Los nueve requisitos que hay que cumplir para poder crear clubes de marihuana, según el Supremo

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El Tribunal Supremo ha puesto orden respecto a la criminalización de las sociedades cannábicas, impunes para algunas Audiencias provinciales pero penadas por otras. Una sentencia del pleno de los magistrados de la Sala Segunda fija los requisitos para que la actividad de esos clubes o asociaciones no sea considerada delictiva. 

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El 16 de junio de 2014, los tres responsables y dos miembros de la sociedad cannábica Ebers, de Bilbao, respiraron aliviados: la Audiencia Provincial de Vizcaya les absolvió del delito de tráfico de drogas por el que el fiscal les había sentado en el banquillo. El proceso contra ellos arrancó en noviembre de 2011, cuando el local de la asociación fue registrado por la Policía Municipal. Los agentes encontraron 4.750 gramos de marihuana y 800 euros en una caja registradora.

El alivio ha durado poco. El Tribunal Supremo ha acordado imponerles penas de tres a ocho meses de prisión al estimar un recurso interpuesto por la Fiscalía, que sostuvo que los cinco acusados incurrieron en un delito de tráfico de drogas. Esta infracción penal sanciona con cárcel a quienes lleven a cabo “actos de cultivo, elaboración o tráfico, o de otro modo promuevan, favorezcan o faciliten el consumo ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, o las posean con aquellos fines” (artículo 368 del Código Penal).

10 toneladas al semestre

Los fiscales impugnaron ante el Supremo el fallo absolutorio alegando que, a la vista del alto número de socios del club -290- y de las cantidades asignadas a cada uno en los “contratos de previsión de consumo” que firmaban al hacerse miembros, “se está ante el manejo y distribución de un total de 10,4 toneladas de cannabis cada seis meses”, un cantidad que, a juicio del Ministerio Público, está “muy lejos” de lo que puede considerarse un mero autoconsumo compartido.

La legislación penal española no castiga el consumo de drogas (ni siquiera si es en grupo), pero sí toda actividad que lo promueva. La clave está en lo que los juristas denominan “alteridad”, que es la que justifica la intervención del Código Penal: consiste en que se facilite o promueva el consumo por parte de otras personas.

Para identificar ese factor de alteridad del que depende, en definitiva, la apreciación de si hay o no delito en la actividad de una sociedad cannábica, el Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que fija unos parámetros que, advierte, dependerán de la singularidad de cada caso. Pero servirán para proporcionar seguridad jurídica en una materia en la que las Audiencias Provinciales vienen sosteniendo criterios discrepantes.

Las condiciones para que se aprecie que el autoconsumo compartido no es delictivo son:

• Que la sociedad esté constituida por usuarios habituales de marihuana o adictos que se agrupan para consumir esa sustancia. La sentencia explica que “con esta limitación se pretende evitar supuestos de favorecimiento del consumo ilegal por terceros, que es precisamente la conducta que sanciona el delito, salvo los que ya fuesen consumidores habituales”.

• Que el consumo se produzca en un lugar cerrado para “evitar la promoción pública del consumo y la difusión de la sustancia a quienes no forman parte de los inicialmente agrupados”.

• Que la cantidad de cannabis que se maneje sea “reducida o insignificante” o, en otras palabras, la cantidad “mínima y adecuada para su consumo en una sola sesión o encuentro”.

• Que la reunión congregue a un “reducido grupo de adictos” para que pueda considerarse que se trata de un “acto íntimo sin trascendencia pública”.

• Que las personas asociadas sean “identificables y determinadas”, entre otras cosas para que pueda garantizarse que son consumidores habituales de marihuana o adictos.

• Que se trate de un consumo inmediato, sin que el cannabis salga del local ni haya riesgo de que se proporcione a terceros.

• Que se excluya el almacenamiento masivo de marihuana, “que es un germen del peligro [de tráfico de drogas] que quiere desterrar el legislador”.

• Que el club no esté abierto a un número indiscriminado de socios.

• Que los responsables de la asociación tengan capacidad de control sobre el cumplimiento de los requisitos anteriores.

De qué son responsables los directivos

La sentencia explica la condena a los responsables del club Ebers así: “Por supuesto que a los directivos de la asociación no se les puede atribuir responsabilidad por el hecho de que un socio haya hecho entrega a persona no consumidora de parte de la sustancia o por que la venda, traicionando sus obligaciones asociativas. Pero sí son responsables de crear la fuente de esos riesgos incontrolables y reales cuando se manejan esas cantidades de sustancia que se distribuyen a doscientas noventa personas cuyas actitudes o motivaciones no pueden fiscalizarse”.

Los dos miembros de la sociedad condenados fueron encontrados el día del registro “efectuando labores de preparación y envasado de bolsas” de marihuana. Durante el juicio también quedó acreditado que la Policía había hallado “en las inmediaciones” del local a seis personas con distintas cantidades de marihuana en su poder. La droga procedía de los cultivos interiores del club, atendidos por un jardinero contratado al efecto.

La Sala Penal del Supremo, que se ha reunido en pleno para tratar este asunto, señala que “hay un salto cualitativo y no meramente cuantitativo entre el consumo compartido entre amigos o conocidos -uno se encarga de conseguir la droga con la aportación de todos para consumirla de manera inmediata juntos, sin ostentación ni publicidad- y la organización de una estructura metódica, institucionalizada, con vocación de permanencia y abierta a la integración sucesiva y escalonada de un número elevado de personas”. Lo segundo, dice, es “muy diferente” y “estira la doctrina del consumo compartido hasta romper sus costuras”.

“No puede convertirse una asociación cannábica en una suerte de cooperativa de distribución”, zanja la sentencia, redactada por el magistrado Antonio del Moral.

Los magistrados Cándido Conde-Pumpido,  Joaquín Giménez y la única magistrada de la Sala Penal del Supremo, Ana Ferrer, han suscrito votos discrepantes. Consideran que el fallo del caso de la sociedad Ebers debió ser absolutorio al existir en los acusados un error invencible sobre la conciencia de ilicitud de su actividad. Además, echan de menos que el alto Tribunal no haya determinado “con mayor precisión” los límites de la apreciación del delito cuando hay cultivo y consumo compartido de cannabis. Creen que la opción de remitir la concreción de esos límites al análisis de las circunstancias de cada caso no proporciona suficiente seguridad jurídica.

El juez que ha citado al ‘president’ a declarar fue elegido a propuesta de CiU

El juez que ha citado como imputado a Artur Mas se llama Joan Manel Abril y fue elegido magistrado del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Cataluña en junio de 2012 por el Consejo General del Poder Judicial.

El juez que ha citado como imputado a Artur Mas se llama Joan Manel Abril y fue elegido magistrado del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Cataluña en junio de 2012 por el Consejo General del Poder Judicial.

