Luces y sombras de la reforma del Tribunal Constitucional

Un Estado de Derecho tiene la obligación de acatar y hacer cumplir las leyes, por encima de las vías de hecho y conforme al espíritu de la Constitución. La reforma que acaba de aprobar el Congreso, a propuesta del Grupo Parlamentario Popular, de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional parece adecuada en el fondo pero completamente inadecuada en cuanto a sus formas, las cuales, en el Derecho, no sólo son necesarias sino fundamentales.

6014724364_d53ca681b5_oEl Partido Popular pretende corregir por la vía legislativa un problema que no sólo es jurídico sino que, sobre todo, es político. La reforma plantea que sea el propio Tribunal Constitucional el encargado de ejecutar sus resoluciones, lo que, de manera preliminar, excede de las competencias constitucionales del referido órgano.

Por un lado, el Gobierno del PP quiere que las sentencias y resoluciones del Tribunal Constitucional tengan título ejecutivo, un aspecto que puede considerarse sobreentendido toda vez que el incumplimiento de las decisiones del TC podría dar lugar a delitos de desobediencia o prevaricación.

La modificación prevé la imposición por parte del Tribunal Constitucional de multas coercitivas y la suspensión de las autoridades o empleados públicos responsables del incumplimiento. Incluso el TC podría imponer “las medidas necesarias para asegurar el debido cumplimiento” de sus resoluciones sin oír a las partes en casos de “especial trascendencia constitucional”. De mantenerse la norma en esos términos tras su tramitación parlamentaria, se vulneraría flagrantemente el derecho a ser oído antes de ser sancionados. La posibilidad de imponer sanciones que no se detallan genera, de hecho, inseguridad jurídica.

Contraria al Derecho europeo

De salir adelante la reforma, no sólo sería aparentemente contraria a la Constitución sino también al Derecho europeo. El artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y los artículos 47 y 48 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea reconocen el derecho de las partes a ser oídas equitativamente.

En Estados Unidos, al igual que en el Reino Unido, la Corte Suprema (órgano supremo en ambos países) no es la encargada de ejecutar sus propias sentencias sino que esa función recae en los tribunales inferiores, así como en el gobierno. De la misma manera, en Francia la obligación de velar por que las resoluciones del Consejo Constitucional se cumplan no es de éste sino del poder ejecutivo.

No parece que la reforma que se plantea en España sea la más adecuada para velar por el buen funcionamiento del ordenamiento jurídico y, además, presenta ciertos tintes totalitarios.
Es correcto que el Estado se proteja de aquellos que lo quieran romper, pero el fin no justifica los medios. El Tribunal Constitucional es el garante de nuestra Constitución, determinando si una norma es conforme o no a ella. Desvirtuar su cometido podría ser un error. El legislador podría buscar otro órgano del Estado ejecutor de sus resoluciones, como podrían ser bien los Tribunales Superiores de Justicia, bien el Tribunal Supremo cuando se trate de aforados.

Juan Gonzalo Ospina es letrado y presidente de los Abogados Jóvenes de Madrid

La necesaria revisión de la casta universitaria española

30 abril 2011 página 29 MADRID, 07/06/2010.- Vista general del aula magna de la Facultad de Odontología, esta mañana antes del comienzo de los exámenes de selectividad en Madrid, que este año realizarán cerca de 26.000 alumnos. EFE/Sergio Barrenechea

Es evidente que España se juega mucho en el desafío al Estado de Derecho encabezado por el presidente de Cataluña Artur Mas. Parece impensable que España pueda perder esta batalla, pero deberíamos sacar alguna conclusiones para evitar situaciones similares en el futuro.

Foto: EFE

Es evidente que España se juega mucho en el desafío al Estado de Derecho encabezado por el presidente de Cataluña Artur Mas. Parece impensable que España pueda perder esta batalla, pero deberíamos sacar alguna conclusiones para evitar situaciones similares en el futuro.

Cualquier español pudiera pensar que este duelo podría perderlo nuestro país por simple incomparecencia o, mejor dicho, por dejación de funciones de los partidos políticos de ámbito nacional, partidos que supuestamente deberían representar el interés general.

En esa dejación de funciones destacan por igual PP y PSOE. Sin embargo, es un innegable mérito del ‘zapaterismo’ habernos devuelto a las dos Españas, reabriendo una vieja herida que ya pensábamos cicatrizada como resultado del acuerdo entre fuerzas políticas de la Transición.

No podemos entender el ‘zapaterismo’ como un fenómeno accidental, sino como el resultado de plasmar en la esfera política los prejuicios de la elitista, oligárquica y endogámica burocracia española, en concreto, de la casta universitaria de la que provenía el propio Zapatero.

Esta casta no presta servicio alguno a la ciudadanía, ya que su propio fin y existencia se orienta exclusivamente a inocular en los estudiantes un veneno contra la empresa privada y la generación de riqueza, arrancando de raíz cualquier posibilidad para desarrollar actitudes personales encaminadas al emprendimiento y promoviendo el deseo de convertirse en funcionarios.

¿A quién rinde cuentas de su trabajo el funcionario? O, en el ámbito universitario, ¿quién mide o evalúa el resultado de la tarea docente? España, como el resto de las sociedades occidentales, ha de estudiar con detenimiento el funcionamiento de su burocracia con el fin de transformarla en una herramienta al servicio de la sociedad.

Parece que no hemos aprendido que cuando la meritocracia se aleja del horizonte y el injusto igualitarismo castiga a los mejores, bloqueando cualquier posibilidad de un beneficio proporcional al esfuerzo y al riesgo, acabamos en la situación de paupérrima miseria a la que nos llevó el comunismo. 

Son el riesgo de fracaso y la incertidumbre (propios del mundo privado) los elementos que crean el ambiente adecuado para el progreso. El hecho de que algo pueda salir mal nos asusta y nos lleva a hacer todo lo que está en nuestra mano para que ese resultado adverso no se produzca. El esfuerzo, la reflexión y la creatividad surgen en contextos de incertidumbre y el hecho de que las cosas puedan cambiar nos activa para sobrevivir.

Sin embargo, el diseño burocrático y endogámico de la universidad (véase el sistema de elección de los profesores, el sistema de promoción interna, el de financiación y evaluación, su escasa interrelación con el mundo de la empresa…) ha inmovilizado su funcionamiento, impedido su dinamismo y alejado a sus miembros del mundo real, convirtiéndoles en los agentes sociales que más animadversión sienten ante la variación del status quo. No sorprende que no tengamos universidades punteras, ya que viven en un universo paralelo, estático e inamovible, donde la meritocracia y la creación de soluciones viables a los problemas reales han quedado relegadas al rincón del olvido.

Es necesario analizar los resultados de 30 años de función pública en democracia para proceder a implementar cambios que generen beneficios para la sociedad, convirtiendo la docencia en un motor del desarrollo económico nacional, ya que de esa actividad provienen las conductas que generan actitud y mentalidad empresarial, génesis de la creación de riqueza.

Sin duda, la casta funcionarial universitaria no va permitir dejar de adoctrinar a nuestros jóvenes, dado que supondría el fin de la izquierda trasnochada que aun campea por las aulas. Pero sin ese cambio se mantendrá ad eternum la contienda de las dos Españas.

