El ‘conseller’ Puig hizo gestiones privadas para Pujol Jr. desde la Generalitat en plena investigación

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EL ESPAÑOL ha tenido acceso a un conjunto de correos electrónicos que se intercambiaron el conseller de Empresa y el hijo mayor del ex president en relación con la concesión de un distintivo de calidad a un hotel situado en el Alto Pirineo de Lleida.

Felip Puig con el ex alcalde de Barcelona, Xavier Trias. / FLICKR / CDC

El conseller catalán de Empresa hizo gestiones desde la Generalitat a favor de Jordi Pujol Ferrusola en plena investigación judicial. EL ESPAÑOL ha tenido acceso a un conjunto de correos electrónicos que se intercambiaron Felip Puig y el hijo mayor del ex president en relación con la concesión de un distintivo de calidad a un hotel situado en el Alto Pirineo de Lérida.

Pujol Jr. se interesó por el certificado del Hotel Vallferrera, que se había encontrado con dificultades para obtenerlo. Puig atendió de inmediato la petición de Pujol Ferrusola y le envió de vuelta las consultas que había hecho a los funcionarios y a los altos cargos encargados de tramitarlo, desvelándole información confidencial. Estos correos electrónicos obran en estos momentos en poder de la Agencia Tributaria, que ha conseguido recuperarlos después de que Pujol Jr. procediera a borrarlos poco antes de que los inspectores visitaran sus oficinas en Barcelona.

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Hacienda intervino los sistemas informáticos de Pujol Ferrusola en el marco de la investigación que dirige el Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional por blanqueo de capitales y delito fiscal. Unas pesquisas en las que se rastrea el origen de la ingente fortuna del clan familiar y en las que la Fiscalía y la policía ya han concluido que procede de la “corrupción política”.

Pujol Jr. solicitó en 2013 al alto cargo del Gobierno catalán que le consultara el estado de la tramitación de la concesión de una “especialidad gastronómica” al Hotel Vallferrera, ubicado en el pueblo de Àreu. La “especialidad gastronómica” es un distintivo otorgado por la Consejería de Turismo de la Generalitat que premia a los establecimientos hoteleros “de pequeño formato (con un máximo de 60 habitaciones y 120 plazas)” que destaquen por la “gestión familiar y el trato cercano”, un “alojamiento de calidad y confortable”, una “oferta gastronómica de calidad con gran representación de platos de cocina catalana” y la “dinamización territorial a nivel económico y cultural”.

Tras la preceptiva solicitud por parte del establecimiento, la Generalitat envió un técnico al hotel para que evaluara el negocio y acto seguido,una Comisión de Evaluación decidió si este hotel podía incorporarse al selecto club de los recomendados oficialmente por el Gobierno catalán.

Cinco funcionarios

Pasado el mediodía del 1 de julio de 2013, el conseller Puig remitió a Pujol Ferrusola desde su cuenta oficial en la Generalitat un correo electrónico con el resultado de sus pesquisas sobre el asunto. Precedido de un “cordialmente”, el correo se limitaba a rebotar una cadena de comunicaciones previas entre los distintos funcionarios encargados de supervisar la “especialidad gastronómica” del Hotel Vallferrera. En esas fechas, el hijo mayor del clan Pujol estaba ya siendo investigado por presuntos delitos de blanqueo de dinero y fraude fiscal

En el correo enviado por Felip Puig queda patente cómointervinieron en la consulta la responsable de la Sección de Comercio y Turismo de la zona de Lleida, Adela Rubio, el jefe de los Servicios Territoriales de Empresa y Empleo de la misma zona, Octavi Miarnau, la directora general de Turismo, Marian Muro, y el jefe de Gabinete del conseller Puig, Lluis Ridao.

Después de examinar la tramitación del distintivo turístico, la funcionaria Adela Rubio explicó que el hotel leridano “ha pasado por la Comisión de Evaluación de la especialidad gastronómica de los establecimientos hoteleros el pasado 7 de junio”. Según esta empleada de la Generalitat, “se le concedió la misma pero se le detectaron algunas carencias y algunas cuestiones no terminaban de alcanzar la puntuación mínima exigida”. Por ello, “se acordó que se elaboraría un plan de mejora donde se señalarían todas las deficiencias encontradas” y se indicaría cómo “subsanar las mismas”. Para cumplimentar ese “plan de mejora” se le otorgó al hotel “un plazo máximo de seis meses” a cuyo término, si no resolvía los problemas, se le “revocaría la especialidad gastronómica”.

Hacienda busca en Holanda 6,2 millones en comisiones de Oleguer Pujol

La Agencia Tributaria ha solicitado al Juzgado de Instrucción número uno de la Audiencia Nacional que libre una comisión rogatoria a Holanda para determinar “los beneficiarios y destino” de al menos 6,2 millones de euros pagados en comisiones por Oleguer Pujol en una de sus millonarias operaciones inmobiliarias.

La Agencia Tributaria ha solicitado al Juzgado de Instrucción número uno de la Audiencia Nacional que libre una comisión rogatoria a Holanda para determinar “los beneficiarios y destino” de al menos 6,2 millones de euros pagados en comisiones por Oleguer Pujol en una de sus millonarias operaciones inmobiliarias.

Este pago se enmarca en la adquisición de las 1.152 oficinas del Banco Santander por 2.040 millones de euros que investigar la Audiencia Nacional por blanqueo y delito fiscal. Por ahora se desconoce el destino de estos fondos, que fueron desviados por orden del hijo menor del ex president. Anticorrupción sospecha que Pujol Ferrusola pudo introducir fondos procedentes de la corrupción política en esta y alguna otra operación.

La Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) recuerda en un escrito al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL que esta compra millonaria, materializada el 23 de noviembre de 2007 por la sociedad Samos Servicios y Gestiones SLU, se saldó con el pago de al menos 6,2 millones de euros a la sociedad holandesa Marway BV, “domiciliada en Laan Van Meerdervoort 1224 2555 CD’S Gravenhage”. Tres ciudadanos holandeses figuran como administradores oficiales de esta entidad, que “sólo ha tenido un empleado” durante los ejercicios 2008, 2009 y 2010.

Según la ONIF, se desconoce quiénes son los socios de esa empresa “por lo que se han remitido varios requerimientos de información al Registro Mercantil de los Países Bajos”. No obstante, subraya que existe constancia de un apoderamiento otorgado por Oleguer Pujol a los referidos administradores holandeses por lo que se sospecha que dichos fondos se encuentran bajo su control.

Hacienda propone al juez Santiago Pedraz que solicite a las autoridades holandesas todos los movimientos de una cuenta de esta sociedad instrumental en el ING Bank de Amsterdam y que “identifique a las personas físicas y jurídicas que figuran como titulares o autorizados de la mismas”. Solicita todos los movimientos de más de 20.000 euros junto con la identificación del “ordenante y beneficiario” y“las cuentas bancarias de origen y el destino de los fondos”. Por último exige los movimientos de las cuentas bancarias abiertas por Marway, BV “en cualquier entidad de crédito establecida en Holanda desde su apertura y que identifique a las personas físicas y jurídicas que figuran como titulares o autorizados de las mismas”.

