Por qué la crisis de los refugiados paraliza y enfrenta a la UE

Refugiados sirios y afganos llegan a la isla de Lesbos. / REUTERS / Dimitris Michalakis

En lugar de solidaridad y acogida, el agravamiento de la crisis de los refugiados este verano ha provocado parálisis y enfrentamientos entre los estados miembros de la UE, que no se ponen de acuerdo sobre un sistema de cuotas obligatorias para repartirse a los demandantes de asilo. A continuación explico las claves de esa parálisis y de lo que puede ocurrir a partir de ahora. 

En la imagen, refugiados sirios y afganos llegan a la isla de Lesbos. / REUTERS / Dimitris Michalakis

Gráficos de Patricia López

La foto de la vergüenza de Europa / La muerte, en alejandrinos

“Por favor, no vengan”. Es el mensaje que ha lanzado desde Bruselas a los refugiados que tratan de llegar a Europa el primer ministro húngaro, Viktor Orbán. Ha sido su respuesta a la foto del niño sirio ahogado en una playa de Turquía. En lugar de solidaridad y acogida, el agravamiento de la crisis de los refugiados este verano ha provocado parálisis y enfrentamientos entre los estados miembros, que no se ponen de acuerdo sobre un sistema de cuotas obligatorias para repartirse a los demandantes de asilo.

El crecimiento de partidos populistas y de ultraderecha en muchos países europeos dificulta cualquier solución. Está además en riesgo uno de los principales logros de la UE, la libre circulación de personas en el espacio Schengen ya que países como Austria empiezan a reintroducir controles fronterizos. Para el 14 de septiembre se ha convocado una reunión extraordinaria de los ministros del Interior de los 28 en un intento de desbloquear la situación.

¿Por qué aumenta la llegada de refugiados a la UE?

Unos 340.000 inmigrantes y demandantes de asilo han sido detectados en las fronteras de la UE tratando de entrar de forma irregular entre enero y julio de este año, una cifra que casi triplica la registrada en el mismo periodo de 2014: 123.500 personas en los siete primeros meses y 280.000 en el total del año, según los datos de la Agencia Europea de Control de Fronteras (Frontex). Pese al fuerte aumento, esta cifra apenas representa el 0,06% de la población de la UE. Pero el incremento ha provocado una “presión sin precedentes” para las autoridades de control fronterizo de Grecia, Italia y Hungría, según admite la propia agencia.

La guerra civil en Siria, que ha entrado ya en su quinto año, el caos en Libia tras la intervención de la OTAN, el avance del Estado Islámico, la inestabilidad en Irak o Afganistán o los regímenes represivos en países africanos como Eritrea son las principales causas que explican el constante agravamiento de la crisis de refugiados.

Refugiados sirios y afganos llegan a la isla de Lesbos. / REUTERS / Dimitris Michalakis
Refugiados sirios y afganos llegan a la isla de Lesbos. / REUTERS / Dimitris Michalakis

¿Cuáles son las principales rutas de entrada?

Los inmigrantes y los traficantes de personas van ajustando las rutas en función de las dificultades y controles que encuentran en cada punto. En estos momentos, la principal ruta de entrada a la UE es la del Mediterráneo oriental, por donde han llegado 132.000 personas en los siete primeros meses del año. Se trata sobre todo de sirios y afganos que acceden a Grecia por mar desde Turquía. Por Hungría han entrado, a través de los Balcanes, más de 100.000 refugiados que vienen de Afganistán y Siria pero también de Kosovo. En tercer lugar, está Italia, que en lo que va de año ha recibido a 90.000 inmigrantes, en su mayoría de Eritrea y Nigeria, que realizan la peligrosa ruta por mar desde Libia. En contraste, a España sólo han llegado este año alrededor de 7.000 inmigrantes, sobre todo por Ceuta y Melilla, según Frontex.

En estos viajes para llegar a Europa, los refugiados se juegan la vida. En lo que va de año, alrededor de 2.400 inmigrantes han muerto en el mar al tratar de llegar a las costas europeas, según los cálculos de la Organización Internacional para las Migraciones. El último ejemplo, el niño ahogado encontrado en una playa de Turquía. A ello hay que sumar casos como el de los más de 70 inmigrantes hallados muertos en un camión en Austria.

Refugiados sirios rezan al llegar a la isla griega de Lesbos. / REUTERS / Dimitris Michalakis
Refugiados sirios rezan al llegar a la isla griega de Lesbos. / REUTERS / Dimitris Michalakis

¿Cuál ha sido la respuesta de la UE hasta ahora?

La política europea en materia de inmigración y asilo sólo ha avanzado a golpe de crisis y tragedias migratorias. Y ello por las diferencias entre los países con frontera exterior, sobre todo los del sur (que viven el problema directamente) y los del centro y este (que hasta ahora no lo han considerado urgente).

La crisis de los cayucos en España en 2006 fue el primer impulso para empezar a reforzar Frontex en su función de coordinar patrullas de vigilancia marítima de varios países de la UE, aunque el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ya experimentó las dificultades para concretar la solidaridad de los demás estados miembros. El naufragio de una barcaza procedente de Libia cerca de la isla italiana de Lampedusa en octubre de 2013 provocó la muerte de 366 inmigrantes y movilizó a los líderes europeos. Pero el impacto de la tragedia apenas se tradujo en medidas concretas.

Un nuevo naufragio en Lampedusa de una embarcación con 700 inmigrantes en abril de este año forzó a los jefes de Estado y de Gobierno a explorar nuevas soluciones. Los líderes acordaron triplicar el presupuesto y los barcos y aviones de las patrullas de Frontex por el Mediterráneo con el fin de detectar y asistir a las embarcaciones de inmigrantes en peligro.

En los siete primeros meses del año, 95.000 inmigrantes han sido rescatados en el Mediterráneo central. La UE también ha decidido lanzar una misión militar para destruir las embarcaciones que utilizan los traficantes de inmigrantes. De momento, los expertos de la UE se limitan a reunir información sobre las mafias porque todavía no cuentan con una resolución de Naciones Unidas que les autorice a actuar en territorio libio.

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Gráficos de Patricia López

¿Por qué han fracasado las cuotas de Bruselas?

La medida más novedosa propuesta la Comisión de Jean-Claude Juncker en abril fue un plan para repartir a 60.000 refugiados entre los Estados miembros con dos componentes. En primer lugar, Bruselas pretendía redistribuir, mediante un sistema de cuotas obligatorias, a 40.000 demandantes de asilo llegados a Italia y Grecia con el objetivo de aliviar la presión que sufren los dos países (lo que en la jerga europea se denomina reubicación). A ellos se sumarían otros 20.000 refugiados que se traerían a la UE desde el norte de África y Oriente Medio para abrir canales legales de inmigración y evitar que estas personas tengan que lanzarse al mar (reasentamiento). A diferencia del primero, este segundo componente tendría un carácter voluntario. Los criterios de reparto eran cuatro: la población de cada país (que contaba un 40%), su nivel de riqueza (40%), la tasa de paro (10%) y las peticiones de asilo tramitadas en el pasado (10%). A España le correspondía acoger en total a 5.837 refugiados. Al final sólo aceptó acoger a 2.749.