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Pedro Francisco Muñoz Lorite es abogado

Todo dependerá de los catalanes

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Las elecciones del 27S y la más que probable mayoría inequívocamente secesionista no sólo sitúan en el centro de la política española una realidad que muchos concebían como mera ciencia-ficción sino que confirman la cuestión secesionista como un fenómeno hegemónico en Cataluña.

Los apologetas del españolismo ibérico y catalán afirmaron pomposamente durante lustros que no se podría tomar en serio al secesionismo: aquel ideario que para muchos, entre ellos ilustres catalanistas, no era nada más que un subproducto de la Cataluña payesa y de la testosterona rural hasta que el Parlament no contó con una mayoría de diputados favorables a la independencia con la conversión del nacionalismo moderado a lo que apocalípticos y cursis denominan el desafío al Estado.

Las elecciones del 27S y la más que probable mayoría inequívocamente secesionista en la cámara de representación catalana no sólo sitúan en el centro de la política española una realidad que muchos concebían como mera ciencia-ficción sino que confirman la cuestión secesionista como un fenómeno hegemónico en Cataluña. En el templo de la democracia, donde la única verdad reside en la suma de voluntades individuales, el independentismo no es ya una opción extremista ni radical: los independentistas seremos centro y mayoría.

Contrariamente, los partidos españoles con sucursales en Cataluña han reaccionado a la preeminencia del independentismo con una ridícula e improductiva apuesta por la radicalidad, cayendo de esta guisa en todos los tópicos fraudulentos que pretendían combatir. Ahí tienen por ejemplo a nuestro amiguito Pablo Iglesias con su vuelta al lenguaje del etnicismo guerrista, apelando a algo tan poco new politics como el origen y los apellidos de los votantes, como si no existiesen obreros extremeños o andaluces independentistas.

Admiren también al pintoresco Xavier García Albiol, un personaje que acusa al nacionalismo de repartir carnés de catalanidad cuando ha sido uno de los únicos políticos de Europa que ha tenido la desfachatez de referirse a la inmigración como una basura que debe limpiarse. Mientras Miquel Iceta practica el arte del bailoteo ante la atónita mirada de Pedro Sánchez (no sabemos si de alucine por la gestualidad alocada del tipo o por la sangría de votos que adelgaza al PSC), la influencia del PP y del PSOE en la política catalana va esfumándose hasta caer en la más estricta marginalidad.

Resulta curioso que el único foco de resistencia del unionismo en Cataluña lo protagonice un partido como Ciutadans, formación que nació como látigo a la inmersión lingüística y que ha ido modulando su programa electoral según sopla el viento (si tienen tiempo y paciencia, consulten qué se decía sobre la inmigración en los primeros programas electorales de Albert Rivera y verán cómo las fronteras abiertas del progresismo han acabado en murallas llenas de alfileres). Que el líder de Ciutadans haya abandonado su querida tierra natal para dejarla en manos de una centinela les dará una idea de lo prioritaria que es Cataluña para el hombre que negaría la independencia aunque ésta fuera defendida por el 90% de los catalanes. Rivera es un hombre de convicciones férreas: lo que piensen los ciudadanos catalanes, aunque sea por unanimidad, le trae sin cuidado. Como diría la broma hegeliana, cuando la realidad no se subsume a tus postulados, el problema no recae en tu mirada sino en la testarudez de los hechos.

Ciudadanos puede tener un resultado fantástico en Cataluña. Pero la formación de Rivera sólo ha encontrado calor mediático (y monetario) por su oposición al independentismo y ha sido jaleada por los poderes fácticos únicamente por  su prelavado de imagen a las corruptelas del bipartidismo. En una o dos legislaturas, cuando los capataces del ÍBEX 35 ya no le necesiten y vuelvan a confiar en el binomio PP-PSOE, Rivera va a volver a pasearse desnudo por el mundo y podrá acompañar a Rosa Díez en su residencia de elefantes. Si el Parlament que salga del 27S obtiene una mayoría suficiente con la única oposición de los ilustres enemigos que acabo de relatar, la aceleración del proceso recaerá entera y estrictamente en la pericia de las fuerzas independentistas. Por voluntad expresa de la ciudadanía y por primera vez en la historia de Cataluña, las decisiones que tomen sus políticos serán producto de su entera responsabilidad y valentía, sin ningún ápice de sucursalismo. El independentismo, como la Ilustración, se basa en normalizar la mayoría de edad de los ciudadanos.

Desde el inicio del llamado Procés (una analogía literaria horrenda, dicho sea de paso), la idea rectora del independentismo ha consistido en concebir a los catalanes como sujetos de acción libre, sin ataduras. Entiendo que quienes habían vivido acostumbrados a que pidiéramos permiso para existir y a decir que todos los catalanistas que se habían forrado a base de distribuirse las migajas del sistema autonómico estén notoriamente atemorizados y teman por su sueldazo. Sólo así se entiende que nos acusen de nazis (en los años 30 éramos judíos o masones, mire usted por dónde) o de norcoreanos y de totalitarios por el simple hecho de urdir manifestaciones en las que gentes de ideologías plurales gritan con una sola voz algo tan simple como que aquello que consideran su país se convierta en un estado. Lo que hoy es un radicalismo del lenguaje va a transformarse en una política activa del miedo que tendrá a funcionarios públicos y pensionistas como foco central. El Gobierno no inhabilitará a Mas ni enviará tanques a la Diagonal, pero amedrentará a los trabajadores públicos jugando con su sueldo y su tranquilidad existencial.

El primer estadio de la secesión catalana puede acontecer el 27S  en forma de mayoría parlamentaria, pero su consolidación definitiva dependerá de la resistencia de los ciudadanos de Cataluña ante la amenaza de la burocracia española y de la pericia de los políticos de Junts pel Sí y de la CUP para fomentar un clima de normalidad y erigir las estructuras básicas de un estado catalán (en especial su Hacienda) con suma rapidez. Esto no ha hecho nada más que empezar. Disfruten, mientras puedan, del silencio inmediatamente anterior a la contienda. Y que gane el que más resista hasta el último asalto. Como siempre.

Cierre en falso a la sombra de Rajoy

Ni una sola explicación verosímil, ni una pizca de autocrítica y ni un solo argumento de fuste para justificar por qué el máximo responsable político de los cuerpos de seguridad había despachado en privado en el Ministerio con un ‘pluriimputado’ por administración desleal, falsedad documental, fraude tributario y blanqueo de capitales, entre otros.

La comparecencia de Jorge Fernández Díaz en el Congreso de los Diputados para rendir cuentas de su reunión con Rodrigo Rato en el Ministerio del Interior resultó previsiblemente decepcionante. 

Ni una sola explicación verosímil, ni una pizca de autocrítica y ni un solo argumento de fuste para justificar por qué el máximo responsable político de los cuerpos de seguridad había despachado en privado en el Ministerio con un ‘pluriimputado’ por administración desleal, falsedad documental, fraude tributario y blanqueo de capitales, entre otros.