Oriol Pujol pagó a los Sumarroca su chalé con 729.000 euros de comisiones de las ITV

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Oriol Pujol entregó a la familia Sumarroca al menos 729.000 euros procedentes de comisiones de la trama de las ITV. El dinero fue transferido en distintas partidas entre 2008 y 2010 para la compra de una vivienda de lujo en el Pirineo y procedía en realidad de presuntas comisiones abonadas por el empresario Sergi Alsina.

También en EL ESPAÑOL:

 

Oriol Pujol entregó a la familia Sumarroca al menos 729.000 euros procedentes de comisiones de la trama de las ITV. El dinero fue transferido en distintas partidas entre 2008 y 2010 para la compra de una vivienda de lujo en el Pirineo y procedía en realidad de presuntas comisiones abonadas por el empresario Sergi Alsina.

Según un informe enviado en abril por Vigilancia Aduanera al Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona, Alsina y la mujer de Oriol Pujol -Ana Vidal Maragall- crearon una sociedad conjunta para camuflar las comisiones. Con los fondos desviados a esta sociedad gracias a trabajos falsos, la pareja compró después su residencia de lujo en La Cerdaña, construida por los Sumarroca.

El primer pago de Oriol Pujol a Teyco, la empresa investigada ahora por abonar comisiones ilegales del 3% a Convergencia, se produjo el 16 de diciembre de 2008. Una semana antes de esas Navidades, las cuentas del hijo del ex president Pujol emiten un cheque por valor de 190.650 euros a favor del clan Sumarroca. En apariencia, la transferencia no tiene nada incorrecto. Pero Hacienda acredita que la cuenta de Oriol Pujol se nutre en transferencias periódicas de Avima Projectes, una sociedad pantalla utilizada para canalizar comisiones. “Teniendo en cuenta el traspaso directo de capital, Sergi Alsina habría subvencionado la compra del porcentaje que correspondía a Oriol Pujol en la vivienda de Urús”, concluyen los funcionarios en su informe al juez.

Según la escritura pública, el precio total de compra fue de 1.015.517 euros y el ex diputado catalán se quedó con el 20% del chalet. El 27 de agosto de 2010, la cuenta bancaria que abrió en 1992 refleja una nueva salida de efectivo: otro cheque a nombre de Teyco, esta vez por 108.000 euros.

“Nuevamente se constata cómo se destinan los ingresos irregulares o injustificados de Serveis i Participacións Nova D [la empresa de Sergi Alsina] para financiar la adquisición de la vivienda situada en Urús por Oriol Pujol”, explica el informe de Hacienda. Las transferencias se repiten en dos días consecutivos: el 26 y 27 de octubre de 2010, cuando Oriol Pujol emite nuevos cheques por valor de 34.400 y 21.651 euros cobrados luego por Teyco.

Según los documentos consultados por EL ESPAÑOL, la cuenta utilizada por Oriol Pujol para recibir el dinero de las comisiones era la misma en la que cobraba su sueldo como parlamentario catalán: 449.259 euros entre 2007 y 2012. Sólo en la compra de su vivienda de recreo, el mediano de la familia Pujol gastó la mitad de ese dinero.

Separación de bienes

Oriol Pujol y su mujer, Ana Vidal, están casados en régimen de separación de bienes y en apariencia el ex parlamentario catalán carece de vinculación con las empresas de su esposa. Sin embargo, los funcionarios de Hacienda consideran que esta cortina legal es sólo una estrategia para ocultar el volumen y la procedencia de los fondos: hasta 569.118 euros cobrados por el matrimonio de forma indebida. “Aunque en las sociedades Avima Projectes SL y Serveis i Participació Nova D SL no figura como socio ni administrador Oriol Pujol Ferrusola, éste se beneficia finalmente también de los ingresos irregulares descritos”, explican los funcionarios al juzgado de instrucción número 9 de Barcelona.

Con esta apariencia de compartimentos estancos, el 2 de febrero de 2010 es la esposa de Pujol quien desde su cuenta personal envía otros 374.500 euros a nombre de Teyco, la constructora de los Sumarroca.

Esta operación viene a confirmar la constante relación financiera entre el clan de los Sumarroca y la familia Pujol. El pasado jueves EL ESPAÑOL desveló las comisiones del 5% sobre 2,6 millones de euros cobradas por Jordi Pujol Jr con la constructora de los Sumarroca, esta vez por supuestos trabajos de asesoría en México que la Justicia considera ficticios.

También en EL ESPAÑOL:

El anciano que canalizó las comisiones de Lleida facturó un millón con dos empleados en 2012

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Acta notarial donde se mencionan los pagos en efectivo a Juan Reñé, presidente de la Diputación de Lleida, y a su secretaria.

Joan Reñé, dirigente de CDC y presidente de la Diputación de Lleida desde 2011, recibió comisiones por adjudicar la concesión de las depuradoras de la comarca del Pla d’Urgell a la empresa M y J Gruas. La admisión del pago aparece en una acta notarial de la junta general de M y J Gruas en noviembre de 2014. Uno de los testaferros que ayudó a ocultar los pagos es un anciano de 80 años que reside en un pueblo de Huesca.

Joan Reñé, presidente de la Diputación de Lleida desde 2011, recibió comisiones por adjudicar la concesión del complejo encargado de mantener las depuradoras de la comarca del Pla d’Urgell a la empresa M y J Gruas. Uno de los testaferros que ayudó a ocultar los pagos es un anciano de 80 años que reside en un pueblo de Huesca y cuya empresa está investigada por la Agencia Tributaria.

Reñé aseguró este lunes en una rueda de prensa que no ha cobrado comisiones ilegales y presentó la información publicada como un ataque al proceso soberanista. También dijo que no tiene constancia de que la fiscalía de Lleída haya abierto una investigación sobre el asunto. Pero unas horas antes la propia fiscalía había confirmado a la radio independiente UA1 que tenía abierta una investigación sobre la trama. 

La admisión del pago de comisiones aparece en una acta notarial de la junta general de M y J Gruas en noviembre de 2014. El abogado Antoni Hilario, en representación de dos socios minoritarios, pregunta en la junta “cuáles son las acciones legales previstas” contra Reñé y contra su secretaria “por los pagos en efectivo” a cambio de la concesión de la UTE “por el presunto delito de cohecho”.

El asesor jurídico de M y J Gruas, Celestí Pol, responde que esos pagos para lograr la concesión “son conocidos por todos los miembros del Consejo”, también por el miembro representado por Hilario. El presidente del Consejo de Administración, José María Gruas, niega a continuación que eso sea cierto, siempre según el acta notarial.

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La empresa M y J Gruas emitió facturas por valor de medio millón de euros a nombre de tres empresas (Serboniu, Fertipoal y Enginyeria Inalba) cuyos administradores eran Esteban y Gonzalo Niubó Mir. Según Antonio Hilario, José Maria Gruas llevaba este dinero en metálico a la secretaria de Reñé, Marlen Minguell. 

La historia de las comisiones, que está investigando desde hace tiempo EL ESPAÑOL, la ha publicado este lunes Indablog.

En la trama de las facturas falsas está implicada una segunda empresa: Interiorismo y Reformas Profesionales, administrada desde Chimillas (Huesca) por Diego Garzón, una persona de 80 años y sin recursos aparentes para hacer grandes obras.

