Convergència Democrátrica de Cataluña (CDC) intentó engañar al Tribunal de Cuentas con la colaboración de varios empresarios afines. Lo hizo solicitando cambios en la documentación que las empresas deben entregar al organismo público para justificar sus donaciones.

Las pruebas preliminares se encuentran en los correos decomisados en la sede del partido durante la segunda fase de la Operación Petrum. Los autores de esos correos son el actual tesorero del partido, Andreu Viloca, y su antecesor en el cargo Daniel Osácar, que hacen peticiones a varias adjudicatarias de obra pública en Cataluña para que modifiquen las fechas en las que aprobaron las donaciones a su fundación, CatDem.

Según la legislación española, las donaciones de empresas privadas a partidos políticos deben estar aprobadas formalmente por su consejo de administración. En los correos incautados, los dos tesoreros de Convergència intentan que las empresas adjudicatarias modifiquen la fecha de algunos de estos acuerdos. Con ello, y según la tesis de la Fiscalía Anticorrupción, los tesoreros de Convergència intentan desvincular las donaciones entregadas a su fundación con las concesiones de obra pública y dificultar por tanto la investigación.

En uno de los documentos intervenidos, el ex tesorero Daniel Osácar, que gestionó durante años las finanzas de Convergència y que en apariencia estaba apartado de estas funciones, habla con el empresario Carlos Sumarroca. El máximo responsable de la empresa Teyco le alerta de que han recibido una petición de documentación por parte del Tribunal de Cuentas y le pide instrucciones sobre la forma de proceder. Esta constructora está acusada de pagar comisiones del 3% sobre varias concesiones de obra pública obtenidas en ayuntamientos de Tarragona.

Constructoras de confianza

Entre la documentación que custodia ya el Juzgado de Instrucción número 1 de El Vendrell se encuentran más de 1o.000 correos electrónicos extraídos de la red interna de Convergència (no de su fundación ya que los ordenadores se guardaban en la sede del partido) y varias cajas con documentos físicos que los investigadores consideraron de importancia para la causa.

Sin embargo, tal y como publicó el diario ABC, un documento llamó especialmente la atención de los investigadores: un listado donde figura una veintena de empresas, constructoras y otras adjudicarias de concursos públicos en Cataluña que la Guardia Civil considera de confianza para Convergència.

En este grupo aparecen empresas como Teyco o Copisa, vinculada al caso Palau. También el Grup Soler, donde se concetran las peticiones para que las empresas modifiquen sus datos frente al tribunal de cuentas. El juzgado encargado del caso trabaja con la tesis de que Convergència creó un sistema clientelar para enmascarar las donaciones que funcionaba en dos fases. Por un lado, los empresarios hacían llegar al partido correos electrónicos asépticos sobre sus donaciones y las licitaciones de obra donde pretendían presentarse. Por otro, enviaban documentos manuscritos o concertaban encuentros verbales para amañar las adjudicaciones.

Como ejemplo, en el despacho de Andreu Viloca, los agentes encontraron una tarjeta de visita de una de estas empresas con una leyenda en el dorso escrita a mano: “Te he enviado por correo dos listados. Uno con las licitaciones en las que no ha habido suerte y otro con aquellas en las que ha habido suerte”.