El ministro adujo que aceptó entrevistarse con Rodrigo Rato porque ha sido víctima de graves amenazas en Twitter y en otros ámbitos y circunstancias que no detallaba por seguridad; que había decidido recibirle personalmente porque se trata del exvicepresidente del Gobierno y exdirector del FMI y que en los 60 minutos que duró la reunión en ningún momento hablaron de su situación procesal ni de las pesquisas de que está siendo objeto.

Tales explicaciones resultan tan inconsistentes que sólo contribuyen a extender aún más las sombras que se ciernen sobre el Gobierno y sobre el PP en lo que refiere a su compromiso real con la regeneración política y de lucha contra la corrupción. Puede que Rodrigo Rato tema ir sin escolta porque le pitan los preferentistas en la puerta del Juzgado, pero es evidente que este problema de seguridad no precisa de una intervención directa del ministro. Por otro lado, basta recordar el mando de Fernández Díaz sobre la Guardia Civil (a cargo de la investigación) para concluir que su reunión con Rato fue una grave irresponsabilidad.

Ni rastro de arrepentimiento

Lejos de mostrarse siquiera algo arrepentido, Fernández Díaz se permitió el lujo de reñir a la oposición por haberle obligado a comparecer en medio de sus vacaciones y por pedirle la dimisión  y, lo que es peor, preguntado al respecto, dejó en el aire la posibilidad de volver a recibir a Rato en el Ministerio si se lo vuelve a pedir.

El precedente de tanta prepotencia hay que atribuírselo al propio Rajoy, que puso a ras de suelo la asunción de responsabilidades políticas cuando, tras conocerse sus mensajes de apoyo a Bárcenas (“Luis, sé fuerte”), optó por continuar impasible sin dar explicaciones ni pedir perdón a la opinión pública. El presidente del Gobierno no esperó siquiera a que acabara la comparecencia para dar por buenas las explicaciones del ministro. A este cierre en falso de Jorge Fernández Díaz se sumó el portavoz del PP en la Comisión parlamentaria de Interior, Francisco Márquez, que se limitó a seguir al dedillo el guión prefijado.

Los diputados de la oposición fueron lógicamente contundentes. Una de las andanadas más relevantes fue la del portavoz de Izquierda Plural, Ricardo Sixto, cuando aventuró que si el ministro había recibido de a Rodrigo Rato en privado es porque ambos presumían que el ex vicepresidente tiene el teléfono pinchado. La acusación velada de que el titular de Interior estaba protegiendo a Rato de una supuesta intervención telefónica -no acreditada en los procedimientos judiciales- es gravísima, aunque Fernández Díaz prefirió no darse por aludido. Para su defensa contaba el ministro, de partida, con la experiencia y complicidad de Rajoy y con la precipitación con que el PSOE denunció el asunto la víspera ante la Fiscalía.

Además, en EL ESPAÑOL:

 

‘Derecho al olvido’: no todos podrán salir de Google

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Recientemente, Protección de Datos ha negado el amparo a dos investigados por pertenecer a Gürtel y a ETA, que no podrán salir de Google. El ‘derecho al olvido’, en plena construcción, no es absoluto y debe ponderarse con otros derechos en conflicto, como la libertad de información y expresión. Así lo ha entendido la Audiencia Nacional. 

En octubre de 2014, la Justicia española confirmó, por primera vez, que Google estaba obligado a ocultar informaciones de carácter personal. Fueron muchos los han alertado del peligro que suponía “atacar al mensajero” y compararon las imposiciones a Google con el alzheimer digital, vaticinando que se acabarían destruyendo las hemerotecas.

Avancé entonces que la Justicia estudiaría cada caso concreto, que a veces se obligaría a Google a ocultar los contenidos y que, en ocasiones, se haría lo propio con los medios de comunicación. Y puse ejemplos específicos: la Audiencia Nacional había ordenado a Google excluir una noticia de hace 25 años, pero no se le había obligado a El País a tocar ni una sola coma de la misma noticia.

El derecho al olvido (en plena construcción), no es absoluto y debe ponderarse con otros derechos en conflicto (como la libertad de información y expresión).  Así lo ha entendido recientemente la Audiencia Nacional, que ha confirmado una resolución (PDF) de la Agencia Española de Protección de Datos en la que se le deniega a una persona desaparecer de Google cuando se le vincula con la trama Gürtel.

Según la Audiencia Nacional, no procede reconocer a este ciudadano el ‘derecho al olvido’ porque los hechos que recoge Google continúan teniendo una notable relevancia pública. Se trata de una persona de relevancia pública que sigue imputado que, además, no ha presentado ninguna prueba que acredite que lo que se publica sea falso.

Concluye la Audiencia de forma tajante: “La injerencia en los derechos fundamentales del interesado se encuentra justificada por el interés preponderante de los internautas en tener acceso a la información en una búsqueda que verse sobre el nombre del actor, teniendo la ciudadanía un interés real de conocer dicha información”.

Otro ejemplo

Si hace falta un ejemplo más respecto a las limitaciones del derecho al olvido, conviene dar a conocer otra resolución (PDF) también de la Agencia Española de Protección de Datos, en la que se le deniega a una persona la retirada de informaciones en Google que le vinculaban con ETA.

Dice el texto de la AEPD: “Los datos del reclamante constan en las informaciones publicadas relativas a las detenciones del reclamante y otras personas por casos de kale borroka y delitos de integración en la organización terrorista ETA en febrero de 2012″ y que la detención del reclamante “tuvo lugar como consecuencia de la participación del interesado en campañas de amenazas contra ediles donostiarras del Partido Socialista de EuskadiEuskadiko Ezkerra y del Partido Popular Vasco”.

Pues bien, a pesar de que el reclamante aportó un auto de sobreseimiento libre, Google justificó que la información era de relevancia pública y que se estaba estudiando en otro sumario judicial la pertenencia del reclamante a ETA, por lo que la información no era inexacta.

La AEPD, tras analizar las alegaciones del reclamante y de Google, no ha admitido la retirada de contenidos y ha afirmado que “debe considerarse la trascendencia en el número de personas afectadas, así como la relevancia pública y el interés público que han alcanzado los hechos en cuyo contexto se incluyen sus datos”.

No es descartable que con el paso del tiempo, o con la aportación de nuevas pruebas acerca de su inocencia, estas personas puedan ejercer el derecho al olvido, pero hoy no.

(Foto: Mokra / Freeimages)


Luis Gervas de la Pisa es abogado de Salirdeinternet.com y es el responsable del Código del Derecho al Olvido, publicado por el Boletín Oficial del Estado.


También en EL ESPAÑOL:

 

El acuerdo Washington-Teheran: un triunfo para Obama

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Irán y Estados Unidos acaban de firmar el llamado “Acuerdo Nuclear”. ¿Por qué se ha firmado un acuerdo ahora? El principal giro hay que buscarlo no en Teherán, sino en Washington. Teniendo en cuenta los inmensos cambios que están desarrollándose más allá de Oriente Próximo es difícil que Estados Unidos pueda defender sus intereses en el mundo musulmán al mismo tiempo que se centra en el enfrentamiento con China, algo que inevitablemente hará si quiere defender su posición hegemónica.