La empresa de Garzón tiene dos empleados y se dedica, según su código de actividad, a la reforma de edificios. Una de las facturas de 2009 tenía este asunto: “Por trabajos de ayuda en el mantenimiento de las depuradoras del Pla d’Urgell, en los meses de abril y mayo”.  En 2012 la empresa facturó más de un millón de euros y acabó el ejercicio con 50.000 euros de pérdidas. Las facturas falsas que emitió en 2012 Interiorismo y Reformas Profesionales rozan los 900.000 euros. 

El modus operandi de Garzón era parecido al de M y J Gruas: recibía por correo electrónico los detalles por los que debía facturar, cobraba el dinero, lo sacaba en metálico y lo llevaba a direcciones acordadas. Uno de los hijos de Garzón fue en la lista por Huesca de Ciudadanos y el otro en la del PAR.

Entre 2009 y 2014, la empresa Interiorismo facturó un total de tres millones de euros, en buena parte a empresas de los Niubó. Hay además otras dos grandes empresas que recibieron facturas de Garzón: Benito Arno e Hijos, con sede en Lleida, y otra que poco tiene que ver con el mundo de la ingeniería y las depuradoras en la comarca.

En 2012 Garzón facturó a Triacom Audiovisual la renovación del plató de El Gran Dictat, un programa de TV3. Triacom está administrada por Oriol Carbó y forma parte del conglomerado de Mediapro, de Jaume Roures.

Interiorismo y Reformas Profesionales está bajo inspección de la Agencia Tributaria de Huesca.

La UTE DEPURPLA 2 es una unión temporal de empresas que se encarga de la gestión de depuradoras en municipios de la comarca del Pla d’Urgell. Uno de esos pueblos es Fondarella, del que Joan Reñé es alcalde desde 1987. Reñé fue presidente del Consejo Comarcal del Pla d’Urgell en dos etapas distintas en las últimas décadas. Entre 2003 y 2011 ha sido diputado en el Parlament por Convergència. Reñé fue reelegido en 2015 al frente de la Diputación de Lleida con los votos de CiU, ERC y PSC.

La UTE DEPURPLA 2 donó 13.000 euros a la fundación de Convergència. La empresa M y J Gruas donó 50.000 euros: 20.000 en 2013 y 30.000 en 2010.

Marlen Minguell y otro empleado de la Diputación de Lleida (Gerard Serra, coordinador de nuevas tecnologías) están implicados en una querella de la fiscalía por acoso laboral. En octubre de 2013 destituyeron a Josep Jaume Mateu, interventor de la Diputación desde el año 2000. Sus superiores le acusaron sin pruebas de filtrar unos documentos sobre gastos que la Diputación no debía asumir porque no estaban vinculados a la institución. El diario El Matí Independent, que desapareció hace unos meses, obtuvo los documentos.

Los gastos que Mateu se negó a aprobar eran 1.050 euros por una cena en un restaurante del Puerto Olímpico de Barcelona y 4.000 por un viaje a California en el que los importes estaban mal justificados. Después del cese, Mateu y otro funcionario, José María Veganzones, denunciaron el acoso.

La Diputación usó dinero público para que dos detectives se hicieran pasar por periodistas y trataran de sonsacar información confidencial a Mateu. La treta no surtió efecto.

En una conversación con EL ESPAÑOL, Mateu ha admitido que también criticó internamente el nuevo método de licitación de concursos públicos que impuso Rañé poco después de ser nombrado en 2011 presidente de la Diputación. El método era el mismo que usaba Gisa, la empresa que gestiona las obras públicas de la Generalitat, y daba más valor a la oferta técnica que a la oferta económica más baja.

Fe de errores: 8.02pm. Por un error de edición, una versión anterior decía que Josep Jaume Mateu había filtrado documentos al diario El Matí Independent. EL ESPAÑOL desconoce la fuente del periódico de Lleida.

Pujol Jr. ocultó 1,2 millones de comisiones en Delaware

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– Hacienda descubre que compró Avanti Alliance LLC en el paraíso fiscal americano e inyectó los fondos a través de una de las sociedades que utilizaba para cobrar los 5% en España

– Desvió el dinero para “crear una empresa de envío de dinero entre EEUU y México”

  • Hacienda descubre que compró Avanti Alliance LLC en el paraíso fiscal americano e inyectó los fondos a través de una de las sociedades que utilizaba para cobrar los 5% en España
  • Desvió el dinero para “crear una empresa de envío de dinero” entre EEUU y México

Jordi Pujol Ferrusola también posee una sociedad instrumental en el estado norteamericano de Delaware, considerado paraíso fiscal. La Agencia Tributaria española ha detectado la existencia de Avanti Alliance LLC, entidad en la que el hijo mayor del ex presidente autonómico catalán participa a través de su empresa española Iniciatives, Marketing i Inversions, S.A., y en la que ha inyectado al menos 1,2 millones de euros que proceden del cobro de comisiones.

Esta empresa de Delaware fue adquirida por Pujol Jr. para poner en marcha, tal y como él señala en sus propios planes de negocio, la “creación e implantación de tarjetas para el envío de dinero entre países, principalmente entre Estados Unidos y México”, aunque formalmente estaba controlada por dos ciudadanos estadounidenses.

La Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) ya ha acreditado que Pujol Ferrusola introdujo “1.265.776,75 euros” en Avanti Alliance entre los ejercicios 2006 y 2009. Los investigadores siguen el rastro de este dinero al considerar que procede del cobro de comisiones ilegales por la adjudicación de obras públicas en Cataluña.

En este sentido, Hacienda se ha dirigido a las autoridades norteamericanas para requerirles cuanta información dispongan de esta nueva empresa, desconocida hasta la fecha, para determinar si fue empleada para blanquear fondos de origen ilícito. La Agencia Tributaria ha señalando en sus comunicaciones que alberga “serias dudas en relación a la veracidad de las cuentas declaradas por Iniciatives, Marketing i Inversions”.

Esta empresa española está participada al 50% por Jordi Pujol Ferrusola y por su esposa Mercé Gironés y ha sido una de las plataformas empleadas por el hijo mayor del histórico líder nacionalista para cobrar supuestos sobornos de manos de grandes contratistas de la Generalitat. No en vano, la Audiencia Nacional ya ha cuantificado en más de 8 millones de euros la cifra percibida por Pujol Ferrusola mediante esta y otras empresas instrumentales de manos de grandes constructoras y empresas de servicios con importantes contratos en Cataluña. En todos estos casos los pagos se camuflaron según la versión de los investigadores en forma de supuestas asesorías empresariales de las que no existe rastro documental alguno. Tanto el juez José de la Mata como la Fiscalía Anticorrupción consideran que se trata de trabajos ficticios que camuflan dádivas ilegales.

Una de las muestras más representativas de este modus operandi fue desvelado precisamente ayer por EL ESPAÑOL y tiene como protagonistas a los miembros de la familia Sumarroca, fundadores de Convergencia Democrática de Cataluña (CDC). A través de su empresa EMTE esta saga abonó 132.800 euros a Pujol Jr en concepto de un “5%” de comisión que dejaron anotado de su puño y letra en un post­it que encabeza el contrato suscrito entre ambas partes. De tal manera que, si la cifra de comisiones establecida para CDC ascendía al ya célebre 3%, la familia Pujol se reservaba para sí misma una tarifa todavía más alta.

