El uso que hace el PP de las Cortes y el artículo 155

El autor critica la decisión del PP de apurar la legislatura, hecho que relaciona con el desafío independentista. Su tesis es que los populares estarían garantizándose el control del Parlamento para, llegado el momento, imponer a su particular entender el artículo 155 de la Constitución. Este es el artículo que faculta al Ejecutivo para instar a una comunidad autónoma al “cumplimiento forzoso” de sus obligaciones.

El lunes, día 14, la Mesa del Congreso de los Diputados (es decir, el Partido Popular que en ella tiene mayoría absoluta) tomó una decisión que pocos esperaban: anunció un calendario de plenos que llega hasta el 29 de octubre. Para entender qué tiene de sorprendente y qué intenciones puede esconder, repasemos primero las normas que rigen la convocatoria de elecciones y la disolución de las cámaras parlamentarias.

Los artículos 68 y 69 de la Constitución indican que el mandato de los diputados y senadores termina cuatro años después de su elección o el día de la disolución de la cámara. Esta facultad de disolver, decretada por el Rey, corresponde al presidente del gobierno previa deliberación del Consejo de Ministros, según el artículo 115 de la Carta Magna. El citado artículo 68 (para el Congreso, nada se indica para el Senado) establece que las elecciones tendrán lugar entre los treinta días y sesenta días desde la terminación del mandato, y que el Congreso electo deberá ser convocado dentro de los veinticinco días siguientes a la celebración de las elecciones.

La Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) fija plazos precisos dentro de esas horquillas que admite la Constitución. En concreto, su artículo 42 establece que las elecciones se celebrarán 54 días después de publicada su convocatoria, ya se trate de elecciones por disolución anticipada o por expiración del mandato. Como además, para este último caso, precisa que el decreto de convocatoria deberá publicarse 24 días antes de expirar el mandato de los parlamentarios, son 30 días los que transcurrirían exactamente entre el fin del mandato y las elecciones.

En Grecia o Reino Unido se puede formar un gobierno en uno o dos días tras las elecciones; en España es imposible

Las disposiciones de la LOREG sobre recursos electorales y proclamación de candidatos prentenden ser garantistas pero son innecesariamente lentas puesto que imponen al menos 17 días tras las elecciones hasta la constitución de las nuevas cámaras, a los que se añade unos diez días (Reglamento del Congreso) para elegir un nuevo presidente del gobierno. En total, dos meses con el ejecutivo en funciones y casi tres con las cámaras disueltas si se disolvieron anticipadamente, lo que contrasta con Grecia o Reino Unido (por utilizar ejemplos recientes entre muchos países) donde se puede formar un gobierno en uno o dos días tras las elecciones, y no suele pasar de una semana aunque tengan que negociarse coaliciones.

Tras todo esto, ¿qué tiene de particular la decisión de la Mesa del Congreso? Pues que, hasta ahora, todas las elecciones de la Democracia se han producido tras una disolución anticipada de las cámaras, que implica la interrupción del mandato de los parlamentarios en el momento en que se publica la convocatoria electoral. Sin embargo, si como ya ha anunciado, Mariano Rajoy mantiene que las elecciones serán el 20 de diciembre, esta fecha será la más tardía posible ya que corresponde a justo 30 días después del 20 de noviembre en que se cumplen cuatro años desde las anteriores elecciones y se agota pues el mandato de los parlamentarios. La consecuencia es que, aunque el decreto de convocatoria se publicará necesariamente el 27 de octubre, las Cortes Generales seguirán en pleno funcionamiento hasta el 20 de noviembre.

Ante el órdago independentista catalán, estos 24 días ganados pueden ser decisivos por ejemplo si tuviera que aplicarse el artículo 155 de la Constitución referente a la adopción de medidas en el caso de que una comunidad autónoma no respete sus obligaciones constitucionales. Se trata de una facultad que tiene el Gobierno siempre que obtenga el respaldo de la mayoría absoluta del Senado, pero no de su diputación permanente, ya que no se encuentra recogida entre las que el artículo 78 de la Constitución atribuye a este órgano que permanece cuando se disuelve la cámara.

