se vendieron por su valor nominal: solo 3.000 euros.

En el segundo caso, los correos electrónicos aportados por Bankia demuestran -a juicio de los auditores- que la constructora Espacio, otro de los socios de Urbanika, pensaba comprar el 10 por ciento de las acciones de Visomed por solo 11 millones de euros. Es decir, la mitad del precio pagado finalmente por Bancaja. “Finalmente y debido a los problemas que esto podría generar en la aportación de Bankia a Urbanika de su 20 por ciento al doble de precio, Espacio y ODU realizan la transacción por 22 millones de euros”. En otra de las llamadas del sumario, es el propio José Cortina, responsable de Bancaja, quien reconoce que ningún otro de los socios de Urbanika invertiría a ese precio ¿La contestación de Ortiz? “A tí te tengo que convencer y vas a pagar diez veces más”:

 

29 millones perdidos

Al final, la aventura inmobiliaria quedó cerrada por Bankia, Enrique Ortiz y la inmobiliaria Espacio como socios mayoritarios. Y juntos sufrieron el varapalo de los números rojos. Según sus propias cuentas, en solo cinco meses Visomed  perdió más de 29 millones de euros: el 15 por ciento de su valor. “Por último, si tenemos en cuenta los efectos económicos de la Operación Visomed para el serñor Ortiz, Bankia Habitat y Bancaja, observamos que la operación supone claras ventajas económicas para las sociedades del señor Ortiz en perjuicio de Bancaja”, concluyen los auditores. “El señor Ortiz ha obtenido fondos por 44 millones de euros por la venta de un activo que tenía valorado en 12.000 euros […] Como consecuencia, Ortiz incrementa su participación en Urbanika y reduce su deuda en 52,4 millones”.

“Por parte de Bancaja -prosiguen los auditores- esta operación ha supuesto un incremento de riesgo de 44 millones de euros que corresponden al importe total satisfecho por Urbanika al señor Ortiz, cuyos fondos proceden de un préstamo otorgado a Urbanika de 143 millones de euro […] En resumen, la operación supone claras ventajas económicas inmediatas para las sociedades del señor Ortiz. Por su parte Bancaja incrementa su riesgo bancario en relación a Urbanika en 44 millones de euros”.