Pertenece al llamado “turno autonómico”: los Parlamentos de las comunidades autónomas tienen la potestad legal de proponer a la mitad de los jueces integrados en las Salas de lo Civil y Penal de los TSJ. Son juristas que sin pertenecer a la carrera judicial ni superar la oposición de ingreso, acceden directamente y gracias al favor político a esas relevantes Salas, que son las encargadas de investigar y juzgar los delitos de los aforados en cada comunidad autónoma.

El magistrado que ahora instruye la causa contra Artur Mas encabezó la terna de juristas que el Parlamento de Cataluña propuso al CGPJ en abril de 2012. Los otros dos fueron Antoni Vaquer y María Rosa LLácer, pero en el acta de la sesión parlamentaria no se refleja que hubiera debate alguno sobre los méritos de cada uno. La terna prosperó por asentimiento y con el apoyo de CiU, PSC, ICV y ERC.

La designación de Abril por el órgano de gobierno de los jueces fue igual de pacífica. Era el candidato apoyado por Ramón Camps, vocal del CGPJ a propuesta de CiU, y los demás consejeros respetaron su preferencia por Abril, que hasta entonces era profesor titular de Derecho Civil de la Universidad Autónoma de Barcelona y desde octubre de 2007 ejercía como director de los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Barcelona, entonces en manos del PSC.

Fuentes del CGPJ –inmerso en aquellas fechas en la intensa polémica que generaron los viajes con cargo a fondos públicos de su presidente, Carlos Dívar–, recuerdan con nitidez que el apoyo para el nombramiento de Joan Manel Abril provenía inequívocamente de CiU y no del PSC.

Grünenthal, que ingresó 466 millones en 4 años, no indemnizará a las 305 víctimas españolas de la talidomida

Las 305 víctimas españolas de la talidomida vieron ayer esfumarse la esperanza de que la Grünenthal Pharma S. A., la filial española de los laboratorios alemanes Grünenthal GmbH, les indemnice por los severos daños incurables causados por el fármaco. El Tribunal Supremo ha confirmado, por 8 votos frente a 1, la prescripción del derecho a reclamar. La farmacéutica, que ha ingresado en los últimos cuatro años 466 millones de euros por sus ventas en España, sí ha indemnizado, en cambio, a los afectados alemanes. 

En la imagen, el vicepresidente de la Asociación de Víctimas de la Talidomida en España (Avite), Rafael Basterrechea, este miércoles ante el Tribunal Supremo. Mariscal / EFE

GRA033 MADRID, 23/09/2015.- El vicepresidente de la Asociación de Víctimas de la Talidomida en España (Avite), Rafael Basterrechea, hoy ante el Tribunal Supremo, donde se celebra la vista del recurso de las víctimas del medicamento Talidomida contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que anuló sus indemnizaciones. EFE/Mariscal
El vicepresidente de la Asociación de Víctimas de la Talidomida en España (Avite), Rafael Basterrechea, este miércoles ante el Tribunal Supremo. Mariscal / EFE

La Sala Civil del Tribunal Supremo acordó este miércoles desestimar el recurso interpuesto por la Asociación de Víctimas de la Talidomida en España (Avite) contra la sentencia dictada el pasado octubre por la Audiencia Provincial de Madrid, que declaró prescrita la acción de responsabilidad civil emprendida por los afectados contra Grünenthal Pharma S.A. Ha sido un fallo contundente: 8 votos en contra del recurso de Avite y sólo uno a favor, emitido por el magistrado Francico Arroyo.

Los recurrentes contaban con el apoyo de la Fiscalía. El fiscal de Sala José María Paz escribió en su informe favorable a las víctimas que el hecho de que Grünenthal “pidiera perdón en el año 2012, reconociendo su culpa pero no queriendo indemnizar por su conducta, nos parece un hecho gravísimo para la conciencia de la humanidad”.

El Supremo, sin embargo, ha confirmado el criterio de la Audiencia de que los afectados debieron reclamar mucho antes, en concreto antes de que transcurriera el plazo legal de un año desde que cada uno de ellos alcanzó la mayoría de edad. Los magistrados han estimado que los daños que las víctimas de la talidomida padecen quedaron determinados al nacer. Conocían, por tanto, el alcance de sus secuelas, que son permanentes y están consolidadas, por lo que debieron reclamar como máximo dentro de los 365 días siguientes a cumplir los 18 años.

Al no haber presentado una inicial demanda de conciliación hasta junio de 2011 y una posterior reclamación conjunta en el Juzgado en febrero de 2012, la acción de responsabilidad civil se ha considerado prescrita. La prescripción extingue el derecho a ser indemnizados al no haber sido ejercido en el plazo fijado por la ley, que en este caso era de un año.

El contraste con los afectados alemanes

A salvo de lo que pueda ocurrir con el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional anunciado de inmediato por Ignacio Martínez, abogado de Avite, las víctimas españolas de la talidomida no van a ser indemnizadas con un solo euro por Grünenthal Pharma. Según sus propias cifras, la filial española del grupo alemán Grünenthal GmbH ingresó por ventas en los últimos cuatro años 466 millones de euros, de los que 109 millones corresponden a 2014. En todo el mundo, la cifra más reciente de ventas corresponde al año 2012 y asciende a 973 millones de euros.

Avite asegura que durante las negociaciones celebradas antes de la presentación de la demanda Grünenthal ofreció una indemnización de 120.000 euros para el conjunto de las 305 víctimas españolas. Una cuantía “ridícula” si se tiene en cuenta que los laboratorios han destinado a los afectados alemanes unos 500 millones, afirma.

El procedimiento judicial ofrece otros motivos de agravio. El medicamento, utilizado para el tratamiento de las náuseas y vómitos de las mujeres embarazadas, fue retirado por Grünenthal en Alemania en diciembre de 1961, pero no lo hizo en España hasta mayo de 1962. La sentencia dictada en noviembre de 2013 por la jueza de la primera instancia, Gemma Fernández, afirmaba que los primeros casos de afectados por la ingesta de talidomida en España ya habían empezado a evidenciarse en el primer trimestre de 1960 y señalaba que “conociendo los efectos nocivos del medicamento que ya estaba en el mercado y su gravedad se optó por no ponerlo en conocimiento de los profesionales médicos [españoles] y por informar parcialmente a los colaboradores externos, que son, precisamente, los que tratan con los médicos y farmacéuticos en el proceso de distribución y venta para el consumo”.

La talidomida tenía efectos teratogénicos (producía malformaciones en el feto) y fue el origen de polineuritis en muchos bebés nacidos de madres que la tomaron durante la gestación. Las malformaciones afectaban fundamentalmente al acortamiento de los brazos y antebrazos, aunque también se produjeron alteraciones en otros órganos, incluidos los internos. “La demandada ni siquiera niega este presupuesto básico”, indicó respecto a Grünenthal la sentencia de la primera instancia, revocada por la Audiencia de Madrid en lo referido a la prescripción.

