En octubre de 2014, la Justicia española confirmó, por primera vez, que Google estaba obligado a ocultar informaciones de carácter personal. Fueron muchos los han alertado del peligro que suponía “atacar al mensajero” y compararon las imposiciones a Google con el alzheimer digital, vaticinando que se acabarían destruyendo las hemerotecas.

Avancé entonces que la Justicia estudiaría cada caso concreto, que a veces se obligaría a Google a ocultar los contenidos y que, en ocasiones, se haría lo propio con los medios de comunicación. Y puse ejemplos específicos: la Audiencia Nacional había ordenado a Google excluir una noticia de hace 25 años, pero no se le había obligado a El País a tocar ni una sola coma de la misma noticia.

El derecho al olvido (en plena construcción), no es absoluto y debe ponderarse con otros derechos en conflicto (como la libertad de información y expresión).  Así lo ha entendido recientemente la Audiencia Nacional, que ha confirmado una resolución (PDF) de la Agencia Española de Protección de Datos en la que se le deniega a una persona desaparecer de Google cuando se le vincula con la trama Gürtel.

Según la Audiencia Nacional, no procede reconocer a este ciudadano el ‘derecho al olvido’ porque los hechos que recoge Google continúan teniendo una notable relevancia pública. Se trata de una persona de relevancia pública que sigue imputado que, además, no ha presentado ninguna prueba que acredite que lo que se publica sea falso.

Concluye la Audiencia de forma tajante: “La injerencia en los derechos fundamentales del interesado se encuentra justificada por el interés preponderante de los internautas en tener acceso a la información en una búsqueda que verse sobre el nombre del actor, teniendo la ciudadanía un interés real de conocer dicha información”.

Otro ejemplo

Si hace falta un ejemplo más respecto a las limitaciones del derecho al olvido, conviene dar a conocer otra resolución (PDF) también de la Agencia Española de Protección de Datos, en la que se le deniega a una persona la retirada de informaciones en Google que le vinculaban con ETA.

Dice el texto de la AEPD: “Los datos del reclamante constan en las informaciones publicadas relativas a las detenciones del reclamante y otras personas por casos de kale borroka y delitos de integración en la organización terrorista ETA en febrero de 2012″ y que la detención del reclamante “tuvo lugar como consecuencia de la participación del interesado en campañas de amenazas contra ediles donostiarras del Partido Socialista de EuskadiEuskadiko Ezkerra y del Partido Popular Vasco”.

Pues bien, a pesar de que el reclamante aportó un auto de sobreseimiento libre, Google justificó que la información era de relevancia pública y que se estaba estudiando en otro sumario judicial la pertenencia del reclamante a ETA, por lo que la información no era inexacta.

La AEPD, tras analizar las alegaciones del reclamante y de Google, no ha admitido la retirada de contenidos y ha afirmado que “debe considerarse la trascendencia en el número de personas afectadas, así como la relevancia pública y el interés público que han alcanzado los hechos en cuyo contexto se incluyen sus datos”.

No es descartable que con el paso del tiempo, o con la aportación de nuevas pruebas acerca de su inocencia, estas personas puedan ejercer el derecho al olvido, pero hoy no.

(Foto: Mokra / Freeimages)


Luis Gervas de la Pisa es abogado de Salirdeinternet.com y es el responsable del Código del Derecho al Olvido, publicado por el Boletín Oficial del Estado.


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