Tras recibir el requerimiento de información en relación con la empresa Avanti Alliance, Estados Unidos ya ha procedido a contestar a la Hacienda española. Ha interrogado a los dos representantes americanos de Avanti Alliance, Al Vitolo y Tom Settineri, y ambos han explicado que el objeto oficial de esta empresa consistía en “la comercialización de un producto consistente en una tarjeta de crédito/débito concebida para que fuera usada por ciudadanos sin cuentas bancarias”. Asimismo, han precisado que Avanti se encuentra vinculada con otra sociedad, también radicada en Delaware, y denominada CJJ Investment Corporation.

Pese al ambicioso diseño inicial, las autoridades americanas señalan que “a finales de 2008 o principios de 2009 los bancos retiraron el apoyo financiero y pusieron fin al negocio”, provocando la bancarrota de la empresa. Pese a ello, Pujol Ferrusola dejó constar en su documentación interna que llevó a cabo viajes a Nueva York “para mantener reuniones” relacionadas con este proyecto así como a Houston para reunirse con “Gustavo de la Garza, presidente de Marcatel, quinta operadora mexicana, para la implantación de las tarjetas en México”, dejando claro que su intención pasaba por inyectar todavía más dinero de comisiones si el supuesto proyecto salía adelante.

José María Ruiz-Mateos: polémica, estafa y 900 empresas

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Un hombre que marcó una época. Una forma de gestionar. Capaz de crear más de 900 empresas y de ingresar en prisión con 84 años, hace solo tres meses, por estafa y fraude a la Hacienda Pública. El empresario José María Ruiz-Mateos falleció este lunes en un hospital del Puerto de Santa María cuando aún tenía citas pendientes con la Justicia. El recuerdo de Rumasa sigue sobrevolando, aunque pasará a la memoria colectiva por sus actuaciones públicas y sus disfraces.

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Un hombre que marcó una época. Una forma de gestionar. Capaz de crear más de 900 empresas y de ingresar en prisión con 84 años, hace solo tres meses, por estafa y fraude a la Hacienda Pública. El empresario José María Ruiz-Mateos falleció este lunes en un hospital del Puerto de Santa María cuando aún tenía citas pendientes con la Justicia. El recuerdo de Rumasa sigue sobrevolando, aunque pasará a la memoria colectiva por sus actuaciones públicas y sus disfraces.

“Se decreta la expropiación forzosa, por causa de utilidad pública e interés social, de la totalidad de las acciones representativas del capital (…) de los bancos y otras sociedades que componen el grupo Rumasa, S.A. (…) El Estado, a través de la Dirección General de Patrimonio, tomará posesión inmediata de las sociedades expropiadas”. 24 de febrero de 1983. El Boletín Oficial del Estado recogía el Real-Decreto Ley que le quitaba de las manos a José María Ruiz-Mateos el monstruo con cerca de 400 empresas y 18 entidades financieras, incluido el Banco Atlántico, que conformaban Rumasa, la original.

El entonces hombre más rico de España, que había empezado a construir su imperio exportando vinos a Inglaterra allá por 1961, se quedaba sin el timón y sin un barco que daba empleo a más de 60.000 personas.  

Enfrentamiento con Boyer

El ministro de Economía, Miguel Boyer, que no llevaba ni tres meses en el cargo, decidió cortar por lo sano. El detonante fue la negativa de Rumasa a cumplir con las exigencias de información del Banco de España.

A Boyer no le preocupó el escándalo financiero, con corralito de tres días incluido para los bancos del grupo. Bingo. Rumasa encerraba una contabilidad B, un agujero en su patrimonio superior a 100.000 millones de pesetas de 1983 (600 millones de euros al cambio actual) y una excesiva concentración de riesgos en un esquema de créditos de sus bancos a sus empresas, que recuerda al reciente caso del portugués Espirito Santo.

Mientras la Policía entraba en la sede de Rumasa en el madrileño Paseo de Recoletos, Ruiz-Mateos se ocupaba de poner a buen recaudo parte de la fortuna amasada y huía desde su casa de Somosaguas al extranjero, primero a Londres y días después a Fráncfort, desde donde sería finalmente extraditado. El capital que consiguió salvar lo utilizaría décadas después para fundar su segundo entramado, Nueva Rumasa.

Empezaba la guerra en la calle, los medios y los tribunales. La expropiación de Rumasa encendió la mecha de centenares de procesos judiciales que nunca llegaron a buen puerto. Tampoco prosperaron los recursos ante el Constitucional contra la operación del Gobierno socialista, aunque es verdad que la expropiación se salvó gracias al voto de calidad del entonces presidente del alto tribunal Manuel García Pelayo. También encallaron los intentos de anular las reprivatizaciones de Banco Atlántico, Inmobiliarias Reunidas o Galerías Preciados, entre otras.

Y finalmente, Ruiz-Mateos nunca pareció rendirse en su intento de hacer pagar al Estado por quitarle el imperio de la abeja. El resultado: más de 200 sentencias en su contra, incluida la del 22 de noviembre de 2004 del Tribunal Supremo en la que se establecía que el justiprecio del grupo empresarial Rumasa era cero. Ruiz-Mateos no podía exigir nada porque el valor del grupo de la abeja era un número negativo equivalente a sus deudas.

Todavía en 2011, cuando se venía abajo su segundo entramado empresarial, tres décadas después de la intervención del primero, Ruiz-Mateos intentaba eludir sus responsabilidades de pago de los pagarés de Nueva Rumasa ligándolos a la cantidad que aseguraba iba a recibir del Estado por las empresas expropiadas en los ochenta. El Ministerio de Economía se vio obligado a emitir un comunicado negando la existencia de deuda alguna para advertir a los inversores de que no firmasen la propuesta. En 2013, el Supremo rechazaba la petición de Ruiz-Mateos de que el Estado le indemnizase con 6.133 millones de euros por la expropiación de Galerías Preciados y le obligaba a pagar 4.000 euros en costas.

Años de estridencias

La expropiación de Rumasa no fue solo un asunto empresarial, representó el nacimiento de un personaje histriónico y mediático. El primer y más recordado episodio tuvo lugar seis años después de esa histórica medida. A la salida de los juzgados golpeó a Boyer al grito de “Yo te pego, leche”. Éste se convirtió en un mantra durante todos estos años de estridencias.

Con esa agresión comenzaba un enfrentamiento que el propio empresario se encargó de extender durante años. Polémicos anuncios televisivos de los productos de sus empresas, espectáculos a las puertas de los juzgados vestido de presidiario o de Superman… Se sirvió de todo ello para tratar de llamar la atención pública en un litigio para exigir daños por la expropiación que años después acabó perdiendo.

Su tormentosa relación con Boyer no fue una excepción. La que mantenía con jueces y fiscales estuvo trufada de duras declaraciones y momentos surrealistas. Como su huida de la Audiencia Nacional en 1998, donde había sido trasladado para prestar declaración, disfrazado con una peluca y una gabardina. Como en 1993, cuando atacó a los magistrados del Tribunal Constitucional, a los que llamó “peleles”. O cuando insultó gravemente en 2012 a una jueza de Palma, quien reclamó su declaración por una presunta estafa en una operación inmobiliaria en Mallorca.