La tesis del Juzgado de Primera Instancia, que rechazó la prescripción, ha sido apoyada por un solo magistrado de la Sala Civil del Supremo. Arroyo, que ha anunciado que plasmará sus argumentos en un voto discrepante, considera que la decisión de la mayoría se aparta de la doctrina de la Sala, que en numerosos precedentes ha establecido que el plazo de prescripción debe empezar a computarse a partir de la declaración -judicial o administrativa- de incapacidad del afectado. En el caso de la talidomida, el real decreto 1006/2010, de 5 de agosto, puede ser considerado una declaración administrativa de incapacidad ya que reconoció oficialmente a las víctimas de la enfermedad y estableció la concesión de ayudas de la Administración (un pago único de entre 30.000 y 100.000 euros). Desde esa perspectiva, la demanda de conciliación de las víctimas (junio de 2011) no habría prescrito.

La compañía ha declinado valorar la decisión del Supremo “hasta recibir la sentencia oficialmente”. En un comunicado de prensa, la empresa ha reiterado que, “con independencia de la resolución”, ya existen “medios satisfactoriamente establecidos” para que todos aquellos afectados por un producto que contuviese talidomida de Grünenthal, o de su distribuidor local en España, puedan beneficiarse de ayudas económicas.

En conversación telefónica con EL ESPAÑOL, un portavoz de la compañía afirma que los afectados españoles por el fármaco pueden recibir “hasta 7.000 euros mensuales” a través de las dos fundaciones habilitadas para gestionar sus ayudas, la Fundación Contergan y la Fundación Grünenthal, ambas en Alemania.

Sin embargo, Avite asegura que sólo uno de los más de 300 afectados españoles que pertenecen a la asociación es pensionista de una de las fundaciones alemanas, ya que del resto “se han rechazado las solicitudes con las excusas más arbitrarias”. La sentencia de la Audiencia de Madrid alude a cinco víctimas españolas que reciben la pensión de la fundación alemana, cuatro de las cuales no pertenecen a Avite.

Respecto a su culpabilidad, la empresa la reconoce: “Lo hemos hecho públicamente y hemos pedido perdón”. Sin embargo, apunta a un dato que reconocen también las propias víctimas: Medinsa, la representante del laboratorio en aquella época, comercializaba cuatro de los siete medicamentos que contenían el principio activo talidomida. Otros tres los vendían los laboratorios U.C.B. Pevya (hoy UCB Pharma) y Farmacobiológicos Nessa. “El porqué no se piden indemnizaciones a estas empresas además de a Grünenthal es algo que habría que preguntar a las víctimas”, concluye el portavoz del laboratorio en España.

La Audiencia Nacional valora reabrir la causa contra Zapata para imputarle por los tuits

ZapataGuillermoLa Sala Penal de la Audiencia Nacional se inclina por reabrir la causa contra el concejal de Ahora Madrid Guillermo Zapata por sus polémicos mensajes sobre las víctimas de ETA y de otros delitos.

“Han tenido que cerrar el cementerio de las niñas de Alcaser para que no vaya Irene Villa a por repuestos”. “Rajoy promete resucitar la economía y a Marta del Castillo”. “¿Cómo meterías a 5 millones de judíos en un seiscientos?, en un cenicero”.

Estos tuits pueden ser la causa de que el concejal del Ayuntamiento de la capital Guillermo Zapata (Ahora Madrid) tenga finalmente que acudir a declarar ante el juez Pedraz si la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional concluye -tal como baraja en este momento- que debe dar explicaciones sobre el contenido de esos mensajes y su intención al escribirlos.

La Sección Penal Segunda de la Audiencia Nacional se inclina por estimar el recurso que interpuso la Fiscalía contra la decisión de Pedraz de archivar las diligencias abiertas a Zapata, contra quien la asociación Dignidad y Justicia presentó una querella por el delito del artículo 578 del Código Penal.

Este precepto castiga la realización de actos que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas del terrorismo o de sus familiares. La última reforma penal ha agravado incluso la sanción, que ahora puede llegar hasta tres años de prisión (antes, dos años).

Cierre sin declaración

El pasado 2 de julio, Pedraz dictó una resolución en la que, rectificando su inicial decisión de citar a Zapata a declarar, consideró que el concejal no tuvo el ánimo de ofender a las víctimas ni incurrió en una conducta “especialmente perversa”.

El juez, que sostuvo que hacer declarar a Zapata como imputado “supondría un plus de perjuicio moral para él” debido a la llamada “pena del paseíllo” o “pena del telediario”, apreció que la calificación más apropiada para sus tuits sería la de “chistes de humor negro” y destacaba que así lo había percibido la propia Irene Villa en un escrito dirigido al Juzgado.

La Fiscalía reaccionó de inmediato frente al archivo del caso y fue directamente en apelación a la Sala de lo Penal para reclamar la reapertura de las diligencias. Su posición puede ser acogida por los magistrados, que, según ha podido saber EL ESPAÑOL, comparten el criterio del Ministerio Público de que, una vez abierto el procedimiento, no puede ser cerrado sin ni siquiera recibir declaración al imputado para que explique el sentido de los tuits y el ánimo que tuvo al escribirlos. Una intención que no puede ser determinada sin oírle y sin ver cómo responde al interrogatorio de las partes.

Las fuentes consultadas indicaron que, al igual que ocurre en otros países en los que se sancionan las burlas al holocausto o la homosexualidad, el legislador español ha querido proteger a las víctimas del terrorismo y a sus familiares incluso de los sarcasmos. Es por ello que los tuits de Zapata pudieron afectar a la dignidad de las víctimas de ETA en su conjunto y no sólo a Irene Villa.

Para los magistrados, además, es preciso valorar todos los tuits de Zapata en su conjunto y no individualizar exclusivamente el que hacía referencia a la joven mutilada por ETA.

La Fiscalía pide que PP y FAES den datos sobre su relación con los jueces de Gürtel recusados

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La Fiscalía Anticorrupción cree que la recusación de los magistrados Concepción Espejel y Enrique López (en la imagen) como integrantes del tribunal que juzgará el caso Gürtel debe ser admitida a trámite para practicar diligencias que aclaren la “relación singular” que pueden haber tenido con el PP. Entre ellas, cuántas veces han participado en actos de FAES o del partido y si han cobrado por ello.

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Los magistrados Concepción Espejel y Enrique López.

La recusación de los magistrados Espejel y López por las acusaciones populares que actúan en el caso Gürtel -entre ellas, la ejercida por Ángel Luna, del PSOE valenciano- ha encontrado un aliado en el Ministerio Público. La Fiscalía Anticorrupción ha informado a favor de que la recusación sea admitida a trámite y se abra un incidente en el que, entre otras pruebas, la fundación del PP (FAES) y el propio partido tendrían que dar datos sobre su relación con los recusados.

La Fiscalía ha presentado dos informes, uno relativo a Concepción Espejel y otro referido a Enrique López, en los que, sin llegar a afirmar que exista en ellos una tacha de parcialidad, sí sugiere que hay datos de una relación con el PP que, a su parecer, habría que aclarar antes de que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional decida si se mantienen o no como jueces del caso Gürtel.