Si el 27-S gana el independentismo, puede resultar decisivo que las Cortes Generales no se disuelvan hasta el 20-N

Dado que la constitución del parlamento catalán se producirá a mediados de octubre (aún no se ha establecido, pero la fecha límite según su normativa es el 17), si hubiera una mayoría independentista, sus primeras acciones se concretarían probablemente antes de final de ese mes. En ese caso, puede resultar decisivo que las Cortes Generales no se disuelvan hasta el 20 de noviembre (frente por ejemplo el 20 de octubre si las elecciones hubieran de ser el 13 de diciembre).

Artur Mas anuncia sin reparos que se propone engañar al Estado. Estas declaraciones por parte del máximo representante ordinario del Estado en la Comunidad Autónoma deberían movilizar tanto a la fiscalía -que desde el 9-N juega a moverse lo más lento posible sin caerse (aunque ya lo hizo Torres-Dulce)- como al Gobierno. En su lugar, el Partido Popular aporta también desprestigio a la Constitución esquivando el debate político sobre la aplicación del artículo 155 (tan democrático y constitucional como todos los demás), alterando irresponsablemente los equilibrios entre poderes del Estado cambiando deprisa y en el último momento la Ley del Tribunal Constitucional, mientras que apurando el mandato de las Cortes se guarda cartas inéditas desde 1978 que merecerían un esfuerzo de transparencia y pedagogía ante los votantes. Parafraseando el “golpe de estado a cámara lenta” (con el que acertadamente acusa Alfonso Guerra a Artur Mas y sus cómplices), no será un golpe de estado por omisión el que logre frenarlo. Los españoles necesitan y merecen un gobierno que sea capaz de unir y convencer con la mejor política, pero antes que nada que recuerde que su deber de “guardar y hacer guardar la Constitución” exige algo más que registrar recursos ante los tribunales.

Ley de Seguridad Nacional: la democracia en rebajas

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Los firmantes de este artículo critican que el Proyecto de Ley de Seguridad Nacional mantenga una redacción ambigua sobre si, de agravarse el conflicto catalán, el Presidente del Gobierno podría, sin control parlamentario, declararlo como una “situación de interés para la Seguridad Nacional” que supondría “la obligación de las autoridades competentes de aportar los medios humanos y materiales necesarios que se encuentren bajo su dependencia”.

* Firman también esta tribuna: Emilia Sánchez, Inmaculada Ranera, Nacho Corredor, Helena Ancos, Gina Giró, Carlota Reboll y Nagore de los Ríos

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.

Quienes firmamos esta tribuna no estamos de acuerdo acerca de si Cataluña debe ser independiente, ni tampoco en si corresponde sólo a los catalanes decidirlo. Sin embargo, sí estamos de acuerdo en que la democracia es el valor supremo para resolver las disensiones políticas, y en que incluso quienes persiguen fines antagónicos deben intentar buscar los procedimientos más garantistas para debatir y decidir, pese a que a veces no sea fácil determinar qué es “lo más democrático”.

En consecuencia, en lo que sí estamos todos de acuerdo es en rechazar que el Proyecto de Ley de Seguridad Nacional –que ahora se debate en el Congreso de los Diputados– mantenga una redacción ambigua sobre si, de agravarse el conflicto catalán, el Presidente del Gobierno podría, sin control parlamentario, declararlo como una “situación de interés para la Seguridad Nacional” que supondría “la obligación de las autoridades competentes de aportar los medios humanos y materiales necesarios que se encuentren bajo su dependencia”.

También estamos de acuerdo en denunciar que este Proyecto de Ley –que sin duda es útil en otras disposiciones para enfrentarse a la amenaza terrorista– pretende, con eufemismos (como “situación” en vez de “estado”) y otros atajos jurídicos, dejar en manos del Gobierno medidas para las que la Constitución exige autorización parlamentaria: a través de los estados de alarma, excepción o sitio, si de manera general se altera la “normalidad”; o específicamente a través del procedimiento del artículo 155 de la Constitución Española para intervenir el funcionamiento de una Comunidad Autónoma en caso de incumplimiento de sus obligaciones legales o actuación contra el interés general de España.