Otra de las caras de ese personaje hay que buscarla en la arena política. Al margen de su enfrentamiento con el exministro, Ruiz-Mateos creó su propia formación. El nombre: el Partido del Trabajo y Empleo-Agrupación Ruiz-Mateos. “Oposición, oposición, oposición… Ahora, con más razón que nunca” era el lema. El resultado: a finales de los 80 logró un escaño en el Parlamento europeo, con el que se aseguró la inmunidad judicial durante aquella legislatura. La aventura concluyó en 1995.

Volver a nacer

Tras la caída en desgracia de Rumasa, Ruiz-Mateos volvió a reconstruir su apuesta empresarial con los mismos mimbres. Y es difícil repetir procesos similares sin obtener los mismos resultados.

A golpe de promesa, más que de talonario, construyó Nueva Rumasa, que en apariencia operaba como un conglomerado de sociedades, bajo una dirección única y una caja común: la láctea Clesa, los licores Garvey, la hotelera Hotasa, las alimentarias Dhul, Elgorriaga, Hibramer, Trapa, Carcesa o Quesería Menorquina eran algunas de las empresas que integraban su reconstruido imperio. Y el Rayo Vallecano, el equipo madrileño, presidido por su mujer, con el que conseguía un altavoz mediático con palco para autoridades.

En esta segunda etapa, Ruiz-Mateos, junto a sus hijos, se colocó el cartel de salvador de empresas en dificultades y grandes corporaciones le creyeron, lo que le permitió hacerse con marcas de tradición y resonancia entre los consumidores. Por ejemplo, la multinacional estadounidense Kraft vendió a Nueva Rumasa la fábrica de El Caserío en Menorca y dos de sus marcas Apis y Fruco; y Parmalat, la láctea italiana que protagonizó la quiebra transalpina más sonada, vendió Clesa a Ruiz-Mateos, incluida su fábrica madrileña a sólo unos metros del madrileño Paseo de la Castellana.

Esta vez, la crisis surgió por las facturas. A principios de 2010, las compañías de los Ruiz-Mateos dejaron de pagar a sus proveedores y las fábricas se quedaron sin materias primas. Algo que, en cierta medida, no dejaba de ser habitual en plena crisis económica. Sin embargo, el principal problema estaba por detrás. No había un soporte, un armazón que aguantara la estructura empresarial de los Ruiz-Mateos. Y, sin andamios, las compañías de la familia jerezana fueron cayendo una tras otra, acogiéndose a sucesivos concursos de acreedores. Juntas sumaban una plantilla de más de 5.000 empresas.

La trampa de los pagarés

A las facturas sin pagar se sumaron sus emisiones. Uno de los grandes planes de la familia Ruiz-Mateos para relanzar sus empresas fue la emisión de letras y pagarés entre 2009 y 2010. En total, la empresa colocó su deuda en 5 fases a través de 13 emisiones con las que captaron más de 350 millones de euros, aunque se llegó a hablar de cifras que alcanzaban los 550 millones de euros por las aportaciones en efectivo y en ‘dinero B’. Nueva Rumasa consiguió captar a miles de inversores con la publicidad en medios de comunicación (que las televisiones, radios y periódicos se quedaron sin cobrar), el entramado del ‘banquito’ de Jerez y el alto interés que ofrecían sus títulos, que oscilaron entre el 8 y el 12% anual.

Entonces, la promesa de Nueva Rumasa era emplear este dinero para comprar una participación de un 25% o más en una “importante empresa del sector de la alimentación”. Detrás estaba su supuesta intención de adquirir Deoleo, la antigua Sos Cuétara, que vivía su propio escándalo empresarial. Una adquisición que “aportará un mayor liderazgo y complemento de la División Alimentaria”, explicó la compañía a sus inversores, pero la realidad es que la compra nunca llegó a realizarse. Tampoco se pagaron la mayor parte de los intereses prometidos, y seis años después, los inversores siguen esperando la resolución de los tribunales.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) alertó con hasta siete comunicados de los riesgos que estaban asumiendo los inversores. En ellos advirtió que estos pagarés no serían negociables en el mercado secundario, y aconsejó a los ahorradores que se informaran acerca de la “situación jurídica y económico-financiera de la empresa” antes de comprar estos títulos. La participación mínima de los pagarés era de 50.000 euros, un requisito con el que Nueva Rumasa conseguía cumplir el mínimo que exigía la Ley del Mercado de Valores para colocaciones que no tuviesen un folleto registrado y aprobado en el regulador.

“La CNMV advirtió que investigaría si la empresa vendió pagarés por un montante inferior a estos 50.000 euros, pero nunca lo hizo”, explica Joaquín Yvancos, que fuera abogado de la familia Ruiz-Mateos durante tres décadas. El propio Yvancos informa que la empresa sí firmó préstamos por debajo de esta cantidad y que, por tanto, serían ilegales.

“Si no devuelvo el dinero, me pego un tiro”, llegó a exclamar el patriarca de la familia ante los medios de comunicación. Sin embargo, la realidad es que los más de 350 millones de euros que prestaron los inversores a Nueva Rumasa siguen atrapados en una causa que está pendiente de finalizar. De momento, el nuevo titular del juzgado central 5 de instrucción de la Audiencia Nacional, José María de la Mata, ha reactivado la investigación con nuevos interrogatorios a los hijos del empresario. “Esta causa va por la vía de lo penal, por lo que los dirigentes, testaferros y ejecutivos de la compañía se enfrentan a una posible condena de cárcel”, explica Yvancos. El patriarca de la familia y uno de sus hijos, Javier Ruiz-Mateos, ya fueron condenados en febrero a abonar más de 92 millones de euros a algunos acreedores de una emisión de sus pagarés, en un proceso que fue por la vía civil.

Quien se quitó responsabilidad por las emisiones fue el Gobierno de Rodríguez Zapatero. “El Gobierno hizo todo lo que estaba en su mano”, aseguró la entonces ministra de Economía Elena Salgado. “Poco más se puede hacer”, asumió.

Sin capacidad para responder, los Ruiz-Mateos buscaron el respaldo del Banco Santander. La propia familia hizo públicas una serie de misivas con las que justificaba cómo había pedido, sin éxito, el respaldo de Emilio Botín, fallecido hace un año. “Una vez más, mi profunda gratitud en nombre de mi numerosa familia y que Dios siga ayudándote, porque para mí y para muchos, sin duda alguna pasarás a la historia como el mejor banquero del mundo, como lo estás demostrando todos los días”, aseguró en uno de los comunicados que la familia entregó a la prensa como muestra de sus intentos de salvar su conglomerado empresarial.