Irán y Estados Unidos acaban de firmar el llamado “Acuerdo Nuclear”. La República Islámica no sólo tendrá más facilidad para continuar con su programa nuclear, sino que dejará de ser un Estado paria para reintegrarse, pese a todas las sospechas, en la sociedad internacional. Lo que queda por ver es cómo será el aterrizaje de Irán en ese mundo del que fue expulsado en 1979, y qué se puede esperar del país persa y de sus vecinos en este nuevo escenario.

¿Por qué se ha firmado un acuerdo ahora? El nombramiento de Rouhani como presidente de la República en verano de 2013 y su política de acercamiento a Occidente parece ser el detonante de la negociación. Sin embargo, en Irán el Presidente de la República es un cargo con un poder muy limitado (es el único líder del Poder Ejecutivo del mundo que no tiene mando sobre las Fuerzas Armadas, por ejemplo), y por lo tanto corresponde al Ayatolá Supremo definir la política del país, tanto a nivel interno como con el resto del mundo.

Tampoco es la primera vez que un clérigo aperturista llega a la Presidencia de Irán: Mohammed Khatami, Presidente de la República entre 1997 y 2005, fue un reformista que permitió inspecciones de la Agencia Internacional de la Energía Atómica y firmó un acuerdo con Francia, Alemania y el Reino Unido, el Acuerdo de París, en el que se comprometía a suspender el enriquecimiento de uranio. Pero no se llegó a más, ni se profundizó tanto como se ha profundizado ahora, pese a darse unas condiciones similares.

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Presidente Rouhani de Irán

¿Por qué ahora?

El principal giro hay que buscarlo no en Teherán, sino en Washington. Al margen de las diferencias entre Obama y Bush, los intereses geoestratégicos de Estados Unidos han cambiado enormemente en los últimos diez años, coincidiendo con dos fenómenos que no tienen nada que ver con Irán: el ascenso de China en el Pacífico, con el consecuente incremento de su agresividad, y el desmesurado crecimiento de la producción de petróleo estadounidense, que desde 2008 ha crecido un 70%. El primer fenómeno supone un desafío a la hegemonía estadounidense, el segundo acerca a Estados Unidos a la independencia energética y a una menor dependencia de Oriente Próximo.

¿Qué relación tiene esto con el Acuerdo Nuclear? Una nación como Estados Unidos tiene intereses en todas las partes del globo, y no puede permitir desentenderse de ninguna de ellas. Si los estadounidenses reducen el nivel de implicación en Oriente Próximo, deben dejar tras de sí un escenario en el cual se minimicen los eventuales riesgos asociados a un menor control directo.

La razón por la que Washington no puede dejar desatendida ninguna zona del mundo está incrustada en la lógica del poder geopolítico, y la expresa perfectamente Mearsheimer, uno de los pensadores más relevantes del ámbito de las Relaciones Internacionales y creador de la teoría del realismo ofensivo. Según Mearsheimer, ninguna nación puede gobernar el mundo por completo, dado que es imposible obtener tal grado de poder que permita la dominación mundial. No obstante, las naciones pueden ser los poderes hegemónicos en sus zonas de influencia geográficas o culturales, y por lo tanto pueden (y deben) intentar evitar que ninguna otra nación del globo adquiera en su propia zona de influencia un poder similar.

Aplicado a la realidad geopolítica de nuestro tiempo, Estados Unidos no domina, ni puede dominar, el planeta. Pero sí domina el continente americano y seguirá siendo la primera potencia mundial mientras impida que otra nación gobierne en su propia zona de influencia. La lógica para enfrentarse a la Alemania nazi y a la Unión Soviética era evitar que ningún poder gobernara Europa en solitario, y esta misma lógica es lo que le impulsa a enfrentarse a China: para limitar su eventual dominio de Asia.

Ahora que el suministro de petróleo empieza a ser un tema secundario, la presencia militar en el Oriente Próximo lo será también, por lo que Estados Unidos puede recurrir a una situación menos conflictiva, menos costosa y más segura para los intereses estadunidenses. El propio Mearsheimer defendió esta teoría en 2008 en relación precisamente con Oriente Próximo. Esta estratagema consiste en enfrentar a dos naciones de una misma zona geográfica de forma que el conflicto les desgaste y les impida convertirse en potencias hegemónicas.

La realidad geopolítica

Oriente Próximo y el mundo musulmán en general está dividido en dos bloques antagónicos: por un lado, el mundo suní liderado por Arabia Saudí y las Monarquías del Consejo de Cooperación del Golfo. Por otro lado, el mundo chií liderado por la República Islámica de Irán. Cualquiera que conozca de cerca el mundo islámico sabe, y Estados Unidos lo sabe bien, que se odian entre sí más de lo que odian a los estadounidenses o incluso a Israel.

Estados Unidos sabe que si el acuerdo nuclear no se hubiese firmado es probable que a la larga el bloque suní hubiera acabado desbancando al chií. Las sanciones a Irán limitarían su capacidad, por lo que el bloque suní tendría las manos libres para incrementar su influencia de manera contraria a los intereses estadounidenses (como ya sucedió en 1973). Para forzar al bloque suní a centrarse en su amenaza más próxima, es inevitable dotar de mecanismos a su enemigo. El levantamiento de las sanciones fortalecerá la capacidad económica de Irán y con ello, su capacidad para sostener movimientos anti-suníes en Iraq, Yemen, Líbano o Siria, que puedan hacer frente a los movimientos anti-chiíes financiados directa o indirectamente por Arabia Saudí y el Golfo, como el Estado Islámico, Al Qaeda o el Frente Al-Nusra.

También es muy importante tener en cuenta que a los ojos de Arabia Saudí (e Israel), este acuerdo deja las manos libres a Irán para conseguir la bomba atómica, un escenario insoportable para los saudíes. Esto obligará a Arabia Saudí a elevar el gasto militar (previsiblemente cerrando acuerdos con empresas de armamento estadounidenses) y a entrar en una carrera armamentística que Irán se verá obligada a seguir, lo que creará un agujero negro económico en ambas naciones que limitará su capacidad de amenazar a Estados Unidos y que probablemente intentaría ser saneado de la forma más eficaz que tienen ambas naciones, que es con la venta de hidrocarburos… posiblemente a Estados Unidos.

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Negociación del pacto nuclear

Pero, ¿y si realmente Irán consiguiera la bomba atómica? Esto no es en absoluto un escenario indeseable para la Casa Blanca, ya que entonces Arabia Saudí también la obtendría (de hecho lleva tiempo buscando adquirirla a través de Pakistán). Y cuando dos enemigos acérrimos obtienen la bomba atómica, se produce lo que en Relaciones Internacionales se conoce como la “paradoja estabilidad-inestabilidad”. Esto significa que los conflictos directos se reducen drásticamente, mientras que los conflictos indirectos aumentan en la misma medida.

Por lo tanto si esta situación de estabilidad-inestabilidad se reprodujera en Oriente Medio entre el bloque suní y el chií esto sería una bendición para Estados Unidos, ya que el país norteamericano  podría olvidarse definitivamente de que ninguno de los dos bloques obtuviera suficiente poder como para dominar esta zona geográfica.