El plan, que contaba con el respaldo de Francia y sobre todo Alemania, quedó descafeinado en la última reunión de los ministros del Interior de los 28 celebrada el 20 de julio por la oposición de España, Reino Unido y los socios del este. Estos países lograron, en primer lugar, que el reparto no fuera en ningún caso obligatorio ni impuesto por Bruselas. Después ofrecieron cuotas muy inferiores a las sugeridas por la Comisión. El caso más extremo es precisamente el de Hungría, que se ha negado a participar. El resultado es que de momento los países de la UE sólo acogerán a 32.000 solicitantes de asilo procedentes de Italia y Grecia en lugar de 40.000. En contraste, sí que se ha logrado alcanzar la cifra de 20.000 refugiados reasentados.

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¿Por qué España no acepta más refugiados?

 El elevado paro, la posibilidad de que se genere un efecto llamada o los esfuerzos que hace España para controlar sus fronteras y frenar la inmigración irregular son algunos de los argumentos que ha esgrimido el Gobierno de Mariano Rajoy para justificar su negativa a las cuotas propuestas desde Bruselas. El ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo, ha alegado en una entrevista al periódico alemán Die Welt que la tasa de paro y los esfuerzos en inmigración “no se tienen en cuenta de forma suficiente” a la hora de calcular el reparto. “Con una tasa de paro tan alta como la de España, del 22%, no se puede ofrecer a la gente una oportunidad justa de integración”, ha dicho.

Para el Gobierno de Mariano Rajoy, la UE debería ir a la raíz del problema y reforzar la cooperación con los países de origen y tránsito de inmigrantes y refugiados, como hace España con Mauritania y Senegal.

Pese a que España ha sufrido varias crisis migratorias en los últimos años, en particular en las islas Canarias y en Ceuta y Melilla, sigue siendo uno de los países de la UE que tramita y acepta menos solicitudes de asilo. Durante el primer trimestre de 2015, España registró únicamente 2.035 demandas de asilo, el 1,1% del total en la UE, cuando su población es alrededor del 9% del total. En 2014 sólo concedió protección a 1.600 personas: el 0,8% de decisiones positivas en la UE.

Un grupo de refugiados protesta en la estación de tren de Bicske (Hungría). / REUTERS / Bernadett Szabo
Un grupo de refugiados protesta en la estación de tren de Bicske (Hungría). / REUTERS / Bernadett Szabo

¿Cuál ha sido el papel de Alemania?

Alemania ha tenido que asumir de nuevo, junto con la Comisión, el liderazgo en la crisis de los inmigrantes. La canciller, Angela Merkel, ha admitido que se trata de un “desafío mayor” que la crisis de Grecia y está multiplicando los llamamientos a la solidaridad, sobre todo los dirigidos a los países del este. Pero también ha avisado de que “si no se logra un reparto justo de refugiados dentro de Europa, entonces algunas personas querrán poner [el espacio sin fronteras] Schengen en la agenda”. Berlín prevé recibir este año 800.000 solicitudes de asilo y ha dicho que acogerá a todos los refugiados sirios que lleguen a su territorio.

Pero los vecinos de Alemania, en particular Hungría y Austria, se quejan de que estos anuncios están provocando un efecto llamada que está destrozando a sus propios países. El premier húngaro Orban ha llegado a decir que la crisis de refugiados es un “problema alemán” porque es allí donde quieren dirigirse todos los demandantes de asilo.

Por lo demás, la crisis ha provocado también cruces de reproches entre Francia y Reino Unido a cuenta de los inmigrantes que se acumulan en Calais (a la entrada del canal de la Mancha) o entre Francia e Italia por los que están en la ciudad fronteriza de Ventimiglia. El Gobierno francés ha criticado también la construcción por parte de Hungría de una valla en su frontera con Serbia.

¿Qué medidas prepara la Comisión? 

El presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, tiene previsto anunciar el próximo 9 de septiembre una nueva batería de medidas para hacer frente a la crisis migratoria. En primer lugar, Juncker planteará repartir entre los países de la UE a otros 120.000 inmigrantes llegados a Italia, Grecia y esta vez también Hungría, según ha adelantado el periódico italiano La Reppublica. Para evitar que los países del este o España bloqueen de nuevo el reparto, permitirá no obstante que los estados miembros que no deseen participar se excluyan, aunque tendrán que dar explicaciones a sus socios y opiniones públicas. El Ejecutivo comunitario pretende además poner sobre la mesa un sistema permanente de reparto que se activaría de forma automática cuando se superen determinados umbrales de llegada de refugiados.

La Comisión plantea también acelerar la puesta en marcha de centros de registro de inmigrantes y refugiados en Grecia e Italia y elaborar una lista de países seguros para facilitar la deportación de aquellos inmigrantes irregulares que se considera que no corren ningún riesgo en su país de origen. Esta lista es una petición de Alemania, que se ve desbordada por solicitudes de asilo de inmigrantes procedentes de los Balcanes. Las deniega casi todas pero su tramitación consume muchos recursos. Otra pista en la que se trabaja es la creación de un fondo para ayudar a los países de origen.

No está claro si esta nueva batería de medidas podrá salir adelante. Mariano Rajoy se ha mostrado dispuesto a reconsiderar su cuota de refugiados pero mantiene muchas reservas y los países del este (en particular Polonia, Hungría, Eslovaquia y República Checa) se han propuesto reforzar su alianza contra las cuotas. Pero la creciente presión de Alemania y de la opinión pública podría obligarles a flexibilizar su posición. 

Sudán del Sur, el último país del mundo

Reportaje en Adior, Sudán del Sur. Reconciliación entre los dinka y los nuer. Los nuer llegaron a Adior huyendo de la guerra en la región de Jonglei. Fotos realizadas en febrero de 2015.

Salva Kiir, presidente de Sudán del Sur, y Riek Machar, líder rebelde, firman un acuerdo de paz que aspira a poner fin a un conflicto que golpea la región desde hace más de sesenta años. En Adior, una aldea de la región de Lagos, los dinka y los nuer -etnias enfrentadas en el conflicto- conviven en un caso único de paz en el país.

En la imagen una niña de Bor, perteneciente a la etnia nuer, desplazada a la aldea de Adior. GONZALO ARALUCE

Salva Kiir, presidente de Sudán del Sur, y Riek Machar, líder rebelde, firman un acuerdo de paz que aspira a poner fin a un conflicto que golpea la región desde hace más de sesenta años. En Adior, una aldea de la región de Lagos, los dinka y los nuer -etnias enfrentadas en el conflicto- conviven en un caso único de paz en el país.

Mary Ayomkou no sabía qué hacer con su gente. Trescientos mujeres y niños la seguían en una marcha sin rumbo, huyendo de los envites de la guerra que desangraba Sudán del Sur. Tras de sí dejaban Bor, la tierra de sus ancestros, sin tener claro dónde dirigirse. Marchar hacia el este, hacia la región de Jonglei donde el conflicto se recrudecía, suponía una muerte segura; por otra parte, el condado de Lagos, al oeste, estaba controlado por la tribu de los dinka, enfrentada con el clan al que ellos pertenecían, los nuer. Apenas tenían comida ni agua y la fragilidad de su existencia amenazaba con resquebrajarse. Sin nada que perder y con las manos vacías emprendieron el camino hacia el oeste, a la tierra de sus enemigos.

El conflicto de Sudán del Sur viene prolongándose desde hace más de sesenta años. Primero, para alcanzar la independencia respecto a sus vecinos del norte, Sudán. El reportero polaco Ryszard Kapuscinski resumía así el espíritu de esta disputa: “Entre estas dos comunidades imperaba un antiguo antagonismo, la hostilidad y el odio –explicaba el periodista en su libro Ébano–, porque los árabes del norte durante años habían invadido el sur con el fin de apresar a sus habitantes, a los que luego vendían como esclavos. ¿Cómo aquellos mundos tan hostiles podían vivir en un mismo estado independiente? No podían”.