Un legado judicial y empresarial

Tras la caída de Nueva Rumasa, Ruiz-Mateos inició una nueva carrera en los tribunales, acusado de estafa, fraude a la Hacienda pública e insolvencia punible. El pasado mes de junio, el jerezano volvió a pisar la cárcel. En junio ingresó durante unas horas en la cárcel madrileña de Soto del Real, pero fue trasladado a un hospital por sus problemas de salud, después de que fuese acusado por la Agencia Tributaria de defraudar en el impuesto de sociedades e IVA. Aunque queden sobreseídos los casos penales en los que estaba implicado el empresario, sí seguirán adelante aquellos en los que estén imputados sus hijos, como la presunta estafa en Nueva Rumasa. Sin embargo, según fuentes del caso, la estrategia de la familia desde el primer momento fue hacer único responsable al patriarca.

En cuanto al presente y futuro de las empresas, algunas no han logrado sobrevivir a la caída de Nueva Rumasa, como Clesa, cuya fábrica reconvertirá Metrovacesa en pisos y hoteles. Otras han cambiado de manos. Cacaolat ha logrado renacer de la mano de la cervecera Damm y Cobega, la embotelladora (integrada en Coca-Cola Iberian Partners) de la familia catalana Daurella. Tranchettes, que pertenecía a Quesería Menorquina, ha acabado en el Grupo Bel, dueño de marcas como Babybel o La vaca que ríe. Pese a todo lo ocurrido, los Ruiz-Mateos, según publicó El Economista, no han cesado su actividad empresarial, esta vez, a través de franquicias ligadas al mundo de la restauración.

 

Las 19 incógnitas que la comparecencia de Fernández Díaz no despejó

Fernández Díaz

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, se sometió al escutrinio de la Cámara Baja en una comparecencia para rendir cuentas sobre la reunión que mantuvo con el ex vicepresidente Rodrigo Rato el 29 de julio en su despacho oficial. “Era mi deber atenderlo. Se reunió conmigo por su seguridad personal”, repitió durante su larga comparecencia sin ningún arrepentimiento. Dio algunas respuestas, pero son más las incógnitas. 

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, se sometió al escutrinio de la Cámara Baja en una comparecencia para rendir cuentas sobre la reunión que mantuvo con el ex vicepresidente Rodrigo Rato el 29 de julio en su despacho oficial. “Era mi deber atenderlo. Se reunió conmigo por su seguridad personal”, repitió durante su larga comparecencia sin ningún arrepentimiento.

EL ESPAÑOL diseñó este jueves una lista con las preguntas que el máximo mandatario del departamento de Interior debía responder para esclarecer el encuentro y sus implicaciones. Sin embargo, cuatro horas de comparecencia no bastaron para despejar todas las dudas que despertó una reunión que -de creer a Fernández Díaz- el propio presidente del Gobierno descubrió a través de la prensa.

El ministro se limitó a reconocer que Rodrigo Rato se puso en contacto con él entre el 9 y el 20 de julio, que a la reunión en la sede del Ministerio él mismo llegó tarde y que su jefe de gabinete participó, pero sólo al principio. Fue Rato quien solicitó el encuentro, según la versión del ministro, porque “estaba preocupado por la posibilidad de que le retirasen la seguridad” y por las amenazas en forma de tuit que recibieron él y su entorno. Finalmente, el titular de Interior se escudó en que Rato está en peligro para no dar más explicaciones a la ciudadanía.

Balance comparecencia

A continuación figuran las cuestiones que el ministro dejó sin responder. De las 35 planteadas inicialmente, más de la mitad quedaron sin aclarar: 19 en total.

  1. ¿Hay constancia de la llegada de Rato al Ministerio en el registro de entrada?
  2. ¿Alguien del PP sabía que iba a producirse ese encuentro? ¿Quién o quiénes?
  3. ¿Contó el ministro cómo fue la reunión a alguien? ¿A quién?
  4. ¿Ha recibido el ministro en su despacho a otros amigos para abordar sus problemas?
  5. ¿Pidió Rato al ministro que hiciera llegar a la AET o a Cristóbal Montoro su versión sobre el origen de su patrimonio?
  6. ¿Qué consecuencias tuvo el encuentro?
  7. ¿Por qué aseguró el Ministerio en su comunicado que Jorge Fernández Díaz no tiene ninguna relación con la investigación cuando es la Guardia Civil, bajo su mando, la que actúa como policía judicial?
  8. ¿Le comentó Rato si él o su familia habían interpuesto alguna denuncia por las amenazas a su familiar?
  9. ¿Por qué Interior tardó casi tres días en tratar de explicar los hechos si todo estaba tan claro, según la versión del ministro?
  10. ¿Se ha planteado el ministro llevar a cabo alguna actuación judicial contra Rato por asegurar que sí hablaron de su caso?
  11. ¿Tiene Fernández Díaz relación con Luis Bárcenas en la actualidad?
  12. ¿Mandó el ministro del Interior mensajes de apoyo a Luis Bárcenas, tal como ha asegurado el extesorero del PP?
  13. ¿Quién ordenó el dispositivo de vigilancia a Luis Bárcenas y sus familiares antes de que el extesorero entrara en prisión?
  14. ¿Hizo alguna gestión el ministro del Interior para identificar a los autores y responsables de este operativo de vigilancia a Bárcenas?
  15. Si la dimisión del exministro Bermejo estaba motivada por irse de cacería con un imputado, ¿debería el ministro presentar su renuncia?
  16. ¿Ha recibido instrucciones del presidente del Gobierno para contactar en su nombre con imputados por corrupción?
  17. ¿Ha participado en alguna reunión con el presidente del Gobierno para decidir la estrategia del PP sobre los casos de corrupción?
  18. ¿Se han tratado casos de corrupción como Gürtel, Púnica o el caso Bankia en reuniones del Gobierno?
  19. ¿Ha consultado con Soraya Sáenz de Santamaría o su jefa de gabinete la estrategia del Gobierno en relación a casos de corrupción que afectan al PP?

Con información de Antonio Delgado, Patricia López, Pablo Romero y Joaquín Vera.

Además, en EL ESPAÑOL:

35 preguntas para Fernández Díaz por su reunión con Rato

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El encuentro de Jorge Fernández Díaz con Rodrigo Rato no fue uno más. No figuraba en la agenda del ministro del Interior y fue aireada por la prensa, con versiones contradictorias sobre su contenido, insólitos comunicados de prensa y finalmente una comparecencia extraordinaria en pleno agosto ante el Congreso. Fernández Díaz se reunió con Rato, el ex vicepresidente económico del Gobierno, ex director gerente del Fondo Monetario Internacional, expresidente de Bankia, ex casi todo en el PP pero actualmente imputado por varios delitos y con su patrimonio bajo sospecha. Aquí están todas las preguntas sin respuesta,

El encuentro de Jorge Fernández Díaz con Rodrigo Rato no fue uno más. No figuraba en la agenda del ministro del Interior y fue aireado por la prensa, con versiones contradictorias sobre su contenido, insólitos comunicados de prensa y finalmente una comparecencia extraordinaria en pleno agosto ante el Congreso. Fernández Díaz se reunió con Rato, el ex vicepresidente económico del Gobierno, ex director gerente del Fondo Monetario Internacional, expresidente de Bankia, ex casi todo en el PP pero actualmente imputado por varios delitos y con su patrimonio bajo sospecha.

Estas son las incógnitas que rodean a una de las citas más polémicas de los últimos años.