El estatus de Israel

El único cabo suelto que quedaría en este nuevo escenario es el estatus de Israel. Muchos medios y políticos israelíes han presentado este acuerdo como un paso que pone en grave riesgo la supervivencia de Israel. Sin embargo es poco probable que esto suceda, ni siquiera aunque Irán consiguiera la bomba atómica. Si Corea del Norte, un Estado regido por un Gobierno demencial y con una sociedad civil masacrada, no ha lanzado la bomba atómica, no hay motivos para pensar peor de Irán, un Estado con un Gobierno suficientemente sensato como para sentarse a negociar con Occidente y con una sociedad civil enérgica y vibrante.

En segundo lugar, el lanzamiento de una bomba atómica requiere de muchas negociaciones y muchos preparativos, por lo que es improbable que pasara inadvertido por el Mossad, la CIA y las demás agencias de inteligencia, que seguramente podrían neutralizar eficazmente el lanzamiento. Esto se aplicaría a cualquier nación que pretendiera usar armamento nuclear, llámese Irán, Pakistán, Francia… o el propio Israel.

La razón por la que el Estado Judío ha batallado tan ardientemente contra el Acuerdo Nuclear no es por una cuestión de supervivencia, sino de influencia. Israel es un Estado cuya supervivencia se fundamenta en tres pilares: una política de contención agresiva con sus vecinos, un Ejército y unos servicios de inteligencia extraordinariamente profesionales, y la existencia de un lobby capaz de ejercer una presión sustancial sobre las naciones occidentales y particularmente sobre Estados Unidos. La diferencia entre ambas naciones es que Estados Unidos puede permitirse olvidarse de Israel, pero Israel no puede permitirse que Estados Unidos le olvide. Apoyar a Israel era conveniente para los estadounidenses cuando tenían grandes intereses en Oriente Próximo, pero ahora que esos intereses empiezan a cuestionarse, es poco probable que Israel disponga de la misma influencia que ha tenido hasta ahora en la política exterior de la Casa Blanca.

Israel todavía está a tiempo de revertir esta situación si los políticos estadounidenses patrocinados por el lobby judío consiguen crear una oposición suficientemente fuerte al acuerdo nuclear. No sería la primera vez que Israel interviene decisivamente en la política exterior de Estados Unidos. Pero, si no lo lograra, quizá sí sería la última vez.

Teniendo en cuenta los inmensos cambios que están desarrollándose más allá de Oriente Próximo es difícil que Estados Unidos pueda defender sus intereses en el mundo musulmán al mismo tiempo que se centra en el enfrentamiento con China, algo que inevitablemente hará si quiere defender su posición hegemónica. Previsiblemente, el mundo experimentará una gran transformación en los próximos veinte años, pero quien más capacidad tendrá para determinar el impacto y el ritmo de estos cambios será Washington. En el modelo que han diseñado para Oriente Próximo, el gran perdedor será Arabia Saudí, que nunca debió haber provocado a la superpotencia en 1973. Irán será un vencedor relativo, mejorando su estatus aunque sea a costa de una mayor tensión, pero el vencedor indiscutible será la Casa Blanca que ahora habita Barack Obama.

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Francisco Rivas es abogado, experto en Relaciones Internacionales en Oriente Próximo y ha trabajado en la Embajada de España en Omán. También es escritor; su último libro es 1212: Las Navas.

La insufrible lentitud de la justicia

La demora con la que se resuelven muchos casos en los tribunales demuestra que urge hacer cambios para que la Justicia haga honor a su nombre. Una democracia debe ser capaz de juzgar a su debido tiempo y, de hecho, sentencias del Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos recuerdan que es un deber de los estados.

“La tardanza de la justicia es uno de esos males de los que el hombre sólo puede librarse mediante el suicidio”.

(W. Shakespeare. Hamlet)

Este comentario viene a cuento de la carta que me envía un español, de origen sirio y médico de profesión, que durante nueve años y pico ha sufrido la insoportable lentitud de la justicia. Detenido y acusado a finales de marzo del año 2006 por la acusación, junto a otras personas, de un delito de depósito de arma de guerra y que desde el primer día negó, ahora, finalmente, tras un largo calvario judicial, el tribunal le ha absuelto con todos los pronunciamientos favorables.

De sus palabras destaco éstas: “Señor abogado: ¿Quién me repara tanto dolor, tanta angustia, tanto sufrimiento? ¡La injusticia de tan extensa espera me ha consumido el valor, agotado la confianza en la Justicia, destrozado el corazón! ¡Estos años han tenido para mí más horas de desesperación que minutos de esperanza!”.

El mismo día que recibo este gemido, leo que más de 8.000 juristas, entre ellos jueces, fiscales y sobre todo abogados, bajo el lema de “Justicia tardía no es Justicia”, han inundado Twitter con mensajes e imágenes en las que se denuncia esa lentitud de la justicia y hablan de juicios y vistas para 2017, 2018, 2019 e incluso 2020.

En mi primer artículo publicado el 17/01/2015 en este blog que muy pronto se convertirá en diario y que titulé La lucha de los españoles y de EL ESPAÑOL por la Justicia, al hacer recuento de las batallas a emprender escribí que era necesario poner fin a la exasperante lentitud de las ruedas de nuestra administración de Justicia, que una justicia a destiempo es una denegación de Justicia, que el reloj de la Justicia no puede seguir siendo un reloj lánguido y que de no rejuvenecer, dentro de muy poco, será incapaz de arrastrar su maquinaria.

Cualquier democracia debería perder el nombre si no es capaz de juzgar a su debido tiempo. Las insoportables demoras de la justicia convierten al Estado de Derecho en algo meramente retórico, sin que valgan excusas de sobrecargas de trabajo o falta de medios materiales y personales. Como el Tribunal Constitucional ha declarado en la reciente sentencia 87/2015, de 11 de mayo, “por más que los retrasos experimentados en el procedimiento hubiesen sido consecuencia de deficiencias estructurales u organizativas de los órganos judiciales o del abrumador trabajo que sobre ellos pesa, esta hipotética situación orgánica (…) de ningún modo altera el carácter injustificado del retraso. (…) El elevado número de asuntos de que conozca el órgano jurisdiccional ante el que se tramita el pleito no legitima el retraso en resolver, ni todo ello limita el derecho fundamental de los ciudadanos para reaccionar frente a tal retraso, puesto que no es posible restringir el alcance y contenido de ese derecho dado el lugar que la recta y eficaz Administración de Justicia ocupa en una sociedad democrática (…)”.

Éste es también el criterio reiterado del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y así en la sentencia Lenaerts contra Bélgica, de 11 de marzo de 2004, la Corte de Estrasburgo razona que el artículo 6.1 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales “obliga a los Estados contratantes a organizar su sistema judicial de tal forma que sus tribunales puedan cumplir cada una de sus exigencias, en particular la del derecho a obtener una decisión definitiva dentro de un plazo razonable”.