Los más débiles sufren los envites del hambre y la guerra de Sudán del Sur. En la imagen, una niña de Bor, perteneciente a la etnia nuer, desplazada a la aldea de Adior./ REPORTAJE GRÁFICO: GONZALO ARALUCE

No existen cifras oficiales sobre el alcance de este conflicto: algunos estudios estiman que cientos de miles de personas murieron víctimas de la escasez y la enfermedad; otras estadísticas elevan el número a dos millones. El número de desplazados internos habría alcanzado los cuatro millones, la mitad de la población del país.

En 2011, Sudán del Sur alcanzó la independencia, pero con ella no llegó la paz. A los pocos meses, su presidente Salva Kiir, y su vicepresidente, Riek Machar, -ambos habían compartido trincheras en el conflicto contra sus vecinos del norte- se enzarzaron en una guerra de poder que, salvo algunos paréntesis, se prolonga hasta hoy. Cada uno de ellos pertenece a una etnia –dinka y nuer, respectivamente–, a las que han empujado a combatir entre sí para defender sus intereses personales: a pesar de la pobreza endémica que sacude la región, Sudán del Sur es rico en yacimientos petrolíferos, a los que sólo acceden los privilegiados.

Tras dos años de conflicto interno y empujado por la presión internacional, el Gobierno de Kiir alcanzó, este miércoles, un principio de acuerdo de paz con los rebeldes de Machar.

Mary Ayomkou y las trescientas personas que la seguían eran víctimas de este conflicto. Perseguidas por el hambre y las balas, emprendieron un camino que no tenía destino. Era diciembre de 2014, época seca. A los miembros de la comitiva sólo les sostenía su lucha por la supervivencia. Sus ropas se pudrían al sol. Bajo sus pies, un desierto de piedra y tierra. Apenas encontraban comida y el agua con la que se cruzaban estaba estancada. Ni los animales bebían de ella.

Los más débiles no tardaron en enfermar: aquella fue su sentencia de muerte. Los supervivientes caminaban en silencio, “con la mirada vacía”: “Algunos soñaban despiertos con un lugar en el que asentarse; otros lloraban por dentro la ausencia de sus seres queridos”, explica Mary, que había sido elegida entre su comunidad por sus dotes de liderazgo para guiar a los suyos. Todos ellos eran nuer.

Mary Ayomkou, líder de los habitantes de Bor.

La gente que habitaba Adior, una aldea compuesta por un millar de dinka, temía el avance del conflicto. Sin embargo, no podían sospechar que, aquella tarde de febrero, llegaría el enemigo. Alguien dio la señal de alarma: “¡Se acercan los nuer!”. Las mujeres, presas del pánico, recogieron a sus niños y huyeron hacia la selva, buscando refugio. Los hombres, mientras tanto, con más miedo que decisión, se armaron para el combate: palos y machetes, cuchillos y rifles AK47 comprados en el mercado negro.

No tardaron en dar con el rastro de la comitiva. Pero la debilidad de las mujeres, niños y ancianos les desarmó: la piel se les pegaba a los huesos, suplicaban ayuda y en sus manos no tenían más que el sueño de alcanzar un lugar en el que asentarse. Entre dinka y nuer no era posible la comunicación, -cada tribu habla un idioma diferente-, pero los primeros comprendieron que la vida de los segundos estaba en sus manos. Les abrazaron y juntos marcharon hacia Adior.

Los líderes de la comunidad de Adior, única en Sursudán por la convivencia pacífica entre dinka y nuer, explican el “sinsentido” de la guerra que ha enfrentado, durante dos años, a las tribus a las que pertenecen. “Kiir y Machar quieren gobernar el país y cada uno de ellos utiliza a los suyos -valora Mary Ayomkou, jefa de los nuer-. A mis 48 años apenas he conocido unos breves periodos de paz. Ojalá mis siete hijos puedan vivir tranquilos en Adior e ir a la escuela. Es una bendición que nos hayan recibido”.

“¿Cómo no íbamos a darles la bienvenida?”, se pregunta Marta Amuor, una de las líderes de los dinka de Adior. A sus 23 años, carga con buena parte de la responsabilidad del pueblo. Su familia ha sido, tradicionalmente, la que ha dirigido la aldea. La guerra y el hambre obligó a muchos de los parientes de Marta a marcharse y ella asumió el compromiso de la jefatura. “Ellos son como nosotros -prosigue-. No representan ningún peligro y están hambrientos. También nosotros lo estamos. La única manera de encontrar una salida a todo este dolor es ayudarnos los unos a los otros”.

Hijos de ganaderos que viven en las inmediaciones de Adior. Impregnan su cara con cenizas para protegerse de los mosquitos.

Sin embargo, cuando no es la guerra la que persigue a los habitantes de Adior lo hace el hambre. Basta con dar una vuelta por el pueblo para comprobar que sus vecinos temen al futuro más inmediato. “Necesitamos anzuelos para pescar en el río”, apunta una mujer. “Y plástico para cubrir nuestros tejados y protegernos de las lluvias”, añade una segunda. “Y medicinas y comidas”, puntualiza la tercera.

“¿Ves a toda esta gente?”, pregunta un soldado del Ejército, vestido de uniforme y con el dedo en el gatillo de su kalashnikov: su nombre es Peter Malual. “No sé qué será de ellos -apunta Peter, mientras los señala con el dedo-. Soy el único que protege a todos estos ancianos, mujeres y niños. Los hombres, o bien se fueron a la guerra, o han muerto”. El soldado se ajusta la boina a su cabeza, da una palmada a su fusil y sentencia: “Pero si alguien viene con ganas de pelea, la encontrará”.

Juba, capital de Sudán del Sur, acogió la firma del acuerdo de paz entre Riek Machar y Salva Kiir. La Unión Africana y la ONU vienen presionando a ambos líderes desde que comenzó el conflicto para que pongan fin a las hostilidades. Uhuru Kenyatta y Yoweri Museveni, presidentes de Kenia y Uganda, y Haile Mariam Desalegne, primer ministro de Etiopía, asistieron al acto para manifestar su respaldo al proceso. Salva Kiir manifestó sus dudas a estampar su rúbrica: “Somos reticentes, pero firmaremos el documento”.

La frase del presidente sursudanés despertó la inquietud entre las autoridades asistentes al acto: en los últimos años, Kiir y Machar han alcanzado varios acuerdos de paz que al día siguiente morían bajo los disparos de sus hombres.

El hambre endémica, mientras tanto, sobrevuela la región, una de las más pobres del mundo. El país, que es también el más joven, firma las bases para mirar al futuro y cerrar las heridas del pasado; de una guerra que los habitantes de Adior califican como un “sinsentido” y a la que decidieron enterrar con el abrazo entre dinka y nuer.

La firma de paz entre Salva Kiir y Riek Machar abre las puertas a un futuro sin guerra en el país más pobre del mundo.

 

Barack Obama, un ‘hijo pródigo’ contra la yihad

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El presidente de Estados Unidos regresa a Kenia, la tierra de sus ancestros, en un viaje en el que, más allá de la carga simbólica, se abordará el futuro inmediato en la lucha contra el terror impuesto por Al Shabab. Impera el orden militar en Nairobi en previsión de posibles atentados. Los ciudadanos, divididos sobre la visita del líder estadounidense.