Sí estamos de acuerdo en no desear que se lleguen a aplicar esos supuestos: unos porque esperamos que no sea necesario porque el independentismo se repliegue tras un fracaso el 27-S, otros porque deseamos que triunfe y no se obstruyan sus reivindicaciones, y otros porque en caso de vencer el independentismo esperamos que se abra un proceso de negociación política que facilite la convivencia entre las partes. No estamos, pues, de acuerdo en si se debería recurrir al artículo 155 en caso de agravarse el conflicto.

Sí estamos de acuerdo, no obstante, en que este artículo supone unas mayores garantías democráticas de contraste (antes de actuar el Gobierno debe haber un requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma), y de debate y control por el cuerpo político (se exige la aprobación previa por mayoría absoluta del Senado), frente a la decisión unilateral gubernativa que sería posible de aprobarse el Proyecto de Ley en trámite.

Desgraciadamente, este miércoles por la mañana la Comisión Constitucional (ni siquiera han considerado adecuado que se votara por el Pleno) ha dado el visto bueno al Proyecto de Ley de Seguridad Nacional con votos favorables del PP, PSOE y UPyD. Sus defensores indican que no tiene “nada que ver” con el conflicto catalán, pero lo que cuentan no son las declaraciones, sino el texto de una ley deliberadamente ambiguo, que azuza la desconfianza en esta cuestión a la vez que debilita los procedimientos democráticos para resolverla. Pasa ahora al Senado donde, pese a la costumbre de que los proyectos gubernamentales se tramiten en un paseo triunfal, esperemos que se devuelva el Proyecto de Ley para defender una de las pocas competencias propias de la Cámara Alta: pronunciarse en los supuestos de conflicto con las Comunidades Autónomas que recoge el artículo 155 de la Constitución.

* Firman también esta tribuna otros miembros del Foro Más Democracia: Emilia Sánchez, Inmaculada Ranera, Nacho Corredor, Helena Ancos, Gina Giró, Carlota Reboll y Nagore de los Ríos

Variaciones sobre el abrazo del oso

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El PSOE debe evitar el beso de la muerte con quien no reconoce ni respeta su espacio político, sino que quiere ocupar su silla y volcar la mesa.

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Coinciden la mayoría de analistas en que el domingo venció la izquierda, aunque fragmentada, y que se formarán cuantas coaliciones sea posible para apartar al PP del poder. El PSOE quiere “liderar el cambio” -al que llegan a referirse como “frente de izquierdas”-, aliándose con Podemos. Se oye hablar de un “abrazo del oso” entre estos dos partidos, aunque hay diversidad de opiniones sobre cuál sería la víctima de este acercamiento. Analicémoslo desde la óptica de que la función de cualquier partido es aspirar al poder (de hacer) pero no solo a corto plazo, sino pensando también en sus perspectivas electorales ulteriores y, sobre todo, en el futuro de España.

Recordemos que Podemos rechaza ser de izquierdas (ni de derechas, ni siquiera de centro), y se sitúa en una brumosa transversalidad moldeada por la “voluntad de la gente”. Es más, no solo critica el comportamiento de los partidos políticos hasta ahora dominantes, sino que cuestiona todo el entramado institucional y de valores proveniente de la Transición. Pero querer desprenderse del tablero no les impide ambicionar específicamente el electorado del PSOE y reivindicar algunas de sus figuras históricas y una supuesta filiación socialdemócrata, que desmienten su cercanía a Tsipras o Chávez. Se presentan como “la verdadera oposición al PP”.

Una coalición no es solo una opción de gobierno legítima, sino quizá deseable dado que es la norma en países como los nórdicos que muchos miramos como referencia, donde los pactos obligan a prestar atención a las propuestas de cada uno, evitando que las elecciones se resuman a que todo el poder público cambie de dueños cada cuatro años. Esa negociación centrada en los programas pasa por aceptar unas reglas del juego comunes y un respeto a las posiciones del otro. No parece darse con Podemos que quiere liquidar el “régimen del 78” y pide al PSOE nada menos que un “giro de 180º” (¿hasta llegar a la derecha?).