O sea, que no es posible aceptar que se vive en democracia con una administración de la Justicia donde la respuesta judicial al reconocimiento de un derecho o la determinación de quien es inocente o culpable, duerma años y años en los estantes judiciales, con métodos arcaicos, tortuosidades y dilaciones inhumanas. Con horror hemos de contemplar los daños que causan las excesivas e indebidas dilaciones y procedimientos hay que duran tanto como las cuatro etapas del hombre; es decir, toda una vida.

En Bleak House o Casa desolada, Charles Dickens escribe del famoso caso Jarndyce/Jarndyce como “este pleito de espantapájaros se ha ido complicando tanto con el tiempo que ya nadie recuerda de qué se trata (…); durante la causa han nacido innumerables niños; innumerables jóvenes se han casado; innumerables ancianos han muerto. Docenas de personas se han encontrado delirantemente convertidas en partes (…), sin saber cómo ni por qué; familias enteras han heredado odios legendarios junto con el pleito. El pequeño demandante, o demandado, al que prometieron un caballito de madera cuando se fallara el pleito, ha crecido, ha poseído un caballo de verdad y se ha ido al trote al otro mundo. Las jovencitas pupilas del tribunal han ido marchitándose al hacerse madres y abuelas; se ha ido sucediendo una larga procesión de cancilleres que han ido desapareciendo a su vez; la legión de certificados para el pleito se ha transformado en meros certificados de defunción; quizá ya no queden en el mundo más de tres Jarndyce desde que el viejo Tom Jarndyce, desesperado, se voló la tapa de los sesos en un café de Chancery Lane (…)”.

No sé si algún día el hombre al que me he referido y que justifica estas líneas será indemnizado por el Estado ante un patente “funcionamiento anormal de la Administración de Justicia” y en aplicación de los artículos 292 y siguientes de la Ley Orgánica del Poder Judicial. De tener éxito en la pretensión, se me ocurre que con el dinero que reciba podría comprarse un reloj suizo, con todos los adelantos y hasta con números fluorescentes para la noche. Un reloj con mucha vida que le haga superar el amargo, bárbaro y desalmado tiempo de esos casi diez años de espera judicial. Camilo José Cela hubiera escrito unas páginas memorables –algo hizo con mano maestra en El asesinato del perdedor– dedicadas a las víctimas de la desidia de la Justicia, esa institución por la que Cronos, el anciano dios del tiempo, llora de impotencia y rabia al verla con tanta galbana.

La legalización del matrimonio homosexual en Estados Unidos: un fallo controvertido

 

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La sentencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos que ha legalizado el matrimonio entre personas del mismo sexo plantea una cuestión de fondo: si la Corte ha sobrepasado una línea roja al imponer, por una precaria mayoría, su particular visión sobre el asunto invadiendo el terreno de los legisladores. Los cuatro magistrados disidentes -entre ellos el juez Roberts, presidente del tribunal- creen que el Supremo se ha anticipado a las normas que cada Estado quiera darse.

El Tribunal Supremo de los Estados Unidos legalizó el pasado 26 de junio, por cinco votos contra cuatro, el matrimonio entre personas del mismo sexo en todos los Estados que forman la Unión. La reacción a esta decisión ha sido celebrada de manera unánime por el oficialismo político de ambos lados del Atlántico sin prestar atención quizá a lo que verdaderamente se ventilaba en este asunto. Cada uno de nosotros tenemos una opinión sobre el matrimonio, legítimas todas, pero este hecho no es el que se decidía en el caso presentado ante el más alto tribunal estadounidense. O, al menos, así era en un principio.

Muy pocos parecen haber reparado en lo que sostienen los cuatro magistrados disidentes, entre los que se encuentra el propio presidente del Tribunal, el juez Roberts, y el más antiguo miembro de la Corte, el controvertido a la vez que respetado juez Scalia. La lectura de las primeras páginas del voto particular redactado por Roberts (al que se unen Scalia y el juez Thomas) es una lección magistral sobre las raíces del Estado liberal y el papel que la Constitución de 1787 otorga a los tribunales.

La capacidad de legislar corresponde en exclusiva a los miembros de la comunidad y se articula a través del proceso político de decisión mediante la elección de aquellos ciudadanos que habrán de ejercer la representación ante las cámaras legislativas. Así, la labor de los tribunales no es otra que hacer cumplir las leyes que, fruto del pacto social, se han dado los hombres para poder desarrollarse en libertad y paz. El Tribunal Supremo es el máximo intérprete de la ley y le corresponde interpretar en último término la propia ley de leyes, es decir, la Constitución. Pero, ¿qué ocurre cuando el máximo intérprete se adelanta al proceso de decisión político o invade el terreno que a éste le corresponde? Los magistrados disidentes denuncian que exactamente eso es lo que ha ocurrido en la decisión mayoritaria.

Sin entrar a valorar la conveniencia o no del matrimonio entre personas del mismo sexo, estos jueces afirman que bajo la Constitución es al legislador, en primer lugar, al que corresponde decidir sobre este tipo de cuestiones. Ya sea estatal o federal, el poder legislativo representa el sentir de la mayoría de los votantes y, por lo tanto, es el que tiene la legitimidad democrática para imponer las normas que han de regir a la comunidad. El Poder Judicial habrá de velar por que esas normas se cumplan y que ni los ciudadanos ni las instituciones actúen en contra de ellas. Los tribunales son los guardianes de la libertad individual de los ciudadanos frente a los eventuales quebrantos que puedan producirse, vengan desde intereses particulares o desde las propias instancias del poder.

Anticiparse al legislador

En el asunto del matrimonio entre personas del mismo sexo, los magistrados disidentes sostienen que el tribunal está imponiendo la visión particular de cinco jueces sobre un tema que corresponde únicamente al legislador. Se menciona la situación de Massachusetts, California y otros Estados en los que ese tipo de matrimonios es legal después de que los correspondientes Parlamentos hayan aprobado normas en ese sentido. En estos casos la decisión ha sido impecable y acorde con la legalidad, dicen. Lo que no puede hacer el Supremo es anticiparse a las normas que las comunidades quieren darse.

Como ejemplo de Estado federal por antonomasia, en Estados Unidos cada territorio tiene amplios poderes legislativos. Ello explica que se produzcan diferencias importantes, como el hecho de que en algunos lugares exista la pena de muerte y en otros no, se pueda vender y consumir marihuana o que la regulación sobre la tenencia y uso de armas sea tan distinta en función de dónde nos encontremos.

Todas estas circunstancias reflejan la pluralidad de una nación con sensibilidades muy diversas, que la propia Constitución protege y ampara. Lo que hace el Tribunal Supremo en este caso es invadir una competencia de decisión que corresponde únicamente a los Estados, sostienen los discrepantes. El juez Scalia recuerda en su voto particular los mecanismos existentes para cambiar las normas y anima a los partidarios de una u otra posición a realizar campaña en el sentido que deseen para cambiar la ley, pero considera que en ningún caso puede corresponder a nueve jueces no elegidos democráticamente la función de imponer su visión particular sobre un tema debatido y debatible sobre el cual la Constitución se mantiene silente.