Reportaje fotográfico: Gonzalo Araluce

El presidente de Estados Unidos regresa a Kenia, la tierra de sus ancestros, en un viaje en el que, más allá de la carga simbólica, se abordará el futuro inmediato en la lucha contra el terror impuesto por Al Shabab. Impera el orden militar en Nairobi en previsión de posibles atentados. Los ciudadanos están divididos sobre la visita del líder estadounidense.


Tyler Hicks, fotógrafo de The New York Times, recibió el aviso de que algo extraño estaba ocurriendo en el centro comercial Westgate, refugio de turistas y de la clase alta de Nairobi, capital de Kenia. Eran las 13.00 horas del 21 de septiembre de 2013. El periodista, en un primer momento, pensó que se trataba de un robo. Su intuición, no obstante, le empujó hasta el escenario de la noticia. “Cuando llegué allí me encontré a cientos de personas corriendo horrorizadas”, contaría Hicks en una entrevista divulgada por NPR, productora radiofónica de EEUU. “Enseguida comprendí que se trataba de algo importante y me lancé al interior del centro comercial”.

Sin saberlo, Hicks se adentraba en el infierno que el grupo yihadista Al Shabab había planeado para aquel día. Cámara en mano, el periodista reflejó el dolor y la angustia de las víctimas en un atentado que se llevó la vida de 72 personas, incluyendo las de los cinco terroristas. Entre aquellas imágenes, hubo una que dio la vuelta al mundo: la lucha silenciosa de una madre y de sus dos hijos, tumbados en el suelo durante cinco horas tratando de confundir a los asaltantes. Los tres sobrevivieron al ataque y aquella escena fue galardonada, meses después, con el Premio Pulitzer.

El atentado que Al Shabab perpetró contra el centro comercial Westgate alteró el transcurso de la historia reciente de Kenia; un país que, en el contexto africano, se había erigido como ejemplo de seguridad y estabilidad política. Desde entonces, el grupo yihadista ha extendido su campaña de hostigamiento a otras regiones del país. El ataque contra la Universidad de Garissa, en el que murieron 148 personas, es un ejemplo de ello.

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Según Obama, su padre se crió ‘escuchando a las cabras pastar’, en una pequeña aldea al oeste de Kenia. Imagen de un paraje de Mara.

“Muchos creen que con la llegada de Obama todo eso va a cambiar, que vamos a lavarnos la cara y que volverán los turistas y los inversores”, comenta Joseph Mbue, quien, con ojo clínico, trata de esquivar con su taxi los atascos que estos días registra la capital de Kenia. Las obras para adecentar Nairobi se han precipitado ante la inminente visita del presidente estadounidense, que llega el viernes en el país africano; en la tierra en la que nació su padre y en la que todavía vive parte de su familia.

“Mi padre se crió en una aldea pequeña al oeste de Kenia. Fue a una escuela humilde y creció escuchando a las cabras pastar”, recuerda el presidente de Estados Unidos cada vez que le preguntan sobre su sangre africana. Un relato con el que buena parte de los ciudadanos de Kenia se siente identificado.

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Joseph Mbue, taxista de 27 años, se muestra escéptico sobre la visita de Obama.

“Saludamos al líder de Estados Unidos”, prosigue Joseph, a los mandos de su taxi, “pero hay que ser realistas: este viaje no va a solucionar todos nuestros problemas”. A lo largo de la jornada, este joven de 27 años se topa una y otra vez con Obama. Su cara adorna los carteles de las principales avenidas y de camisetas diseñadas para la ocasión, de anuncios publicitarios y de pinturas garabateadas por artistas callejeros. “Es el hijo del estudiante keniano que cambió el mundo”, anuncia en su portada el Daily Nation, principal cabecera del país.

La proliferación de los mensajes de bienvenida a Barack Obama tan solo es comparable con el aumento de la presencia policial y militar. El Gobierno de Uhuru Kenyatta confía en que esta visita sirva para relanzar la imagen del país. Por otro lado, la alerta por posible atentado terrorista ha alcanzado su máximo nivel. Nairobi se ha convertido en una ciudad fortificada, con controles de seguridad en los principales accesos y cortes en las comunicaciones, incluidas las telefónicas. La prensa local denuncia, además, la expulsión forzosa de 3.000 vagabundos de la ciudad; la mitad de ellos, niños.

El futuro del cuerno de África, en juego

Barack Obama visita la tierra de sus ancestros en un viaje en el que, más allá del trasfondo simbólico, se abordará la hoja de ruta que la región seguirá durante los próximos años, especialmente en materia de seguridad. El terrorismo yihadista amenaza con desestabilizar el escenario geopolítico de la región y los asesores de Obama temen un efecto dominó sobre otros países vecinos.

Aunque Al Shabab nació en Somalia y éste es su principal escenario de actuación, en los últimos años ha extendido sus tentáculos más allá de sus fronteras, perpetrando sus ataques en Kenia o Uganda. “Atacaremos a todo aquel país que mate a nuestros familiares”, apunta la organización terrorista en referencia a las fuerzas que componen la misión de paz con la que la Unión Africana opera en Somalia.

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Un vendedor de periódicos ambulante muestra la portada del Daily Nation.

Durante los próximos días, Obama y Kenyatta pretenden estrechar lazos en la lucha contra el terrorismo yihadista. La frontera entre ambos países, trazada con escuadra y cartabón, es irreconocible salvo sobre un mapa. El terror infundido por Al Shabab y otras milicias ha empujado a cientos de miles de somalíes fuera de su país. Hasta el momento, 400.000 de ellos han ido a parar a Dadaab, al este de Kenia, donde se levanta el campo de refugiados más grande del mundo.

“Estados Unidos es un gran aliado. Nos apoya y forma a nuestros hombres para combatir a los terroristas”, apunta Joseph Ole Lenku, ministro del Interior, en una entrevista emitida recientemente en la CNN.  Además, el Pentágono ha proyectado algunas de las operaciones que han causado mayores estragos entre las filas de Al Shabab: entre ellos, un ataque con dron que acabó con la vida de Adan Garar, líder destacado de la milicia que planeó el atentado contra la Universidad de Garissa.

Bajo este escenario de terror, Barack Obama pisa Kenia por tercera vez, la primera desde que es presidente de Estados Unidos. Un país en el que todavía escuecen las heridas de los atentados, que late bajo la amenaza yihadista y que tratará de empapelar sus miedos en carteles callejeros para ofrecer, estos días, su mejor cara.

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Comercios en uno de los arrabales de las afueras de Nairobi.

Los enterradores del ébola

Mohamed Kaabbia y su mujer, Fatmata Konteh, junto a su hija Kadijata Kaabbia de 4 años permanecen en cuarentena con 12 familias más.

Sólo 14 equipos de enterradores están autorizados a tocar un cadáver en Sierra Leona. Ésta es la historia de uno de esos equipos, cuyos miembros cobran muy bien pero viven con el estigma de la enfermedad.

Reportaje gráfico: Alfons Rodríguez

Sólo 14 equipos de enterradores están autorizados a tocar un cadáver en Sierra Leona. Ésta es la historia de uno de esos equipos, cuyos miembros cobran muy bien pero viven con el estigma de la enfermedad.