Una coalición -o un pacto de investidura para un gobierno en minoría- exige que cada socio renuncie a parte de su programa, pero debe poder alcanzarse sin que sacrifiquen sus valores o ideario, que son el núcleo de su identidad. Esto implica que los partidos coaligados se reconocen próximos en un “continuo” ideológico, como ha venido ocurriendo entre PSOE e IU. La experiencia del PSOE de un pacto entre perdedores que no comparten unos valores esenciales ha sido nefasta: el tripartito catalán empujó a los socialistas a subir la apuesta del nacionalismo, que provocó a su vez que CiU abandonara la moderación, triplicándose los defensores del independentismo en menos de una década a la vez que el PSC se hundía electoralmente.

De igual modo, dejándose hacer rehén del “asalto a los cielos” de Podemos, el PSOE temería el desgaste de aparecer como el inmovilista de la pareja, lo que le movería a adelantarse con propuestas que fácilmente pueden caer en el populismo (dinámica que ya ha empezado incluso durante la campaña, al proponer por ejemplo subir un 80% el salario mínimo en dos legislaturas).

Por otro lado, la respuesta a un frente de izquierdas puede ser un frente de derechas. Un demócrata debe ser capaz de ver que el PP es un partido ampliamente anquilosado por la cooptación, e incluso necrosado en importantes zonas por la corrupción (que tampoco ha terminado de purgar el PSOE), pero que ha funcionado también como un tapón contra la extrema derecha, diluyendo ciertas voces que no han logrado pasar a la acción política.

El PSOE debe más bien cuidar el centro, prestando atención a quien recientemente más se ha esforzado en construir propuestas detalladas y razonables en ese espectro -Ciudadanos-, en lugar de desdeñarlos como “marca blanca del PP”.

Repudiar en bloque al rival, máxime cuando éste sigue siendo el partido más votado en las elecciones, es irresponsable e irrespetuoso con un electorado de millones de personas de todas las categorías socioeconómicas, que no pueden ser reducidos a un interés de clase frente a la “mayoría social” ni etiquetados como indulgentes con la corrupción. El PSOE no puede quejarse de la intransigencia de los emergentes pero aplicársela al PP: debe por ejemplo distinguir entre quienes han liderado o tolerado la corrupción (Rajoy, Aguirre, Barberá, Cospedal) y quienes no están contaminados o incluso han reivindicado la regeneración pese a la distancia ideológica (Cifuentes, Rudi, muchos alcaldes). Incluso cabría esperar que un escenario menos encrespado facilitara que el PP no se enroque en presentar tan mal candidato a las generales como lo es el “jefe de Bárcenas”, aunque eso ponga la competición más difícil.

El PSOE debe fijar unas líneas programáticas razonables a nivel federal, que sus candidatos electos puedan aplicar en las negociaciones en cada comunidad o ayuntamiento, anteponiendo el interés de España. Tiene sentido apoyar a Carmena -que sí asume ser “de izquierdas”, y es también la candidata de partidos como Equo- o pactar con Compromís en Valencia, para lograr pasar la página del Gürtel. O intentar atender alguna reivindicación de Podemos en Castilla-La Mancha para que sus escasos escaños puedan dar la llave a un gobierno en minoría de García-Page frente a Cospedal, quien -aparte de lo que ha representado desde el PP nacional- solo ha sacado dos diputados de ventaja después de un cambio unilateral de la ley electoral. Mientras que, por ejemplo en la Comunidad de Madrid, se forzaría la voluntad de las urnas si gobernara el PSOE junto con Podemos aprovechándose de una excesiva rigidez de Ciudadanos en sus negociaciones con el PP.

Debe ser radicalmente ambicioso en lo que desea para España, pero ha de reivindicar a su vez la moderación en el juego político. Debe evitar la formación de frentes. Debe hablar con todos, también con el PP. En definitiva, debe anteponer una democracia más constructiva que mejore la oferta política (candidatos y propuestas) en todos los partidos y facilite auténticas políticas de Estado, antes que calcular si sus propias opciones electorales se verían favorecidas por una confrontación más polarizada, donde además difícilmente podría imponerse al extremismo de Podemos. El PSOE no tiene seguro ganar las generales, pero sí está en su mano algo más importante: que la competición se juegue en el centro y se tenga que ganar allí.