  1. ¿Cuándo recibió la llamada de Rodrigo Rato?
  2. ¿Qué problema personal invocó Rato para convencer al ministro de que debía recibirle?
  3. ¿No se podía tratar por teléfono?
  4. ¿Cuánto tiempo tardó en recibir a Rato desde que éste le expuso su interés por entrevistarse?
  5. ¿Por qué aceptó la entrevista a sabiendas de que hacerlo podía ponerlo en una difícil situación?
  6. ¿Le presionó Rato de alguna manera para convencerle? ¿Le amenazó con alguna información sensible?
  7. ¿Hay constancia de la llegada de Rato al Ministerio en el registro de entrada?
  8. ¿Cuánto duró?
  9. ¿De qué se habló?
  10. ¿Alguien del PP sabía que iba a producirse ese encuentro? ¿Quién o quiénes?
  11. ¿Contó el ministro cómo fue la reunión a alguien? ¿A quién?
  12. ¿Ha recibido el ministro en su despacho a otros amigos para abordar sus problemas personales?
  13. ¿Ha recibido el ministro a otros imputados en su despacho?
  14. ¿Informó el ministro a Rato de las pesquisas de la Guardia Civil en el marco de las investigaciones sobre el exbanquero?
  15. ¿Se mencionó en la reunión el papel decisivo de la Agencia Tributaria en la iniciación del ‘caso Rato’?
  16. ¿Pidió Rato al ministro que hiciera llegar a la AET o a Cristóbal Montoro su versión sobre el origen de su patrimonio?
  17. ¿Qué consecuencias tuvo el encuentro?

    La explicación de lo sucedido

  18. ¿Por qué no se informó en el comunicado de que la razón de la reunión era las amenazas a un familiar de Rato?
  19. ¿Por qué aseguró el Ministerio en su comunicado que Jorge Fernández Díaz no tiene ninguna relación con la investigación cuando es la Guardia Civil, bajo su mando, la que actúa como policía judicial?
  20. ¿Le comentó Rato si él o su familia habían interpuesto alguna denuncia por las amenazas a su familiar?
  21. ¿Habló con el imputado de su situación procesal, tal como sostiene el propio Rato?
  22. ¿Por qué Interior tardó casi tres días en tratar de explicar los hechos si todo estaba tan claro según la versión del ministro?
  23. ¿Miente Rato cuando asegura que hablaron de “lo que le estaba pasando”?
  24. ¿Se ha planteado el ministro llevar a cabo alguna actuación judicial contra Rato por asegurar que sí hablaron de su caso?

    Más allá de Rodrigo Rato

  25. ¿Tiene Fernández Díaz relación con Luis Bárcenas en la actualidad?
  26. ¿Mandó el ministro del Interior mensajes de apoyo a Luis Bárcenas, tal como ha asegurado el extesorero del PP?
  27. ¿Quién ordenó el dispositivo de vigilancia a Luis Bárcenas y sus familiares antes de que el extesorero entrara en prisión?
  28. ¿Hizo alguna gestión el ministro del Interior para identificar a los autores y responsables de este operativo de vigilancia a Bárcenas?
  29. Si la dimisión del exministro Bermejo estaba motivada por irse de cacería con un imputado, ¿debería el ministro presentar su renuncia?

    Rajoy

  30. ¿Pidió el ministro permiso a Mariano Rajoy para reunirse con Rato?
  31. ¿Informó a Mariano Rajoy con posterioridad del contenido de la reunión?
  32. ¿Ha recibido instrucciones del presidente del Gobierno para contactar en su nombre con imputados por corrupción?
  33. ¿Ha participado en alguna reunión con el presidente del Gobierno para decidir la estrategia del PP sobre los casos de corrupción?
  34. ¿Se han tratado casos de corrupción como Gürtel, Púnica o el caso Bankia en reuniones del Gobierno?
  35. ¿Ha consultado con Soraya Sáenz de Santamaría o su jefa de gabinete la estrategia del Gobierno en relación a casos de corrupción que afectan al PP?

Han preguntado: María Peral, Vicente Ferrer, Mariano Gasparet, Pablo Romero, Ana I. Gracia, Joaquín Vera y Daniel Basteiro.

Además, en EL ESPAÑOL:

La transparente opacidad

PP

Que Fernández Díaz haya recibido a Rato revela, en el mejor de los casos, una enorme torpeza por parte de Jorge Fernández. Porque lleva a pensar en otras explicaciones menos favorecedoras. Por ejemplo, si no será que alguien con la información interna que del PP y del Gobierno tiene Rodrigo Rato pudiera haber tratado de emplearla para forzar una reunión con el ministro y presionar a las autoridades.

Tres días después de que se conociese que el ministro del Interior recibió a Rodrigo Rato en su despacho a la semana siguiente de haberse negado éste a declarar ante el juez por la imputación de blanqueo, el departamento que dirige Jorge Fernández ha emitido un comunicado para intentar sofocar el consiguiente escándalo político y la petición de explicaciones de los partidos de la oposición. El documento tiene cinco puntos que suscitan al menos otros tantos interrogantes, por lo que, lejos de aclarar, aumenta las sospechas de lo turbio de ese encuentro.

Lo primero que destaca la nota es que Rato solicitó la reunión para tratar un asunto “exclusivamente personal”, haciendo saber que su petición nada tenía que ver con la “situación procesal” por la que atraviesa. Según el comunicado, el ministro se aseguró de aclarar ese extremo antes de aceptar la cita. Cabe preguntarse si Jorge Fernández es tan generoso con su tiempo como para recibir, en horas de oficina, a todo aquel que quiera confiarle un asunto “personal”. Dado que no es verosímil, cabría exigir al Ministerio que concrete cuáles son los criterios que utiliza para abrir las puertas del despacho de su titular.

En segundo lugar, se dice que la entrevista duró algo menos de una hora, y no dos, como se ha publicado. Una hora de conversación da para abordar varios temas e incluso alguno en profundidad. Toda vez que el propio comunicado especifica que Rato quería hablar de “una cuestión”, está claro que tuvo minutos suficientes para exponerla y debatirla. Convendría que el Ministerio informara del tiempo transcurrido desde que Rato pidió la entrevista hasta obtener el consentimiento, porque podría dar pistas en cuanto a la predisposición del ministro a recibirlo.

En su tercer punto, la nota precisa que Jorge Fernández eligió su despacho para la cita como forma de demostrar que no había “nada que ocultar”. La máxima que se esgrime es ésta: “Era más adecuado hacerlo en la sede del Ministerio que en el reservado de un restaurante”. Una tesis que fácilmente se puede poner del revés. Cuántas veces no se habrán cometido irregularidades usando precisamente los despachos oficiales como coartada. Para que la explicación del Ministerio fuera creíble debería haber comunicado previamente que la reunión se iba a producir. Presumir de que el encuentro fue en el despacho una vez desatado el escándalo puede llevar a pensar que ésa era la trampilla que el ministro había previsto para tratar de salir airoso en el caso de que los hechos trascendiesen a la opinión pública.

En cuarto lugar, la nota ministerial subraya que las investigaciones sobre Rato están en manos de la Fiscalía Anticorrupción y de la Unidad de Inteligencia Financiera, adscrita a la Agencia Tributaria. Sin embargo oculta que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, encargada de la investigación, depende de Interior, ¿o es que por el hecho de actuar bajo la autoridad judicial sus miembros no tienen que responder ante Interior, y sus sueldos, reconocimientos, o ascensos no los decide el Ministerio?