“Nos vamos”. Samuel Caulker y el resto del equipo acaban de recibir la primera llamada del día. “A veces nos llaman enseguida, nada más llegar. Otras veces tardan algunas horas”, explica mientras se sube a un todoterreno blanco. Detrás va otro. Son el equipo de enterradores número 10 de Freetown, la capital de Sierra Leona. Su jornada acaba de empezar.

“Es un bebé de nueve meses que murió ayer”, explica Samuel botando sobre su asiento, ajeno a los baches del camino embarrado.

Sólo los equipos de enterradores están autorizados a tocar cadáveres en Sierra Leona. Así lo dicta la ley desde el verano pasado: tocar es la principal causa de contagio del ébola y tocar un muerto aumenta el riesgo en un 40%. “Recogemos dos o tres cadáveres cada día: vamos a la casa, la desinfectamos, recogemos el cuerpo y lo llevamos a enterrar. No sabemos si tiene ébola. Eso lo dirá una prueba de laboratorio con la muestra que les vamos a enviar. Pero por si acaso hay que hacer todo esto”.

Samuel Caulker tiene 35 años. Está casado y tiene dos hijas. Se hizo enterrador en mayo de 2014. “Antes trabajaba como vigilante en una empresa de seguridad pero me ofrecí voluntario para este puesto”, me dice. “Es un trabajo peligroso y muy sacrificado, pero lo hago por mi país. Al principio me daba miedo. Ahora ya no. Creo que estoy preparado para morir”.

Samuel cobra 100 euros a la semana, un buen sueldo si lo comparamos con los ocho euros a la semana que percibe el 70% de la población del país. “Puedo dar una buena vida a mi familia”, explica mientras el todoterreno entra en Grafton, un campo de desplazados de la guerra civil reconvertido en aldea. “Éste es uno de los lugares más pobres del país”. Casitas de adobe se levantan sobre el barro y sus tejados son grandes trozos de plásticos sobre los que repican goteras; los niños, descalzos sobre los charcos, se arremolinan ante los dos vehículos.

Samuel y otros dos enterradores comienzan a ponerse el EPI o Equipo de Protección Individual: el buzo blanco que los aísla de cualquier posible infección. Traje, botas, guantes, gorro, mascarilla y máscara. Una vez puesto el traje, la figura de los enterradores se dibuja impoluta en medio de un paisaje embarrado, rojizo y rural.

Samuel y el resto del equipo avanzan lentos como seres extraños, como piezas que no corresponden al lugar. Los vecinos los miran prudentes y tristes: la presencia de los hombres de blanco es sinónimo de un muerto. La humedad es sofocante. Aún más sofocante debajo del plástico del EPI.

Los enterradores avanzan entre las casitas imantando miradas. “Primero Sallu, nuestro supervisor, dirá unas palabras a la familia”, dice Samuel con una voz que suena metálica detrás de la máscara. Sallu Deen lleva gorra y gafas y se dirige a los jóvenes padres dentro de su chabola. Les da las condolencias y les explica que están allí para cumplir con una obligación legal: desinfectar la habitación del bebé y llevarse su cadáver para un entierro seguro.

La familia escucha en silencio. En la otra estancia de la casa y sobre unas telas reposa el cuerpo del niño, que se llama Hassan. Algunos vecinos se acercan a la escena.

Samuel entra en la habitación y la desinfecta con un aspersor que lleva colgado a la espalda a modo de mochila. Su compañero sujeta la cabeza del bebé, que se descuelga inerte cuando lo intentan meter en una bolsa de plástico blanco. Levantan el cadáver y lo sacan de la casa. Sólo entonces se escucha el grito quebrado de la madre.

Cuando Samuel se quita el traje, está empapado en sudor. Lo hace con un cuidado exquisito. Cada miembro del equipo se quita cuatro pares de guantes en riguroso orden mientras un compañero lo desinfecta todo. El traje lo meten en una bolsa que quemarán después.

“Cuando es un bebé, todo es más difícil. Pero es algo que ocurre casi a diario. Aquí es muy normal que se mueran niños”, dice Samuel. “Mira a tu alrededor, ¿cómo van a vivir así?”.

Mohamed Kaabbia y su mujer, Fatmata Konteh, junto a su hija Kadijata Kaabbia de 4 años permanecen en cuarentena con 12 familias más.
Mohamed Kaabbia, su mujer y su hija permanecen en cuarentena con 12 familias más.

Reportaje gráfico: Alfons Rodríguez

Sólo cuatro ambulancias

El ébola llegó a Sierra Leona desde la vecina Guinea. Ambos países están conectados a través de una carretera por la que fluyen vecinos y comerciantes. Así desembarcó el primer caso, registrado el 24 de mayo de 2014.

“Es probable que hubiera casos anteriores, pero no se llegaron a diagnosticar”, explica Stephen J. Gaojia, coordinador del Centro Nacional de Respuesta contra el Ébola (NERC). Cuando Médicos Sin Fronteras (MSF) confirmó que el ébola estaba en casa, el Gobierno pidió ayuda. No tenían nada para iniciar la lucha.

“En el país había cuatro ambulancias”, dice Gaojia. “El 40% de los sanatorios no tenían agua. Contábamos con 134 médicos. Es decir, 22 médicos por cada millón de habitantes”.

Sierra Leona es el décimo país más pobre del mundo según la ONU y no tiene infraestructuras públicas de ningún tipo. Entre 1991 y 2002 sufrió una sangrienta guerra civil entre rebeldes de la etnia temné y milicias progubernamentales de la etnia mendé. El conflicto, de enorme violencia, se caracterizó por el uso de niños soldados y por el constante tráfico de los llamados diamantes de sangre con los que se financiaban las milicias.

La guerra terminó de hundir un país ya endeble, hijo de un protectorado británico y cuya población desciende de esclavos liberados por Reino Unido. De ahí el nombre de la capital: Freetown.

En síntesis, Sierra Leona era (y es) lo que suele llamarse un estado fallido. Hasta ahora quien caía enfermo acudía al curandero local. El ébola, un virus que se contagia a través de los fluidos (incluido el sudor) no tuvo problemas para extenderse en un país tropical y sin medios. Bastaba un abrazo, un partido de fútbol, un apretón de manos.

En julio del año pasado habían muerto 224 personas.

El Gobierno lanzó entonces una campaña de prevención mediante carteles y avisos por megafonía que incluía cuatro medidas:

  • Tratar de concienciar a todo el mundo para lavarse las manos. Cientos de cubos con agua y cloro pueblan el país. 
  • Desaconsejar el contacto físico entre la gente. Así reza el primer cartel que el visitante se encuentra en el aeropuerto de Freetown a su llegada. Nadie se toca en Sierra Leona. Ya no se estrechan la mano cuando se saludan. En las misas la paz cristiana se da levantando las palmas.
  • Prohibir los rituales de los entierros. Antes del ébola las familias (mayoritariamente musulmanas) lavaban, vestían y velaban el cuerpo del difunto. Luego lo enterraban en la propia comunidad. ¿Quién tiene dinero para pagar un sepelio y para desplazarse hasta un cementerio? Ahora sólo los equipos de enterradores pueden tocar los cadáveres. Un extremo que mutila el duelo de los allegados.
  • Obligar a la familia a permanecer en cuarentena. Los familiares de los enfermos están 21 días sin salir de casa o de un centro especial.

Nadie hizo caso de las medidas. En Sierra Leona nadie hace caso al gobierno.

La gente se siguió tocando y siguió lavando los cadáveres. Se escapaban de casa para comer o trabajar si les recluían en cuarentena. “No se creían el ébola”, explica Gaojia. “Lo decía el Gobierno y por tanto tenía que ser una trampa”.