 

Víctor Gómez Frías fue secretario de comunicación y formación del PSOE Europa entre 2012 y 2014 @vgomezfrias

¿Y si hubiera nuevas elecciones andaluzas el 23 de agosto?

Andalucía se puede ver abocada a repetir sus elecciones si Susana Díaz no llega acuerdos que faciliten su investidura. Según la legislación vigente, esos nuevos comicios se celebrarían a finales de agosto.

A lo largo de este intenso año electoral, es muy probable que los españoles nos acabemos familiarizando con unas disposiciones de nuestra Constitución y de los estatutos de autonomía a las que hasta ahora sólo fue necesario recurrir en 2003, cuando los diputados Tamayo y Sáez protagonizaron un sórdido caso de traiciones y acusaciones de soborno en la Asamblea de Madrid. Me refiero a esta disposición: si tras unas elecciones legislativas las sucesivas votaciones de investidura resultan infructuosas (porque los candidatos reciben siempre más votos en contra que a favor), al cabo de dos meses se disuelve automáticamente la cámara y se convocan nuevas elecciones.

Es probable que, por irresponsable cálculo ante los siguientes comicios que se avecinan, PP y Podemos (que suman 48 escaños) respondan a la victoria del PSOE (que suma 47) con un inapelable anuncio de que votarán en contra de la investidura de Susana Díaz. Es posible que Ciudadanos (9 escaños) y quizá IU (5) muestren mayor respeto por lo que los votantes han expresado en las urnas y acepten explorar acuerdos que no se encaminen a una coalición gubernamental pero sí al menos a facilitar la investidura votando a favor o absteniéndose a cambio de exigentes promesas e incluso de actos previos a dar su voto. Por ejemplo, que el PSOE deje caer a Chaves y a Griñán.

No obstante, como es difícil que los socialistas logren contentar a la vez a Ciudadanos e IU, el mejor escenario con que puede contar la presidenta saliente es recibir el apoyo (expreso o tácito) de Ciudadanos y que IU se una a PP y Podemos en el rechazo a la investidura (lo que supondría 53 votos en contra). Pero Susana Díaz puede encontrarse con que no logra revalidar el cargo y suponer que otro candidato pueda sumar la mayoría necesaria es un ejercicio de política-ficción.

¿Urnas en agosto?

Así pues, es posible que Andalucía -como puede suceder en otras comunidades autónomas e incluso en el Gobierno de la nación- se vea abocada a repetir sus elecciones. ¿Cuándo? La convocatoria de las actuales elecciones ya fija la sesión constitutiva del Parlamento de Andalucía el 16 de abril. El reglamento de esta cámara (art. 138) exige que en los siguientes 15 días se proponga una primera votación de investidura. El Estatuto de Autonomía andaluz (art. 118.3) prevé que, trascurridos dos meses desde esa votación sin que ningún candidato logre ser investido, se disolverá automáticamente el Parlamento y se convocarán nuevas elecciones, publicándose un decreto que determinará que la votación tendrá lugar cincuenta y cuatro días después (no necesariamente un domingo), lo cual nos lleva como mucho al miércoles 26 de agosto. Es cierto que la propia Ley Electoral andaluza indica (art. 14.2) que la nueva votación no debe tener lugar en julio o agosto, pero esta norma es de menor rango que el Estatuto de Autonomía, que impone plazos muy claros.

Si el próximo presidente del Parlamento andaluz anticipa este escenario de tal manera que la primera votación de investidura se desarrolle el martes 28 de abril, el 29 de junio podrían observarse cumplidos los dos meses sin que ningún candidato logre la mayoría suficiente. El decreto se publicaría el 30 de junio de manera que la jornada electoral fuera el domingo 23 de agosto. De no ser la primera votación de investidura el 28 de abril (o justo una semana antes), nos encontraríamos también con la circunstancia de que los andaluces acudirían a las urnas en un día distinto a un domingo, algo a lo que no estamos acostumbrados los españoles desde el miércoles de 1986 en que ratificamos nuestra permanencia en la OTAN.

