Las actuaciones del Consejo Audiovisual de Cataluña (CAC) siempre han sido polémicas. Ciudadanos y el PP piden su supresión. Los seis altos cargos que lo dirigen están afiliados a cuatro partidos, cobran unos 100.000 euros al año y gestionan un presupuesto anual de cinco millones de euros. 

En septiembre de 2006 una plataforma de apoyo a las selecciones deportivas catalanas publicó un anuncio en el que aparecían niños que se enfrentaban por unas camisetas: el protagonista vestía una con los colores de la senyera y se despojaba de ella con rabia para expresar su malestar hacia otro ataviado con la camiseta roja de la selección española. Entonces aparecía el eslogan: “Una nació, una selecció”.

El PP y Ciudadanos se quejaron del anuncio ante el Consejo Audiovisual de Cataluña (CAC), organismo creado en 2000 que legalmente es “la autoridad independiente de regulación de la comunicación audiovisual de Cataluña”. Sus miembros avalaron el anuncio con este argumento: tenía preferencia el “ejercicio del derecho fundamental a la libertad de expresión frente a la adopción de cualquier medida de carácter restrictivo o sancionador en ese ámbito”.

El consejero colocado por el PP fue el único que votó en contra de la decisión. Dos años después, a finales de 2008, el juzgado de lo contencioso administrativo número 9 de Barcelona declaró este anuncio “publicidad ilícita y prohibida” este anuncio al estimar las quejas de PP y C’s.

La cadena humana

Siete años después, se produjo un episodio con un resultado y unos protagonistas muy similares. Al día siguiente de la Diada de 2013, el programa Info K, un informativo infantil de TV3, emitió una pieza en la que entrevistaba a niños que habían participado en la Vía Catalana: la cadena humana de 400 kilómetros en la que participaron miles de personas. Casi todos menores manifiestan su apoyo a la independencia de Cataluña. “Al final España se rendirá”, afirmaba uno de ellos.

El CAC se reunió entonces de forma extraordinaria y concluyó que en la televisión pública no se había vulnerado la protección a los menores. En el pleno del CAC, compuesto por seis altos cargos, hubo un empate a tres votos. Decidió el voto de calidad del presidente del organismo, Roger Loppacher, hombre afín a CiU que llegó a este cargo en 2012 gracias a la coalición nacionalista y que en el pasado ocupó diversos puestos en la administración.

Son sólo dos de las polémicas más sonadas en torno al CAC, creado en el año 2000 con la misión de velar por que se cumpla la normativa aplicable en el sector audiovisual. Sus “principios de actuación” son “la defensa de la libertad de expresión y de información, del pluralismo, de la neutralidad y la honestidad informativas, así como de la libre concurrencia del sector”.

Ciudadanos es el único partido que siempre ha pedido la supresión del CAC. El PP, que ahora también se ha sumado a esa petición, abogaba por su existencia en un principìo aunque pedía mejoras significativas en el mismo. Las formaciones nacionalistas defienden su permanencia. Desde el PSC han criticado algunas de sus actuaciones pero no quieren cerrarlo. Los seis miembros del CAC han sido elegidos mediante distintos pactos entre CiU, ERC, PP y PSC.

Los otros consejos

Apenas existen consejos audiovisuales de este tipo en España. ¿Por qué es necesario el CAC si ya existen los tribunales de justicia para juzgar las conductas de los medios?

Según fuentes oficiales de la institución catalana, este tipo de instituciones complementan la labor de los jueces, son necesarias para regular el sector audiovisual y, de hecho, en otros países europeos ya existen organismos similares. “Desde 2013 España cuenta con un macroregulador, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que tiene entre sus competencias la supervisión de los contenidos audiovisuales -arguyen fuentes oficiales-. Con la ley de creación de la CNMC se acabó la anomalía insólita que suponía el hecho de que España fuera el único país de la Unión Europea sin un regulador audiovisual”.

A nivel autonómico sólo hay consejos audiovisuales en Andalucía y en Cataluña. “Los tribunales de justicia, en España y en el resto de Europa, no tienen la misión proactiva de supervisar los contenidos audiovisuales y mucho menos la competencia de adjudicar licencias de radio y televisión”, agregan desde el organismo. Aseguran que el CAC supervisa contenidos y adjudica licencias y que sus decisiones pueden ser recurridas ante los tribunales.

GRAFICOCACMEJORADO

Diferente opinión tiene Carlos Carrizosa, diputado autonómico de Ciudadanos, que cree que los jueces bastan para controlar los medios audiovisuales  y recuerda que su partido suprimiría el CAC si ganara las elecciones del 27 de septiembre. Recuerda que este consejo está formado por “gente con carné de partido y con vínculos directos con la política” y que dichos consejeros “cobran sustanciosas retribuciones” que a su juicio no merecen. Al diputado Carrizosa el CAC le parece “sectario” y dice que en sus dictámenes se suele equivocar.

Durante esta legislatura, Carrizosa formaba parte de la comisión parlamentaria donde suele comparecer el presidente del CAC. El diario de sesiones demuestra que ningún partido ha censurado tanto como Ciudadanos -en cada sesión- la labor de los consejeros de la institución. También que el PP y el PSC han planteado críticas a sus miembros mientras los partidos nacionalistas los han defendido.