Las autoridades se vieron obligadas a cambiar de estrategia. Acudieron a los bra, los líderes de barrios, aldeas y comunidades y verdaderos jefes del país. Los vecinos responden ante ellos y a ellos acuden con cualquier problema. “Aun así los bra no nos creían. Hasta que les tocó en su comunidad no reaccionaron. Esto dio mucho margen al ébola”.

En octubre habían muerto 678 personas.

El Gobierno impuso un toque de queda y el país se llenó de check points vigilados por soldados con fusiles y termómetros. Los colegios cerraron. Miles de niños se quedaron en la calle sin nada que hacer. Sólo cuando cada vecindario fue tocado por el ébola, los bra alertaron de lo que ocurría.

Hoy los muros de Sierra Leona contienen decenas de pintadas: “El bra dice: el ébola es real. Lávate las manos. No toques a la gente”. Hoy la gente obedece y la inmensa mayoría sigue el protocolo. Si un familiar cae enfermo, llama al número gratuito 117 y una ambulancia recoge al enfermo.

La epidemia parece controlada. Según los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), se han registrado 22 casos durante el mes de mayo.

Samuel Caulker (35 años) desinfecta la casa de una persona fallecida.
Samuel Caulker (35 años) desinfecta la casa de una persona fallecida.

En cuarentena

“Me quedé sin amigos, eso es lo malo”, cuenta Samuel de nuevo dentro del todoterreno. “Trabajar en algo relacionado con el ébola te marca. Yo llevo un estigma”.

Cuando se hizo enterrador, los amigos de Samuel le dejaron de hablar. No quieren acercarse a él. “No me dejan entrar en las tiendas de mi barrio, tengo que ir a otros mercados. Tampoco puedo subir en el autobús. No me dejan”. Algo similar les sucede a médicos, enfermeros, técnicos, supervivientes y familiares de enfermos.

En Moa Wharf, una insalubre barriada al este de Freetown, viven 8.000 personas. Es el epicentro del ébola en la capital. Aquí es donde aparecen más casos. Las condiciones invitan: un paseo permite ver infraviviendas enredadas en laberintos de barro y descolgándose hacia el mar y aguas residuales donde los niños comparten juegos con cerdos y cabras. El calor se mezcla con el humo de las parrillas de pescado junto a una chabola rodeada por una cinta de plástico roja y blanca.

A la entrada de la vivienda, un policía duerme profundamente. “Están en cuarentena”, explica el bra o líder de la comunidad.

La familia recluida se acerca a la cinta desde dentro de la casa. Apenas les separa un metro de sus vecinos pero tienen prohibido tocarse. No debe saltar el sudor que empapa los rostros de todos.

“Mi nombre es Abu Kamara”, cuenta el padre de familia, que añade que son 15 personas las que están recluidas dentro de la chabola y que llevan 17 días allí dentro.

El policía que dormía a la entrada de la casa se despierta y empieza a escuchar mientras se coloca los pantalones. Lleva una pequeña vara de madera en la mano. “Mi hermano enfermó y se lo llevaron. No sabemos si está vivo pero nosotros no podremos salir de aquí hasta el día 21”, cuenta Abu. “Los vecinos no se acercan, no quieren estar cerca y cuando termine esto no creo que quieran volver a hablarnos”.

Algo similar le ocurre a Alimatu Mamsaray (27 años) en Portee, otro barrio marginal de la capital. “Me contagió mi madre, que murió. Pero llamé a tiempo al 117 y me salvaron”, dice la chica, que vive ahora la segunda parte. “Mi familia y yo no podemos cruzar esa zanja”.

Alimatu señala con el dedo una frontera cavada sin demasiada claridad por los vecinos y que insinúa una división. “Los vecinos no quieren que vayamos a ese lado y en la fuente sólo podemos coger agua si no hay nadie más. Lo mismo para cocinar: el lado derecho de la parrilla es el nuestro. Nadie más lo usa”. Cientos de familias en Sierra Leona sufren el mismo problema. También pequeñas aldeas o pueblos diezmados por la enfermedad. A quienes hemos charlado con Aimatu nos observan con extrañeza, con desconfianza.

Alimatu Mansaray (27 años)  se contagió en diciembre de su abuela, que era curandera. Sobrevivió y se hizo cargo del hijo de su mejor amiga.
Alimatu Mansaray (27 años) se contagió en diciembre de su abuela. Sobrevivió y se hizo cargo del hijo de su mejor amiga.

El entierro del bebé

Al entierro del pequeño Hassan, de nueve meses, no ha venido nadie. Sus padres no tienen dinero para desplazarse al cementerio de Matheinkay, que se encuentra a unos 20 minutos en coche de la aldea donde residen.

La ceremonia queda despojada de cualquier solemnidad: ocurre en un rincón del cementerio. Samuel y su compañero, enfundados en el traje aislante, introducen la bolsa con el cuerpo del pequeño en una tumba cavada en la tierra. Unas rápidas paladas zanjan el protocolo. Después se alejan, se quitan el buzo y se desinfectan. Eso es todo.

No sólo mueren los niños. También sus padres. Siempre hubo muchos huérfanos en Sierra Leona por culpa de la malaria o el cólera. El ébola ha recrudecido esa realidad. Desde hace meses, organizaciones como la salesiana Don Bosco o UNICEF trabajan para poder reintegrar a esos niños.

No es una tarea fácil. Así lo demuestra el caso de Abdulai Kamara, un adolescente de 17 años que es hincha del Barça y que vivía hace unos meses con su padre, su madrastra y los cuatro hijos de ella en la aldea de Morabie, no lejos de Freetown.

El padre enfermó en septiembre y falleció unos días después. Después de la cuarentena, la madrastra, de nombre Marie, rechazó a Abdulai. “No tenía sitio para quedarse”, cuenta la propia Marie en su casa, rodeada de vecinos.

-¿Pero antes de la enfermedad ella sí tenía sitio?

-No, no. Tampoco. Dormía en casa de unos amigos, pero se mudaron. Ojalá fuera distinto, pero yo no puedo hacerme cargo.

A Abdulai lo salvó Zainab, una chica de 15 años a quien conoció en el centro de cuarentena. A ella la había acogido una vecina que se llamaba Salamatu después de perder a su madre y a cuatro hermanos y ella fue quien convenció a la señora de que también se hiciera cargo de Abdulai.

Hoy Abdulai y Zainab viven juntos en la aldea vecina de Manor Corner. “Me siento como su madre”, dice su anfitriona. “Al principio tenía miedo a contagiarme. Los primeros días Zainab estuvo vomitando y tenía fiebre. Yo tenía mucho miedo pero ella me enseñaba el certificado de superviviente de ébola y me decía: tranquila, es malaria”.

“Ahora estamos bien y yo estoy feliz de que estén aquí”, dice Salamatu sobre sus huéspedes.

Abdulai Kamara (17 años) en un suburbio de Sierra Leona.
Abdulai Kamara en un suburbio de Sierra Leona.

Dinero fácil

El equipo de enterradores número 10 suele terminar la jornada a las tres o a las cuatro de la tarde. Regresan al centro de tratamiento y un autobús especial los lleva a cada uno a casa. “Yo nunca había ganado tanto dinero y esto me está ayudando mucho”, confiesa Samuel.