En definitiva, es posible que las elecciones de este 22 de marzo resulten fallidas y haya que repetirlas a finales de agosto (a lo más, a principios de septiembre, si la Junta Electoral admitiera otras interpretaciones que no resulta fácil de adivinar). Aunque tampoco pueden descartarse coaliciones contra natura u otros movimientos sorprendentes en este caótico juego electoral donde los partidos políticos se ven las caras cada dos meses sin que nadie logre mayorías suficientes. Algo absolutamente novedoso en una España que se termina de sacudir el bipartidismo.

El pacto antiterrorista: ¿un error permanente o revisable?

El ingeniero y otros miembros del colectivo Socialismo es libertad dudan de la utilidad del pacto recién firmado entre Mariano Rajoy y Pedro Sánchez y defienden el acuerdo de 2000 promovido por José Luis Rodríguez Zapatero.

El Pacto contra el Terrorismo firmado el lunes es un error porque sus valores y su grado de consenso suponen un retroceso respecto al Acuerdo por las Libertades y contra el Terrorismo, que estaba vigente desde que en 2000 lo firmaran también PP y PSOE, a iniciativa de José Luis Rodríguez Zapatero, entonces líder de la oposición. Si el pacto recién firmado hubiera sido el primero en la materia, habría que reconocer como un gran avance que los partidos que han alternado responsabilidades de gobierno desde 1982 hubieran logrado un amplio acuerdo para afrontar la lucha contra el terrorismo, evitando que el oportunismo o el cortoplacismo que con frecuencia condicionan el debate entre partidos pudiesen comprometer este objetivo clave para la estabilidad del Estado y la seguridad de los ciudadanos. Sin embargo, como un nuevo pacto supone enmendar el anterior (que seguía vigente y preveía además reuniones periódicas de su comisión de seguimiento), resulta necesario comparar las exigencias de uno y otro.

Para explicar su contexto, hay que remontarse a la sangrienta década de los 80, cuando ETA llegó a asesinar a 93 personas en un solo año. Después de muchos debates y acuerdos de menor alcance, casi todo el espectro político español y vasco (todos los partidos salvo Herri Batasuna), suscribieron entre 1987 y 1988 los Pactos de Madrid, Ajuria Enea y Navarra. Los firmantes compartían, entre otras medidas, la necesidad e importancia de la acción policial para acabar con el terrorismo de ETA y se comprometían a no negociar acuerdos políticos con la banda terrorista.

Una década después, estos pactos quedaron rotos al adoptarse el de Estella, entre los partidos vascos de carácter nacionalista e Izquierda Unida del País Vasco, que admitía negociaciones políticas con ETA. Ante este embate, mediante el Acuerdo por las Libertades y contra el Terrorismo de 2000, PP y PSOE, que eran entonces no sólo los dos grandes partidos sino los únicos no nacionalistas en el Congreso (aparte de Izquierda Unida, que formaba parte del Pacto de Estella), reiteraron sus compromisos de 1987-88. La lucha contra el terrorismo se afianzaba así como política de Estado, lo que permitió desarrollar nuevos instrumentos como la posibilidad de ilegalizar los partidos que justificaran la violencia. Este acuerdo, junto a la continua y eficaz labor policial y judicial en concierto con otros países, acabó sometiendo a ETA, que dejó de matar una década más tarde, aunque aún no ha sido disuelta.