“Siguen órdenes”

En esa misma comisión parlamentaria ha intervenido en numerosas ocasiones Santi Rodríguez, del PP catalán.”Militar o haber militado en un partido no puede suponer una incapacidad para ejercer una función independiente como ser consejero de un organismo supervisor”, dice Rodríguez. “Pero la legitimidad o la credibilidad del órgano se pierde en cuanto algunos consejeros siguen órdenes de partido para ejercer su función, que es lo que está ocurriendo en los últimos años”.

El diputado popular recuerda que existen instituciones similares en otros países europeos pero aporta dos argumentos en contra del CAC: que no hay recursos para mantenerlo y que ha perdido su credibilidad por actuar al dictado del Gobierno.

“En condiciones normales abogaríamos por intentar mejorarlo y optimizar los recursos pero en las actuales condiciones creemos que lo mejor sería su supresión”. Por ejemplo, explica Rodríguez, “en 2012 llegamos a un acuerdo con CiU fue para la reducción del número de consejeros de 10 a 6, algo que disgustó enormemente a ERC y a ICV porque eran los principales perjudicados por la reducción. La apuesta por la supresión actual es consecuencia de la falta de credibilidad que se ha ganado con sus actuaciones partidistas de los últimos años”.

Frente a quienes piensan que el CAC es un instrumento político, los portavoces del organismo recuerdan e insisten en que “todos los países de la Unión Europea” disponen de reguladores audiovisuales. “Los seis miembros del CAC son elegidos por el Parlament, que es uno de los sistemas más legítimos para designar a los miembros”, explican. “Con el añadido que los mandatos son de seis años, con la intención obvia de que no coincidan con las legislaturas parlamentarias, que son de cuatro. Es un mecanismo más, que también aplican otros países, para incrementar el grado de independencia de los miembros del regulador”.

Así son los consejeros

¿Quiénes son ahora los consejeros del Consejo?

El citado Roger Loppacher, presidente del CAC, es un abogado que siempre se ha movido en la órbita de Convergència i Unió (CiU).  Durante los mandatos de Pujol y Mas, fue director general de Medios Audiovisuales, secretario general de los Interior y Gobernación, y vicepresidente del consejo de administración del Centro de Telecomunicaciones de la Generalitat. Antes de llegar al CAC ejerció como  vicepresidente de la CCMA, órgano de control de los medios públicos catalanes, entre 2008 y 2012.

Loppacher llegó al Consejo Audiovisual en 2012 por una suerte de cambio de cromos entre CiU y el PP. Los populares apoyaron en el Parlament el nombre propuesto por CiU a cambio de que los convergentes respaldaran el nombramiento de Daniel Sirera, ex presidente del PP catalán.

A este respecto, Santi Rodríguez matiza que “no existió ningún acuerdo con CiU para nombrar a consejeros del CAC: cuando hay que elegir miembros de estos organismos, los grupos parlamentarios proponen los candidatos de acuerdo con la representación que cada grupo ostenta en el Parlament. Así, con seis miembros en el Consejo: a CiU le correspondía proponer a tres miembros, dos al PSC y uno al PP”. Rodríguez rememora el citado pacto con CiU para reducir el número de consejeros en 2012.

Sirera tampoco es un consejero independiente: fue diputado autonómico, senador y concejal del Ayuntamiento de Barcelona. En 2009 ya no presidía el PP catalán pero volvió a las primeras páginas cuando se publicó cómo escribía a una compañera de filas este mensaje: “Este partido es una mierda”.

Los últimos en aterrizar en el CAC fueron Salvador Alsius, Eva Parera e Yvonne Griley. Llegaron en 2014 por un acuerdo entre CiU y ERC. Los tres simpatizan con las ideas nacionalistas y dos de ellos, Parera y Griley, son militantes de la coalición que lideraba Artur Mas.

Salvador Alsius, vicepresidente, es el único periodista del CAC. Ha trabajado en TVE, TV3 y Catalunya Radio, ha obtenido varios premios periodísticos y ha impartido clases en la Universidad. ERC intentó colocarlo en la institución en 2012 pero se lo impidió el mencionado pacto entre CiU y PP. No hace demasiado tiempo, en septiembre de 2012, afirmó, en una entrevista al diario Ara, que “daría la noticia de la independencia con una gran sonrisa”.

Eva Parera es una abogada que se especializó en asuntos deportivos y trabajó en varios despachos de Barcelona. En 2006 se afilió a Unió Democrática de Catalunya y en 2007 pasó a ocupar su primer cargo político en el Ayuntamiento de Corbera de Llobregat. En 2011 fue designada senadora y ocupó su escaño hasta que se incorporó al CAC en 2014.

En esa fecha llegó al CAC también la filóloga Yvonne Grilley, que milita en Convergència desde 1992 y ocupó el puesto de directora general de Política Lingüística del Gobierno de la Generalitat entre 2011 y 2013.