Algunas voces hablan de los efectos positivos que el ébola ha tenido en Sierra Leona. Así lo explica una cooperante que prefiere no decir su nombre: “En cierto modo, hay cosas que han mejorado gracias a la crisis del ébola. Ahora hay un sistema sanitario: hay médicos, hospitales y ambulancias. Hay un gran número de puestos de trabajo con salarios que nunca habían soñado. Hay más conciencia y educación. Quiero pensar que cuando el ébola ya no esté, esto seguirá y que habrá servido para algo”.

Es una incógnita, quizá un consuelo, pero no es suficiente. “Ahora somos el país del ébola. Estamos señalados”, dice Joseph Mattar, un empresario de la construcción local. “La débil economía del país se ha desmoronado por el ébola: nadie quiere invertir ni venir aquí. Tengo decenas de proyectos parados porque los ingenieros y obreros de fuera no quieren venir. Dicen que sí a todo y cuando se enteran de que es Sierra Leona, hasta luego”.

El país vive aislado. Casi todas las aerolíneas que iban a Europa han cancelado sus vuelos. El escaso turismo que comenzaba a asomar después de la guerra civil se ha evaporado. “Hasta los chinos tienen dudas y eso es muy mala señal”, añade Joseph entre risas.

La onda expansiva del ébola se empieza a ver ahora que el virus remite. Son daños sociales, políticos y económicos que se alimentan de una ilusión falsa: que el problema ya se ha superado después de casi 4.000 muertos.

“Lo difícil de verdad llegará cuando todos os vayáis”, dice Samuel Caulker. Luego se despide sin dar la mano y se sube al autobús. Mañana a las nueve volverá al trabajo.

Más duro que un diamante

Rafael Marques

El periodista Rafael Marques denuncia desde hace dos décadas la corrupción y los abusos en Angola. Ahora se sienta en el banquillo por publicar un libro que detalla la complicidad de siete generales en las torturas y los asesinatos de cientos de mineros de diamantes en una región al norte del país.

El periodista Rafael Marques denuncia desde hace dos décadas la corrupción y los abusos en Angola. Ahora se sienta en el banquillo por publicar un libro que detalla la complicidad de siete generales en las torturas y los asesinatos de cientos de mineros de diamantes en una región al norte del país.


Extrañada por la ausencia de su hijo durante unos días, Linda Moisés da Rosa decidió salir a buscarle el 5 de febrero de 2010. Se llamaba Kito Eduardo Antonio, tenía 33 años y trabajaba como buscador de diamantes en la región angoleña de Lundas.

Al día siguiente, Linda se enteró por otros mineros que los guardias de la empresa Teleservice habían matado a su hijo por no pagar por el acceso a la explotación. “Los guardias suelen pedir dinero a cualquiera que quiera entrar en las minas”, cuenta Linda en el libro Diamantes de Sangre – corrupción y tortura en Angola. “Mi niño no lo tenía y por eso lo mataron. Kito les ofreció pagarles después pero no aceptaron. Le clavaron un machete en la nuca, otro en la frente y otro en la cara. Luego arrojaron su cadáver al río Cuango”. 

El autor del libro Diamantes de Sangre es el periodista angoleño Rafael Marques, que aporta detalles sobre cientos de casos de intimidación, tortura y asesinato en las aldeas cercanas a las minas de diamantes de la región de Lundas, al norte de Angola. El libro, publicado en Portugal en 2011, atribuye la autoría de los abusos a la empresa de seguridad privada Teleservice, cuyos propietarios son siete generales angoleños. Entre ellos, el poderoso general Manuel Hélder Vieira Dias Júnior, ministro de Estado y jefe de la oficina de inteligencia del presidente del país

Al publicar el libro, Marques presentó una denuncia judicial en Angola contra esos generales. La fiscalía archivó el caso y lo usó para abrir un proceso contra Marques, cuyo juicio está previsto para el 14 de mayo después de haber sido aplazado en dos ocasiones. El periodista afronta hasta un año de cárcel y una multa de un millón y medio de euros por nueve delitos de calumnias y 15 de difamación.

Un río de diamantes

“Nosotros nacimos aquí”, explica Linda Moisés da Rosa en el libro del periodista angoleño y en este testimonio audiovisual. “El río de los diamantes está en nuestra tierra pero nosotros no nos beneficiamos en nada. Los extranjeros se apoderan de los diamantes y nuestros hijos son asesinados”. Linda pidió responsabilidades a la empresa por la muerte de su hijo y la denunció sin éxito ante la policía. 

Mineros de diamantes en una de las explotaciones de la región de Lundas. / RAFAEL MARQUES
Mineros de diamantes en una de las explotaciones de la región de Lundas. / RAFAEL MARQUES

“El fin último de mi libro es conseguir que las autoridades estén atentas al sufrimiento de las comunidades locales”, me explica Marques desde Angola por Skype. “Quise denunciar que la violencia continúa en Angola 13 años después del final de la guerra civil. Sobre todo en aquella región, que tiene incluso una legislación distinta del resto del país. No hay libre circulación de personas y bienes, las principales vías están privatizadas y las tierras son expropiadas sin compensación”.

No es la primera vez que Marques tiene problemas con la Justicia angoleña. Sus informaciones le han llevado a la cárcel y le han granjeado palizas de la policía. Los generales a quienes atribuye la autoría última de los abusos los denunciaron por difamación a él y a su editora en Portugal.

“Un año después de publicar el libro, me entero de que estoy imputada por publicar un libro. Es algo que no ocurría desde el 25 de abril”, me dice la editora Bárbara Bulhosa en referencia a la revolución que terminó con la dictadura en Portugal. La fiscalía archivó el proceso y consideró que el libro era un ejercicio legítimo de la libertad de expresión.

Rafael Marques durante el juicio. / MAKAANGOLA
Rafael Marques durante el juicio. / MAKAANGOLA

Según el abogado Francisco Teixeira da Mota, el juicio que afronta ahora Marques en Angola es un proceso político. “Es un caso clarísimo de ataque a la libertad de expresión”, explica. “No sólo buscan acallar la voz incómoda de Rafael sino también intimidar a los demás. Es un proceso político porque lo que está en juego son afirmaciones que chocan con el poder”.

“Un periodista angoleño debe luchar cada día por un espacio de independencia que le permita contar lo que ocurre”, dice Marques. “Entonces se transforma en activista también”.

El periodista siempre fue consciente de los problemas que le podrían acarrear el libro y su denuncia contra los generales: “Hiciera lo que hiciera, me iba a sentar en el banquillo. Pero por una vez quise cambiar la dinámica. Decidí que sería yo quien les denunciaría primero. Durante la investigación recogí testimonios, fui testigo de abusos y tuve que llevar a los torturados al hospital. Eso no se podía quedar sólo en las páginas de un libro. Quise denunciarlo y obligar a que hubiera una investigación. Aunque fuera breve y aunque supiera que al final el acusado sería yo”.

Las heridas abiertas

Marques habla despacio, con un tono firme pero amable. Descoloca su serenidad. “Es una persona excepcional”, recuerda su editora Bárbara Bulhosa. “Es un pacifista fiel a sus convicciones y un luchador por la libertad”.

Sobre el juicio, el periodista espera que el sentido común prevalezca y que sea una oportunidad para dialogar. “Lo importante era que se abriera el proceso. Ahora quiero que se abra otro espacio de diálogo para que las autoridades se involucren y consigamos una solución”. Teleservice, una de las empresas de seguridad denunciadas por el libro, abandonó la región en 2013. “Ésos son los avances que importan. Los pasos que de verdad cuentan para mejorar la vida de la población”.