Miembros de la Sección Segunda de esa Sala, a Espejel y López les ha correspondido por reparto el enjuiciamiento de la primera parte de caso Gürtel, relativa a la actividad que desarrolló la supuesta trama de corrupción vinculada a cargos públicos del PP entre los años 1999 y 2005.

Para la Fiscalía, el hecho de que el Partido Popular vaya a estar sentado en el banquillo como partícipe a título lucrativo -esto es, por haberse beneficiado de las comisiones ilícitas supuestamente percibidas por los cargos implicados, destinadas en parte a campañas electorales- es un dato relevante a tener en cuenta a la hora de valorar las recusaciones.

El Ministerio Público admite que, de acuerdo con la doctrina del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo del Derecho Humanos, la “afinidad ideológica” de un juez con una determinada formación política no es causa de recusación.

También indica que “ciertamente, no aparecen acreditados hasta donde sería exigible en este trámite el interés personal y directo” de los recusados en la causa.

Pero, pese a ello, sostiene que “no puede afirmarse que resulten de todo punto irracionales las dudas albergadas por los recusantes”, en especial en el caso de López.

La Fiscalía afirma que “ha de tomarse en consideración” que entre 2003 y 2010 “se estableció una relación singular” entre FAES, la fundación del PP, y Enrique López, que, además, accedió a propuesta del Partido Popular a dos cargos que ejerció en el pasado: vocal del Consejo General del Poder Judicial y magistrado del Tribunal Constitucional.

El informe no llegar a sostener que el nombramiento para esos cargos determine una falta de imparcialidad -de hacerlo, abriría una vía de consecuencias imprevisibles, puesto que en la propia Audiencia Nacional hay actualmente varios magistrados que han sido vocales del CGPJ a propuesta del PSOE e IU-, pero sí considera relevante el hecho de que cuatro de los acusados en el proceso Gürtel votaron en 2008 a favor de la candidatura de López al Tribunal Constitucional. Se trata de Carlos Clemente, Alfonso Bosch, Benjamín Martín Vasco y Alberto López Viejo, que eran diputados autómicos del PP.

En realidad, la Asamblea de Madrid propuso una candidatura conjunta pactada por PP y PSOE y en la que figuraron López y Fernando Valdés, por lo que ambos recibieron los votos en bloque de ‘populares’ y socialistas.

La declaración de Cospedal

Para la Fiscalía, sin embargo, hay que determinar “si la participación del PP en la elección del magistrado para alguno de los más altos cargos del Poder Judicial y de su carrera profesional desvirtúa el requisito de independencia” y “ha de decidirse si la familiaridad que pueda existir entre el juzgador y alguna de las partes implicadas debida a una conexión ajena al procedimiento cuestiona la imparcialidad de aquel, haciendo objetivamente justificable el temor a su falta de imparcialidad”.

En este sentido, considera que las recusaciones no deben ser rechazadas de plano sino que debe abrirse un trámite para practicar varias de las pruebas instadas por las acusaciones populares. Entre ellas destaca que se requiera a la Fundación para el Análisis y Estudios Sociales (FAES) y al PP para que certifiquen las actividades en las que haya participado López y cuánto ha cobrado por ello.

La Fiscalía se opone, por estimarlo “inútil e impertinente”, a que Dolores de Cospedal tenga que prestar declaración sobre su relación con Espejel. La secretaria general del PP participó en el acto de imposición de la Gran Cruz de San Raimundo de Peñafort a la magistrada, a la que dedicó elogios y de la que dijo que “para todos es Concha y lo va a ser siempre”.

También rechaza que declare el ex parlamentario del PP Federico Trillo, actual embajador en Londres, que salió en defensa de López cuando su primer intento de acceder al TC fue bloqueado por el Senado. Enrique López acabaría siendo promovido al Constitucional por el Gobierno.

La Fiscalía tampoco considera necesario el interrogatorio de los recusados, que, en cualquier caso, tendrán que informar por escrito sobre si aceptan o no como ciertas las causas de recusación alegadas.

Un cuadro histórico aparece 100 años después en el Museo Cerralbo partido en 21 trozos

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Un siglo después de que se diera por destruido en el incendio que devastó el Tribunal Supremo el 4 de mayo de 1915, un cuadro histórico, El desembarco de Fernando VII en el Puerto de Santa María, ha aparecido en el Museo Cerralbo. El enorme lienzo, de 4,62 cms de alto por 7,30 de ancho, se encuentra ahora fragmentado en 21 trozos. Uno de ellos volverá a exhibirse la próxima semana en el Palacio de las Salesas.

En la imagen, una copia del cuadro original, realizada por Aparicio en un tamaño más pequeño, que se conserva en el Museo del Romanticismo.

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Una copia del cuadro original, realizada por Aparicio en un tamaño más pequeño, se conserva en el Museo del Romanticismo

Ironía de la historia: El desembarco de Fernando VII en el Puerto de Santa María, que inmortalizó el acontecimiento que dio paso a la Década Ominosa y, con ella, a la fulminante supresión del Supremo creado por la Constitución de 1812, fue precisamente uno de los cuadros elegidos para ser exhibido en el Alto Tribunal en 1883, cuando el Museo del Prado lo entregó en depósito junto a otras 86 obras.

El severo rostro del monarca absolutista en el momento de ser recibido por el duque de Angulema, encargado por la Santa Alianza de restituirle en sus poderes frente a las Cortes liberales, pudo ser contemplado hasta el 4 de mayo de 1915 en la antesala que precedía a las Salas Primera y Segunda.

Era un “aparatosísimo” lienzo– según lo describió el humanista Elías Tormo, miembro del Patronato del Museo del Prado en esa época- que servía de “distracción de los abogados vestidos de toga a la espera de las vistas” por el gran número de personajes que en él aparecían. Incluso “en los últimos años se había colocado, para descifrarlos, un cuadrito al pie en el que, numeradas las siluetas, se ofrecían los nombres de muchos de ellos”.

Mayor tasación que un ‘goya’

El alicantino José Aparicio, pintor de cámara de Fernando VII y que, junto a José de Madrazo y Juan Antonio de Ribera, es exponente de la escuela neoclásica, retrató a más de medio centenar de celebridades del siglo XIX: los miembros de la familia real, militares franceses y españoles y representantes de la nobleza y del clero. Hasta las nodrizas de los infantes, los maceros del Ayuntamiento de El Puerto y el patrón de la falúa real tuvieron su sitio en un cuadro que Aparicio tardó en realizar cuatro años y que llegó a tasarse en 180.000 reales a la muerte de Fernando VII. Como sorprendente referencia comparativa, La Familia de Carlos IV de Goya no pasó de 80.000.

Obsesionado con la reproducción fiel de los detalles, Aparicio se desplazó a El Puerto pocas semanas después de la “liberación” de Fernando VII y en noviembre ya había dibujado la barcaza tal como se encontraba en el momento del desembarco, el 1 de octubre de 1823. Terminó el cuadro en 1827 y el Rey dispuso que se presentara al público en la exposición que en septiembre de ese año se celebró en la Academia de San Fernando, según una investigación del historiador del arte Enrique Pardo Canalís. Luego se llevó al Real Museo de Pinturas, antecedente de El Prado.