Esta sentencia, con sus correspondientes votos particulares, será estudiada por las generaciones venideras, ya que modifica y establece un nuevo marco de actuación de los tribunales. Hasta la fecha, el Tribunal Supremo había sido muy cauto en la determinación de las competencias que corresponden a cada uno de los tres poderes, a diferencia de lo que ocurre en muchos países europeos, donde los Tribunales Constitucionales (son lo órganos que más se le parecen) se pronuncian continuamente sobre cuestiones de índole político y ello sobre la base en una interpretación extensiva del ámbito constitucional.

Siguiendo la línea argumental de los jueces disidentes, no estaría de más preguntarnos si no resulta peligroso sobrepasar ciertas líneas rojas, por más que sea por una noble causa. En esto estamos en muchos países europeos y parece que ahora también en Estados Unidos.

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José Manuel Maza Muriel, es abogado y Máster en Derecho y Arbitraje Internacional por la Universidad de Georgetown.

Sirtaki lento para un oscuro e incierto verano

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El verano del 2015, predice el autor, se presenta oscuro e incierto y un lento sirtaki bien puede servir como telón de fondo para la agonía, la recriminación y el dracma. El resultado del referéndum griego no es sólo un problema del país que votó el domingo. Los tentáculos del “No” alcanzan de lleno a las economías de no pocos países para los cuales el estío será un mar de incertidumbre.

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En aquellos largos veranos de los sesenta –de siesta y cine a la fresca– viendo ‘Zorba el griego’, la película cuya música había creado el gran Mikis Theodorakis y que se convirtió en una seña de identidad para Grecia, aprendimos a dar los primeros pasos del sirtaki.

Estaba protagonizada por una joven Irene Papas –a la que tuve ocasión de conocer en 1992 en s’Estaca– y por Anthony Quinn que acudió al rodaje con un problema en la rodilla y como no podía bailar tuvo que arrastrar la pierna para poder terminar ciertas escenas.

Volviendo al domingo, en las primeras horas, la consulta ya se habría cobrado dos piezas: Antonis Samaras, ex primer ministro y jefe de Nueva Democracia (el PP griego) y Yanis Varoufakis, el controvertido ministro de finanzas heleno .Una vez más, las casas de sondeos se la han vuelto a pegar. Daban un empate técnico –como resultado del referéndum– pero el tanteo quedó 61-38. Y como no atinaron, una vez que se conocieron los resultados reales la gente se fue a la cama –con los pies fríos y la cabeza caliente– sin acabar de tener claro lo que pasaría al día siguiente.

Pero el sirtaki del día después arrancó -en versión rápida- con pérdidas en las Bolsas y aumento de la prima de riesgo: en España, 15 puntos básicos, hasta los 161, mientras la helena se desmelenaba, hasta los 1.700 puntos básicos.

Los bancos de inversión pronto anticiparon que el resultado –inesperado– abría un periodo de volatilidad, pero la realidad es que, a pesar de los pesares, el mercado parece haber encajado el golpe con serenidad, lo que pone en perspectiva la dimensión de Grecia (el 2% del PIB de la zona euro, 1% del de la Union Europea)

Croacia, Rumanía y Bulgaria, riesgo de contagio

Sin embargo,  el problema no es exclusivamente griego, ya que el sistema financiero heleno –a través de las filiales de sus bancos– está muy entreverado a los de Croacia, Rumania y Bulgaria. Por eso es de esperar que los spreads (primas de riesgo) de estos países aumenten –el cálculo oscila entre los 20 y los 50 puntos básicos– en el verano perentorio que nos espera.

Y ahí aparece una fecha próxima y crítica, el 20 de este mes de  julio, día en que le vence a Atenas el plazo para el pago de 3,500 millones de euros deuda al Banco Central Europeo. Si este corre la misma suerte que el impago de deuda -1,500 millones de euros (default) que dejó de abonar al Fondo Monetario Internacional (FMI)- las luces rojas se encenderán con estruendo.

El FMI –que, a buenas horas, ha reconocido que cometió errores en su rescate de Grecia– de momento se queda fuera de la pista, si bien se ha desmarcado con un informe tardío –en vísperas de la enrevesada consulta– que ha sentado como un tiro en la Eurozona. Lagarde sorprende con un desnudo integral: los griegos necesitarán 50,000 millones de euros en los próximos tres años y sus socios europeos no tendrán más opción que reestructurar la deuda helena o, simple y llanamente, condonar una parte. O sea, restructuración o quita. O ¡las dos!

Pero antes de calibrar las opciones de futuro, conviene poner sobre la mesa una serie de evidencias: la exposición de los bancos occidentales a Grecia es insignificante; en torno al 80% de la deuda griega está en manos de acreedores públicos; la situación macroeconómica en Irlanda, España, Portugal ha mejorado y el BCE tiene los medios de contener el efecto contagio a países sensibles de la eurozona.

La fe del acreedor vs el agnosticismo del deudor

Los mercados estaban convencidos del triunfo del ‘sí’ en la consulta, lo que no deja de ser la manifestación palmaria de la fe interesada del acreedor frente al agnosticismo del deudor. Pero esta quiebra de sus deseos se va a traducir en una mayor volatilidad, hasta que se vislumbre, o no, la fumata blanca de un acuerdo. Es decir, que la espera estará marcada por la indecisión hasta que no quede claro hacia dónde –un crédito puente, un tercer rescate…– se encaminan las negociaciones.

La dimisión táctica de Varoufakis y su reemplazo por Euclides Tsakalotos, ‘el aristócrata rojo’, es una clara señal de que el Gobierno griego terminó por aceptar que no había sido un interlocutor creíble para sus colegas del Eurogrupo. Demasiada cabriola y postureo cuando se negocia –a cara de perro– el perímetro del cepillo a pasar a los cabreados contribuyentes, sobre todo alemanes.

Y como vamos a asistir a un carrusel interminable de reuniones, cumbres, grupos de trabajo…mejor no seguir tentando el aguante de los representantes democráticos de la zona euro, cuya respuesta es más trascendente que el ‘no’ de los griegos.

Y es que, hasta nuevo acuerdo, Grecia se queda en el limbo al seguir dentro del euro pero sin contar con ayuda exterior para poder financiarse. El país necesita dinero fresco pero el ‘no’ del referéndum hace la situación mucho más difícil. Y para complicar aún más esta ecuación infernal, el descenso del turismo –como potencial motor de crecimiento– supone un nuevo escollo en el camino de la recuperación.

Mientras no haya acuerdo, se alargará el corralito. Grecia no podrá importar petróleo o alimentos; las tiendas no asumirán el pago a proveedores y los estantes se vaciarán. El Gobierno irá dejando sin sueldo a funcionarios, a golpe de pagarés; a final de mes, hará lo mismo con los pensionistas. Los bancos griegos se irán quedando sin fondos y terminarán quebrando; los ahorradores verán cómo sus depósitos se esfuman y el gobierno tirará de más pagarés.

En un escenario así, la economía entraría en barrena y Grecia no tendría más opción que declararse en bancarrota, cesar todos los pagos y emitir dracmas. Y aunque el gobierno podría mantener al país –nominalmente– en el euro, a efectos prácticos estarían fuera. Kafkiano.

