El Banco de España aflora 1.000 millones de deuda oculta en Cataluña

Artur Mas, the acting head of Catalonia's regional government, speaks during a meeting at the regional government headquarters in Barcelona, Spain, September 29, 2015. Catalonia's Supreme Court has indicted Mas for carrying out a non-binding referendum on independence last November, facing preliminary charges for disobedience, abuse of authority, and usurping authority, according to court documents released on Tuesday. REUTERS/Stringer

Las ‘facturas ocultas’ elevan la deuda pública de Cataluña casi un 2%, por encima de 67.800 millones de euros e imposibilitan al Gobierno cumplir el Programa de Estabilidad.

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Artur Mas, the acting head of Catalonia's regional government, speaks during a meeting at the regional government headquarters in Barcelona, Spain, September 29, 2015. Catalonia's Supreme Court has indicted Mas for carrying out a non-binding referendum on independence last November, facing preliminary charges for disobedience, abuse of authority, and usurping authority, according to court documents released on Tuesday. REUTERS/Stringer
Arturo Mas, presidente en funciones de la Generalitat./ REUTERS/Stringer

La pesadilla de las deudas sin contabilizar vuelve a revivirse este año. El Banco de España saca a la luz facturas ocultas del último año en Cataluña por valor de 1.042 millones de euros. Este pasivo no contabilizado hasta ahora procede de deudas de asociaciones público-privadas. En concreto, se refieren a dos grandes bloques de deuda: uno con fecha en diciembre de 2014 y un segundo, de junio de este año, que superan los 1.000 millones de euros. Estas facturas contra el erario público afloran justo cuatro días después de la celebración de las elecciones catalanas, por lo que no han influido en el voto de los ciudadanos.

Dos picos que elevan el pasivo de Cataluña hasta los 67.855 millones de euros, un nivel nunca antes visto, y que llevan la ratio de deuda sobre el PIB de la comunidad hasta el 33,9%. En total, un avance de 1,1 puntos del PIB que deja a Cataluña en el tercer puesto de autonomías más endeudadas, por detrás de la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha.

Ratio deuda/PIB de las comunidades autónomas (%)

Fuente: Banco de España. Datos hasta junio.

Cataluña, que ya era una de las comunidades que tenía más problemas por el volumen de su deuda, empeora su situación de un plumazo. La Comunidad tiene ya el 27% del pasivo de todas las autonomías. En el extremo opuesto se sitúa la Comunidad de Madrid, para la que el Banco de España ha revisado a la baja su volumen total de deuda. En concreto, ha ajustado su pasivo en 29 millones el pasivo de la región, hasta dejarlo en 26.312 millones, lo que supone un 13,3% de su PIB.

Rompe la promesa del Gobierno

Esta desviación de las cuentas de Cataluña, unido a la revisión a la baja del PIB realizada por el INE, hará imposible que España cumpla este año las previsiones de déficit y deuda comprometidas con Europa. Hacienda remitió a Bruselas en abril su Programa de Estabilidad para los años 2015-2018 en el que prometía que el endeudamiento público se quedaría en el 98,9% del PIB y que en ningún caso superaría el 100%.

Estas promesas son ya papel mojado con las nuevas cifras del Banco de España. La actualización de las cuentas financieras ha elevado el endeudamiento público en 1,8 puntos de PIB, hasta el 99,5%. De un plumazo el pasivo de España se ha colocado seis décimas por encima de lo comprometido por el Ejecutivo. En total, en torno a 6.000 millones de euros de desviación sólo hasta el mes de junio que tendrán una solución muy complicada en la segunda mitad del año.

España también tenía muy complicado cumplir el objetivo de déficit para este año marcado por Bruselas, pero con este nuevo pasivo carga sobre sus espaldas, ahora es prácticamente imposible que lo logre. El mandato europeo es cerrar el año con un déficit del 4,2% sobre el PIB y al cierre de julio ya contabiliza un desvío superior al 3%.

Las comunidades autónomas están siendo las más incumplidoras de todas las administraciones públicas. Si antes de esta revisión ya habían superado el límite de déficit para todo el año, ahora el escenario es mucho peor. El Ejecutivo central había marcado un objetivo de desviación máximo del 0,7% sobre el PIB, cifra que ya habían sobrepasado en julio. Con esta actualización del Banco de España, la desviación de las autonomías ya será superior al 0,8% del PIB.