Una real orden de 9 de marzo de 1883 autorizó el traslado de la tela al monasterio de las Salesas, incautado 13 años antes por el Estado para ser la sede del Tribunal Supremo.

Cuenta Tormo en un relevante artículo publicado en junio de 1915 (“La galería de cuadros del incendiado Palacio de Justicia”) que, saturado El Prado de obras pictóricas procedentes de la desamortización, “comenzó el desfile de miles y miles de lienzos para depósitos en palacios, ministerios (…) y otros centros”.

Lo que pasó en el Palacio de Justicia es que “allí el magistrado encargado de procurar selección en el envío de depósitos era un conocido poeta y un amante de las artes, don Joaquín José Cervino” y fue él quien acudió a elegir los cuadros que habían de trasladarse al Tribunal Supremo “cuando todavía de ellos no había salido a depósitos lo mejor de lo que había de salir”.

“Se ha quemado”

A las Salesas llegaron, de ese modo, obras de Alonso Cano, Ribera, Lucas Jordán… y el lienzo de Aparicio. Las últimas referencias que tenemos de él coinciden en que desapareció en medio de las llamas que redujeron el Palacio de Justicia a poco más que a muros y paredes maestras el 4 de mayo de 1915.

El periódico La Época del día siguiente aseguraba que “entre los objetos de valor destruidos por el fuego figura un Cristo de Alonso Cano (…) También ha sido destruido un cuadro de enormes dimensiones que representaba el Desembarco de Fernando VII en Cádiz”.

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Imagen del incendio que sufrió hace 100 años el Tribunal Supremo.

Elías Tormo también afirmó en el artículo citado que “el gran cuadro (…) del desembarco de Fernando VII en la isla de León, al ser libertado de los constitucionales por el duque de Angulema y los cien mil hijos de San Luis, se ha quemado”.

Y aún hoy la ficha que puede consultarse en la Red Digital de Colecciones de Museos de España, dependiente del Ministerio de Educación, refleja que El Desembarco quedó “destruido en el incendio del Convento de las Salesas reales de Madrid en 1915 (…)”.

Según fuentes del Supremo, a principios de este año la directora del Museo Cerralbo, Lurdes Vaquero, se puso en contacto con la oficina del presidente del tribunal para informar de que en los almacenes del museo se encontraba “un cuadro quemado” que en su día había estado depositado en el Palacio de las Salesas. Tanto el presidente del TS como el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid forman parte del patronato de la Fundación Museo Cerralbo ya que así lo dispuso el XVII marqués, Enrique de Aguilera y Gamboa, al donar su legado artístico a la nación española en 1922. [El actual presidente del Poder Judicial, Carlos Lesmes, no ha asistido nunca a las reuniones del patronato, delegando en el presidente del TSJM, Francisco Vieira].

A raíz de esa llamada, una veterana y eficaz documentalista del Alto Tribunal, María Luisa Román, empezó a investigar tanto el incendio de 1915 como el expediente de El desembarco y, con sus conclusiones, responsables del TS visitaron el Cerralbo con la pretensión de que el cuadro volviera a vestir las paredes del Palacio de Justicia. No ha sido posible: en el Cerralbo se les aseguró que el lienzo está ahora fragmentado en 21 trozos que necesitan ser restaurados para su exhibición. Finalmente, uno de los fragmentos, el del retrato de Fernando VII, va a ser mostrado en la exposición que, con motivo del centenario del incendio, se inaugurará el próximo día 11.

El misterio

Quién sacó el cuadro del Supremo, quién lo troceó y cómo fue a parar a lo que, hasta la aceptación por el Estado del legado de Aguilera y Gamboa en 1924, era una una colección privada forma parte del misterio. La directora del Museo Cerralbo, que atendió amablemente a EL ESPAÑOL, declinó hacer declaraciones al tratarse de un “asunto delicado”. Vaquero, no obstante, ha anunciado su participación en una mesa redonda que se celebrará también el día 11 en el TS.

Este periódico se dirigió igualmente al Ministerio de Educación, que en la tarde de ayer informó de que “la obra, fragmentada en varios lienzos -13 retratos y ocho fragmentos-, fue adquirida en los años 20 en el rastro por el XVII marqués de Cerralbo, Don Enrique de Aguilera y Gamboa, quien a su vez ordenó su restauración para salvaguardar este patrimonio que, en un principio, se identificó como autoría de otro pintor de corte como es José Camarón y Bonanat. La obra recuperada por el marqués de Cerralbo estaba ya incompleta y recortada cuando se adquirió, habiendo sobrevivido un 75-80% del lienzo original”.

Según el Ministerio, gracias a la documentación que se conservó del lienzo, que fue fotografiado por Juan Cabré, primer director del Museo Cerralbo, en 2014 Pilar Tébar Martínez, de la Universidad de Alicante, publicó el artículo “José Aparicio Inglada: de Alicante a la corte de Fernando VII”, identificando los fragmentos con la obra que se creía desaparecida de Aparicio.

“Comienza así una intensa colaboración entre los técnicos del Museo Cerralbo y del Museo Nacional del Prado que ha permitido, entre otros aspectos, la digitalización de todos los fragmentos conservados, el acondicionamiento físico de parte de la obra que aún estaba enrollada (…) y la regularización administrativa de la adscripción de la obra como fondo fundacional del Museo Nacional del Prado”, añade Educación.

De acuerdo con documentos del Museo Cerralbo, la obra de Aparicio ingresó en 1927 por legado de Amelia del Valle y Serrano procedente de la casa que la familia tenía en Santa María de Huerta (Soria). Segunda marquesa de Villa-Huerta, Amelia del Valle era hijastra de Enrique de Aguilera y Gamboa y, a la muerte de éste en 1922, se encargó de cuidar de la colección y asegurar su trasmisión al Estado, tal como estableció el marqués en su testamento, del que Amelia fue albacea.

¿Existe alguna otra obra u objeto procedente del Palacio de las Salesas en poder del Cerralbo? En el Tribunal Supremo creen que sí, pero desde el museo se niega. Por el momento, al menos la parte del cuadro que inmortalizó al Rey que quiso abolir el Supremo volverá a exhibirse en él. Larga vida al Tribunal.

 

El Tribunal Supremo acuerda tramitar una demanda que cuestiona a su presidente

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La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha acordado admitir a trámite la demanda presentada por cuatro vocales del Consejo General del Poder Judicial contra la decisión, promovida por el presidente, Carlos Lesmes (en la foto), de no renovar la Comisión Permanente, el núcleo de poder del CGPJ.

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El Tribunal Supremo tramitará una demanda que afecta a su presidente, Carlos Lesmes, como máximo responsable del Consejo General del Poder Judicial, el órgano de gobierno de los jueces. Después de cuatro meses de debate, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha tomado la insólita decisión de admitir a trámite el recurso promovido por cuatro vocales del CGPJ contra el acuerdo de no renovar la Comisión Permanente.