En la discusión pre referéndum ha habido una discrepancia fundamental: mientras los acreedores abogaban por reformas antes de hablar de reestructurar la deuda, Atenas apostaba por una reestructuración inicial, pretensión que a Schäuble, el Ministro de Hacienda alemán hacía que lo llevaran los demonios porque no quería más sacrificios para sus contribuyentes.

La salida del euro, ni deseable ni descartable

Los barandas que manejan los destinos del dinero apuestan porque Grecia abandonará el euro, el llamado Grexit ya que la ruptura entre Atenas y el resto de la UE parece haber llegado a un punto de no retorno, aunque de momento no se quiera decir. Quizá el resultado del referéndum pueda, incluso, disparar las opciones de que lo haga en las próximas semanas. Y es que los líderes europeos están demasiado hartos como para ofrecer un pacto realmente distinto.

A día de hoy, la moneda única no parece sostenible para Grecia. Y si en anteriores ocasiones, las cosas sucedieron de repente (Argentina -2001-, Rusia -1998- o Lehman -2008-), en la crisis griega –el default más lento y mejor presagiado de la historia– los inversores, en gran medida, ya han descontado este resultado.

El plan de viabilidad griego pasa por el incremento de los ingresos, vía impuestos y tasas –a ciudadanos y empresas del país– y por la elaboración de unos presupuestos austeros de gastos estatales, destinados básicamente y por orden de prioridad, a pensiones, desempleados, sueldos de funcionarios, servicios sociales de sanidad y educación, gastos militares, infraestructuras y servicio de la enorme deuda pública. La diferencia entre esos ingresos y esos gastos, en caso de ser positiva, podría destinarse a la amortización de la deuda.

En las dos reestructuraciones anteriores, la Troika ha pretendido establecer un plan negociado y comprobar su cumplimiento. Sin embargo, Grecia aunque aceptó ese plan luego no lo cumplió; pero además –según los que más saben de estos procesos– lo ha hecho con ocultación, engaño y nocturnidad. Lo que ha provocado que ante un posible tercer plan, los acreedores, que desconfían de una voluntad real en el deudor de ser fiel a sus promesas, exigen más luz y taquígrafos, lo cual es fatal en cualquier proceso de reestructuración. Porque si un plan no es fiable, siempre se podrá replantear, pero si no es fiable el deudor, no hay plan que valga.

Escarmientos calvinistas

Sin embargo, para los americanos –que ven el conflicto desde otra perspectiva– esto no es lo decisivo, porque de lo que se trata es de no romper los equilibrios, sobre todo, geográficos y militares. Europa tiene que dejar de marear la perdiz y salvar a un pequeño país miembro de la UE, la OTAN y la Eurozona, que está paralizado y al que habría que perdonar las deudas –por muy grandes que sean estas– sin seguir cargando la mano con tanta moralina y escarmientos calvinistas.

Es decir, de acuerdo con su interpretación del drama, hay que seguir premiando a un gobierno que no ha hecho reformas y desafía –siguiendo una tradición histórica y cultural muy griega– a sus hastiados aliados con un referéndum que ha puesto patas arriba los viejos códigos del Berlaymont.

Theodorakis, que luchó contra los coroneles y con sus canciones se convirtió en símbolo de la resistencia, sigue manifestándose por las calles de Atenas contra las medidas de austeridad. El verano del 2015 se presenta oscuro e incierto y un lento sirtaki bien puede servir como telón de fondo para la agonía, la recriminación y el dracma.

 

 

 

“La muerte no llega con la vejez, sino con el olvido”

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Es sorprendente, dice el autor, la facilidad con la que los españoles dejamos de preguntar por lo que en su momento preguntamos con gran interés. Sin alcanzar las respuestas a la que como ciudadanos tenemos derecho, olvidamos centenares de importantísimas preguntas con asombrosa apatía. Esperanza Aguirre y Said Berraj, son dos ejemplos.

 

GRA412. MADRID, 18/04/2013.- La presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, durante la presentación del libro "Don Antonio Fontán Pérez. El espíritu de la Política", de Arturo Moreno Garcerán, hoy en Madrid. EFE/Kiko Huesca

Me sorprende la facilidad con la que los españoles dejamos de preguntar por lo que en su momento preguntamos con gran interés. Sin alcanzar las respuestas a la que como ciudadanos tenemos derecho, olvidamos centenares de importantísimas preguntas con asombrosa apatía.

Como primer ejemplo sirva la filtración de los datos de la declaración de la renta del año 2013 de la entonces candidata por el PP a la alcaldía de Madrid. Esperanza Aguirre lo calificó de delito gravísimo. Es más, aseguró que se trataba de “un ataque a la seguridad jurídica sin precedentes”. Así nos pareció a muchos. Poco después, la Agencia Tributaria negó cualquier filtración y tras las elecciones todo quedó en nada. Ya nadie pregunta por la autoría de la filtración.

¿En qué quedó la denuncia de la víctima ante la Fiscalía? ¿Qué ha hecho la propia Esperanza Aguirre para aclarar lo que considera un ataque a la seguridad jurídica? No solo a la de ella, a la de todos. La Fiscalía cobra de nuestros impuestos. ¿Lo va a dejar así? ¿Quién reveló sus datos? ¿Y los medios de comunicación? ¿Olvidaron sus portadas? ¿Ya no quieren saber de lo que en su momento consideraron un escándalo?

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El segundo ejemplo es muchísimo más doloroso: responde a otro tipo de seguridad y a un asunto mucho más triste. Si preguntáramos a diez mil ciudadanos si saben quién es Said Berraj muy pocos podrían responder. ¿Y si preguntáramos a cien periodistas? ¿Llegarían a tres los que acertarían con su  respuesta?

Según lo que nos han contado, Berraj es el único terrorista del 11-M que vive y está en busca y captura. Y no es eso lo único importante. Para cualquiera que haya investigado con un mínimo interés la masacre de Madrid, el marroquí podría aclarar mucho de lo que no sabemos. De otros terroristas huidos tras los atentados nos dijeron que habían muerto o estaban presos en Marruecos. No de Berraj.

El once de marzo de 2014, le preguntaron por él al ministro del Interior. Jorge Fernández Díaz respondió: “Lo que puedo saber no lo debo decir”. Y ahí quedó todo. Un año y cuatro meses después nada nos ha dicho sobre el que tenía que ser uno los hombres más buscados por todas las policías del mundo. ¿Qué fue de Berraj? ¿Qué hace la Policía para detenerlo? ¿A quién le importa?

Tal vez el ministro del Interior pueda escudarse en que él no puede decir lo que pueda saber, lo que cuesta mucho entender es la falta de interés de los periodistas. Dieciséis meses después ningún medio le ha preguntado públicamente a Fernández Díaz por el terrorista marroquí. Poco a poco se olvidará su nombre y se perderán sus respuestas. ¿Se trata de eso? ¿Nos conformaremos? ¿Nos hemos conformado  ya? ¿Olvidamos lo que juramos no olvidar?

Sin duda acertó García Márquez cuando dijo “la muerte no llega con la vejez, sino con el olvido”. Si dejamos morir nuestras preguntas moriremos poco a poco con cada una de ellas.