La más veterana de los seis consejeros del CAC es Carme Figueras (PSC), a la que eligieron como consejera en 2010. En su partido ha ejercido casi todos los cargos que se pueden ocupar en política: concejala en el Ayuntamiento de Molins de Rei, diputada por Barcelona (1993-1995), diputada en el Parlament  (1995-2010) y por penúltimo consejera de Bienestar y Familia de la Generalitat de Cataluña de mayo a noviembre de 2006.

Los sueldos y el presupuesto

Al CAC se le ha criticado a menudo por su presupuesto y por las retribuciones de sus altos cargos. Su presidente se embolsará este año 101.704,98 euros netos y cada uno de los otros cinco consejeros, 96.591,43 euros. Esos seis sueldos suman 584.662 euros. En el Consejo no creen que sean sueldos demasiado altos. Recuerdan que ser consejero del CAC requiere dedicación exclusiva y es incompatible con ejercer cualquier cargo político. “No pueden repetir mandato” y al cesar no reciben ningún finiquito.

El presupuesto del CAC está por encima de los cinco millones de euros anuales. En concreto, 5.521.516 euros en 2015. Unos cuatro millones se usan para pagar la nómina de los 74 empleados: los seis consejeros, ocho cargos eventuales elegidos a dedo, 59 empleados que han aprobado una oposición y una funcionaria.

“Una de las funciones que desarrolla el CAC es la elaboración de meticulosos informes sobre la pluralidad de los medios de comunicación y eso requiere un trabajo de detalle muy importante”, explica el diputado popular Santi Rodríguez, que cree que el objeto de esos documentos debería ser sólo el trabajo de los medios públicos catalanes. El CAC no sólo elabora esos informes. Supervisa la adjudicación de las frecuencias de radio, vela por que se cumplan las condiciones de adjudicación y resuelve conflictos sobre la protección de menores y sobre el cumplimiento de la normativa de publicidad.

La penúltima polémica

Una de las últimas polémicas del CAC derivó en un enfrentamiento con Televisión Española. Ocurrió en abril cuando sus consejeros aprobaron un acuerdo contra el reportaje Querella contra Mas emitido en el programa Informe Semanal el 22 de noviembre de 2014.

La mayoría del CAC señaló que dicha emisión incumplió la misión de servicio público de TVE porque al documental le faltaban rigor y pluralidad. Destacó que la cadena pública había permitido que se vertieran opiniones que resultaban ofensivas hacia el nacionalismo e instó al regulador audiovisual español a actuar contra los responsables del programa. El regulador español archivó la queja tres meses después.

El caso de Informe Semanal no es el más polémico que ha salpicado al CAC durante esta legislatura. De todas las actuaciones del Consejo, una destacó por su relevancia e impacto en otros medios. Ocurrió en noviembre de 2013. Los consejeros emitieron un acuerdo que incluía un listado de 43 expresiones proferidas en los medios que “fomentan el odio, el menosprecio y la discriminación por motivos de nacionalidad y opinión”.

El comunicador más señalado era Federico Jiménez Losantos. Pero aparecían periodistas como Alfonso Merlos, Xavier Horcajo, José Antonio Sentís, Herman Tertsch y Melchor Miralles. En esa lista estaba también Inés Arrimadas, hoy candidata de Ciudadanos a la Generalitat. El CAC señalaba esta conversación entre la política y el periodista Xavier Horcajo en un programa de Intereconomía.

Arrimadas: Y más grave aún. Si tú decides poner una tienda y decides rotularla en castellano te pueden multar porque en Cataluña, obligatoriamente, se tiene que rotular en catalán. Después, además, se puede rotular en castellano.

Horjajo: Entonces, ¿esto no se llama apartheid?

Arrimadas: Bueno, esto se llama persecución.

Unos meses después, el CAC desestimó dos quejas de Ciudadanos sobre comentarios vertidos sobre ellos en dos emisoras de radio. Protestaban por cosas que se habían dicho en los programas La tribu (Catalunya Radio) y La segunda hora (RAC1).

La denuncia decía por ejemplo que los humoristas Carles Xuriguera y Rafael Faixedas habían leído en la radio pública “algunos comentarios vertidos por el dictador Francisco Franco, tales como que ‘no era necesario votar’ o que ‘España era indivisible’ (…) y acabaron la cuña aseverando que ‘esto lo podía haber dicho cualquier diputado de Ciudadanos’”. El CAC amparó esos comentarios porque se enmarcaban dentro de la “sátira política”, incluida en el derecho a la libertad de expresión.

Durante esta legislatura, el CAC sólo ha reprobado la actitud de los medios catalanes en una ocasión. Ocurrió con motivo de la emisión en mayo de un debate en el programa .Cat de TV3. Los miembros del Consejo dictaron que la cadena pública autonómica no había respetado su propio libro de estilo porque sólo incluyó a representantes nacionalistas en la discusión, que versaba sobre el proceso soberanista y las elecciones del 27-S.

Es el ejemplo que usa el CAC para desmentir que sus decisiones sean parciales. Pero esos argumentos no convencen ni al PP ni a Ciudadanos, que están a favor de suprimir la institución.