Este órgano se ha convertido en el núcleo de poder del Consejo tras la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial realizada por el PP en junio de 2013. Presidida por Lesmes, sólo cinco de los 20 vocales forman parte de la Comisión Permanente, que ha sumado a sus tradicionales competencias ejecutivas la función de la desaparecida Comisión de Calificación (proponer los nombramientos para cargos judiciales), además de supervisar la actividad de la Inspección y del promotor de la acción disciplinaria (el instructor de los expedientes contra los jueces).

Únicamente esos cinco vocales -que en un futuro próximo serán siete, tras otra reforma que acaba de ser aprobada- tienen dedicación exclusiva en el CGPJ. Los demás simultanean el cargo en el Consejo con su profesión jurídica o judicial, lo que les impide no ya participar sino incluso estar al corriente de la actividad cotidiana de la institución.

La Comisión Permanente diseñada por Lesmes en enero de 2014, recién constituido el nuevo CGPJ, fue renovada tal cual hace seis meses con el solo cambio de Nuria Abad (propuesta por el PP) por Mercé Pigem (CiU). Esta última dimitió tras ser ser sorprendida en noviembre de 2014 por la Guardia Civil entrando en España desde Andorra con 20.100 euros en efectivo. El resto de los elegidos son dos consejeros propuestos por el PP, Juan Manuel Fernández y Gerardo Martínez Tristán, y otros dos por el PSOE, Mar Cabrejas y Álvaro Cuesta.

La propuesta de Lesmes de mantener durante 2015 la misma composición de la Permanente fue la única que se votó en el Pleno del Consejo el pasado 29 de enero y resultó aprobada por 14 votos frente a 7. Cuatro de las vocales discrepantes -Roser Bach, María Victoria Cinto, Clara Martínez de Careaga y Concepción Sáez, propuestas por el PSOE e IU- interpusieron en marzo ante el Tribunal Supremo una demanda, con una posterior ampliación, en la que impugnaban la decisión por defectos formales y por haberse incumplido, a su parecer, la previsión legal que literalmente establece que “se procurará la rotación anual del resto de los vocales en la composición anual de la Comisión Permanente”.

Dudas de legitimación

En una resolución ya firmada de la que ha sido ponente el magistrado Manuel Garzón, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha considerado que la ampliación de la demanda, referida a los defectos formales de la decisión del Consejo, fue presentada fuera de plazo. Pero ha aceptado revisar el acuerdo de no renovar la Comisión Permanente, dejando para el momento de la sentencia los problemas de legitimación de las vocales para impugnar un acuerdo emitido por el órgano del que forman parte.

Fuentes del tribunal indicaron que las dudas de legitimación que plantea el caso han cedido a favor de la tutela judicial porque la decisión del CGPJ de no cambiar la Comisión Permanente afecta a la esfera de derechos e intereses de las consejeras demandantes, incluidas sus retribuciones.

La decisión de la Sección Primera ha coincidido con el proceso de elección del nuevo presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, cargo para el que ha sido nombrado, con notable controversia, el magistrado Luis María Díez-Picazo. Su antecesor, José Manuel Sieira, y otro aspirante al puesto, Jorge Rodríguez-Zapata, han formado parte del tribunal que ha admitido a trámite la demanda que cuestiona la actuación de Lesmes en el CGPJ. Sieira y Rodríguez-Zapata, no obstante, no tenían la llave de una Sección formada por seis magistrados y que ha resuelto sin formulación de votos discrepantes.

 

 

Marjaliza involucra en Púnica a dos aforados de las filas de Cifuentes y uno de Ciudadanos

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Cristina Cifuentes (PP) tendrá que afrontar los efectos de la operación Púnica entre sus filas. David Marjaliza, pieza central en el entramado de corrupción que investiga la Audiencia Nacional, ha involucrado a Jaime González Taboada, Bartolomé González y Eva Borox. El primero es consejero de Administración Local, el segundo es diputado popular y la tercera es parlamentaria de Ciudadanos, el partido que aupó a Cifuentes al poder.

En la imagen, González Taboada, el día de su toma de posesión. Cifuentes, al fondo.

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González Taboada el día de su toma de posesión. Cifuentes, al fondo.

David Marjaliza, que permanece en prisión desde que salió a la luz la operación Púnica el pasado octubre, ha relatado al juez instructor Eloy Velasco el modo de actuar y las personas supuestamente implicadas en una red de corrupción extendida por numerosos municipios madrileños y en la propia Comunidad, dedicada a lucrarse con actuaciones urbanísticas y contratos públicos amañados.

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Granados y Marjaliza / Foto: Interviú

La decisión de confesar los hechos y colaborar con la Justicia tomada por Marjaliza ha supuesto una ampliación de la ‘nómina’ de políticos del Gobierno regional involucrados en la trama. A los nombres de los ex consejeros de Esperanza Aguirre Francisco Granados -también en prisión desde hace casi nueve meses- , Salvador Victoria y Lucía Figar se une ahora el de Jaime González Taboada, ex director general de Cooperación con la Administración Local, número 3 de la lista de Cifuentes en las elecciones del pasado junio y nombrado por la nueva presidenta de Madrid consejero de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio.

Junto a González Taboada, Marjaliza ha mencionado a dos actuales diputados autonómicos: Bartolomé González, número 11 de la candidatura del PP, y Eva Borox, número 3 de la lista de Ciudadanos, la formación que prestó sus 17 escaños a Cifuentes para lograr el Gobierno regional.

Aforados

Los tres nuevos afectados por la operación Púnica tienen fuero ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, único competente para imputarles. Fuentes de la investigación señalan que las manifestaciones de Marjaliza se están comprobando porque “no podemos enviar las actuaciones al TSJM con la sola declaración de un coimputado”.

Cristina Cifuentes afirmó el 10 de junio que “hay un compromiso de todos los diputados del PP” de dejar el acta si son imputados por corrupción. “No va a haber diputados imputados pertenecientes al Grupo Popular”, aseveró. De confirmarse, la implicación de González Taboada en la operación Púnica puede tener, por tanto, consecuencias en la composición del Gobierno regional y del grupo del PP en la Asamblea. Pero si Jaime González Taboada o Bartolomé González decidieran conservar el acta y pasar el grupo mixto, Cifuentes perdería la mayoría absoluta, que tiene por un solo escaño.

La confesión de Marjaliza puede ser una bomba política de efecto retardado. Los investigadores aseguran que el empresario, muy afectado por su situación de encarcelamiento, “no se dedicó a especular” ante el juez de la Audiencia Nacional sino que realizó una declaración “muy trabajada, muy reflexionada”. A cambio ha pactado con la Fiscalía Anticorrupción una sustancial rebaja de la pena que fuentes jurídicas sitúan en torno a los 5 años de prisión. Una disminución muy cualificada si se tiene en cuenta el catálogo de imputaciones provisionales que pesan sobre él: delitos fiscales, blanqueo de capitales, falsedad documental, tráfico de influencias, organización criminal, cohecho, malversación, prevaricación, fraude.