Recordemos dos párrafos del acuerdo de 2000:

  • “Nuestro sistema penal ofrece una respuesta jurídica adecuada para reprimir esos delitos. No obstante, si nuevas formas delictivas o actitudes y comportamientos que constituyeran objetivamente colaboración o incitación al terrorismo exigiesen reformas legales, nos comprometemos a impulsarlas en el marco del mutuo acuerdo”.
  • “La política penitenciaria forma parte de la estrategia de persecución contra las bandas terroristas y, por tanto, se sitúa en el marco de acuerdo entre ambos partidos y con el Gobierno. Dentro de nuestro ordenamiento jurídico, la legislación penitenciaria ha de aplicarse asegurando el más completo y severo castigo a los condenados por actos terroristas. La política penitenciaria contemplará las formas de reinserción de aquellos que abandonen la organización terrorista y muestren actitudes inequívocas de arrepentimiento y voluntad de resocialización tal y como establece nuestra Constitución.”

El primero nos muestra que el único avance objetivo del pacto recién firmado (la penalización del “terrorismo individual” que representan el adiestramiento y la radicalización por Internet o el desplazamiento al extranjero para colaborar con una organización terrorista) no supone un cambio de paradigma respecto a la lucha contra el terrorismo, sino una mera actualización de sus instrumentos a través de una reforma legal cuyo alcance ya estaba previsto en el acuerdo de 2000.

El segundo debe compararse con la absoluta ausencia en el nuevo pacto de referencias a los objetivos de reeducación y reinserción de las penas que proclama nuestra Constitución. En contraste, quienes firmaron el acuerdo de 2000 no olvidaron ese punto a pesar de vivir un momento de recrudecimiento de los atentados especialmente dirigidos contra sus compañeros de partido (o de haber sido ellos mismos víctimas, como era el caso del presidente Aznar).

Rechazar la prisión permanente (el mecanismo de “revisabilidad” propuesto por el PP es una argucia tan falta de garantías jurídicas como de valores morales) incluso para quienes cometen los peores crímenes es una demostración del alto nivel de civilización de una sociedad, que no busca medirse en crueldad ni siquiera con los más viles asesinos. Además, la ley del talión en absoluto ha demostrado su eficacia (obsérvese la alta criminalidad que sufre Estados Unidos) y la agravación de las penas (que actualmente llegan ya a los 40 años de cárcel) no servirá en absoluto para disuadir a los terroristas etarras, yihadistas o de cualquier otra calaña.

En suma, resulta un grave error sustituir el acuerdo de 2000 por otro cuya única novedad destacable es la tibieza respecto a un retroceso en los derechos humanos. Desde la perspectiva del PSOE, intentar salvarlo con la pirueta de anunciar simultáneamente un recurso de inconstitucionalidad contra la cadena perpetua sólo sirve para restar solemnidad a un acuerdo sobre una materia ante la que no deben mostrarse fisuras.

Por el contrario, se podía haber reafirmado en sus términos el acuerdo de 2000, reuniendo a su comisión de seguimiento para expresar la preocupación común ante la amenaza yihadista. Habría resultado más claro y coherente, y no impedía que el PSOE presentara en su día el citado recurso de inconstitucionalidad cuando el PP apruebe la cadena perpetua.

Además, la premura, cierta opacidad y la exclusión en la primera ronda de contactos a partidos que demuestran desde hace años su compromiso con el espíritu del acuerdo de 2000 (aunque no lo firmaran por no existir entonces) hace sospechar de un cierto afán electoralista. Podría interpretarse que buscan presentarse como los únicos capaces de plantear políticas de Estado cuando, en realidad, el resultado rebaja el exigente consenso preservado desde hacía 15 años. En su lugar, se podría haber aprovechado la referida reunión de la comisión de seguimiento del acuerdo de 2000 para proponer abiertamente a otros partidos sumarse al pacto.

¿Es posible enmendar estas decisiones? ¿Quién debería tomar la iniciativa? ¿Cuándo sería demasiado tarde? En definitiva, ¿haber sustituido el acuerdo de 2000 por el nuevo pacto antiterrorista es un error permanente o revisable?

Suscriben asimismo esta tribuna otros miembros del colectivo Socialismo es libertad (@socialismoeslib):  Manuel Lobo (@mloboparra), Emilio Rodríguez (@marquesriparia), Aurora Nacarino (@auroranacarino), Ariane Aumaitre (@ariamsita), Ramón García (@RamonGarcia00), Carlos Victoria (@VultureCt), Pau Regañas (@pauregas)