El ‘conseller’ Puig hizo gestiones privadas para Pujol Jr. desde la Generalitat en plena investigación

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EL ESPAÑOL ha tenido acceso a un conjunto de correos electrónicos que se intercambiaron el conseller de Empresa y el hijo mayor del ex president en relación con la concesión de un distintivo de calidad a un hotel situado en el Alto Pirineo de Lleida.

Felip Puig con el ex alcalde de Barcelona, Xavier Trias. / FLICKR / CDC

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El conseller catalán de Empresa hizo gestiones desde la Generalitat a favor de Jordi Pujol Ferrusola en plena investigación judicial. EL ESPAÑOL ha tenido acceso a un conjunto de correos electrónicos que se intercambiaron Felip Puig y el hijo mayor del ex president en relación con la concesión de un distintivo de calidad a un hotel situado en el Alto Pirineo de Lérida.

Pujol Jr. se interesó por el certificado del Hotel Vallferrera, que se había encontrado con dificultades para obtenerlo. Puig atendió de inmediato la petición de Pujol Ferrusola y le envió de vuelta las consultas que había hecho a los funcionarios y a los altos cargos encargados de tramitarlo, desvelándole información confidencial. Estos correos electrónicos obran en estos momentos en poder de la Agencia Tributaria, que ha conseguido recuperarlos después de que Pujol Jr. procediera a borrarlos poco antes de que los inspectores visitaran sus oficinas en Barcelona.

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Hacienda intervino los sistemas informáticos de Pujol Ferrusola en el marco de la investigación que dirige el Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional por blanqueo de capitales y delito fiscal. Unas pesquisas en las que se rastrea el origen de la ingente fortuna del clan familiar y en las que la Fiscalía y la policía ya han concluido que procede de la “corrupción política”.

Pujol Jr. solicitó en 2013 al alto cargo del Gobierno catalán que le consultara el estado de la tramitación de la concesión de una “especialidad gastronómica” al Hotel Vallferrera, ubicado en el pueblo de Àreu. La “especialidad gastronómica” es un distintivo otorgado por la Consejería de Turismo de la Generalitat que premia a los establecimientos hoteleros “de pequeño formato (con un máximo de 60 habitaciones y 120 plazas)” que destaquen por la “gestión familiar y el trato cercano”, un “alojamiento de calidad y confortable”, una “oferta gastronómica de calidad con gran representación de platos de cocina catalana” y la “dinamización territorial a nivel económico y cultural”.

Tras la preceptiva solicitud por parte del establecimiento, la Generalitat envió un técnico al hotel para que evaluara el negocio y acto seguido,una Comisión de Evaluación decidió si este hotel podía incorporarse al selecto club de los recomendados oficialmente por el Gobierno catalán.

Cinco funcionarios

Pasado el mediodía del 1 de julio de 2013, el conseller Puig remitió a Pujol Ferrusola desde su cuenta oficial en la Generalitat un correo electrónico con el resultado de sus pesquisas sobre el asunto. Precedido de un “cordialmente”, el correo se limitaba a rebotar una cadena de comunicaciones previas entre los distintos funcionarios encargados de supervisar la “especialidad gastronómica” del Hotel Vallferrera. En esas fechas, el hijo mayor del clan Pujol estaba ya siendo investigado por presuntos delitos de blanqueo de dinero y fraude fiscal

En el correo enviado por Felip Puig queda patente cómointervinieron en la consulta la responsable de la Sección de Comercio y Turismo de la zona de Lleida, Adela Rubio, el jefe de los Servicios Territoriales de Empresa y Empleo de la misma zona, Octavi Miarnau, la directora general de Turismo, Marian Muro, y el jefe de Gabinete del conseller Puig, Lluis Ridao.

Después de examinar la tramitación del distintivo turístico, la funcionaria Adela Rubio explicó que el hotel leridano “ha pasado por la Comisión de Evaluación de la especialidad gastronómica de los establecimientos hoteleros el pasado 7 de junio”. Según esta empleada de la Generalitat, “se le concedió la misma pero se le detectaron algunas carencias y algunas cuestiones no terminaban de alcanzar la puntuación mínima exigida”. Por ello, “se acordó que se elaboraría un plan de mejora donde se señalarían todas las deficiencias encontradas” y se indicaría cómo “subsanar las mismas”. Para cumplimentar ese “plan de mejora” se le otorgó al hotel “un plazo máximo de seis meses” a cuyo término, si no resolvía los problemas, se le “revocaría la especialidad gastronómica”.