Las fuentes citadas indicaron que Marjaliza ha implicado a González Taboada en un “reparto” de las obras de infraestructura financiadas por la empresa pública madrileña Arpegio dentro del Plan Regional de Inversiones y Servicios de Madrid (Prisma). Este proyecto, dotado con cientos de millones para la realización de infraestructuras en municipios madrileños, era planificado por Taboada como director general de Cooperación con la Administración Local. Granados, consejero de Presidencia desde 2004, ostentaba la presidencia de Arpegio.

Según David Marjaliza, las obras programadas se repartían en tres lotes y sus adjudicaciones eran amañadas para obtener comisiones ilícitas. Un lote iba para determinados funcionarios, otro para Taboada y el tercero para él y Granados. El ‘modus operandi’ consistía en la apertura irregular de las plicas para conocer el orden de valoración de las empresas que acudían a la licitación. La empresa que, tras ser contactada, aceptaba pagar comisiones era situada en primer lugar aunque su oferta no fuera la más ventajosa para la Administración y a ella se adjudicaba la obra en cuestión.

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Bartolomé González y Esperanza Aguirre.

Confesión de la secretaria

El diputado Bartolomé González, ex alcalde de Alcalá de Henares, ha sido mencionado por Marjaliza en sus declaraciones judiciales en relación a la supuesta actividad ilegal de la mercantil Cofely España de pago de comisiones a alcaldes y concejales a cambio de la adjudicación de contratos de eficiencia energética.

A través de David Marjaliza, que actuaba de intermediario entre Cofely y los Ayuntamientos, la primera ofrecía a los municipios un plan de ahorro de energía eléctrica. Los regidores que accedían eran retribuidos con un soborno que el propio Marjaliza adelantaba en ocasiones utilizando el dinero B que generaban sus empresas de construcción. Esas cantidades le eran devueltas posteriormente ‘inflando’ facturas que emitían sociedades conchabadas con Marjaliza con las que Cofely subcontrataba la obra civil del plan de eficiencia energética.

Según manifesto Marjaliza al juez Velasco, Bartolomé González recibió -supuestamente- 60.000 euros de Cofely por adjudicarle un contrato de esas características. El dinero se habría pagado en metálico por Ana María Ramírez, secretaria y mano derecha de Marjaliza. Esta imputada acaba de salir de la cárcel después de que Velasco haya modificado su situación de prisión incondicional por prisión bajo fianza de 40.000 euros.

Previamente, Ramírez había prestado declaración judicial confirmando las manifestaciones de Marjaliza. La secretaria admitió que un documento que le fue intervenido en un registro, en el que aparecen unas iniciales y unas cantidades, refleja los nombres de los Ayuntamientos sobornados y las comisiones pagadas.

Según fuentes de la investigación, la excarcelación de Ramírez forma parte del pacto con la Fiscalía Anticorrupción. La secretaria ha seguido los pasos de su ex jefe.

En su larga comparecencia ante Eloy Velasco, Marjaliza también implicó a la ex concejal del PSOE de Valdemoro y actual diputada autonómica por Ciudadanos Eva Borox y a su marido, Raúl del Olmo, también integrado en el partido de Albert Rivera.

El empresario manifestó que entregó a Borox 30.000 euros como parte de una estrategia clientelista, para tenerla a favor de Francisco Granados.

También dijo que compró al marido de Borox un décimo de la Lotería propiedad de Olmo y que había resultado premiado con 100.000 euros. Marjaliza afirmó que le dio por él 120.000 euros que quería ‘blanquear’.

Cuando estalló la operación Púnica en octubre de 2014, la web de Ciudadanos Valdemoro se hizo eco de unas declaraciones de Eva Borox en las que mostraba su “indignación y repulsa por la trama de corrupción política del Ayuntamiento” y celebraba que “haya salido a la luz una trama que llevamos muchos años sufriendo y denunciando”.

Además, en EL ESPAÑOL:

21.000 voces contra la ‘politización’ y la falta de medios de la Justicia en España

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La Agrupación de Jóvenes Abogados, integrada en el Colegio de Abogados de Madrid y que engloba a 21.000 letrados, presentará este miércoles a la comisión de peticiones del Parlamento Europeo un informe sobre la situación de la Justicia en España. En él denuncia la “intromisión del Ejecutivo en la Judicatura” a través del control de la elección del Consejo General del Poder Judicial, encargado de los nombramientos de los jueces.

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La Agrupación de Jóvenes Abogados (AJA) de Madrid busca que el Parlamento Europeo “tome conocimiento” de la situación de la Justicia en España, caracterizada, a su parecer, por la “intromisión flagrante” del Ejecutivo y por una “carencia de medios estructurales” que ralentiza la labor de los jueces y “atenta contra las garantías fundamentales de los ciudadanos”.

Así consta en el escrito que la organización ha preparado para la comisión de peticiones del Parlamento Europeo y que será registrado en Bruselas dentro de 48 horas. El presidente de AJA, Juan Gonzalo Ospina, espera que la comisión admita a trámite la queja -“representamos a 21.000 abogados colegiados”, enfatiza- y convoque una audiencia que le permita dirigirse personalmente a los eurodiputados.

Cualquier ciudadano de la Unión Europea puede enviar una petición al Parlamento Europeo, de forma individual o en asociación con otros, sobre un asunto relacionado con los ámbitos de actividad de la UE. Puede tratarse de una solicitud particular, una queja, una observación relativa a la aplicación del Derecho comunitario o un llamamiento para que el Parlamento Europeo tome posición sobre una cuestión concreta. Según figura en la página web de la institución, estas peticiones dan al Parlamento Europeo “la oportunidad de llamar la atención sobre cualquier violación de los derechos de los ciudadanos europeos cometida por un Estado miembro, una autoridad local u otra institución”.

Nombramientos judiciales

Lo que AJA pretende es que el Parlamento Europeo “urja” al Gobierno español a revisar la Ley Orgánica del Poder Judicial y, en particular, el sistema de nombramiento de los cargos discrecionales: magistrados del Tribunal Supremo y presidentes del Tribunales Superiores y Audiencias, las “piezas clave en la arquitectura jurisdiccional del Estado español”.

“Se encuentra muy difundida entre la sociedad española la sospecha de que tales puestos se cubren atendiendo a criterios ajenos al mérito jurídico y muy vinculados a ‘consideraciones espurias’ como la ‘empatía personal’, la ‘afinidad ideológica’ o la ‘adscripción asociativa'”, señala.

A su juicio, el problema radica en que el Consejo General del Poder Judicial, que es el órgano encargado de efectuar esos nombramientos, se compone de vocales “elegidos por los grupos políticos”. “Es cierto que los magistrados no son elegidos directamente por los políticos, pero es innegable que existe una profunda y perniciosa influencia de éstos en los nombramientos”, sostiene.