En el quinto y último punto, Interior asegura que el ministro “no ha realizado ningún tipo de gestión” en relación a la situación procesal de Rato. Teniendo en cuenta que admitir lo contrario daría pie a investigarlo por prevaricación, se trata de un argumento de escaso valor.

El episodio revela, en el mejor de los casos, una enorme torpeza por parte de Jorge Fernández. Porque que el ministro del Interior reciba a una persona de la trascendencia de Rato, estando como está imputado por graves delitos, lleva a pensar en otras explicaciones menos favorecedoras. Por ejemplo, si no será que alguien con la información interna que del PP y del Gobierno tiene Rodrigo Rato pudiera haber tratado de emplearla para forzar una reunión con el ministro y presionar a las autoridades.

La lista de casos de corrupción que acumula el PP es tan extensa que, a estas alturas, debería haber servido de experiencia a sus dirigentes y cargos públicos para andar con mejor tiento y más escrúpulos. Jorge Fernández ha reaccionado tarde, cuando el asunto llevaba días pudriéndose en mitad de la calle, y la nota pretendidamente aclaratoria que ha facilitado a la opinión pública es un homenaje a la opacidad y el oscurantismo. Al final, se atrinchera en decir que nada puede desvelar porque lo tratado era “exclusivamente personal”. Por eso la última pregunta nos devuelve a la casilla de salida: ¿Es de recibo que el ministro del Interior hable de asuntos personales en su despacho oficial con un imputado por corrupción que fue vicepresidente del Gobierno y alto cargo de su partido?

Foto: El ministro de Hacienda, Cristobal Montoro en julio junto al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz y el Vicesecretario de política Autonómica, Javier Arenas (Flickr / PP)

Hacienda dice que con la ‘lista Falciani’ no se puede acusar a nadie de delito fiscal

 Según un informe de la Subdirección General de Inspección Territorial de Hacienda, la información sobre 659 presuntos defraudadores fiscales de la ‘lista Falciani’ no era suficiente para imputar a ninguno de ellos un delito fiscal. Esta es la razón por la que la Agencia Tributaria decidió requerir a todos ellos para que regularizaran voluntariamente su situación con con el fisco en lugar de abrirles una inspección que podría haber llevado a alguno de ellos a prisión.

L'informateur de fisc français, Hervé Falciani (ancien informaticien de la banque Suisse HSBC), dévoile le parcours qui l'a amené à dénoncer le fonctionnement de la banque HSBC de Genève.

La información sobre 659 presuntos defraudadores fiscales de la ‘lista Falciani’ no era suficiente para imputar a ninguno de ellos un delito fiscal, razón por la que la Agencia Tributaria decidió requerir a todos ellos para que regularizaran voluntariamente su situación con Hacienda en lugar de abrirles una inspección que podría haber llevado a alguno de ellos a prisión.

Así lo asegura un informe de la Subdirección General de Inspección Territorial fechado el pasado 8 de junio y remitido a la jueza, Purificación Elisa Romero, titular del juzgado de instrucción nº 37 de Madrid, que instruye una causa para determinar si los altos cargos que tomaron dicha decisión incurrieron o no en delito.

El informe detalla que las autoridades francesas enviaron un total de 1.972 fichas de posibles defraudadores con cuentas en el HSBC de Ginebra, en algunos casos personas físicas y en otras jurídicas, de las que logró identificar a 1.800, aunque sólo se pudo adjudicar bienes patrimoniales a 848. Tras comprobar si tenían su residencia en España y si los datos a los que aludía la información estaban prescritos o no, el listado quedó reducido a los ya citados 659 contribuyentes, a los que se giró un requerimiento voluntario de regularización.

“No parece que de la información de las fichas pudiera deducirse directamente la existencia de delitos contra la hacienda pública, dado que, si bien existía información de los saldos, no se podía conocer la procedencia de los fondos”, dice literalmente el texto de la Agencia Tributaria.

“Las identidades no siempre aparecen claras”

Javier Hurtado Puerta, subdirector general de Inspección Territorial, que firma el documento, sostiene en él que “las identidades de los titulares no siempre aparecían claras e indudables”, ya que la mayoría estaba a nombre de sociedades constituidas en Panamá, las Islas Vírgenes Británicas o Luxemburgo. Es decir, se trataba de sociedades domiciliadas en Suiza pero sin ninguna actividad económica. “Había que determinar quién o quienes se escondían tras estas sociedades pantallas” antes de corroborar que “tal y como se pensaba en los primeros momentos, las Autoridades Suizas no colaboraron para confirmar el contenido de las fichas”, dice el informe.

Esta circunstancia, y el hecho de que los datos remitidos se referían exclusivamente a los ejercicios fiscales de 2005 y 2006, y la prescripción de las declaraciones sobre IRPF y sobre el Patrimonio del ejercicio de 2005 se producía el 30 de junio de 2010, es decir, 36 días después de la recepción de los datos, que había tenido lugar el 26 de mayo, hizo que se optara por el requerimiento en lugar de por abrir una inspección.

“En ese periodo tan reducido de tiempo fue preciso realizar los procesos de análisis e identificación, sistematizar la información, valorar mínimamente los riesgos, adoptar la decisión sobre las personas con capacidad de disposición y titularidad real, y sobre la actuación más adecuada a realizar, elaborar los documentos administrativos a remitir y lograr las notificaciones de los mismos”, dice el informe de la AET, que recoge que aproximadamente la mitad de los 659 requeridos no respondieron o negaron ser titulares de la cuentas. “De este modo la información recibida, sin negarle una evidente utilidad para detectar riesgos desconocidos, no podía ser usada sin más para la práctica de regularizaciones”.

Colaboración con Hacienda 

El documento remitido a la magistrada  reconoce que muchas de las personas que regularizaron tras el requerimiento de Hacienda demostraron que el origen de las rentas que tenían en Suiza procedían de ejercicios fiscales prescritos y solo tuvieron que regularizar pequeñas cantidades. “Esto les permitió colaborar con la Agencia Tributaria aportando información sobre cómo actuaba el banco suizo, y de esta forma ayudar a comprender la información de que se disponía. Esta información, que fue muy importante para el desarrollo de las actuaciones inspectoras con titulares que negaban las cuentas, se obtuvo generalmente de esos contribuyentes que presentaron declaraciones complementarias tras la notificación de los órganos de Gestión”.

En definitiva, el informe avala la decisión Carlos Cervantes Sánchez-Rodrigo, entonces director del departamento de Inspección Financiera y Tributaria, y María Dolores Bustamante, directora del departamento de Gestión, contra quienes el sindicato de técnicos de Hacienda Gestha presentó en una querella que ha dado lugar a una causa en la que ambos exaltos cargos están imputados.

El informe de  la AEAT concluye diciendo que el procedimiento utilizado “no impidió, con posterioridad, y según las circunstancia de cada caso, la imposición de sanciones, el posterior desarrollo de procedimientos inspectores o la presentación de denuncias por delito fiscal”, aunque no especifica en cuántos casos ni los importes.