Un sistema proporcional habría dejado al independentismo catalán sin mayoría absoluta

Artur Mas convocó las últimas elecciones el 3 de agosto. En la disposición que publicó el Diari Oficial invocaba “la disposición transitoria cuarta del Estatut d’autonomia de Catalunya de 1979”. El texto jurídico que regula la conversión de votos en escaños en las elecciones catalanas en 2015 fue aprobado durante la Transición.

La aprobación de una ley electoral que derogue esa disposición necesita el voto de dos tercios del Parlament: 90 diputados. Nunca ha habido un consenso suficiente. Los diputados más necesarios (los del partido tradicionalmente mayoritario en Cataluña, Convergència) nunca lo han visto claro.

El Estatut vigente dice que el sistema electoral “debe asegurar la representación adecuada de todas las zonas del territorio de Cataluña”. En términos demográficos, Cataluña es lo que se conoce como una macrocefalia: está dominada por Barcelona y su área metropolitana, donde vive el 75% de los catalanes.

El sistema electoral actual cumple una parte de ese mandato del Estatut: “Asegura la representación de todas las zonas del territorio”. La pregunta es si es la “adecuada”.

Escaños caros, escaños baratos

En las elecciones del domingo, un escaño en Lleida costó 13.816 votos y en Barcelona, 34.658. Son los dos extremos: un voto en Lleida vale 2,5 veces más que en Barcelona. Los escaños en Girona y Tarragona costaron cerca de 22.000 votos.

Los partidos nacionalistas suelen tener mejores resultados fuera de Barcelona. De ahí que Convergència esté cómoda con este sistema. Los partidos de izquierdas o nacionales preferirían ir hacia un sistema más proporcional. Es decir, un sistema en el que el voto de cualquier persona valga lo mismo (o casi) en todo el territorio, incluida Barcelona. Esto tendría una desventaja: la atención durante la legislatura a zonas menos pobladas podría ser menor porque luego el castigo electoral sería imperceptible.

Durante el Gobierno tripartito de PSC, ERC e Iniciativa per Catalunya, el Parlament creó una comisión de expertos apadrinados por los distintos partidos para preparar una nueva ley electoral. En 2007 publicaron su informe. Hemos contactado con cinco de los seis miembros de aquella comisión. Sólo han accedido a hablar dos: el presidente Josep M. Colomer y el vocal Josep Maria Reniu. Agustí Bosch y Jaume Magre han preferido no comentar nada. Joan Botella estaba ocupado. Proponían un sistema basado en las veguerías: unas divisiones geográficas catalanas de origen medieval. En Cataluña hay siete veguerías que sustituirían como circunscripciones electorales a las cuatro provincias actuales. En 2009, Colomer convirtió aquel proyecto en un borrador de ley electoral; la única vez en 35 años que se ha estado tan cerca. Pero no se aprobó.

El modelo mejora la relación entre el número de habitantes de una región y el número de diputados que tiene asociados. Lo hace asignando más escaños a las veguerías de Barcelona pero conservando cierto sobrepeso en el resto de regiones menos pobladas. De nuevo el objetivo es asegurar esa “representación adecuada” del territorio. Ese sobrepeso es particularmente fuerte en dos veguerías: Aran (Lleida) y las tierras del Ebro (Tarragona).

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Y sin embargo con los resultados de 2015 este modelo alternativo no mejora la proporcionalidad. Es decir, la relación entre los votos a un partido y los escaños que obtiene. Lo que hace es introducir un sesgo mayoritario que beneficia a los partidos más votados, especialmente en las regiones menos pobladas.

Un miembro de esa comisión, Josep Maria Reniu, dice que es inútil valorar un sistema electoral nuevo “con la calculadora en la mano” porque el comportamiento del votante sería distinto.

A continuación hemos tomado los resultados de las elecciones del 27 de septiembre y hemos asignado los escaños con tres repartos alternativos: el de las veguerías, un reparto por provincias pero más proporcional que el actual y un distrito único. Las veguerías, según Reniu, son “el mejor sistema teórico para una realidad política concreta”. Pero quienes prefieran un sistema más proporcional no lo verán tan claro.

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La segunda alternativa es parecida a la propuesta que hizo el PSC en el último debate para reformar la ley en mayo de 2015: usar las cuatro provincias actuales pero asignando a cada una un número de escaños proporcional a su población. Ahora mismo Barcelona tiene 85 escaños. Esta alternativa le asignaría 101.

La tercera propuesta es la proporción pura: un voto vale lo mismo en cualquier rincón del territorio. Madrid o La Rioja tienen sistemas de circunscripción única. En esta simulación hemos eliminado también la barrera del 3% de votos para entrar. Sin esa barrera, además de Unió, habría entrado en el Parlament el partido animalista PACMA.

El distrito único evidencia el dilema entre personas y territorios. Da todo el peso a las personas (por eso es proporcional) y ninguno a los territorios. Pero si queremos que un sistema electoral represente también la singularidad de cada región, la única forma de hacerlo es restar proporcionalidad al reparto porque las regiones no tienen la misma población. Es decir, los votos de algunas personas contarán menos para que los votos de los otras regiones valgan más.

La tabla siguiente muestra la desproporción entre los votos que recibe un partido y el número de diputados que habría obtenido con cada propuesta de reparto. De nuevo es una simulación con los votos de las elecciones del domingo pasado.

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Con el sistema actual, los partidos más votados tienen una ligera sobrerrepresentación: Junts pel Sí ha obtenido el 39,5% de los votos y con eso logra el 46% de los diputados. El efecto no es demasiado acusado. El reparto con el sistema de las veguerías exagera ese efecto: JxSí hubiese logrado un 48% de los diputados con los mismos votos. Ocurre así porque dos veguerías son muy pequeñas —Arán reparte sólo tres escaños y Tierras del Ebro sólo cinco—, lo que provoca a menudo un efecto que favorece a los partidos con más apoyo en esos lugares. Con los votos de 2015 habría sido exactamente así y Junts pel Sí habría logrado los ocho diputados de esas dos regiones. Como era previsible, la segunda alternativa mejora la proporcionalidad. Lo mismo que el reparto por distrito único, que ajusta las proporciones de votos a las de escaños.

Una ley basada en el informe de aquella comisión no sólo cambiaría el reparto de escaños. También propiciaría otros cambios. Por ejemplo, que los votantes pudiesen reordenar los miembros de una lista con el sistema de listas cerradas pero no bloqueadas. El fracaso del borrador de la ley en 2009 se debió sobre todo a esta cuestión: “En realidad ni CiU ni PSC la querían porque los dos querían mantener las listas cerradas”, dice Colomer. Otras novedades de aquella propuesta eran reducir el coste de votar o regular los gastos de campañas.

Es un debate complejo. No hay una solución para dilemas como el que afronta la proporcionalidad con la representación territorial. Además Convergència tiene pocos incentivos para variar una ley que le beneficia y que está basada en el sistema que rige el resto de España. En general, un partido en el poder tiene pocos incentivos a cambiar las reglas si esas reglas son precisamente las que le llevaron al poder. Es más fácil que una ley electoral se reforme si un partido pequeño lo pone como condición para entrar en una coalición de gobierno.