La solución “definitiva” pasa “obligatoriamente” por una reforma legal que “desvincule el gobierno judicial del poder político”. Y ello “requiere simplemente que los miembros del CGPJ sean elegidos democráticamente por y entre los propios jueces”, esto es, que “se vuelva” a la interpretación inicial del artículo 122.3 de la Constitución española (“El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un período de cinco años. De éstos, doce entre jueces y magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica; cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados, y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros, entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión”).

Los 12 vocales del CGPJ de origen judicial fueron elegidos por y entre los propios jueces en 1980, cuando se constituyó el órgano de gobierno de la Judicatura. El PSOE modificó la ley en 1985 y entregó al Parlamento la designación de todos los consejeros. Aunque el PP prometió en su último programa electoral reinstaurar la fórmula de 1980, en realidad ha consolidado la elección parlamentaria de los miembros del Consejo.

Es preciso “impedir todo cuanto favorezca la designación de amigos políticos en la Judicatura”, afirma AJA, que considera que debe pensarse en fórmulas novedosas que garanticen que los cargos discrecionales de la Administración de Justicia sean designados “exclusivamente por mérito y capacidad”. Junto a una revalorización del criterio objetivo de antigüedad en la carrera judicial, el escrito propone otros mecanismos consultados con la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial. Entre ellos figura la preselección de candidatos mediante votación (“un juez, un voto”) en el ámbito territorial del cargo al que se opte.

Lentitud e impunidad

Para AJA, otro de los “grandes problemas” de la Justicia española es su “traumática lentitud”, con la “consecuente pérdida de eficacia de la doctrina juriprudencial que, cuando llega, en ocasiones llega tarde, asentando criterios interpretativos de realidades ya inexistentes o diferentes. Todo ello alimenta la inseguridad jurídica y el desconcierto de los ciudadanos, espanta a los inversores y relativiza el fundamento del Estado de Derecho”.

En el caso de la jurisdicción penal, la demora “genera una preocupante alarma social y un cierto sentimiento de impunidad, por cuanto una condena tardía, unida igualmente a un resarcimiento de la víctima (o de la entera sociedad en asuntos de corrupción) en los términos que corresponda, que se produce varios años después de cometido el ilícito refleja un absoluto desinterés del Estado para con sus ciudadanos”.

AJA cree que las principales causas de esta “lamentable imagen” que ofrece la Justicia en España son la carencia de medios, la irregular distribución de las cargas de trabajo por un ineficiente reparto de los asuntos judiciales, la falta de jueces y la necesidad de nuevos juzgados y tribunales que puedan atender las demandas de los ciudadanos.

Junto a ello, el escrito denuncia que se producen “constantes vuelcos al ordenamiento jurídico, inspirados por pactos políticos cuando no por el partido mayoritario en turno, que provocan inflación legislativa, de cuestionable calidad técnica y con un espíritu más atento a intereses coyunturales que a los requerimientos de orden, igualdad y seguridad jurídica del Estado de Derecho”.

“Tal desbocamiento legislativo”, afirma, “afecta irremediablemente a nuestros jueces, que (…) aplican e interpretan cada vez normas diferentes, lo que provoca una progresiva disminución de la eficacia de la jurisprudencia cuyos criterios tardíos, pocas veces uniformes y sostenidos en el tiempo, vienen a solucionar una problemática ya solventada o sustituida por otra de índole distinta”.

El TC ampara a un farmacéutico que por motivos de conciencia no quería vender la píldora abortiva

Captura de pantalla 2015-07-06 a la(s) 16.52.14El Tribunal Constitucional ha revocado la decisión de la Junta de Andalucía de sancionar con una multa de 3.300 euros a un farmacéutico de Sevilla que alegó motivos de objeción de conciencia para no contar en su establecimiento con la llamada ‘píldora del día después’.

El Tribunal Constitucional ha revocado la decisión de la Junta de Andalucía de sancionar con una multa de 3.300 euros a un farmacéutico de Sevilla que alegó motivos de objeción de conciencia para no contar en su establecimiento con la llamada ‘píldora del día después’. Se trata de un producto cuyo principio activo es el levonorgestrel, que tiene efectos abortivos. Está incluido en la lista mínima de medicamentos de los que deben disponer obligatoriamente las farmacias de la comunidad andaluza.

En esa relación se encuentran también los preservativos, de los que tampoco disponía el farmacéutico sancionado. Fue precisamente una denuncia de una persona que quiso comprar profilácticos la que desencadenó el expediente administrativo contra el farmacéutico, dado que los inspectores comprobaron que no sólo faltaban preservativos sino también la píldora del día después.

La sanción que le impuso la Administración autonómica fue confirmada por los tribunales andaluces. En una sentencia de la que ha sido ponente el magistrado Andrés Ollero, el Pleno del Constitucional la ha anulado ahora, en contra del criterio del fiscal y por mayoría. Los magistrados propuestos por el PSOE han formulado votos discrepantes.

Sentencia pionera

Es la primera vez que el guardián de la Constitución se pronuncia sobre la objeción de conciencia de los farmacéuticos (sí lo ha hecho sobre los médicos). El TC ha considerado que la negativa del demandante a disponer de la píldora postcoital está amparada por el artículo 16 de la Norma Fundamental -que protege la libertad ideológica de los ciudadanos- a la vista de las concretas circunstancias del caso.

El tribunal ha dado una particular importancia al hecho acreditado de que el profesional sancionado había formalizado por escrito ante el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Sevilla su condición de objetor de conciencia. Según él, disponer como profesional farmacéutico de la píldora del día después contrariaba sus convicciones éticas sobre el derecho a la vida.

El TC ha observado que la sanción no derivó estrictamente de su negativa a dispensar el medicamento a alguien que se lo hubiera solicitado sino de haber incumplido el deber de contar con el mínimo de existencias establecido normativamente. En el procedimiento no se constató riesgo alguno de que la dispensación de la ‘píldora del día después’ se viera obstaculizada porque sí la almacenaban otras oficinas de farmacia cercanas.

Andalucía, sin norma específica

A diferencia de otras comunidades, Andalucía carece de una regulación específica de rango legal sobre la objeción de conciencia de los profesionales farmacéuticos, pero ese derecho sí está expresamente reconocido como “básico”en los estatutos del Colegio de Farmacéuticos de Sevilla, que fueron aprobados en 2008 por la Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía.

De esta forma, señala el Constitucional, el demandante actuó bajo la legítima confianza de ejercitar un derecho cuyo reconocimiento estatutario no ha sido objetado por la Administración.

En cambio, la no existencia de preservativos en esa farmacia ha merecido una respuesta distinta porque, a diferencia de lo que sucede con la píldora postcoital, el TC no aprecia un conflicto de conciencia con relevancia constitucional en el hecho de no disponer de esos productos. El tribunal ha acordado devolver el procedimiento a la Junta de Andalucía para que decida sobre si la falta de preservativos debe ser sancionada.