Derecho a la memoria

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Los restos del tempo de Diana en Éfeso. Foto: Adam Carr / Wikipedia

‘Solo una cosa no hay. Es el olvido.’
Jorge Luis Borges, ‘Everness’

Con ocasión del reciente XI Congreso de la Abogacía Española, tuve el honor de participar con otros compañeros juristas, abogados y fiscales en una mesa redonda bajo la leyenda Privacidad 3.0., donde abordamos distintas cuestiones, y muy particularmente el conflicto jurídico entre libertad de información y ‘derecho al olvido’, un debate que se ve condicionado por las diferentes percepciones de ambos derechos en las legislaciones europea y estadounidense.

Tras los casos Wikileaks y Snowden, ¿se puede hablar de intimidad en una internet donde el peso económico, político y tecnológico de Estados Unidos desequilibra completamente el derecho a la privacidad con respecto a Europa? ¿Se puede hablar de privacidad en una red controlada por las normas jurídicas de Estados Unidos y por los términos y condiciones de sus empresas de alta tecnología?

Cuando hace más de 15 años los pioneros de los ciberderechos denunciaban el espionaje sistemático de las comunicaciones operado desde la red Echelon recomendando el uso de programas de cifrado, muchos de ellos fueron tildados de “conspiranoicos”. Tras confirmarse las peores sospechas, nadie ha llamado profetas a aquellos ciberactivistas, que sin duda lo fueron.

La responsabilidad de la situación actual no es exclusiva de Estados Unidos. En España y en la Unión Europea se permitieron otras agresiones a la privacidad, aprobando una directiva de conservación de datos de telecomunicaciones que acabó siendo anulada por la justicia comunitaria. Más de un año después de aquella sentencia, España todavía no ha derogado la Ley 25/2007 de conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de comunicaciones, manifiestamente incompatible con el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

En nuestro país la intimidad vive sus horas más bajas: está prevista próximamente la aprobación de una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que permitirá la instalación de programas espía en los ordenadores y móviles de los ciudadanos para investigar cualquier infracción penal cometida mediante medios tecnológicos, con independencia de su mayor o menor gravedad. La reforma proyectada también permitirá instalar dispositivos de seguimiento y escuchas en vehículos y domicilios, y facultará a agentes policiales encubiertos para compartir archivos ilícitos con el objetivo de investigar delitos.

La erosión de la privacidad tiene un efecto colateral, y es el falso placebo del ‘derecho al olvido’, que se proyecta como un serio peligro contra la libertad de información

Pero como todo puede empeorar, la erosión de la privacidad tiene un efecto colateral y es el falso placebo del ‘derecho al olvido’, que se proyecta como un serio peligro contra la libertad de información. Mientras se destruye sistemáticamente nuestra intimidad personal y familiar, crece como una metástasis la protección de datos, que concebida en nuestra Constitución ya desde el principio como una limitación del uso de la informática (artículo 18.4) amenaza con mutilar el derecho de los ciudadanos a buscar información por sí mismos.

Una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea estableció que los ciudadanos tenían derecho a solicitar de los buscadores de información como Google el borrado de enlaces a informaciones que, aún siendo lícitas, supusiesen un tratamiento automatizado de sus datos de carácter personal no justificado por el interés público de la información.

Tal sentencia tenía su origen en la reclamación de un ciudadano español contra Google, que pedía la cancelación de los enlaces a una información publicada en La Vanguardia, donde se daba cuenta de un embargo. El caso llegó a la Audiencia Nacional, que planteó cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con el resultado por todos conocido.

El problema viene cuando la Audiencia Nacional pretende extrapolar los criterios de la sentencia a todas las demandas planteadas contra buscadores como Google: las peticiones de borrado de información ya no se limitan a embargos o multas, sino que pretenden el blanqueamiento de historiales delictivos. Y así, se llega a sentenciar (PDF) que se borren enlaces a sentencias del Tribunal Constitucional o enlaces (PDF) a reales decretos aprobando indultos, en casos de agresiones sexuales a menores o tráfico de drogas.

¿Sería posible que los descendientes de los asesinos de Federico García Lorca ejerciesen el derecho al olvido?

¿Qué pasará cuando los condenados por terrorismo, torturas y asesinatos pretendan el borrado sistemático de toda información relativa a su pasado delictivo? ¿Sería posible que los descendientes de los asesinos de Federico García Lorca ejerciesen el derecho al olvido? ¿Se destruirá parte de nuestra memoria histórica? Conocer la biografía de las personas que cometieron delitos que ocasionaron alarma social y fueron noticia es un derecho de toda la ciudadanía.

Si Torquemada naciese en nuestros días, no necesitaría un índice de libros prohibidos para ejercer la censura de la Inquisición. Al contrario, lo que haría sería precisamente destruir los índices de nuestra memoria colectiva: los enlaces de nuestros buscadores. En un remedo trágico de esa excelente serie que es El Ministerio del Tiempo, los nuevos censores podrían impedir el acceso a los datos con los que se escribe nuestra historia paso a paso.

El llamado ‘derecho al olvido’ debe regularse, estableciendo los casos tasados en los que una determinada información carece de interés público. La intimidad personal y familiar y la relevancia pública de las personas no puede quedar al albur de los criterios subjetivos de la Agencia de Protección de Datos y la Audiencia Nacional.

Conocemos a través de Estrabón el nombre del pirómano que incendió el templo de Diana en Éfeso, maravilla de la antigüedad. Eróstrato pretendía ser conocido en todo el mundo mediante la destrucción del más bello templo conocido. A fin de evitarlo, las autoridades efesias prohibieron mencionar el nombre del criminal, bajo pena de muerte, y aún así nos lo ha legado la historia.

El olvido, que no es sino la otra cara de la fama, no es un derecho sino un privilegio. La buena reputación se gana a pulso, no por resolución administrativa. Que así sea también con la mala reputación.


Carlos Sánchez Almeida es abogado especalizado en nuevas tecnologías y socio presidente de Bufet Almeida, Abogados Asociados.