Cierre en falso a la sombra de Rajoy

Ni una sola explicación verosímil, ni una pizca de autocrítica y ni un solo argumento de fuste para justificar por qué el máximo responsable político de los cuerpos de seguridad había despachado en privado en el Ministerio con un ‘pluriimputado’ por administración desleal, falsedad documental, fraude tributario y blanqueo de capitales, entre otros.

La comparecencia de Jorge Fernández Díaz en el Congreso de los Diputados para rendir cuentas de su reunión con Rodrigo Rato en el Ministerio del Interior resultó previsiblemente decepcionante. 

Ni una sola explicación verosímil, ni una pizca de autocrítica y ni un solo argumento de fuste para justificar por qué el máximo responsable político de los cuerpos de seguridad había despachado en privado en el Ministerio con un ‘pluriimputado’ por administración desleal, falsedad documental, fraude tributario y blanqueo de capitales, entre otros.

El ministro adujo que aceptó entrevistarse con Rodrigo Rato porque ha sido víctima de graves amenazas en Twitter y en otros ámbitos y circunstancias que no detallaba por seguridad; que había decidido recibirle personalmente porque se trata del exvicepresidente del Gobierno y exdirector del FMI y que en los 60 minutos que duró la reunión en ningún momento hablaron de su situación procesal ni de las pesquisas de que está siendo objeto.

Tales explicaciones resultan tan inconsistentes que sólo contribuyen a extender aún más las sombras que se ciernen sobre el Gobierno y sobre el PP en lo que refiere a su compromiso real con la regeneración política y de lucha contra la corrupción. Puede que Rodrigo Rato tema ir sin escolta porque le pitan los preferentistas en la puerta del Juzgado, pero es evidente que este problema de seguridad no precisa de una intervención directa del ministro. Por otro lado, basta recordar el mando de Fernández Díaz sobre la Guardia Civil (a cargo de la investigación) para concluir que su reunión con Rato fue una grave irresponsabilidad.

Ni rastro de arrepentimiento

Lejos de mostrarse siquiera algo arrepentido, Fernández Díaz se permitió el lujo de reñir a la oposición por haberle obligado a comparecer en medio de sus vacaciones y por pedirle la dimisión  y, lo que es peor, preguntado al respecto, dejó en el aire la posibilidad de volver a recibir a Rato en el Ministerio si se lo vuelve a pedir.

El precedente de tanta prepotencia hay que atribuírselo al propio Rajoy, que puso a ras de suelo la asunción de responsabilidades políticas cuando, tras conocerse sus mensajes de apoyo a Bárcenas (“Luis, sé fuerte”), optó por continuar impasible sin dar explicaciones ni pedir perdón a la opinión pública. El presidente del Gobierno no esperó siquiera a que acabara la comparecencia para dar por buenas las explicaciones del ministro. A este cierre en falso de Jorge Fernández Díaz se sumó el portavoz del PP en la Comisión parlamentaria de Interior, Francisco Márquez, que se limitó a seguir al dedillo el guión prefijado.

Los diputados de la oposición fueron lógicamente contundentes. Una de las andanadas más relevantes fue la del portavoz de Izquierda Plural, Ricardo Sixto, cuando aventuró que si el ministro había recibido de a Rodrigo Rato en privado es porque ambos presumían que el ex vicepresidente tiene el teléfono pinchado. La acusación velada de que el titular de Interior estaba protegiendo a Rato de una supuesta intervención telefónica -no acreditada en los procedimientos judiciales- es gravísima, aunque Fernández Díaz prefirió no darse por aludido. Para su defensa contaba el ministro, de partida, con la experiencia y complicidad de Rajoy y con la precipitación con que el PSOE denunció el asunto la víspera ante la Fiscalía.

Además, en EL ESPAÑOL:

 

Inquisidores del callejero

Ada Colau

ERC quiere ‘desterrar’ a Felipe VI y sus antepasados de Barcelona, a lo que la CUP ha replicado pidiendo que se arríe la bandera española del Ayuntamiento y que se replantee la presencia del Ejército en la Ciudad Condal. Ambas propuestas se han formulado después de que Ada Colau ordenara la retirada del busto de Juan Carlos I del salón de plenos. La estrategia de independentistas y gobiernos de unidad popular es coincidente: adecuar la Historia según los propios intereses y desterrar los símbolos de unidad nacional.

La intención anunciada por ERC de eliminar del callejero de Barcelona toda referencia a la dinastía borbónica y la propuesta subsiguiente de la CUP de retirar la bandera española del Ayuntamiento y “replantear la estancia” en la Ciudad Condal de responsables del Estado y del Ejército forman parte de una misma estrategia: desterrar cualquier símbolo de unidad nacional y alentar un clima de crispación que favorezca su pulso al Estado.

Ambas iniciativas son coherentes con el empeño típicamente nacionalista que tan agrios frutos ha dado históricamente, según el cual el pasado debe ponerse al servicio de sus intereses y mitologías. También es consecuente con las primeras decisiones adoptadas por los autodenominados “gobiernos de unidad popular”, que han encontrado en la revisión de los símbolos la forma de desenterrar la dialéctica de vencedores y vencidos. Cualquiera diría que la nueva política surgida del 24-M exige también un nuevo callejero y un nueva Historia para, junto a los independentistas, jugar la carta de la división y el revanchismo.

No es casual que la supresión del nomenclátor de toda referencia a la Monarquía se formule en el preámbulo de las elecciones catalanas y tan sólo un mes después de que Manuela Carmena, en Madrid, y Ada Colau, en Barcelona, prendieran polémicas similares; una con su plan para expulsar del callejero de la capital a referentes verdaderos o ficticios de la Dictadura, y otra con la retirada de un busto del Rey Juan Carlos I del salón de plenos municipal.

Estas iniciativas van mucho más allá de la Ley de Memoria Histórica. La arbitrariedad y el maniqueísmo con que independentistas y gobiernos de izquierda radical purgan el callejero y retiran bustos y símbolos sólo persigue envenenar la convivencia y borrar de un plumazo lazos de unión que se han construido durante siglos de historia compartida. En esa tarea inquisitorial sus impulsores suplen la falta de rigor intelectual con vehemencia: lo de menos es que Calvo Sotelo, asesinado antes de que estallara la Guerra Civil, no tuviera siquiera tiempo de convertirse en franquista; o que Muñoz Seca, lejos de ser un represor, acabara sus días junto a otros 2.000 ajusticiados en Paracuellos; o que ni uno solo de los borbones a los que ERC quiere borrar para siempre de Barcelona haya tenido algo que ver con la represión del catalanismo o de las instituciones de autogobierno (más bien lo contrario en el caso de Felipe VI y de su padre). Lo principal es generar un espacio de confrontación entre Cataluña y el resto de España, establecer una división entre buenos y malos y acabar con cualquier referencia a la concordia y la fraternidad.

A cualquier persona mínimamente formada le resultarán esperpénticas las maniobras del independentismo para catalanizar a Cristóbal Colón y Teresa de Ávila, o para expulsar a Felipe VI y todos sus antepasados de Cataluña mientras se dedican calles a terroristas de Terra Lliure. Pero sólo es un paso más en la escalada de quienes hace tiempo que presentan la Guerra de Sucesión y la Guerra Civil como preludios de una lucha por la independencia aún por ganar. Por ahora, lo único que pueden conseguir estos profesionales de la revisión de parte es volver locos a turistas y servicios postales con sus cambios sumarísimos del callejero. Pero el esperpento está llegando demasiado lejos.

Foto: Barcelona en Comú / Flickr