Un grupo de manifestantes a la salida del juzgado. / AMPE ROGÉRIO /REDE ANGOLA
Manifestantes en el juzgado. / AMPE ROGÉRIO /REDE ANGOLA

Las heridas aún siguen abiertas en Angola. Un país que ha pasado por un proceso de colonización que empezó en el siglo XVI, por una guerra por la independencia (1961-1975) y por una larga guerra civil (1975-2002). La guerra que duró 27 años y opuso a las dos fuerzas políticas: el movimiento anticomunista UNITA y el marxista MPLA, que asumió el Gobierno después de la independencia y que sigue al frente del país.

El presidente, José Eduardo dos Santos, lleva en el poder desde 1979. La oposición le acusa de opacidad, persecución política e intimidación. Amnistía Internacional advirtió en 2012 sobre la represión ejercida durante la campaña electoral. “Vivimos situaciones muy graves donde todo estaba justificado y no hemos tenido un intervalo de tiempo suficiente para valorar la vida humana”, dice Marques. “En un país así, es muy difícil cambiar el paisaje político. Antes de cualquier cambio, tenemos que poner la dignidad humana por delante de todo”.

Amnistía Internacional lanzó en marzo una campaña de apoyo al periodista. Su objetivo es que el Gobierno angoleño desista de la acusación. “Es una persecución política. La comunidad internacional debe aprovechar estas oportunidades para intervenir y generar un debate que pueda cambiar poco a poco las cosas en Angola”, me dice por teléfono Teresa Pina, presidenta de la sección portuguesa de Amnistía Internacional.

Mil millones de dólares

Rafael Marques quiere sobre todo despertar la conciencia de los ciudadanos angoleños. “El mundo mira para otro lado porque saca beneficios de la situación. Tenemos que ser los angoleños los que nos impliquemos. Éste es un problema nuestro. No podemos depender de la comunidad internacional”.

Mineros de diamantes en Lundas. / RAFAEL MARQUES

Angola es el cuarto país del mundo en producción de diamantes. En los primeros nueve meses de 2014, generó casi mil millones de dólares con la exportación de estas piedras preciosas, según la agencia Reuters. Marques explica que esa riqueza nunca llega a la población. “Angola es una cleptocracia, una sociedad gobernada por gente que roba a su país”, dice citando el artículo publicado en el Financial Times. “No hay riqueza que pueda satisfacer el ego de los dirigentes angoleños. Muchos se compran Ferraris en un país donde no hay carreteras apropiadas para que circulen y luego los tienen en el garaje quien tiene un cuadro en la pared”.

Las minas de la región de Lundas son propiedad de la Sociedad Minera del Cuango (SMC), una compañía formada por tres empresas entre cuyos accionistas se encuentran los siete generales que denuncian ahora a Marques y que son propietarios del 21% de la SMC.

No es la primera vez que el periodista se enfrenta a la Justicia angoleña. En 1999 publicó el artículo El carmín de la dictadura, donde llamaba dictador a José Eduardo dos Santos, presidente del país. El artículo le llevó a la cárcel durante 43 días, sin acusación formal ni derecho a contactar con un letrado o con su familia. “Allí me labré mi reputación como activista. Investigué los casos de personas que llevaban siete años en la cárcel sin acusaciones, sin condena y sin que les llevaran ante un tribunal. Moría gente todos los días. Al salir, denuncié los hechos y la cárcel de Viana cerró durante cuatro años. Liberaron a más de mil personas”.

En 2013 Rafael fue cercado por la policía a la salida de un juicio a jóvenes activistas. “Esa vez todo fue muy violento”, dice. “En apenas unos minutos me rodearon más de 50 agentes con metralletas. Me arrestaron, me llevaron al cuartel general y me dieron una paliza. Me pisotearon en la espalda, me golpearon varias veces y me quitaron mi cámara de fotos y mi teléfono móvil”.

La insistencia de Marques le ha granjeado innumerables ataques en la prensa oficial angoleña. “Todos los días me acusan de ser enemigo del Estado”, me dice. “Lo que quiero es que la gente entienda que mi trabajo no es contra el Estado angoleño”.

Ahogado por la censura 

La lucha de Rafael Marques empezó en 1992 cuando trabajaba en el Jornal de Angola, un periódico que es propiedad del Estado y que sigue siendo el único diario impreso del país. “Me enorgullezco de ser el único periodista que ha logrado publicar un artículo crítico con el Gobierno en ese diario. En las elecciones de 1992 el redactor jefe estaba agotado. Se fue a casa antes del cierre y me dejó el espacio. Y yo… bueno, yo decidí aprovecharlo”, cuenta entre carcajadas.

Marques escribió un artículo en el que dio voz a la oposición, que había llamado corrupto al presidente en un mitin celebrado en la víspera de la jornada electoral. “Al día siguiente, había un ambiente de funeral. Pero no me dijeron nada porque nunca me habían dicho que hubiera que censurar a la oposición”.

Después de este episodio, Marques fue relegado por sus jefes a la información social. Allí siguió escribiendo artículos incómodos y entonces le enviaron a verificar los precios de los mercados informales de la capital angoleña: aquéllos donde las compras y las ventas no se declaran. Allí descubrió indicios de tráfico de armas y entonces sus jefes le pusieron a reproducir textualmente y sin cambiar una coma los informes del Instituto Nacional de Estadística.

Aquello llevó a Marques a irse del periódico. Desde su casa en la capital angoleña, creó un portal de noticias y escribió para medios como el Guardian o el Washington Post. “Internet es el último reducto de la libertad de expresión”, explica. “El Gobierno intentó controlar la red en 2011. Pero la ley era tan extraña y tan explícita que no salió adelante. Incluía penas de prisión para quien publicara fotos de los miembros del Gobierno sin autorización previa”.

La pregunta de un niño

Sus artículos otorgaron a Marques galardones de varias organizaciones internacionales. El último es el Premio Libertad de Expresión del Index on Censorship, que recibió en marzo de este año. “En ocasiones los reconocimientos sirven también para moralizar a una sociedad”, me dice. “Ver que algo se reconoce fuera da alguna esperanza a los angoleños que quieren vivir de manera íntegra y que reclaman un país donde estos valores sean reconocidos y protegidos por la ley”.

Rafael Marques en el juzgado. / MAKAANGOLA.ORG

Ni la cárcel ni las persecuciones ni los procesos judiciales han servido para acallar la voz de Rafael Marques. Tampoco para infundirle miedo. “No es el silencio lo que nos salva”, explica. “Mi hermano murió en mis brazos por falta de asistencia médica. Hay que crear las condiciones para que los ciudadanos puedan tener una conciencia colectiva. Acabar con esa idea de que si tienes dinero te ha tocado la lotería y que si no, te aguantas. El Gobierno es el responsable de las condiciones de vida de sus ciudadanos y hay que exigirle más”.

Marques no piensa retirarse del periodismo ni tampoco exiliarse para evitar el juicio: “Éste es mi país y lo que quiero es retirarme aquí y contribuir a que Angola sea mejor. Mi hijo tiene 13 años y me pregunta por qué no cojo un trabajo normal. Y yo le digo que éste es mi trabajo y que no tiene nada malo pero crea mucha incomodidad alrededor. Un día quiero que mi hijo se enorgullezca del trabajo de su padre y que sienta que todo el esfuerzo ha merecido la pena”.