Actualización del PIB

Una buena parte de la revisión al alza de la ratio de endeudamiento se debe a que el Banco de España ha incorporado la revisión a la baja del PIB español realizado por el INE. Esto significa que, como baja el tamaño de la producción española anual, el porcentaje que representa la deuda sobre ésta es mayor.deuda_nueva

El endeudamiento de todas las autonomías ha aumentado tras esta revisión, liderado por el avance de Cataluña, que aumenta 1,1 puntos de PIB. La Comunidad Valenciana ocupa esta dudosa segunda posición, ya que su ratio de endeudamiento aumenta en 0,7 puntos de su PIB y Castilla-La Mancha ocupa el tercer puesto, con un avance de 0,6 puntos.

Cuando los políticos sólo piensan en el corto plazo

Un estudio de la fundación Centre of Public Impact muestra, entre otros resultados, que nueve de cada 10 funcionarios de 26 países, entre ellos España, consideran que el impacto de las políticas públicas es “mejorable”.

Las políticas públicas tienen un impacto en la sociedad, para bien o para mal. Sin embargo, los gobiernos dedican más tiempo a la fase de su desarrollo que en comprobar si se ha conseguido el resultado esperado. De hecho, “los políticos prefieren medir el impacto de las políticas públicas a corto plazo”, afirma Adrian Brown, experto en asuntos de gobierno y director ejecutivo del Centre of Public Impact.

Un estudio que dicha fundación publica este jueves muestra, entre otros resultados, que nueve de cada 10 funcionarios (el 92%) considera que el impacto de estas medidas es, como poco, mejorable.

El informe mide el impacto real de las políticas públicas en varios países económicamente desarrollados en los cinco continentes.

effective encuesta

En la encuesta del estudio, en la que participaron funcionarios de 25 países distintos (también España), más de 1.000 trabajadores públicos han revelado lo que piensan sobre la efectividad de las políticas públicas de sus respectivos gobiernos.

Otro de los resultados destacables del estudio indica la diferencia de opiniones entre funcionarios según su función y rango. Así, los funcionarios responsables de desarrollar las normativas son los que mejor opinión tienen sobre su impacto, mientras que los funcionarios ejecutivos (aquellos que aplican las normativas en las diferentes secciones del sector público) son los que peor valoran el resultado de las políticas públicas en general.

public servants

Los datos del informe también muestran una clara diferencia de opinión entre los funcionarios con posiciones más elevadas en la administración, que valoran mejor el impacto de las normativas, y los funcionarios con posiciones menos elevadas, que consideran que todavía queda mucho por mejorar.

“Lo que el estudio parece indicar es que los funcionarios que están menos envueltos en el impacto de las políticas públicas son los que mejor opinión tienen sobre su efectividad”, explica Adrian Brown.

management level

Los resultados del estudio muestran asimismo la uniformidad de los obstáculos que los funcionarios identifican a la hora de conseguir un mayor impacto de las políticas públicas.

“A pesar de haber incluido países de cinco continentes distintos en el estudio, las respuestas a esta pregunta eran muy similares”, explica Brown. “La mayor parte de los funcionarios identificaron la falta de coordinación, la insuficiencia de fondos y la falta de liderazgo como los principales obstáculos a la hora de conseguir un mayor impacto de las políticas públicas”.

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Por último, la encuesta muestra que tan solo 21% de los funcionarios encuestados utilizan indicadores de impacto en todos los proyectos del sector público que implementan.

Brown explica que “por lo general, los políticos prefieren medir el impacto a corto plazo, como por ejemplo el impacto político que ha tenido la última legislación que ha sido aprobada por el parlamento o congreso. Medir el impacto que esta legislación ha tenido sobre el público a largo plazo es mucho más complicado, y por lo tanto se hace menos a menudo”.

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“Lo que ha demostrado esta encuesta es que hay una clara necesidad de incorporar medidas para calcular el impacto de las políticas del gobierno”, concluye el director del centro. “Necesitamos prestar más atención a los resultados de las políticas públicas, ya que esto es lo que importa a los ciudadanos. Esto es especialmente importante en épocas de incertidumbre y de cambio político”.

El Centro de Impacto Público es una iniciativa del Boston Consulting Group, cuyo objetivo es ayudar a que los gobiernos mejoren el impacto de las políticas públicas que implementan. En el futuro, el centro espera crear un marco de ayuda que los gobiernos puedan utilizar para mejorar el impacto de sus políticas públicas.

“El objetivo de este estudio era comprobar si los funcionarios consideran que se puede mejorar el impacto de las políticas públicas del gobierno”, dice Brown. “Como podemos ver, la mayor parte de los funcionarios consideran que hay cosas que se pueden mejorar”.